<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sin categoría archivos - Normativa Municipal</title>
	<atom:link href="https://normativamunicipal.com/category/sin-categoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://normativamunicipal.com/category/sin-categoria/</link>
	<description>Comentarios doctrinales</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Sep 2026 09:25:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.5</generator>

<image>
	<url>https://normativamunicipal.com/wp-content/uploads/2020/12/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Sin categoría archivos - Normativa Municipal</title>
	<link>https://normativamunicipal.com/category/sin-categoria/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Empleo público COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA</title>
		<link>https://normativamunicipal.com/empleo-publico-comunidad-foral-navarra-2/</link>
					<comments>https://normativamunicipal.com/empleo-publico-comunidad-foral-navarra-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DAPP Editorial]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 09:02:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo público]]></category>
		<category><![CDATA[Navarra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://constructor</guid>

					<description><![CDATA[<p>DECRETO FORAL 85/2020, de 25 de noviembre, por el que se aprueba la oferta parcial de empleo público del ámbito de Administración Núcleo de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos correspondiente al año 2020, relativa a la tasa de reposición prevista en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogada para el año 2020. La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogada para el año 2020, regula en su artículo 19 la oferta de empleo público u otro instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de personal, en el que establece los límites y requisitos para la incorporación de nuevo personal a las Administraciones Públicas. A la Administración de la Comunidad Foral de Navarra resulta aplicable la tasa de reposición prevista en el artículo 19. Uno apartados 3, 4 y 5 de la citada Ley 6/2018, de 3 de julio. En concreto, fija en el apartado 3 una tasa de reposición del 100 por cien en algunos de los sectores y del 75 por cien en el resto de los sectores. Adicionalmente, podrán disponer de una tasa del 5 por ciento destinada a aquellos ámbitos o sectores que requieran un refuerzo de efectivos. Este porcentaje adicional se utilizará preferentemente cuando se dé, entre otras, alguna de las siguientes circunstancias: establecimiento de nuevos servicios públicos, incremento de actividad estacional por la actividad turística o alto volumen de jubilaciones esperadas. Y en el apartado 5 fija una tasa de reposición del 115 por ciento para los Cuerpos de Policía Autonómica, considerado sector prioritario. Del análisis de los datos de la plantilla del ámbito de Administración Núcleo de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de acuerdo con la tasa de reposición establecida en la citada Ley de Presupuestos Generales del Estado, se extrae que esta oferta parcial de empleo público para el año 2020 es de un total 184 plazas relativas al ámbito de Administración Núcleo, correspondiente a la tasa de reposición de personal del año 2019 en los términos establecidos por el artículo 19. Uno. apartados 3, 4 y 5 de la antedicha Ley 6/2018, de 3 de julio. La tasa adicional del 5 por ciento ha sido destinada a los sectores que requieren un refuerzo de efectivos. El Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, una vez negociada en la Mesa de Negociación del personal funcionario y estatutario al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, propone al Gobierno de Navarra la aprobación de la oferta parcial de empleo público del año 2020 correspondiente a la tasa de reposición, que comprende un total de 184 plazas relativas al ámbito de Administración Núcleo. Las 184 plazas figuran como vacantes en la plantilla orgánica y cuentan con la suficiente dotación presupuestaria para su provisión. Por último, en cumplimiento del Texto Refundido del Estatuto del personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, el número de plazas de esta oferta parcial de empleo público que configuran los turnos de reserva para personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 por 100 es de 13 y, una vez emitidos los informes de los órganos competentes del Departamento de Derechos Sociales y de la Comisión Mixta de promoción del acceso al empleo de las personas con discapacidad en el ámbito de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, se concretan los puestos de trabajo en que se aplica dicha reserva. Igualmente, en cumplimiento de la Ley Foral 17/2019, de 4 de abril, de Igualdad entre Mujeres y Hombres, el número de plazas de esta oferta parcial de empleo público que configuran el turno de reserva para mujeres víctimas de violencia de género es de 7 y se concretan los puestos de trabajo en que se aplica dicha reserva. En su virtud, a propuesta del Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, y de conformidad con la decisión adoptada por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día veinticinco de noviembre de dos mil veinte, DECRETO: Artículo 1.º Aprobación de la oferta parcial de empleo público en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos. 1.1. Se aprueba una oferta parcial de empleo público de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos para el año 2020 que comprende 184 plazas del ámbito de Administración Núcleo, correspondiente a la tasa de reposición de personal del año 2019, prevista en el artículo 19. Uno. apartados 3, 4 y 5 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogada para el año 2020. 1.2. El detalle de las plazas es el siguiente: Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior Dirección General de Presidencia y Gobierno Abierto: –Una vacante de Asesor Jurídico, de régimen funcionarial, nivel A, identificada en la plantilla orgánica con el número de plaza 10913. –Una vacante de Educador Social, de régimen funcionarial, nivel B, identificada en la plantilla orgánica con el número de plaza 10121. Dirección General de Interior: –Cuarenta y cinco vacantes de Agente de Policía Foral, de régimen funcionarial, nivel C, identificadas en la plantilla orgánica con los números de plaza 212, 291, 305, 306, 3577, 4743, 6696, 7609, 7630, 7653, 7657, 7873, 8204, 8224, 8243, 11029, 11030, 11031, 11032, 11033, 11034, 11035, 11036, 11037, 11038, 11039, 11040, 11041, 11042, 11043, 11044, 11045, 11046, 11047, 11048, 11049, 11050, 11051, 11052, 11053, 11054, 11055, 11056, 11057 y 11058. –Treinta vacantes de Bombero, de régimen funcionarial, nivel C, identificadas en la plantilla orgánica con los números de plaza 513, 7577, 10942, 10977, 11028, 11059, 11060, 11061, 11062, 11063, 11064, 11065, 11066, 11067, 11068, 11069, 11070, 11071, 11072, 11073, 11074, 11075, 11076, 11077, 11078, 11079, 11080, 11081, 11082 y 11083. –Veinte vacantes de Operador Auxiliar de Coordinación, de régimen funcionarial, nivel</p>
<p>La entrada <a href="https://normativamunicipal.com/empleo-publico-comunidad-foral-navarra-2/">Empleo público COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA</a> se publicó primero en <a href="https://normativamunicipal.com">Normativa Municipal</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>DECRETO FORAL 85/2020, de 25 de noviembre, por el que se aprueba la oferta parcial de empleo público del ámbito de Administración Núcleo de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos correspondiente al año 2020, relativa a la tasa de reposición prevista en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogada para el año 2020.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-20572"></span><br />
La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogada para el año 2020, regula en su artículo 19 la oferta de empleo público u otro instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de personal, en el que establece los límites y requisitos para la incorporación de nuevo personal a las Administraciones Públicas.<br />
A la Administración de la Comunidad Foral de Navarra resulta aplicable la tasa de reposición prevista en el artículo 19. Uno apartados 3, 4 y 5 de la citada Ley 6/2018, de 3 de julio. En concreto, fija en el apartado 3 una tasa de reposición del 100 por cien en algunos de los sectores y del 75 por cien en el resto de los sectores. Adicionalmente, podrán disponer de una tasa del 5 por ciento destinada a aquellos ámbitos o sectores que requieran un refuerzo de efectivos. Este porcentaje adicional se utilizará preferentemente cuando se dé, entre otras, alguna de las siguientes circunstancias: establecimiento de nuevos servicios públicos, incremento de actividad estacional por la actividad turística o alto volumen de jubilaciones esperadas. Y en el apartado 5 fija una tasa de reposición del 115 por ciento para los Cuerpos de Policía Autonómica, considerado sector prioritario.<br />
Del análisis de los datos de la plantilla del ámbito de Administración Núcleo de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de acuerdo con la tasa de reposición establecida en la citada Ley de Presupuestos Generales del Estado, se extrae que esta oferta parcial de empleo público para el año 2020 es de un total 184 plazas relativas al ámbito de Administración Núcleo, correspondiente a la tasa de reposición de personal del año 2019 en los términos establecidos por el artículo 19. Uno. apartados 3, 4 y 5 de la antedicha Ley 6/2018, de 3 de julio.<br />
La tasa adicional del 5 por ciento ha sido destinada a los sectores que requieren un refuerzo de efectivos.<br />
El Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, una vez negociada en la Mesa de Negociación del personal funcionario y estatutario al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, propone al Gobierno de Navarra la aprobación de la oferta parcial de empleo público del año 2020 correspondiente a la tasa de reposición, que comprende un total de 184 plazas relativas al ámbito de Administración Núcleo.<br />
Las 184 plazas figuran como vacantes en la plantilla orgánica y cuentan con la suficiente dotación presupuestaria para su provisión.<br />
Por último, en cumplimiento del Texto Refundido del Estatuto del personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, el número de plazas de esta oferta parcial de empleo público que configuran los turnos de reserva para personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 por 100 es de 13 y, una vez emitidos los informes de los órganos competentes del Departamento de Derechos Sociales y de la Comisión Mixta de promoción del acceso al empleo de las personas con discapacidad en el ámbito de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, se concretan los puestos de trabajo en que se aplica dicha reserva.<br />
Igualmente, en cumplimiento de la Ley Foral 17/2019, de 4 de abril, de Igualdad entre Mujeres y Hombres, el número de plazas de esta oferta parcial de empleo público que configuran el turno de reserva para mujeres víctimas de violencia de género es de 7 y se concretan los puestos de trabajo en que se aplica dicha reserva.<br />
En su virtud, a propuesta del Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, y de conformidad con la decisión adoptada por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día veinticinco de noviembre de dos mil veinte,<br />
DECRETO:<br />
Artículo 1.º Aprobación de la oferta parcial de empleo público en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos.<br />
1.1. Se aprueba una oferta parcial de empleo público de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos para el año 2020 que comprende 184 plazas del ámbito de Administración Núcleo, correspondiente a la tasa de reposición de personal del año 2019, prevista en el artículo 19. Uno. apartados 3, 4 y 5 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogada para el año 2020.<br />
1.2. El detalle de las plazas es el siguiente:<br />
Departamento de Presidencia,<br />
Igualdad, Función Pública e Interior<br />
Dirección General de Presidencia y Gobierno Abierto:<br />
–Una vacante de Asesor Jurídico, de régimen funcionarial, nivel A, identificada en la plantilla orgánica con el número de plaza 10913.<br />
–Una vacante de Educador Social, de régimen funcionarial, nivel B, identificada en la plantilla orgánica con el número de plaza 10121.<br />
Dirección General de Interior:<br />
–Cuarenta y cinco vacantes de Agente de Policía Foral, de régimen funcionarial, nivel C, identificadas en la plantilla orgánica con los números de plaza 212, 291, 305, 306, 3577, 4743, 6696, 7609, 7630, 7653, 7657, 7873, 8204, 8224, 8243, 11029, 11030, 11031, 11032, 11033, 11034, 11035, 11036, 11037, 11038, 11039, 11040, 11041, 11042, 11043, 11044, 11045, 11046, 11047, 11048, 11049, 11050, 11051, 11052, 11053, 11054, 11055, 11056, 11057 y 11058.<br />
–Treinta vacantes de Bombero, de régimen funcionarial, nivel C, identificadas en la plantilla orgánica con los números de plaza 513, 7577, 10942, 10977, 11028, 11059, 11060, 11061, 11062, 11063, 11064, 11065, 11066, 11067, 11068, 11069, 11070, 11071, 11072, 11073, 11074, 11075, 11076, 11077, 11078, 11079, 11080, 11081, 11082 y 11083.<br />
–Veinte vacantes de Operador Auxiliar de Coordinación, de régimen funcionarial, nivel C, identificadas en la plantilla orgánica con los números de plaza 4144, 4145, 4147, 4149, 4155, 4156, 6492, 6494, 8171, 8721, 10664, 10665, 10666, 10667, 10668, 10669, 10670, 10671, 10672 y 10772.<br />
Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales:<br />
–Nueve vacantes de Periodista, de régimen funcionarial, nivel A, identificadas en la plantilla orgánica con los números de plaza 58, 63, 4003, 4596, 5841, 8143, 9386, 10434 y 10475.<br />
Departamento de Ordenación del Territorio,<br />
Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos<br />
Dirección General de Proyectos Estratégicos:<br />
–Una vacante de Periodista, de régimen funcionarial, nivel A, identificada en la plantilla orgánica con el número de plaza 10926.<br />
Dirección General de Vivienda:<br />
–Dos vacantes de Arquitecto, de régimen funcionarial, nivel A, identificadas en la plantilla orgánica con los números de plaza 2755 y 7498.<br />
Departamento de Cohesión Territorial<br />
Dirección General de Administración Local y Despoblación:<br />
–Dos vacantes de Diplomado en Ciencias Empresariales, de régimen funcionarial, nivel B, identificadas en la plantilla orgánica con los números de plaza 6365 y 6371.<br />
Departamento de Economía y Hacienda<br />
Dirección General de Presupuestos, Patrimonio y Política Económica:<br />
–Una vacante de Diplomado en Ciencias Empresariales, de régimen funcionarial, nivel B, identificada en la plantilla orgánica con el número de plaza 10904.<br />
Dirección General de Intervención y Contabilidad:<br />
–Dos vacantes de Diplomado en Ciencias Empresariales, de régimen funcionarial, nivel B, identificadas en la plantilla orgánica con los números de plaza 1084 y 7727.<br />
Hacienda Foral de Navarra:<br />
–Dos vacantes de Técnico de Hacienda, de régimen funcionarial, nivel A, identificadas en la plantilla orgánica con los números de plaza 5805 y 9719.<br />
–Seis vacantes de Gestor e Investigador Auxiliar de Hacienda, de régimen funcionarial, nivel B, identificadas en la plantilla orgánica con los números de plaza 1114, 1230, 1285, 5807, 6774 y 10771.<br />
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial<br />
Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y Trabajo:<br />
–Tres vacantes de Diplomado en Ciencias Empresariales, de régimen funcionarial, nivel B, identificadas en la plantilla orgánica con los números de plaza 2612, 8180 y 10329.<br />
Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3:<br />
–Cinco vacantes de Ingeniero Industrial, de régimen funcionarial, nivel A, identificadas en la plantilla orgánica con los números de plaza 2614, 3903, 8641, 10676 y 10984.<br />
–Una vacante de Ingeniero de Telecomunicaciones, de régimen funcionarial, nivel A, identificada en la plantilla orgánica con el número de plaza 10677.<br />
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia<br />
Dirección General de Políticas Migratorias:<br />
–Una vacante de Educador Social, de régimen funcionarial, nivel B, identificada en la plantilla orgánica con el número de plaza 10905.<br />
Departamento de Educación<br />
Dirección General de Educación:<br />
–Veintiuna vacantes de Servicios Generales, de régimen funcionarial, nivel D, identificadas en la plantilla orgánica con los números de plaza 32145, 32299, 32444, 32469, 32608, 32623, 32705, 32710, 32831, 32921, 32954, 33372, 33467, 33631, 33897, 33927, 34078, 34145, 34375, 34579 y 34610.<br />
Departamento de Derechos Sociales<br />
Dirección General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo:<br />
–Una vacante de Educador Social, de régimen funcionarial, nivel B, identificada en la plantilla orgánica con el número de plaza 3529.<br />
Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare:<br />
–Doce vacantes de Titulado Superior Empleo, de régimen funcionarial, nivel A, identificadas en la plantilla orgánica con los números de plaza 6223, 6225, 6234, 6238, 6247, 9456, 9822, 10100, 10533, 10534, 10535 y 10536.<br />
–Una vacante de Diplomado en Ciencias Empresariales, de régimen funcionarial, nivel B, identificada en la plantilla 10389.<br />
Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas:<br />
–Una vacante de Diplomado en Ciencias Empresariales, de régimen funcionarial, nivel B, identificada en la plantilla orgánica con el número de plaza 10220.<br />
–Siete vacantes de Educador Social, de régimen funcionarial, nivel B, identificadas en la plantilla orgánica con los números de plaza 2873, 2875, 2881, 2883, 2884, 10086 y 10555.<br />
Departamento de Salud<br />
Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra:<br />
–Una vacante de Educador Social, de régimen funcionarial, nivel B, identificada en la plantilla orgánica con el número de plaza 61544.<br />
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea:<br />
Salud Mental:<br />
–Una vacante de Educador Social, de régimen funcionarial, nivel B, identificada en la plantilla orgánica con el número de plaza 71857.<br />
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital<br />
Dirección General de Innovación:<br />
–Una vacante de Ingeniero Industrial, de régimen funcionarial, nivel A, identificada en la plantilla orgánica con el número de plaza 2605.<br />
Dirección General de Telecomunicaciones y Digitalización:<br />
–Una vacante de Ingeniero de Telecomunicaciones, de régimen funcionarial, nivel A, identificada en la plantilla orgánica con el número de plaza 5840.<br />
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente<br />
Dirección General de Medio Ambiente:<br />
–Dos vacantes de Ingeniero Industrial, de régimen funcionarial, nivel A, identificadas en la plantilla orgánica con los números de plaza 6856 y 6934.<br />
Departamento de Cultura y Deporte<br />
Instituto Navarro del Deporte:<br />
–Tres vacantes de Técnico Superior Deporte, de régimen funcionarial, nivel A, identificadas en la plantilla orgánica con los números de plaza 5071, 7411 y 10357.<br />
1.3. Los números de plazas a proveer en las convocatorias de ingreso en cada puesto de trabajo serán los correspondientes a las plazas que queden como resultas en los concursos de traslado.<br />
No obstante lo anterior, con objeto de mantener el número total de 184 plazas incluidas en esta oferta parcial de empleo público, los números de plaza podrán ser sustituidos por otros, en los supuestos en que una plaza sea adjudicada a personal fijo que deje de desempeñar un jefatura sin reserva de plaza, a quienes reingresen al servicio activo desde la situación de excedencia voluntaria, a participantes en los concursos de traslado con nombramiento de diferentes puestos de trabajo, o por cualquier otra causa o forma de provisión de plazas prevista en el ordenamiento jurídico, así como por motivos organizativos o por necesidades del servicio debidamente justificadas.<br />
Artículo 2.º Turnos de reserva para personas con discapacidad.<br />
Uno.–El número de plazas de esta oferta parcial de empleo público que configurarán los turnos de reserva para personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 por 100 es de 13.<br />
Dos.–Los puestos de trabajo en que se aplicará dicha reserva son:<br />
–Periodista: 1 plaza.<br />
–Titulado Superior Empleo: 1 plaza.<br />
–Diplomado en Empresariales: 2 plazas.<br />
–Educador Social: 2 plazas.<br />
–Operador Auxiliar de Coordinación: 2 plazas.<br />
–Servicios Generales: 5 plazas.<br />
Artículo 3.º Turno de reserva para mujeres víctimas de violencia de género.<br />
Uno.–El número de plazas de esta oferta parcial de empleo público que configurarán el turno de reserva para mujeres víctimas de violencia de género es de 7.<br />
Dos.–Los puestos de trabajo en que se aplicará dicha reserva son:<br />
Servicios Generales: 7 plazas.<br />
Artículo 4.º Plazas con exigencia de la nacionalidad española.<br />
Se faculta a la Directora General de Función Pública para que, mediante resolución, determine con carácter previo a la aprobación de las convocatorias de pruebas selectivas de ingreso correspondientes las plazas que implican el ejercicio de potestades públicas o la responsabilidad en la salvaguarda de los intereses de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, a los efectos de exigir la nacionalidad española para el acceso a las mismas.<br />
DISPOSICIONES FINALES<br />
Disposición final primera.–Habilitación para el desarrollo y ejecución del decreto foral.<br />
Se faculta al Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior para dictar las disposiciones precisas en desarrollo y ejecución de este decreto foral.<br />
Disposición final segunda.–Entrada en vigor.<br />
Este decreto foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.<br />
Pamplona, 25 de noviembre de 2020.–La Presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite Navascués.–El Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez Apesteguía.<br />
Código del anuncio: F2014296</p>
<p>La entrada <a href="https://normativamunicipal.com/empleo-publico-comunidad-foral-navarra-2/">Empleo público COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA</a> se publicó primero en <a href="https://normativamunicipal.com">Normativa Municipal</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://normativamunicipal.com/empleo-publico-comunidad-foral-navarra-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Medidas frente a Covid-19 CATALUNYA</title>
		<link>https://normativamunicipal.com/medidas-frente-covid-19-catalunya/</link>
					<comments>https://normativamunicipal.com/medidas-frente-covid-19-catalunya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DAPP Editorial]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2020 09:55:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[Medidas COVID-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.normativamunicipal.com/?p=6295</guid>

					<description><![CDATA[<p>DECRETO LEY 53/2020, de 22 de diciembre, de modificación del Decreto ley 10/2020, de 27 de marzo, por el que se establecen nuevas medidas extraordinarias para hacer frente al impacto sanitario, económico y social de la COVID-19. El artículo 67.6.a) del Estatuto establece que los decretos ley son promulgados, en nombre del rey, por el presidente o presidenta de la Generalidad. De conformidad con lo que disponen el artículo 6 y concordantes de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la presidencia de la Generalidad y del Gobierno, y visto el Decreto 114/2020, de 30 de septiembre, de sustitución del presidente de la Generalidad de Cataluña; De acuerdo con lo anterior, promulgo el siguiente DECRETO LEY Exposición de motivos Como consecuencia de la crisis sanitaria derivada del COVID-19 y la declaración del estado de alarma mediante el Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, el Gobierno de la Generalidad ha aprobado diferentes medidas en varios ámbitos con el fin de paliar los efectos desfavorables que ha ocasionado esta crisis sanitaria. Entre dichas medidas figuran las adoptadas en el ámbito de las personas jurídicas de derecho privado sujetas a las disposiciones del derecho civil catalán y en el de las juntas de propietarios de las comunidades sujetas al régimen de propiedad horizontal. Las restricciones impuestas durante la vigencia del estado de alarma, especialmente con respecto a la movilidad, podían repercutir negativamente en el funcionamiento normalizado de los órganos de dichas entidades, con respecto al cumplimiento de sus obligaciones legales y estatutarias. El Decreto ley 10/2020, de 27 de marzo, por el que se establecen nuevas medidas extraordinarias para hacer frente al impacto sanitario, económico y social del COVID-19, regula, durante la vigencia del estado de alarma, la suspensión de los plazos legalmente establecidos para la reunión de los órganos de estas entidades; la posibilidad de aplazar o modificar las reuniones convocadas con anterioridad a la declaración del estado de alarma; la posibilidad, aunque los estatutos no lo establezcan, de celebrar reuniones y adoptar acuerdos por medio de videoconferencia o de adoptar acuerdos sin reunión, de acuerdo con el Código civil de Cataluña, o la ampliación del plazo para elaborar, aprobar y presentar las cuentas anuales. El Decreto ley 26/2020, de 23 de junio, de medidas extraordinarias en materia sanitaria y administrativa, que modifica el artículo 4 del Decreto ley 10/2020, de 27 de marzo, establece, una vez finalizada la vigencia del estado de alarma, que se amplíe de forma temporal y extraordinaria alguna de las medidas adoptadas durante este estado con el fin de facilitar el funcionamiento y el cumplimiento de las obligaciones legales de las asociaciones, las fundaciones y las juntas de propietarios, y que se tengan en cuenta las nuevas circunstancias, y por lo tanto, la conveniencia de ajustar el alcance de la regulación extraordinaria establecida por el Decreto ley 10/2020, de 27 de marzo. El citado Decreto ley regula que el cómputo de plazos para la reunión de los órganos de las personas jurídicas de derecho privado sujetas a las disposiciones del derecho civil catalán, que había quedado suspendido a partir de la fecha de declaración del estado de alarma, se reanude transcurridos tres meses a partir de la fecha de finalización de dicho estado. También dispone que las reuniones convocadas antes de la declaración del estado de alarma y aplazadas durante su vigencia se vuelvan a convocar dentro de los tres meses siguientes a la finalización del mismo. Asimismo, amplía hasta el 31 de diciembre de 2020, la reunión de los órganos y la adopción de acuerdos por videoconferencia u otros medios de comunicación, así como la posibilidad de adoptar acuerdos sin reunión. Con respecto a la elaboración, aprobación y presentación de cuentas anuales, establece que los plazos suspendidos durante la vigencia del estado de alarma se reprendan una vez transcurridos tres meses a partir de la fecha de finalización de dicho estado. Con respecto a las juntas de propietarios, la obligatoriedad de convocarlas y celebrarlas queda suspendida hasta el 30 de abril de 2021, con la posibilidad de que se puedan celebrar las juntas dentro de dicho plazo siempre que se atienda a las circunstancias y medidas de seguridad aplicables en cada momento, así como la posibilidad de que se lleven a cabo a través de los medios establecidos por el artículo 312-5.2 del Código civil de Cataluña. También establece que los presupuestos anuales aprobados se entienden prorrogados hasta la celebración de la junta ordinaria, así como la aprobación de las cuentas anteriores, la renovación de los cargos y la adopción de acuerdos sin reunión. Ante la prolongación de las medidas sanitarias y la incertidumbre de la duración de la situación de pandemia, es necesario prolongar las medidas extraordinarias para minimizar los efectos negativos de las medidas restrictivas y facilitar el funcionamiento ordinario de las entidades. El presente Decreto ley, que modifica el artículo 4 del Decreto ley 10/2020, de 27 de marzo, en la redacción dada por el artículo 10 del Decreto ley 26/2020, de 23 de junio, de medidas extraordinarias en materia sanitaria y administrativa, establece de manera excepcional y hasta el 31 de diciembre de 2021, que los órganos de las personas jurídicas de derecho privado sujetas a las disposiciones del derecho civil catalán se puedan reunir y puedan adoptar acuerdos por videoconferencia o por otros medios de comunicación, así como adoptar acuerdos sin reunión, aunque sus estatutos no lo establezcan. Este Decreto ley mantiene las medidas contenidas en el Decreto ley 10/2020, de 27 de marzo, sobre el cómputo de plazos regulados para elaborar, aprobar y presentar las cuentas anuales. Con respecto a las juntas de propietarios en las comunidades sujetas a régimen de propiedad horizontal, dispone que la obligación de convocarlas y celebrarlas queda suspendida hasta el 31 de diciembre de 2021. Así pues, las medidas contenidas en este Decreto ley se dictan al amparo del artículo 129 del Estatuto de autonomía de Cataluña y se fundamentan en la extraordinaria y urgente necesidad de adoptarlas para facilitar que las</p>
<p>La entrada <a href="https://normativamunicipal.com/medidas-frente-covid-19-catalunya/">Medidas frente a Covid-19 CATALUNYA</a> se publicó primero en <a href="https://normativamunicipal.com">Normativa Municipal</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>DECRETO LEY 53/2020, de 22 de diciembre, de modificación del Decreto ley 10/2020, de 27 de marzo, por el que se establecen nuevas medidas extraordinarias para hacer frente al impacto sanitario, económico y social de la COVID-19.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-6295"></span><br />
El artículo 67.6.a) del Estatuto establece que los decretos ley son promulgados, en nombre del rey, por el presidente o presidenta de la Generalidad.<br />
De conformidad con lo que disponen el artículo 6 y concordantes de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la presidencia de la Generalidad y del Gobierno, y visto el Decreto 114/2020, de 30 de septiembre, de sustitución del presidente de la Generalidad de Cataluña;<br />
De acuerdo con lo anterior, promulgo el siguiente<br />
DECRETO LEY<br />
Exposición de motivos<br />
Como consecuencia de la crisis sanitaria derivada del COVID-19 y la declaración del estado de alarma mediante el Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, el Gobierno de la Generalidad ha aprobado diferentes medidas en varios ámbitos con el fin de paliar los efectos desfavorables que ha ocasionado esta crisis sanitaria. Entre dichas medidas figuran las adoptadas en el ámbito de las personas jurídicas de derecho privado sujetas a las disposiciones del derecho civil catalán y en el de las juntas de propietarios de las comunidades sujetas al régimen de propiedad horizontal.<br />
Las restricciones impuestas durante la vigencia del estado de alarma, especialmente con respecto a la movilidad, podían repercutir negativamente en el funcionamiento normalizado de los órganos de dichas entidades, con respecto al cumplimiento de sus obligaciones legales y estatutarias.<br />
El Decreto ley 10/2020, de 27 de marzo, por el que se establecen nuevas medidas extraordinarias para hacer frente al impacto sanitario, económico y social del COVID-19, regula, durante la vigencia del estado de alarma, la suspensión de los plazos legalmente establecidos para la reunión de los órganos de estas entidades; la posibilidad de aplazar o modificar las reuniones convocadas con anterioridad a la declaración del estado de alarma; la posibilidad, aunque los estatutos no lo establezcan, de celebrar reuniones y adoptar acuerdos por medio de videoconferencia o de adoptar acuerdos sin reunión, de acuerdo con el Código civil de Cataluña, o la ampliación del plazo para elaborar, aprobar y presentar las cuentas anuales.<br />
El Decreto ley 26/2020, de 23 de junio, de medidas extraordinarias en materia sanitaria y administrativa, que modifica el artículo 4 del Decreto ley 10/2020, de 27 de marzo, establece, una vez finalizada la vigencia del estado de alarma, que se amplíe de forma temporal y extraordinaria alguna de las medidas adoptadas durante este estado con el fin de facilitar el funcionamiento y el cumplimiento de las obligaciones legales de las asociaciones, las fundaciones y las juntas de propietarios, y que se tengan en cuenta las nuevas circunstancias, y por lo tanto, la conveniencia de ajustar el alcance de la regulación extraordinaria establecida por el Decreto ley 10/2020, de 27 de marzo. El citado Decreto ley regula que el cómputo de plazos para la reunión de los órganos de las personas jurídicas de derecho privado sujetas a las disposiciones del derecho civil catalán, que había quedado suspendido a partir de la fecha de declaración del estado de alarma, se reanude transcurridos tres meses a partir de la fecha de finalización de dicho estado. También dispone que las reuniones convocadas antes de la declaración del estado de alarma y aplazadas durante su vigencia se vuelvan a convocar dentro de los tres meses siguientes a la finalización del mismo. Asimismo, amplía hasta el 31 de diciembre de 2020, la reunión de los órganos y la adopción de acuerdos por videoconferencia u otros medios de comunicación, así como la posibilidad de adoptar acuerdos sin reunión. Con respecto a la elaboración, aprobación y presentación de cuentas anuales, establece que los plazos suspendidos durante la vigencia del estado de alarma se reprendan una vez transcurridos tres meses a partir de la fecha de finalización de dicho estado. Con respecto a las juntas de propietarios, la obligatoriedad de convocarlas y celebrarlas queda suspendida hasta el 30 de abril de 2021, con la posibilidad de que se puedan celebrar las juntas dentro de dicho plazo siempre que se atienda a las circunstancias y medidas de seguridad aplicables en cada momento, así como la posibilidad de que se lleven a cabo a través de los medios establecidos por el artículo 312-5.2 del Código civil de Cataluña. También establece que los presupuestos anuales aprobados se entienden prorrogados hasta la celebración de la junta ordinaria, así como la aprobación de las cuentas anteriores, la renovación de los cargos y la adopción de acuerdos sin reunión.<br />
Ante la prolongación de las medidas sanitarias y la incertidumbre de la duración de la situación de pandemia, es necesario prolongar las medidas extraordinarias para minimizar los efectos negativos de las medidas restrictivas y facilitar el funcionamiento ordinario de las entidades. El presente Decreto ley, que modifica el artículo 4 del Decreto ley 10/2020, de 27 de marzo, en la redacción dada por el artículo 10 del Decreto ley 26/2020, de 23 de junio, de medidas extraordinarias en materia sanitaria y administrativa, establece de manera excepcional y hasta el 31 de diciembre de 2021, que los órganos de las personas jurídicas de derecho privado sujetas a las disposiciones del derecho civil catalán se puedan reunir y puedan adoptar acuerdos por videoconferencia o por otros medios de comunicación, así como adoptar acuerdos sin reunión, aunque sus estatutos no lo establezcan. Este Decreto ley mantiene las medidas contenidas en el Decreto ley 10/2020, de 27 de marzo, sobre el cómputo de plazos regulados para elaborar, aprobar y presentar las cuentas anuales. Con respecto a las juntas de propietarios en las comunidades sujetas a régimen de propiedad horizontal, dispone que la obligación de convocarlas y celebrarlas queda suspendida hasta el 31 de diciembre de 2021.<br />
Así pues, las medidas contenidas en este Decreto ley se dictan al amparo del artículo 129 del Estatuto de autonomía de Cataluña y se fundamentan en la extraordinaria y urgente necesidad de adoptarlas para facilitar que las asociaciones, las fundaciones y las juntas de propietarios puedan desarrollar su actividad y hacer frente a sus obligaciones legales en un contexto en el que no se prevé una vuelta rápida a la normalidad.<br />
De acuerdo con el artículo 64 del Estatuto de autonomía de Cataluña, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la presidencia de la Generalidad y del Gobierno;<br />
A propuesta de la consejera de Justicia y de acuerdo con el Gobierno,</p>
<p>Decreto:</p>
<p>Artículo único. Modificación del artículo 4 del Decreto ley 10/2020, de 27 de marzo<br />
Se modifica el artículo 4 del Decreto ley 10/2020, de 27 de marzo, por el que se establecen nuevas medidas extraordinarias para hacer frente al impacto sanitario, económico y social del COVID-19, que queda redactado de la siguiente forma:<br />
“Artículo 4. Medidas aplicables a las personas jurídicas de derecho privado sujetas a las disposiciones del derecho civil catalán y a las juntas de propietarios en las comunidades sujetas al régimen de propiedad horizontal.<br />
4.1 De manera excepcional y hasta el 31 de diciembre de 2021, los órganos de las personas jurídicas de derecho privado sujetas a las disposiciones del derecho civil catalán se pueden reunir y adoptar acuerdos por medio de videoconferencia o de otros medios de comunicación, de acuerdo con lo que dispone el artículo 312-5.2 del Código civil de Cataluña, aunque sus estatutos no lo establezcan. Si no es posible utilizar estos medios, y hasta la misma fecha, también pueden adoptar acuerdos sin reunión, de conformidad con lo que dispone el artículo 312-7 del Código civil de Cataluña, aunque los estatutos no lo establezcan, siempre que lo decida la persona que los preside o que lo soliciten al menos dos miembros o, si se trata de la asamblea general de una asociación, un veinte por ciento de las personas asociadas.<br />
4.2 El cómputo de los plazos regulados legalmente para elaborar, aprobar y presentar cuentas anuales y otros documentos exigibles de las personas jurídicas de derecho privado sujetas a las disposiciones del derecho civil catalán, suspendidos a partir de la fecha de la declaración del estado de alarma, establecido por el Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, se reanuda una vez transcurridos tres meses a partir de la fecha de finalización de dicho estado de alarma.<br />
4.3 La obligación de convocar y celebrar las juntas de propietarios en las comunidades sujetas a régimen de propiedad horizontal queda suspendida hasta el 31 de diciembre 2021, sin perjuicio de la posibilidad de cada comunidad de convocar y celebrar la junta de propietarios dentro de este plazo, de acuerdo con sus circunstancias y las medidas de seguridad que en cada momento sean de aplicación, a iniciativa de la Presidencia o si lo solicita al menos un veinte por ciento de las personas propietarias con derecho a voto, que representen el mismo porcentaje de cuotas. La celebración de la junta también se puede llevar a cabo a través de los medios establecidos por el artículo 312-5.2 del Código civil de Cataluña.<br />
El último presupuesto anual aprobado se entiende prorrogado hasta la celebración de la junta ordinaria, en la cual también se debe proceder a la aprobación de las cuentas anteriores y a la renovación de los cargos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 553-15 del Código civil de Cataluña.<br />
Mientras no se convoque y celebre la junta ordinaria, se pueden tomar acuerdos sin reunión a instancia de la persona que la preside, si se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 312-7 del Código civil de Cataluña”.</p>
<p>Disposición final<br />
Entrada en vigor<br />
Este Decreto ley entra en vigor el mismo día de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.</p>
<p>Por lo tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que se aplique este Decreto ley cooperen en cumplirlo y que los tribunales y las autoridades a quienes corresponda lo hagan cumplir.</p>
<p>Barcelona, 22 de diciembre de 2020</p>
<p>Pere Aragonès i Garcia<br />
Vicepresidente del Gobierno en sustitución de la presidencia de la Generalidad y consejero de Economía y Hacienda</p>
<p>Ester Capella i Farré<br />
Consejera de Justicia</p>
<p>La entrada <a href="https://normativamunicipal.com/medidas-frente-covid-19-catalunya/">Medidas frente a Covid-19 CATALUNYA</a> se publicó primero en <a href="https://normativamunicipal.com">Normativa Municipal</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://normativamunicipal.com/medidas-frente-covid-19-catalunya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Empleo público COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA</title>
		<link>https://normativamunicipal.com/empleo-publico-comunidad-foral-de-navarra/</link>
					<comments>https://normativamunicipal.com/empleo-publico-comunidad-foral-de-navarra/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DAPP Editorial]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2020 12:57:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Policía local]]></category>
		<category><![CDATA[Presupuestos]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo público|Navarra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://normativamunicipal.com/uncategorized/empleo-publico-comunidad-foral-de-navarra/</guid>

					<description><![CDATA[<p>DECRETO FORAL 85/2020, de 25 de noviembre, por el que se aprueba la oferta parcial de empleo público del ámbito de Administración Núcleo de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos correspondiente al año 2020, relativa a la tasa de reposición prevista en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogada para el año 2020. La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogada para el año 2020, regula en su artículo 19 la oferta de empleo público u otro instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de personal, en el que establece los límites y requisitos para la incorporación de nuevo personal a las Administraciones Públicas. A la Administración de la Comunidad Foral de Navarra resulta aplicable la tasa de reposición prevista en el artículo 19. Uno apartados 3, 4 y 5 de la citada Ley 6/2018, de 3 de julio. En concreto, fija en el apartado 3 una tasa de reposición del 100 por cien en algunos de los sectores y del 75 por cien en el resto de los sectores. Adicionalmente, podrán disponer de una tasa del 5 por ciento destinada a aquellos ámbitos o sectores que requieran un refuerzo de efectivos. Este porcentaje adicional se utilizará preferentemente cuando se dé, entre otras, alguna de las siguientes circunstancias: establecimiento de nuevos servicios públicos, incremento de actividad estacional por la actividad turística o alto volumen de jubilaciones esperadas. Y en el apartado 5 fija una tasa de reposición del 115 por ciento para los Cuerpos de Policía Autonómica, considerado sector prioritario. Del análisis de los datos de la plantilla del ámbito de Administración Núcleo de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de acuerdo con la tasa de reposición establecida en la citada Ley de Presupuestos Generales del Estado, se extrae que esta oferta parcial de empleo público para el año 2020 es de un total 184 plazas relativas al ámbito de Administración Núcleo, correspondiente a la tasa de reposición de personal del año 2019 en los términos establecidos por el artículo 19. Uno. apartados 3, 4 y 5 de la antedicha Ley 6/2018, de 3 de julio. La tasa adicional del 5 por ciento ha sido destinada a los sectores que requieren un refuerzo de efectivos. El Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, una vez negociada en la Mesa de Negociación del personal funcionario y estatutario al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, propone al Gobierno de Navarra la aprobación de la oferta parcial de empleo público del año 2020 correspondiente a la tasa de reposición, que comprende un total de 184 plazas relativas al ámbito de Administración Núcleo. Las 184 plazas figuran como vacantes en la plantilla orgánica y cuentan con la suficiente dotación presupuestaria para su provisión. Por último, en cumplimiento del Texto Refundido del Estatuto del personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, el número de plazas de esta oferta parcial de empleo público que configuran los turnos de reserva para personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 por 100 es de 13 y, una vez emitidos los informes de los órganos competentes del Departamento de Derechos Sociales y de la Comisión Mixta de promoción del acceso al empleo de las personas con discapacidad en el ámbito de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, se concretan los puestos de trabajo en que se aplica dicha reserva. Igualmente, en cumplimiento de la Ley Foral 17/2019, de 4 de abril, de Igualdad entre Mujeres y Hombres, el número de plazas de esta oferta parcial de empleo público que configuran el turno de reserva para mujeres víctimas de violencia de género es de 7 y se concretan los puestos de trabajo en que se aplica dicha reserva. En su virtud, a propuesta del Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, y de conformidad con la decisión adoptada por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día veinticinco de noviembre de dos mil veinte, DECRETO: Artículo 1.º Aprobación de la oferta parcial de empleo público en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos. 1.1. Se aprueba una oferta parcial de empleo público de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos para el año 2020 que comprende 184 plazas del ámbito de Administración Núcleo, correspondiente a la tasa de reposición de personal del año 2019, prevista en el artículo 19. Uno. apartados 3, 4 y 5 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogada para el año 2020. 1.2. El detalle de las plazas es el siguiente: Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior Dirección General de Presidencia y Gobierno Abierto: –Una vacante de Asesor Jurídico, de régimen funcionarial, nivel A, identificada en la plantilla orgánica con el número de plaza 10913. –Una vacante de Educador Social, de régimen funcionarial, nivel B, identificada en la plantilla orgánica con el número de plaza 10121. Dirección General de Interior: –Cuarenta y cinco vacantes de Agente de Policía Foral, de régimen funcionarial, nivel C, identificadas en la plantilla orgánica con los números de plaza 212, 291, 305, 306, 3577, 4743, 6696, 7609, 7630, 7653, 7657, 7873, 8204, 8224, 8243, 11029, 11030, 11031, 11032, 11033, 11034, 11035, 11036, 11037, 11038, 11039, 11040, 11041, 11042, 11043, 11044, 11045, 11046, 11047, 11048, 11049, 11050, 11051, 11052, 11053, 11054, 11055, 11056, 11057 y 11058. –Treinta vacantes de Bombero, de régimen funcionarial, nivel C, identificadas en la plantilla orgánica con los números de plaza 513, 7577, 10942, 10977, 11028, 11059, 11060, 11061, 11062, 11063, 11064, 11065, 11066, 11067, 11068, 11069, 11070, 11071, 11072, 11073, 11074, 11075, 11076, 11077, 11078, 11079, 11080, 11081, 11082 y 11083. –Veinte vacantes de Operador Auxiliar de Coordinación, de régimen funcionarial, nivel</p>
<p>La entrada <a href="https://normativamunicipal.com/empleo-publico-comunidad-foral-de-navarra/">Empleo público COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA</a> se publicó primero en <a href="https://normativamunicipal.com">Normativa Municipal</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>DECRETO FORAL 85/2020, de 25 de noviembre, por el que se aprueba la oferta parcial de empleo público del ámbito de Administración Núcleo de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos correspondiente al año 2020, relativa a la tasa de reposición prevista en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogada para el año 2020.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-14986"></span><br />
La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogada para el año 2020, regula en su artículo 19 la oferta de empleo público u otro instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de personal, en el que establece los límites y requisitos para la incorporación de nuevo personal a las Administraciones Públicas.<br />
A la Administración de la Comunidad Foral de Navarra resulta aplicable la tasa de reposición prevista en el artículo 19. Uno apartados 3, 4 y 5 de la citada Ley 6/2018, de 3 de julio. En concreto, fija en el apartado 3 una tasa de reposición del 100 por cien en algunos de los sectores y del 75 por cien en el resto de los sectores. Adicionalmente, podrán disponer de una tasa del 5 por ciento destinada a aquellos ámbitos o sectores que requieran un refuerzo de efectivos. Este porcentaje adicional se utilizará preferentemente cuando se dé, entre otras, alguna de las siguientes circunstancias: establecimiento de nuevos servicios públicos, incremento de actividad estacional por la actividad turística o alto volumen de jubilaciones esperadas. Y en el apartado 5 fija una tasa de reposición del 115 por ciento para los Cuerpos de Policía Autonómica, considerado sector prioritario.<br />
Del análisis de los datos de la plantilla del ámbito de Administración Núcleo de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de acuerdo con la tasa de reposición establecida en la citada Ley de Presupuestos Generales del Estado, se extrae que esta oferta parcial de empleo público para el año 2020 es de un total 184 plazas relativas al ámbito de Administración Núcleo, correspondiente a la tasa de reposición de personal del año 2019 en los términos establecidos por el artículo 19. Uno. apartados 3, 4 y 5 de la antedicha Ley 6/2018, de 3 de julio.<br />
La tasa adicional del 5 por ciento ha sido destinada a los sectores que requieren un refuerzo de efectivos.<br />
El Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, una vez negociada en la Mesa de Negociación del personal funcionario y estatutario al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, propone al Gobierno de Navarra la aprobación de la oferta parcial de empleo público del año 2020 correspondiente a la tasa de reposición, que comprende un total de 184 plazas relativas al ámbito de Administración Núcleo.<br />
Las 184 plazas figuran como vacantes en la plantilla orgánica y cuentan con la suficiente dotación presupuestaria para su provisión.<br />
Por último, en cumplimiento del Texto Refundido del Estatuto del personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, el número de plazas de esta oferta parcial de empleo público que configuran los turnos de reserva para personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 por 100 es de 13 y, una vez emitidos los informes de los órganos competentes del Departamento de Derechos Sociales y de la Comisión Mixta de promoción del acceso al empleo de las personas con discapacidad en el ámbito de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, se concretan los puestos de trabajo en que se aplica dicha reserva.<br />
Igualmente, en cumplimiento de la Ley Foral 17/2019, de 4 de abril, de Igualdad entre Mujeres y Hombres, el número de plazas de esta oferta parcial de empleo público que configuran el turno de reserva para mujeres víctimas de violencia de género es de 7 y se concretan los puestos de trabajo en que se aplica dicha reserva.<br />
En su virtud, a propuesta del Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, y de conformidad con la decisión adoptada por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día veinticinco de noviembre de dos mil veinte,<br />
DECRETO:<br />
Artículo 1.º Aprobación de la oferta parcial de empleo público en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos.<br />
1.1. Se aprueba una oferta parcial de empleo público de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos para el año 2020 que comprende 184 plazas del ámbito de Administración Núcleo, correspondiente a la tasa de reposición de personal del año 2019, prevista en el artículo 19. Uno. apartados 3, 4 y 5 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogada para el año 2020.<br />
1.2. El detalle de las plazas es el siguiente:<br />
Departamento de Presidencia,<br />
Igualdad, Función Pública e Interior<br />
Dirección General de Presidencia y Gobierno Abierto:<br />
–Una vacante de Asesor Jurídico, de régimen funcionarial, nivel A, identificada en la plantilla orgánica con el número de plaza 10913.<br />
–Una vacante de Educador Social, de régimen funcionarial, nivel B, identificada en la plantilla orgánica con el número de plaza 10121.<br />
Dirección General de Interior:<br />
–Cuarenta y cinco vacantes de Agente de Policía Foral, de régimen funcionarial, nivel C, identificadas en la plantilla orgánica con los números de plaza 212, 291, 305, 306, 3577, 4743, 6696, 7609, 7630, 7653, 7657, 7873, 8204, 8224, 8243, 11029, 11030, 11031, 11032, 11033, 11034, 11035, 11036, 11037, 11038, 11039, 11040, 11041, 11042, 11043, 11044, 11045, 11046, 11047, 11048, 11049, 11050, 11051, 11052, 11053, 11054, 11055, 11056, 11057 y 11058.<br />
–Treinta vacantes de Bombero, de régimen funcionarial, nivel C, identificadas en la plantilla orgánica con los números de plaza 513, 7577, 10942, 10977, 11028, 11059, 11060, 11061, 11062, 11063, 11064, 11065, 11066, 11067, 11068, 11069, 11070, 11071, 11072, 11073, 11074, 11075, 11076, 11077, 11078, 11079, 11080, 11081, 11082 y 11083.<br />
–Veinte vacantes de Operador Auxiliar de Coordinación, de régimen funcionarial, nivel C, identificadas en la plantilla orgánica con los números de plaza 4144, 4145, 4147, 4149, 4155, 4156, 6492, 6494, 8171, 8721, 10664, 10665, 10666, 10667, 10668, 10669, 10670, 10671, 10672 y 10772.<br />
Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales:<br />
–Nueve vacantes de Periodista, de régimen funcionarial, nivel A, identificadas en la plantilla orgánica con los números de plaza 58, 63, 4003, 4596, 5841, 8143, 9386, 10434 y 10475.<br />
Departamento de Ordenación del Territorio,<br />
Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos<br />
Dirección General de Proyectos Estratégicos:<br />
–Una vacante de Periodista, de régimen funcionarial, nivel A, identificada en la plantilla orgánica con el número de plaza 10926.<br />
Dirección General de Vivienda:<br />
–Dos vacantes de Arquitecto, de régimen funcionarial, nivel A, identificadas en la plantilla orgánica con los números de plaza 2755 y 7498.<br />
Departamento de Cohesión Territorial<br />
Dirección General de Administración Local y Despoblación:<br />
–Dos vacantes de Diplomado en Ciencias Empresariales, de régimen funcionarial, nivel B, identificadas en la plantilla orgánica con los números de plaza 6365 y 6371.<br />
Departamento de Economía y Hacienda<br />
Dirección General de Presupuestos, Patrimonio y Política Económica:<br />
–Una vacante de Diplomado en Ciencias Empresariales, de régimen funcionarial, nivel B, identificada en la plantilla orgánica con el número de plaza 10904.<br />
Dirección General de Intervención y Contabilidad:<br />
–Dos vacantes de Diplomado en Ciencias Empresariales, de régimen funcionarial, nivel B, identificadas en la plantilla orgánica con los números de plaza 1084 y 7727.<br />
Hacienda Foral de Navarra:<br />
–Dos vacantes de Técnico de Hacienda, de régimen funcionarial, nivel A, identificadas en la plantilla orgánica con los números de plaza 5805 y 9719.<br />
–Seis vacantes de Gestor e Investigador Auxiliar de Hacienda, de régimen funcionarial, nivel B, identificadas en la plantilla orgánica con los números de plaza 1114, 1230, 1285, 5807, 6774 y 10771.<br />
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial<br />
Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y Trabajo:<br />
–Tres vacantes de Diplomado en Ciencias Empresariales, de régimen funcionarial, nivel B, identificadas en la plantilla orgánica con los números de plaza 2612, 8180 y 10329.<br />
Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3:<br />
–Cinco vacantes de Ingeniero Industrial, de régimen funcionarial, nivel A, identificadas en la plantilla orgánica con los números de plaza 2614, 3903, 8641, 10676 y 10984.<br />
–Una vacante de Ingeniero de Telecomunicaciones, de régimen funcionarial, nivel A, identificada en la plantilla orgánica con el número de plaza 10677.<br />
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia<br />
Dirección General de Políticas Migratorias:<br />
–Una vacante de Educador Social, de régimen funcionarial, nivel B, identificada en la plantilla orgánica con el número de plaza 10905.<br />
Departamento de Educación<br />
Dirección General de Educación:<br />
–Veintiuna vacantes de Servicios Generales, de régimen funcionarial, nivel D, identificadas en la plantilla orgánica con los números de plaza 32145, 32299, 32444, 32469, 32608, 32623, 32705, 32710, 32831, 32921, 32954, 33372, 33467, 33631, 33897, 33927, 34078, 34145, 34375, 34579 y 34610.<br />
Departamento de Derechos Sociales<br />
Dirección General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo:<br />
–Una vacante de Educador Social, de régimen funcionarial, nivel B, identificada en la plantilla orgánica con el número de plaza 3529.<br />
Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare:<br />
–Doce vacantes de Titulado Superior Empleo, de régimen funcionarial, nivel A, identificadas en la plantilla orgánica con los números de plaza 6223, 6225, 6234, 6238, 6247, 9456, 9822, 10100, 10533, 10534, 10535 y 10536.<br />
–Una vacante de Diplomado en Ciencias Empresariales, de régimen funcionarial, nivel B, identificada en la plantilla 10389.<br />
Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas:<br />
–Una vacante de Diplomado en Ciencias Empresariales, de régimen funcionarial, nivel B, identificada en la plantilla orgánica con el número de plaza 10220.<br />
–Siete vacantes de Educador Social, de régimen funcionarial, nivel B, identificadas en la plantilla orgánica con los números de plaza 2873, 2875, 2881, 2883, 2884, 10086 y 10555.<br />
Departamento de Salud<br />
Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra:<br />
–Una vacante de Educador Social, de régimen funcionarial, nivel B, identificada en la plantilla orgánica con el número de plaza 61544.<br />
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea:<br />
Salud Mental:<br />
–Una vacante de Educador Social, de régimen funcionarial, nivel B, identificada en la plantilla orgánica con el número de plaza 71857.<br />
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital<br />
Dirección General de Innovación:<br />
–Una vacante de Ingeniero Industrial, de régimen funcionarial, nivel A, identificada en la plantilla orgánica con el número de plaza 2605.<br />
Dirección General de Telecomunicaciones y Digitalización:<br />
–Una vacante de Ingeniero de Telecomunicaciones, de régimen funcionarial, nivel A, identificada en la plantilla orgánica con el número de plaza 5840.<br />
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente<br />
Dirección General de Medio Ambiente:<br />
–Dos vacantes de Ingeniero Industrial, de régimen funcionarial, nivel A, identificadas en la plantilla orgánica con los números de plaza 6856 y 6934.<br />
Departamento de Cultura y Deporte<br />
Instituto Navarro del Deporte:<br />
–Tres vacantes de Técnico Superior Deporte, de régimen funcionarial, nivel A, identificadas en la plantilla orgánica con los números de plaza 5071, 7411 y 10357.<br />
1.3. Los números de plazas a proveer en las convocatorias de ingreso en cada puesto de trabajo serán los correspondientes a las plazas que queden como resultas en los concursos de traslado.<br />
No obstante lo anterior, con objeto de mantener el número total de 184 plazas incluidas en esta oferta parcial de empleo público, los números de plaza podrán ser sustituidos por otros, en los supuestos en que una plaza sea adjudicada a personal fijo que deje de desempeñar un jefatura sin reserva de plaza, a quienes reingresen al servicio activo desde la situación de excedencia voluntaria, a participantes en los concursos de traslado con nombramiento de diferentes puestos de trabajo, o por cualquier otra causa o forma de provisión de plazas prevista en el ordenamiento jurídico, así como por motivos organizativos o por necesidades del servicio debidamente justificadas.<br />
Artículo 2.º Turnos de reserva para personas con discapacidad.<br />
