Viudedad y parejas de hecho: una corrección necesaria, pero que llega a medias

Por el equipo editorial de DAPP · A propósito del Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre, para la mejora de la acción protectora de la Seguridad Social y de otras normas sociales

Durante años, miles de personas que convivieron durante décadas, que tuvieron hijos en común y que compartieron patrimonio con su pareja, se han visto sin pensión de viudedad por un motivo que nada tiene que ver con la realidad de su vínculo: no haberse inscrito en un registro de parejas de hecho ni haber firmado un documento público. El Tribunal Supremo lo ha confirmado de forma reiterada, también en el régimen de Clases Pasivas: ni la convivencia prolongada, ni la descendencia común, ni los bienes compartidos sustituyen a ese trámite formal. El Real Decreto-ley 31/2026 por fin reconoce el problema y lo corrige, aunque solo a medias.

Lo que cambia. El artículo 221.2 de la Ley General de la Seguridad Social y el artículo 38.4 de la Ley de Clases Pasivas del Estado mantenían, hasta esta reforma, una doble exigencia para que la pareja de hecho generase derecho a pensión de viudedad: cinco años de convivencia acreditada por empadronamiento, y la inscripción registral o el documento público otorgados con al menos dos años de antelación al fallecimiento. El real decreto-ley introduce ahora una excepción cuando existen hijos o hijas en común: en ese caso basta con acreditar dos años de convivencia estable y notoria mediante empadronamiento, sin necesidad de inscripción ni de documento público. La propia exposición de motivos de la norma reconoce sin ambages que la exigencia formal anterior «ha venido generando situaciones de desprotección y una elevada litigiosidad». Es, en sus propios términos, una norma que repara un error de diseño reconocido por el propio legislador.

El problema que venía de atrás. El rigor con que se ha aplicado el requisito formal no era una curiosidad doctrinal, sino una fuente constante de denegaciones dolorosas. La jurisprudencia ha sostenido, incluso en supuestos de convivencia de décadas con hijos comunes, que la prueba de la pareja de hecho solo puede articularse mediante los medios tasados por la norma, sin que la realidad de la convivencia, por evidente que resultara, pudiera suplir la ausencia de ese trámite. El resultado práctico era tan sencillo como injusto: dos personas que habían construido una vida juntas, y que habían tenido hijos juntos, podían perder toda protección económica a la muerte de una de ellas por no haber pasado por un registro administrativo cuya existencia, en muchos casos, ni siquiera conocían o cuya necesidad no habían valorado mientras ambos vivían.

Una valoración jurídica con matices. La solución elegida por el legislador de urgencia merece una valoración positiva en su finalidad, pero plantea, al menos, dos reservas. La primera es que la reforma no abandona el principio de prueba tasada: simplemente lo sustituye, para el supuesto de hijos comunes, por otro medio de prueba igualmente formal —el empadronamiento— aunque sin duda más accesible y menos exigente en plazo. No se reconoce, en cambio, ninguna vía de acreditación para las parejas sin descendencia común que hayan convivido con la misma estabilidad y notoriedad; para ellas, el rigor jurisprudencial comentado sigue plenamente vigente. La segunda reserva afecta a la mecánica de reparación de las situaciones pasadas: el real decreto-ley no corrige de oficio las pensiones denegadas o suspendidas bajo el régimen anterior, sino que exige una solicitud expresa en el plazo improrrogable de doce meses desde la entrada en vigor. Es una solución razonable desde el punto de vista presupuestario y de seguridad jurídica, pero traslada a las propias víctimas del problema —muchas de ellas personas mayores, como lo son con frecuencia los supervivientes de convivencias de largo recorrido— la carga de conocer la reforma, identificar que les afecta y actuar dentro de un plazo que no se prorroga.

Lo que deben hacer los profesionales. Para quienes asesoran a particulares en materia de pensiones, la lectura de esta reforma no puede limitarse a su aplicación hacia el futuro. Es necesario revisar, de forma activa, los expedientes de viudedad denegados en los últimos años por falta de inscripción registral o documento público, identificar en cuáles de ellos existían hijos comunes entre causante y beneficiario, y valorar sin demora la presentación de la solicitud de reconocimiento excepcional o de rehabilitación que habilitan las nuevas disposiciones transitorias de la Ley General de la Seguridad Social y de la Ley de Clases Pasivas del Estado. El plazo de doce meses no admite prórroga, y la experiencia de las anteriores reformas en esta misma materia —señaladamente, el reconocimiento excepcional de pensiones suspendidas— demuestra que estas ventanas transitorias, por generosas que parezcan sobre el papel, se agotan con rapidez cuando la persona beneficiaria no recibe la información y el acompañamiento adecuados.La idea que debe quedar. El Real Decreto-ley 31/2026 corrige, con acierto, una de las disfunciones más denunciadas del sistema de viudedad de las parejas de hecho, pero lo hace de forma parcial y condicionada a la existencia de hijos comunes, dejando intacto el mismo rigor formal para quienes convivieron con igual estabilidad sin descendencia. La reforma es, por ello, un avance real y bienvenido, pero no el cierre definitivo de un debate que la propia norma, al reconocer expresamente la «elevada litigiosidad» que pretende atajar, deja planteado para el futuro.

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