Uno.–El número de plazas de esta oferta parcial de empleo público que configurarán los turnos de reserva para personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 por 100 es de 13.<br />
Dos.–Los puestos de trabajo en que se aplicará dicha reserva son:<br />
–Periodista: 1 plaza.<br />
–Titulado Superior Empleo: 1 plaza.<br />
–Diplomado en Empresariales: 2 plazas.<br />
–Educador Social: 2 plazas.<br />
–Operador Auxiliar de Coordinación: 2 plazas.<br />
–Servicios Generales: 5 plazas.<br />
Artículo 3.º Turno de reserva para mujeres víctimas de violencia de género.<br />
Uno.–El número de plazas de esta oferta parcial de empleo público que configurarán el turno de reserva para mujeres víctimas de violencia de género es de 7.<br />
Dos.–Los puestos de trabajo en que se aplicará dicha reserva son:<br />
Servicios Generales: 7 plazas.<br />
Artículo 4.º Plazas con exigencia de la nacionalidad española.<br />
Se faculta a la Directora General de Función Pública para que, mediante resolución, determine con carácter previo a la aprobación de las convocatorias de pruebas selectivas de ingreso correspondientes las plazas que implican el ejercicio de potestades públicas o la responsabilidad en la salvaguarda de los intereses de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, a los efectos de exigir la nacionalidad española para el acceso a las mismas.<br />
DISPOSICIONES FINALES<br />
Disposición final primera.–Habilitación para el desarrollo y ejecución del decreto foral.<br />
Se faculta al Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior para dictar las disposiciones precisas en desarrollo y ejecución de este decreto foral.<br />
Disposición final segunda.–Entrada en vigor.<br />
Este decreto foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.<br />
Pamplona, 25 de noviembre de 2020.–La Presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite Navascués.–El Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez Apesteguía.<br />
Código del anuncio: F2014296</p>
<p>La entrada <a href="https://normativamunicipal.com/empleo-publico-comunidad-foral-de-navarra/">Empleo público COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA</a> se publicó primero en <a href="https://normativamunicipal.com">Normativa Municipal</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://normativamunicipal.com/empleo-publico-comunidad-foral-de-navarra/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OFERTA EMPLEO PUBLICO del 10 al 23 noviembre</title>
		<link>https://normativamunicipal.com/oferta-empleo-publico-del-10-al-23-noviembre/</link>
					<comments>https://normativamunicipal.com/oferta-empleo-publico-del-10-al-23-noviembre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DAPP Editorial]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2020 12:56:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Funcionarios de carrera con habilitación nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Oferta empleo|Público]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://normativamunicipal.com/uncategorized/oferta-empleo-publico-del-10-al-23-noviembre/</guid>

					<description><![CDATA[<p>ADMINISTRACIÓN LOCAL &#8211; OFERTA EMPLEO PUBLICO Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional • Resolución de 6 de noviembre de 2020, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo reservado al personal funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional por el sistema de libre designación. De conformidad con lo dispuesto en el apartado sexto del artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, así como en el artículo 46 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico del personal funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, y en uso de las competencias conferidas en el Real Decreto 307/2020, de 11 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, esta Dirección General acuerda publicar, en extracto, la convocatoria para la provisión por el sistema de libre designación del puesto de Vicesecretaría de clase 1.ª – 14420 de la Diputación Provincial de Sevilla, reservado a personal funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional y relacionado en el anexo, con arreglo a las siguientes bases: Primera. El puesto de trabajo que se anuncia podrá ser solicitado por el personal funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, perteneciente a la Subescala, y en su caso categoría, a que está reservado. No podrá concurrir a la convocatoria el personal funcionario que se encuentren en las situaciones previstas en el artículo 36.2 a), b) y c) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico del personal funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional. Segunda. Los interesados dirigirán sus solicitudes a la Corporación convocante, dentro de los quince días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», acompañando a la solicitud la documentación acreditativa de reunir los requisitos para su desempeño, en los términos que figuren en la convocatoria. Tercera. Los aspirantes deberán sujetarse a las bases de la convocatoria publicadas íntegramente en el diario oficial indicado en el anexo. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante esta Dirección General, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como en los artículos 10.1 i) y 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que se pudiera interponer. Madrid, 6 de noviembre de 2020.–La Directora General de la Función Pública, María Isabel Borrel Roncalés. ANEXO Corporación: Diputación Provincial de Sevilla. Denominación del puesto: Vicesecretaría de clase 1.ª – 14420. Complemento específico anual: 50.093,08 €. Requisitos de los aspirantes: Pertenecer a la subescala de Secretaría, categoría superior. Publicación íntegra de la convocatoria Resolución de 28 de octubre de 2020, de la Dirección General de Administración Local publicada en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 213, de 4 de noviembre de 2020. Personal funcionario • Resolución de 30 de octubre de 2020, del Ayuntamiento de Valencia, Organismo Autónomo Fundación Deportiva Municipal, referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación. En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 206, de 27 de octubre de 2020, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer mediante libre designación: Un puesto de Jefatura de Servicio Jurídico y de Recursos Humanos, Subgrupo A1. El plazo de presentación de solicitudes será de diez días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en la forma prevista en las propias bases. Valencia, 30 de octubre de 2020.–El Secretario General de la Administración Municipal, Francisco Javier Vila Biosca. • Resolución de 4 de noviembre de 2020, del Ayuntamiento de Galapagar (Madrid), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación. En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 270, de 4 de noviembre de 2020, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer, mediante libre designación: Un puesto de Gerente de Servicios Generales, nivel de complemento de destino 28. El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en la forma prevista en las propias bases. Galapagar, 4 de noviembre de 2020.–La Segunda Teniente de Alcalde Delegada de Educación, Cultura, Recursos Humanos, Régimen Interior, Festejos, Infancia, Juventud y Participación Ciudadana, Rosa María Encuentra Mérida • Resolución de 6 de noviembre de 2020, del Organismo Instituto Ourensano de Desarrollo Económico (Ourense), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación. En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ourense» número 223, de 28 de septiembre de 2020, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer, mediante libre designación: Un puesto de Gerencia. Se ha publicado, asimismo, un extracto de la convocatoria en el «Diario Oficial de Galicia» número 222, de 3 de noviembre de 2020. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios referentes</p>
<p>La entrada <a href="https://normativamunicipal.com/oferta-empleo-publico-del-10-al-23-noviembre/">OFERTA EMPLEO PUBLICO del 10 al 23 noviembre</a> se publicó primero en <a href="https://normativamunicipal.com">Normativa Municipal</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>ADMINISTRACIÓN LOCAL &#8211; OFERTA EMPLEO PUBLICO</strong><br />
<strong>Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-14956"></span><br />
• <strong>Resolución de 6 de noviembre de 2020, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo reservado al personal funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional por el sistema de libre designación.</strong><br />
De conformidad con lo dispuesto en el apartado sexto del artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, así como en el artículo 46 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico del personal funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, y en uso de las competencias conferidas en el Real Decreto 307/2020, de 11 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, esta Dirección General acuerda publicar, en extracto, la convocatoria para la provisión por el sistema de libre designación del puesto de Vicesecretaría de clase 1.ª – 14420 de la Diputación Provincial de Sevilla, reservado a personal funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional y relacionado en el anexo, con arreglo a las siguientes bases:<br />
Primera.<br />
El puesto de trabajo que se anuncia podrá ser solicitado por el personal funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, perteneciente a la Subescala, y en su caso categoría, a que está reservado.<br />
No podrá concurrir a la convocatoria el personal funcionario que se encuentren en las situaciones previstas en el artículo 36.2 a), b) y c) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico del personal funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional.<br />
Segunda.<br />
Los interesados dirigirán sus solicitudes a la Corporación convocante, dentro de los quince días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», acompañando a la solicitud la documentación acreditativa de reunir los requisitos para su desempeño, en los términos que figuren en la convocatoria.<br />
Tercera.<br />
Los aspirantes deberán sujetarse a las bases de la convocatoria publicadas íntegramente en el diario oficial indicado en el anexo.<br />
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante esta Dirección General, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como en los artículos 10.1 i) y 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que se pudiera interponer.<br />
Madrid, 6 de noviembre de 2020.–La Directora General de la Función Pública, María Isabel Borrel Roncalés.<br />
ANEXO<br />
Corporación: Diputación Provincial de Sevilla.<br />
Denominación del puesto: Vicesecretaría de clase 1.ª – 14420.<br />
Complemento específico anual: 50.093,08 €.<br />
Requisitos de los aspirantes: Pertenecer a la subescala de Secretaría, categoría superior.<br />
Publicación íntegra de la convocatoria Resolución de 28 de octubre de 2020, de la Dirección General de Administración Local publicada en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 213, de 4 de noviembre de 2020.<br />
Personal funcionario<br />
• <strong>Resolución de 30 de octubre de 2020, del Ayuntamiento de Valencia, Organismo Autónomo Fundación Deportiva Municipal, referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.</strong><br />
En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 206, de 27 de octubre de 2020, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer mediante libre designación:<br />
Un puesto de Jefatura de Servicio Jurídico y de Recursos Humanos, Subgrupo A1.<br />
El plazo de presentación de solicitudes será de diez días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».<br />
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en la forma prevista en las propias bases.<br />
Valencia, 30 de octubre de 2020.–El Secretario General de la Administración Municipal, Francisco Javier Vila Biosca.<br />
<strong>• Resolución de 4 de noviembre de 2020, del Ayuntamiento de Galapagar (Madrid), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.</strong><br />
En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 270, de 4 de noviembre de 2020, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer, mediante libre designación:<br />
Un puesto de Gerente de Servicios Generales, nivel de complemento de destino 28.<br />
El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».<br />
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en la forma prevista en las propias bases.<br />
Galapagar, 4 de noviembre de 2020.–La Segunda Teniente de Alcalde Delegada de Educación, Cultura, Recursos Humanos, Régimen Interior, Festejos, Infancia, Juventud y Participación Ciudadana, Rosa María Encuentra Mérida<br />
<strong>• Resolución de 6 de noviembre de 2020, del Organismo Instituto Ourensano de Desarrollo Económico (Ourense), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.</strong><br />
En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ourense» número 223, de 28 de septiembre de 2020, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer, mediante libre designación:<br />
Un puesto de Gerencia.<br />
Se ha publicado, asimismo, un extracto de la convocatoria en el «Diario Oficial de Galicia» número 222, de 3 de noviembre de 2020.<br />
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».<br />
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en sede electrónica de la Diputación Provincial de Ourense.<br />
Ourense, 6 de noviembre de 2020.–El Presidente, Rosendo Luis Fernández Fernández.<br />
<strong>• Resolución de 11 de noviembre de 2020, del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.</strong><br />
En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife» número 136, de 11 de noviembre de 2020, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer, mediante libre designación:<br />
Un puesto de Adjunto/a a la Dirección del Servicio Jurídico.<br />
El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».<br />
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife» y en el tablón de anuncios de la Corporación.<br />
Santa Cruz de Tenerife, 11 de noviembre de 2020.–La Concejal Delegada de Recursos Humanos, Purificación Dávila Carreira.<br />
<strong>• Resolución de 11 de noviembre de 2020, de la Diputación Provincial de Valencia, referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de concurso.</strong><br />
En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 215, de 9 de noviembre de 2020, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer, mediante concurso:<br />
Un puesto de Jefe/a de Negociado de Ordenación de Pagos, incardinado en el centro Intervención, subgrupo C1.<br />
El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».<br />
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en la forma prevista en las propias bases.<br />
Valencia, 11 de noviembre de 2020.–La Diputada del Área de Administración General, Pilar Molina Alarcón.<br />
• sub<br />
<strong>• Resolución de 12 de noviembre de 2020, del Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo (Madrid), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de concurso.</strong><br />
En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 276, de 11 de noviembre de 2020, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer mediante concurso:<br />
Un puesto de Ingeniero Técnico, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Técnica, Grupo A, Subgrupo A2.<br />
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».<br />
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en el tablón de anuncios de la Corporación.<br />
Villanueva del Pardillo, 12 de noviembre de 2020.–El Alcalde, Eduardo Fernández Navarro.<br />
<strong>• Resolución de 20 de noviembre de 2020, del Ayuntamiento de Zaragoza, referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de concurso.</strong><br />
En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 258, de 9 de noviembre de 2020, con corrección en el número 265, de 17 de noviembre de 2020, y en el número 268, de 20 de noviembre de 2020, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer mediante concurso:<br />
Un puesto de Jefa/e de la Oficina de Relaciones Institucionales.<br />
El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».<br />
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en la forma prevista en las propias bases.<br />
Zaragoza, 20 de noviembre de 2020.–El Jefe de la Oficina de Recursos Humanos, José Luis Serrano Bové.<br />
subir</p>
<p>La entrada <a href="https://normativamunicipal.com/oferta-empleo-publico-del-10-al-23-noviembre/">OFERTA EMPLEO PUBLICO del 10 al 23 noviembre</a> se publicó primero en <a href="https://normativamunicipal.com">Normativa Municipal</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://normativamunicipal.com/oferta-empleo-publico-del-10-al-23-noviembre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reglamento máquinas azar CATALUNYA</title>
		<link>https://normativamunicipal.com/reglamento-maquinas-azar-catalunya/</link>
					<comments>https://normativamunicipal.com/reglamento-maquinas-azar-catalunya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2020 12:54:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Catalunya|Reglamento azar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://normativamunicipal.com/uncategorized/reglamento-maquinas-azar-catalunya/</guid>

					<description><![CDATA[<p>DECRETO 62/2020, de 16 de junio, de modificación del Decreto 23/2005, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de máquinas recreativas y de azar. El Estatuto de autonomía de Cataluña, en su artículo 141.1, atribuye a la Generalidad de Cataluña la competencia exclusiva en materia de juegos, apuestas y casinos, si la actividad se cumple exclusivamente en Cataluña. Esta competencia incluye, en todo caso, la creación y la autorización de juegos y apuestas y su regulación, como también la regulación de las empresas dedicadas a la gestión, la explotación y la práctica de estas actividades o que tienen por objeto la comercialización y la distribución de los materiales relacionados con el juego en general, incluyendo las modalidades de juego por medios informáticos y telemáticos. Esta competencia ya la atribuía el Estatuto de autonomía de Cataluña de 1979 a la Generalidad y, en consecuencia, se aprueba la Ley 15/1984, de 20 de marzo, del juego, que, entre otros aspectos, habilita al Gobierno de la Generalidad para aprobar el Catálogo de juegos y apuestas autorizados en Cataluña y la reglamentación específica de cada uno de los juegos y apuestas recogidos en el Catálogo. Mediante el Decreto 23/2005, de 22 de febrero, se aprueba el Reglamento de máquinas recreativas y de azar, vigente actualmente, y que ha sido modificado varias veces para adaptarlo a las nuevas tecnologías y, en consecuencia, mejorar la competitividad del sector del juego en Cataluña. Asimismo, en los últimos años las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña nº 926/2017 y nº 101/2018 declararon la nulidad del Decreto 97/2014, de 8 de julio, por que se aprueba el Reglamento de la lotería Binjocs y de modificación del Decreto 240/2004, de 30 de marzo, de aprobación del Catálogo de juegos y apuestas autorizados a Cataluña y de los criterios aplicables a su planificación. La declaración de nulidad de esta modalidad de juego provocó que se tuvieran que retirar los terminales de Binjocs de todos los establecimientos de juego de Cataluña que estaban autorizados para comercializarlos, salones de juego y salas de bingo. Durante la época en que en Cataluña existía esta modalidad de juego, paralelamente, el resto de comunidades autónomas desarrollaron diferentes variantes de las máquinas recreativas de tipo B, especiales para establecimientos de juego (bingos y salas de juego), denominadas en varios reglamentos o conocidas comercialmente como B1, B2, B3, B4, entre otras, que actualmente están ya plenamente consolidadas dentro de la oferta de juego de la mayoría de comunidades autónomas. El Reglamento de máquinas recreativas y de azar, aprobado por Decreto 23/2005, de 22 de febrero, clasifica las máquinas recreativas y de azar en máquinas de tipo B, o recreativas con premio; máquinas de tipo B, especiales para salones de juego y bingos y máquinas de tipo C, o de azar. Las máquinas de tipo B, o recreativas con premio, son las que, a cambio del precio de partida, ofrecen a la persona usuaria un tiempo de utilización y, eventualmente, de acuerdo con el programa de juego, un premio en metálico (artículo 4.2 del Reglamento de máquinas recreativas y de azar). Para ser homologadas, estas máquinas deben cumplir las condiciones establecidas en el artículo 6 del Reglamento de máquinas recreativas y de azar y pueden incorporar los dispositivos opcionales que establece el artículo 7 del Reglamento mencionado. Asimismo, el artículo 8 del Reglamento de máquinas recreativas y de azar prevé la posibilidad de homologación de modelos de máquinas de tipo B, especiales, destinadas a ser instaladas solo en salones de juego, salas de bingo y de casinos, que han de reunir los requisitos previstos en el artículo 6 e incorporar los dispositivos del artículo 7, pero que tienen algunas especialidades respecto a las máquinas de tipo B que se pueden instalar en establecimientos de hostelería: pueden dar premios superiores, permiten la realización simultánea de un número acumulado de partidas, entre otros. Los modelos B1, B2 y otros de similares, existentes en el resto de comunidades autónomas, son diferentes variantes de este tipo de máquinas de tipo B especiales, para salones de juego, bingos y casinos, que permiten abrir el abanico de variantes de este producto de juego. Las denominaciones de estos modelos, mencionados antes, responden al planteamiento siguiente: B1 (quiere decir que la apuesta máxima es de 1 euro y se puede obtener un premio máximo de 1.000,00 euros), B2 (la apuesta máxima es de 2,00 euros y se puede obtener un premio máximo de 2.000,00 euros), y así sucesivamente, hasta la conocida como B6, en algunas comunidades autónomas, en las que la apuesta máxima de 6,00 euros y el premio máximo es de 6.000,00 euros). La retirada de las terminales de Binjocs en Cataluña ha supuesto que las empresas autorizadas para explotarlas hayan perdido producto dentro de su oferta, y han de competir en desigualdad de condiciones con otras empresas del resto de comunidades autónomas que sí tienen esta oferta. Asimismo, la desaparición de las máquinas de juego denominadas los Binjocs ha comportado que la Administración de la Generalidad de Cataluña deje de ingresar el dinero que la explotación de esta modalidad de juego comportaba. Así, el objeto de este Decreto es introducir la posibilidad de nuevas variantes en las máquinas de tipo B especiales para salas de juego, bingos y casinos, dando respuesta a las peticiones del empresariado ante la situación de desigualdad de condiciones en que se encuentran las empresas de juego catalanas frente a las del resto de comunidades autónomas. Respecto a la estructura del Decreto, este consta de un artículo único que modifica diferentes artículos del Decreto 23/2005, de 22 de febrero. Esta disposición resulta necesaria para mejorar la competitividad del sector empresarial del juego en Cataluña, proporcionando nuevas modalidades de máquinas de tipo B especiales para salas de juego y es eficaz y proporcionada a sus objetivos, teniendo siempre como finalidad principal la defensa del interés general, representado en este caso por los colectivos más vulnerables, como son los menores de edad y las personas con</p>
<p>La entrada <a href="https://normativamunicipal.com/reglamento-maquinas-azar-catalunya/">Reglamento máquinas azar CATALUNYA</a> se publicó primero en <a href="https://normativamunicipal.com">Normativa Municipal</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>DECRETO 62/2020, de 16 de junio, de modificación del Decreto 23/2005, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de máquinas recreativas y de azar.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-14694"></span><br />
El Estatuto de autonomía de Cataluña, en su artículo 141.1, atribuye a la Generalidad de Cataluña la competencia exclusiva en materia de juegos, apuestas y casinos, si la actividad se cumple exclusivamente en Cataluña. Esta competencia incluye, en todo caso, la creación y la autorización de juegos y apuestas y su regulación, como también la regulación de las empresas dedicadas a la gestión, la explotación y la práctica de estas actividades o que tienen por objeto la comercialización y la distribución de los materiales relacionados con el juego en general, incluyendo las modalidades de juego por medios informáticos y telemáticos.<br />
Esta competencia ya la atribuía el Estatuto de autonomía de Cataluña de 1979 a la Generalidad y, en consecuencia, se aprueba la Ley 15/1984, de 20 de marzo, del juego, que, entre otros aspectos, habilita al Gobierno de la Generalidad para aprobar el Catálogo de juegos y apuestas autorizados en Cataluña y la reglamentación específica de cada uno de los juegos y apuestas recogidos en el Catálogo.<br />
Mediante el Decreto 23/2005, de 22 de febrero, se aprueba el Reglamento de máquinas recreativas y de azar, vigente actualmente, y que ha sido modificado varias veces para adaptarlo a las nuevas tecnologías y, en consecuencia, mejorar la competitividad del sector del juego en Cataluña.<br />
Asimismo, en los últimos años las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña nº 926/2017 y nº 101/2018 declararon la nulidad del Decreto 97/2014, de 8 de julio, por que se aprueba el Reglamento de la lotería Binjocs y de modificación del Decreto 240/2004, de 30 de marzo, de aprobación del Catálogo de juegos y apuestas autorizados a Cataluña y de los criterios aplicables a su planificación.<br />
La declaración de nulidad de esta modalidad de juego provocó que se tuvieran que retirar los terminales de Binjocs de todos los establecimientos de juego de Cataluña que estaban autorizados para comercializarlos, salones de juego y salas de bingo.<br />
Durante la época en que en Cataluña existía esta modalidad de juego, paralelamente, el resto de comunidades autónomas desarrollaron diferentes variantes de las máquinas recreativas de tipo B, especiales para establecimientos de juego (bingos y salas de juego), denominadas en varios reglamentos o conocidas comercialmente como B1, B2, B3, B4, entre otras, que actualmente están ya plenamente consolidadas dentro de la oferta de juego de la mayoría de comunidades autónomas.<br />
El Reglamento de máquinas recreativas y de azar, aprobado por Decreto 23/2005, de 22 de febrero, clasifica las máquinas recreativas y de azar en máquinas de tipo B, o recreativas con premio; máquinas de tipo B, especiales para salones de juego y bingos y máquinas de tipo C, o de azar.<br />
Las máquinas de tipo B, o recreativas con premio, son las que, a cambio del precio de partida, ofrecen a la persona usuaria un tiempo de utilización y, eventualmente, de acuerdo con el programa de juego, un premio en metálico (artículo 4.2 del Reglamento de máquinas recreativas y de azar). Para ser homologadas, estas máquinas deben cumplir las condiciones establecidas en el artículo 6 del Reglamento de máquinas recreativas y de azar y pueden incorporar los dispositivos opcionales que establece el artículo 7 del Reglamento mencionado.<br />
Asimismo, el artículo 8 del Reglamento de máquinas recreativas y de azar prevé la posibilidad de homologación de modelos de máquinas de tipo B, especiales, destinadas a ser instaladas solo en salones de juego, salas de bingo y de casinos, que han de reunir los requisitos previstos en el artículo 6 e incorporar los dispositivos del artículo 7, pero que tienen algunas especialidades respecto a las máquinas de tipo B que se pueden instalar en establecimientos de hostelería: pueden dar premios superiores, permiten la realización simultánea de un número acumulado de partidas, entre otros.<br />
Los modelos B1, B2 y otros de similares, existentes en el resto de comunidades autónomas, son diferentes variantes de este tipo de máquinas de tipo B especiales, para salones de juego, bingos y casinos, que permiten abrir el abanico de variantes de este producto de juego. Las denominaciones de estos modelos, mencionados antes, responden al planteamiento siguiente: B1 (quiere decir que la apuesta máxima es de 1 euro y se puede obtener un premio máximo de 1.000,00 euros), B2 (la apuesta máxima es de 2,00 euros y se puede obtener un premio máximo de 2.000,00 euros), y así sucesivamente, hasta la conocida como B6, en algunas comunidades autónomas, en las que la apuesta máxima de 6,00 euros y el premio máximo es de 6.000,00 euros).<br />
La retirada de las terminales de Binjocs en Cataluña ha supuesto que las empresas autorizadas para explotarlas hayan perdido producto dentro de su oferta, y han de competir en desigualdad de condiciones con otras empresas del resto de comunidades autónomas que sí tienen esta oferta. Asimismo, la desaparición de las máquinas de juego denominadas los Binjocs ha comportado que la Administración de la Generalidad de Cataluña deje de ingresar el dinero que la explotación de esta modalidad de juego comportaba.<br />
Así, el objeto de este Decreto es introducir la posibilidad de nuevas variantes en las máquinas de tipo B especiales para salas de juego, bingos y casinos, dando respuesta a las peticiones del empresariado ante la situación de desigualdad de condiciones en que se encuentran las empresas de juego catalanas frente a las del resto de comunidades autónomas.<br />
Respecto a la estructura del Decreto, este consta de un artículo único que modifica diferentes artículos del Decreto 23/2005, de 22 de febrero.<br />
Esta disposición resulta necesaria para mejorar la competitividad del sector empresarial del juego en Cataluña, proporcionando nuevas modalidades de máquinas de tipo B especiales para salas de juego y es eficaz y proporcionada a sus objetivos, teniendo siempre como finalidad principal la defensa del interés general, representado en este caso por los colectivos más vulnerables, como son los menores de edad y las personas con problemas relacionados con el juego patológico. Asimismo, proporciona seguridad jurídica a las personas destinatarias y cumple con los principios de transparencia y eficiencia, evitando cargas administrativas innecesarias a las personas interesadas.<br />
En la tramitación de este Decreto se han respetado los principios generales de calidad normativa recogidos en el artículo 62 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno.<br />
Esta disposición ha sido sometida al procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas y de reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la información previstos en la Directiva (UE) 2015/1535, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre, como también en el Real decreto 1337/1999, de 31 de julio.<br />
Con el dictamen del Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña;<br />
Vistos los artículos 26.e, 39.1 y 40 de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la presidencia de la Generalidad y del Gobierno;<br />
A propuesta del vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía y Hacienda, de acuerdo con el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora, y con la deliberación previa y el acuerdo del Gobierno,</p>
<p>Decreto:<br />
Artículo único<br />
Modificación del Decreto 23/2005, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de máquinas recreativas y de azar.<br />
1.1 Se modifica el artículo 8 del Decreto 23/2005, de 22 de febrero, que queda redactado de la manera siguiente:<br />
“Artículo 8. Máquinas especiales para salas de juego<br />
Se pueden homologar modelos de máquinas de tipo B, destinadas a ser instaladas en salones de juego, salas de bingo y casinos, que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 6 y que pueden incorporar los dispositivos opcionales previstos en el artículo 7, ambos de este reglamento, con las especialidades siguientes:<br />
a) Pueden permitir la realización simultánea de un número acumulado de partidas que, en conjunto, no superen el valor de 30 veces el precio máximo de partida autorizado para el modelo. A efectos de lo que establece el apartado e del artículo 6, la realización de partidas simultáneas se contabiliza como si se tratara de una partida simple.<br />
b) Las máquinas de tipo B especiales para salas de juego han de estar programadas de forma que devuelvan como premios una parte no inferior al 80% del valor de las partidas efectuadas. Este porcentaje se debe cumplir en ciclos máximos de 120.000 partidas determinados en la resolución de homologación a instancia del fabricante o responsable del modelo. Los premios que pueden otorgar no pueden superar el valor de 1.000 veces el precio o la suma de precios de partidas acumuladas. Las partidas acumuladas, en ningún caso, pueden exceder el valor de 30 veces el precio máximo de partida autorizado para el modelo.<br />
c) Estas máquinas requieren una homologación e inscripción en el mismo registro de modelos, se han de diferenciar del resto de máquinas de tipo B adoptando una denominación comercial específica, y debe constar de forma expresa en el frontal de la máquina, y también en el permiso de explotación de cada unidad la expresión «máquina especial para salas de juego».<br />
d) La dirección general competente en materia de juego y apuestas puede autorizar para cada local la utilización de sistemas que utilicen tarjetas magnéticas, tarjetas electrónicas, tickets o sistemas análogos debidamente homologados.<br />
e) El precio de partida y los premios han de consistir en moneda de curso legal, a menos que exista autorización expresa para la utilización de sistemas que utilicen tarjetas magnéticas, tarjetas electrónicas, tickets o sistemas análogos, de acuerdo con lo que establece el apartado anterior de este artículo. En este caso, el precio de partida y el pago de los premios se pueden formalizar mediante fichas, tarjetas, tickets o sistemas análogos. Con respecto a los premios, se deben cambiar por dinero de curso legal en el mismo establecimiento.”<br />
1.2 Se modifica el artículo 11 del Decreto 23/2005, de 22 de febrero, que queda redactado de la manera siguiente:<br />
“Artículo 11. Interconexión de máquinas<br />
11.1 En los salones de juego, salas de bingo y casinos, las máquinas de tipo B se pueden interconectar con otras del mismo tipo instaladas en el mismo establecimiento, con la finalidad de poder otorgar premios especiales que se constituyen con una cantidad fija detraída del valor de cada partida. El valor máximo de este premio especial no puede exceder el importe de 2.000 euros.<br />
11.2 Las máquinas de tipo B “especiales para salas de juego”, a las que hace referencia el artículo 8 de este Reglamento, se pueden interconectar con otras del mismo tipo instaladas en el mismo establecimiento, con la finalidad de poder otorgar premios especiales que se constituyen con una cantidad fija detraída del valor de cada partida. El valor máximo de este premio especial no puede exceder el importe de 10.000 euros.<br />
11.3 Las máquinas de tipo C se pueden interconectar con la finalidad de poder otorgar premios especiales, denominados «superbotes», o premios en especie que la persona jugadora tiene la opción de cambiar por dinero de curso legal por un valor previamente anunciado, que es la suma de los premios de bote de cada una de las máquinas interconectadas o en función del número de apuestas.<br />
11.4 En el caso de las máquinas de tipo C, el importe del premio y también la indicación de su naturaleza se ha de señalar claramente en un cartel. Y no se puede hacer ningún tipo de publicidad en el exterior del establecimiento, a menos que sea expresamente autorizada por la dirección general competente en materia de juegos y apuestas.<br />
11.5 En cada máquina interconectada ha de constar de forma expresa y clara esta circunstancia. A este efecto, se debe incorporar un cartel autoadhesivo en el que conste Ia expresión «máquina interconectada», el número de serie de Ia máquina, el número de máquinas interconectadas y el premio que se puede obtener.<br />
11.6 Se pueden homologar e inscribir en el registro de modelos las máquinas de tipo B especiales para salas de juego y las máquinas de tipo C cuyos premios máximos y también los premios acumulados o botes se deban pagar en mano a las personas jugadoras en el mismo local, si el volumen de monedas constitutivas del premio rebasa la capacidad del depósito de reserva de pagos. En este caso, las máquinas deben disponer de un avisador luminoso y/o sonoro que se ponga en funcionamiento de manera automática cuando la persona jugadora obtenga uno de los premios mencionados, y de un mecanismo de bloqueo que impida a cualquier persona jugadora seguir utilizando la máquina hasta que el premio haya sido pagado y la máquina desbloqueada.<br />
11.7 La dirección general competente en materia de juegos y apuestas autoriza el número de máquinas y sus localizaciones para cada grupo interconectado. En la solicitud se debe especificar el número de máquinas que se interconectarán, el modelo y número de permiso de explotación de cada una, la localización, la forma de realizar el enlace y el premio que se ofrece.</p>
<p>Barcelona, 16 de junio de 2020</p>
<p>Joaquim Torra i Pla<br />
Presidente de la Generalidad de Cataluña</p>
<p>Pere Aragonès i Garcia<br />
Vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía y Hacienda</p>
<p>La entrada <a href="https://normativamunicipal.com/reglamento-maquinas-azar-catalunya/">Reglamento máquinas azar CATALUNYA</a> se publicó primero en <a href="https://normativamunicipal.com">Normativa Municipal</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://normativamunicipal.com/reglamento-maquinas-azar-catalunya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DECRET 52/2020, de 24 d&#8217;abril, del Consell, d&#8217;aprovació de bases reguladores per a la concessió directa d&#8217;ajudes per a contribuir a minimitzar l&#8217;impacte econòmic i social de la Covid-19 en els lloguers d&#8217;habitatge habitual.   (DOGV núm. 8803 de 04.05.2020)   Com a conseqüència de l&#8217;emergència de salut pública ocasionada per la Covid-19, el Govern d&#8217;Espanya ha declarat l&#8217;estat d&#8217;alarma en tot el territori nacional mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març. L&#8217;impacte que està tenint aquesta situació excepcional obliga al fet que les administracions públiques, en l&#8217;àmbit de les seues competències, adopten amb la màxima celeritat aquelles mesures tendents a pal·liar els efectes que està patint la nostra societat.  Davant d&#8217;aquesta situació d&#8217;emergència de salut pública, el Govern d&#8217;Espanya ha anat adoptant diverses mesures urgents de suport a la ciutadania, especialment a les persones més vulnerables, recollides en diversos decrets llei i, particularment, mesures de suport a les persones treballadores, consumidores, famílies i col·lectius vulnerables, contingudes en el capítol I del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s&#8217;adopten mesures urgents complementàries en l&#8217;àmbit social i econòmic per a fer front a la Covid-19.  En aquest sentit, pertoca l&#8217;adaptació i ajust del Pla estatal d&#8217;habitatge 2018-2021, pel qual s&#8217;ordena la posada en marxa de diversos programes d&#8217;ajudes per al pagament de les rendes de lloguer. Així, l&#8217;article 10 del reial decret llei esmentat determina que mitjançant una ordre del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana s&#8217;incorpore al Pla estatal d&#8217;habitatge 2018-2020, regulat en el Reial decret 106/2018, de 9 de març, un nou programa d&#8217;ajudes per a contribuir a minimitzar l&#8217;impacte econòmic i social de la Covid-19 en els lloguers d&#8217;habitatge habitual a fi d&#8217;atendre les persones arrendatàries d&#8217;habitatge habitual que, com a conseqüència d&#8217;aquesta circumstància, tinguen problemes transitoris per a atendre el pagament parcial o total del lloguer.  En la mateixa línia, l&#8217;article 11 contempla la substitució, també mitjançant una ordre ministerial, del Programa d&#8217;ajuda a persones en situació de desnonament o llançament del seu habitatge habitual contemplat en l&#8217;esmentat Pla estatal d&#8217;habitatge 2018-2021, per un nou anomenat «Programa d&#8217;ajuda a les víctimes de violència de gènere, persones objecte de desnonament del seu habitatge habitual, persones sense llar i altres especialment vulnerables» a l&#8217;objecte facilitar a aquests col·lectius una solució habitacional immediata.  Aquest mandat s&#8217;ha concretat en l&#8217;Ordre TMA/336/2020, de 9 d&#8217;abril, per la qual s&#8217;incorpora, substitueix i modifiquen sengles programes d&#8217;ajuda del Pla estatal d&#8217;habitatge 2018-2021, en compliment del que es disposa en els articles 10, 11 i 12 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s&#8217;adopten mesures urgents complementàries en l&#8217;àmbit social i econòmic per a fer front al Covid-19, publicada en el BOE d&#8217;11 d&#8217;abril  Aquesta ordre estableix els criteris per a l&#8217;aplicació de les ajudes, per la qual cosa és necessari que les comunitats autònomes facen efectiva la posada en marxa en els seus respectius àmbits del desenvolupament dels programes d&#8217;ajudes esmentats.  Així, en virtut del que es disposa en l&#8217;apartat 5 de l&#8217;article 2 de l&#8217;Ordre 336/2020, i el que s&#8217;estableix en el conveni de col·laboració subscrit entre el Ministeri de Foment i la Generalitat l&#8217;1 d&#8217;agost de 2018, per a l&#8217;execució del Pla estatal d&#8217;habitatge 2018-2021, pel qual s&#8217;estableixen les pautes de col·laboració per a garantir l&#8217;execució del Pla d&#8217;Habitatge, pertoca establir les bases reguladores que determinaran la gestió de les ajudes del nou programa esmentat, regulant-ne la tramitació, resolució de la concessió i pagament.  L&#8217;article 22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, estableix la possibilitat de concedir excepcionalment de manera directa subvencions quan s&#8217;acrediten raons d&#8217;interés públic, social, econòmic o humanitari, o unes altres degudament justificades que dificulten la seua convocatòria pública.  Per la seua part, l&#8217;article 168.1.C de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d&#8217;hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, regula el contingut mínim de les bases reguladores d&#8217;aquestes subvencions, així com els tràmits que han de desenvolupar-se durant el procediment d&#8217;elaboració, i assenyala que aquestes bases no tindran la consideració de disposicions de caràcter general. En aquest cas, queda degudament justificat, tant el caràcter singular de la subvenció, com les raons que acrediten l&#8217;interés públic i social, així com les que justifiquen la dificultat de la convocatòria pública.  En relació amb la política de la competència de la Unió Europea, les ajudes que es convoquen no requereixen notificació o comunicació a la Comissió Europea per no complir les condicions establides en l&#8217;article 107 del Tractat de funcionament de la Unió Europea.  En virtut de tot això, d&#8217;acord amb l&#8217;article 168.1.C de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, i l&#8217;article 28.c, de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, a proposta del vicepresident segon i conseller d&#8217;Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, prèvia deliberació del Consell, en la reunió de 24 d&#8217;abril de 2020,      DECRETE    Article 1. Objecte i àmbit  1. Aquest decret té per objecte regular les bases per a la concessió d&#8217;ajudes al lloguer a les persones arrendatàries d&#8217;habitatge habitual situat en el territori de la Comunitat Valenciana que, com a conseqüència de l&#8217;impacte econòmic i social de la Covid-19 tinguen problemes transitoris per a atendre el pagament parcial o total del lloguer i encaixen en els supòsits de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda que es defineixen en aquest decret.  2. Es considera inclòs dins de l&#8217;objecte d&#8217;aquest programa la concessió d&#8217;ajudes per a fer front a la devolució de les ajudes transitòries de finançament que les entitats bancàries hagen oferit a les persones sol·licitants que es troben en la situació de vulnerabilitat social i econòmica com a conseqüència de l&#8217;expansió de la Covid-19, recollides en l&#8217;article 9 del Reial decret llei 11/2020, pel qual s&#8217;adopten mesures urgents complementàries en l&#8217;àmbit social i econòmic per a fer front a la Covid-19 i contretes per persones arrendatàries d&#8217;habitatge habitual, a la devolució del qual no pogueren fer front.  3. Les ajudes tindran caràcter finalista, i per tant no podran aplicar-se a una altra destinació que el pagament de la renda del lloguer, o la cancel·lació, total o parcial, de les ajudes transitòries de finançament regulades en l&#8217;article 9 del Reial decret llei 11/2020.  4. Aquestes ajudes es desenvoluparan en 2020.    Article 2. Procediment de concessió  1. Aquestes subvencions es concediran de manera directa, en aplicació dels articles 22.2.c i 28, apartats 2 i 3 de la Llei 38/2003, i l&#8217;article 168.1.C de la Llei 1/2015, per concórrer raons d&#8217;interés públic, econòmic i social. En concret, el caràcter singular d&#8217;aquestes subvencions deriva de la naturalesa excepcional, única i imprevisible dels esdeveniments que les motiven.  2. Les ajudes es concediran atenent la mera concurrència dels requisits per a ser persona beneficiària per aplicació dels criteris continguts en l&#8217;article 7 d&#8217;aquest decret, sempre que existisca consignació pressupostària.  3. De conformitat amb l&#8217;article 30.7 de la Llei general de subvencions, la concessió d&#8217;aquestes subvencions no requerirà una altra justificació que les indicades en aquest decret, sense perjudici dels controls que s&#8217;efectuen amb posterioritat, que s&#8217;estendran a la totalitat de persones beneficiàries.  4. La competència per a resoldre sobre les sol·licituds presentades correspon a la persona titular de la Direcció General d&#8217;Emergència Habitacional, Funció Social de l&#8217;Habitatge, i Observatori de l&#8217;Hàbitat i Segregació Urbana.    Article 3. Finançament  1. La dotació d&#8217;aquestes ajudes ascendeix a un import global màxim estimat de 7.500.000,00 euros, amb càrrec a la línia habilitada a aquest efecte, dins del programa pressupostari 431.40, Emergència habitacional i funció social, sense perjudici de la seua possible ampliació que puga donar lloc a una generació, ampliació o incorporació de crèdit.  2. En el supòsit d&#8217;increment de l&#8217;import global màxim, l&#8217;òrgan concedent haurà de publicar en el DOGV la declaració de crèdits disponibles amb caràcter previ a la resolució de concessió en els mateixos mitjans que la convocatòria, sense que tal publicitat implique l&#8217;obertura de termini per a presentar noves sol·licituds ni l&#8217;inici de nou còmput de termini per a resoldre.  3. Per a donar cobertura a les obligacions econòmiques derivades d&#8217;aquest decret es tramitarà, d&#8217;acord amb el que disposa l&#8217;article 168.1.C de la Llei 1/2015, el corresponent expedient de modificació pressupostària.    Article 4. Persones beneficiàries i requisits  1. Podran beneficiar-se de les ajudes d&#8217;aquest programa les persones físiques que, en la seua condició d&#8217;arrendatàries d&#8217;habitatge habitual, acrediten estar en situació de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència de la Covid-19 per concórrer les circumstàncies expressades en l&#8217;article 5 d&#8217;aquest decret.  2. Les beneficiàries hauran d&#8217;acreditar, a més, que reuneixen els següents requisits:  a) Ser titular, en qualitat d&#8217;arrendatària, d&#8217;un contracte d&#8217;arrendament d&#8217;habitatge formalitzat en els termes de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d&#8217;arrendaments urbans. Aquesta circumstància haurà de ser acreditada de conformitat amb el que s&#8217;estableix en aquestes bases.  b) L&#8217;habitatge arrendat ha de constituir la residència habitual i permanent de la persona o unitat de familiar sol·licitant de l&#8217;ajuda. A aquest efecte en queden exclosos els subarrendaments així com els arrendaments als quals es refereix l&#8217;article 3 de la Llei 29/1994, «Arrendaments per a ús diferents d&#8217;habitatge».  c) Que la persona arrendatària o qualsevol de les que tinguen el seu domicili habitual i permanent en l&#8217;habitatge arrendat no tinga parentiu en primer o segon grau de consanguinitat o d&#8217;afinitat amb la persona que tinga la condició d&#8217;arrendador de l&#8217;habitatge.  d) Que la persona arrendatària o qualsevol de les que tinguen el seu domicili habitual i permanent en l&#8217;habitatge arrendat no siga sòcia o partícip de la persona física o jurídica que actue com a arrendadora.  3. No podran obtindre la condició de persones beneficiàries d&#8217;aquestes ajudes les que incórreguen en alguna de les circumstàncies previstes en l&#8217;article 13 de la Llei 38/2003.    Article 5. Supòsits de vulnerabilitat econòmica i social  1. Els supòsits de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència del Covid-19, als efectes del que es disposa en l&#8217;article 1, requeriran la concurrència conjunta en el beneficiari de l&#8217;ajuda dels següents requisits:  a) Que la persona que estiga obligada a pagar la renda de lloguer passe a estar en situació de desocupació, expedient temporal de regulació d&#8217;ocupació (ERTO) o, en cas de ser empresària, haja reduït la seua jornada per motiu de cures o altres circumstàncies similars que suposen una pèrdua substancial d&#8217;ingressos, i no arribe per això al conjunt dels ingressos dels membres de la unitat de convivència, en el mes anterior a la data de la convocatòria o en el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria, segons els terminis establits els articles 4 i 8 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s&#8217;adopten mesures urgents complementàries en l&#8217;àmbit social i econòmic per a fer front a la Covid-19:    1r. Amb caràcter general, el límit de tres vegades l&#8217;indicador públic de renda d&#8217;efectes múltiples mensual (IPREM).  2n. Aquest límit s&#8217;incrementarà en 0,1 vegades l&#8217;IPREM per cada fill o filla a càrrec en la unitat de convivència. L&#8217;increment aplicable per fill o filla a càrrec serà de 0,15 vegades l&#8217;IPREM per cada fill o filla en el cas d&#8217;unitat familiar monoparental.  3r. Aquest límit s&#8217;incrementarà en 0,1 vegades l&#8217;IPREM per cada persona major de 65 anys membre de la unitat de convivència.  4t. En cas que algun dels membres de la unitat de convivència tinga declarada discapacitat superior al 33 %, situació de dependència o malaltia que l&#8217;incapacite acreditadament de manera permanent per a realitzar una activitat laboral, el límit previst en el subapartat 1r serà de quatre vegades l&#8217;IPREM, sense perjudici dels increments acumulats per fill o filla a càrrec.  5è. En el cas que la persona obligada a pagar la renda arrendatícia siga persona amb paràlisi cerebral, amb malaltia mental o amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 %, o persona amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconeguda igual o superior al 65 %, així com en els casos de malaltia greu que incapacite acreditadament la persona o a la seua cuidadora, per a realitzar una activitat laboral, el límit previst en el subapartat 1r serà de cinc vegades l&#8217;IPREM.  b) Que la renda arrendatícia, més les despeses i subministraments bàsics, resulte igual o superior al 35 % dels ingressos nets que perceba el conjunt dels membres de la unitat de convivència. A aquest efecte, s&#8217;entendrà per «despeses i subministraments bàsics» l&#8217;import del cost dels subministraments d&#8217;electricitat, gas, gasoil per a calefacció, aigua corrent, dels serveis de telecomunicació fixa i mòbil, i les possibles contribucions a la comunitat de propietaris, tots ells de l&#8217;habitatge habitual que corresponga satisfer a la persona arrendatària.  2. Als efectes del que es preveu en aquest article, es considerarà unitat de convivència la formada pel conjunt de persones que estan empadronades en un mateix habitatge amb anterioritat al 15 de març de 2020, existisquen o no llaços familiars.  3. No s&#8217;entendrà que hi concorren els supòsits de vulnerabilitat econòmica i social a conseqüència de l&#8217;emergència sanitària ocasionada per la Covid-19 quan la persona arrendatària o qualsevol de les persones que componen la unitat familiar que habita aquella siga propietària o usufructuària d&#8217;algun habitatge a Espanya.  Es considerarà que no concorren aquestes circumstàncies quan el dret recaiga únicament sobre una part alíquota d&#8217;aquesta i s&#8217;haja obtingut per herència o mitjançant transmissió mortis causa sense testament.    S&#8217;exceptuarà d&#8217;aquest requisit també els qui, sent titulars d&#8217;un habitatge, acrediten la no disponibilitat d&#8217;aquest per causa de separació o divorci, per qualsevol altra causa aliena a la seua voluntat o quan l&#8217;habitatge siga inaccessible per raó de discapacitat del seu titular o d&#8217;alguna de les persones que conformen la unitat de convivència.    4. Tampoc es consideraran supòsit de vulnerabilitat econòmica i social, en aplicació del principi de capacitat econòmica, aquelles unitats de convivència els ingressos declarats de les quals en l&#8217;últim exercici fiscal vençut (2018) superen 5 vegades l&#8217;IPREM (37.598,00 euros). Per a aquest càlcul es partirà de les quanties de la base imposable general i de l&#8217;estalvi, regulades en els articles 48 i 49 respectivament, de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l&#8217;impost sobre la renda de les persones físiques.    Article 6. Acreditació de les condicions de vulnerabilitat social i econòmica  1. La concurrència de les circumstàncies de vulnerabilitat social i econòmica haurà d&#8217;haver-se produït amb posterioritat al 15 de març de 2020, i haurà d&#8217;acreditar-se per la persona arrendatària mitjançant la presentació dels següents documents:  a) En cas de situació legal de desocupació, mitjançant un certificat expedit per l&#8217;entitat gestora de les prestacions, LABORA-Servei valencià d&#8217;ocupació i formació, en el qual figure la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per desocupació.  b) En cas de cessament d&#8217;activitat de les persones treballadores per compte propi, mitjançant un certificat expedit per l&#8217;Agència Estatal de l&#8217;Administració Tributària o l&#8217;òrgan competent de la comunitat autònoma, en el seu cas, o declaració responsable de cessament de la prestació per persones autònomes segons model del Servei Públic d&#8217;Ocupació estatal (SEPE)  c) Nombre de persones que habiten a l&#8217;habitatge habitual mitjançant l&#8217;aportació d&#8217;un volant històric únic d&#8217;empadronament que acredite, en la data de la sol·licitud, les persones que tenen el seu domicili habitual a l&#8217;habitatge objecte de contracte, als efectes de determinar la unitat de convivència i l&#8217;edat de les persones empadronades. El document haurà de ser únic per habitatge, i inclourà totes les persones que hi figuren empadronades, amb referència als sis mesos anteriors a la data de la sol·licitud, com a mínim.  d) Declaració de discapacitat, de dependència o d&#8217;incapacitat permanent per a realitzar una activitat laboral, si escau, que acredite cadascuna de les circumstàncies concurrents en la unitat de convivència a què fa referència l&#8217;article 5.1.a, supòsits 4t i 5é.  e) Titularitat dels béns: nota simple del servei d&#8217;índexs del registre de la propietat de tots els membres de la unitat de convivència.    f) Declaració responsable relativa al compliment dels requisits exigits en l&#8217;article 4, apartat 2, subapartats c i d. La declaració responsable haurà d&#8217;estar subscrita per la persona peticionària de l&#8217;ajuda i la resta de membres de la unitat familiar, segons el model que estarà disponible en la pàgina web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d&#8217;Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica (http://www.habitatge.gva.es)  2. A fi de quantificar les despeses i subministraments bàsics, es computarà com a tals un percentatge de la renda de lloguer en funció dels membres que componen la unitat de convivència de conformitat amb els següents criteris:   un o dos membres: 30 %   tres membres: 40 %   quatre o més membres: 50 %  3. Documentació acreditativa dels supòsits de vulnerabilitat, per a la quantificació de l&#8217;ajuda a percebre, definits en l&#8217;apartat 3.a de l&#8217;article 7.    Article 7. Quantia i termini de l&#8217;ajuda  1. La quantia de l&#8217;ajuda podrà arribar al 100 % de la renda arrendatícia que conste en el contracte d&#8217;arrendament, fins a un import màxim de 650,00 euros al mes i per un període màxim de 6 meso, i es podrà incloure&#8217;s com a primera mensualitat la corresponent al mes d&#8217;abril de 2020.  En els supòsits en els quals l&#8217;import que calga abonar a l&#8217;arrendadora incloga despeses diferents de la renda del lloguer d&#8217;habitatge, i no estiguen desglossades en el contracte, es prendrà com a import de la renda que calga subvencionar el 90 % de l&#8217;import total que conste en el contracte d&#8217;arrendament. No seran subvencionables les despeses generals, serveis, tributs, càrregues i responsabilitats que no siguen susceptibles d&#8217;individualització, que les parts hagen acordat que siguen a càrrec de l&#8217;arrendatària i que s&#8217;incloguen en el contracte com a conceptes diferenciats de la renda de lloguer.  2. L&#8217;import de l&#8217;ajuda es calcularà prenent com a referència la renda de lloguer que conste en el contracte d&#8217;arrendament en relació amb els ingressos declarats i la situació de vulnerabilitat econòmica acreditada, d&#8217;acord amb el que s&#8217;exposa en la següent taula:    Ingressos de la unitat de convivència segons IPREM Situació de vulnerabilitat econòmica Grau de vulnerabilitat econòmica % Ajuda (màx. 650,00 euros)  Fins a 1 IPREM a 9 100 %  b 8 90 %  c 7 80 %  Fins a 15 IPREM a 8 90 %  b 7 80 %  c 6 70 %  Fins a 2 IPREM a 7 80 %  b 6 70 %  c 5 60 %  Fins a 25 IPREM a 6 70 %  b 5 60 %  c 4 50 %  Fins a 3 IPREM a 5 60 %  b 4 55 %  c 3 50 %  Fins a 4 IPREM a 4 55 %  b 3 50 %  c 2 45 %  Fins a 5 IPREM a 3 50 %  b 2 45 %  c 1 40 %      3. Situacions de vulnerabilitat econòmica als efectes de la determinació de la quantia que s&#8217;ha de percebre i documentació acreditativa d&#8217;aquests:  a) Es considerarà que la persona sol·licitant es troba dins del supòsit de vulnerabilitat econòmica a quan acredite documentalment pertànyer a algun dels següents grups d&#8217;especial atenció:  1r. Sol·licituds presentades per persones que tenen la condició de família monoparental: títol expedit segons el que s&#8217;estableix en el Decret 19/2018, de 9 de març, del Consell, pel qual es regula el reconeixement de la condició de família monoparental en la Comunitat Valenciana.  2n. Sol·licituds presentades per unitats de convivència que constituïsquen família nombrosa: títol de família nombrosa.  3r. Sol·licituds presentades per dones o unitats de convivència amb dones víctimes de violència de gènere: documentació judicial o administrativa que ho acredite.  4t. Sol·licituds presentades per víctimes del terrorisme: documentació que acredite fefaentment aquesta circumstància.  5é. Sol·licituds presentades per persones, o unitats familiars amb algun membre amb diversitat funcional, amb un grau igual o superior al 33 %: certificat de la Conselleria d&#8217;Igualtat i Polítiques Inclusives o de l&#8217;Institut Nacional de la Seguretat Social acreditatiu d&#8217;aquest aspecte, o una altra documentació acreditativa d&#8217;aquesta circumstància.  6é. Sol·licitades per joves extutelats: resolució de cessament de mesures emesa per la conselleria competent.  7é. Persones o unitats de convivència en la qual existisca alguna persona amb malaltia mental greu: informe del metge facultatiu emés per la unitat pública de salut mental.  8é. Unitats de convivència en les quals alguna persona assumeix la pàtria potestat, tutela o acolliment familiar permanent del menor orfe per violència de gènere: documentació administrativa o judicial que acredite aquesta circumstància.  9é. Dones en situació de necessitat o en risc d&#8217;exclusió, especialment quan tinguen fill o filles menors exclusivament al seu càrrec: documentació o informes municipals o d&#8217;un altre tipus que acrediten aquesta circumstància.  b) Es considerarà que la persona sol·licitant es troba dins del supòsit de vulnerabilitat econòmica b quan la seua unitat de convivència estiga formada per tres o més membres. Als efectes d&#8217;acreditació documental d&#8217;aquesta circumstància es prendrà el volant únic d&#8217;empadronament.    c) Es considerarà que la persona sol·licitant es troba dins del supòsit de vulnerabilitat econòmica c quan la seua unitat de convivència estiga formada entre un o dos2 membres. Als efectes d&#8217;acreditació documental d&#8217;aquesta circumstància es prendrà el volant únic d&#8217;empadronament.    4. La concessió de les ajudes es prioritzarà en funció del grau de vulnerabilitat econòmica de les persones beneficiàries fins que s&#8217;esgote l&#8217;import global, de manera que tindran prioritat les persones beneficiàries el grau de vulnerabilitat econòmica de les quals siga major. En el cas que, en esgotar-se l&#8217;import global, existiren diverses persones beneficiàries amb el mateix grau de vulnerabilitat econòmica, tindran prioritat les sol·licituds presentades per dones en situació de família monoparental, víctimes de violència de gènere i les de major edat, per aquest ordre.    El grau de vulnerabilitat econòmica es determinarà en funció de la situació de vulnerabilitat econòmica acreditada i dels ingressos totals de la unitat de convivència segons el seu IPREM. Aquest grau de vulnerabilitat econòmica queda determinat en la taula continguda en l&#8217;apartat 2 d&#8217;aquest article.  5. La Direcció General d&#8217;Emergència Habitacional, Funció Social de l&#8217;Habitatge i Observatori de l&#8217;Hàbitat i la Segregació Urbana podrà demana a les unitats municipals d&#8217;atenció primària del sistema valencià de serveis socials un informe social relatiu a les circumstàncies de vulnerabilitat de les unitats de convivència sol·licitants, si així s&#8217;estima oportú.  6. En el supòsit d&#8217;haver accedit a les ajudes transitòries de finançament recollides en l&#8217;article 9 del Reial decret llei 11/2020, l&#8217;ajuda podrà arribar fins a un import màxim de 3.900,00 euros, amb la qual se satisfarà totalment o parcialment el pagament de la renda de l&#8217;habitatge habitual; l&#8217;ajuda es calcularà en els termes assenyalats amb anterioritat.    Article 8. Forma i termini de presentació de sol·licituds  1. La sol·licitud es presentarà seguint el model normalitzat, acompanyada sempre de la declaració responsable signada per la persona sol·licitant, juntament amb la documentació requerida:  a) Si es disposa de certificat digital, la sol·licitud d&#8217;ajuda podrà ser presentada per la persona interessada de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat, a través del procediment habilitat a aquest efecte i anomenat «Ajuda per a contribuir a minimitzar l&#8217;impacte econòmic i social de la Covid-19 en els lloguers d&#8217;habitatge habitual». En la pàgina web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d&#8217;Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica (http://www.habitatge.gva.es) estarà disponible la informació i documentació de la convocatòria i s&#8217;habilitarà l&#8217;accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud. També s&#8217;admetran les sol·licituds presentades telemàticament per titulars de certificat digital quan actuen, degudament autoritzats, en representació d&#8217;uns altres.    b) Si no es disposa de certificat digital, la persona interessada haurà d&#8217;emplenar electrònicament el formulari de sol·licitud d&#8217;ajuda disponible en la pàgina web assenyalada en l&#8217;apartat anterior i se n&#8217;imprimirà el justificant. Aquest justificant constituirà l&#8217;imprés de sol·licitud i haurà de presentar-se degudament signat en els registres habilitats i, preferiblement, en les seus dels serveis territorials d&#8217;Habitatge i Arquitectura bioclimàtica.  A més, els serveis territorials oferiran un punt d&#8217;accés a internet i, per a aquells casos que el requerisquen, es podrà facilitar ajuda mitjançant cita prèvia. La sol·licitud emplenada en els termes assenyalats en l&#8217;apartat anterior podrà ser presentada en qualsevol altre registre establit per la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.  L&#8217;emplenament electrònic del formulari de sol·licitud per les persones peticionàries que no disposen de certificat digital no implicarà, per si mateix, que s&#8217;haja sol·licitat l&#8217;ajuda amb inici del procediment telemàtic per a la concessió. Si no es presenta el justificant degudament subscrit per la peticionària de l&#8217;ajuda acompanyat de la documentació requerida en algun dels registres d&#8217;entrada assenyalats en l&#8217;apartat anterior en el termini de sol·licitud establit en aquest decret, es considerarà que la sol·licitud no ha sigut presentada.  2. Els ajuntaments o mancomunitats podran presentar sol·licituds telemàticament mitjançant certificat digital, en nom de les persones o unitats de convivència interessades que els autoritzen mitjançant el corresponent formulari. Per a això es podrà habilitar l personal dels ajuntaments o mancomunitats mitjançant la presentació de la credencial subscrita degudament en formulari normalitzat disponible en el web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d&#8217;Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.  3. Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent de l&#8217;establit en aquest decret serà inadmesa.  4. Les circumstàncies declarades en el full d&#8217;autobaremació i no acreditades en tots els seus punts no es computaran. Si la sol·licitant de l&#8217;ajuda no poguera aportar algun dels documents requerits, podrà substituir-lo mitjançant una declaració responsable que incloga la justificació expressa dels motius, relacionats amb les conseqüències de la crisi de la Covid-19, que li impedeixen tal aportació.  5. La sol·licitud de les ajudes implicarà l&#8217;autorització de les interessades perquè l&#8217;Administració de la Generalitat puga procedir al tractament de les dades de caràcter personal en la mesura que siga necessari per a la gestió de les ajudes, tot això de conformitat amb el que es preveu en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i les seues normes de desplegament.  6. El termini de presentació de sol·licituds s&#8217;iniciarà l&#8217;endemà hàbil de la publicació d&#8217;aquest decret en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, a les 09.00 hores, i romandrà obert fins a les 12.00 hores del 30 de juny de 2020.  7. Només s&#8217;admetrà una sol·licitud per persona o unitat familiar.    Article 9. Documentació que ha d&#8217;acompanyar la sol·licitud  1. Juntament amb el model normalitzat de la sol·licitud que inclou l&#8217;autobaremació subscrita per l&#8217;arrendatària, es presentarà la següent documentació:  a) Documentació acreditativa de la situació de vulnerabilitat econòmica i social de la persona beneficiària o unitat de convivència relacionada en l&#8217;article 6, així com dels supòsits d&#8217;especial protecció de l&#8217;article 7.  b) Còpia completa del contracte d&#8217;arrendament en vigor, amb esment exprés de l&#8217;import del lloguer de l&#8217;habitatge i de la duració mínima d&#8217;un any signat per la part arrendadora i arrendatària.  El contracte d&#8217;arrendament haurà d&#8217;estar formalitzat en els termes que es deriven de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d&#8217;arrendaments urbans, sense que siguen vàlids contractes de lloguer subscrits a l&#8217;empara de la normativa sectorial reguladora dels apartaments turístics.    El contracte d&#8217;arrendament inclourà expressament el mitjà i la forma de pagament a la persona arrendadora.  c) Acreditació del pagament de les últimes tres mensualitats, llevat que el contracte tinguera una vigència de menor termini, i en aquest cas s&#8217;acreditarà el pagament des de l&#8217;inici del contracte.  d) Imprés model de domiciliació bancària.  e) En cas d&#8217;actuar mitjançant representant, s&#8217;aportarà n formulari relatiu a la representació.  f) En el cas que l&#8217;ajuda sol·licitada ho siga per a fer front a la devolució de les ajudes transitòries de finançament recollides en l&#8217;article 9 del Reial decret llei 11/2020, pel qual s&#8217;adopten mesures urgents complementàries en l&#8217;àmbit social i econòmic per a fer front a la Covid-19 i contretes per arrendatàries d&#8217;habitatge habitual, a la devolució del qual no pogueren fer front, certificat expedit per l&#8217;entitat bancària acreditativa de la concessió del préstec i quantia d&#8217;aquest.    g) Autorització de les persones interessades, inclosa en el mateix model normalitzat assenyalat en l&#8217;apartat anterior, per a permetre a l&#8217;Administració de la Generalitat el tractament de les dades de caràcter personal en la mesura que siga necessària per a la gestió de les ajudes, tot això de conformitat amb el que es preveu en la Llei orgànica 3/2018, o normativa que la substituïsca, i les seues normes de desplegament. Les dades de caràcter personal, econòmic, tributari o patrimonial de cadascun dels membres de la unitat de convivència major de setze anys seran comprovades per l&#8217;Administració en el marc de col·laboració establit amb les diferents administracions i entitats.  L&#8217;autorització haurà de ser signada per tots els membres de la unitat de convivència majors de setze anys.  2. En el cas que la persona sol·licitant s&#8217;opose expressament al fet que la Direcció General d&#8217;Emergència Habitacional, Funció Social de l&#8217;Habittage i Observatori de l&#8217;Hàbitat i la Segregació Urbana sol·licite, a través de la Plataforma Autonòmica d&#8217;Intermediació (PAI) i altres sistemes habilitats a aquest efecte, la informació relativa a les següents circumstàncies, haurà d&#8217;aportar la corresponent documentació acreditativa:    a) Identitat de la persona física sol·licitant i, si escau, de la seua representant.  b) Vida Laboral, certificada per la Tresoreria de la Seguretat Social.  c) Certificat positiu de l&#8217;Agència Estatal de l&#8217;Administració Tributària, de la conselleria competent en matèria d&#8217;hisenda i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.    d) Certificat de l&#8217;Agència Estatal d&#8217;Administració Tributària relatiu als rendiments d&#8217;activitat econòmica, domicili fiscal i qualsevol dels requisits exigits a les persones beneficiàries.    Article 10. Instrucció  1. La instrucció del procediment correspondrà als serveis territorials competents en matèria d&#8217;habitatge i arquitectura bioclimàtica.    2. El criteri per a la concessió de la subvenció serà el que s&#8217;estableix en l&#8217;apartat 4 de l&#8217;article 7, fins a esgotar el crèdit disponible.  3. L&#8217;esmena d&#8217;aquestes sol·licituds es realitzarà mitjançant la publicació en la pàgina web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d&#8217;Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. Aquesta publicació substituirà la notificació individual, d&#8217;acord amb el que es preveu en la legislació reguladora del procediment administratiu comú. Les sol·licitants que hagen facilitat un número de telèfon mòbil podran ser avisades de la publicació del llistat mitjançant un missatge de text SMS.  4. Examinades les sol·licituds, l&#8217;òrgan instructor emetrà un informe i formularà la proposta de concessió a l&#8217;òrgan competent per a resoldre.    Article 11. Resolució i recursos  1. La competència per a resoldre sobre les sol·licituds presentades correspon a la persona titular de la Direcció General d&#8217;Emergència Habitacional, Funció Social de l&#8217;Habitatge i Observatori de l&#8217;Hàbitat i la Segregació Urbana.  2. La resolució de concessió determinarà la quantia concedida i incorporarà, si escau, les condicions, obligacions i determinacions accessòries a què haja de subjectar-se el beneficiari.  3. El termini per a resoldre i notificar la resolució procedent serà el que es preveu en la Llei 39/2015. Transcorregut aquest termini sense que s&#8217;haja dictat i notificat resolució expressa, es produirà el silenci administratiu i la sol·licitud podrà entendre&#8217;s desestimada.  La resolució del procediment es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en la pàgina web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d&#8217;Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, de conformitat amb el que es disposa en el article 40 de la Llei 39/2015. Tot això sense perjudici de la remissió, mitjançant un missatge de text o SMS, de la informació sobre el lloc on es publicarà la resolució de la seua sol·licitud d&#8217;ajuda a la persona beneficiària que haja facilitat un número de telèfon mòbil a aquest efecte.  La publicació es realitzarà respectant en tot cas els drets reconeguts en la Llei orgànica 3/2018.  4. La resolució posarà fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se un recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan en el termini d&#8217;un mes a partir de l&#8217;endemà de la notificació, d&#8217;acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d&#8217;1 d&#8217;octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant del corresponent jutjat contenciós administratiu, de conformitat amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.    Article 12. Forma de pagament  1. La liquidació i pagament de les ajudes s&#8217;efectuarà una vegada justificat el compliment dels requisits amb la documentació presentada juntament amb la sol·licitud. L&#8217;import de l&#8217;ajuda es lliurarà d&#8217;una sola vegada després que es dicte la resolució de concessió.  2. No obstant l&#8217;anterior, podrà acordar-se que el pagament es realitze directament a l&#8217;arrendadora per compte de l&#8217;arrendatària en el cas que no s&#8217;haguera satisfet el pagament del lloguer per l&#8217;arrendatària, llevat que s&#8217;haja subscrit un préstec mitjançant les ajudes transitòries de finançament regulades en l&#8217;article 9 del Reial decret llei 11/2020 i el període de les mensualitats i les quanties cobertes foren coincidents.    3. En tot cas, quan s&#8217;haja concedit un préstec mitjançant les ajudes transitòries de finançament regulades en l&#8217;article 9 del Reial decret llei 11/2020, la quantia de l&#8217;ajuda concedida haurà de destinar-se a l&#8217;amortització del préstec. Únicament quan s&#8217;haja cancel·lat la totalitat del préstec, i l&#8217;import d&#8217;aquest siga inferior al de l&#8217;ajuda concedida, podrà destinar-se a cobrir el pagament de noves mensualitats de renda o d&#8217;imports superiors d&#8217;aquella fins a arribar al total de l&#8217;ajuda rebuda.      Article 13. Obligacions i responsabilitats de les persones beneficiàries    1. La persona o la unitat familiar beneficiària queda obligada a mantindre el domicili habitual i permanent a l&#8217;habitatge objecte d&#8217;ajuda, durant els sis mesos per què es concedeix l&#8217;ajuda.  2. Les persones beneficiàries de les ajudes estaran obligades a comunicar immediatament a l&#8217;administració concedent qualsevol modificació de les condicions o requisits que van motivar tal reconeixement i que puga determinar la pèrdua sobrevinguda del dret a l&#8217;ajuda. En aquest supòsit, si escau, aquest òrgan competent resoldria limitant el termini de concessió de l&#8217;ajuda fins a la data de la pèrdua sobrevinguda del dret.  3. Així mateix, en virtut del que s&#8217;estableix en la Llei 38/2003, la part beneficiària queda obligada a:  a) Facilitar qualsevol document o informació que l&#8217;Administració de la Generalitat considere necessari per al control del compliment de les finalitats previstes.  b) Sotmetre&#8217;s a les actuacions de control financer previstes en els articles 113 i següents de la Llei 1/2015 i en els articles 44 i següents de la Llei 38/2003, així com les que puguen dur a terme la Generalitat i altres òrgans de control en relació amb les ajudes i subvencions concedides.  c) Comunicar l&#8217;obtenció d&#8217;altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol altra administració o ens públic o privat, nacional o internacional, així com qualsevol incidència o variació que es produïsca en relació amb la subvenció concedida.      Article 14. Justificació de l&#8217;ajuda concedida  1. Les persones o unitats de convivència sol·licitants de les ajudes han d&#8217;aportar la documentació bancària que acredite de manera indubtable que han abonat, en el compte la titularitat del qual correspon a la part arrendadora, la renda corresponent als mesos per als quals s&#8217;ha concedit l&#8217;ajuda com a mitjà de justificació de la subvenció concedida.    En el cas que l&#8217;ajuda concedida ho fora per a fer front a la devolució de les ajudes transitòries de finançament que les entitats bancàries hagueren pogut concedir-li per al pagament de la renda de lloguer, haurà d&#8217;aportar-se, a més, un certificat expedit per l&#8217;entitat bancària corresponent acreditatiu que l&#8217;ajuda concedida ha sigut destinada a l&#8217;amortització del préstec.  2. La documentació justificativa dels pagaments podrà presentar-se en paper o mitjançant el procediment telemàtic disponible en la seu electrònica de la Generalitat(www.gva.es). Per a això es disposarà d&#8217;un termini de tres mesos a comptar des de la finalització del termini de sis mesos corresponents al període per al qual es concedeix l&#8217;ajuda, perquè s&#8217;aporte la documentació acreditativa que justifique la finalitat de la subvenció.    Article 15. Control i reintegrament  1. La Generalitat podrà comprovar, pels mitjans que estime més adequats, el compliment de les obligacions inherents a l&#8217;atorgament de les ajudes. L&#8217;incompliment d&#8217;aquestes obligacions o la comprovació de la falsedat de les dades aportades a l&#8217;expedient donaran lloc al reintegrament de les ajudes concedides i a la devolució de les quanties atorgades, que generaran els corresponents interessos de demora. En particular, pertocarà el reintegrament total de l&#8217;ajuda en el supòsit de falsedat de les declaracions responsables presentades. Així mateix, correspondrà el reintegrament per l&#8217;import no justificat en els casos en què la renda abonada per l&#8217;arrendament siga inferior a la subvenció concedida.    2. D&#8217;acord amb el que es disposa en l&#8217;article 41 de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana, es perdrà el dret a la subvenció o es reintegrarà aquesta quan la subvenció es destine a la realització d&#8217;una activitat o al compliment d&#8217;una finalitat prohibida en el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre. En qualsevol cas, hi serà aplicable el que es disposa en matèria de control financer, reintegrament i infraccions i sancions administratives en la Llei 1/2015 i en la Llei 38/2003.    3. El que es disposa en els apartats anteriors serà aplicable sense perjudici de la possible qualificació dels fets com a infracció administrativa i incoació del procediment sancionador, d&#8217;acord amb els articles 52 i següents de la Llei 38/2003, i els articles 173 i següents de la Llei 1/2015.    Article 16. Compatibilitat de l&#8217;ajuda  Amb independència que s&#8217;haja subscrit o no un préstec mitjançant les ajudes transitòries de finançament regulades en l&#8217;article 9 del Reial decret llei 11/2020, l&#8217;ajuda és compatible amb qualsevol altra ajuda al lloguer que percebera la persona arrendatària, fins i tot si fora amb càrrec al Pla estatal d&#8217;habitatge 2018-2021, sempre que el total de les ajudes no supere el 100 % de l&#8217;import del lloguer del mateix període. En cas de superar-lo, si l&#8217;ajuda corresponent a aquest programa fora concedida, es reduiria en la quantia necessària fins a complir aquest límit.        DISPOSICIÓ ADDICIONAL    Única. Normativa aplicable  1. Aquestes ajudes tenen la consideració de subvencions públiques i es regeixen per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,;el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s&#8217;aprova el seu reglament, i altres normatives concordants, i per la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d&#8217;hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.  2. En aplicació de l&#8217;apartat 4 de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, la suspensió de terminis no s&#8217;aplicarà al procediment de concessió d&#8217;aquestes ajudes, per ser un procediment referit a situacions estretament vinculades als fets que justifiquen l&#8217;estat d&#8217;alarma.      DISPOSICIONS FINALS    Primer. Habilitació  S&#8217;habilita la persona titular de la Direcció General d&#8217;Emergència Habitacional, Funció Social de l&#8217;Habitatge i Observatori de l&#8217;Hàbitat i la Segregació Urbana, o l&#8217;òrgan en què aquesta delegue, per a dictar les instruccions i adoptar les mesures que considere oportunes per a l&#8217;aplicació i execució d&#8217;aquest decret.    Segona. Efectes  Aquest decret produirà efectes a partir de l&#8217;endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.    Contra aquest decret, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar potestativament un recurs de reposició davant de l&#8217;òrgan que ha dictat l&#8217;acte, en el termini d&#8217;un mes des de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d&#8217;acord amb el que es disposa en els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d&#8217;1 d&#8217;octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de l&#8217;endemà de publicar-se, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Tot això de conformitat amb el que es disposa en els articles 10, 44 i 46 de l&#8217;esmentada Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i sense perjudici que s&#8217;utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.    València, 24 d&#8217;abril de 2020    El president de la Generalitat  XIMO PUIG I FERRER    El vicepresident segon i conseller d&#8217;Habitatge  i Arquitectura Bioclimàtica,  RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU</title>
		<link>https://normativamunicipal.com/decret-52-2020-de-24-dabril-del-consell-daprovacio-de-bases-reguladores-per-a-la-concessio-directa-dajudes-per-a-contribuir-a-minimitzar-limpacte-economic-i-social-de-la-covid-19-en-els-lloguer/</link>
					<comments>https://normativamunicipal.com/decret-52-2020-de-24-dabril-del-consell-daprovacio-de-bases-reguladores-per-a-la-concessio-directa-dajudes-per-a-contribuir-a-minimitzar-limpacte-economic-i-social-de-la-covid-19-en-els-lloguer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2020 12:54:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://normativamunicipal.com/uncategorized/decret-52-2020-de-24-dabril-del-consell-daprovacio-de-bases-reguladores-per-a-la-concessio-directa-dajudes-per-a-contribuir-a-minimitzar-limpacte-economic-i-social-de-la-covid-19-en-els-lloguer/</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://normativamunicipal.com/decret-52-2020-de-24-dabril-del-consell-daprovacio-de-bases-reguladores-per-a-la-concessio-directa-dajudes-per-a-contribuir-a-minimitzar-limpacte-economic-i-social-de-la-covid-19-en-els-lloguer/">DECRET 52/2020, de 24 d&#8217;abril, del Consell, d&#8217;aprovació de bases reguladores per a la concessió directa d&#8217;ajudes per a contribuir a minimitzar l&#8217;impacte econòmic i social de la Covid-19 en els lloguers d&#8217;habitatge habitual.   (DOGV núm. 8803 de 04.05.2020)   Com a conseqüència de l&#8217;emergència de salut pública ocasionada per la Covid-19, el Govern d&#8217;Espanya ha declarat l&#8217;estat d&#8217;alarma en tot el territori nacional mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març. L&#8217;impacte que està tenint aquesta situació excepcional obliga al fet que les administracions públiques, en l&#8217;àmbit de les seues competències, adopten amb la màxima celeritat aquelles mesures tendents a pal·liar els efectes que està patint la nostra societat.  Davant d&#8217;aquesta situació d&#8217;emergència de salut pública, el Govern d&#8217;Espanya ha anat adoptant diverses mesures urgents de suport a la ciutadania, especialment a les persones més vulnerables, recollides en diversos decrets llei i, particularment, mesures de suport a les persones treballadores, consumidores, famílies i col·lectius vulnerables, contingudes en el capítol I del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s&#8217;adopten mesures urgents complementàries en l&#8217;àmbit social i econòmic per a fer front a la Covid-19.  En aquest sentit, pertoca l&#8217;adaptació i ajust del Pla estatal d&#8217;habitatge 2018-2021, pel qual s&#8217;ordena la posada en marxa de diversos programes d&#8217;ajudes per al pagament de les rendes de lloguer. Així, l&#8217;article 10 del reial decret llei esmentat determina que mitjançant una ordre del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana s&#8217;incorpore al Pla estatal d&#8217;habitatge 2018-2020, regulat en el Reial decret 106/2018, de 9 de març, un nou programa d&#8217;ajudes per a contribuir a minimitzar l&#8217;impacte econòmic i social de la Covid-19 en els lloguers d&#8217;habitatge habitual a fi d&#8217;atendre les persones arrendatàries d&#8217;habitatge habitual que, com a conseqüència d&#8217;aquesta circumstància, tinguen problemes transitoris per a atendre el pagament parcial o total del lloguer.  En la mateixa línia, l&#8217;article 11 contempla la substitució, també mitjançant una ordre ministerial, del Programa d&#8217;ajuda a persones en situació de desnonament o llançament del seu habitatge habitual contemplat en l&#8217;esmentat Pla estatal d&#8217;habitatge 2018-2021, per un nou anomenat «Programa d&#8217;ajuda a les víctimes de violència de gènere, persones objecte de desnonament del seu habitatge habitual, persones sense llar i altres especialment vulnerables» a l&#8217;objecte facilitar a aquests col·lectius una solució habitacional immediata.  Aquest mandat s&#8217;ha concretat en l&#8217;Ordre TMA/336/2020, de 9 d&#8217;abril, per la qual s&#8217;incorpora, substitueix i modifiquen sengles programes d&#8217;ajuda del Pla estatal d&#8217;habitatge 2018-2021, en compliment del que es disposa en els articles 10, 11 i 12 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s&#8217;adopten mesures urgents complementàries en l&#8217;àmbit social i econòmic per a fer front al Covid-19, publicada en el BOE d&#8217;11 d&#8217;abril  Aquesta ordre estableix els criteris per a l&#8217;aplicació de les ajudes, per la qual cosa és necessari que les comunitats autònomes facen efectiva la posada en marxa en els seus respectius àmbits del desenvolupament dels programes d&#8217;ajudes esmentats.  Així, en virtut del que es disposa en l&#8217;apartat 5 de l&#8217;article 2 de l&#8217;Ordre 336/2020, i el que s&#8217;estableix en el conveni de col·laboració subscrit entre el Ministeri de Foment i la Generalitat l&#8217;1 d&#8217;agost de 2018, per a l&#8217;execució del Pla estatal d&#8217;habitatge 2018-2021, pel qual s&#8217;estableixen les pautes de col·laboració per a garantir l&#8217;execució del Pla d&#8217;Habitatge, pertoca establir les bases reguladores que determinaran la gestió de les ajudes del nou programa esmentat, regulant-ne la tramitació, resolució de la concessió i pagament.  L&#8217;article 22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, estableix la possibilitat de concedir excepcionalment de manera directa subvencions quan s&#8217;acrediten raons d&#8217;interés públic, social, econòmic o humanitari, o unes altres degudament justificades que dificulten la seua convocatòria pública.  Per la seua part, l&#8217;article 168.1.C de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d&#8217;hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, regula el contingut mínim de les bases reguladores d&#8217;aquestes subvencions, així com els tràmits que han de desenvolupar-se durant el procediment d&#8217;elaboració, i assenyala que aquestes bases no tindran la consideració de disposicions de caràcter general. En aquest cas, queda degudament justificat, tant el caràcter singular de la subvenció, com les raons que acrediten l&#8217;interés públic i social, així com les que justifiquen la dificultat de la convocatòria pública.  En relació amb la política de la competència de la Unió Europea, les ajudes que es convoquen no requereixen notificació o comunicació a la Comissió Europea per no complir les condicions establides en l&#8217;article 107 del Tractat de funcionament de la Unió Europea.  En virtut de tot això, d&#8217;acord amb l&#8217;article 168.1.C de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, i l&#8217;article 28.c, de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, a proposta del vicepresident segon i conseller d&#8217;Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, prèvia deliberació del Consell, en la reunió de 24 d&#8217;abril de 2020,      DECRETE    Article 1. Objecte i àmbit  1. Aquest decret té per objecte regular les bases per a la concessió d&#8217;ajudes al lloguer a les persones arrendatàries d&#8217;habitatge habitual situat en el territori de la Comunitat Valenciana que, com a conseqüència de l&#8217;impacte econòmic i social de la Covid-19 tinguen problemes transitoris per a atendre el pagament parcial o total del lloguer i encaixen en els supòsits de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda que es defineixen en aquest decret.  2. Es considera inclòs dins de l&#8217;objecte d&#8217;aquest programa la concessió d&#8217;ajudes per a fer front a la devolució de les ajudes transitòries de finançament que les entitats bancàries hagen oferit a les persones sol·licitants que es troben en la situació de vulnerabilitat social i econòmica com a conseqüència de l&#8217;expansió de la Covid-19, recollides en l&#8217;article 9 del Reial decret llei 11/2020, pel qual s&#8217;adopten mesures urgents complementàries en l&#8217;àmbit social i econòmic per a fer front a la Covid-19 i contretes per persones arrendatàries d&#8217;habitatge habitual, a la devolució del qual no pogueren fer front.  3. Les ajudes tindran caràcter finalista, i per tant no podran aplicar-se a una altra destinació que el pagament de la renda del lloguer, o la cancel·lació, total o parcial, de les ajudes transitòries de finançament regulades en l&#8217;article 9 del Reial decret llei 11/2020.  4. Aquestes ajudes es desenvoluparan en 2020.    Article 2. Procediment de concessió  1. Aquestes subvencions es concediran de manera directa, en aplicació dels articles 22.2.c i 28, apartats 2 i 3 de la Llei 38/2003, i l&#8217;article 168.1.C de la Llei 1/2015, per concórrer raons d&#8217;interés públic, econòmic i social. En concret, el caràcter singular d&#8217;aquestes subvencions deriva de la naturalesa excepcional, única i imprevisible dels esdeveniments que les motiven.  2. Les ajudes es concediran atenent la mera concurrència dels requisits per a ser persona beneficiària per aplicació dels criteris continguts en l&#8217;article 7 d&#8217;aquest decret, sempre que existisca consignació pressupostària.  3. De conformitat amb l&#8217;article 30.7 de la Llei general de subvencions, la concessió d&#8217;aquestes subvencions no requerirà una altra justificació que les indicades en aquest decret, sense perjudici dels controls que s&#8217;efectuen amb posterioritat, que s&#8217;estendran a la totalitat de persones beneficiàries.  4. La competència per a resoldre sobre les sol·licituds presentades correspon a la persona titular de la Direcció General d&#8217;Emergència Habitacional, Funció Social de l&#8217;Habitatge, i Observatori de l&#8217;Hàbitat i Segregació Urbana.    Article 3. Finançament  1. La dotació d&#8217;aquestes ajudes ascendeix a un import global màxim estimat de 7.500.000,00 euros, amb càrrec a la línia habilitada a aquest efecte, dins del programa pressupostari 431.40, Emergència habitacional i funció social, sense perjudici de la seua possible ampliació que puga donar lloc a una generació, ampliació o incorporació de crèdit.  2. En el supòsit d&#8217;increment de l&#8217;import global màxim, l&#8217;òrgan concedent haurà de publicar en el DOGV la declaració de crèdits disponibles amb caràcter previ a la resolució de concessió en els mateixos mitjans que la convocatòria, sense que tal publicitat implique l&#8217;obertura de termini per a presentar noves sol·licituds ni l&#8217;inici de nou còmput de termini per a resoldre.  3. Per a donar cobertura a les obligacions econòmiques derivades d&#8217;aquest decret es tramitarà, d&#8217;acord amb el que disposa l&#8217;article 168.1.C de la Llei 1/2015, el corresponent expedient de modificació pressupostària.    Article 4. Persones beneficiàries i requisits  1. Podran beneficiar-se de les ajudes d&#8217;aquest programa les persones físiques que, en la seua condició d&#8217;arrendatàries d&#8217;habitatge habitual, acrediten estar en situació de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència de la Covid-19 per concórrer les circumstàncies expressades en l&#8217;article 5 d&#8217;aquest decret.  2. Les beneficiàries hauran d&#8217;acreditar, a més, que reuneixen els següents requisits:  a) Ser titular, en qualitat d&#8217;arrendatària, d&#8217;un contracte d&#8217;arrendament d&#8217;habitatge formalitzat en els termes de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d&#8217;arrendaments urbans. Aquesta circumstància haurà de ser acreditada de conformitat amb el que s&#8217;estableix en aquestes bases.  b) L&#8217;habitatge arrendat ha de constituir la residència habitual i permanent de la persona o unitat de familiar sol·licitant de l&#8217;ajuda. A aquest efecte en queden exclosos els subarrendaments així com els arrendaments als quals es refereix l&#8217;article 3 de la Llei 29/1994, «Arrendaments per a ús diferents d&#8217;habitatge».  c) Que la persona arrendatària o qualsevol de les que tinguen el seu domicili habitual i permanent en l&#8217;habitatge arrendat no tinga parentiu en primer o segon grau de consanguinitat o d&#8217;afinitat amb la persona que tinga la condició d&#8217;arrendador de l&#8217;habitatge.  d) Que la persona arrendatària o qualsevol de les que tinguen el seu domicili habitual i permanent en l&#8217;habitatge arrendat no siga sòcia o partícip de la persona física o jurídica que actue com a arrendadora.  3. No podran obtindre la condició de persones beneficiàries d&#8217;aquestes ajudes les que incórreguen en alguna de les circumstàncies previstes en l&#8217;article 13 de la Llei 38/2003.    Article 5. Supòsits de vulnerabilitat econòmica i social  1. Els supòsits de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència del Covid-19, als efectes del que es disposa en l&#8217;article 1, requeriran la concurrència conjunta en el beneficiari de l&#8217;ajuda dels següents requisits:  a) Que la persona que estiga obligada a pagar la renda de lloguer passe a estar en situació de desocupació, expedient temporal de regulació d&#8217;ocupació (ERTO) o, en cas de ser empresària, haja reduït la seua jornada per motiu de cures o altres circumstàncies similars que suposen una pèrdua substancial d&#8217;ingressos, i no arribe per això al conjunt dels ingressos dels membres de la unitat de convivència, en el mes anterior a la data de la convocatòria o en el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria, segons els terminis establits els articles 4 i 8 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s&#8217;adopten mesures urgents complementàries en l&#8217;àmbit social i econòmic per a fer front a la Covid-19:    1r. Amb caràcter general, el límit de tres vegades l&#8217;indicador públic de renda d&#8217;efectes múltiples mensual (IPREM).  2n. Aquest límit s&#8217;incrementarà en 0,1 vegades l&#8217;IPREM per cada fill o filla a càrrec en la unitat de convivència. L&#8217;increment aplicable per fill o filla a càrrec serà de 0,15 vegades l&#8217;IPREM per cada fill o filla en el cas d&#8217;unitat familiar monoparental.  3r. Aquest límit s&#8217;incrementarà en 0,1 vegades l&#8217;IPREM per cada persona major de 65 anys membre de la unitat de convivència.  4t. En cas que algun dels membres de la unitat de convivència tinga declarada discapacitat superior al 33 %, situació de dependència o malaltia que l&#8217;incapacite acreditadament de manera permanent per a realitzar una activitat laboral, el límit previst en el subapartat 1r serà de quatre vegades l&#8217;IPREM, sense perjudici dels increments acumulats per fill o filla a càrrec.  5è. En el cas que la persona obligada a pagar la renda arrendatícia siga persona amb paràlisi cerebral, amb malaltia mental o amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 %, o persona amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconeguda igual o superior al 65 %, així com en els casos de malaltia greu que incapacite acreditadament la persona o a la seua cuidadora, per a realitzar una activitat laboral, el límit previst en el subapartat 1r serà de cinc vegades l&#8217;IPREM.  b) Que la renda arrendatícia, més les despeses i subministraments bàsics, resulte igual o superior al 35 % dels ingressos nets que perceba el conjunt dels membres de la unitat de convivència. A aquest efecte, s&#8217;entendrà per «despeses i subministraments bàsics» l&#8217;import del cost dels subministraments d&#8217;electricitat, gas, gasoil per a calefacció, aigua corrent, dels serveis de telecomunicació fixa i mòbil, i les possibles contribucions a la comunitat de propietaris, tots ells de l&#8217;habitatge habitual que corresponga satisfer a la persona arrendatària.  2. Als efectes del que es preveu en aquest article, es considerarà unitat de convivència la formada pel conjunt de persones que estan empadronades en un mateix habitatge amb anterioritat al 15 de març de 2020, existisquen o no llaços familiars.  3. No s&#8217;entendrà que hi concorren els supòsits de vulnerabilitat econòmica i social a conseqüència de l&#8217;emergència sanitària ocasionada per la Covid-19 quan la persona arrendatària o qualsevol de les persones que componen la unitat familiar que habita aquella siga propietària o usufructuària d&#8217;algun habitatge a Espanya.  Es considerarà que no concorren aquestes circumstàncies quan el dret recaiga únicament sobre una part alíquota d&#8217;aquesta i s&#8217;haja obtingut per herència o mitjançant transmissió mortis causa sense testament.    S&#8217;exceptuarà d&#8217;aquest requisit també els qui, sent titulars d&#8217;un habitatge, acrediten la no disponibilitat d&#8217;aquest per causa de separació o divorci, per qualsevol altra causa aliena a la seua voluntat o quan l&#8217;habitatge siga inaccessible per raó de discapacitat del seu titular o d&#8217;alguna de les persones que conformen la unitat de convivència.    4. Tampoc es consideraran supòsit de vulnerabilitat econòmica i social, en aplicació del principi de capacitat econòmica, aquelles unitats de convivència els ingressos declarats de les quals en l&#8217;últim exercici fiscal vençut (2018) superen 5 vegades l&#8217;IPREM (37.598,00 euros). Per a aquest càlcul es partirà de les quanties de la base imposable general i de l&#8217;estalvi, regulades en els articles 48 i 49 respectivament, de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l&#8217;impost sobre la renda de les persones físiques.    Article 6. Acreditació de les condicions de vulnerabilitat social i econòmica  1. La concurrència de les circumstàncies de vulnerabilitat social i econòmica haurà d&#8217;haver-se produït amb posterioritat al 15 de març de 2020, i haurà d&#8217;acreditar-se per la persona arrendatària mitjançant la presentació dels següents documents:  a) En cas de situació legal de desocupació, mitjançant un certificat expedit per l&#8217;entitat gestora de les prestacions, LABORA-Servei valencià d&#8217;ocupació i formació, en el qual figure la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per desocupació.  b) En cas de cessament d&#8217;activitat de les persones treballadores per compte propi, mitjançant un certificat expedit per l&#8217;Agència Estatal de l&#8217;Administració Tributària o l&#8217;òrgan competent de la comunitat autònoma, en el seu cas, o declaració responsable de cessament de la prestació per persones autònomes segons model del Servei Públic d&#8217;Ocupació estatal (SEPE)  c) Nombre de persones que habiten a l&#8217;habitatge habitual mitjançant l&#8217;aportació d&#8217;un volant històric únic d&#8217;empadronament que acredite, en la data de la sol·licitud, les persones que tenen el seu domicili habitual a l&#8217;habitatge objecte de contracte, als efectes de determinar la unitat de convivència i l&#8217;edat de les persones empadronades. El document haurà de ser únic per habitatge, i inclourà totes les persones que hi figuren empadronades, amb referència als sis mesos anteriors a la data de la sol·licitud, com a mínim.  d) Declaració de discapacitat, de dependència o d&#8217;incapacitat permanent per a realitzar una activitat laboral, si escau, que acredite cadascuna de les circumstàncies concurrents en la unitat de convivència a què fa referència l&#8217;article 5.1.a, supòsits 4t i 5é.  e) Titularitat dels béns: nota simple del servei d&#8217;índexs del registre de la propietat de tots els membres de la unitat de convivència.    f) Declaració responsable relativa al compliment dels requisits exigits en l&#8217;article 4, apartat 2, subapartats c i d. La declaració responsable haurà d&#8217;estar subscrita per la persona peticionària de l&#8217;ajuda i la resta de membres de la unitat familiar, segons el model que estarà disponible en la pàgina web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d&#8217;Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica (http://www.habitatge.gva.es)  2. A fi de quantificar les despeses i subministraments bàsics, es computarà com a tals un percentatge de la renda de lloguer en funció dels membres que componen la unitat de convivència de conformitat amb els següents criteris:   un o dos membres: 30 %   tres membres: 40 %   quatre o més membres: 50 %  3. Documentació acreditativa dels supòsits de vulnerabilitat, per a la quantificació de l&#8217;ajuda a percebre, definits en l&#8217;apartat 3.a de l&#8217;article 7.    Article 7. Quantia i termini de l&#8217;ajuda  1. La quantia de l&#8217;ajuda podrà arribar al 100 % de la renda arrendatícia que conste en el contracte d&#8217;arrendament, fins a un import màxim de 650,00 euros al mes i per un període màxim de 6 meso, i es podrà incloure&#8217;s com a primera mensualitat la corresponent al mes d&#8217;abril de 2020.  En els supòsits en els quals l&#8217;import que calga abonar a l&#8217;arrendadora incloga despeses diferents de la renda del lloguer d&#8217;habitatge, i no estiguen desglossades en el contracte, es prendrà com a import de la renda que calga subvencionar el 90 % de l&#8217;import total que conste en el contracte d&#8217;arrendament. No seran subvencionables les despeses generals, serveis, tributs, càrregues i responsabilitats que no siguen susceptibles d&#8217;individualització, que les parts hagen acordat que siguen a càrrec de l&#8217;arrendatària i que s&#8217;incloguen en el contracte com a conceptes diferenciats de la renda de lloguer.  2. L&#8217;import de l&#8217;ajuda es calcularà prenent com a referència la renda de lloguer que conste en el contracte d&#8217;arrendament en relació amb els ingressos declarats i la situació de vulnerabilitat econòmica acreditada, d&#8217;acord amb el que s&#8217;exposa en la següent taula:    Ingressos de la unitat de convivència segons IPREM Situació de vulnerabilitat econòmica Grau de vulnerabilitat econòmica % Ajuda (màx. 650,00 euros)  Fins a 1 IPREM a 9 100 %  b 8 90 %  c 7 80 %  Fins a 15 IPREM a 8 90 %  b 7 80 %  c 6 70 %  Fins a 2 IPREM a 7 80 %  b 6 70 %  c 5 60 %  Fins a 25 IPREM a 6 70 %  b 5 60 %  c 4 50 %  Fins a 3 IPREM a 5 60 %  b 4 55 %  c 3 50 %  Fins a 4 IPREM a 4 55 %  b 3 50 %  c 2 45 %  Fins a 5 IPREM a 3 50 %  b 2 45 %  c 1 40 %      3. Situacions de vulnerabilitat econòmica als efectes de la determinació de la quantia que s&#8217;ha de percebre i documentació acreditativa d&#8217;aquests:  a) Es considerarà que la persona sol·licitant es troba dins del supòsit de vulnerabilitat econòmica a quan acredite documentalment pertànyer a algun dels següents grups d&#8217;especial atenció:  1r. Sol·licituds presentades per persones que tenen la condició de família monoparental: títol expedit segons el que s&#8217;estableix en el Decret 19/2018, de 9 de març, del Consell, pel qual es regula el reconeixement de la condició de família monoparental en la Comunitat Valenciana.  2n. Sol·licituds presentades per unitats de convivència que constituïsquen família nombrosa: títol de família nombrosa.  3r. Sol·licituds presentades per dones o unitats de convivència amb dones víctimes de violència de gènere: documentació judicial o administrativa que ho acredite.  4t. Sol·licituds presentades per víctimes del terrorisme: documentació que acredite fefaentment aquesta circumstància.  5é. Sol·licituds presentades per persones, o unitats familiars amb algun membre amb diversitat funcional, amb un grau igual o superior al 33 %: certificat de la Conselleria d&#8217;Igualtat i Polítiques Inclusives o de l&#8217;Institut Nacional de la Seguretat Social acreditatiu d&#8217;aquest aspecte, o una altra documentació acreditativa d&#8217;aquesta circumstància.  6é. Sol·licitades per joves extutelats: resolució de cessament de mesures emesa per la conselleria competent.  7é. Persones o unitats de convivència en la qual existisca alguna persona amb malaltia mental greu: informe del metge facultatiu emés per la unitat pública de salut mental.  8é. Unitats de convivència en les quals alguna persona assumeix la pàtria potestat, tutela o acolliment familiar permanent del menor orfe per violència de gènere: documentació administrativa o judicial que acredite aquesta circumstància.  9é. Dones en situació de necessitat o en risc d&#8217;exclusió, especialment quan tinguen fill o filles menors exclusivament al seu càrrec: documentació o informes municipals o d&#8217;un altre tipus que acrediten aquesta circumstància.  b) Es considerarà que la persona sol·licitant es troba dins del supòsit de vulnerabilitat econòmica b quan la seua unitat de convivència estiga formada per tres o més membres. Als efectes d&#8217;acreditació documental d&#8217;aquesta circumstància es prendrà el volant únic d&#8217;empadronament.    c) Es considerarà que la persona sol·licitant es troba dins del supòsit de vulnerabilitat econòmica c quan la seua unitat de convivència estiga formada entre un o dos2 membres. Als efectes d&#8217;acreditació documental d&#8217;aquesta circumstància es prendrà el volant únic d&#8217;empadronament.    4. La concessió de les ajudes es prioritzarà en funció del grau de vulnerabilitat econòmica de les persones beneficiàries fins que s&#8217;esgote l&#8217;import global, de manera que tindran prioritat les persones beneficiàries el grau de vulnerabilitat econòmica de les quals siga major. En el cas que, en esgotar-se l&#8217;import global, existiren diverses persones beneficiàries amb el mateix grau de vulnerabilitat econòmica, tindran prioritat les sol·licituds presentades per dones en situació de família monoparental, víctimes de violència de gènere i les de major edat, per aquest ordre.    El grau de vulnerabilitat econòmica es determinarà en funció de la situació de vulnerabilitat econòmica acreditada i dels ingressos totals de la unitat de convivència segons el seu IPREM. Aquest grau de vulnerabilitat econòmica queda determinat en la taula continguda en l&#8217;apartat 2 d&#8217;aquest article.  5. La Direcció General d&#8217;Emergència Habitacional, Funció Social de l&#8217;Habitatge i Observatori de l&#8217;Hàbitat i la Segregació Urbana podrà demana a les unitats municipals d&#8217;atenció primària del sistema valencià de serveis socials un informe social relatiu a les circumstàncies de vulnerabilitat de les unitats de convivència sol·licitants, si així s&#8217;estima oportú.  6. En el supòsit d&#8217;haver accedit a les ajudes transitòries de finançament recollides en l&#8217;article 9 del Reial decret llei 11/2020, l&#8217;ajuda podrà arribar fins a un import màxim de 3.900,00 euros, amb la qual se satisfarà totalment o parcialment el pagament de la renda de l&#8217;habitatge habitual; l&#8217;ajuda es calcularà en els termes assenyalats amb anterioritat.    Article 8. Forma i termini de presentació de sol·licituds  1. La sol·licitud es presentarà seguint el model normalitzat, acompanyada sempre de la declaració responsable signada per la persona sol·licitant, juntament amb la documentació requerida:  a) Si es disposa de certificat digital, la sol·licitud d&#8217;ajuda podrà ser presentada per la persona interessada de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat, a través del procediment habilitat a aquest efecte i anomenat «Ajuda per a contribuir a minimitzar l&#8217;impacte econòmic i social de la Covid-19 en els lloguers d&#8217;habitatge habitual». En la pàgina web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d&#8217;Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica (http://www.habitatge.gva.es) estarà disponible la informació i documentació de la convocatòria i s&#8217;habilitarà l&#8217;accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud. També s&#8217;admetran les sol·licituds presentades telemàticament per titulars de certificat digital quan actuen, degudament autoritzats, en representació d&#8217;uns altres.    b) Si no es disposa de certificat digital, la persona interessada haurà d&#8217;emplenar electrònicament el formulari de sol·licitud d&#8217;ajuda disponible en la pàgina web assenyalada en l&#8217;apartat anterior i se n&#8217;imprimirà el justificant. Aquest justificant constituirà l&#8217;imprés de sol·licitud i haurà de presentar-se degudament signat en els registres habilitats i, preferiblement, en les seus dels serveis territorials d&#8217;Habitatge i Arquitectura bioclimàtica.  A més, els serveis territorials oferiran un punt d&#8217;accés a internet i, per a aquells casos que el requerisquen, es podrà facilitar ajuda mitjançant cita prèvia. La sol·licitud emplenada en els termes assenyalats en l&#8217;apartat anterior podrà ser presentada en qualsevol altre registre establit per la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.  L&#8217;emplenament electrònic del formulari de sol·licitud per les persones peticionàries que no disposen de certificat digital no implicarà, per si mateix, que s&#8217;haja sol·licitat l&#8217;ajuda amb inici del procediment telemàtic per a la concessió. Si no es presenta el justificant degudament subscrit per la peticionària de l&#8217;ajuda acompanyat de la documentació requerida en algun dels registres d&#8217;entrada assenyalats en l&#8217;apartat anterior en el termini de sol·licitud establit en aquest decret, es considerarà que la sol·licitud no ha sigut presentada.  2. Els ajuntaments o mancomunitats podran presentar sol·licituds telemàticament mitjançant certificat digital, en nom de les persones o unitats de convivència interessades que els autoritzen mitjançant el corresponent formulari. Per a això es podrà habilitar l personal dels ajuntaments o mancomunitats mitjançant la presentació de la credencial subscrita degudament en formulari normalitzat disponible en el web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d&#8217;Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.  3. Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent de l&#8217;establit en aquest decret serà inadmesa.  4. Les circumstàncies declarades en el full d&#8217;autobaremació i no acreditades en tots els seus punts no es computaran. Si la sol·licitant de l&#8217;ajuda no poguera aportar algun dels documents requerits, podrà substituir-lo mitjançant una declaració responsable que incloga la justificació expressa dels motius, relacionats amb les conseqüències de la crisi de la Covid-19, que li impedeixen tal aportació.  5. La sol·licitud de les ajudes implicarà l&#8217;autorització de les interessades perquè l&#8217;Administració de la Generalitat puga procedir al tractament de les dades de caràcter personal en la mesura que siga necessari per a la gestió de les ajudes, tot això de conformitat amb el que es preveu en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i les seues normes de desplegament.  6. El termini de presentació de sol·licituds s&#8217;iniciarà l&#8217;endemà hàbil de la publicació d&#8217;aquest decret en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, a les 09.00 hores, i romandrà obert fins a les 12.00 hores del 30 de juny de 2020.  7. Només s&#8217;admetrà una sol·licitud per persona o unitat familiar.    Article 9. Documentació que ha d&#8217;acompanyar la sol·licitud  1. Juntament amb el model normalitzat de la sol·licitud que inclou l&#8217;autobaremació subscrita per l&#8217;arrendatària, es presentarà la següent documentació:  a) Documentació acreditativa de la situació de vulnerabilitat econòmica i social de la persona beneficiària o unitat de convivència relacionada en l&#8217;article 6, així com dels supòsits d&#8217;especial protecció de l&#8217;article 7.  b) Còpia completa del contracte d&#8217;arrendament en vigor, amb esment exprés de l&#8217;import del lloguer de l&#8217;habitatge i de la duració mínima d&#8217;un any signat per la part arrendadora i arrendatària.  El contracte d&#8217;arrendament haurà d&#8217;estar formalitzat en els termes que es deriven de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d&#8217;arrendaments urbans, sense que siguen vàlids contractes de lloguer subscrits a l&#8217;empara de la normativa sectorial reguladora dels apartaments turístics.    El contracte d&#8217;arrendament inclourà expressament el mitjà i la forma de pagament a la persona arrendadora.  c) Acreditació del pagament de les últimes tres mensualitats, llevat que el contracte tinguera una vigència de menor termini, i en aquest cas s&#8217;acreditarà el pagament des de l&#8217;inici del contracte.  d) Imprés model de domiciliació bancària.  e) En cas d&#8217;actuar mitjançant representant, s&#8217;aportarà n formulari relatiu a la representació.  f) En el cas que l&#8217;ajuda sol·licitada ho siga per a fer front a la devolució de les ajudes transitòries de finançament recollides en l&#8217;article 9 del Reial decret llei 11/2020, pel qual s&#8217;adopten mesures urgents complementàries en l&#8217;àmbit social i econòmic per a fer front a la Covid-19 i contretes per arrendatàries d&#8217;habitatge habitual, a la devolució del qual no pogueren fer front, certificat expedit per l&#8217;entitat bancària acreditativa de la concessió del préstec i quantia d&#8217;aquest.    g) Autorització de les persones interessades, inclosa en el mateix model normalitzat assenyalat en l&#8217;apartat anterior, per a permetre a l&#8217;Administració de la Generalitat el tractament de les dades de caràcter personal en la mesura que siga necessària per a la gestió de les ajudes, tot això de conformitat amb el que es preveu en la Llei orgànica 3/2018, o normativa que la substituïsca, i les seues normes de desplegament. Les dades de caràcter personal, econòmic, tributari o patrimonial de cadascun dels membres de la unitat de convivència major de setze anys seran comprovades per l&#8217;Administració en el marc de col·laboració establit amb les diferents administracions i entitats.  L&#8217;autorització haurà de ser signada per tots els membres de la unitat de convivència majors de setze anys.  2. En el cas que la persona sol·licitant s&#8217;opose expressament al fet que la Direcció General d&#8217;Emergència Habitacional, Funció Social de l&#8217;Habittage i Observatori de l&#8217;Hàbitat i la Segregació Urbana sol·licite, a través de la Plataforma Autonòmica d&#8217;Intermediació (PAI) i altres sistemes habilitats a aquest efecte, la informació relativa a les següents circumstàncies, haurà d&#8217;aportar la corresponent documentació acreditativa:    a) Identitat de la persona física sol·licitant i, si escau, de la seua representant.  b) Vida Laboral, certificada per la Tresoreria de la Seguretat Social.  c) Certificat positiu de l&#8217;Agència Estatal de l&#8217;Administració Tributària, de la conselleria competent en matèria d&#8217;hisenda i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.    d) Certificat de l&#8217;Agència Estatal d&#8217;Administració Tributària relatiu als rendiments d&#8217;activitat econòmica, domicili fiscal i qualsevol dels requisits exigits a les persones beneficiàries.    Article 10. Instrucció  1. La instrucció del procediment correspondrà als serveis territorials competents en matèria d&#8217;habitatge i arquitectura bioclimàtica.    2. El criteri per a la concessió de la subvenció serà el que s&#8217;estableix en l&#8217;apartat 4 de l&#8217;article 7, fins a esgotar el crèdit disponible.  3. L&#8217;esmena d&#8217;aquestes sol·licituds es realitzarà mitjançant la publicació en la pàgina web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d&#8217;Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. Aquesta publicació substituirà la notificació individual, d&#8217;acord amb el que es preveu en la legislació reguladora del procediment administratiu comú. Les sol·licitants que hagen facilitat un número de telèfon mòbil podran ser avisades de la publicació del llistat mitjançant un missatge de text SMS.  4. Examinades les sol·licituds, l&#8217;òrgan instructor emetrà un informe i formularà la proposta de concessió a l&#8217;òrgan competent per a resoldre.    Article 11. Resolució i recursos  1. La competència per a resoldre sobre les sol·licituds presentades correspon a la persona titular de la Direcció General d&#8217;Emergència Habitacional, Funció Social de l&#8217;Habitatge i Observatori de l&#8217;Hàbitat i la Segregació Urbana.  2. La resolució de concessió determinarà la quantia concedida i incorporarà, si escau, les condicions, obligacions i determinacions accessòries a què haja de subjectar-se el beneficiari.  3. El termini per a resoldre i notificar la resolució procedent serà el que es preveu en la Llei 39/2015. Transcorregut aquest termini sense que s&#8217;haja dictat i notificat resolució expressa, es produirà el silenci administratiu i la sol·licitud podrà entendre&#8217;s desestimada.  La resolució del procediment es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en la pàgina web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d&#8217;Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, de conformitat amb el que es disposa en el article 40 de la Llei 39/2015. Tot això sense perjudici de la remissió, mitjançant un missatge de text o SMS, de la informació sobre el lloc on es publicarà la resolució de la seua sol·licitud d&#8217;ajuda a la persona beneficiària que haja facilitat un número de telèfon mòbil a aquest efecte.  La publicació es realitzarà respectant en tot cas els drets reconeguts en la Llei orgànica 3/2018.  4. La resolució posarà fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se un recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan en el termini d&#8217;un mes a partir de l&#8217;endemà de la notificació, d&#8217;acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d&#8217;1 d&#8217;octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant del corresponent jutjat contenciós administratiu, de conformitat amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.    Article 12. Forma de pagament  1. La liquidació i pagament de les ajudes s&#8217;efectuarà una vegada justificat el compliment dels requisits amb la documentació presentada juntament amb la sol·licitud. L&#8217;import de l&#8217;ajuda es lliurarà d&#8217;una sola vegada després que es dicte la resolució de concessió.  2. No obstant l&#8217;anterior, podrà acordar-se que el pagament es realitze directament a l&#8217;arrendadora per compte de l&#8217;arrendatària en el cas que no s&#8217;haguera satisfet el pagament del lloguer per l&#8217;arrendatària, llevat que s&#8217;haja subscrit un préstec mitjançant les ajudes transitòries de finançament regulades en l&#8217;article 9 del Reial decret llei 11/2020 i el període de les mensualitats i les quanties cobertes foren coincidents.    3. En tot cas, quan s&#8217;haja concedit un préstec mitjançant les ajudes transitòries de finançament regulades en l&#8217;article 9 del Reial decret llei 11/2020, la quantia de l&#8217;ajuda concedida haurà de destinar-se a l&#8217;amortització del préstec. Únicament quan s&#8217;haja cancel·lat la totalitat del préstec, i l&#8217;import d&#8217;aquest siga inferior al de l&#8217;ajuda concedida, podrà destinar-se a cobrir el pagament de noves mensualitats de renda o d&#8217;imports superiors d&#8217;aquella fins a arribar al total de l&#8217;ajuda rebuda.      Article 13. Obligacions i responsabilitats de les persones beneficiàries    1. La persona o la unitat familiar beneficiària queda obligada a mantindre el domicili habitual i permanent a l&#8217;habitatge objecte d&#8217;ajuda, durant els sis mesos per què es concedeix l&#8217;ajuda.  2. Les persones beneficiàries de les ajudes estaran obligades a comunicar immediatament a l&#8217;administració concedent qualsevol modificació de les condicions o requisits que van motivar tal reconeixement i que puga determinar la pèrdua sobrevinguda del dret a l&#8217;ajuda. En aquest supòsit, si escau, aquest òrgan competent resoldria limitant el termini de concessió de l&#8217;ajuda fins a la data de la pèrdua sobrevinguda del dret.  3. Així mateix, en virtut del que s&#8217;estableix en la Llei 38/2003, la part beneficiària queda obligada a:  a) Facilitar qualsevol document o informació que l&#8217;Administració de la Generalitat considere necessari per al control del compliment de les finalitats previstes.  b) Sotmetre&#8217;s a les actuacions de control financer previstes en els articles 113 i següents de la Llei 1/2015 i en els articles 44 i següents de la Llei 38/2003, així com les que puguen dur a terme la Generalitat i altres òrgans de control en relació amb les ajudes i subvencions concedides.  c) Comunicar l&#8217;obtenció d&#8217;altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol altra administració o ens públic o privat, nacional o internacional, així com qualsevol incidència o variació que es produïsca en relació amb la subvenció concedida.      Article 14. Justificació de l&#8217;ajuda concedida  1. Les persones o unitats de convivència sol·licitants de les ajudes han d&#8217;aportar la documentació bancària que acredite de manera indubtable que han abonat, en el compte la titularitat del qual correspon a la part arrendadora, la renda corresponent als mesos per als quals s&#8217;ha concedit l&#8217;ajuda com a mitjà de justificació de la subvenció concedida.    En el cas que l&#8217;ajuda concedida ho fora per a fer front a la devolució de les ajudes transitòries de finançament que les entitats bancàries hagueren pogut concedir-li per al pagament de la renda de lloguer, haurà d&#8217;aportar-se, a més, un certificat expedit per l&#8217;entitat bancària corresponent acreditatiu que l&#8217;ajuda concedida ha sigut destinada a l&#8217;amortització del préstec.  2. La documentació justificativa dels pagaments podrà presentar-se en paper o mitjançant el procediment telemàtic disponible en la seu electrònica de la Generalitat(www.gva.es). Per a això es disposarà d&#8217;un termini de tres mesos a comptar des de la finalització del termini de sis mesos corresponents al període per al qual es concedeix l&#8217;ajuda, perquè s&#8217;aporte la documentació acreditativa que justifique la finalitat de la subvenció.    Article 15. Control i reintegrament  1. La Generalitat podrà comprovar, pels mitjans que estime més adequats, el compliment de les obligacions inherents a l&#8217;atorgament de les ajudes. L&#8217;incompliment d&#8217;aquestes obligacions o la comprovació de la falsedat de les dades aportades a l&#8217;expedient donaran lloc al reintegrament de les ajudes concedides i a la devolució de les quanties atorgades, que generaran els corresponents interessos de demora. En particular, pertocarà el reintegrament total de l&#8217;ajuda en el supòsit de falsedat de les declaracions responsables presentades. Així mateix, correspondrà el reintegrament per l&#8217;import no justificat en els casos en què la renda abonada per l&#8217;arrendament siga inferior a la subvenció concedida.    2. D&#8217;acord amb el que es disposa en l&#8217;article 41 de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana, es perdrà el dret a la subvenció o es reintegrarà aquesta quan la subvenció es destine a la realització d&#8217;una activitat o al compliment d&#8217;una finalitat prohibida en el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre. En qualsevol cas, hi serà aplicable el que es disposa en matèria de control financer, reintegrament i infraccions i sancions administratives en la Llei 1/2015 i en la Llei 38/2003.    3. El que es disposa en els apartats anteriors serà aplicable sense perjudici de la possible qualificació dels fets com a infracció administrativa i incoació del procediment sancionador, d&#8217;acord amb els articles 52 i següents de la Llei 38/2003, i els articles 173 i següents de la Llei 1/2015.    Article 16. Compatibilitat de l&#8217;ajuda  Amb independència que s&#8217;haja subscrit o no un préstec mitjançant les ajudes transitòries de finançament regulades en l&#8217;article 9 del Reial decret llei 11/2020, l&#8217;ajuda és compatible amb qualsevol altra ajuda al lloguer que percebera la persona arrendatària, fins i tot si fora amb càrrec al Pla estatal d&#8217;habitatge 2018-2021, sempre que el total de les ajudes no supere el 100 % de l&#8217;import del lloguer del mateix període. En cas de superar-lo, si l&#8217;ajuda corresponent a aquest programa fora concedida, es reduiria en la quantia necessària fins a complir aquest límit.        DISPOSICIÓ ADDICIONAL    Única. Normativa aplicable  1. Aquestes ajudes tenen la consideració de subvencions públiques i es regeixen per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,;el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s&#8217;aprova el seu reglament, i altres normatives concordants, i per la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d&#8217;hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.  2. En aplicació de l&#8217;apartat 4 de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, la suspensió de terminis no s&#8217;aplicarà al procediment de concessió d&#8217;aquestes ajudes, per ser un procediment referit a situacions estretament vinculades als fets que justifiquen l&#8217;estat d&#8217;alarma.      DISPOSICIONS FINALS    Primer. Habilitació  S&#8217;habilita la persona titular de la Direcció General d&#8217;Emergència Habitacional, Funció Social de l&#8217;Habitatge i Observatori de l&#8217;Hàbitat i la Segregació Urbana, o l&#8217;òrgan en què aquesta delegue, per a dictar les instruccions i adoptar les mesures que considere oportunes per a l&#8217;aplicació i execució d&#8217;aquest decret.    Segona. Efectes  Aquest decret produirà efectes a partir de l&#8217;endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.    Contra aquest decret, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar potestativament un recurs de reposició davant de l&#8217;òrgan que ha dictat l&#8217;acte, en el termini d&#8217;un mes des de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d&#8217;acord amb el que es disposa en els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d&#8217;1 d&#8217;octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de l&#8217;endemà de publicar-se, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Tot això de conformitat amb el que es disposa en els articles 10, 44 i 46 de l&#8217;esmentada Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i sense perjudici que s&#8217;utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.    València, 24 d&#8217;abril de 2020    El president de la Generalitat  XIMO PUIG I FERRER    El vicepresident segon i conseller d&#8217;Habitatge  i Arquitectura Bioclimàtica,  RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU</a> se publicó primero en <a href="https://normativamunicipal.com">Normativa Municipal</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://normativamunicipal.com/decret-52-2020-de-24-dabril-del-consell-daprovacio-de-bases-reguladores-per-a-la-concessio-directa-dajudes-per-a-contribuir-a-minimitzar-limpacte-economic-i-social-de-la-covid-19-en-els-lloguer/">DECRET 52/2020, de 24 d&#8217;abril, del Consell, d&#8217;aprovació de bases reguladores per a la concessió directa d&#8217;ajudes per a contribuir a minimitzar l&#8217;impacte econòmic i social de la Covid-19 en els lloguers d&#8217;habitatge habitual.   (DOGV núm. 8803 de 04.05.2020)   Com a conseqüència de l&#8217;emergència de salut pública ocasionada per la Covid-19, el Govern d&#8217;Espanya ha declarat l&#8217;estat d&#8217;alarma en tot el territori nacional mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març. L&#8217;impacte que està tenint aquesta situació excepcional obliga al fet que les administracions públiques, en l&#8217;àmbit de les seues competències, adopten amb la màxima celeritat aquelles mesures tendents a pal·liar els efectes que està patint la nostra societat.  Davant d&#8217;aquesta situació d&#8217;emergència de salut pública, el Govern d&#8217;Espanya ha anat adoptant diverses mesures urgents de suport a la ciutadania, especialment a les persones més vulnerables, recollides en diversos decrets llei i, particularment, mesures de suport a les persones treballadores, consumidores, famílies i col·lectius vulnerables, contingudes en el capítol I del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s&#8217;adopten mesures urgents complementàries en l&#8217;àmbit social i econòmic per a fer front a la Covid-19.  En aquest sentit, pertoca l&#8217;adaptació i ajust del Pla estatal d&#8217;habitatge 2018-2021, pel qual s&#8217;ordena la posada en marxa de diversos programes d&#8217;ajudes per al pagament de les rendes de lloguer. Així, l&#8217;article 10 del reial decret llei esmentat determina que mitjançant una ordre del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana s&#8217;incorpore al Pla estatal d&#8217;habitatge 2018-2020, regulat en el Reial decret 106/2018, de 9 de març, un nou programa d&#8217;ajudes per a contribuir a minimitzar l&#8217;impacte econòmic i social de la Covid-19 en els lloguers d&#8217;habitatge habitual a fi d&#8217;atendre les persones arrendatàries d&#8217;habitatge habitual que, com a conseqüència d&#8217;aquesta circumstància, tinguen problemes transitoris per a atendre el pagament parcial o total del lloguer.  En la mateixa línia, l&#8217;article 11 contempla la substitució, també mitjançant una ordre ministerial, del Programa d&#8217;ajuda a persones en situació de desnonament o llançament del seu habitatge habitual contemplat en l&#8217;esmentat Pla estatal d&#8217;habitatge 2018-2021, per un nou anomenat «Programa d&#8217;ajuda a les víctimes de violència de gènere, persones objecte de desnonament del seu habitatge habitual, persones sense llar i altres especialment vulnerables» a l&#8217;objecte facilitar a aquests col·lectius una solució habitacional immediata.  Aquest mandat s&#8217;ha concretat en l&#8217;Ordre TMA/336/2020, de 9 d&#8217;abril, per la qual s&#8217;incorpora, substitueix i modifiquen sengles programes d&#8217;ajuda del Pla estatal d&#8217;habitatge 2018-2021, en compliment del que es disposa en els articles 10, 11 i 12 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s&#8217;adopten mesures urgents complementàries en l&#8217;àmbit social i econòmic per a fer front al Covid-19, publicada en el BOE d&#8217;11 d&#8217;abril  Aquesta ordre estableix els criteris per a l&#8217;aplicació de les ajudes, per la qual cosa és necessari que les comunitats autònomes facen efectiva la posada en marxa en els seus respectius àmbits del desenvolupament dels programes d&#8217;ajudes esmentats.  Així, en virtut del que es disposa en l&#8217;apartat 5 de l&#8217;article 2 de l&#8217;Ordre 336/2020, i el que s&#8217;estableix en el conveni de col·laboració subscrit entre el Ministeri de Foment i la Generalitat l&#8217;1 d&#8217;agost de 2018, per a l&#8217;execució del Pla estatal d&#8217;habitatge 2018-2021, pel qual s&#8217;estableixen les pautes de col·laboració per a garantir l&#8217;execució del Pla d&#8217;Habitatge, pertoca establir les bases reguladores que determinaran la gestió de les ajudes del nou programa esmentat, regulant-ne la tramitació, resolució de la concessió i pagament.  L&#8217;article 22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, estableix la possibilitat de concedir excepcionalment de manera directa subvencions quan s&#8217;acrediten raons d&#8217;interés públic, social, econòmic o humanitari, o unes altres degudament justificades que dificulten la seua convocatòria pública.  Per la seua part, l&#8217;article 168.1.C de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d&#8217;hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, regula el contingut mínim de les bases reguladores d&#8217;aquestes subvencions, així com els tràmits que han de desenvolupar-se durant el procediment d&#8217;elaboració, i assenyala que aquestes bases no tindran la consideració de disposicions de caràcter general. En aquest cas, queda degudament justificat, tant el caràcter singular de la subvenció, com les raons que acrediten l&#8217;interés públic i social, així com les que justifiquen la dificultat de la convocatòria pública.  En relació amb la política de la competència de la Unió Europea, les ajudes que es convoquen no requereixen notificació o comunicació a la Comissió Europea per no complir les condicions establides en l&#8217;article 107 del Tractat de funcionament de la Unió Europea.  En virtut de tot això, d&#8217;acord amb l&#8217;article 168.1.C de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, i l&#8217;article 28.c, de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, a proposta del vicepresident segon i conseller d&#8217;Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, prèvia deliberació del Consell, en la reunió de 24 d&#8217;abril de 2020,      DECRETE    Article 1. Objecte i àmbit  1. Aquest decret té per objecte regular les bases per a la concessió d&#8217;ajudes al lloguer a les persones arrendatàries d&#8217;habitatge habitual situat en el territori de la Comunitat Valenciana que, com a conseqüència de l&#8217;impacte econòmic i social de la Covid-19 tinguen problemes transitoris per a atendre el pagament parcial o total del lloguer i encaixen en els supòsits de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda que es defineixen en aquest decret.  2. Es considera inclòs dins de l&#8217;objecte d&#8217;aquest programa la concessió d&#8217;ajudes per a fer front a la devolució de les ajudes transitòries de finançament que les entitats bancàries hagen oferit a les persones sol·licitants que es troben en la situació de vulnerabilitat social i econòmica com a conseqüència de l&#8217;expansió de la Covid-19, recollides en l&#8217;article 9 del Reial decret llei 11/2020, pel qual s&#8217;adopten mesures urgents complementàries en l&#8217;àmbit social i econòmic per a fer front a la Covid-19 i contretes per persones arrendatàries d&#8217;habitatge habitual, a la devolució del qual no pogueren fer front.  3. Les ajudes tindran caràcter finalista, i per tant no podran aplicar-se a una altra destinació que el pagament de la renda del lloguer, o la cancel·lació, total o parcial, de les ajudes transitòries de finançament regulades en l&#8217;article 9 del Reial decret llei 11/2020.  4. Aquestes ajudes es desenvoluparan en 2020.    Article 2. Procediment de concessió  1. Aquestes subvencions es concediran de manera directa, en aplicació dels articles 22.2.c i 28, apartats 2 i 3 de la Llei 38/2003, i l&#8217;article 168.1.C de la Llei 1/2015, per concórrer raons d&#8217;interés públic, econòmic i social. En concret, el caràcter singular d&#8217;aquestes subvencions deriva de la naturalesa excepcional, única i imprevisible dels esdeveniments que les motiven.  2. Les ajudes es concediran atenent la mera concurrència dels requisits per a ser persona beneficiària per aplicació dels criteris continguts en l&#8217;article 7 d&#8217;aquest decret, sempre que existisca consignació pressupostària.  3. De conformitat amb l&#8217;article 30.7 de la Llei general de subvencions, la concessió d&#8217;aquestes subvencions no requerirà una altra justificació que les indicades en aquest decret, sense perjudici dels controls que s&#8217;efectuen amb posterioritat, que s&#8217;estendran a la totalitat de persones beneficiàries.  4. La competència per a resoldre sobre les sol·licituds presentades correspon a la persona titular de la Direcció General d&#8217;Emergència Habitacional, Funció Social de l&#8217;Habitatge, i Observatori de l&#8217;Hàbitat i Segregació Urbana.    Article 3. Finançament  1. La dotació d&#8217;aquestes ajudes ascendeix a un import global màxim estimat de 7.500.000,00 euros, amb càrrec a la línia habilitada a aquest efecte, dins del programa pressupostari 431.40, Emergència habitacional i funció social, sense perjudici de la seua possible ampliació que puga donar lloc a una generació, ampliació o incorporació de crèdit.  2. En el supòsit d&#8217;increment de l&#8217;import global màxim, l&#8217;òrgan concedent haurà de publicar en el DOGV la declaració de crèdits disponibles amb caràcter previ a la resolució de concessió en els mateixos mitjans que la convocatòria, sense que tal publicitat implique l&#8217;obertura de termini per a presentar noves sol·licituds ni l&#8217;inici de nou còmput de termini per a resoldre.  3. Per a donar cobertura a les obligacions econòmiques derivades d&#8217;aquest decret es tramitarà, d&#8217;acord amb el que disposa l&#8217;article 168.1.C de la Llei 1/2015, el corresponent expedient de modificació pressupostària.    Article 4. Persones beneficiàries i requisits  1. Podran beneficiar-se de les ajudes d&#8217;aquest programa les persones físiques que, en la seua condició d&#8217;arrendatàries d&#8217;habitatge habitual, acrediten estar en situació de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència de la Covid-19 per concórrer les circumstàncies expressades en l&#8217;article 5 d&#8217;aquest decret.  2. Les beneficiàries hauran d&#8217;acreditar, a més, que reuneixen els següents requisits:  a) Ser titular, en qualitat d&#8217;arrendatària, d&#8217;un contracte d&#8217;arrendament d&#8217;habitatge formalitzat en els termes de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d&#8217;arrendaments urbans. Aquesta circumstància haurà de ser acreditada de conformitat amb el que s&#8217;estableix en aquestes bases.  b) L&#8217;habitatge arrendat ha de constituir la residència habitual i permanent de la persona o unitat de familiar sol·licitant de l&#8217;ajuda. A aquest efecte en queden exclosos els subarrendaments així com els arrendaments als quals es refereix l&#8217;article 3 de la Llei 29/1994, «Arrendaments per a ús diferents d&#8217;habitatge».  c) Que la persona arrendatària o qualsevol de les que tinguen el seu domicili habitual i permanent en l&#8217;habitatge arrendat no tinga parentiu en primer o segon grau de consanguinitat o d&#8217;afinitat amb la persona que tinga la condició d&#8217;arrendador de l&#8217;habitatge.  d) Que la persona arrendatària o qualsevol de les que tinguen el seu domicili habitual i permanent en l&#8217;habitatge arrendat no siga sòcia o partícip de la persona física o jurídica que actue com a arrendadora.  3. No podran obtindre la condició de persones beneficiàries d&#8217;aquestes ajudes les que incórreguen en alguna de les circumstàncies previstes en l&#8217;article 13 de la Llei 38/2003.    Article 5. Supòsits de vulnerabilitat econòmica i social  1. Els supòsits de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència del Covid-19, als efectes del que es disposa en l&#8217;article 1, requeriran la concurrència conjunta en el beneficiari de l&#8217;ajuda dels següents requisits:  a) Que la persona que estiga obligada a pagar la renda de lloguer passe a estar en situació de desocupació, expedient temporal de regulació d&#8217;ocupació (ERTO) o, en cas de ser empresària, haja reduït la seua jornada per motiu de cures o altres circumstàncies similars que suposen una pèrdua substancial d&#8217;ingressos, i no arribe per això al conjunt dels ingressos dels membres de la unitat de convivència, en el mes anterior a la data de la convocatòria o en el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria, segons els terminis establits els articles 4 i 8 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s&#8217;adopten mesures urgents complementàries en l&#8217;àmbit social i econòmic per a fer front a la Covid-19:    1r. Amb caràcter general, el límit de tres vegades l&#8217;indicador públic de renda d&#8217;efectes múltiples mensual (IPREM).  2n. Aquest límit s&#8217;incrementarà en 0,1 vegades l&#8217;IPREM per cada fill o filla a càrrec en la unitat de convivència. L&#8217;increment aplicable per fill o filla a càrrec serà de 0,15 vegades l&#8217;IPREM per cada fill o filla en el cas d&#8217;unitat familiar monoparental.  3r. Aquest límit s&#8217;incrementarà en 0,1 vegades l&#8217;IPREM per cada persona major de 65 anys membre de la unitat de convivència.  4t. En cas que algun dels membres de la unitat de convivència tinga declarada discapacitat superior al 33 %, situació de dependència o malaltia que l&#8217;incapacite acreditadament de manera permanent per a realitzar una activitat laboral, el límit previst en el subapartat 1r serà de quatre vegades l&#8217;IPREM, sense perjudici dels increments acumulats per fill o filla a càrrec.  5è. En el cas que la persona obligada a pagar la renda arrendatícia siga persona amb paràlisi cerebral, amb malaltia mental o amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 %, o persona amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconeguda igual o superior al 65 %, així com en els casos de malaltia greu que incapacite acreditadament la persona o a la seua cuidadora, per a realitzar una activitat laboral, el límit previst en el subapartat 1r serà de cinc vegades l&#8217;IPREM.  b) Que la renda arrendatícia, més les despeses i subministraments bàsics, resulte igual o superior al 35 % dels ingressos nets que perceba el conjunt dels membres de la unitat de convivència. A aquest efecte, s&#8217;entendrà per «despeses i subministraments bàsics» l&#8217;import del cost dels subministraments d&#8217;electricitat, gas, gasoil per a calefacció, aigua corrent, dels serveis de telecomunicació fixa i mòbil, i les possibles contribucions a la comunitat de propietaris, tots ells de l&#8217;habitatge habitual que corresponga satisfer a la persona arrendatària.  2. Als efectes del que es preveu en aquest article, es considerarà unitat de convivència la formada pel conjunt de persones que estan empadronades en un mateix habitatge amb anterioritat al 15 de març de 2020, existisquen o no llaços familiars.  3. No s&#8217;entendrà que hi concorren els supòsits de vulnerabilitat econòmica i social a conseqüència de l&#8217;emergència sanitària ocasionada per la Covid-19 quan la persona arrendatària o qualsevol de les persones que componen la unitat familiar que habita aquella siga propietària o usufructuària d&#8217;algun habitatge a Espanya.  Es considerarà que no concorren aquestes circumstàncies quan el dret recaiga únicament sobre una part alíquota d&#8217;aquesta i s&#8217;haja obtingut per herència o mitjançant transmissió mortis causa sense testament.    S&#8217;exceptuarà d&#8217;aquest requisit també els qui, sent titulars d&#8217;un habitatge, acrediten la no disponibilitat d&#8217;aquest per causa de separació o divorci, per qualsevol altra causa aliena a la seua voluntat o quan l&#8217;habitatge siga inaccessible per raó de discapacitat del seu titular o d&#8217;alguna de les persones que conformen la unitat de convivència.    4. Tampoc es consideraran supòsit de vulnerabilitat econòmica i social, en aplicació del principi de capacitat econòmica, aquelles unitats de convivència els ingressos declarats de les quals en l&#8217;últim exercici fiscal vençut (2018) superen 5 vegades l&#8217;IPREM (37.598,00 euros). Per a aquest càlcul es partirà de les quanties de la base imposable general i de l&#8217;estalvi, regulades en els articles 48 i 49 respectivament, de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l&#8217;impost sobre la renda de les persones físiques.    Article 6. Acreditació de les condicions de vulnerabilitat social i econòmica  1. La concurrència de les circumstàncies de vulnerabilitat social i econòmica haurà d&#8217;haver-se produït amb posterioritat al 15 de març de 2020, i haurà d&#8217;acreditar-se per la persona arrendatària mitjançant la presentació dels següents documents:  a) En cas de situació legal de desocupació, mitjançant un certificat expedit per l&#8217;entitat gestora de les prestacions, LABORA-Servei valencià d&#8217;ocupació i formació, en el qual figure la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per desocupació.  b) En cas de cessament d&#8217;activitat de les persones treballadores per compte propi, mitjançant un certificat expedit per l&#8217;Agència Estatal de l&#8217;Administració Tributària o l&#8217;òrgan competent de la comunitat autònoma, en el seu cas, o declaració responsable de cessament de la prestació per persones autònomes segons model del Servei Públic d&#8217;Ocupació estatal (SEPE)  c) Nombre de persones que habiten a l&#8217;habitatge habitual mitjançant l&#8217;aportació d&#8217;un volant històric únic d&#8217;empadronament que acredite, en la data de la sol·licitud, les persones que tenen el seu domicili habitual a l&#8217;habitatge objecte de contracte, als efectes de determinar la unitat de convivència i l&#8217;edat de les persones empadronades. El document haurà de ser únic per habitatge, i inclourà totes les persones que hi figuren empadronades, amb referència als sis mesos anteriors a la data de la sol·licitud, com a mínim.  d) Declaració de discapacitat, de dependència o d&#8217;incapacitat permanent per a realitzar una activitat laboral, si escau, que acredite cadascuna de les circumstàncies concurrents en la unitat de convivència a què fa referència l&#8217;article 5.1.a, supòsits 4t i 5é.  e) Titularitat dels béns: nota simple del servei d&#8217;índexs del registre de la propietat de tots els membres de la unitat de convivència.    f) Declaració responsable relativa al compliment dels requisits exigits en l&#8217;article 4, apartat 2, subapartats c i d. La declaració responsable haurà d&#8217;estar subscrita per la persona peticionària de l&#8217;ajuda i la resta de membres de la unitat familiar, segons el model que estarà disponible en la pàgina web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d&#8217;Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica (http://www.habitatge.gva.es)  2. A fi de quantificar les despeses i subministraments bàsics, es computarà com a tals un percentatge de la renda de lloguer en funció dels membres que componen la unitat de convivència de conformitat amb els següents criteris:   un o dos membres: 30 %   tres membres: 40 %   quatre o més membres: 50 %  3. Documentació acreditativa dels supòsits de vulnerabilitat, per a la quantificació de l&#8217;ajuda a percebre, definits en l&#8217;apartat 3.a de l&#8217;article 7.    Article 7. Quantia i termini de l&#8217;ajuda  1. La quantia de l&#8217;ajuda podrà arribar al 100 % de la renda arrendatícia que conste en el contracte d&#8217;arrendament, fins a un import màxim de 650,00 euros al mes i per un període màxim de 6 meso, i es podrà incloure&#8217;s com a primera mensualitat la corresponent al mes d&#8217;abril de 2020.  En els supòsits en els quals l&#8217;import que calga abonar a l&#8217;arrendadora incloga despeses diferents de la renda del lloguer d&#8217;habitatge, i no estiguen desglossades en el contracte, es prendrà com a import de la renda que calga subvencionar el 90 % de l&#8217;import total que conste en el contracte d&#8217;arrendament. No seran subvencionables les despeses generals, serveis, tributs, càrregues i responsabilitats que no siguen susceptibles d&#8217;individualització, que les parts hagen acordat que siguen a càrrec de l&#8217;arrendatària i que s&#8217;incloguen en el contracte com a conceptes diferenciats de la renda de lloguer.  2. L&#8217;import de l&#8217;ajuda es calcularà prenent com a referència la renda de lloguer que conste en el contracte d&#8217;arrendament en relació amb els ingressos declarats i la situació de vulnerabilitat econòmica acreditada, d&#8217;acord amb el que s&#8217;exposa en la següent taula:    Ingressos de la unitat de convivència segons IPREM Situació de vulnerabilitat econòmica Grau de vulnerabilitat econòmica % Ajuda (màx. 650,00 euros)  Fins a 1 IPREM a 9 100 %  b 8 90 %  c 7 80 %  Fins a 15 IPREM a 8 90 %  b 7 80 %  c 6 70 %  Fins a 2 IPREM a 7 80 %  b 6 70 %  c 5 60 %  Fins a 25 IPREM a 6 70 %  b 5 60 %  c 4 50 %  Fins a 3 IPREM a 5 60 %  b 4 55 %  c 3 50 %  Fins a 4 IPREM a 4 55 %  b 3 50 %  c 2 45 %  Fins a 5 IPREM a 3 50 %  b 2 45 %  c 1 40 %      3. Situacions de vulnerabilitat econòmica als efectes de la determinació de la quantia que s&#8217;ha de percebre i documentació acreditativa d&#8217;aquests:  a) Es considerarà que la persona sol·licitant es troba dins del supòsit de vulnerabilitat econòmica a quan acredite documentalment pertànyer a algun dels següents grups d&#8217;especial atenció:  1r. Sol·licituds presentades per persones que tenen la condició de família monoparental: títol expedit segons el que s&#8217;estableix en el Decret 19/2018, de 9 de març, del Consell, pel qual es regula el reconeixement de la condició de família monoparental en la Comunitat Valenciana.  2n. Sol·licituds presentades per unitats de convivència que constituïsquen família nombrosa: títol de família nombrosa.  3r. Sol·licituds presentades per dones o unitats de convivència amb dones víctimes de violència de gènere: documentació judicial o administrativa que ho acredite.  4t. Sol·licituds presentades per víctimes del terrorisme: documentació que acredite fefaentment aquesta circumstància.  5é. Sol·licituds presentades per persones, o unitats familiars amb algun membre amb diversitat funcional, amb un grau igual o superior al 33 %: certificat de la Conselleria d&#8217;Igualtat i Polítiques Inclusives o de l&#8217;Institut Nacional de la Seguretat Social acreditatiu d&#8217;aquest aspecte, o una altra documentació acreditativa d&#8217;aquesta circumstància.  6é. Sol·licitades per joves extutelats: resolució de cessament de mesures emesa per la conselleria competent.  7é. Persones o unitats de convivència en la qual existisca alguna persona amb malaltia mental greu: informe del metge facultatiu emés per la unitat pública de salut mental.  8é. Unitats de convivència en les quals alguna persona assumeix la pàtria potestat, tutela o acolliment familiar permanent del menor orfe per violència de gènere: documentació administrativa o judicial que acredite aquesta circumstància.  9é. Dones en situació de necessitat o en risc d&#8217;exclusió, especialment quan tinguen fill o filles menors exclusivament al seu càrrec: documentació o informes municipals o d&#8217;un altre tipus que acrediten aquesta circumstància.  b) Es considerarà que la persona sol·licitant es troba dins del supòsit de vulnerabilitat econòmica b quan la seua unitat de convivència estiga formada per tres o més membres. Als efectes d&#8217;acreditació documental d&#8217;aquesta circumstància es prendrà el volant únic d&#8217;empadronament.    c) Es considerarà que la persona sol·licitant es troba dins del supòsit de vulnerabilitat econòmica c quan la seua unitat de convivència estiga formada entre un o dos2 membres. Als efectes d&#8217;acreditació documental d&#8217;aquesta circumstància es prendrà el volant únic d&#8217;empadronament.    4. La concessió de les ajudes es prioritzarà en funció del grau de vulnerabilitat econòmica de les persones beneficiàries fins que s&#8217;esgote l&#8217;import global, de manera que tindran prioritat les persones beneficiàries el grau de vulnerabilitat econòmica de les quals siga major. En el cas que, en esgotar-se l&#8217;import global, existiren diverses persones beneficiàries amb el mateix grau de vulnerabilitat econòmica, tindran prioritat les sol·licituds presentades per dones en situació de família monoparental, víctimes de violència de gènere i les de major edat, per aquest ordre.    El grau de vulnerabilitat econòmica es determinarà en funció de la situació de vulnerabilitat econòmica acreditada i dels ingressos totals de la unitat de convivència segons el seu IPREM. Aquest grau de vulnerabilitat econòmica queda determinat en la taula continguda en l&#8217;apartat 2 d&#8217;aquest article.  5. La Direcció General d&#8217;Emergència Habitacional, Funció Social de l&#8217;Habitatge i Observatori de l&#8217;Hàbitat i la Segregació Urbana podrà demana a les unitats municipals d&#8217;atenció primària del sistema valencià de serveis socials un informe social relatiu a les circumstàncies de vulnerabilitat de les unitats de convivència sol·licitants, si així s&#8217;estima oportú.  6. En el supòsit d&#8217;haver accedit a les ajudes transitòries de finançament recollides en l&#8217;article 9 del Reial decret llei 11/2020, l&#8217;ajuda podrà arribar fins a un import màxim de 3.900,00 euros, amb la qual se satisfarà totalment o parcialment el pagament de la renda de l&#8217;habitatge habitual; l&#8217;ajuda es calcularà en els termes assenyalats amb anterioritat.    Article 8. Forma i termini de presentació de sol·licituds  1. La sol·licitud es presentarà seguint el model normalitzat, acompanyada sempre de la declaració responsable signada per la persona sol·licitant, juntament amb la documentació requerida:  a) Si es disposa de certificat digital, la sol·licitud d&#8217;ajuda podrà ser presentada per la persona interessada de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat, a través del procediment habilitat a aquest efecte i anomenat «Ajuda per a contribuir a minimitzar l&#8217;impacte econòmic i social de la Covid-19 en els lloguers d&#8217;habitatge habitual». En la pàgina web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d&#8217;Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica (http://www.habitatge.gva.es) estarà disponible la informació i documentació de la convocatòria i s&#8217;habilitarà l&#8217;accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud. També s&#8217;admetran les sol·licituds presentades telemàticament per titulars de certificat digital quan actuen, degudament autoritzats, en representació d&#8217;uns altres.    b) Si no es disposa de certificat digital, la persona interessada haurà d&#8217;emplenar electrònicament el formulari de sol·licitud d&#8217;ajuda disponible en la pàgina web assenyalada en l&#8217;apartat anterior i se n&#8217;imprimirà el justificant. Aquest justificant constituirà l&#8217;imprés de sol·licitud i haurà de presentar-se degudament signat en els registres habilitats i, preferiblement, en les seus dels serveis territorials d&#8217;Habitatge i Arquitectura bioclimàtica.  A més, els serveis territorials oferiran un punt d&#8217;accés a internet i, per a aquells casos que el requerisquen, es podrà facilitar ajuda mitjançant cita prèvia. La sol·licitud emplenada en els termes assenyalats en l&#8217;apartat anterior podrà ser presentada en qualsevol altre registre establit per la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.  L&#8217;emplenament electrònic del formulari de sol·licitud per les persones peticionàries que no disposen de certificat digital no implicarà, per si mateix, que s&#8217;haja sol·licitat l&#8217;ajuda amb inici del procediment telemàtic per a la concessió. Si no es presenta el justificant degudament subscrit per la peticionària de l&#8217;ajuda acompanyat de la documentació requerida en algun dels registres d&#8217;entrada assenyalats en l&#8217;apartat anterior en el termini de sol·licitud establit en aquest decret, es considerarà que la sol·licitud no ha sigut presentada.  2. Els ajuntaments o mancomunitats podran presentar sol·licituds telemàticament mitjançant certificat digital, en nom de les persones o unitats de convivència interessades que els autoritzen mitjançant el corresponent formulari. Per a això es podrà habilitar l personal dels ajuntaments o mancomunitats mitjançant la presentació de la credencial subscrita degudament en formulari normalitzat disponible en el web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d&#8217;Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.  3. Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent de l&#8217;establit en aquest decret serà inadmesa.  4. Les circumstàncies declarades en el full d&#8217;autobaremació i no acreditades en tots els seus punts no es computaran. Si la sol·licitant de l&#8217;ajuda no poguera aportar algun dels documents requerits, podrà substituir-lo mitjançant una declaració responsable que incloga la justificació expressa dels motius, relacionats amb les conseqüències de la crisi de la Covid-19, que li impedeixen tal aportació.  5. La sol·licitud de les ajudes implicarà l&#8217;autorització de les interessades perquè l&#8217;Administració de la Generalitat puga procedir al tractament de les dades de caràcter personal en la mesura que siga necessari per a la gestió de les ajudes, tot això de conformitat amb el que es preveu en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i les seues normes de desplegament.  6. El termini de presentació de sol·licituds s&#8217;iniciarà l&#8217;endemà hàbil de la publicació d&#8217;aquest decret en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, a les 09.00 hores, i romandrà obert fins a les 12.00 hores del 30 de juny de 2020.  7. Només s&#8217;admetrà una sol·licitud per persona o unitat familiar.    Article 9. Documentació que ha d&#8217;acompanyar la sol·licitud  1. Juntament amb el model normalitzat de la sol·licitud que inclou l&#8217;autobaremació subscrita per l&#8217;arrendatària, es presentarà la següent documentació:  a) Documentació acreditativa de la situació de vulnerabilitat econòmica i social de la persona beneficiària o unitat de convivència relacionada en l&#8217;article 6, així com dels supòsits d&#8217;especial protecció de l&#8217;article 7.  b) Còpia completa del contracte d&#8217;arrendament en vigor, amb esment exprés de l&#8217;import del lloguer de l&#8217;habitatge i de la duració mínima d&#8217;un any signat per la part arrendadora i arrendatària.  El contracte d&#8217;arrendament haurà d&#8217;estar formalitzat en els termes que es deriven de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d&#8217;arrendaments urbans, sense que siguen vàlids contractes de lloguer subscrits a l&#8217;empara de la normativa sectorial reguladora dels apartaments turístics.    El contracte d&#8217;arrendament inclourà expressament el mitjà i la forma de pagament a la persona arrendadora.  c) Acreditació del pagament de les últimes tres mensualitats, llevat que el contracte tinguera una vigència de menor termini, i en aquest cas s&#8217;acreditarà el pagament des de l&#8217;inici del contracte.  d) Imprés model de domiciliació bancària.  e) En cas d&#8217;actuar mitjançant representant, s&#8217;aportarà n formulari relatiu a la representació.  f) En el cas que l&#8217;ajuda sol·licitada ho siga per a fer front a la devolució de les ajudes transitòries de finançament recollides en l&#8217;article 9 del Reial decret llei 11/2020, pel qual s&#8217;adopten mesures urgents complementàries en l&#8217;àmbit social i econòmic per a fer front a la Covid-19 i contretes per arrendatàries d&#8217;habitatge habitual, a la devolució del qual no pogueren fer front, certificat expedit per l&#8217;entitat bancària acreditativa de la concessió del préstec i quantia d&#8217;aquest.    g) Autorització de les persones interessades, inclosa en el mateix model normalitzat assenyalat en l&#8217;apartat anterior, per a permetre a l&#8217;Administració de la Generalitat el tractament de les dades de caràcter personal en la mesura que siga necessària per a la gestió de les ajudes, tot això de conformitat amb el que es preveu en la Llei orgànica 3/2018, o normativa que la substituïsca, i les seues normes de desplegament. Les dades de caràcter personal, econòmic, tributari o patrimonial de cadascun dels membres de la unitat de convivència major de setze anys seran comprovades per l&#8217;Administració en el marc de col·laboració establit amb les diferents administracions i entitats.  L&#8217;autorització haurà de ser signada per tots els membres de la unitat de convivència majors de setze anys.  2. En el cas que la persona sol·licitant s&#8217;opose expressament al fet que la Direcció General d&#8217;Emergència Habitacional, Funció Social de l&#8217;Habittage i Observatori de l&#8217;Hàbitat i la Segregació Urbana sol·licite, a través de la Plataforma Autonòmica d&#8217;Intermediació (PAI) i altres sistemes habilitats a aquest efecte, la informació relativa a les següents circumstàncies, haurà d&#8217;aportar la corresponent documentació acreditativa:    a) Identitat de la persona física sol·licitant i, si escau, de la seua representant.  b) Vida Laboral, certificada per la Tresoreria de la Seguretat Social.  c) Certificat positiu de l&#8217;Agència Estatal de l&#8217;Administració Tributària, de la conselleria competent en matèria d&#8217;hisenda i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.    d) Certificat de l&#8217;Agència Estatal d&#8217;Administració Tributària relatiu als rendiments d&#8217;activitat econòmica, domicili fiscal i qualsevol dels requisits exigits a les persones beneficiàries.    Article 10. Instrucció  1. La instrucció del procediment correspondrà als serveis territorials competents en matèria d&#8217;habitatge i arquitectura bioclimàtica.    2. El criteri per a la concessió de la subvenció serà el que s&#8217;estableix en l&#8217;apartat 4 de l&#8217;article 7, fins a esgotar el crèdit disponible.  3. L&#8217;esmena d&#8217;aquestes sol·licituds es realitzarà mitjançant la publicació en la pàgina web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d&#8217;Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. Aquesta publicació substituirà la notificació individual, d&#8217;acord amb el que es preveu en la legislació reguladora del procediment administratiu comú. Les sol·licitants que hagen facilitat un número de telèfon mòbil podran ser avisades de la publicació del llistat mitjançant un missatge de text SMS.  4. Examinades les sol·licituds, l&#8217;òrgan instructor emetrà un informe i formularà la proposta de concessió a l&#8217;òrgan competent per a resoldre.    Article 11. Resolució i recursos  1. La competència per a resoldre sobre les sol·licituds presentades correspon a la persona titular de la Direcció General d&#8217;Emergència Habitacional, Funció Social de l&#8217;Habitatge i Observatori de l&#8217;Hàbitat i la Segregació Urbana.  2. La resolució de concessió determinarà la quantia concedida i incorporarà, si escau, les condicions, obligacions i determinacions accessòries a què haja de subjectar-se el beneficiari.  3. El termini per a resoldre i notificar la resolució procedent serà el que es preveu en la Llei 39/2015. Transcorregut aquest termini sense que s&#8217;haja dictat i notificat resolució expressa, es produirà el silenci administratiu i la sol·licitud podrà entendre&#8217;s desestimada.  La resolució del procediment es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en la pàgina web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d&#8217;Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, de conformitat amb el que es disposa en el article 40 de la Llei 39/2015. Tot això sense perjudici de la remissió, mitjançant un missatge de text o SMS, de la informació sobre el lloc on es publicarà la resolució de la seua sol·licitud d&#8217;ajuda a la persona beneficiària que haja facilitat un número de telèfon mòbil a aquest efecte.  La publicació es realitzarà respectant en tot cas els drets reconeguts en la Llei orgànica 3/2018.  4. La resolució posarà fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se un recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan en el termini d&#8217;un mes a partir de l&#8217;endemà de la notificació, d&#8217;acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d&#8217;1 d&#8217;octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant del corresponent jutjat contenciós administratiu, de conformitat amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.    Article 12. Forma de pagament  1. La liquidació i pagament de les ajudes s&#8217;efectuarà una vegada justificat el compliment dels requisits amb la documentació presentada juntament amb la sol·licitud. L&#8217;import de l&#8217;ajuda es lliurarà d&#8217;una sola vegada després que es dicte la resolució de concessió.  2. No obstant l&#8217;anterior, podrà acordar-se que el pagament es realitze directament a l&#8217;arrendadora per compte de l&#8217;arrendatària en el cas que no s&#8217;haguera satisfet el pagament del lloguer per l&#8217;arrendatària, llevat que s&#8217;haja subscrit un préstec mitjançant les ajudes transitòries de finançament regulades en l&#8217;article 9 del Reial decret llei 11/2020 i el període de les mensualitats i les quanties cobertes foren coincidents.    3. En tot cas, quan s&#8217;haja concedit un préstec mitjançant les ajudes transitòries de finançament regulades en l&#8217;article 9 del Reial decret llei 11/2020, la quantia de l&#8217;ajuda concedida haurà de destinar-se a l&#8217;amortització del préstec. Únicament quan s&#8217;haja cancel·lat la totalitat del préstec, i l&#8217;import d&#8217;aquest siga inferior al de l&#8217;ajuda concedida, podrà destinar-se a cobrir el pagament de noves mensualitats de renda o d&#8217;imports superiors d&#8217;aquella fins a arribar al total de l&#8217;ajuda rebuda.      Article 13. Obligacions i responsabilitats de les persones beneficiàries    1. La persona o la unitat familiar beneficiària queda obligada a mantindre el domicili habitual i permanent a l&#8217;habitatge objecte d&#8217;ajuda, durant els sis mesos per què es concedeix l&#8217;ajuda.  2. Les persones beneficiàries de les ajudes estaran obligades a comunicar immediatament a l&#8217;administració concedent qualsevol modificació de les condicions o requisits que van motivar tal reconeixement i que puga determinar la pèrdua sobrevinguda del dret a l&#8217;ajuda. En aquest supòsit, si escau, aquest òrgan competent resoldria limitant el termini de concessió de l&#8217;ajuda fins a la data de la pèrdua sobrevinguda del dret.  3. Així mateix, en virtut del que s&#8217;estableix en la Llei 38/2003, la part beneficiària queda obligada a:  a) Facilitar qualsevol document o informació que l&#8217;Administració de la Generalitat considere necessari per al control del compliment de les finalitats previstes.  b) Sotmetre&#8217;s a les actuacions de control financer previstes en els articles 113 i següents de la Llei 1/2015 i en els articles 44 i següents de la Llei 38/2003, així com les que puguen dur a terme la Generalitat i altres òrgans de control en relació amb les ajudes i subvencions concedides.  c) Comunicar l&#8217;obtenció d&#8217;altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol altra administració o ens públic o privat, nacional o internacional, així com qualsevol incidència o variació que es produïsca en relació amb la subvenció concedida.      Article 14. Justificació de l&#8217;ajuda concedida  1. Les persones o unitats de convivència sol·licitants de les ajudes han d&#8217;aportar la documentació bancària que acredite de manera indubtable que han abonat, en el compte la titularitat del qual correspon a la part arrendadora, la renda corresponent als mesos per als quals s&#8217;ha concedit l&#8217;ajuda com a mitjà de justificació de la subvenció concedida.    En el cas que l&#8217;ajuda concedida ho fora per a fer front a la devolució de les ajudes transitòries de finançament que les entitats bancàries hagueren pogut concedir-li per al pagament de la renda de lloguer, haurà d&#8217;aportar-se, a més, un certificat expedit per l&#8217;entitat bancària corresponent acreditatiu que l&#8217;ajuda concedida ha sigut destinada a l&#8217;amortització del préstec.  2. La documentació justificativa dels pagaments podrà presentar-se en paper o mitjançant el procediment telemàtic disponible en la seu electrònica de la Generalitat(www.gva.es). Per a això es disposarà d&#8217;un termini de tres mesos a comptar des de la finalització del termini de sis mesos corresponents al període per al qual es concedeix l&#8217;ajuda, perquè s&#8217;aporte la documentació acreditativa que justifique la finalitat de la subvenció.    Article 15. Control i reintegrament  1. La Generalitat podrà comprovar, pels mitjans que estime més adequats, el compliment de les obligacions inherents a l&#8217;atorgament de les ajudes. L&#8217;incompliment d&#8217;aquestes obligacions o la comprovació de la falsedat de les dades aportades a l&#8217;expedient donaran lloc al reintegrament de les ajudes concedides i a la devolució de les quanties atorgades, que generaran els corresponents interessos de demora. En particular, pertocarà el reintegrament total de l&#8217;ajuda en el supòsit de falsedat de les declaracions responsables presentades. Així mateix, correspondrà el reintegrament per l&#8217;import no justificat en els casos en què la renda abonada per l&#8217;arrendament siga inferior a la subvenció concedida.    2. D&#8217;acord amb el que es disposa en l&#8217;article 41 de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana, es perdrà el dret a la subvenció o es reintegrarà aquesta quan la subvenció es destine a la realització d&#8217;una activitat o al compliment d&#8217;una finalitat prohibida en el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre. En qualsevol cas, hi serà aplicable el que es disposa en matèria de control financer, reintegrament i infraccions i sancions administratives en la Llei 1/2015 i en la Llei 38/2003.    3. El que es disposa en els apartats anteriors serà aplicable sense perjudici de la possible qualificació dels fets com a infracció administrativa i incoació del procediment sancionador, d&#8217;acord amb els articles 52 i següents de la Llei 38/2003, i els articles 173 i següents de la Llei 1/2015.    Article 16. Compatibilitat de l&#8217;ajuda  Amb independència que s&#8217;haja subscrit o no un préstec mitjançant les ajudes transitòries de finançament regulades en l&#8217;article 9 del Reial decret llei 11/2020, l&#8217;ajuda és compatible amb qualsevol altra ajuda al lloguer que percebera la persona arrendatària, fins i tot si fora amb càrrec al Pla estatal d&#8217;habitatge 2018-2021, sempre que el total de les ajudes no supere el 100 % de l&#8217;import del lloguer del mateix període. En cas de superar-lo, si l&#8217;ajuda corresponent a aquest programa fora concedida, es reduiria en la quantia necessària fins a complir aquest límit.        DISPOSICIÓ ADDICIONAL    Única. Normativa aplicable  1. Aquestes ajudes tenen la consideració de subvencions públiques i es regeixen per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,;el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s&#8217;aprova el seu reglament, i altres normatives concordants, i per la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d&#8217;hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.  2. En aplicació de l&#8217;apartat 4 de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, la suspensió de terminis no s&#8217;aplicarà al procediment de concessió d&#8217;aquestes ajudes, per ser un procediment referit a situacions estretament vinculades als fets que justifiquen l&#8217;estat d&#8217;alarma.      DISPOSICIONS FINALS    Primer. Habilitació  S&#8217;habilita la persona titular de la Direcció General d&#8217;Emergència Habitacional, Funció Social de l&#8217;Habitatge i Observatori de l&#8217;Hàbitat i la Segregació Urbana, o l&#8217;òrgan en què aquesta delegue, per a dictar les instruccions i adoptar les mesures que considere oportunes per a l&#8217;aplicació i execució d&#8217;aquest decret.    Segona. Efectes  Aquest decret produirà efectes a partir de l&#8217;endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.    Contra aquest decret, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar potestativament un recurs de reposició davant de l&#8217;òrgan que ha dictat l&#8217;acte, en el termini d&#8217;un mes des de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d&#8217;acord amb el que es disposa en els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d&#8217;1 d&#8217;octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de l&#8217;endemà de publicar-se, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Tot això de conformitat amb el que es disposa en els articles 10, 44 i 46 de l&#8217;esmentada Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i sense perjudici que s&#8217;utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.    València, 24 d&#8217;abril de 2020    El president de la Generalitat  XIMO PUIG I FERRER    El vicepresident segon i conseller d&#8217;Habitatge  i Arquitectura Bioclimàtica,  RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU</a> se publicó primero en <a href="https://normativamunicipal.com">Normativa Municipal</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://normativamunicipal.com/decret-52-2020-de-24-dabril-del-consell-daprovacio-de-bases-reguladores-per-a-la-concessio-directa-dajudes-per-a-contribuir-a-minimitzar-limpacte-economic-i-social-de-la-covid-19-en-els-lloguer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Venda directa  produtos agrogandeiros GALICIA</title>
		<link>https://normativamunicipal.com/venda-directa-produtos-agrogandeiros-galicia/</link>
					<comments>https://normativamunicipal.com/venda-directa-produtos-agrogandeiros-galicia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2020 12:54:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Galicia|Venda directa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://normativamunicipal.com/uncategorized/venda-directa-produtos-agrogandeiros-galicia/</guid>

					<description><![CDATA[<p>ORDE do 27 de abril de 2020 pola que se modifica a Orde do 23 de marzo de 2020 pola que se adoptan medidas de carácter obrigatorio en relación co COVID-19, en cumprimento do acordo do Centro de Coordinación Operativa da Emerxencia Sanitaria na Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop), do 18 de marzo, sobre a venda directa de produtos agrogandeiros nos mercados, a venda de produtos vexetais para a plantación en hortas de consumidores finais e o desprazamento de agricultores e viticultores para os efectos da realización de actividades agrarias. A Orde do 23 de marzo de 2020 pola que se adoptan medidas de carácter obrigatorio en relación co COVID-19 en cumprimento do acordo do Centro de Coordinación Operativa da Emerxencia Sanitaria na Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop), do 18 de marzo, sobre a venda directa de produtos agrogandeiros nos mercados, a venda de produtos vexetais para a plantación en hortas de consumidores finais e o desprazamento de agricultores e viticultores para os efectos da realización de actividades agrarias, ditouse co fin de garantir a aplicación das medidas previstas no Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma, e na demais normativa ditada en prol de contribuír á loita contra a pandemia e, moi particularmente, cortar a cadea de contaxios do virus, evitar as concentracións de persoas e os desprazamentos pola vía pública. Cómpre subliñar, ademais, que a Comunidade Autónoma de Galicia xa acordara a declaración da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, activara o Plan territorial de emerxencias de Galicia (Platerga) no seu nivel IG (emerxencia de interese galego), como consecuencia da evolución da epidemia do coronavirus COVID-19 (DOG núm. 50 bis, do 13 de marzo), e determinara no seu ordinal cuarto que para o desenvolvemento do plan poderán ditarse ordes e instrucións que afecten dereitos da cidadanía nos termos establecidos polas leis, así como adoptar medidas de obrigado cumprimento para os seus destinatarios e destinatarias, conforme o que se dispoña e se así o aconsellan as necesidades da emerxencia e dos bens que hai que protexer. En desenvolvemento desas disposicións, e de conformidade co acordo do Centro de Coordinación Operativa da Emerxencia Sanitaria na Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop), do 18 de marzo, procedeuse, a través da devandita Orde do 23 de marzo de 2020, a establecer normas complementarias no ámbito da venda directa de produtos frescos, da venda de produtos vexetais para a plantación en hortas de consumidores finais, así como sobre o desenvolvemento da actividade agrícola polas persoas que se dedican a esta actividade do sector primario. O tempo transcorrido desde a primeira declaración do estado de alarma e a propia evolución da emerxencia sanitaria coa implementación das medidas adoptadas durante as últimas semanas permiten agora modificar algunha das medidas previstas na Orde do 23 de marzo de 2020 e, singularmente, aquelas cuxa incidencia non redunde nunha alteración substancial da motivación última da propia orde. Así, no caso dos desprazamentos para atender cultivos ou viñedos considerados de autoconsumo, é dicir, sen fins comerciais, o fin perseguido pode lograrse igualmente, e ao mesmo tempo ter presente a dispersión xeográfica existente en Galicia, sempre que ese desprazamento se realice dentro do mesmo termo municipal ou, de realizarse a outro termo municipal, non supoña unha distancia superior a 5 km da súa vivenda habitual e así o declare responsablemente a persoa que realiza esas actividades agrarias non profesionais. Polo exposto, no marco das competencias exclusivas que corresponden á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de ordenación, fomento e mellora da produción agrogandeira, da protección e control da sanidade animal e vexetal, da defensa da produción nos cultivos vexetais agrícolas e os seus produtos, e dos procedementos relacionados coa seguridade alimentaria das producións primarias agrícolas e gandeiras, segundo o previsto no artigo 30.1.3 do Estatuto de autonomía de Galicia, no Decreto 149/2018, do 5 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería do Medio Rural e, de conformidade co establecido no Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, e nas demais disposicións do corpo normativo ditado en sede do estado de alarma decretado por razón da emerxencia sanitaria COVID-19 actualmente existente, ACORDO: Artigo único. Modificación da Orde do 23 de marzo de 2020 pola que se adoptan medidas de carácter obrigatorio en relación co COVID-19, en cumprimento do acordo do Centro de Coordinación Operativa da Emerxencia Sanitaria na Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop), do 18 de marzo, sobre a venda directa de produtos agrogandeiros nos mercados, a venda de produtos vexetais para a plantación en hortas de consumidores finais e o desprazamento de agricultores e viticultores para os efectos da realización de actividades agrarias Modifícase o artigo 4, que queda redactado como segue: Artigo 4. Realización de actividades agrarias As persoas agricultoras e viticultoras profesionais e os seus traballadores poderán efectuar os desprazamentos para a realización dos traballos necesarios de atención e mantemento dos cultivos e dos viñedos. Para os efectos desta disposición, terá a consideración de agricultor/a profesional, ben sexa a tempo completo ou parcial, quen estea de alta no Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia (Reaga). Para a acreditación do carácter de agricultor/a, que xustifique a realización deses desprazamentos, é suficiente coa inscrición da explotación no Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia (Reaga). Nese sentido, os axentes da autoridade poderán dirixirse ao dito rexistro para efectuar calquera comprobación que consideren oportuna. No caso das persoas viticultoras profesionais, poderán acreditalo tamén co carné de aplicador/manipulador de produtos fitosanitarios ou coa tarxeta de rexistro dispensada polo Consello Regulador da Denominación de Orixe cando se dan de alta nos rexistros. Respecto das persoas que teñan cultivos ou viñedos considerados de autoconsumo, é dicir, con fins non comerciais e, polo tanto, non desenvolvan unha actividade profesional agraria, poderán realizar os desprazamentos mínimos e imprescindibles para o mantemento e atención dos devanditos cultivos e viñas sempre que o desprazamento se realice dentro do mesmo termo municipal ou, de realizarse a outro termo municipal, que non supoña unha</p>
<p>La entrada <a href="https://normativamunicipal.com/venda-directa-produtos-agrogandeiros-galicia/">Venda directa  produtos agrogandeiros GALICIA</a> se publicó primero en <a href="https://normativamunicipal.com">Normativa Municipal</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>ORDE do 27 de abril de 2020 pola que se modifica a Orde do 23 de marzo de 2020 pola que se adoptan medidas de carácter obrigatorio en relación co COVID-19, en cumprimento do acordo do Centro de Coordinación Operativa da Emerxencia Sanitaria na Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop), do 18 de marzo, sobre a venda directa de produtos agrogandeiros nos mercados, a venda de produtos vexetais para a plantación en hortas de consumidores finais e o desprazamento de agricultores e viticultores para os efectos da realización de actividades agrarias.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-14566"></span><br />
A Orde do 23 de marzo de 2020 pola que se adoptan medidas de carácter obrigatorio en relación co COVID-19 en cumprimento do acordo do Centro de Coordinación Operativa da Emerxencia Sanitaria na Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop), do 18 de marzo, sobre a venda directa de produtos agrogandeiros nos mercados, a venda de produtos vexetais para a plantación en hortas de consumidores finais e o desprazamento de agricultores e viticultores para os efectos da realización de actividades agrarias, ditouse co fin de garantir a aplicación das medidas previstas no Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma, e na demais normativa ditada en prol de contribuír á loita contra a pandemia e, moi particularmente, cortar a cadea de contaxios do virus, evitar as concentracións de persoas e os desprazamentos pola vía pública.<br />
Cómpre subliñar, ademais, que a Comunidade Autónoma de Galicia xa acordara a declaración da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, activara o Plan territorial de emerxencias de Galicia (Platerga) no seu nivel IG (emerxencia de interese galego), como consecuencia da evolución da epidemia do coronavirus COVID-19 (DOG núm. 50 bis, do 13 de marzo), e determinara no seu ordinal cuarto que para o desenvolvemento do plan poderán ditarse ordes e instrucións que afecten dereitos da cidadanía nos termos establecidos polas leis, así como adoptar medidas de obrigado cumprimento para os seus destinatarios e destinatarias, conforme o que se dispoña e se así o aconsellan as necesidades da emerxencia e dos bens que hai que protexer.<br />
En desenvolvemento desas disposicións, e de conformidade co acordo do Centro de Coordinación Operativa da Emerxencia Sanitaria na Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop), do 18 de marzo, procedeuse, a través da devandita Orde do 23 de marzo de 2020, a establecer normas complementarias no ámbito da venda directa de produtos frescos, da venda de produtos vexetais para a plantación en hortas de consumidores finais, así como sobre o desenvolvemento da actividade agrícola polas persoas que se dedican a esta actividade do sector primario.<br />
O tempo transcorrido desde a primeira declaración do estado de alarma e a propia evolución da emerxencia sanitaria coa implementación das medidas adoptadas durante as últimas semanas permiten agora modificar algunha das medidas previstas na Orde do 23 de marzo de 2020 e, singularmente, aquelas cuxa incidencia non redunde nunha alteración substancial da motivación última da propia orde. Así, no caso dos desprazamentos para atender cultivos ou viñedos considerados de autoconsumo, é dicir, sen fins comerciais, o fin perseguido pode lograrse igualmente, e ao mesmo tempo ter presente a dispersión xeográfica existente en Galicia, sempre que ese desprazamento se realice dentro do mesmo termo municipal ou, de realizarse a outro termo municipal, non supoña unha distancia superior a 5 km da súa vivenda habitual e así o declare responsablemente a persoa que realiza esas actividades agrarias non profesionais.<br />
Polo exposto, no marco das competencias exclusivas que corresponden á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de ordenación, fomento e mellora da produción agrogandeira, da protección e control da sanidade animal e vexetal, da defensa da produción nos cultivos vexetais agrícolas e os seus produtos, e dos procedementos relacionados coa seguridade alimentaria das producións primarias agrícolas e gandeiras, segundo o previsto no artigo 30.1.3 do Estatuto de autonomía de Galicia, no Decreto 149/2018, do 5 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería do Medio Rural e, de conformidade co establecido no Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, e nas demais disposicións do corpo normativo ditado en sede do estado de alarma decretado por razón da emerxencia sanitaria COVID-19 actualmente existente,<br />
ACORDO:<br />
Artigo único. Modificación da Orde do 23 de marzo de 2020 pola que se adoptan medidas de carácter obrigatorio en relación co COVID-19, en cumprimento do acordo do Centro de Coordinación Operativa da Emerxencia Sanitaria na Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop), do 18 de marzo, sobre a venda directa de produtos agrogandeiros nos mercados, a venda de produtos vexetais para a plantación en hortas de consumidores finais e o desprazamento de agricultores e viticultores para os efectos da realización de actividades agrarias<br />
Modifícase o artigo 4, que queda redactado como segue:<br />
Artigo 4. Realización de actividades agrarias<br />
As persoas agricultoras e viticultoras profesionais e os seus traballadores poderán efectuar os desprazamentos para a realización dos traballos necesarios de atención e mantemento dos cultivos e dos viñedos.<br />
Para os efectos desta disposición, terá a consideración de agricultor/a profesional, ben sexa a tempo completo ou parcial, quen estea de alta no Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia (Reaga).<br />
Para a acreditación do carácter de agricultor/a, que xustifique a realización deses desprazamentos, é suficiente coa inscrición da explotación no Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia (Reaga). Nese sentido, os axentes da autoridade poderán dirixirse ao dito rexistro para efectuar calquera comprobación que consideren oportuna. No caso das persoas viticultoras profesionais, poderán acreditalo tamén co carné de aplicador/manipulador de produtos fitosanitarios ou coa tarxeta de rexistro dispensada polo Consello Regulador da Denominación de Orixe cando se dan de alta nos rexistros.<br />
Respecto das persoas que teñan cultivos ou viñedos considerados de autoconsumo, é dicir, con fins non comerciais e, polo tanto, non desenvolvan unha actividade profesional agraria, poderán realizar os desprazamentos mínimos e imprescindibles para o mantemento e atención dos devanditos cultivos e viñas sempre que o desprazamento se realice dentro do mesmo termo municipal ou, de realizarse a outro termo municipal, que non supoña unha distancia superior a 5 km da súa vivenda habitual. En ningún caso poderá haber máis de dúas persoas no predio, as cales deberán respectar en todo momento as distancias de seguridade e demais protocolos de prevención establecidos pola autoridade sanitaria.<br />
En relación coa acreditación da necesidade de desprazamento, as actividades agrarias consideradas de autoconsumo poderanse realizar coa presentación do carné de aplicador/manipulador de produtos fitosanitarios. No caso das persoas viticultoras, poderán acreditalo co carné de aplicador/manipulador de produtos fitosanitarios ou coa tarxeta de rexistro dispensada polo Consello Regulador da Denominación de Orixe cando se dan de alta nos rexistros.<br />
Sen prexuízo do anterior, as persoas que teñan cultivos ou viñas de autoconsumo deberán levar consigo unha declaración responsable que comprenda os predios nos cales levan a cabo eses cultivos, incluíndo a identificación da parcela, o tipo de cultivos que realiza e, no caso de tratarse de cultivos ecolóxicos, a declaración incluirá tamén que non se empregan tratamentos fitosanitarios e que, polo tanto, carece do carné de aplicador/manipulador destes produtos. Nese documento, ademais, a persoa deberá declarar responsablemente que leva desprazándose de xeito habitual ao predio en cuestión para a realización de actividades agrarias de autoconsumo polo menos durante o último ano.<br />
Todo isto sen prexuízo das facultades de comprobación, control e inspección por parte da Administración cara a verificar o contido de tal declaración responsable, de conformidade co disposto no artigo 69.3 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.<br />
Disposición derradeira única. Vixencia<br />
A presente disposición entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia e estenderá a súa vixencia ata a finalización da declaración do período do estado de alarma ou as prórrogas deste.<br />
Santiago de Compostela, 27 de abril de 2020<br />
José González Vázquez<br />
Conselleiro do Medio Rural</p>
<p>La entrada <a href="https://normativamunicipal.com/venda-directa-produtos-agrogandeiros-galicia/">Venda directa  produtos agrogandeiros GALICIA</a> se publicó primero en <a href="https://normativamunicipal.com">Normativa Municipal</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://normativamunicipal.com/venda-directa-produtos-agrogandeiros-galicia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Medias preventivas COVID-19 en NAVARRA</title>
		<link>https://normativamunicipal.com/medias-preventivas-covid-19-en-navarra/</link>
					<comments>https://normativamunicipal.com/medias-preventivas-covid-19-en-navarra/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2020 12:53:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[en NAVARRA|Medias COVID-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://normativamunicipal.com/uncategorized/medias-preventivas-covid-19-en-navarra/</guid>

					<description><![CDATA[<p>ORDEN FORAL 132/2020, de 17 de marzo, de la Consejera de Derechos Sociales, por la que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones en el ámbito de las personas mayores, personas con discapacidad y ámbito de menores a aplicar durante el periodo de estado de alarma como consecuencia de la evolución epidemiológica del coronavirus (COVID-19). PREÁMBULO La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional. Por lo que respecta a nuestro país y en respuesta ante esta situación se ha dictado el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. El artículo 1 de la Ley Foral 15/2006, de 14 de diciembre, de Servicios Sociales establece como objeto fundamental de la misma conseguir el bienestar social de la población, garantizando el derecho universal de acceso a los servicios sociales. Igualmente plantea que se debe garantizar que éstos cuenten con las condiciones óptimas para asegurar la autonomía, dignidad y la calidad de vida de las personas. En su articulado contempla cual es el sistema de servicios sociales de Navarra y las prestaciones técnicas, económicas y materiales. En el contexto actual se considera necesario establecer una serie de recomendaciones que contribuyan al buen funcionamiento de los servicios para personas mayores, personas con discapacidad y servicios de menores y a la vez que prevengan la propagación de esta pandemia y a la mitigación de los efectos sobre dicha población. Por todo lo anterior, en virtud del artículo 14.1 e) de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidente o Presidenta, ORDENO: 1.–Medidas y recomendaciones en el ámbito de personas mayores. 1. Centros residenciales: a) Se suspenden las visitas a los centros residenciales, salvo en casos excepcionales en los que se considere necesario para la persona usuaria contar con el apoyo de sus familiares, hecho que será valorado desde el propio centro residencial. b) No se suspenden los nuevos ingresos. Los centros residenciales son considerados servicios esenciales por lo cual se tiene que garantizar la atención a las personas. Antes del ingreso será necesario evaluar los síntomas de infección respiratoria de las personas en el momento de su admisión en el centro y la ausencia de factores de riesgo. Los ingresos procedentes de servicios hospitalarios conllevan un informe médico de alta y en los procedentes de domicilios se realizará una valoración desde Atención Primaria en el caso de que tuvieran síntomas respiratorios. c) Se suspenden las estancias temporales y los ingresos por respiro familiar (salvo casos excepcionales), manteniéndose los ingresos por recuperación. d) Se suspenden los ingresos por traslados de personas procedentes de otros centros residenciales. 2. Estancias diurnas, centros de día, y servicios de promoción de autonomía: Se suspenden los servicios. Sin embargo, para asegurar la atención de posibles casos que puedan quedar desatendidos en su domicilio, los centros valorarán la situación individual de cada persona y organizarán los apoyos necesarios, estableciendo además un seguimiento telefónico para todas las personas usuarias. 3. Clubes de mayores: Se suspenden los servicios mientras dure el estado de alarma. 2.–Medidas y recomendaciones en el ámbito de las personas con discapacidad: 1. Centros residenciales: a) Se suspenden las visitas salvo en casos excepcionales en los que se considere necesario para la persona usuaria contar con el apoyo de sus familiares, hecho que será valorado desde el propio centro residencial. b) Se suspenden los nuevos ingresos e ingresos temporales salvo casos de justificada necesidad que deberán ser autorizados por la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas. c) Se suspenden las salidas al domicilio de las personas usuarias de los servicios residenciales. 2. Equipo de Intervención Sociocomunitaria: Se mantiene la atención presencial, excepto en aquellos casos que las personas requieran otras modalidades de apoyo. 3. Centros de día, servicios de estancias diurna, centros ocupacionales, y centros de rehabilitación psicosocial: Con carácter general se suspenden dichos servicios. No obstante, para asegurar la atención de posibles casos que puedan quedar desatendidos en su domicilio, los centros organizarán los apoyos necesarios para cada persona. Para el resto de las personas usuarias deberán establecer un seguimiento telefónico. 3.–Medidas y recomendaciones en el ámbito de los servicios de menores: 1. Programa de acogimiento residencial: a) Se someterán a una especial consideración de las circunstancias concretas y evaluación de los posibles riesgos, de todas aquellas situaciones que conlleven un posible desplazamiento o traslado de niños, niñas o jóvenes en el ámbito de las competencias de la Subdirección de familia y menores. b) Se mantendrá una comunicación continua por parte de las entidades colaboradoras con la Subdirección de familia y menores, relativa a las situaciones del personal y de los menores y familias usuarias de los programas en relación a la circunstancia actual del COVID-19. c) Se seguirán en todo momento, con carácter general, las recomendaciones, pautas e indicaciones que vayan dando las autoridades sanitarias con responsabilidad y aplicando un elemental principio de prudencia, especialmente en relación a los menores más vulnerables por padecer patología previa. En estos casos, se valorará cada situación en función de las circunstancias concretas, con la debida coordinación entre el hogar y la Entidad Pública. d) Las salidas y desplazamientos de los menores se limitarán a aquellas que sean imprescindibles, priorizando en esos casos, el transporte privado del hogar frente al transporte público. e) Quedan suspendidas temporalmente las visitas de personas ajenas al hogar, incluidos los familiares de los menores residentes, así como las salidas para visitas presenciales con estos. Se procurará el contacto de las personas residentes con sus familiares por medios no presenciales. f) Cualquier situación excepcional de extrema urgencia que pueda implicar una visita o salida será evaluada y propuesta por una persona responsable del hogar o centro y autorizada, en su caso por la entidad pública. En aquellos casos en los que las visitas hayan de celebrarse</p>
<p>La entrada <a href="https://normativamunicipal.com/medias-preventivas-covid-19-en-navarra/">Medias preventivas COVID-19 en NAVARRA</a> se publicó primero en <a href="https://normativamunicipal.com">Normativa Municipal</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>ORDEN FORAL 132/2020, de 17 de marzo, de la Consejera de Derechos Sociales, por la que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones en el ámbito de las personas mayores, personas con discapacidad y ámbito de menores a aplicar durante el periodo de estado de alarma como consecuencia de la evolución epidemiológica del coronavirus (COVID-19).</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-14462"></span><br />
PREÁMBULO<br />
La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional. Por lo que respecta a nuestro país y en respuesta ante esta situación se ha dictado el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.<br />
El artículo 1 de la Ley Foral 15/2006, de 14 de diciembre, de Servicios Sociales establece como objeto fundamental de la misma conseguir el bienestar social de la población, garantizando el derecho universal de acceso a los servicios sociales. Igualmente plantea que se debe garantizar que éstos cuenten con las condiciones óptimas para asegurar la autonomía, dignidad y la calidad de vida de las personas. En su articulado contempla cual es el sistema de servicios sociales de Navarra y las prestaciones técnicas, económicas y materiales.<br />
En el contexto actual se considera necesario establecer una serie de recomendaciones que contribuyan al buen funcionamiento de los servicios para personas mayores, personas con discapacidad y servicios de menores y a la vez que prevengan la propagación de esta pandemia y a la mitigación de los efectos sobre dicha población.<br />
Por todo lo anterior, en virtud del artículo 14.1 e) de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidente o Presidenta,<br />
ORDENO:<br />
1.–Medidas y recomendaciones en el ámbito de personas mayores.<br />
1. Centros residenciales:<br />
a) Se suspenden las visitas a los centros residenciales, salvo en casos excepcionales en los que se considere necesario para la persona usuaria contar con el apoyo de sus familiares, hecho que será valorado desde el propio centro residencial.<br />
b) No se suspenden los nuevos ingresos. Los centros residenciales son considerados servicios esenciales por lo cual se tiene que garantizar la atención a las personas. Antes del ingreso será necesario evaluar los síntomas de infección respiratoria de las personas en el momento de su admisión en el centro y la ausencia de factores de riesgo. Los ingresos procedentes de servicios hospitalarios conllevan un informe médico de alta y en los procedentes de domicilios se realizará una valoración desde Atención Primaria en el caso de que tuvieran síntomas respiratorios.<br />
c) Se suspenden las estancias temporales y los ingresos por respiro familiar (salvo casos excepcionales), manteniéndose los ingresos por recuperación.<br />
d) Se suspenden los ingresos por traslados de personas procedentes de otros centros residenciales.<br />
2. Estancias diurnas, centros de día, y servicios de promoción de autonomía:<br />
Se suspenden los servicios. Sin embargo, para asegurar la atención de posibles casos que puedan quedar desatendidos en su domicilio, los centros valorarán la situación individual de cada persona y organizarán los apoyos necesarios, estableciendo además un seguimiento telefónico para todas las personas usuarias.<br />
3. Clubes de mayores:<br />
Se suspenden los servicios mientras dure el estado de alarma.<br />
2.–Medidas y recomendaciones en el ámbito de las personas con discapacidad:<br />
1. Centros residenciales:<br />
a) Se suspenden las visitas salvo en casos excepcionales en los que se considere necesario para la persona usuaria contar con el apoyo de sus familiares, hecho que será valorado desde el propio centro residencial.<br />
b) Se suspenden los nuevos ingresos e ingresos temporales salvo casos de justificada necesidad que deberán ser autorizados por la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas.<br />
c) Se suspenden las salidas al domicilio de las personas usuarias de los servicios residenciales.<br />
2. Equipo de Intervención Sociocomunitaria:<br />
Se mantiene la atención presencial, excepto en aquellos casos que las personas requieran otras modalidades de apoyo.<br />
3. Centros de día, servicios de estancias diurna, centros ocupacionales, y centros de rehabilitación psicosocial:<br />
Con carácter general se suspenden dichos servicios.<br />
No obstante, para asegurar la atención de posibles casos que puedan quedar desatendidos en su domicilio, los centros organizarán los apoyos necesarios para cada persona. Para el resto de las personas usuarias deberán establecer un seguimiento telefónico.<br />
3.–Medidas y recomendaciones en el ámbito de los servicios de menores:<br />
1. Programa de acogimiento residencial:<br />
a) Se someterán a una especial consideración de las circunstancias concretas y evaluación de los posibles riesgos, de todas aquellas situaciones que conlleven un posible desplazamiento o traslado de niños, niñas o jóvenes en el ámbito de las competencias de la Subdirección de familia y menores.<br />
b) Se mantendrá una comunicación continua por parte de las entidades colaboradoras con la Subdirección de familia y menores, relativa a las situaciones del personal y de los menores y familias usuarias de los programas en relación a la circunstancia actual del COVID-19.<br />
c) Se seguirán en todo momento, con carácter general, las recomendaciones, pautas e indicaciones que vayan dando las autoridades sanitarias con responsabilidad y aplicando un elemental principio de prudencia, especialmente en relación a los menores más vulnerables por padecer patología previa. En estos casos, se valorará cada situación en función de las circunstancias concretas, con la debida coordinación entre el hogar y la Entidad Pública.<br />
d) Las salidas y desplazamientos de los menores se limitarán a aquellas que sean imprescindibles, priorizando en esos casos, el transporte privado del hogar frente al transporte público.<br />
e) Quedan suspendidas temporalmente las visitas de personas ajenas al hogar, incluidos los familiares de los menores residentes, así como las salidas para visitas presenciales con estos. Se procurará el contacto de las personas residentes con sus familiares por medios no presenciales.<br />
f) Cualquier situación excepcional de extrema urgencia que pueda implicar una visita o salida será evaluada y propuesta por una persona responsable del hogar o centro y autorizada, en su caso por la entidad pública. En aquellos casos en los que las visitas hayan de celebrarse de forma excepcional, se seguirán las indicaciones de higiene previstas por las autoridades sanitarias: minimizar el contacto físico, lavarse frecuentemente las manos, higienizar los espacios, etc.<br />
g) Durante el tiempo que se mantengan los colegios cerrados, se reordenarán los turnos de forma que se garantice la presencia necesaria de educadores y educadoras para atender las necesidades de los menores también en el turno de mañana.<br />
2. Programa de acogimiento familiar y programa de adopción.<br />
a) Se aplazarán, con carácter general, todas las actividades grupales, así como las visitas domiciliarias, reuniones y actividades que no se consideren imprescindibles.<br />
b) Las visitas domiciliarias y los seguimientos y atención a las familias acogedoras/adoptivas, deberán ser realizados por medios que no impliquen contacto físico, por vía telefónica, correo electrónico, whatsapp, videoconferencia, manteniéndose el contacto con las familias.<br />
c) Quedan suspendidas temporalmente las visitas presenciales de los y las menores con familiares, así como los desplazamientos a domicilios de familiares ajenos al núcleo de convivencia, salvo casos excepcionales que deberán ser autorizados por la entidad pública.<br />
3. Ejecución de medidas judiciales.<br />
En los centros de internamiento, con carácter general, se aplicará el protocolo puesto en marcha por Instituciones Penitenciarias.<br />
3.1. Medidas en centros residenciales para la ejecución de medidas judiciales (centros de internamiento y centros de convivencia en grupo educativo).<br />
Se tomarán las siguientes medidas, todas ellas con comunicación a los jueces y juezas correspondientes:<br />
a) Se suspenderán temporalmente las visitas y convivencia de familiares a internos/as salvo casos excepcionales que deberán ser autorizados por la entidad pública.<br />
b) Se suspenderán temporalmente las salidas recreativas grupales.<br />
c) Se suspenderán temporalmente los permisos de fin de semana y ordinarios concedidos a internos/as.<br />
d) Las actividades realizadas en el centro guardarán las indicaciones y recomendaciones preventivas de las autoridades sanitarias.<br />
3.2. Medidas en medio abierto y centro de día.<br />
a) Se suspenderán temporalmente aquellas actividades o medidas que conlleven desplazamientos, interacción grupal o aquellas de imposible cumplimiento por las circunstancias y restricciones actuales, con la comunicación al juzgado correspondiente.<br />
b) No obstante, lo anterior, carácter general y en la medida de lo posible, la ejecución de las medidas en medio abierto se realizará por vía telefónica y otros medios no presenciales, con comunicación al juzgado correspondiente<br />
c) El resto de medidas y programas de tipo administrativo o extrajudiciales (mediación, seguimiento educativo&#8230;) se aplazarán temporalmente, salvo aquellas que puedan realizarse por medios electrónicos.<br />
d) El centro de día, aplica la misma normativa del Departamento de Educación, por lo que permanecerá cerrado.<br />
3.3 Medidas en programas de atención a la infancia y la familia.<br />
Estas medias afectan a los programas, los servicios y equipos de atención a la infancia, adolescencia y familia en su medio socio comunitario:<br />
a) Se suspenderán o aplazarán, con carácter general, todas las interacciones grupales y talleres de los programas de atención a la infancia, adolescencia y familia.<br />
b) Se suspenderán todas las visitas domiciliarias con contacto presencial con las familias y menores, salvo que se considere necesario a criterio del equipo responsable del caso. En aquellos casos en los que las visitas/entrevistas hayan de celebrarse de forma excepcional, se seguirán las indicaciones de higiene previstas por las autoridades sanitarias: minimizar el contacto físico, lavarse frecuentemente las manos, higienizar los espacios, etc. En la medida de lo posible, la atención a familias por parte de los programas se mantendrá por vía telefónica o telemática (correo electrónico, whatsapp, videoconferencia&#8230;) garantizando el contacto con ellas y muy especialmente a las personas y familias en intervención.<br />
c) Se suspenderán las reuniones y sesiones de coordinación presenciales, manteniéndose el contacto por vía telefónica y telemática.<br />
d) Se suspenderán temporalmente las visitas e intercambios programados en los Puntos de Encuentro Familiar (salvo casos excepcionales). Se comunicará de inmediato esta circunstancia a las familias y a los juzgados correspondientes.<br />
e) Se suspenderán las sesiones terapéuticas por parte de los servicios de Mediación y Orientación Familiar.<br />
f) Se autoriza el cierre provisional del Centro de Día para menores al igual que los centros infantiles y educativos.<br />
4.–Publicar esta Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra y remitirla a las entidades locales y servicios afectados.<br />
Pamplona, 17 de marzo de 2020.–La Consejera de Derechos Sociales, M.ª Carmen Maeztu Villafranca.</p>
<p>La entrada <a href="https://normativamunicipal.com/medias-preventivas-covid-19-en-navarra/">Medias preventivas COVID-19 en NAVARRA</a> se publicó primero en <a href="https://normativamunicipal.com">Normativa Municipal</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://normativamunicipal.com/medias-preventivas-covid-19-en-navarra/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ley del Sector Eléctrico (actualizada)</title>
		<link>https://normativamunicipal.com/ley-del-sector-electrico-actualizada/</link>
					<comments>https://normativamunicipal.com/ley-del-sector-electrico-actualizada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2020 12:52:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contratación]]></category>
		<category><![CDATA[Funcionarios de carrera con habilitación nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Policía local]]></category>
		<category><![CDATA[Presupuestos]]></category>
		<category><![CDATA[Retribuciones Personal público]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Ley|SECTOR ELECTRICO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://normativamunicipal.com/uncategorized/ley-del-sector-electrico-actualizada/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. BOE de 27 de diciembre de 2013 (Última modificación introducida por Real Decreto-ley 17/2019, de 22 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la necesaria adaptación de parámetros retributivos que afectan al sistema eléctrico y por el que se da respuesta al proceso de cese de actividad de centrales térmicas de generación.) Concordancias: MODIFICA: Se introduce una disposición adicional vigésima segunda Se introduce una disposición final tercera bis Análisis Consumidores y usuarios Distribución de energía Empresas Energía eléctrica Producción de energía Sanciones Servidumbres Suministro de energía Tarifas Transporte de energía Textos originales: DEROGA: La disposición adicional quinta de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre La Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, salvo las disposiciones adicionales sexta, séptima, vigésima primera y vigésima tercera, y sin perjuicio de lo previsto en la disposición final tercera de la presente ley. El artículo 24 del Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo. La disposición adicional primera del Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico. La disposición adicional decimoquinta del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Los artículos 3 y 4 del Real Decreto-ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero. Con efectos desde el 19 de octubre de 2013, la Ley 15/2013, de 17 de octubre, por la que se establece la financiación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de determinados costes del sistema eléctrico, ocasionados por los incentivos económicos para el fomento a la producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables y se concede un crédito extraordinario por importe de 2.200.000.000 de euros en el presupuesto del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. La disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico. El artículo 83 bis de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos MODIFICA: La disposición adicional quinta de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre La disposición adicional segunda de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico. TEXTO PREÁMBULO I El suministro de energía eléctrica constituye un servicio de interés económico general, pues la actividad económica y humana no puede entenderse hoy en día sin su existencia. La ordenación de ese servicio distingue actividades realizadas en régimen de monopolio natural y otras en régimen de mercado. La aprobación de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, supuso el inicio del proceso de liberalización progresiva del sector mediante la apertura de las redes a terceros, el establecimiento de un mercado organizado de negociación de la energía y la reducción de la intervención pública en la gestión del sistema. Así, se procedió a la desintegración vertical de las distintas actividades, segregando las actividades en régimen de monopolio natural, transporte y distribución, de aquéllas que se desarrollan en régimen de libre competencia, generación y comercialización. La retribución de la actividad de producción se basó en la organización de un mercado mayorista, abandonando el principio de reconocimiento de costes. En el caso de las redes, se estableció el principio de acceso de terceros a las redes, y su régimen retributivo continuaría siendo fijado administrativamente, en función de los costes de la actividad. Con esta ley apareció además la actividad de comercialización de energía eléctrica como una actividad independiente del resto de actividades destinadas al suministro, actividad que fue dotada de un marco normativo para permitir la libertad de contratación y elección por parte de los consumidores. Por último, se encomendó la gestión del sistema a sendas sociedades mercantiles y privadas, responsables respectivamente, de la gestión económica y técnica del sistema. Transcurridos dieciséis años desde la entrada en vigor de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, puede decirse que, esencialmente, gran parte de sus objetivos se han cumplido. El nivel de seguridad y calidad del suministro es elevado, dado el nivel de inversiones en redes acometidas en los últimos años y la existencia de una mezcla de fuentes de energía diversificada, máxime si se tiene en cuenta la situación de aislamiento del sistema que presenta por la propia configuración física del territorio. Por su parte, el proceso de liberalización se ha desarrollado incluso más rápido que lo exigido por las Directivas europeas, permitiendo a los consumidores la capacidad de elección de suministrador. Finalmente, todo este proceso se ha enmarcado dentro de los principios de protección medioambiental de una sociedad moderna. En este sentido, la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, ha contribuido notablemente al cumplimiento de los compromisos derivados del paquete Energía y Cambio Climático, que establecen como objetivos para 2020 la reducción de gases de efecto invernadero del 20 por ciento en la Unión Europea con respecto a 1990, alcanzar un 20 por ciento de participación de energías renovables en la energía primaria y conseguir un 20 por ciento de mejora de la eficiencia energética. No obstante, durante este tiempo se han producido cambios fundamentales en el sector eléctrico que han provocado la continua actuación del legislador y motivan la necesidad de dotar al sistema eléctrico de un nuevo marco normativo. Entre ellos conviene destacar el alto nivel de inversión en redes de transporte y distribución, la elevada penetración de las tecnologías de generación eléctrica renovables, la evolución del mercado mayorista de electricidad con la aparición de nuevos agentes y el aumento de la complejidad de las ofertas, y la aparición de un exceso de capacidad de centrales térmicas de ciclo combinado de gas, necesarias por otra parte para asegurar el respaldo</p>
<p>La entrada <a href="https://normativamunicipal.com/ley-del-sector-electrico-actualizada/">Ley del Sector Eléctrico (actualizada)</a> se publicó primero en <a href="https://normativamunicipal.com">Normativa Municipal</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.</strong></p>
<p><span id="more-14213"></span><br />
BOE de 27 de diciembre de 2013<br />
<strong><em>(Última modificación introducida por Real Decreto-ley 17/2019, de 22 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la necesaria adaptación de parámetros retributivos que afectan al sistema eléctrico y por el que se da respuesta al proceso de cese de actividad de centrales térmicas de generación.)</em></strong><br />
<strong>Concordancias:</strong><br />
<strong> MODIFICA:</strong> Se introduce una disposición adicional vigésima segunda<br />
Se introduce una disposición final tercera bis</p>
<p>Análisis<br />
Consumidores y usuarios<br />
Distribución de energía<br />
Empresas<br />
Energía eléctrica<br />
Producción de energía<br />
Sanciones<br />
Servidumbres<br />
Suministro de energía<br />
Tarifas<br />
Transporte de energía<br />
Textos originales:<br />
DEROGA:<br />
La disposición adicional quinta de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre<br />
La Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, salvo las disposiciones adicionales sexta, séptima, vigésima primera y vigésima tercera, y sin perjuicio de lo previsto en la disposición final tercera de la presente ley.<br />
El artículo 24 del Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo.<br />
La disposición adicional primera del Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico.<br />
La disposición adicional decimoquinta del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.<br />
Los artículos 3 y 4 del Real Decreto-ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero.<br />
Con efectos desde el 19 de octubre de 2013, la Ley 15/2013, de 17 de octubre, por la que se establece la financiación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de determinados costes del sistema eléctrico, ocasionados por los incentivos económicos para el fomento a la producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables y se concede un crédito extraordinario por importe de 2.200.000.000 de euros en el presupuesto del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.<br />
La disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico.<br />
El artículo 83 bis de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos<br />
MODIFICA:<br />
La disposición adicional quinta de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre<br />
La disposición adicional segunda de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre<br />
Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico.<br />
TEXTO<br />
PREÁMBULO<br />
I<br />
El suministro de energía eléctrica constituye un servicio de interés económico general, pues la actividad económica y humana no puede entenderse hoy en día sin su existencia. La ordenación de ese servicio distingue actividades realizadas en régimen de monopolio natural y otras en régimen de mercado.<br />
La aprobación de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, supuso el inicio del proceso de liberalización progresiva del sector mediante la apertura de las redes a terceros, el establecimiento de un mercado organizado de negociación de la energía y la reducción de la intervención pública en la gestión del sistema.<br />
Así, se procedió a la desintegración vertical de las distintas actividades, segregando las actividades en régimen de monopolio natural, transporte y distribución, de aquéllas que se desarrollan en régimen de libre competencia, generación y comercialización. La retribución de la actividad de producción se basó en la organización de un mercado mayorista, abandonando el principio de reconocimiento de costes. En el caso de las redes, se estableció el principio de acceso de terceros a las redes, y su régimen retributivo continuaría siendo fijado administrativamente, en función de los costes de la actividad. Con esta ley apareció además la actividad de comercialización de energía eléctrica como una actividad independiente del resto de actividades destinadas al suministro, actividad que fue dotada de un marco normativo para permitir la libertad de contratación y elección por parte de los consumidores. Por último, se encomendó la gestión del sistema a sendas sociedades mercantiles y privadas, responsables respectivamente, de la gestión económica y técnica del sistema.<br />
Transcurridos dieciséis años desde la entrada en vigor de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, puede decirse que, esencialmente, gran parte de sus objetivos se han cumplido. El nivel de seguridad y calidad del suministro es elevado, dado el nivel de inversiones en redes acometidas en los últimos años y la existencia de una mezcla de fuentes de energía diversificada, máxime si se tiene en cuenta la situación de aislamiento del sistema que presenta por la propia configuración física del territorio. Por su parte, el proceso de liberalización se ha desarrollado incluso más rápido que lo exigido por las Directivas europeas, permitiendo a los consumidores la capacidad de elección de suministrador. Finalmente, todo este proceso se ha enmarcado dentro de los principios de protección medioambiental de una sociedad moderna.<br />
En este sentido, la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, ha contribuido notablemente al cumplimiento de los compromisos derivados del paquete Energía y Cambio Climático, que establecen como objetivos para 2020 la reducción de gases de efecto invernadero del 20 por ciento en la Unión Europea con respecto a 1990, alcanzar un 20 por ciento de participación de energías renovables en la energía primaria y conseguir un 20 por ciento de mejora de la eficiencia energética.<br />
No obstante, durante este tiempo se han producido cambios fundamentales en el sector eléctrico que han provocado la continua actuación del legislador y motivan la necesidad de dotar al sistema eléctrico de un nuevo marco normativo. Entre ellos conviene destacar el alto nivel de inversión en redes de transporte y distribución, la elevada penetración de las tecnologías de generación eléctrica renovables, la evolución del mercado mayorista de electricidad con la aparición de nuevos agentes y el aumento de la complejidad de las ofertas, y la aparición de un exceso de capacidad de centrales térmicas de ciclo combinado de gas, necesarias por otra parte para asegurar el respaldo del sistema. Asimismo, un elemento determinante para acometer esta reforma ha sido la acumulación, durante la última década, de desequilibrios anuales entre ingresos y costes del sistema eléctrico y que ha provocado la aparición de un déficit estructural.<br />
Las causas de este desequilibrio se encuentran en el crecimiento excesivo de determinadas partidas de costes por decisiones de política energética, sin que se garantizara su correlativo ingreso por parte del sistema. Todo ello agravado por la ausencia de crecimiento de la demanda eléctrica, fundamentalmente consecuencia de la crisis económica.<br />
Pese a que los peajes crecieron un ciento veintidós por ciento entre 2004 y 2012, situando el precio de la electricidad en nuestro país muy por encima de la media de la Unión Europea, eran insuficientes para cubrir los costes del sistema. Esta situación de desequilibrio ha llegado al punto de que la deuda acumulada del sistema eléctrico supere en el momento actual los veintiséis mil millones de euros, el déficit estructural del sistema alcanzase los diez mil millones anuales y la no corrección del desequilibrio introdujera un riesgo de quiebra del sistema eléctrico.<br />
La Ley 54/1997, de 27 de noviembre, se ha revelado insuficiente para garantizar el equilibrio financiero del sistema, entre otras causas porque el sistema de retribución de las actividades reguladas carecía de la flexibilidad necesaria para su adaptación a cambios relevantes en el sistema eléctrico o en la evolución de la economía.<br />
Por tanto, la experiencia de la última década ha puesto de manifiesto que la inestabilidad económica y financiera del sistema eléctrico, provocada por el déficit de tarifa, ha impedido garantizar un marco regulatorio estable, necesario para el correcto desarrollo de una actividad como la eléctrica muy intensiva en inversión.<br />
Así, la insostenibilidad económica del sistema eléctrico, junto a la continua evolución del sector durante los últimos dieciséis años, ha obligado al legislador a adaptar en numerosas ocasiones la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en muchas de ellas, mediante la aprobación de medidas urgentes por real decreto-ley, existiendo en la actualidad una dispersión normativa no deseable en un sector económico tan relevante.<br />
El Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico, elevó los límites máximos de déficit que se habían establecido para los años 2010, 2011 y 2012 en el Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono social, manteniendo el objetivo de no aparición de nuevo déficit en el sistema eléctrico a partir del 2013. Además se procedió a la adopción de otras medidas puntuales de protección al consumidor y de reducción de determinadas partidas de los costes y de los ingresos del sistema. Entre ellas, se limitaban las horas equivalentes primadas de funcionamiento de las instalaciones fotovoltaicas y se establecía la obligación de los productores de energía de hacer frente a un peaje de generación, dada la incidencia de esta actividad en el desarrollo de las redes de transporte y distribución.<br />
Entre las medidas que se adoptaron en el año 2012 destacan, en primer lugar, el Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos, que suprimió los incentivos para la construcción de las instalaciones de tecnologías de régimen especial, a fin de evitar la incorporación de nuevos costes al sistema eléctrico.<br />
Tras ello, el Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, de 30 de marzo, por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electrónicas, y por el que se adoptan medidas para la corrección de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores eléctrico y gasista, fijó unos nuevos criterios para la regulación de la retribución de las actividades de distribución y transporte, ajustando la retribución correspondiente al año 2012, y disminuyendo el importe que había de satisfacerse a las empresas de generación de electricidad entre otros por el concepto de garantía de potencia. De igual forma, se adoptaron medidas para corregir la retribución de la actividad de generación en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, a través del coste que se reconocía por la adquisición de combustible y vinculando el pago por garantía de potencia a la disponibilidad real de las plantas.<br />
En la misma línea, el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, incorporó otras medidas adicionales relativas al régimen retributivo de las centrales de generación en régimen ordinario en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, y modificó, además, la retribución de la actividad de transporte, estableciéndose que la retribución en concepto de inversión se reconocerá para activos en servicio no amortizados, tomando como base para su retribución financiera el valor neto de los mismos.<br />
También, el Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestión y protección social en el Sistema Especial para Empleados de Hogar y otras medidas de carácter económico y social, dispuso que los desajustes temporales de liquidaciones del sistema eléctrico producidos en 2012, tuvieran la consideración de déficit de ingresos del sistema de liquidaciones eléctrico para ese año y que generaría derechos de cobro que podrán ser cedidos por sus titulares al Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico, y ello con carácter adicional a los 1.500 millones de euros de déficit ya reconocido en la disposición adicional vigésima primera de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. Por otro lado, para garantizar el objetivo final para el que fue establecido el mecanismo de preasignación de retribución para las instalaciones de régimen especial, esto es, asegurar un régimen económico bajo el presupuesto y condición de la completa ejecución de la instalación en un concreto plazo, se introdujo una habilitación para la supresión o corrección del régimen económico primado en caso de constatación del incumplimiento de las obligaciones que constituyen presupuesto esencial de la definitiva adquisición de tal régimen económico.<br />
Además, se aprobó la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, que reconoce como objetivo la armonización del sistema fiscal con un uso más eficiente y respetuoso con el medioambiente y la sostenibilidad, en línea con los principios básicos que rigen la política fiscal, energética y ambiental de la Unión Europea. Dado el fuerte impacto económico y ambiental del sector energético, esta ley introdujo medidas de carácter excepcional para que los costes del sistema fueran financiados tanto con los ingresos que proceden de los peajes de acceso y demás precios regulados, como de determinadas partidas provenientes de los Presupuestos Generales del Estado. Se introdujeron aspectos relacionados con el derecho a la percepción de un régimen económico primado por instalaciones de energía renovable que utilicen combustibles.<br />
Por su parte, la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, estableció entre otras, y con vigencia exclusiva para 2013, que no serían de aplicación las limitaciones a avales del Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico establecidos en la disposición adicional vigésima primera de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, relativa a la suficiencia de los peajes de acceso y desajustes de ingresos de las actividades reguladas del sector eléctrico. También, en coherencia con la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, estableció una serie de aportaciones para financiar los costes del sistema eléctrico referidos al fomento de energías renovables equivalentes a la suma de la estimación de la recaudación anual correspondiente al Estado derivada de los tributos incluidos en la ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética y el 90 por ciento del ingreso estimado por la subasta de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero, con un máximo de 450 millones de euros.<br />
No siendo suficientes las medidas aprobadas durante el año 2012 para eliminar el déficit del sistema eléctrico, en el año 2013 se adoptaron con la misma finalidad dos reales decretos-leyes y un crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. El Real Decreto-ley 2/2013, de 1 de febrero, introdujo nuevas medidas para corregir los desajustes entre los costes del sector eléctrico y los ingresos obtenidos a partir de los precios regulados, tratando de evitar la asunción de un nuevo esfuerzo por parte de los consumidores. Para ello, se modificó el índice de actualización de los costes del sector eléctrico, con el fin de utilizar una referencia más estable que no se viera afectada por la volatilidad de los precios de alimentos no elaborados ni de los combustibles de uso doméstico, y se introdujeron dos opciones de venta de la energía producida en instalaciones de régimen especial: la cesión de la electricidad al sistema percibiendo una tarifa regulada o la venta de la electricidad en el mercado de producción de energía eléctrica, sin complemento de prima.<br />
Así, se aprobó la Ley 15/2013, de 17 de octubre, por la que se establece la financiación para el año 2013 con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de determinados costes del sistema eléctrico, ocasionados por los incentivos económicos para el fomento a la producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables y se concede un crédito extraordinario por importe de 2.200.000.000 de euros en el presupuesto del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.<br />
Adicionalmente a este ajuste de los costes se adoptaron otras normas que supusieron un incremento de los peajes de acceso para los consumidores, y por consiguiente, de los ingresos del sistema eléctrico.<br />
Finalmente, se aprobó el Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, que entre otros aspectos, establece un nuevo régimen retributivo para las instalaciones de generación de energía renovable, cogeneración y residuos y una serie de principios retributivos adicionales para el transporte y distribución de energía eléctrica, fijando el concepto de rentabilidad razonable, en línea con la doctrina jurisprudencial sobre el particular alumbrada en los últimos años, en una rentabilidad de proyecto, que girará, antes de impuestos, sobre el rendimiento medio en el mercado secundario de las Obligaciones del Estado a diez años aplicando el diferencial adecuado.<br />
En definitiva, los continuos cambios normativos han supuesto una importante distorsión en el normal funcionamiento del sistema eléctrico, y que es necesario corregir con una actuación del legislador que aporte la estabilidad regulatoria que la actividad eléctrica necesita. Esta seguridad regulatoria, unida a la necesidad de acometer las reformas necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo y de resolver las señaladas deficiencias existentes en el funcionamiento del sistema, aconsejan la aprobación de una reforma global del sector, basada en un nuevo régimen de ingresos y gastos del sistema eléctrico, que trata de devolver al sistema una sostenibilidad financiera perdida hace largo tiempo y cuya erradicación no se ha conseguido hasta la fecha mediante la adopción de medidas parciales.<br />
Esta ley se enmarca asimismo en el ámbito de la reforma estructural del sector eléctrico incluida en la Recomendación del Consejo relativa al Programa Nacional de Reformas de 2013 de España, aprobadas por el Consejo de la Unión Europea el 9 de julio de 2013.<br />
II<br />
La presente Ley tiene como finalidad básica establecer la regulación del sector eléctrico garantizando el suministro eléctrico con los niveles necesarios de calidad y al mínimo coste posible, asegurar la sostenibilidad económica y financiera del sistema y permitir un nivel de competencia efectiva en el sector eléctrico, todo ello dentro de los principios de protección medioambiental de una sociedad moderna.<br />
El principio de sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico será un principio rector de las actuaciones de las Administraciones Públicas y demás sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley. En virtud del mismo, cualquier medida normativa en relación con el sector que suponga un incremento de coste para el sistema eléctrico o una reducción de ingresos deberá incorporar una reducción equivalente de otras partidas de costes o un incremento equivalente de ingresos que asegure el equilibrio del sistema. De esta manera se descarta definitivamente la posibilidad de acumulación de nuevos déficit como ocurrió en el pasado.<br />
Este principio se refuerza con el establecimiento de restricciones tasadas a la aparición de desajustes temporales anuales, estableciendo como mecanismo correctivo la obligación de revisión automática de los peajes y cargos que correspondan si se superan determinados umbrales. Los umbrales introducidos permiten una mínima desviación provocada por circunstancias coyunturales que, como tal, pueden revertirse en el siguiente período sin necesidad de una modificación de los peajes y cargos.<br />
Los desfases temporales que se produzcan desde la entrada en vigor de la Ley, sin sobrepasar los citados umbrales, serán financiados por todos los sujetos del sistema de liquidación en función de los derechos de cobro que generen. A diferencia del sistema anterior, no serán financiados exclusivamente por los grandes operadores y los derechos de cobro correspondientes a déficit de ingresos no podrán cederse al Fondo de Titulización del Déficit del sistema Eléctrico desde el 1 de enero de 2013.<br />
Se introduce la obligación de aprobación con carácter anual por parte del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, de las previsiones de la evolución anual de las diferentes partidas de ingresos y costes del sistema eléctrico para los seis siguientes años.<br />
Se mantiene la financiación de los costes del sistema por parte de los consumidores mediante el pago de los peajes de acceso a las redes y el resto de cargos, así como, mediante otros instrumentos financieros, y, excepcionalmente y para los supuestos específicamente previstos, mediante las partidas provenientes de los Presupuestos Generales del Estado. Esta doble contribución corresponsabiliza en la financiación del sistema a los consumidores eléctricos, en mayor medida, y al presupuesto público, cuando así esté prescrito dado el carácter de servicio esencial del suministro eléctrico y la afección territorial, medioambiental y estratégica del sistema eléctrico.<br />
La diferenciación de peajes y cargos responde a la terminología utilizada en las directivas europeas y a la conveniencia de diferenciar los pagos por contribución a la cobertura de los costes de las redes de transporte y distribución, peajes, de aquellos pagos relacionados con otros aspectos regulados del sistema, cargos. Así, los peajes de acceso se destinan a cubrir el coste de las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica, en línea con lo dispuesto en la Directiva 2009/72/CE, sobre mercado interior de electricidad. Los cargos se introducen como novedad en la presente Ley, y estarán destinados a cubrir los costes de las actividades del sistema que correspondan, teniendo en cuenta las cuantías que también proceden de las partidas presupuestarias o de otros mecanismos. Así, entre otros, los cargos cubrirán el régimen retributivo específico de la actividad de generación a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración de alta eficiencia y residuos, retribución del extracoste de la actividad de producción en los sistemas eléctricos en los territorios no peninsulares con régimen retributivo adicional, retribución asociada a la aplicación de mecanismos de capacidad y anualidades correspondientes a los déficit del sistema eléctrico, con sus correspondientes intereses y ajustes.<br />
Tal y como se ha expuesto, la experiencia adquirida con la aplicación de la ley anterior ha permitido identificar aquellas barreras cuya superación resulta precisa para continuar avanzando en el proceso de liberalización del suministro, de mejora de los procesos de participación en el mercado y de garantía de la adecuada protección a los consumidores con el objetivo último de asegurar el suministro de energía eléctrica en condiciones competitivas y con la calidad adecuada. Al mismo tiempo la nueva ley avanza en el ejercicio de integración en un sólo texto de las disposiciones con rango legal dispersas en las distintas normas aprobadas desde la entrada en vigor de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre.<br />
La nueva ley se enmarca también en un contexto de integración de los mercados eléctricos europeos. En este sentido, la ley tiene en cuenta la normativa europea de aplicación en el sector eléctrico, en particular, la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de julio de 2009 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, que fue transpuesta por el Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo. También tiene en cuenta el marco europeo de intercambios transfronterizos de electricidad fijado por el Reglamento (CE) n.º 714/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, relativo a las condiciones de acceso a la red para el comercio transfronterizo de electricidad.<br />
Además, resulta relevante el Reglamento (UE) n.º 1227/2011, sobre integridad y transparencia del mercado mayorista de energía, por sus siglas en inglés, REMIT, el cual establece normas que prohíben las prácticas abusivas que afectan a los mercados mayoristas de la energía, y el Convenio Internacional entre el Reino de España y República Portuguesa de 1 de octubre de 2004, firmado con el fin de promover la integración de sus sistemas eléctricos, lo que ha dado lugar a que ambos países compartan desde el 1 de julio de 2006 un mercado organizado a plazo con subyacente eléctrico, y desde el 1 de julio de 2007, un mercado al contado de electricidad.<br />
También procede a la clarificación de las competencias de la Administración General del Estado, manteniendo, en esencia, las competencias atribuidas por la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, e incorporando los criterios que resultan de las sentencias dictadas durante los últimos años en relación con los conflictos surgidos entre Administraciones. Así, se establece la competencia del Gobierno para la regulación básica del sector, para el establecimiento y adjudicación de los regímenes económicos de aplicación a las distintas actividades y para garantizar la seguridad de suministro de energía eléctrica a los consumidores.<br />
En relación con la planificación eléctrica se mantiene el carácter vinculante de la planificación de la red de transporte, incorporando herramientas para alinear el nivel de inversiones a la situación del ciclo económico y a los principios de sostenibilidad económica.<br />
La notoriedad de la situación del déficit tarifario y la consecuente amenaza a la viabilidad misma del sistema eléctrico ha motivado la necesidad de acometer cambios importantes en el régimen retributivo de las actividades reguladas. Ante el deterioro progresivo de la sostenibilidad del sistema eléctrico, los sujetos del mismo no podían confiar legítimamente en la conservación de los parámetros que habían degenerado en la situación descrita y cualquier operador diligente podía anticipar la necesidad de estos cambios.<br />
Para las actividades con retribución regulada, la ley refuerza y clarifica los principios y criterios para el establecimiento de los regímenes retributivos, para los que se considerarán los costes necesarios para realizar la actividad por una empresa eficiente y bien gestionada, mediante la aplicación de criterios homogéneos en todo el territorio español. Estos regímenes económicos permitirán la obtención de rentabilidades adecuadas en relación con el riesgo de la actividad.<br />
Para los sistemas eléctricos no peninsulares, que adoptan esta nueva denominación, se establece la posibilidad de establecimiento de un régimen singular para el que se tendrán en consideración exclusivamente los extracostes de estos sistemas eléctricos asociados a su carácter aislado.<br />
La gestión técnica y económica del sistema mantienen en esencia el resto de criterios retributivos, incorporando en la retribución del operador del sistema incentivos a la reducción de costes del sistema derivados de la operación.<br />
La elevada penetración de las tecnologías de producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, incluidas en el denominado régimen especial de producción de energía eléctrica, ha ocasionado que su regulación singular ligada a la potencia y a su tecnología carezca de objeto. Por el contrario, hace preciso que la regulación contemple a estas instalaciones de manera análoga a la del resto de tecnologías que se integran en el mercado, y en todo caso, que sean consideradas por razón de su tecnología e implicaciones en el sistema, en lugar de por su potencia, por lo que se abandonan los conceptos diferenciados de régimen ordinario y especial. Por este motivo se procede a una regulación unificada, sin perjuicio de las consideraciones singulares que sea preciso establecer.<br />
El régimen retributivo de las energías renovables, cogeneración y residuos se basará en la necesaria participación en el mercado de estas instalaciones, complementado los ingresos de mercado con una retribución regulada específica que permita a estas tecnologías competir en nivel de igualdad con el resto de tecnologías en el mercado. Esta retribución específica complementaria será suficiente para alcanzar el nivel mínimo necesario para cubrir los costes que, a diferencia de las tecnologías convencionales, estas no puedan recuperar en el mercado y les permitirá obtener una rentabilidad adecuada con referencia a la instalación tipo en cada caso aplicable.<br />
La tasa de retribución para las actividades de red y la tasa de rentabilidad para la actividad de producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, para el primer periodo regulatorio, establecidas en el Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, son plenamente coherentes con los principios contenidos en esta ley. Para el cálculo de la retribución específica se considerará para una instalación tipo, los ingresos por la venta de la energía generada valorada al precio del mercado de producción, los costes de explotación medios necesarios para realizar la actividad y el valor de la inversión inicial de la instalación tipo, todo ello para una empresa eficiente y bien gestionada.<br />
Además, se dispone que, en ningún caso, se tendrán en consideración los costes o inversiones que vengan determinados por normas o actos administrativos que no sean de aplicación en todo el territorio español y que dichos costes deberán responder exclusivamente a la actividad de producción de energía eléctrica.<br />
Este nuevo marco regulatorio da una respuesta global al relevante cambio de las circunstancias experimentado en los últimos años en el ámbito de las tecnologías de generación basadas en fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, en términos que obedecen a motivos más que justificados por la situación descrita. Las inversiones en estas tecnologías seguirán estando protegidas y fomentadas en España por este nuevo marco normativo, que consagra el principio de rentabilidad razonable y establece el criterio de revisión de los parámetros retributivos cada seis años para cumplir con el citado principio. De este modo, se trata de consolidar la continua adaptación que la regulación ha experimentado para mantener esta rentabilidad razonable mediante un sistema previsible y sometido a concreción temporal.<br />
La ley prevé la posibilidad, con carácter excepcional, de establecimiento de nuevos regímenes retributivos específicos para fomentar la producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración de alta eficiencia y residuos, cuando exista una obligación de cumplimiento de objetivos energéticos derivados de Directivas europeas u otras normas del Derecho de la Unión Europea o cuando su introducción suponga una reducción del coste energético y de la dependencia energética exterior.<br />
Asimismo, la ley precisa los criterios de prioridad de acceso y despacho para la electricidad de fuentes de energía renovables y de cogeneración de alta eficiencia, de acuerdo con lo establecido en las directivas comunitarias.<br />
En relación con la fijación de las retribuciones de las actividades de redes, sistemas eléctricos no peninsulares y régimen de energías renovables y cogeneración, la ley introduce el concepto de período regulatorio, habitual en la regulación de otros países de nuestro entorno, y lo fija en un período de seis años. La ley introduce herramientas de flexibilidad con la finalidad de adaptar las retribuciones a la situación cíclica de la economía y a las necesidades del sistema, conjugando la necesidad de estabilidad y previsibilidad para los agentes con la exigencia de adaptación de los regímenes retributivos.<br />
El desarrollo del autoconsumo como fuente alternativa de generación de electricidad al margen del sistema eléctrico requiere la regulación de una actividad que no tenía hasta la fecha un marco legal y reglamentario específico. La ley tiene por finalidad garantizar un desarrollo ordenado de la actividad, compatible con la necesidad de garantizar la sostenibilidad técnica y económica del sistema eléctrico en su conjunto. En este sentido, el articulado de la ley establece la obligación de las instalaciones de autoconsumo de contribuir a la financiación de los costes y servicios del sistema en la misma cuantía que el resto de los consumidores. Transitoriamente, se establecen excepciones para los casos en los que el autoconsumo supone una reducción de costes para el sistema y para las instalaciones existentes de cogeneración.<br />
La norma impulsa el principio de competencia efectiva en el sector eléctrico. Así, se introduce en este sentido un mecanismo competitivo para la reducción del poder de monopolio en los mercados de restricciones, un nuevo régimen de regulación de las energías renovables, de cogeneración y residuos que reduce las distorsiones que estas creaban en el mercado y las hace partícipes del mismo en cuanto a que su retribución no será ajena al mercado, un aumento de la competencia en las comercializadoras de referencia, la mejora de la posición del consumidor en cuanto a información disponible y facilitación de procesos de cambio de suministrador entre otros.<br />
En el mismo sentido, el acceso de los sujetos a las redes constituye uno de los pilares sobre los que se sustenta el funcionamiento del sistema eléctrico, fundamental para la garantía de suministro y de competencia efectiva en el mercado. La presente ley procede a una mayor concreción de los conceptos de acceso y conexión a las redes, reforzando los principios de objetividad, transparencia y no discriminación en su otorgamiento, y fijando el régimen de otorgamiento y denegación bajo criterios exclusivamente técnicos.<br />
En lo relativo a los consumidores, la presente ley establece la regulación sobre la que se van a basar las relaciones entre los consumidores y las empresas comercializadoras y distribuidoras en relación con el suministro de energía eléctrica, mediante el establecimiento de sus derechos y obligaciones en el marco general de contratación. Para ello, se observan las disposiciones de la citada Directiva 2009/72/CE de 13 de julio de 2009 relativas a derechos de los consumidores.<br />
Se establece el denominado precio voluntario para el pequeño consumidor, como el precio máximo de referencia al que podrán contratar los consumidores de menos de determinada potencia contratada que deseen utilizar esta modalidad frente a una negociación bilateral con una comercializadora.<br />
Se define asimismo la figura del consumidor vulnerable, vinculado a determinadas características sociales, de consumo y poder adquisitivo, y se establece la adopción de las medidas oportunas para garantizar una protección adecuada a estos consumidores. Estos consumidores tendrán derecho a una tarifa reducida respecto del precio voluntario para el pequeño consumidor.<br />
Finalmente se procede a una reformulación del régimen sancionador para adaptarlo a la evolución que ha experimentado el sector desde el inicio del proceso de liberalización, así como a un reforzamiento de los mecanismos de control del sistema por parte de las autoridades públicas en materia de inspección, registro de actividades y control del fraude.<br />
III<br />
La ley del Sector Eléctrico está conformada por ochenta artículos y se estructura en diez títulos, veinte disposiciones adicionales, dieciséis disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, y seis disposiciones finales.<br />
El título I contiene las disposiciones generales en donde se establece el objeto y las finalidades de la norma; el régimen de actividades, introduciendo como novedad la consideración del suministro de energía eléctrica como un servicio de interés económico general; se clarifica la distribución de competencias entre las distintas Administraciones Públicas; se regulan los aspectos básicos de la planificación eléctrica incorporando herramientas para vincular el nivel de inversiones a la situación del ciclo económico, y a los principios de sostenibilidad económica y estableciendo unos límites de inversión anual, además de la posibilidad de una revisión excepcional de la misma ante hechos sobrevenidos que afecten a la eficiencia, garantía o seguridad; así como la necesaria coordinación de la planificación con los planes urbanísticos.<br />
La ordenación del suministro se regula en el título II. En primer lugar, se definen los sujetos: productores, operador del mercado y del sistema, transportistas, distribuidores, comercializadores, consumidores y gestores de cargas del sistema; y se introduce la definición, ya existente en la antigua ley, de representantes de los agentes. En segundo lugar, y en relación a la garantía de suministro, se refuerza el papel de la Administración General del Estado, en cuanto titular último de la garantía y seguridad de suministro energético, mejorando las herramientas de actuación por parte de ésta en caso de situaciones de riesgo para la seguridad de suministro, con la necesaria colaboración con las Comunidades Autónomas afectadas. En tercer lugar, se regula el funcionamiento del sistema eléctrico en términos similares a los regulados en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre. Destaca en este título la regulación del autoconsumo de energía eléctrica distinguiendo tres modalidades y estableciéndose que las instalaciones que estén conectadas al sistema deberán contribuir a la cobertura de los costes y servicios del sistema eléctrico en los mismos términos que la energía consumida por el resto de sujetos del sistema. Por otra parte, se contempla la aplicación de un régimen específico a las actividades para el suministro de energía eléctrica en territorios no peninsulares, abandonando la terminología de sistemas eléctricos no peninsulares. A continuación se regulan los intercambios intracomunitarios e internacionales de electricidad, y finalmente, se contiene un artículo relativo a la separación de actividades que introduce determinadas obligaciones para las empresas comercializadoras de referencia, y determinadas exenciones de las obligaciones de separación de actividades para las empresas distribuidoras.<br />
El título III desarrolla el principio de sostenibilidad económica y financiera del sistema por el que se entiende la capacidad para satisfacer la totalidad de los costes del mismo. Por un lado, se definen los ingresos del sistema eléctrico y sus costes, que si bien ya estaban definidos en la normativa anterior con esta nueva ley se numeran en un solo artículo. Asimismo, se establecen dos principios fundamentales: por una parte, que los ingresos del sistema serán suficientes para satisfacer la totalidad de los costes del sistema eléctrico, y por otra, que para mantener los techos de costes e ingresos, toda medida normativa en relación con el sector eléctrico que suponga un incremento de costes para el sistema eléctrico o una reducción de ingresos deberá incorporar una reducción equivalente de otras partidas de costes o un incremento equivalente de ingresos que asegure el equilibrio del sistema. Además con carácter anual, se aprobará una previsión de la evolución de las diferentes partidas de ingresos y costes del sistema eléctrico para los siguientes seis años.<br />
Por otro lado, y en relación a la retribución de las actividades destinadas al suministro de energía eléctrico se determina de forma expresa que los ingresos del sistema eléctrico serán destinados a pagar exclusivamente la retribución propia de las actividades destinadas al suministro eléctrico, sin que puedan destinarse a otros fines, y que la metodología del cálculo de las retribuciones del transporte, distribución, gestión técnica y económica y producción no peninsular considerará los costes necesarios para realizar la actividad por una empresa eficiente y bien gestionada aplicando criterios homogéneos en todo el territorio español. Los parámetros para el establecimiento de las retribuciones tendrán una vigencia de seis años y para su revisión, que se llevará a cabo antes del comienzo del periodo regulatorio, se tendrá en cuenta la situación cíclica de la economía, de la demanda eléctrica y de una rentabilidad adecuada para estas actividades.<br />
Igualmente se regulan los criterios de redes y de funcionamiento de las instalaciones de generación con retribución regulada, que se fijarán por el Gobierno con carácter básico y de manera homogénea para todo el territorio español en función de las mejores prácticas de las actividades, los índices de calidad y los niveles de protección del medio ambiente, que serán utilizados en la planificación de la red de transporte.<br />
Asimismo, en este título se distingue entre los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución y los cargos que son necesarios para cubrir otros costes de las actividades del sistema que correspondan, que se fijarán de acuerdo con la metodología que establezca el Gobierno, revisándose con carácter general peajes y cargos anualmente, o cuando se produzcan circunstancias que afecten de modo relevante a los costes regulados o a los parámetros utilizados para su cálculo.<br />
Resulta novedosa la regulación de los precios voluntarios para el pequeño consumidor, que serán únicos en todo el territorio español. Estos precios se definen, en línea con las anteriormente denominadas tarifas de último recurso, como los precios máximos que podrán cobrar los comercializadores de referencia a los consumidores que se acojan a ellos. De este modo, la denominación de tarifas de último recurso queda reservada a dos colectivos de consumidores: los denominados vulnerables, y aquellos consumidores que, sin tener derecho a los precios voluntarios para el pequeño consumidor, carezcan transitoriamente de un contrato de suministro con un comercializador. Dichos precios voluntarios para el pequeño consumidor incluirán de forma aditiva, por analogía con la actual tarifa de último recurso definida según la normativa vigente, los conceptos de coste de producción de energía eléctrica, los peajes de acceso y cargos que correspondan y los costes de comercialización que correspondan.<br />
El régimen jurídico del cobro y liquidación de los peajes, cargos, precios y retribuciones reguladas establece, como novedad, que las liquidaciones de ingresos y costes del sistema eléctrico se realizarán, con carácter general, mensualmente y con igual periodicidad.<br />
Destaca además la regulación de los desajustes temporales entre ingresos y costes del sistema. Se define a nivel legal el concepto de desajuste, que ya se venía utilizando en la normativa del sector. Se limitan los desajustes por déficit de ingresos de tal forma que su cuantía no podrá superar el 2 por ciento de los ingresos estimados para ese ejercicio y la deuda acumulada por desajustes no podrá superar el 5 por ciento de dichos ingresos. En el caso de que no se cumplan dichos límites se revisarán los peajes o cargos que correspondan. La parte del desajuste que no se compense por subida de peajes y cargos será financiada por los sujetos del sistema de liquidación de forma proporcional a los derechos de cobro por la actividad que realizan. Las cantidades aportadas por este concepto serán devueltas en las liquidaciones correspondientes a los cinco años siguientes reconociéndose un tipo de interés. En cuanto a los superávit de ingresos que pudieran resultar se destinarán a compensar desajustes de años anteriores y mientras existan deudas pendientes de años anteriores, los peajes de acceso o cargos no podrán ser revisados a la baja.<br />
Por último, y en lo relativo a la contabilidad e información, se amplía la obligación de llevar contabilidad separada no sólo de las actividades eléctricas de aquellas que no lo sean, como estaba establecido hasta ahora, sino también separar la contabilidad de la actividad de producción con retribución regulada y libre. Esta obligación que hasta ahora afectaba a los productores con regímenes económicos específicos se amplía a todos los productores con retribución regulada.<br />
El título IV regula la producción de energía eléctrica. Se eliminan los conceptos diferenciados de régimen ordinario y especial sin perjuicio de las consideraciones singulares que sea preciso establecer. Una de las principales novedades introducidas en esta ley es la regulación del cierre temporal de instalaciones de producción, el cual, al igual que la puesta en funcionamiento modificación, transmisión y cierre definitivo de instalaciones, estará sometido al régimen de autorización administrativa previa. Igualmente, se regulan en este título los aprovechamientos hidráulicos necesarios para la producción de energía eléctrica y, el sistema de ofertas en el mercado diario, con la particularidad de que todas las unidades de producción deben realizar ofertas al mercado, incluidas las del extinto régimen especial. Completan este título la regulación de la demanda y contratación de la energía, los derechos y obligaciones de los productores de energía eléctrica, así como el registro de régimen retributivo específico.<br />
La gestión económica y técnica del sistema se contempla en el título V. Por una parte, se regulan las funciones del operador del sistema y del operador del mercado, así como los procedimientos de certificación del operador del sistema por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y de autorización y designación como gestor de la red de transporte por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que se notificarán a la Comisión Europea, así como el de certificación en relación con países no pertenecientes a la Unión Europea. Por otra, se regula el acceso y conexión a las redes, definiendo claramente los conceptos de derecho de acceso y derecho de conexión así como los permisos de acceso y conexión, el procedimiento y requisitos para su concesión y los sujetos encargados de concederlos al amparo de unos criterios técnicos y económicos que se establecerán reglamentariamente.<br />
El título VI regula la actividad de transporte de energía eléctrica. En este título se regula qué instalaciones se integran en la red de transporte incluyendo la definición de red de transporte aplicable a los territorios no peninsulares, que anteriormente estaba recogida en normas de menor rango. Asimismo, se introduce expresamente el requisito de estar incluido en la planificación para el reconocimiento de la retribución de las nuevas instalaciones. Finalmente, se recogen las funciones que deberá desarrollar el transportista, anteriormente dispersas en normas de rango legal y reglamentario.<br />
La actividad de distribución de energía eléctrica se contempla en el título VII, en el que, principalmente, se detalla el concepto de actividad de distribución, se introduce la definición de instalaciones de distribución, y se recogen las obligaciones y funciones de las empresas de distribución de energía eléctrica distinguiendo entre aquellas que son ejecutadas como titulares de las redes de distribución y aquellas que son realizadas como empresas gestoras de la red de distribución.<br />
El título VIII relativo al suministro de energía eléctrica se estructura en dos capítulos. El capítulo I referido al suministro de los usuarios y a la gestión de la demanda eléctrica, en el que se profundiza en las medidas de protección al consumidor siguiendo las directrices de la Directiva 2009/72/CE, de 13 de julio de 2009. De este modo, al derecho ya recogido actualmente de poder elegir suministrador pudiendo contratar la energía directamente en el mercado o a través de un comercializador, se añaden, entre otros, el de recibir el servicio con los niveles de seguridad, regularidad y calidad que se determinen, ser suministrados a unos precios fácil y claramente comparables, transparentes y no discriminatorios, y disponer de procedimientos para tramitar sus reclamaciones. Además, se establecen las obligaciones de los consumidores, y en relación al consumidor vulnerable se recoge lo previsto en el Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, añadiendo que el bono social será considerado obligación de servicio público de acuerdo con la citada Directiva 2009/72/CE de 13 de julio de 2009. Completan este capítulo los derechos y obligaciones de las empresas comercializadoras, el servicio de recarga energética, y la gestión de la demanda, y los planes de ahorro y eficiencia energética.<br />
El capítulo II de este título VIII regula la calidad del suministro entendido como conjunto de características, técnicas y de atención y relación con los consumidores o productores, exigibles a las empresas que realicen actividades destinadas al suministro eléctrico. Asimismo, prevé el régimen jurídico de la suspensión del suministro eléctrico.<br />
El título IX contiene el régimen de autorizaciones, expropiación y servidumbres. Por razones de claridad y simplificación normativa se recogen en un mismo artículo las autorizaciones necesarias para las instalaciones de transporte, distribución, producción, líneas directas, transmisión y cierre de las instalaciones. El resto de preceptos del título se refieren a la declaración de utilidad pública y sus efectos, así como a las servidumbres de paso.<br />
Finalmente, el título X regula el régimen de inspecciones, infracciones y sanciones, diferenciando tres capítulos. Destaca en este título la revisión de la tipificación de infracciones y la inclusión de nuevas infracciones, al haber identificado determinadas conductas que no habían sido contempladas en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, y que tienen un impacto negativo en la sostenibilidad económica y en el funcionamiento del sistema eléctrico. Se revisa la cuantía de las sanciones, se amplían las sanciones accesorias existentes, y se modifica la competencia para la imposición de sanciones.<br />
En cuanto a la parte final, la ley se completa con veinte disposiciones adicionales, dieciséis disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, y seis disposiciones finales.<br />
TÍTULO I<br />
Disposiciones generales<br />
Artículo 1. Objeto.<br />
1. La presente ley tiene por objeto establecer la regulación del sector eléctrico con la finalidad de garantizar el suministro de energía eléctrica, y de adecuarlo a las necesidades de los consumidores en términos de seguridad, calidad, eficiencia, objetividad, transparencia y al mínimo coste.<br />
2. Son actividades destinadas al suministro de energía eléctrica: generación, transporte, distribución, servicios de recarga energética, comercialización e intercambios intracomunitarios e internacionales, así como la gestión económica y técnica del sistema eléctrico.<br />
Artículo 2. Régimen de las actividades.<br />
1. Se reconoce la libre iniciativa empresarial para el ejercicio de las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica reguladas en la presente ley sin perjuicio de las limitaciones que se pudieran establecer para las actividades que tengan carácter de monopolio natural.<br />
2. El suministro de energía eléctrica constituye un servicio de interés económico general.<br />
3. Corresponde al Gobierno y a las Administraciones Públicas la regulación y el control de las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica. Asimismo, el operador del mercado y el operador del sistema tendrán las funciones que expresamente se le atribuyan.<br />
4. En la regulación de la prestación del suministro de energía eléctrica se podrán tener en cuenta los planes y recomendaciones aprobados en el seno de los organismos internacionales, en virtud de los Convenios y Tratados en los que el Reino de España sea parte.<br />
Artículo 3. Competencias de la Administración General del Estado.<br />
Corresponden a la Administración General del Estado, en los términos establecidos en la presente ley, las siguientes competencias:<br />
1. Establecer la regulación básica de las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica.<br />
2. Determinar, en el ámbito de su competencia, las medidas necesarias para garantizar el suministro de energía eléctrica.<br />
3. Determinar las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico.<br />
4. Ejercer las facultades de planificación eléctrica en los términos establecidos en el artículo siguiente.<br />
5. Establecer el régimen retributivo y fijar la retribución de aquellas actividades que tengan una retribución regulada de acuerdo con lo previsto en la presente ley, sin perjuicio de las competencias que los artículos 7. 1 y 7.1 bis de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, atribuye a dicho organismo en relación con las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica.<br />
6. Otorgar y revocar el régimen retributivo a las instalaciones y a los sujetos a los que les sea aplicable de acuerdo con lo previsto en la presente ley y en su normativa desarrollo.<br />
7. Regular la estructura de los cargos por costes regulados y de los cargos necesarios para cubrir otros costes del sistema, así como establecer los criterios para el otorgamiento de garantías por los sujetos que corresponda y fijar, en su caso, el precio voluntario para el pequeño consumidor como precio máximo del suministro de energía eléctrica a los consumidores que reglamentariamente se determinen.<br />
8. Ejercer las funciones de ordenación previstas en el título II.<br />
9. Regular la organización y funcionamiento del mercado de producción de energía eléctrica.<br />
10. Regular los términos en que se ha de desarrollar la gestión económica y técnica del sistema, aprobando las reglas de mercado y los procedimientos de operación de carácter instrumental y técnico necesarios.<br />
11. Establecer los requisitos de calidad y seguridad que han de regir el suministro de energía eléctrica, teniendo en cuenta los criterios establecidos en el artículo 1.<br />
12. Determinar los derechos y obligaciones de los sujetos relacionados con el suministro de energía eléctrica.<br />
13. Autorizar las siguientes instalaciones eléctricas:<br />
a) Instalaciones peninsulares de producción de energía eléctrica, incluyendo sus infraestructuras de evacuación, de potencia eléctrica instalada superior a 50 MW eléctricos, instalaciones de transporte primario peninsular y acometidas de tensión igual o superior a 380 kV.<br />
b) Instalaciones de producción incluyendo sus infraestructuras de evacuación, transporte secundario, distribución, acometidas y líneas directas, que excedan del ámbito territorial de una Comunidad Autónoma, así como las líneas directas conectadas a instalaciones de generación de competencia estatal.<br />
c) Instalaciones de producción ubicadas en el mar territorial.<br />
d) Instalaciones de producción de potencia eléctrica instalada superior a 50 MW eléctricos ubicadas en los territorios no peninsulares, cuando sus sistemas eléctricos estén efectivamente integrados con el sistema peninsular, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25.2.<br />
e) Instalaciones de transporte primario y acometidas de tensión nominal igual o superior a 380 kV ubicadas en los territorios no peninsulares, cuando estos estén conectados eléctricamente con el sistema peninsular.<br />
14. Impartir, en el ámbito de su competencia, instrucciones relativas a la ampliación, mejora y adaptación de las redes e instalaciones eléctricas de transporte y distribución, en garantía de una adecuada calidad y seguridad en el suministro de energía, con un mínimo impacto ambiental.<br />
15. Inspeccionar, en el ámbito de su competencia, a los sujetos que realicen actividades destinadas al suministro de energía eléctrica reguladas en la presente ley, así como sus instalaciones, en los términos previstos en la presente ley y su normativa de desarrollo.<br />
16. Sancionar, en el ámbito de su competencia y de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley y disposiciones que la desarrollen, las infracciones cometidas.<br />
Artículo 4. Planificación eléctrica.<br />
1. La planificación eléctrica tendrá por objeto prever las necesidades del sistema eléctrico para garantizar el suministro de energía a largo plazo, así como definir las necesidades de inversión en nuevas instalaciones de transporte de energía eléctrica, todo ello bajo los principios de transparencia y de mínimo coste para el conjunto del sistema.<br />
Únicamente tendrá carácter vinculante la planificación de la red de transporte con las características técnicas que en la misma se definen.<br />
2. La planificación eléctrica será realizada por la Administración General del Estado, con la participación de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, requerirá informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y trámite de audiencia. Será sometida al Congreso de los Diputados, de acuerdo con lo previsto en su Reglamento, con carácter previo a su aprobación por el Gobierno, y abarcará periodos de seis años.<br />
3. Dicha Planificación incluirá los siguientes aspectos:<br />
a) Con carácter indicativo, varios escenarios sobre la evolución futura de la demanda eléctrica incluyendo un análisis de sensibilidad en relación con la posible evolución de la demanda ante cambios en los principales parámetros y variables que la determinan y un análisis de los criterios que conducen a la selección de un escenario como el más probable. Sobre el escenario seleccionado se analizarán los recursos necesarios para satisfacerla y sobre las necesidades de nueva potencia, todo ello en términos que fomenten un adecuado equilibrio entre la eficiencia del sistema, la seguridad de suministro y la protección del medio ambiente.<br />
b) Estimación de la capacidad mínima que debe ser instalada para cubrir la demanda prevista bajo criterios de seguridad del suministro y competitividad, diversificación energética, mejora de la eficiencia y protección del medio ambiente.<br />
c) Previsiones relativas a las instalaciones de transporte y distribución de acuerdo con la previsión de la demanda de energía eléctrica, que resulten óptimas conforme al análisis de coste y beneficio de las distintas opciones o niveles de adecuación del sistema para atender dicha demanda garantizando la seguridad de suministro.<br />
d) El establecimiento de las líneas de actuación en materia de calidad del servicio, tendentes a la consecución de los objetivos de calidad.<br />
e) Las actuaciones sobre la demanda que optimicen la gestión de los recursos y fomenten la mejora del servicio prestado a los usuarios, así como la eficiencia y ahorro energéticos.<br />
f) La evolución de las condiciones del mercado de producción para la consecución de la garantía de suministro.<br />
g) Los criterios de protección medioambiental que deben condicionar las actividades de suministro de energía eléctrica, con el fin de minimizar el impacto ambiental producido por dichas actividades.<br />
4. Los planes de desarrollo de la red de transporte, que se deberán incluir en la planificación eléctrica, recogerán las líneas de transporte y subestaciones previstas, abarcarán periodos de seis años e incluirán criterios y mecanismos de flexibilidad en cuanto a su implementación temporal para adaptarse a la evolución real de la demanda de electricidad, sin perjuicio de su revisión periódica cuando los parámetros y variables que sirvieron de base para su elaboración hubieran variado.<br />
Excepcionalmente, por acuerdo del Consejo de Ministros, previo trámite de audiencia, informes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla afectadas y oído el operador del sistema, se podrá proceder a la modificación de aspectos puntuales de los planes de desarrollo cuando se produjera alguna de las siguientes situaciones:<br />
a) De acuerdo a los criterios de planificación establecidos, se haya presentado un hecho imprevisto que pudiera afectar de manera significativa a la garantía y seguridad de suministro.<br />
b) Surjan nuevos suministros cuya alimentación por motivos técnicos únicamente pueda realizarse desde la red de transporte y ésta no pudiera realizarse bajo la planificación de la red de transporte vigente.<br />
c) Concurran razones de eficiencia económica del sistema.<br />
Estas actuaciones podrán ser propuestas por el operador del sistema y gestor de la red de transporte motivando su carácter excepcional.<br />
El Ministro de Industria, Energía y Turismo, a propuesta del operador del sistema y previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, podrá aprobar las adaptaciones de carácter técnico necesarias para la realización de los planes de desarrollo incluidos en la planificación eléctrica<br />
La planificación de la red de transporte de energía eléctrica, incluyendo las eventuales revisiones que pudieran realizarse, se llevará a cabo sujetándose al principio de sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico previsto en el artículo 14 y, en todo caso, teniendo en cuenta los límites de inversión anual que se establezcan reglamentariamente.<br />
5. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados anteriores, el Gobierno podrá aprobar, con carácter indicativo, planes relativos al aprovechamiento energético de las fuentes de energía renovables y de eficiencia energética en el sector eléctrico, al objeto de favorecer el cumplimiento de los objetivos que pudieran establecerse para España en estas materias, derivados de la pertenencia a la Unión Europea.<br />
6. La planificación eléctrica podrá incluir un anexo, de carácter no vinculante, con aquellas instalaciones de la red de transporte que se estime necesario poner en servicio durante los años posteriores al horizonte de la planificación. La inclusión de una instalación en este anexo servirá solamente a los efectos de iniciar los trámites administrativos pertinentes de la referida instalación. Antes de dictar las resoluciones que corresponda podrá acordarse la suspensión en los procedimientos administrativos relativos a las instalaciones objeto de este apartado hasta la inclusión de las mismas en la planificación eléctrica vinculante. El contenido del citado anexo podrá ser modificado bajo los mismos supuestos contemplados en el apartado 4 de este artículo y atendiendo a los procedimientos allí previstos.<br />
7. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia realizará un seguimiento de los planes de inversión de los gestores de red de transporte, y presentará un informe anual al Ministerio para la Transición Ecológica con la evaluación de dichos planes en lo que se refiere a su adecuación al plan de desarrollo de la red en el ámbito comunitario mencionado en el artículo 8, apartado 3, letra b) del Reglamento (CE) n.º 714/2009, pudiendo incluir recomendaciones para su modificación<br />
Artículo 5. Coordinación con planes urbanísticos.<br />
1. La planificación de las instalaciones de transporte y distribución de energía eléctrica, que se ubiquen o discurran en cualquier clase y categoría de suelo, deberá tenerse en cuenta en el correspondiente instrumento de ordenación del territorio y urbanístico, el cual deberá precisar las posibles instalaciones y calificar adecuadamente los terrenos, estableciendo, en ambos casos, las reservas de suelo necesarias para la ubicación de las nuevas instalaciones y la protección de las existentes.<br />
2. Cuando existan razones justificadas de urgencia o excepcional interés para el suministro de energía eléctrica que aconsejen el establecimiento de instalaciones de transporte y distribución que precisen de un acto de intervención municipal previo, se estará a lo dispuesto en la disposición adicional décima del texto refundido de la Ley del Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio. El mismo procedimiento será aplicable en los casos en que existan instrumentos de ordenación territorial y urbanística ya aprobados definitivamente, en los que no se haya tenido en cuenta la planificación eléctrica conforme al apartado anterior.<br />
3. En todo caso, en lo relativo a las instalaciones de transporte cuya autorización sea competencia de la Administración General del Estado se estará a lo establecido en la disposición adicional duodécima de la Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas.<br />
4. A todos los efectos, las infraestructuras propias de las actividades del suministro eléctrico, reconocidas de utilidad pública por la presente ley, tendrán la condición de sistemas generales.<br />
TÍTULO II<br />
Ordenación del suministro<br />
Artículo 6. Sujetos.<br />
1. Las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica a que se refiere el artículo 1.2 serán desarrolladas por los siguientes sujetos:<br />
a) Los productores de energía eléctrica, que son aquellas personas físicas o jurídicas que tienen la función de generar energía eléctrica, así como las de construir, operar y mantener las instalaciones de producción.<br />
b) El operador del mercado, que es aquella sociedad mercantil que tiene las funciones que le atribuye el artículo 29.<br />
c) El operador del sistema, que es aquella sociedad mercantil que tiene las funciones que le atribuye el artículo 30.<br />
d) El transportista, que es aquella sociedad mercantil que tiene la función de transportar energía eléctrica, así como construir, mantener y maniobrar las instalaciones de transporte y todas aquellas funciones que se recogen en el artículo 36.<br />
e) Los distribuidores, que son aquellas sociedades mercantiles o sociedades cooperativas de consumidores y usuarios, que tienen la función de distribuir energía eléctrica, así como construir, mantener y operar las instalaciones de distribución destinadas a situar la energía en los puntos de consumo y todas aquellas funciones que se recogen en el artículo 40.<br />
f) Los comercializadores, que son aquellas sociedades mercantiles, o sociedades cooperativas de consumidores y usuarios, que, accediendo a las redes de transporte o distribución, adquieren energía para su venta a los consumidores, a otros sujetos del sistema o para realizar operaciones de intercambio internacional en los términos establecidos en la presente ley.<br />
Reglamentariamente se establecerá el procedimiento y requisitos para ser comercializador de referencia.<br />
g) Los consumidores, que son las personas físicas o jurídicas que adquieren la energía para su propio consumo y para la prestación de servicios de recarga energética de vehículos.<br />
Aquellos consumidores que adquieran energía directamente en el mercado de producción se denominarán Consumidores Directos en Mercado.<br />
h) DEROGADO Los gestores de cargas del sistema, que son aquellas sociedades mercantiles que, siendo consumidores, están habilitados para la reventa de energía eléctrica para servicios de recarga energética.<br />
Los gestores de carga del sistema son los únicos sujetos con carácter de cliente mayorista en los términos previstos en la normativa comunitaria de aplicación.<br />
2. Los agentes que actúen por cuenta de cualquier sujeto a los efectos de su participación en el mercado de producción y de los cobros y pagos de los peajes, cargos, precios y retribuciones reguladas tendrán la consideración de representantes. Los agentes que actúen como representantes no podrán actuar simultáneamente por cuenta propia y por cuenta ajena. Se entenderá que un representante actúa por cuenta propia cuando participe de forma directa o indirecta en más de un 50 por ciento del capital de la sociedad que representa.<br />
La representación por cuenta ajena podrá ser indirecta, cuando el representante actúa en nombre propio, o directa, cuando el representante actúa en nombre del representado.<br />
Artículo 7. Garantía del suministro.<br />
1. Todos los consumidores tendrán derecho al acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, en el territorio nacional, en los términos establecidos en esta ley y en las condiciones que reglamentariamente se establezcan por el Gobierno.<br />
2. El Gobierno podrá adoptar, para un plazo determinado, las medidas necesarias para garantizar el suministro de energía eléctrica cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:<br />
a) Riesgo cierto para la prestación del suministro de energía eléctrica.<br />
b) Situaciones de desabastecimiento de alguna o algunas de las fuentes de energía primaria.<br />
c) Situaciones de las que se pueda derivar amenaza grave para la integridad física o la seguridad de las personas, de aparatos o instalaciones o para la integridad de la red de transporte o distribución de energía eléctrica previa comunicación a las Comunidades Autónomas afectadas.<br />
d) Situaciones en las que se produzcan reducciones sustanciales de la disponibilidad de las instalaciones de producción, transporte o distribución o de los índices de calidad del suministro imputables a cualquiera de ellas.<br />
3. Las medidas que se adopten por el Gobierno para hacer frente a las situaciones descritas en el apartado anterior podrán referirse, entre otros, a los siguientes aspectos:<br />
a) Limitaciones o modificaciones temporales del mercado de electricidad a que se refiere el artículo 25 o del despacho de generación existente en los sistemas eléctricos aislados.<br />
b) Operación directa de las instalaciones de generación, transporte y distribución.<br />
c) Establecimiento de obligaciones especiales en materia de existencias de seguridad de fuentes primarias para la producción de energía eléctrica.<br />
d) Limitación, modificación temporal o suspensión de los derechos que se establecen en el artículo 26 para los productores de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable, cogeneración y residuos.<br />
e) Modificación de las condiciones generales de regularidad en el suministro con carácter general o referido a determinadas categorías de consumidores.<br />
f) Limitación, modificación temporal o suspensión de los derechos y garantías de acceso a las redes por terceros.<br />
g) Limitación o asignación de abastecimientos de energías primarias a los productores de electricidad.<br />
h) Cualesquiera otras medidas que puedan ser recomendadas por los Organismos internacionales de los que España sea miembro o que se determinen en aplicación de aquellos convenios en que se participe.<br />
4. En las situaciones descritas, el Gobierno determinará el régimen retributivo aplicable a aquellas actividades que se vieran afectadas por las medidas adoptadas garantizando, en todo caso, un reparto equilibrado de los costes.<br />
5. Cuando las medidas adoptadas por el Gobierno de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 afecten únicamente a una Comunidad Autónoma, la decisión se adoptará en colaboración con ésta.<br />
No obstante lo anterior, en el caso de que en los territorios no peninsulares se produjeran situaciones de riesgo cierto para la prestación del suministro de energía eléctrica o situaciones de las que se pueda derivar amenaza para la integridad física o la seguridad de las personas, de aparatos o instalaciones o para la integridad de la red de transporte o distribución de energía eléctrica, las medidas allí previstas podrán ser también adoptadas por las comunidades o ciudades autónomas afectadas, siempre que se restrinjan a su respectivo ámbito territorial. En dicho supuesto, tales medidas no tendrán repercusiones económicas en el sistema eléctrico, salvo que existiera acuerdo previo del Ministerio de Industria, Energía y Turismo que así lo autorice.<br />
6. Cuando el incumplimiento de las obligaciones de los sujetos definidos en el artículo 6 pueda afectar a la continuidad y seguridad del suministro eléctrico, y a fin de garantizar su mantenimiento, el Gobierno podrá acordar la intervención de la correspondiente empresa de acuerdo con lo previsto en el artículo 128.2 de la Constitución, adoptando las medidas oportunas para ello.<br />
A estos efectos serán causas de intervención de una empresa las siguientes:<br />
1.º Cuando medie declaración de concurso de acreedores y la empresa no se halle en condiciones de cumplir con sus obligaciones, y, en todo caso, si se ha producido la apertura de la fase de liquidación.<br />
2.º La gestión irregular de la actividad cuando le sea imputable y pueda dar lugar a su paralización con interrupción del suministro a los usuarios.<br />
3.º La grave y reiterada falta de mantenimiento adecuado de las instalaciones que ponga en peligro la seguridad de las mismas.<br />
En estos supuestos, si las empresas que desarrollan las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica lo hacen mediante instalaciones cuya autorización sea competencia exclusiva de una Comunidad Autónoma, la intervención será acordada por ésta, salvo que esté en riesgo la seguridad de suministro, en cuyo caso, también podrá ser acordada por el Gobierno, quien lo comunicará a la Comunidad Autónoma.<br />
7. En todo caso, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia supervisará la aplicación de las medidas necesarias para garantizar el suministro de energía eléctrica contenida en el presente artículo, para lo que se pondrá a su disposición la información relativa a su aplicación.<br />
Artículo 8. Funcionamiento del sistema.<br />
1. La producción de energía eléctrica se desarrollará en régimen de libre competencia.<br />
El mercado de producción de energía eléctrica es el integrado por el conjunto de transacciones comerciales de compra y venta de energía y de otros servicios relacionados con el suministro de energía eléctrica.<br />
El mercado de producción de energía eléctrica se estructura en mercados a plazo, mercado diario, mercado intradiario, los servicios de ajuste y de balance y los mercados no organizados. Los sujetos definidos en el artículo 6 que actúen en el mercado de producción a que se refiere el párrafo anterior podrán pactar libremente los términos de los contratos de compraventa de energía eléctrica que suscriban, respetando las modalidades y contenidos mínimos previstos en la presente ley y en sus reglamentos de desarrollo.<br />
El Gobierno podrá determinar el funcionamiento del mercado diario e intradiario con base en ofertas de unidades de producción ya sean físicas o en cartera y, en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares el funcionamiento de un despacho técnico y económico.<br />
2. La operación del sistema, la operación del mercado, el transporte y la distribución de energía eléctrica tienen carácter de actividades reguladas a efectos de su separación de otras actividades, y su régimen económico y de funcionamiento se ajustará a lo previsto en la presente ley.<br />
Se garantiza el acceso de terceros a las redes de transporte y distribución en las condiciones técnicas y económicas establecidas en esta ley y en los términos que se establezcan reglamentariamente por el Gobierno.<br />
3. Sin perjuicio de lo establecido para la comercialización de referencia, la comercialización y los servicios de recarga energética se ejercerán libremente en los términos previstos en la presente ley y su régimen económico vendrá determinado por las condiciones que se pacten entre las partes.<br />
4. Salvo pacto en contrario, la transmisión de la propiedad de la energía eléctrica se entenderá producida en el momento en que la misma tenga entrada en las instalaciones del comprador.<br />
En el caso de los comercializadores y de los gestores de cargas, la transmisión de la propiedad de la energía eléctrica se entenderá producida, salvo pacto en contrario, cuando la misma tenga entrada en las instalaciones de su cliente.<br />
Artículo 9. Autoconsumo de energía eléctrica.<br />
1. A los efectos de esta Ley, se entenderá por autoconsumo el consumo por parte de uno o varios consumidores de energía eléctrica proveniente de instalaciones de producción próximas a las de consumo y asociadas a los mismos.<br />
Se distinguen las siguientes modalidades de autoconsumo:<br />
a) Modalidades de suministro con autoconsumo sin excedentes. Cuando los dispositivos físicos instalados impidan la inyección alguna de energía excedentaria a la red de transporte o distribución. En este caso existirá un único tipo de sujeto de los previstos en el artículo 6, que será el sujeto consumidor.<br />
b) Modalidades de suministro con autoconsumo con excedentes. Cuando las instalaciones de generación puedan, además de suministrar energía para autoconsumo, inyectar energía excedentaria en las redes de transporte y distribución. En estos casos existirán dos tipos de sujetos de los previstos en el artículo 6, el sujeto consumidor y el productor.<br />
2. Reglamentariamente se desarrollará el concepto de instalaciones próximas a efectos de autoconsumo. En todo caso se entenderán como tales las que estén conectadas en la red interior de los consumidores asociados, estén unidas a estos a través de líneas directas o estén conectadas a la red de baja tensión derivada del mismo centro de transformación.<br />
3. Las instalaciones de producción no superiores a 100 kW de potencia asociadas a modalidades de suministro con autoconsumo con excedentes estarán exentas de la obligación de inscripción en el registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica. No obstante, las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla podrán dar de alta, de oficio, dichas instalaciones en sus respectivos registros administrativos de autoconsumo. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento por el Gobierno el procedimiento para la remisión de dicha información al Ministerio para la Transición Ecológica para su incorporación en el registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica.<br />
4. Para el seguimiento de la actividad de autoconsumo de energía eléctrica, desde el punto de vista económico, y de su incidencia en el cumplimiento de los objetivos de energías renovables y en la operación del sistema, se crea en el Ministerio para la Transición Ecológica el registro administrativo de autoconsumo de energía eléctrica que será telemático, declarativo y de acceso gratuito.<br />
Las Comunidades Autónomas con competencias en la materia podrán crear y gestionar los correspondientes registros territoriales en los que deberán estar inscritas todos los consumidores acogidos a cualquiera de las modalidades de autoconsumo de energía eléctrica ubicados en el ámbito territorial de aquéllas.<br />
Para aquellos sujetos consumidores conectados a baja tensión, en los que la instalación generadora sea de baja tensión y la potencia instalada de generación sea menor de 100 kW que realicen autoconsumo, la inscripción se llevará a cabo de oficio por las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla en sus respectivos registros a partir de la información remitida a las mismas en virtud del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.<br />
Reglamentariamente, previa audiencia de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, se establecerá por el Gobierno la organización, así como el procedimiento de inscripción y comunicación de datos al registro administrativo de autoconsumo de energía eléctrica. En dicho reglamento, se recogerá la información que las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla deberán remitir al Ministerio para la Transición Ecológica para su incorporación en registro administrativo de autoconsumo de energía eléctrica estatal. Esta información deberá ser remitida aun cuando no dispusieran de registro administrativo autonómico.<br />
5. La energía autoconsumida de origen renovable, cogeneración o residuos estará exenta de todo tipo de cargos y peajes. En el caso en que se produzca transferencia de energía a través de la red de distribución en instalaciones próximas a efectos de autoconsumo se podrán establecer las cantidades que resulten de aplicación por el uso de dicha red de distribución. Los excedentes de las instalaciones de generación asociadas al autoconsumo estarán sometidos al mismo tratamiento que la energía producida por el resto de las instalaciones de producción, al igual que los déficits de energía que los autoconsumidores adquieran a través de la red de transporte o distribución estarán sometidos al mismo tratamiento que los del resto de consumidores.<br />
Sin perjuicio de lo anterior, reglamentariamente podrán desarrollarse mecanismos de compensación simplificada entre déficits de los autoconsumidores y excedentes de sus instalaciones de producción asociadas, que en todo caso estarán limitados a potencias de estas no superiores a 100 kW.<br />
6. Reglamentariamente se establecerán las condiciones administrativas y técnicas para la conexión a la red de las instalaciones de producción asociadas al autoconsumo. Estos requisitos serán proporcionales al tamaño de la instalación y a la modalidad de autoconsumo.<br />
Las instalaciones en modalidad de suministro con autoconsumo sin excedentes de hasta 100 kW se someterán exclusivamente a los reglamentos técnicos correspondientes. En particular, las instalaciones de suministro con autoconsumo conectadas en baja tensión se ejecutarán de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.<br />
Las configuraciones de medida que sean de aplicación en las instalaciones de autoconsumo serán definidas reglamentariamente por el Gobierno. En todo caso, estas configuraciones deberán contener los equipos de medida estrictamente necesarios para la correcta facturación de los precios, tarifas, cargos o peajes que le resulten de aplicación.<br />
Artículo 10. Actividades en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares.<br />
1. Las actividades para el suministro de energía eléctrica que se desarrollen en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares podrán ser objeto de una reglamentación singular que atenderá a las especificidades derivadas de su ubicación territorial y de su carácter aislado, previo informe de las Comunidades Autónomas o Ciudades de Ceuta y Melilla afectadas.<br />
2. Dicha reglamentación desarrollará, al menos, los siguientes mecanismos:<br />
a) La planificación de las infraestructuras de la red de transporte de energía eléctrica basada en criterios de análisis coste/beneficio, en relación con el resto de actividades destinadas al suministro, y en los términos previstos en el artículo 4.<br />
b) El establecimiento de un régimen retributivo para la actividad de producción en los términos previstos en el artículo 14.<br />
c) El fomento de energías renovables cuando sean técnicamente asumibles y supongan una reducción de costes del sistema en los términos previstos en el artículo 14.<br />
d) La integración de los sistemas no peninsulares en el mercado peninsular, cuando exista una interconexión con la península de capacidad comercial suficiente, y hasta entonces, la aplicación de criterios técnicos y de mercado para el despacho de la energía.<br />
e) El establecimiento de incentivos económicos al operador del sistema para que, manteniendo la seguridad, se reduzca progresivamente el coste de generación en los sistemas no peninsulares.<br />
f) La incorporación de señales de precios eficientes al consumidor para que pueda modular su demanda.<br />
Artículo 11. Intercambios intracomunitarios e internacionales de electricidad.<br />
1. Podrán realizarse libremente los intercambios intracomunitarios de electricidad en los términos previstos en la presente ley.<br />
2. Las adquisiciones de energía a través de las interconexiones con otros Estados miembros de la Unión Europea o terceros países podrán ser realizadas por los productores, comercializadores y consumidores directos en mercado definidos en el artículo 6.<br />
Dicha energía podrá adquirirse mediante cualquiera de las modalidades de contratación que se autoricen en el desarrollo de esta ley.<br />
3. Las ventas de energía a través de las interconexiones con otros Estados miembros de la Unión Europea o terceros países podrán ser realizadas por los productores, comercializadores y consumidores directos en mercado definidos en el artículo 6. Estas operaciones deberán ser comunicadas al operador del sistema, que podrá denegarlas cuando impliquen un riesgo cierto para el suministro.<br />
4. Los intercambios a corto plazo de energías de balance o de reserva que tengan por objeto el mantenimiento de las condiciones de calidad y seguridad del suministro de energía eléctrica en el sistema y los intercambios de servicios transfronterizos de ajuste, serán realizados por el operador del sistema u otros sujetos del sistema en los términos que reglamentariamente se establezcan.<br />
5. Los intercambios de energía eléctrica a través de las interconexiones con terceros países estarán, en todo caso, sometidos a autorización administrativa del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.<br />
6. El régimen jurídico y económico al que se someterán los intercambios intracomunitarios e internacionales se regulará reglamentariamente respetando los principios de competencia y transparencia que han de regir el mercado de producción. En todo caso, los sujetos que realicen operaciones de exportación de energía eléctrica habrán de abonar los costes del sistema que proporcionalmente les correspondan.<br />
Artículo 12. Separación de actividades.<br />
1. Las sociedades mercantiles que desarrollen alguna o algunas de las actividades de transporte, distribución y operación del sistema a que se refiere el apartado 2 del artículo 8 deberán tener como objeto social exclusivo el desarrollo de las mismas sin que puedan, por tanto, realizar actividades de producción, de comercialización o de servicios de recarga energética, ni tomar participaciones en empresas que realicen estas actividades.<br />
2. No obstante, un grupo de sociedades podrá desarrollar actividades incompatibles de acuerdo con la ley, siempre que sean ejercidas por sociedades diferentes, y se cumplan los siguientes criterios de independencia:<br />
a) Las personas responsables de la gestión de sociedades que realicen actividades reguladas no podrán participar en estructuras organizativas del grupo empresarial que sean responsables, directa o indirectamente, de la gestión cotidiana de actividades de generación, comercialización o de servicios de recarga energética. Adicionalmente, y sin perjuicio de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 34.2 en materia de transportista único y de exclusividad de desarrollo de la actividad de transporte, el responsable de administración de la red de distribución no podrá participar en la gestión cotidiana de las actividades de transporte.<br />
b) Los grupos de sociedades garantizarán, bajo la responsabilidad de sus administradores, la independencia de las personas responsables de la gestión de sociedades que realicen actividades reguladas mediante la protección de sus intereses profesionales. En particular establecerán garantías en lo que concierne a su retribución y su cese.<br />
Las sociedades que realicen actividades reguladas y las personas responsables de su gestión que se determine no podrán poseer acciones de sociedades que realicen actividades de producción, comercialización o de servicios de recarga energética.<br />
Además, las sociedades que realicen actividades reguladas, así como sus trabajadores, no podrán compartir información comercialmente sensible con las empresas del grupo de sociedades al que pertenezcan, en el caso de que éstas realicen actividades liberalizadas.<br />
c) Las sociedades que realicen actividades reguladas tendrán capacidad de decisión efectiva, independiente del grupo de sociedades, con respecto a activos necesarios para explotar, mantener o desarrollar la red de transporte o distribución de energía eléctrica.<br />
No obstante, el grupo de sociedades tendrá derecho a la supervisión económica y de la gestión de las referidas sociedades, y podrá someter a aprobación el plan financiero anual, o instrumento equivalente, así como establecer límites globales a su nivel de endeudamiento, que no interfieran en la viabilidad del presupuesto elaborado por la sociedad regulada como sociedad individual.<br />
En ningún caso podrá el grupo empresarial dar instrucciones a las sociedades que realicen actividades reguladas respecto de la gestión cotidiana, ni respecto de decisiones particulares referentes a la construcción o mejora de activos de transporte o distribución, siempre que no se sobrepase lo establecido en el plan financiero anual o instrumento equivalente, ni tampoco podrá dar instrucciones sobre qué servicios necesita contratar la sociedad regulada a otras sociedades del grupo si no presentan condiciones económicas comparables a las que se obtendrían en el exterior.<br />
d) Las sociedades que realicen actividades reguladas establecerán un código de conducta en el que se expongan las medidas adoptadas para garantizar el cumplimiento de lo estipulado en los párrafos a), b) y c) anteriores.<br />
Dicho código de conducta establecerá obligaciones específicas de los empleados, y su cumplimiento será objeto de la adecuada supervisión y evaluación por la persona u órgano competente designado por la sociedad a tal efecto. El encargado de evaluar el cumplimiento será totalmente independiente y tendrá acceso a toda la información de la sociedad y de cualquiera de sus empresas filiales que requiera para el desempeño de su función.<br />
Anualmente, el encargado de supervisión presentará un informe al Ministerio de Industria, Energía y Turismo y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que será publicado en el «Boletín Oficial del Estado», indicando las medidas adoptadas para lograr el cumplimiento de lo estipulado en los párrafos a), b) y c) anteriores. Este informe será remitido antes del 31 de marzo de cada año con respecto al ejercicio anterior.<br />
e) La separación de actividades y, en particular, la separación funcional, a cuyo efecto las empresas obligadas deberán remitir al Ministerio de Industria, Energía y Turismo y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia el código de conducta previsto en el párrafo d) del presente artículo antes del 31 de marzo de cada año, con relación al ejercicio anterior.<br />
3. Las empresas distribuidoras y las empresas comercializadoras de referencia que formen parte de un grupo de sociedades que desarrolle actividades reguladas y libres en los términos previstos en la presente ley, no crearán confusión en su información y en la presentación de su marca e imagen de marca respecto a la identidad propia de las filiales de su mismo grupo que realicen actividades de comercialización, sin perjuicio de las infracciones previstas en la normativa vigente a este respecto.<br />
4. El conjunto de obligaciones establecidas en el apartado 2 del presente artículo no serán aplicables a las empresas distribuidoras con menos de 100.000 clientes conectados a sus redes.<br />
TÍTULO III<br />
Sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico<br />
Artículo 13. Sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico.<br />
1. Las actuaciones de las Administraciones Públicas y demás sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ley estarán sujetas al principio de sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico.<br />
Se entenderá por sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico la capacidad para satisfacer la totalidad de los costes del mismo, conforme a lo establecido en esta ley y en su normativa de desarrollo.<br />
2. Los costes del sistema serán financiados mediante los ingresos del sistema eléctrico que comprenderán:<br />
a) Los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución satisfechos por los consumidores y los productores y los agentes por las exportaciones de energía a países no comunitarios, destinados a cubrir la retribución del transporte y la distribución,<br />
b) los cargos que se establezcan para el pago de las otras partidas de costes que no sean cubiertas por otros ingresos, según se encuentran definidos en el artículo 16,<br />
c) cualquier mecanismo financiero establecido normativamente,<br />
d) las partidas provenientes de los Presupuestos Generales del Estado destinadas a cubrir, entre otros, las cuantías que se determinen correspondientes a los costes del régimen retributivo específico para el fomento de la actividad de generación a partir de fuentes de energía renovables y al extracoste de la actividad de producción en los sistemas eléctricos en los territorios no peninsulares con régimen retributivo adicional y,<br />
e) Cualquier otro ingreso atribuido expresamente por una norma de rango legal o reglamentario.<br />
3. Los costes del sistema eléctrico, que se determinarán de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley y sus normas de desarrollo, serán los siguientes:<br />
a) Retribución de las actividades de transporte y distribución.<br />
b) Régimen retributivo específico de la actividad de generación a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración de alta eficiencia y residuos.<br />
c) Retribución del extracoste de la actividad de producción en los sistemas eléctricos en los territorios no peninsulares con régimen retributivo adicional.<br />
d) Retribución asociada a la aplicación de mecanismos de capacidad, en su caso,<br />
e) Retribución asociada a los mecanismos que se desarrollen en aplicación del artículo 25.1, en su caso.<br />
f) Compensación asociada a la moratoria nuclear de acuerdo con la disposición adicional octava de la Ley 40/1994, de 30 de diciembre, de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional.<br />
g) Dotación del fondo para la financiación del Plan General de Residuos Radiactivos.<br />
h) Tasa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.<br />
i) Imputación de la diferencia de pérdidas asociada al cierre de energía en el mercado de producción, en su caso.<br />
j) Anualidades correspondientes a los déficit del sistema eléctrico, con sus correspondientes intereses y ajustes.<br />
k) Medidas de gestión de la demanda, en el caso en que así sean reconocidos conforme a lo establecido en el artículo 49.<br />
l) Gestión técnica y económica del sistema en caso de desajuste entre los ingresos y la retribución de estas actividades conforme a lo establecido en el artículo 14.11, y el importe recaudado a través de los precios regulados que cobran a los agentes.<br />
m) Cualquier otro coste atribuido expresamente por una norma con rango legal cuyo fin responda exclusivamente a la normativa del sector eléctrico.<br />
4. Los ingresos del sistema serán suficientes para satisfacer la totalidad de los costes del sistema eléctrico.<br />
5. Toda medida normativa en relación con el sector eléctrico que suponga un incremento de costes para el sistema eléctrico o una reducción de ingresos deberá incorporar una reducción equivalente de otras partidas de costes o un incremento equivalente de ingresos que asegure el equilibrio del sistema.<br />
6. Con carácter anual, por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, y previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, se aprobará una previsión de la evolución de las diferentes partidas de ingresos y costes del sistema eléctrico para los seis siguientes años.<br />
Artículo 14. Retribución de las actividades.<br />
1. Las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica serán retribuidas en la forma dispuesta en la presente ley con cargo a los ingresos del sistema eléctrico definidos en el artículo 13, a los derivados de la participación en el mercado de producción, así como a los ingresos provenientes de la aplicación de lo dispuesto en la presente ley y su normativa de desarrollo.<br />
Los ingresos del sistema eléctrico serán destinados a pagar exclusivamente la retribución propia de las actividades destinadas al suministro eléctrico y el resto de costes del sistema definidos en el artículo 13, sin que puedan destinarse a otros fines.<br />
2. La retribución de las actividades se establecerá con criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios que incentiven la mejora de la eficacia de la gestión, la eficiencia económica y técnica de dichas actividades y la calidad del suministro eléctrico.<br />
3. Para el cálculo de la retribución de las actividades de transporte, distribución, gestión técnica y económica del sistema, y producción en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares con régimen retributivo adicional se considerarán los costes necesarios para realizar la actividad por una empresa eficiente y bien gestionada, mediante la aplicación de criterios homogéneos en todo el territorio español, sin perjuicio de las especificidades previstas para los territorios no peninsulares. Estos regímenes económicos permitirán la obtención de una retribución adecuada a la de una actividad de bajo riesgo.<br />
4. Los parámetros de retribución de las actividades de transporte, distribución, producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración de alta eficiencia y residuos con régimen retributivo específico y producción en los sistemas eléctricos no peninsulares con régimen retributivo adicional, se fijarán teniendo en cuenta la situación cíclica de la economía, de la demanda eléctrica y la rentabilidad adecuada para estas actividades por periodos regulatorios que tendrán una vigencia de seis años, salvo que una norma de derecho comunitario europeo establezca una vigencia del periodo regulatorio distinta.<br />
Estos parámetros retributivos podrán revisarse antes del comienzo del periodo regulatorio. Si no se llevara a cabo esta revisión se entenderán prorrogados para todo el periodo regulatorio siguiente.<br />
Para las actividades de transporte y distribución las tasas de retribución financiera aplicables serán fijadas, para cada periodo regulatorio, por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.<br />
No obstante lo anterior, para cada periodo regulatorio se establecerá por ley el límite máximo de las tasas de retribución financiera aplicables a las actividades de transporte y distribución. Este límite máximo estará referenciado al rendimiento de las Obligaciones del Estado a diez años en el mercado secundario entre titulares de cuentas no segregados de los veinticuatro meses previos al mes de mayo del año anterior al inicio del nuevo periodo regulatorio incrementado con un diferencial adecuado que se determinará para cada periodo regulatorio. Si al comienzo de un periodo regulatorio no se llevase a cabo la determinación del límite máximo se entenderá prorrogado el límite máximo fijado para el periodo regulatorio anterior. Si este último no existiera, el límite máximo para el nuevo periodo tomará el valor de la tasa de retribución financiera del periodo anterior.<br />
Para las actividades de producción en los sistemas eléctricos no peninsulares con régimen retributivo adicional podrá modificarse la tasa de retribución financiera aplicable a dichas actividades antes del inicio de cada periodo regulatorio. La tasa de retribución financiera establecida estará referenciada al rendimiento de las Obligaciones del Estado a diez años en el mercado secundario de los veinticuatro meses previos al mes de mayo del anterior al del inicio incrementado con un diferencial adecuado que se determinará, por Ley, para cada periodo regulatorio. Si al comienzo de un periodo regulatorio no se llevase a cabo la determinación de la tasa de retribución financiera, se entenderá prorrogada la fijada para el periodo regulatorio anterior.<br />
En el caso de las instalaciones de producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración de alta eficiencia y residuos con régimen retributivo específico la modificación de los parámetros de retribución se realizará de acuerdo con los siguientes criterios:<br />
1.º En la revisión que corresponda a cada periodo regulatorio se podrán modificar todos los parámetros retributivos y, entre ellos el valor sobre el que girará la rentabilidad razonable en lo que reste de vida regulatoria de las instalaciones tipo que se fijará legalmente.<br />
En ningún caso, una vez reconocida la vida útil regulatoria o el valor estándar de la inversión inicial de una instalación, se podrán revisar dichos valores.<br />
2.º Cada tres años se revisarán para el resto del periodo regulatorio las estimaciones de ingresos por la venta de la energía generada, valorada al precio del mercado de producción, en función de la evolución de los precios del mercado y las previsiones de horas de funcionamiento.<br />
Asimismo, se ajustarán los parámetros retributivos en función de las desviaciones del precio del mercado respecto de las estimaciones realizadas para el periodo de tres años anterior. El método de ajuste se establecerá reglamentariamente y será de aplicación en lo que reste de vida útil de la instalación.<br />
3.º Al menos anualmente se actualizarán los valores de retribución a la operación para aquellas tecnologías cuyos costes de explotación dependan esencialmente del precio del combustible.<br />
5. La retribución de la actividad de producción incorporará los siguientes conceptos:<br />
a) La energía eléctrica negociada a través de los mercados diario e intradiario. La energía eléctrica negociada a través de los mercados diario y subastas intradiarias se retribuirá sobre la base del precio resultante del equilibrio entre la oferta y la demanda de energía eléctrica ofertada en los mismos, resultante de los mecanismos que se establezcan.<br />
La energía eléctrica negociada a través de los mercados de contratación bilateral o física o a plazo que se retribuirá sobre la base del precio de las operaciones contratadas en firme en los mencionados mercados.<br />
Este concepto retributivo se definirá considerando las pérdidas incurridas en las redes y los costes derivados de las alteraciones del régimen normal de funcionamiento del sistema de ofertas.<br />
b) Los servicios de ajuste, incluyendo los servicios de no frecuencia y servicios de balance del sistema, necesarios para garantizar un suministro adecuado al consumidor.<br />
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia determinará qué servicios del sistema se consideran de no frecuencia y de balance, así como su régimen retributivo, diferenciándose aquellos que tengan carácter obligatorio de aquellos potestativos.<br />
Por su parte, el Ministerio para la Transición Ecológica determinará qué servicios de ajuste, excluyendo los de balance y los de no frecuencia, son necesarios para mantener la seguridad, continuidad y calidad de suministro.<br />
c) En su caso, la retribución en concepto de mecanismo de capacidad, que se establecerá por orden del Ministerio para la Transición Ecológica, que permita dotar al sistema de un margen de cobertura adecuado e incentive la disponibilidad de potencia gestionable.<br />
d) En su caso, la retribución adicional a que hace referencia el apartado 6 para la actividad de producción de energía eléctrica desarrollada en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares.<br />
e) En su caso, la retribución específica a que hace referencia el apartado 7 para la producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración de alta eficiencia y residuos.<br />
6. El Gobierno podrá determinar un concepto retributivo adicional para cubrir la diferencia entre los costes de inversión y explotación de la actividad de producción de energía eléctrica desarrollada en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares y los ingresos de dicha actividad de producción tomando como referencia la estructura de precios prevista en los párrafos a), b) y c) del apartado 5. El concepto retributivo adicional se basará en los siguientes principios:<br />
a) Se tendrán en consideración exclusivamente los extracostes específicos de estos sistemas eléctricos asociados a su ubicación territorial y, en su caso, a su carácter aislado.<br />
b) Para la determinación de los costes de inversión y explotación de la actividad de producción de energía eléctrica se considerará una instalación tipo, a lo largo de su vida útil regulatoria y en referencia a la actividad realizada por una empresa eficiente y bien gestionada.<br />
c) Al efecto de permitir una retribución adecuada a la de una actividad de bajo riesgo, la tasa de retribución financiera de la inversión neta reconocida estará referenciada al rendimiento de las Obligaciones del Estado a diez años en el mercado secundario incrementado con un diferencial adecuado.<br />
7. Excepcionalmente, el Gobierno podrá establecer un régimen retributivo específico para fomentar la producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración de alta eficiencia y residuos, cuando exista una obligación de cumplimiento de objetivos energéticos derivados de Directivas u otras normas de Derecho de la Unión Europea o cuando su introducción suponga una reducción del coste energético y de la dependencia energética exterior, en los términos establecidos a continuación:<br />
a) El otorgamiento de este régimen retributivo específico se establecerá mediante procedimientos de concurrencia competitiva.<br />
Este régimen retributivo, adicional a la retribución por la venta de la energía generada valorada al precio del mercado de producción, estará compuesto por un término por unidad de potencia instalada que cubra, cuando proceda, los costes de inversión para cada instalación tipo que no pueden ser recuperados por la venta de la energía en el mercado, y un término a la operación que cubra, en su caso, la diferencia entre los costes de explotación y los ingresos por la participación en el mercado de producción de dicha instalación tipo.<br />
Este régimen retributivo será compatible con la sostenibilidad económica del sistema eléctrico de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 y estará limitado, en todo caso, a los objetivos de potencia que se establezcan en la planificación en materia de energías renovables y de ahorro y eficiencia.<br />
b) Para el cálculo de dicha retribución específica se considerarán, para una instalación tipo, a lo largo de su vida útil regulatoria y en referencia a la actividad realizada por una empresa eficiente y bien gestionada, los valores que resulten de considerar:<br />
i. Los ingresos estándar por la venta de la energía generada valorada al precio del mercado de producción.<br />
ii. Los costes estándar de explotación.<br />
iii. El valor estándar de la inversión inicial.<br />
A estos efectos, en ningún caso se tendrán en consideración los costes o inversiones que vengan determinados por normas o actos administrativos que no sean de aplicación en todo el territorio español. Del mismo modo, sólo se tendrán en cuenta aquellos costes e inversiones que respondan exclusivamente a la actividad de producción de energía eléctrica.<br />
Como consecuencia de las singulares características de los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares, podrán definirse excepcionalmente instalaciones tipo específicas para cada uno de ellos.<br />
El régimen retributivo no sobrepasará el nivel mínimo necesario para cubrir los costes que permitan competir a las instalaciones de producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración de alta eficiencia y residuos en nivel de igualdad con el resto de tecnologías en el mercado y que permita obtener una rentabilidad razonable referida a la instalación tipo en cada caso aplicable. Esta rentabilidad razonable girará, antes de impuestos, sobre el rendimiento medio en el mercado secundario de las Obligaciones del Estado a diez años aplicando el diferencial adecuado.<br />
Excepcionalmente el régimen retributivo podrá incorporar además un incentivo a la inversión y a la ejecución en un plazo determinado cuando su instalación suponga una reducción significativa de los costes en los sistemas de los territorios no peninsulares.<br />
c) El valor de la inversión inicial se determinará mediante el procedimiento de concurrencia competitiva para otorgar el régimen retributivo adicional a cada instalación.<br />
La retribución adicional a la del mercado, que pudiera corresponder a cada instalación será la que resulte de aplicar lo dispuesto en los apartados anteriores considerando como valor estándar de la inversión inicial el que resulte en el procedimiento de concurrencia competitiva.<br />
d) La energía eléctrica imputable a la utilización de un combustible en una instalación de generación que utilice como energía primaria alguna de las energías renovables no consumibles no será objeto de régimen retributivo específico, salvo en el caso de instalaciones híbridas entre fuentes de energía renovables no consumibles y consumibles, en cuyo caso la energía eléctrica imputable a la utilización de la fuente de energía renovable consumible sí podrá ser objeto de régimen retributivo específico.<br />
A estos efectos, por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo se publicará la metodología para el cálculo de la energía eléctrica imputable a los combustibles utilizados.<br />
e) El régimen retributivo específico devendrá inaplicable si como consecuencia de una inspección o de cualquier otro medio válido en derecho, quedase constatado que con anterioridad al plazo límite reglamentariamente establecido la instalación hubiera incumplido alguno de los siguientes requisitos:<br />
i. Estar totalmente finalizada. A estos efectos, se considerará que una instalación está totalmente finalizada si cuenta con todos los elementos, equipos e infraestructuras que son necesarios para producir energía y verterla al sistema eléctrico, incluyendo, cuando corresponda, los sistemas de almacenamiento.<br />
ii. Que sus características técnicas coincidan con las características técnicas proyectadas para la instalación en el momento del otorgamiento del derecho a la percepción del régimen retributivo específico.<br />
En aquellos casos en que la característica técnica que haya sido modificada sea la potencia de la instalación, siempre y cuando dicha circunstancia constara en la inscripción en el registro de instalaciones de producción de energía eléctrica con anterioridad al vencimiento del plazo límite reglamentariamente establecido, el cumplimiento del requisito del párrafo ii de éste apartado e) solo será exigible para la parte de la instalación correspondiente a la potencia inscrita. En dichos casos, la instalación únicamente tendrá derecho a la percepción del régimen retributivo específico correspondiente a dicha potencia inscrita en el registro y a la fracción de la energía imputable a la misma.<br />
En las disposiciones en las que se establezcan los mecanismos de asignación de los regímenes retributivos específicos podrá eximirse a nuevas instalaciones que cumplan determinados requisitos del cumplimiento de lo previsto en el párrafo ii de éste apartado e).<br />
La potencia o energía imputable a cualquier parte de una instalación con derecho a la percepción del régimen retributivo específico, que no estuviera instalada y en funcionamiento con anterioridad al plazo límite reglamentariamente establecido, no tendrá derecho al régimen retributivo específico, sin perjuicio del régimen retributivo que se establezca reglamentariamente por el Gobierno para las modificaciones de las instalaciones.<br />
Las circunstancias recogidas en este apartado e) y la consiguiente inaplicación o modificación, según corresponda, del régimen retributivo específico aplicable a las distintas instalaciones serán declaradas por la Dirección General de Política Energética y Minas previa la tramitación de un procedimiento que garantizará, en todo caso, la audiencia al interesado. El plazo máximo para resolver este procedimiento y notificar su resolución será de seis meses.<br />
8. Las metodologías de retribución de las actividades de transporte y distribución se establecerán atendiendo a los costes necesarios para construir, operar y mantener las instalaciones de acuerdo al principio de realización de la actividad al menor coste para el sistema eléctrico según lo dispuesto en el artículo 1.1.<br />
9. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia establecerá el régimen económico de los derechos por acometidas, enganches, verificación de las instalaciones, actuaciones sobre los equipos de control y medida, alquiler de aparatos de medida, realización de estudios de conexión y acceso a las redes y demás actuaciones necesarias para atender los requerimientos de los usuarios.<br />
Los pagos por derechos por acometidas, enganches, verificación y actuaciones sobre los equipos de control y medida derivados de decisiones de los usuarios, alquiler de aparatos de medida y realización de estudios de conexión y de acceso a las redes serán realizados por los sujetos del sistema a los titulares o gestores de la red en los términos que se establezcan reglamentariamente. En ningún caso dichos pagos tendrán consideración de peajes o cargos.<br />
10. Sin perjuicio de lo establecido en relación con la comercialización de referencia, la retribución a la actividad de comercialización será la que libremente se pacte entre las partes.<br />
Los consumidores, ya sea directamente, o a través de su comercializador, podrán obtener los ingresos que correspondan, por su participación, en su caso, en los servicios incluidos en el mercado de producción de acuerdo a lo que reglamentariamente se determine.<br />
11. La retribución del operador del mercado se establecerá de acuerdo con la metodología que determine el Gobierno, salvo aquellos aspectos retributivos cuya aprobación se atribuya al regulador nacional de conformidad con las normas de derecho comunitario europeo, en función de los servicios que efectivamente presten y será financiada con base en los precios que éstos cobren a los agentes y sujetos del sistema, respectivamente.<br />
La retribución del operador del mercado y los precios que deben cobrar serán fijados anualmente por el Ministerio para la Transición Ecológica. La retribución podrá incorporar incentivos, que podrán tener signo positivo o negativo, a la reducción de costes y a otros objetivos.<br />
12. Corresponderá a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la aprobación la retribución para cada año de las empresas titulares de instalaciones de transporte y distribución de conformidad con lo previsto en la Ley 3/2013, de 4 de junio<br />
Artículo 15. Criterios de redes y criterios de funcionamiento de las instalaciones de producción sujetas a retribución regulada.<br />
1. El Gobierno establecerá los criterios generales de redes y los criterios de funcionamiento de las instalaciones de producción de energía eléctrica sujetas a retribución regulada. Las metodologías retributivas que se establezcan con cargo a los ingresos del sistema eléctrico tendrán únicamente en consideración los costes derivados de aplicación de dichos criterios.<br />
A estos efectos se tendrán en cuenta las mejores prácticas en las actividades de transporte, distribución y producción, los índices de calidad establecidos en la normativa estatal y los niveles de protección medio ambiental derivados de la normativa estatal y europea.<br />
Los criterios previstos en este apartado serán los utilizados en la planificación de la red de transporte.<br />
2. Las empresas titulares de activos de redes y de instalaciones de producción de energía eléctrica sujetas a retribución regulada a las que se apliquen, en alguna de sus áreas, normativas específicas sobre redes o instalaciones de producción que supongan unos mayores costes en la actividad que desempeñen, podrán establecer convenios u otros mecanismos con las Administraciones Públicas para cubrir el sobrecoste ocasionado. En ningún caso el sobrecoste causado por estas normas formará parte de la inversión o de los costes de explotación reconocidos a estas empresas para el cálculo de la retribución, no pudiendo por tanto ser sufragado a través de los ingresos del sistema eléctrico.<br />
3. Reglamentariamente por el Gobierno se establecerán los términos en los que, excepcionalmente y con carácter temporal, se podrá autorizar el sobrecoste asumido con cargo a los ingresos del sistema eléctrico derivado de los cambios de combustible en las instalaciones de producción de los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares, que no se justifiquen por razones técnicas y que sean imprescindibles para garantizar el suministro en dichos territorios<br />
Artículo 16. Peajes de acceso a las redes y cargos asociados a los costes del sistema.<br />
1. El Ministerio para la Transición Ecológica, previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, dictará las disposiciones necesarias para el establecimiento de los cargos necesarios que se establecerán de acuerdo con la metodología prevista en el presente artículo para cubrir los costes de las actividades del sistema que correspondan.<br />
El Gobierno, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, establecerá la metodología de cálculo de los cargos que deberán satisfacer los consumidores y, en su caso, los productores de energía eléctrica, y que cubrirán los costes del sistema que se determinen, sin perjuicio de lo dispuesto para los peajes de transporte y distribución.<br />
2. En el marco de las orientaciones de política energética adoptadas por el Ministerio para la Transición Ecológica, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia establecerá, mediante circular, la metodología, para el establecimiento de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución que deberán satisfacer los usuarios de las mismas.<br />
3. Los peajes y cargos serán únicos en todo el territorio nacional y no incluirán ningún tipo de impuestos.<br />
4. En caso de que las actividades o instalaciones destinadas al suministro eléctrico fueran gravadas, directa o indirectamente, con tributos propios de las Comunidades Autónomas o recargos sobre tributos estatales, en el peaje de acceso o cargo que corresponda podrá incluirse un suplemento territorial que cubrirá la totalidad del sobrecoste provocado por ese tributo o recargo y que deberá ser abonado por los consumidores ubicados en el ámbito territorial de la respectiva Comunidad Autónoma.<br />
En el caso de que los tributos sean de carácter local, salvo los contemplados en el artículo 59 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, en el peaje de acceso o cargo que corresponda se podrá incluir un suplemento territorial que cubra la totalidad del sobrecoste provocado.<br />
Por orden del titular del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, a propuesta conjunta de los titulares de los Ministerios para la Transición Ecológica y de Hacienda, se determinarán, previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, los concretos tributos y recargos que serán considerados a efectos de la aplicación de los citados suplementos territoriales, así como los mecanismos necesarios para la gestión y liquidación de tales suplementos.<br />
5. Con carácter general, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19, los peajes de acceso a las redes y los cargos a los que se refieren los apartados 1 y 2 del presente artículo se establecerán anualmente, respectivamente, por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y por el Ministerio para la Transición Ecológica, con base en las estimaciones realizadas. Dichos cargos y peajes de acceso podrán revisarse asimismo cuando se produzcan circunstancias que afecten de modo relevante a los costes regulados o a los parámetros utilizados para su cálculo.<br />
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia aprobará los peajes mediante resolución que se publicará en el Boletín Oficial del Estado. El Ministerio aprobará los cargos por orden del titular del Ministerio para la Transición Ecológica, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.<br />
6. Las empresas que realicen las actividades con retribución regulada facilitarán a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y al Ministerio para la Transición Ecológica cuanta información sea necesaria para la determinación de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución, y los cargos necesarios para cubrir otros costes.<br />
7. Las empresas comercializadoras deberán desglosar en sus facturas a los consumidores finales la cuantía correspondiente a los peajes y cargos.<br />
Artículo 17. Precios voluntarios para el pequeño consumidor y tarifas de último recurso.<br />
1. Los precios voluntarios para el pequeño consumidor, que serán únicos en todo el territorio español, serán los precios máximos que podrán cobrar los comercializadores que, a tenor de lo previsto en el párrafo f) del artículo 6, asuman las obligaciones de suministro de referencia, a aquellos consumidores que, de acuerdo con la normativa vigente, cumplan los requisitos para que les resulten de aplicación.<br />
Dichos precios se fijarán de forma que en su cálculo se respete el principio de suficiencia de ingresos, aditividad y no ocasionen distorsiones de la competencia en el mercado.<br />
2. Los precios voluntarios para el pequeño consumidor tendrán en cuenta las especialidades a las que se refiere el artículo 16.2 que correspondan. Para su cálculo, se incluirán de forma aditiva en su estructura los siguientes conceptos:<br />
a) El coste de producción de energía eléctrica, que se determinará con base en mecanismos de mercado atendiendo al precio medio previsto en el mercado de producción durante el período que reglamentariamente se determine y que será revisable de forma independiente al del resto de conceptos del precio voluntario para el pequeño consumidor.<br />
b) Los peajes de acceso y cargos que correspondan.<br />
c) Los costes de comercialización que correspondan.<br />
3. Se definen las tarifas de último recurso como aquellos precios de aplicación a categorías concretas de consumidores de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley y su normativa de desarrollo.<br />
Dichas tarifas de último recurso resultarán de aplicación:<br />
a) A los consumidores que tengan la condición de vulnerables, y<br />
b) aquellos que, sin cumplir los requisitos para la aplicación del precio voluntario para el pequeño consumidor, transitoriamente no dispongan de un contrato de suministro en vigor con un comercializador en mercado libre.<br />
Las tarifas de último recurso serán únicas en todo el territorio nacional y en su fijación se podrán incorporar descuentos o recargos sobre los precios voluntarios para el pequeño consumidor, según se determine para cada categoría de consumidores. Las tarifas de último recurso serán los precios que podrán cobrar los comercializadores que, a tenor de lo previsto en el párrafo f) del artículo 6, asuman las obligaciones de suministro de referencia, a aquellos consumidores que, de acuerdo con la normativa vigente, cumplan los requisitos que les resulten de aplicación.<br />
4. El Gobierno establecerá la metodología de cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor y de las tarifas de último recurso. Por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, se dictarán las disposiciones necesarias para el establecimiento de estos precios voluntarios para el pequeño consumidor y tarifas de último recurso.<br />
5. Sobre los precios voluntarios para el pequeño consumidor y las tarifas de último recurso para cada categoría de consumo se aplicarán los correspondientes impuestos.<br />
6. En caso de que las actividades o instalaciones destinadas al suministro eléctrico fueran gravadas, directa o indirectamente, con tributos propios de las Comunidades Autónomas o recargos sobre tributos estatales, en los precios voluntarios para el pequeño consumidor o las tarifas de último recurso podrá incluirse un suplemento territorial que cubrirá la totalidad del sobrecoste provocado por ese tributo o recargo y que deberá ser abonado por los consumidores ubicados en el ámbito territorial de la respectiva Comunidad Autónoma.<br />
En el caso de que los tributos sean de carácter local, salvo los contemplados en el artículo 59 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en los precios voluntarios para el pequeño consumidor o la tarifa de último recurso se podrá incluir un suplemento territorial que cubra la totalidad del sobrecoste provocado.<br />
Por orden del titular del Ministerio de Presidencia, a propuesta conjunta de los titulares de los Ministerios de Industria, Energía y Turismo y de Hacienda y Administraciones Públicas y previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, se determinarán los concretos tributos y recargos que serán considerados a efectos de la aplicación de los citados suplementos territoriales, así como los mecanismos necesarios para su gestión y liquidación.<br />
7. Con el fin de que exista la mayor transparencia en los precios del suministro de energía eléctrica, se desglosarán en la facturación al usuario los diferentes conceptos en la forma que reglamentariamente se determine, al menos el coste de la energía, los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución y cargos que correspondan, y los tributos que graven el consumo de electricidad, así como los suplementos territoriales cuando correspondan. En la facturación de aquellos usuarios acogidos a tarifas de último recurso, se incluirá, en su caso, el importe del bono social minorando el precio voluntario para el pequeño consumidor o el recargo sobre dicho precio en el caso de la tarifa de último recurso para aquellos consumidores que transitoriamente no dispongan de un contrato de suministro en vigor con un comercializador en mercado libre.<br />
Artículo 18. Cobro y liquidación de los peajes, cargos, precios y retribuciones reguladas.<br />
1. Los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución y los precios o cargos por otros servicios regulados destinados al suministro de energía eléctrica serán recaudados por las empresas distribuidoras y, en su caso, por el operador del sistema, debiendo dar a las cantidades ingresadas la aplicación que proceda de acuerdo con el procedimiento general de liquidaciones previsto en la presente ley y en su normativa de desarrollo.<br />
A estos efectos, los ingresos por peajes o cargos serán los que hubieran debido ser facturados por aplicación de la normativa que los establezca, con independencia de su efectiva facturación y cobro por parte de los sujetos obligados a su recaudación.<br />
2. El Gobierno establecerá reglamentariamente el procedimiento general de liquidaciones para el reparto de los fondos ingresados por los distribuidores y el transportista, así como de las restantes partidas de ingresos, entre quienes realicen las actividades incluidas en el sistema, atendiendo a la retribución que les corresponda de conformidad con la presente Ley.<br />
Las liquidaciones de ingresos y costes del sistema eléctrico se realizarán mensualmente por el órgano encargado de las mismas a cuenta de la liquidación de cierre de cada año, que se efectuará con anterioridad al 1 de diciembre del año siguiente al que corresponde considerando las partidas de ingresos incorporadas al sistema de liquidaciones hasta dicha fecha provenientes de cualquier mecanismo financiero establecido normativamente y de los Presupuestos Generales del Estado, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13.<br />
Cualquier ingreso o coste que se incorpore una vez realizada la liquidación de cierre de un ejercicio, tendrá la consideración de ingreso o coste liquidable del sistema del ejercicio en que se produzca.<br />
Con carácter general, en las actividades con retribución regulada que correspondan a una partida de costes del sistema eléctrico, el cobro de dicha retribución se realizará con cargo a las liquidaciones del ejercicio para el que se hayan establecido, aplicándose a todas las actividades con igual distribución en el cobro. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de regularizaciones que pudieran realizarse con posterioridad a las liquidaciones de cada ejercicio o del destino establecido para aquellas partidas de ingresos provenientes de los Presupuestos Generales del Estado o de mecanismos financieros de acuerdo con lo establecido normativamente.<br />
3. Los sujetos a los que se refiere el artículo 6 se adherirán a las condiciones que establezcan el operador del mercado y el operador del sistema para la realización de las operaciones de liquidación y pago de la energía que correspondan. Tales condiciones serán públicas, transparentes y objetivas y serán aprobadas por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.<br />
4. En el supuesto de que los sujetos del sistema eléctrico a los que corresponda efectuar pagos por liquidaciones, de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo, no cumplieran con su obligación de ingresar en plazo las cantidades que les correspondan, el órgano encargado de realizar las liquidaciones les requerirá, inmediatamente después de transcurrido el plazo para efectuar el pago, para que procedan al ingreso de los importes correspondientes.<br />
En estos casos, cuando el incumplimiento de la obligación de ingreso corresponda a una empresa perteneciente a un grupo de sociedades que tuviera derechos de cobro en la misma liquidación, se priorizará el reparto de las cantidades no ingresadas de acuerdo con las siguientes reglas:<br />
a) Se imputarán en primer lugar las cuantías incumplidas realizando una minoración a los sujetos con derechos de cobro del mismo grupo de sociedades y,<br />
b) las cantidades restantes se repartirán entre el resto de sujetos no pertenecientes a dicho grupo.<br />
Sin perjuicio de lo anterior, a partir del día siguiente al de la finalización del período establecido para el pago comenzarán a devengarse, sin necesidad de requerimiento previo, intereses de demora que serán equivalentes al interés legal del dinero incrementado en 150 puntos básicos.<br />
5. La liquidación de las obligaciones de pago o, en su caso, de los derechos de cobro que resulten de la aplicación y su normativa de desarrollo de acuerdo con el procedimiento general de liquidaciones, tendrán la consideración de ingreso o coste liquidable del sistema, según corresponda.<br />
Artículo 19. Desajustes temporales entre ingresos y costes del sistema.<br />
1. Se entenderá que se producen desajustes temporales entre ingresos y costes del sistema eléctrico si como resultado de las liquidaciones de cierre del sistema eléctrico en un ejercicio resultara un déficit o superávit de ingresos.<br />
2. En caso de que se produjera un desajuste por déficit de ingresos en un ejercicio, su cuantía no podrá superar el 2 por ciento de los ingresos estimados del sistema para dicho ejercicio.<br />
Adicionalmente, la deuda acumulada por desajustes de ejercicios anteriores no podrá superar el 5 por ciento de los ingresos estimados del sistema para dicho ejercicio.<br />
Los peajes, en su caso, o cargos que correspondan se revisarán al menos en un total equivalente a la cuantía en que se sobrepasen los citados límites.<br />
3. La parte del desajuste que, sin sobrepasar los citados límites, no se compense por subida de peajes y cargos será financiada por los sujetos del sistema de liquidación de forma proporcional a la retribución que les corresponda por la actividad que realicen.<br />
Asimismo, si en las liquidaciones mensuales a cuenta de la de cierre de cada ejercicio aparecieran desviaciones transitorias entre los ingresos y costes, dichas desviaciones serán soportadas por los sujetos del sistema de liquidación de forma proporcional a la retribución que les corresponda en cada liquidación mensual.<br />
A estos efectos se considerarán sujetos del sistema de liquidaciones a aquellos que reciben la liquidación de su retribución con cargo a las diferentes partidas de costes del sistema, tanto directamente como a través del operador del sistema o de los distribuidores.<br />
Estos sujetos tendrán derecho a recuperar las aportaciones por desajuste que se deriven de la liquidación de cierre, en las liquidaciones correspondientes a los cinco años siguientes al ejercicio en que se hubiera producido dicho desajuste temporal. Las cantidades aportadas por este concepto serán devueltas reconociéndose un tipo de interés en condiciones equivalentes a las del mercado que se fijará en la orden prevista en el artículo 16.<br />
4. Los superávit de ingresos que pudieran resultar de las liquidaciones del sistema eléctrico en cada ejercicio serán considerados ingresos liquidables del sistema del ejercicio en curso. Siempre que existan desajustes de años anteriores estos ingresos se destinarán a la reducción de las cantidades pendientes de devolución correspondientes a los mismos.<br />
5. En todo caso, mientras las partidas de costes del sistema eléctrico reflejen pagos que correspondan a deudas pendientes de años anteriores, los cargos no podrán ser revisados a la baja.<br />
Artículo 20. Contabilidad e información.<br />
1. Las entidades que desarrollen alguna o algunas de las actividades a que se refiere el artículo 1.2 de la presente ley llevarán su contabilidad de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aun cuando no tuvieran tal carácter.<br />
El Gobierno regulará las adaptaciones que fueran necesarias para el supuesto de que el titular de la actividad no sea una sociedad anónima.<br />
En cualquier caso, las empresas habrán de tener en su sede central a disposición del público una copia de sus cuentas anuales.<br />
2. Sin perjuicio de la aplicación de las normas generales de contabilidad a las empresas que realicen actividades a que se refiere el artículo 1.2 de esta ley o a las sociedades que ejerzan control sobre las mismas, el Gobierno podrá establecer para las mismas las especialidades contables y de publicación de cuentas que se consideren adecuadas, de tal forma que se reflejen con nitidez los activos, pasivos, ingresos y gastos de las actividades eléctricas y las transacciones realizadas entre sociedades de un mismo grupo.<br />
Entre las especialidades contables a establecer por el Gobierno para las empresas que realicen actividades eléctricas se concederá especial atención a la inclusión en las cuentas anuales de la información relativa a las actuaciones empresariales con incidencia sobre el medio ambiente, con el objetivo de integrar progresivamente los criterios de preservación del entorno en los procesos de decisión económica de las empresas.<br />
En el caso de las sociedades que tengan por objeto la realización de las actividades con retribución regulada, de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley, llevarán en su contabilidad cuentas separadas que diferencien entre los activos, pasivos, ingresos y costes imputables estrictamente a cada una de dichas actividades, a fin de evitar discriminaciones, subvenciones entre actividades distintas y distorsiones de la competencia.<br />
Los comercializadores de referencia llevarán en su contabilidad interna cuentas separadas de la citada actividad de suministro de referencia del resto de actividades.<br />
Las sociedades que desarrollen actividades eléctricas diferentes a las establecidas en el artículo 8.2 llevarán cuentas separadas de la actividad de producción, de comercialización, de aquellas otras no eléctricas que realicen en el territorio español y de todas aquellas otras que realicen en el exterior.<br />
Los productores con retribución regulada o regímenes económicos específicos llevarán en su contabilidad interna cuentas separadas de las actividades eléctricas y de aquellas que no lo sean, así como de la actividad de producción a mercado libre, con retribución regulada o con regímenes específicos.<br />
Red Eléctrica de España, S.A.U. deberá llevar cuentas separadas de la actividad de transporte, de la operación del sistema peninsular, y de la operación del sistema en los sistemas no peninsulares.<br />
El Operador del mercado deberá llevar cuentas separadas de la actividad de operación del mercado y del resto de actividades que realice de forma accesoria.<br />
3. Las entidades deberán explicar en la memoria de las cuentas anuales los servicios prestados y los costes repercutidos por otras entidades del grupo y partes vinculadas, así como los criterios aplicados por el grupo de sociedades en el reparto de costes respecto a las otras entidades del grupo que realicen actividades eléctricas diferentes. Además, deberán informar en la memoria de las cuentas anuales sobre los criterios de asignación e imputación de los activos, pasivos, gastos e ingresos entre cada una de las actividades para las que se les exige llevar contabilidad separada, así como de las reglas de amortización aplicadas y vidas útiles de los activos.<br />
Los criterios deberán ser explícitos y concretos, de tal manera que exista una clara correspondencia entre dichos criterios y los valores obtenidos en la contabilidad separada por actividades.<br />
Estos criterios deberán mantenerse y no se modificarán, salvo circunstancias excepcionales. Las modificaciones y su justificación deberán ser explicadas en la memoria anual al correspondiente ejercicio.<br />
Se incluirá también en la memoria de las cuentas anuales, información sobre las operaciones realizadas con las empresas de su mismo grupo empresarial en las condiciones que reglamentariamente se establezcan.<br />
Asimismo, se incluirá un balance y cuenta de pérdidas y ganancias separado por actividades, segregando los activos, pasivos, gastos e ingresos de cada una de las actividades que la sociedad realice, para las que se le exige llevar contabilidad separada, así como, de forma agregada, para el resto de actividades que pueda realizar de forma accesoria.<br />
4. Las empresas deberán facilitar al Ministerio de Industria, Energía y Turismo y a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia la información que les sea requerida de su contabilidad separada por actividades y dentro de éstas, en su caso, separada por tecnología o instalaciones concretas, así como de las operaciones realizadas con las empresas de su mismo grupo empresarial y otras partes vinculadas.<br />
Asimismo, las empresas deberán proporcionarles la información que les sea requerida, en especial en relación con sus estados financieros, que deberá ser verificada mediante auditorías externas a la propia empresa que habrán de realizarse de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas.<br />
Cuando estas entidades formen parte de un mismo grupo empresarial, la obligación de información se extenderá, asimismo, a la sociedad que ejerza el control de la que realiza actividades eléctricas siempre que actúe en algún sector energético y a aquellas otras sociedades del grupo que lleven a cabo operaciones con la que realiza actividades en el sistema eléctrico.<br />
Reglamentariamente se podrán establecer excepciones a la obligación de auditar las cuentas para las empresas de pequeño o mediano tamaño.<br />
5. Deberá incluirse información en las cuentas anuales, relativa a las actuaciones empresariales que se materialicen en proyectos de ahorro, eficiencia energética y de reducción del impacto medioambiental para los que se produzca la deducción por inversiones prevista en la presente ley.<br />
6. Además de lo dispuesto en los apartados anteriores, los sujetos que realicen cualquiera de las actividades con retribución regulada de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley y sus normas de desarrollo, deberán facilitar al Ministerio de Industria, Energía y Turismo y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, información relativa a las condiciones que determinaron el otorgamiento de estas retribuciones, así como la información relativa a los costes que sea necesaria para el adecuado establecimiento y revisión de los mismos. Los márgenes añadidos por las operaciones intragrupo deberán ser transparentes, explicitados y cuantificados en la información que se reporte.<br />
7. Los sujetos definidos en el artículo 6 estarán obligados a comunicar la información que afecte a la formación de los precios en los mercados organizados del Mercado Ibérico de Electricidad.<br />
8. En los contratos que celebre la Administración General del Estado o sus organismos o entes públicos para el control, análisis, consultoría o auditoría en una actividad del sector eléctrico se establecerá un régimen de incompatibilidades para las empresas adjudicatarias así como para las empresas del grupo a las que éstas pertenezcan, durante la ejecución del contrato antes mencionado y como máximo durante los tres años siguientes a su extinción, en sus relaciones contractuales directas o indirectas con empresas que desempeñen:<br />
a) La misma actividad relacionada con el objeto del contrato adjudicado.<br />
b) Otras actividades del sector eléctrico con retribución regulada en las que pudiera ser relevante la información sobre materia retributiva a la que hubieran tenido acceso con ocasión del contrato.<br />
Asimismo, se establecerá que las empresas adjudicatarias antes señaladas serán responsables de la calidad del trabajo realizado durante la ejecución del contrato y durante los tres años posteriores a la conclusión del mismo, sin perjuicio de lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.<br />
No obstante lo anterior, de forma motivada podrán exceptuarse o limitarse las incompatibilidades anteriores en los referidos contratos.<br />
En ningún caso, las empresas adjudicatarias, así como las restantes empresas del mismo grupo a que pertenezcan, podrán intervenir en cualesquiera litigios que se sustancien contra la Administración General del Estado, sus organismos o entes públicos al servicio de las restantes partes litigantes, siempre que dichos litigios guarden relación con la misma actividad que hubiera sido objeto de contratación. Queda a salvo su eventual intervención a propuesta de la propia representación letrada de la Administración General del Estado, de sus organismos o de sus entes públicos.<br />
A estos efectos, se considerará que existe grupo de sociedades cuando concurra alguno de los casos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio.<br />
9. Las sociedades que realizan actividades reguladas no podrán prestar garantías ni avalar préstamos de otras sociedades del grupo o partes vinculadas que realicen actividades liberalizadas u otras actividades ajenas al sector eléctrico.<br />
TÍTULO IV<br />
Producción de energía eléctrica<br />
Artículo 21. Actividades de producción de energía eléctrica.<br />
1. La puesta en funcionamiento, modificación, cierre temporal, transmisión y cierre definitivo de cada instalación de producción de energía eléctrica estará sometida, con carácter previo, al régimen de autorizaciones establecido en el artículo 53 y en su normativa de desarrollo.<br />
2. Las instalaciones de producción de energía eléctrica deberán estar inscritas en el registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, donde se reflejarán las condiciones de dicha instalación y, en especial, su respectiva potencia.<br />
Las Comunidades Autónomas con competencias en la materia podrán crear y gestionar los correspondientes registros territoriales en los que deberán estar inscritas todas las instalaciones ubicadas en el ámbito territorial de aquéllas.<br />
Reglamentariamente, previo informe de las Comunidades Autónomas, se establecerá la organización, así como el procedimiento de inscripción y comunicación de datos al registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica.<br />
3. La inscripción en el registro administrativo de instalaciones de producción de Energía Eléctrica será condición necesaria para poder participar en el mercado de producción de energía eléctrica en cualquiera de las modalidades de contratación con entrega física y para poder participar, en su caso, en el despacho técnico y económico de los sistemas de los territorios no peninsulares. Las Comunidades Autónomas tendrán acceso a la información contenida en este registro.<br />
4. Los titulares de las autorizaciones estarán obligados a mantener la capacidad de producción prevista en las mismas y a proporcionar a la Administración la información que se les requiera de cuantos datos afecten a las condiciones que determinaron su otorgamiento.<br />
El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación.<br />
A estos efectos, el operador del sistema podrá dictar instrucciones en los términos que se establezcan reglamentariamente.<br />
5. Formarán parte de la instalación de producción sus infraestructuras de evacuación, que incluyen la conexión con la red de transporte o de distribución, y en su caso, la transformación de energía eléctrica.<br />
Artículo 22. Aprovechamientos hidráulicos necesarios para la producción de energía eléctrica.<br />
1. Cuando el establecimiento de unidades de producción eléctrica requiera autorización o concesión administrativa conforme a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, se estará a lo establecido en la citada norma.<br />
2. Cuando, tanto en materia hidráulica como energética, sea competente el Estado, el otorgamiento de la autorización de unidades de producción y de la concesión para el uso de las aguas que aquéllas han de utilizar podrá tramitarse mediante un procedimiento simplificado que se establecerá reglamentariamente y en virtud del cual existirá un solo expediente y resolución única, en la que se recogerá la autorización de las unidades de producción y la concesión del uso de las aguas que aquéllas han de utilizar. En la tramitación se contará con la participación de los Departamentos ministeriales o, en su caso, organismos de cuenca competentes, en la forma que reglamentariamente determine, sin perjuicio de las competencias propias de cada Departamento.<br />
En lo que se refiere a la explotación hidroeléctrica, la autorización deberá ajustarse a lo previsto en el artículo 53.<br />
3. En el procedimiento de otorgamiento de concesiones y autorizaciones para el uso de agua para la producción de energía eléctrica o necesario para el funcionamiento de unidades de producción no hidráulicas instado por particulares será preceptivo el informe previo de la Administración Pública competente en materia energética que deba autorizar, conforme a lo dispuesto en la presente ley, las citadas unidades de producción.<br />
Las autorizaciones y concesiones para los usos señalados en el párrafo anterior no podrán ser otorgadas cuando sea desfavorable el informe emitido por la Administración Pública competente para autorizar las unidades de producción.<br />
Artículo 23. Sistema de ofertas en el mercado diario de producción de energía eléctrica.<br />
1. Los productores de energía eléctrica efectuarán ofertas económicas de venta de energía, a través del operador del mercado, por cada una de las unidades de producción de las que sean titulares, bien físicas o en cartera, cuando no se hayan acogido a sistemas de contratación bilateral o a plazo que por sus características queden excluidos del sistema de ofertas, salvo en aquellas instalaciones para las que hubiera sido autorizado un cierre temporal de acuerdo a la normativa de aplicación.<br />
Las unidades de producción de energía eléctrica estarán obligadas a realizar ofertas económicas al operador del mercado para cada período de programación, en los términos que reglamentariamente se establezcan, salvo en los supuestos previstos en el artículo 25.<br />
Los comercializadores de referencia estarán obligados a realizar ofertas económicas de adquisición de energía eléctrica al operador del mercado en cada período de programación por la parte de energía necesaria para el suministro de sus clientes no cubierta mediante otros sistemas de contratación con entrega física.<br />
2. Asimismo, reglamentariamente, se establecerá la antelación mínima con que deben realizarse las ofertas al operador del mercado, el horizonte de las mismas, el período de programación y el régimen de operación.<br />
3. El orden de entrada en funcionamiento de las unidades de producción de energía eléctrica se determinará partiendo de aquella cuya oferta haya sido la más barata hasta igualar la demanda de energía en ese período de programación, sin perjuicio de las posibles restricciones técnicas que pudieran existir en las redes de transporte y distribución, o en el sistema.<br />
Artículo 24. Demanda y contratación de la energía producida.<br />
1. La contratación de energía eléctrica podrá realizarse libremente, en los términos previstos en la presente ley y en su normativa de desarrollo.<br />
2. Las ofertas de adquisición de energía eléctrica que presenten los sujetos al operador del mercado, una vez aceptadas, se constituirán en un compromiso en firme de suministro por el sistema.<br />
Reglamentariamente se determinarán los sujetos y las condiciones en las que se hayan de realizar las citadas ofertas de adquisición y los casos en que proceda la petición por el operador del mercado de garantías suficientes del pago. Asimismo, se podrán regular los procedimientos necesarios para incorporar la demanda en el mecanismo de ofertas.<br />
Las ofertas de adquisición realizadas a través del operador del mercado habrán de expresar el período temporal para el que se solicita dicho suministro, y la aceptación de la liquidación que se realice.<br />
El contrato se entenderá perfeccionado y formalizado en el momento de la casación y ejecutado cuando se haya producido el suministro de energía eléctrica.<br />
3. El operador del mercado cuidará de establecer los mecanismos necesarios para que el pago de las transacciones bilaterales o a plazo esté garantizado.<br />
4. Reglamentariamente, se regularán diferentes modalidades de contratación. En particular se regulará la existencia de contratos de compraventa a plazo de energía eléctrica, contratos de carácter financiero que tengan como subyacente la energía eléctrica, así como contratos bilaterales realizados directamente entre los consumidores y los productores, entre los productores y los comercializadores y entre los comercializadores entre sí. Todos estos contratos estarán exceptuados del sistema de ofertas.<br />
Los contratos bilaterales con entrega física formalizados entre los sujetos que participen en el mercado de producción de energía eléctrica contemplarán al menos el precio de adquisición de la energía y el período temporal del suministro. Reglamentariamente se determinará qué elementos de estos contratos deberán ser puestos en conocimiento del operador del sistema y de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia.<br />
5. Reglamentariamente, se regulará la creación, organización y funcionamiento de mercados organizados que tengan por objeto la contratación a plazo de energía eléctrica, cuya gestión corresponderá a Sociedades Gestoras, así como los sujetos del sector eléctrico que podrán participar en estos mercados, las condiciones en que podrán hacerlo, y la información que las Sociedades Gestoras deban comunicar al Operador del Mercado y al Operador del Sistema, a los efectos de asegurar el correcto funcionamiento del sistema eléctrico.<br />
Artículo 25. Excepciones al sistema de ofertas.<br />
1. El Gobierno podrá establecer los procedimientos, compatibles con el mercado de libre competencia en producción, para conseguir el funcionamiento de aquellas unidades de producción de energía eléctrica que utilicen fuentes de combustión de energía primaria autóctonas, hasta un límite del 15 por ciento de la cantidad total de energía primaria necesaria para producir la electricidad demandada por el mercado nacional, considerada en períodos anuales, adoptando las medidas necesarias dirigidas a evitar la alteración del precio de mercado.<br />
2. La producción de energía eléctrica en los sistemas de los territorios no peninsulares podrá quedar excluida del sistema de ofertas, en tanto dichos sistemas no estén efectivamente integrados con el sistema peninsular.<br />
Se considerará que los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares están efectivamente integrados con el sistema peninsular cuando la capacidad de conexión con la península sea tal que permita su incorporación en el mercado de producción peninsular y existan los mecanismos de mercado que permitan integrar su energía. Dicha integración se entenderá efectuada cuando así se constate por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo.<br />
3. Estarán excluidos del sistema de ofertas los intercambios intracomunitarios o internacionales que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11.4, pueden ser realizados por el operador del sistema, así como aquellas operaciones de venta de energía a otros sistemas que se determinen reglamentariamente.<br />
4. De acuerdo con lo previsto en el artículo 24.4 y 24.5, reglamentariamente se podrán determinar modalidades contractuales que por sus características hayan de estar excluidas del sistema de ofertas.<br />
5. Aquellas unidades de producción que, en aplicación de lo previsto en este artículo, no estén obligadas a realizar ofertas, podrán percibir una retribución por venta de energía equivalente al precio marginal para cada período de programación de acuerdo con lo establecido por el artículo 14, sin perjuicio de las especialidades del régimen retributivo que les fueran aplicables con arreglo a lo establecido en la presente ley.<br />
No obstante, todas las unidades de producción a que se refiere el presente artículo deberán comunicar al operador del mercado, en los términos que reglamentariamente se establezcan, la producción prevista para cada período de programación.<br />
6. En los supuestos a que se refiere el apartado 2 del artículo 7, el Gobierno podrá adoptar medidas que puedan suponer, directa o indirectamente, una alteración del sistema de ofertas.<br />
Artículo 26. Derechos y obligaciones de los productores de energía eléctrica.<br />
1. Serán derechos de los productores de energía eléctrica:<br />
a) La utilización en sus unidades de producción de aquellas fuentes de energía primaria que consideren más adecuadas respetando, en todo caso, los rendimientos, las características técnicas y las condiciones de protección medioambiental contenidas en la autorización de dicha instalación, sin perjuicio de las limitaciones al cambio de combustible y a las condiciones de contratación que puedan establecerse reglamentariamente para aquellas centrales de producción con retribución regulada.<br />
b) Contratar la venta o adquisición de energía eléctrica en los términos previstos en la ley y en sus disposiciones de desarrollo.<br />
c) Despachar su energía a través del operador del sistema en los términos que se establezcan reglamentariamente.<br />
d) Tener acceso a las redes de transporte y distribución, en los términos que se establezcan reglamentariamente.<br />
e) Percibir la retribución que les corresponda de acuerdo con los términos previstos en la presente ley.<br />
f) Recibir la compensación a que pudieran tener derecho por los costes en que hubieran incurrido en supuestos de alteraciones en el funcionamiento del sistema, en los supuestos previstos en el artículo 7.2.<br />
2. La energía eléctrica procedente de instalaciones que utilicen fuentes de energía renovable y, tras ellas, la de las instalaciones de cogeneración de alta eficiencia, tendrá prioridad de despacho a igualdad de condiciones económicas en el mercado, sin perjuicio de los requisitos relativos al mantenimiento de la fiabilidad y la seguridad del sistema, en los términos que reglamentariamente se determinen por el Gobierno.<br />
Sin perjuicio de la seguridad de suministro y del desarrollo eficiente del sistema, los productores de energía eléctrica procedente de fuentes de energía renovables y de cogeneraciones de alta eficiencia tendrán prioridad de acceso y de conexión a la red, en los términos que reglamentariamente se determinen, sobre la base de criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios.<br />
3. Serán obligaciones de los productores de energía eléctrica:<br />
a) El desarrollo de todas aquellas actividades necesarias para producir energía eléctrica en los términos previstos en su autorización y, en especial, en lo que se refiere a seguridad, disponibilidad y mantenimiento de la potencia instalada y al cumplimiento de las condiciones medioambientales exigibles, sin perjuicio de lo dispuesto para las instalaciones para las que hubiera sido autorizado un cierre temporal.<br />
b) Adoptar y aplicar las normas de seguridad, reglamentos técnicos y de homologación o certificación de las instalaciones e instrumentos que establezca la Administración competente.<br />
c) Facilitar a la Administración Pública y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia información sobre producción, consumo, venta de energía y otros aspectos que se establezcan reglamentariamente.<br />
d) La presentación de ofertas de venta de energía eléctrica al operador del mercado, en los términos previstos en el artículo 23, salvo las excepciones del artículo 25.<br />
e) Conectarse y evacuar su energía a través de la red de transporte o distribución de acuerdo a las condiciones que puedan establecer el operador del sistema, en su caso, el gestor de la red de distribución, por razones de seguridad y aquellas otras que reglamentariamente se establezcan.<br />
f) Estar dotados de los equipos de medida que permitan determinar, para cada período de programación, la energía producida en los términos establecidos reglamentariamente.<br />
g) Adherirse a las condiciones de funcionamiento del sistema de ofertas, especialmente en lo que se refiere al procedimiento de liquidación y pago de la energía.<br />
h) Aplicar las medidas que, de acuerdo con el artículo 7 de esta Ley, sean adoptadas por el Gobierno.<br />
i) Contratar y abonar el peaje que corresponda, ya sea directamente o a través de su representante, a la empresa distribuidora o transportista a la que esté conectado por verter la energía a sus redes.<br />
j) Cualquier otra obligación que pueda derivarse de la aplicación de la presente ley y su normativa de desarrollo.<br />
Artículo 27. Registro de régimen retributivo específico.<br />
1. Para el otorgamiento y adecuado seguimiento de la retribución específica otorgada a las instalaciones de producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, se llevará, en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, el registro de régimen retributivo específico, que incluirá los parámetros retributivos aplicables a dichas instalaciones.<br />
2. Para tener derecho a la percepción de los correspondientes regímenes retributivos específicos, las instalaciones de producción de energía eléctrica o renovaciones de las existentes deberán estar inscritas en el registro de régimen retributivo específico. Aquellas instalaciones que no estén inscritas en dicho registro percibirán, exclusivamente, el precio del mercado.<br />
TÍTULO V<br />
Gestión económica y técnica del sistema eléctrico<br />
Artículo 28. Gestión económica y técnica.<br />
Para asegurar el correcto funcionamiento del sistema eléctrico dentro del marco que establece esta ley, corresponde respectivamente, al operador del mercado y al operador del sistema asumir las funciones necesarias para realizar la gestión económica referida al eficaz desarrollo del mercado de producción de electricidad y la garantía de la gestión técnica del sistema eléctrico, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en este título.<br />
Artículo 29. Operador del mercado.<br />
1. El operador del mercado asumirá la gestión del sistema de ofertas de compra y venta de energía eléctrica en el mercado diario de energía eléctrica en los términos que reglamentariamente se establezcan.<br />
El operador del mercado ejercerá sus funciones respetando los principios de transparencia, objetividad e independencia.<br />
Actuará como operador del mercado una sociedad mercantil de cuyo accionariado podrá formar parte cualquier persona física o jurídica, siempre que la suma de su participación directa o indirecta en el capital de esta sociedad no supere el 5 por ciento. Asimismo, la suma de participaciones, directas o indirectas, de los sujetos que realicen actividades en el sector eléctrico no deberá superar el 40 por ciento, no pudiendo sindicarse estas acciones a ningún efecto.<br />
En el caso de que alguna persona física o jurídica pusiera de manifiesto a la sociedad mercantil que actúa como operador del mercado su voluntad de participar en el capital de dicha sociedad, la petición se elevará a la Junta General de Accionistas junto con la certificación del solicitante de realizar o no actividades en el sector eléctrico.<br />
La Junta General deberá aceptar la solicitud presentada por una cifra máxima de participación equivalente a la media de las participaciones existentes en el tramo que haya de corresponder al peticionario, haciéndose efectiva a través de alguno o algunos de los siguientes procedimientos:<br />
a) La voluntad de venta por la sociedad o por alguno de sus accionistas de las correspondientes acciones manifestada en la Junta General.<br />
b) La ampliación de capital de la sociedad mediante la emisión de nuevas acciones siempre que se respete el límite del 40 por ciento que puede ser suscrito por sujetos que realicen actividades en el sector eléctrico.<br />
Cuando los solicitantes de participación en el capital del operador del mercado realicen actividades en el sector eléctrico, a fin de respetar el porcentaje mencionado, se podrá acordar una ampliación de capital superior a la necesaria, siempre que se manifieste en la Junta General la voluntad de suscripción de esas acciones por cualquiera de los accionistas que no ejerzan actividades eléctricas.<br />
En todo caso, se excluye el derecho de suscripción preferente de los accionistas sobre las acciones que se emitan para atender las nuevas peticiones de participación.<br />
2. Serán funciones del operador del mercado las siguientes:<br />
a) Recibir las ofertas de venta emitidas para cada período de programación por los distintos sujetos que participan en el mercado diario de energía eléctrica, para cada uno de los períodos de programación.<br />
b) Recibir las ofertas de adquisición de energía.<br />
c) Recibir de los sujetos que participan en los mercados de energía eléctrica la información necesaria, a fin de que su energía contratada sea tomada en consideración para la casación y para la práctica de las liquidaciones que sean competencia del operador del mercado.<br />
d) Recibir las garantías que, en su caso, procedan. La gestión de estas garantías podrá realizarla directamente o a través de terceros autorizados.<br />
e) Realizar la casación de las ofertas de venta y de adquisición partiendo de la oferta más barata hasta igualar la demanda en cada período de programación.<br />
f) Comunicar a los titulares de las unidades de producción, así como a los comercializadores, consumidores directos y a los operadores del sistema eléctrico en el ámbito del Mercado Ibérico de la Electricidad y, en su caso, del mercado europeo, los resultados de la casación de las ofertas.<br />
g) Determinar los distintos precios de la energía resultantes de las casaciones en el mercado diario de energía eléctrica para cada período de programación y la comunicación a todos los agentes implicados.<br />
h) Liquidar y comunicar los pagos y cobros que deberán realizarse en virtud de los precios de la energía resultantes de las casaciones y aquellos otros costes que reglamentariamente se determinen.<br />
i) Comunicar al operador del sistema las ofertas de venta y de adquisición de energía eléctrica, realizadas por los distintos sujetos que participan en los mercados de energía eléctrica de su competencia, para cada uno de los períodos de programación.<br />
j) Informar públicamente sobre la evolución del mercado con la periodicidad que se determine.<br />
k) Remitir al Ministerio de Industria, Energía y Turismo y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia cualquier información que les sea requerida por éstos para el ejercicio de sus funciones.<br />
l) Realizar cualesquiera otras funciones que reglamentariamente se le asignen.<br />
m) Poner a disposición de terceros interesados la información que se determine.<br />
n) Comunicar a la autoridad competente cualquier comportamiento de los agentes del mercado que pueda suponer una alteración del correcto funcionamiento del mismo.<br />
3. A estos efectos, el operador del mercado tendrá acceso directo al Registro Administrativo de Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica a que se refiere el artículo 21.3, al Registro Administrativo de autoconsumo al que se refiere el artículo 9.3, así como al Registro Administrativo de Distribuidores al que se refiere el artículo 39.4, así como a los Registros que para esos mismos fines puedan crearse en las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, y coordinará sus actuaciones con el operador del sistema.<br />
4. Contra las actuaciones adoptadas por el operador del mercado en el ejercicio de sus funciones podrá interponerse conflicto ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, quien emitirá una decisión en el plazo de los tres meses siguientes a la recepción de la correspondiente solicitud. Las solicitudes de resolución de estos conflictos habrán de presentarse ante el citado organismo en el plazo máximo de un mes contado desde el conocimiento por parte del solicitante del hecho que motiva su solicitud de resolución de conflicto.<br />
Artículo 30. Operador del sistema.<br />
1. El operador del sistema tendrá como función principal garantizar la continuidad y seguridad del suministro eléctrico y la correcta coordinación del sistema de producción y transporte. Ejercerá sus funciones en coordinación con los operadores y sujetos del Mercado Ibérico de la Energía Eléctrica bajo los principios de transparencia, objetividad, independencia y eficiencia económica. El operador del sistema será el gestor de la red de transporte.<br />
El operador del sistema al que se refiere el párrafo anterior adoptará la forma de sociedad mercantil y su régimen societario se ajustará a las condiciones siguientes:<br />
a) Ninguna persona física o jurídica tendrá derecho:<br />
1.º A ejercer control, de manera directa o indirecta, sobre una empresa que lleve a cabo cualquiera de las funciones de generación o comercialización, y simultáneamente ejercer control, de manera directa o indirecta o ejercer ningún derecho en el operador del sistema, ni<br />
2.º a ejercer control, de manera directa o indirecta, sobre el operador del sistema eléctrico o sobre el gestor de la red de transporte de electricidad o de gas natural y simultáneamente ejercer control, de manera directa o indirecta o ejercer ningún derecho en una empresa que lleve a cabo cualquiera de las funciones de generación o comercialización.<br />
b) Ninguna persona física o jurídica tendrá derecho a nombrar a los miembros del órgano de administración del operador del sistema o gestor de la red de transporte de electricidad o de gas natural si, directa o indirectamente, ejerce control o ejerce derechos en una empresa que realice cualquiera de las actividades de generación o comercialización.<br />
c) Ninguna persona física o jurídica tendrá derecho a ser miembro del órgano de administración, simultáneamente en una empresa que realice cualquiera de las actividades de generación o comercialización y en el operador del sistema.<br />
d) Los derechos indicados en los párrafos a) y b) anteriores, incluirán, en particular:<br />
1.º La facultad de ejercer derechos de voto en relación con los órganos de administración o gobierno de las sociedades;<br />
2.º la facultad de designar a miembros del órgano de administración o de los órganos que representen legalmente a la empresa, o<br />
3.º la posesión de participaciones accionariales mayoritarias conforme se establece en el artículo 42.1 del Código de Comercio.<br />
A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1.a) se incluirán también dentro del concepto de empresa que lleve a cabo cualquiera de las funciones de generación o comercialización a aquellas que realicen las actividades de producción y comercialización en el sector del gas natural.<br />
2. Serán funciones del operador del sistema las siguientes:<br />
a) Prever indicativamente y controlar el nivel de garantía de abastecimiento de electricidad del sistema a corto y medio plazo, tanto en el sistema peninsular como en los sistemas no peninsulares. A estos efectos, realizará una previsión de la capacidad máxima cuyo cierre temporal puede ser autorizado y en su caso, informará de las necesidades de incorporación de potencia con autorización de cierre temporal por razones de garantía de suministro.<br />
b) Prever a corto y medio plazo la demanda de energía eléctrica, la utilización del equipamiento de producción, en especial, del uso de las reservas hidroeléctricas, de acuerdo con la previsión de la demanda, la disponibilidad del equipamiento eléctrico, y los distintos niveles de pluviometría y eolicidad que pudieran presentarse dentro del período de previsión, tanto en el sistema peninsular como en los sistemas no peninsulares.<br />
c) Recibir la información necesaria sobre los planes de mantenimiento de las unidades de producción, averías u otras circunstancias que puedan llevar consigo la excepción de la obligación de presentar ofertas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 25 de esta ley, a fin de confirmarlas con el procedimiento que reglamentariamente se establezca, lo que comunicará al operador del mercado.<br />
d) Coordinar y modificar, en su caso, los planes de mantenimiento de las instalaciones de transporte, de manera que se asegure su compatibilidad con los planes de mantenimiento de los grupos de generación y se asegure un estado de disponibilidad adecuado de la red que garantice la seguridad del sistema.<br />
e) Establecer y controlar las medidas de fiabilidad del sistema de producción y transporte, afectando a cualquier elemento del sistema eléctrico que sea necesario, así como los planes de maniobras para la reposición del servicio en caso de fallos generales en el suministro de energía eléctrica y coordinar y controlar su ejecución.<br />
f) Impartir las instrucciones de operación de la red de transporte, para su maniobra en tiempo real.<br />
g) Ejecutar, en el ámbito de sus funciones, aquellas decisiones que sean adoptadas por el Gobierno en ejecución de lo previsto en el apartado 2 del artículo 7.<br />
h) Determinar la capacidad de uso de las interconexiones internacionales, gestionar los intercambios de energía eléctrica y el tránsito de electricidad con los sistemas exteriores que se realicen utilizando las redes del sistema eléctrico español, y establecer los programas de intercambio de electricidad con los sistemas eléctricos exteriores, en los términos previstos en el artículo 11.4.<br />
i) Recibir del operador del mercado y de los sujetos que participan en sistemas de contratación bilateral con entrega física la información necesaria, a fin de poder determinar la programación de entrada en la red y para la práctica de las liquidaciones que sean competencia del operador del sistema.<br />
j) Recibirlas garantías que, en su caso, procedan. La gestión de estas garantías podrá realizarla directamente o a través de terceros autorizados.<br />
k) Programar el funcionamiento de las instalaciones de producción de energía eléctrica de acuerdo con el resultado de la casación de las ofertas comunicadas por el operador del mercado, con la información recibida de los sujetos que participan en sistemas de contratación bilateral con entrega física, teniendo en consideración las excepciones que al régimen de ofertas se puedan derivar de la aplicación de lo previsto en el artículo 25 gestionando los mercados de servicios de ajuste del sistema que resulten precisos para garantizar los criterios de fiabilidad y seguridad que se establezcan.<br />
El operador del sistema hará públicos los resultados de los procesos de operación que sean de su competencia con el debido cumplimiento de los criterios de confidencialidad establecidos legal o reglamentariamente.<br />
l) Impartir las instrucciones necesarias para la correcta operación del sistema eléctrico de acuerdo con los criterios de fiabilidad y seguridad que se establezcan, y gestionar los mercados de servicios de ajuste del sistema que sean necesarios para tal fin.<br />
m) Liquidar y comunicar los pagos y cobros relacionados con la garantía de suministro incluyendo entre ellos los servicios de ajuste del sistema y la disponibilidad de unidades de producción en cada período de programación.<br />
n) Liquidar los pagos y cobros relacionados con los desvíos efectivos de las unidades de producción y de consumo en cada período de programación.<br />
ñ) Colaborar con todos los operadores y sujetos del Mercado Ibérico de la Electricidad y en su caso, del mercado europeo, que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones.<br />
o) Desarrollar aquellas otras actividades relacionadas con las anteriores que sean convenientes para la prestación del servicio.<br />
p) Colaborar con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y con las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla en la evaluación y seguimiento de los planes de inversión anuales y plurianuales presentados por el titular de las instalaciones de transporte de energía eléctrica a que se refiere el apartado 4 del artículo 34.<br />
q) Garantizar mediante propuestas en la planificación que la red de transporte pueda satisfacer a medio y largo plazo la demanda de transporte de electricidad al menor coste para el sistema, así como la fiabilidad de la misma.<br />
r) Proporcionar a todos los gestores de las redes información suficiente para garantizar el funcionamiento seguro y eficiente, el desarrollo coordinado y la interoperabilidad de la red interconectada.<br />
s) Garantizar la no discriminación entre usuarios o categorías de usuarios de las redes.<br />
t) Proporcionar a los usuarios la información que necesiten para acceder eficientemente a las redes.<br />
u) Gestionar los despachos técnicos y económicos para el suministro de energía eléctrica en los sistemas eléctricos aislados de los territorios no peninsulares, la liquidación y comunicación de los pagos y cobros relacionados con dichos despachos, así como la recepción de las garantías que en su caso procedan. El régimen de cobros, pagos y garantías será análogo al del mercado de producción peninsular.<br />
v) Remitir al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y a las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla cualquier información que les sea requerida por estos para el ejercicio de sus funciones en la forma y plazos que se determine.<br />
w) Aplicar los cargos y peajes de acceso que, conforme a lo dispuesto reglamentariamente, le correspondan. Asimismo, deberá comunicar al Ministerio de Industria, Energía y Turismo la información que se determine sobre cargos y peajes de acceso.<br />
x) La responsabilidad del sistema de medidas del sistema eléctrico nacional, debiendo velar por su buen funcionamiento y correcta gestión y ejerciendo las funciones de encargado de lectura de los puntos frontera que reglamentariamente se establezcan.<br />
y) Recabar y gestionar la información sobre la calidad de servicio en la red de transporte, informando a las Administraciones y Organismos según lo establecido reglamentariamente.<br />
z) Poner a disposición de terceros interesados la información que se determine.<br />
aa) Comunicar a la autoridad competente cualquier comportamiento de los agentes que pueda suponer una alteración de los procesos y mercados de operación que gestiona el operador del sistema.<br />
ab) Poner en conocimiento de las autoridades públicas competentes y de los sujetos que pudieran verse afectados si los hubiere, las situaciones de fraude y otras situaciones anómalas.<br />
ac) Realizar cualesquiera otras funciones que reglamentariamente se le asignen.<br />
3. Contra las actuaciones del operador del sistema podrán presentarse conflictos ante el organismo responsable de la resolución de las mismas, quien emitirá una decisión en el plazo de los tres meses siguientes a la recepción de la solicitud. Las solicitudes de resolución de estos conflictos habrán de presentarse ante el citado organismo en el plazo máximo de un mes contado desde el conocimiento por parte del solicitante del hecho que motiva su solicitud de resolución de conflicto.<br />
Artículo 31. Designación y certificación del gestor de la red de transporte.<br />
1. La sociedad mercantil que actúe como operador del sistema será autorizada y designada como gestor de la red de transporte por el Ministro de Industria, Energía y Turismo, a solicitud de la interesada. Con carácter previo a esta designación, deberá ser certificada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en relación con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 30.1, según el procedimiento establecido en este artículo.<br />
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia controlará que la sociedad designada como gestor de la red de transporte se mantiene en el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 30.1 utilizando para ello el procedimiento de certificación establecido. Estas certificaciones que se realicen en relación con el mantenimiento de los requisitos podrán dar lugar a una nueva designación y autorización del gestor de la red de transporte.<br />
Las designaciones del gestor de red de transporte se notificarán a la Comisión Europea a efectos de su publicación en el «Diario Oficial de la Unión Europea».<br />
2. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia iniciará un procedimiento de certificación tras la solicitud o notificación de la empresa interesada, tras una solicitud motivada del Ministerio de Industria, Energía y Turismo o de la Comisión Europea, o a iniciativa propia en aquellos casos en los que tenga conocimiento de posibles transacciones que puedan dar o hayan dado lugar al incumplimiento de los requisitos establecidos en relación a la separación de actividades.<br />
A estos efectos, la sociedad certificada como gestor de la red de transporte deberá comunicar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia cualquier circunstancia que pudiera afectar al cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 30.1.<br />
3. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, previa audiencia y de forma motivada, adoptará una resolución provisional sobre la certificación en el plazo máximo de cuatro meses desde la presentación de la solicitud o notificación. Transcurrido dicho plazo sin haberse dictado resolución expresa se considerará concedida la certificación provisional.<br />
4. En todos los casos la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia deberá comunicar a la Comisión Europea su resolución provisional en relación a la certificación de la empresa interesada acompañada de la documentación pertinente relativa a la misma, con el fin de que esta emita el correspondiente dictamen previo a la adopción de la resolución definitiva. Asimismo remitirá copia del expediente al Ministerio de Industria, Energía y Turismo.<br />
De no emitir un dictamen la Comisión Europea en el plazo previsto al efecto en la legislación comunitaria, se considerará que no pone objeciones a la resolución provisional de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.<br />
5. En el plazo de dos meses desde la recepción del dictamen emitido por la Comisión Europea, o agotados los plazos previstos al efecto en la legislación comunitaria, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia resolverá con carácter definitivo sobre la certificación, dando cumplimiento a la decisión de la Comisión Europea. Dicha resolución, junto con el dictamen de la Comisión Europea, deberá publicarse en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diario Oficial de la Unión Europea». La certificación no surtirá efectos hasta su publicación.<br />
6. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y la Comisión Europea podrán solicitar a los gestores de red de transporte y las empresas que realicen cualquiera de las actividades de generación o comercialización cualquier información útil para el cumplimiento de las funciones indicadas en el presente artículo. Sin perjuicio de lo anterior, mantendrán la confidencialidad de la información sensible a efectos comerciales.<br />
Artículo 32. Certificación en relación con países no pertenecientes a la Unión Europea.<br />
1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia notificará a la Comisión Europea cualquier circunstancia que dé lugar a que el gestor de la red de transporte quede bajo el control de una o varias personas de uno o más terceros países. A estos efectos, el gestor de red de transporte notificará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia cualquier circunstancia que pueda dar lugar a que se produzca este hecho.<br />
2. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia iniciará el proceso de certificación de acuerdo con el procedimiento y plazos previstos en el artículo 31. Denegará la certificación si no se ha demostrado:<br />
a) Que la entidad en cuestión cumple los requisitos del artículo 30, y<br />
b) que la concesión de la certificación no pondrá en peligro la seguridad de suministro nacional y de la Unión Europea, teniendo en cuenta los derechos y obligaciones de España y de la Unión Europea con respecto a dicho tercer país, y otros datos y circunstancias específicos del caso y del tercer país de que se trate.<br />
En la notificación de la propuesta de resolución a la Comisión Europea, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia solicitará un dictamen específico sobre si la entidad en cuestión cumple los requisitos de separación de actividades, y si la concesión de la certificación no pondría en peligro la seguridad del suministro en la Unión Europea.<br />
3. Una vez sustanciado el trámite de dictamen por parte de la Comisión Europea, de acuerdo al procedimiento y plazos establecidos en la norma comunitaria de aplicación, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia resolverá sobre la certificación, teniendo en cuenta el dictamen de la Comisión.<br />
Cuando la decisión final difiera del dictamen de la Comisión Europea, se hará pública la motivación de la misma.<br />
Artículo 33. Acceso y conexión.<br />
1. A los efectos de esta ley se entenderá por:<br />
a) Derecho de acceso: derecho de uso de la red en unas condiciones legal o reglamentariamente determinadas.<br />
b) Derecho de conexión a un punto de la red: derecho de un sujeto a acoplarse eléctricamente a un punto concreto de la red de transporte existente o planificada con carácter vinculante o de distribución existente o incluida en los planes de inversión aprobados por la Administración General del Estado en unas condiciones determinadas.<br />
c) Permiso de acceso: aquel que se otorga para el uso de la red a la que se conecta la instalación.<br />
d) Permiso de conexión a un punto de la red: aquel que se otorga para poder conectar una instalación de producción de energía eléctrica o consumo a un punto concreto de la red de transporte o en su caso de distribución.<br />
2. La concesión de un permiso de acceso se basará en el cumplimiento de los criterios técnicos de seguridad, regularidad, calidad del suministro y de sostenibilidad y eficiencia económica del sistema eléctrico establecidos reglamentariamente por el Gobierno o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia según corresponda. La aplicación de estos criterios determinará la existencia o no de capacidad de acceso. En la evaluación de la capacidad de acceso se deberán considerar, además del propio nudo al que se conecta la instalación, todos los nudos con influencia en el nudo donde se conecta la instalación, teniendo en cuenta las instalaciones de producción de energía eléctrica y consumo existentes y con permisos de acceso y conexión vigentes. Del mismo modo, en la referida evaluación la red a considerar, será la red de transporte existente o planificada con carácter vinculante o la red de distribución existente o incluida en los planes de inversión aprobados por la Administración General del Estado en unas condiciones determinadas.<br />
El permiso de acceso será otorgado por el gestor de la red de transporte cuando el punto de conexión a la red esté en la red de transporte o por el gestor de la red de distribución cuando el punto de conexión a la red esté en la red de distribución. Este permiso detallará las condiciones concretas de uso de la red de acuerdo al contenido del reglamento antes señalado.<br />
En todo caso, el permiso de acceso solo podrá ser denegado por la falta de capacidad de acceso. Esta denegación deberá ser motivada y deberá basarse en los criterios que se señalan en el primer párrafo de este apartado.<br />
El derecho de acceso podrá ser restringido temporalmente. Esta restricción deberá ser motivada y deberá basarse en los criterios del reglamento señalado en el párrafo primero de este apartado, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7.<br />
3. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia resolverá a petición de cualquiera de las partes afectadas los posibles conflictos que pudieran plantearse en relación con el permiso de acceso a las redes de transporte y distribución, así como con las denegaciones del mismo emitidas por el gestor de la red de transporte y el gestor de la red de distribución.<br />
El plazo para la resolución y notificación de este procedimiento será de dos meses, que podrá ampliarse a dos meses adicionales si se requiere información adicional a la solicitud, o si así lo manifiesta el solicitante. Las solicitudes de resolución de estos conflictos habrán de presentarse ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el plazo máximo de un mes contado desde el conocimiento por parte del solicitante del hecho que motiva su solicitud de resolución de conflicto.<br />
4. El permiso de conexión a un punto determinado de la red definirá las condiciones técnicas, económicas, de seguridad y puesta en marcha de las instalaciones que sea preciso construir, ampliar y reformar en la red de transporte y distribución para realizar la conexión.<br />
El permiso de conexión será otorgado por la empresa transportista o distribuidora titular de la red en que se encuentre el punto para el que se solicita el permiso de conexión.<br />
Para la concesión de un permiso de conexión en un punto el titular de la red deberá disponer del espacio físico adecuado para ubicar las instalaciones necesarias.<br />
En todo caso, el permiso de conexión solo podrá ser denegado por imposibilidad técnica, por cuestiones de seguridad de las personas, por no existir la instalación de red donde se solicita el punto de conexión y no estar contemplada la instalación en la planificación vigente de la red de transporte o en los planes de inversión de las empresas distribuidoras aprobados por la Administración General del Estado, o por falta de espacio físico adecuado para ubicar las instalaciones necesarias. Esta denegación deberá ser motivada y deberá basarse en los criterios que se señalen en la normativa reglamentaria a que hace referencia el primer párrafo de este apartado.<br />
5. Las discrepancias que se susciten en relación con el otorgamiento o denegación del permiso de conexión a las instalaciones de transporte o distribución de competencia de la Administración General del Estado se resolverán por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.<br />
Las discrepancias que se susciten en relación con el otorgamiento o denegación del permiso de conexión a las redes cuya autorización sea de competencia autonómica se resolverán por el órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Dicho informe tendrá carácter vinculante en lo relativo a las condiciones económicas y las condiciones temporales relativas a los calendarios de ejecución de las instalaciones de los titulares de redes recogidas en la planificación de la red de transporte y en los planes de inversión de las empresas distribuidoras aprobados por la Administración General del Estado.<br />
Las discrepancias se resolverán de manera individualizada para cada uno de los casos concretos, con arreglo a los criterios señalados en el apartado 4.<br />
Las solicitudes de resolución de estos conflictos habrán de presentarse ante el órgano competente correspondiente en el plazo máximo de un mes contando desde el conocimiento por parte del solicitante del hecho que motiva su solicitud de resolución de conflicto.<br />
6. En ningún caso podrán establecerse por los sujetos responsables otros mecanismos diferentes de los previstos en los apartados 2 y 4 de este artículo para el otorgamiento de los permisos de acceso y conexión o para la priorización en el otorgamiento de los mismos.<br />
Asimismo, las Administraciones Públicas no podrán denegar o restringir la concesión de permisos de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución, salvo lo previsto para el Gobierno en los apartados 2 y 4 y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el apartado 10 del presente artículo.<br />
7. Mediante real decreto del Consejo de Ministros se establecerán los criterios objetivos para la inclusión de límites a la capacidad de conexión por nudos al objeto de garantizar la seguridad del suministro.<br />
8. Los permisos de acceso y conexión caducarán a los cinco años desde su obtención para las instalaciones que no hubieran obtenido acta de puesta en servicio en ese plazo. Del mismo modo caducarán dichos permisos para las instalaciones que estando ya construidas y en servicio, cesen en el vertido de energía a la red por un periodo superior a tres años por causas imputables al titular distintas del cierre temporal.<br />
9. Los gestores de las redes de transporte y distribución harán públicas las capacidades de acceso para cada nudo de su red en los términos que se establezcan reglamentariamente.<br />
10. Mediante real decreto del Consejo de Ministros podrán establecerse los criterios y procedimientos que la concesión de acceso y conexión deba satisfacer para el cumplimiento de los objetivos de política energética y penetración de renovables. A este efecto, el Gobierno podrá establecer los criterios bajo los que un sujeto podrá solicitar a los titulares y gestores de las redes la modificación de las condiciones de los permisos de conexión y acceso, incluidos sus puntos de conexión.<br />
11. Por su parte, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia aprobará mediante Circular la metodología y las condiciones de acceso y conexión que comprenderá: el contenido de las solicitudes y permisos, los criterios económicos, los criterios para la evaluación de la capacidad, los motivos para la denegación, el contenido mínimo de los contratos y la obligación de publicidad y transparencia de la información relevante para el acceso y la conexión.<br />
TÍTULO VI<br />
Transporte de energía eléctrica<br />
Artículo 34. Red de transporte de energía eléctrica.<br />
1. La red de transporte de energía eléctrica está constituida por la red de transporte primario y la red de transporte secundario.<br />
La red de transporte primario está constituida por las líneas, parques, transformadores y otros elementos eléctricos con tensiones nominales iguales o superiores a 380 kV y aquellas otras instalaciones de interconexión internacional y, en su caso, las interconexiones con los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares.<br />
La red de transporte secundario está constituida por las líneas, parques, transformadores y otros elementos eléctricos con tensiones nominales iguales o superiores a 220 kV no incluidas en el párrafo anterior y por aquellas otras instalaciones de tensiones nominales inferiores a 220 kV, que cumplan funciones de transporte.<br />
En los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares tendrán consideración de red de transporte secundario todas aquellas instalaciones de tensión igual o superior a 66 kV así como las interconexiones entre islas que por su nivel de tensión no sean consideradas de transporte primario.<br />
Asimismo, se considerarán elementos constitutivos de la red de transporte todos aquellos activos de comunicaciones, protecciones, control, servicios auxiliares, terrenos, edificaciones y demás elementos auxiliares, eléctricos o no, necesarios para el adecuado funcionamiento de las instalaciones específicas de la red de transporte antes definida.<br />
En ningún caso formarán parte de la red de transporte los transformadores de grupos de generación, los elementos de conexión de dichos grupos a las redes de transporte, las instalaciones de consumidores para su uso exclusivo, ni las líneas directas.<br />
2. En todo caso Red Eléctrica de España, S.A., actuará como transportista único desarrollando la actividad en régimen de exclusividad en los términos establecidos en la presente ley.<br />
No obstante lo anterior, para la mejor gestión de la red de distribución, se habilita al Ministerio de Industria, Energía y Turismo para autorizar expresa e individualizadamente, previa consulta a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y a la Comunidad Autónoma en la que radique la instalación, que determinadas instalaciones de transporte secundario, por sus características y funciones, sean titularidad del distribuidor de la zona que se determine. En estos casos, los distribuidores deberán asumir las obligaciones del transportista único relativas a la construcción, maniobra y mantenimiento de tales instalaciones de transporte.<br />
A tal efecto, el Gobierno establecerá los criterios exclusivamente técnicos que deberán regir tales excepciones.<br />
3. Se establecerán cuantas normas técnicas sean precisas para garantizar la fiabilidad del suministro de energía eléctrica y de las instalaciones de la red de transporte y las a ella conectadas. Estas normas se atendrán a criterios de general aceptación y serán objetivas y no discriminatorias.<br />
4. El titular de la red de transporte de energía eléctrica, antes del 1 de mayo de cada año, deberá someter sus planes de inversiones anuales y plurianuales a la aprobación del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. El procedimiento de aprobación de dichos planes se establecerá reglamentariamente por el Gobierno e incluirá la previa audiencia de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla interesadas. La empresa transportista deberá ejecutar, en los términos que se establezcan, el contenido de los planes de inversión que resulten aprobados por la Administración General del Estado.<br />
En el plan de inversión anual figurarán, como mínimo, los datos de los proyectos, sus principales características técnicas, presupuesto y calendario de ejecución, todo ello, de acuerdo a la identificación de las instalaciones recogida en la planificación de la red de transporte.<br />
5. Sin perjuicio de los requisitos establecidos en la legislación general de las telecomunicaciones, las redes de transporte se podrán utilizar para prestar servicios de comunicaciones electrónicas, siempre que se respete el principio de separación jurídica de actividades, garantizando en todo caso la seguridad del sistema de transporte de energía eléctrica.<br />
Artículo 35. Autorización de instalaciones de transporte de energía eléctrica.<br />
1. La puesta en funcionamiento, modificación, transmisión y cierre definitivo de las instalaciones de transporte de energía eléctrica estará sometida, con carácter previo, al régimen de autorizaciones establecido en el artículo 53 y en sus disposiciones de desarrollo.<br />
2. En el caso de instalaciones de transporte cuya autorización deba ser otorgada por las Comunidades Autónomas o por las Ciudades de Ceuta y Melilla, éstas solicitarán informe previo a la Administración General del Estado, en el que ésta consignará las posibles afecciones de la proyectada instalación a los planes de desarrollo de la red, a la gestión técnica del sistema y al régimen económico regulados en esta ley, que la Administración autorizante deberá tener en cuenta en el otorgamiento de la autorización.<br />
Si transcurrido un plazo de tres meses, la Administración General del Estado no hubiese emitido informe se entenderá que el mismo ha sido formulado en sentido desfavorable.<br />
Para el reconocimiento de la retribución de las nuevas instalaciones de transporte será requisito indispensable que hayan sido incluidas en la planificación a la que se refiere el artículo 4 de esta ley y que, en su caso, cuenten con el informe favorable a que se hace referencia en el presente apartado.<br />
Artículo 36. Derechos y obligaciones del transportista.<br />
1. El transportista será responsable del desarrollo y ampliación de la red de transporte definida en este artículo, de tal manera que garantice el mantenimiento y mejora de una red configurada bajo criterios homogéneos y coherentes.<br />
2. El transportista adoptará la forma de sociedad mercantil y su régimen societario se ajustará a las condiciones establecidas en el apartado 1 del artículo 30 para el operador del sistema.<br />
3. Serán funciones del transportista las siguientes:<br />
a) Ejecutar los planes de mantenimiento de las instalaciones de transporte.<br />
b) Ejecutar las instrucciones del operador del sistema para la reposición del servicio en caso de fallos generales en el suministro de energía eléctrica.<br />
c) Cumplir en todo momento las instrucciones del operador del sistema para la operación de la red de transporte, incluidas las interconexiones internacionales, para su maniobra en tiempo real.<br />
d) Ejecutar, en el ámbito de sus funciones, aquellas decisiones que sean adoptadas por la Administración Pública competente en ejecución de lo previsto en el apartado 2 del artículo 7.<br />
e) Colaborar con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en la evaluación y seguimiento de los planes de inversiones anuales y plurianuales a que se refiere el apartado 4 del artículo 34.<br />
f) Garantizar el desarrollo y ampliación de la red de transporte ejecutando la planificación de la red de transporte aprobada, de tal manera que se asegure el mantenimiento y mejora de una red configurada bajo criterios homogéneos coherentes y de mínimo coste.<br />
g) Garantizar la no discriminación entre usuarios o categorías de usuarios de la red de transporte, proporcionando a los usuarios la información que necesiten para conectarse eficientemente a la red.<br />
h) Aportar al operador del sistema toda aquella información necesaria para el cumplimiento de sus funciones.<br />
i) Otorgar el permiso de conexión a la red de transporte.<br />
j) Realizar sus actividades en la forma autorizada y conforme a las disposiciones aplicables, prestando el servicio de transporte de forma regular y continua con los niveles de calidad que se determinen reglamentariamente por el Gobierno y manteniendo las instalaciones en las adecuadas condiciones de conservación e idoneidad técnica.<br />
k) Facilitar el uso de sus instalaciones para los tránsitos de energía, y la utilización de sus redes de transporte por todos los sujetos autorizados, en condiciones no discriminatorias, de acuerdo con las normas técnicas de transporte.<br />
l) Maniobrar y mantener las instalaciones de su propiedad de acuerdo con las instrucciones y directrices a las que hace referencia el párrafo l) del artículo 30.2.<br />
m) Aportar la información requerida por la Administración General del Estado para el establecimiento de la retribución, así como cualquier información que se solicite en tiempo y forma necesarios para permitir la adecuada supervisión y control de su actividad por parte de las autoridades reguladoras.<br />
n) Realizar cualesquiera otras funciones que reglamentariamente se le asignen.<br />
4. El transportista cumplirá en todo momento las instrucciones impartidas por el operador del sistema en el ámbito de sus funciones.<br />
5. El transportista tendrá los siguientes derechos:<br />
a) El reconocimiento por parte de la Administración de una retribución adecuada por el ejercicio de su actividad dentro del sistema eléctrico en los términos establecidos en el título III de esta ley.<br />
b) Exigir que las instalaciones conectadas a las redes de transporte reúnan las condiciones técnicas que se determinen por la normativa estatal.<br />
Artículo 37. Acceso a las redes de transporte.<br />
1. Las instalaciones de transporte podrán ser utilizadas por los sujetos autorizados, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6. El precio por el uso de las redes de transporte se determinará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16.<br />
2. El operador del sistema como gestor de la red de transporte deberá otorgar el permiso de acceso a la red de transporte de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 33.<br />
TÍTULO VII<br />
Distribución de energía eléctrica<br />
Artículo 38. Regulación de la distribución.<br />
1. La actividad de distribución de energía eléctrica es aquélla que tiene por objeto la transmisión de energía eléctrica desde las redes de transporte, o en su caso desde otras redes de distribución o desde la generación conectada a la propia red de distribución, hasta los puntos de consumo u otras redes de distribución en las adecuadas condiciones de calidad con el fin último de suministrarla a los consumidores.<br />
Los distribuidores serán los gestores de las redes de distribución que operen. En aquellas Comunidades Autónomas donde exista más de un gestor de la red de distribución, la Comunidad Autónoma, en el ámbito de sus competencias, podrá realizar funciones de coordinación de la actividad que desarrollen los diferentes gestores.<br />
2. Tendrán la consideración de instalaciones de distribución todas las líneas, parques y elementos de transformación y otros elementos eléctricos de tensión inferior a 220 kV, salvo aquéllas que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 34, se consideren integradas en la red de transporte.<br />
Asimismo, se considerarán elementos constitutivos de la red de distribución todos aquellos activos de la red de comunicaciones, protecciones, control, servicios auxiliares, terrenos, edificaciones y demás elementos auxiliares, eléctricos o no, necesarios para el adecuado funcionamiento de las redes de distribución, incluidos los centros de control en todas las partes y elementos que afecten a las instalaciones de distribución.<br />
No formarán parte de las redes de distribución los transformadores de grupos de generación, los elementos de conexión de dichos grupos a las redes de distribución, las instalaciones de consumidores para su uso exclusivo, ni las líneas directas.<br />
3. La distribución de energía eléctrica se regirá por lo dispuesto en la presente ley y será objeto de ordenación atendiendo a la necesaria coordinación de su funcionamiento y a la normativa uniforme que se requiera.<br />
4. La ordenación de la distribución tendrá por objeto establecer y aplicar principios comunes que garanticen su adecuada relación con las restantes actividades eléctricas, determinar las condiciones de tránsito de la energía eléctrica por dichas redes, establecer la suficiente igualdad entre quienes realizan la actividad en todo el territorio y la fijación de condiciones comunes equiparables para todos los usuarios de la energía.<br />
Dicha ordenación consistirá en el establecimiento de la normativa básica, criterios generales en el diseño de las redes, en la previsión del funcionamiento y desarrollo coordinado de las redes de distribución en el territorio español y en las condiciones de tránsito de la energía eléctrica por las mismas.<br />
5. Los criterios de regulación de la distribución de energía eléctrica se establecerán atendiendo a zonas eléctricas con características comunes y vinculadas con la configuración de la red de transporte y de ésta con las unidades de producción. Al objeto de que dichos criterios sean homogéneos en todo el territorio español y exista la adecuada coordinación en el desarrollo de las actividades de distribución, éstos serán fijados por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, previo informe de las Comunidades Autónomas afectadas o Ciudades de Ceuta y Melilla.<br />
6. Los distribuidores de energía eléctrica habrán de estar inscritos en el Registro Administrativo de Distribuidores a que se refiere el artículo 39.4.<br />
7. Sin perjuicio de los requisitos establecidos en la legislación general de las telecomunicaciones, los distribuidores podrán utilizar sus redes para prestar servicios de comunicaciones electrónicas, garantizando en todo caso la seguridad del sistema de distribución de energía eléctrica. En este caso, llevarán en su contabilidad además cuentas separadas que diferencien ingresos y costes imputables estrictamente a estos servicios.<br />
8. Reglamentariamente el Gobierno, previa audiencia de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, regulará las condiciones y procedimientos para el establecimiento de acometidas eléctricas y el enganche de nuevos usuarios a las redes de distribución.<br />
9. Contra las actuaciones del gestor de red de distribución podrán presentarse reclamaciones administrativas ante el organismo responsable de la resolución de las mismas, quien emitirá una decisión en el plazo de los tres meses siguientes a la recepción de la reclamación. Las solicitudes de resolución de estos conflictos habrán de presentarse ante el citado organismo en el plazo máximo de un mes contado desde el conocimiento por parte del solicitante del hecho que motiva su solicitud de resolución de conflicto.<br />
10. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 6.1.g, las empresas distribuidoras podrán ser titulares de último recurso de infraestructuras para la recarga de vehículos eléctricos, siempre que tras un procedimiento en concurrencia se resuelva que no existe interés por la iniciativa privada, en los términos y condiciones que se establezcan reglamentariamente por el Gobierno.<br />
El Gobierno podrá regular procedimientos para la transmisión de estas instalaciones por parte de las empresas distribuidoras a otros titulares, cuando se den las condiciones de interés económico, recibiendo las primeras una compensación adecuada<br />
Artículo 39. Autorización de instalaciones de distribución.<br />
1. La puesta en funcionamiento, modificación, transmisión y cierre definitivo de las instalaciones de distribución de energía eléctrica estará sometida, con carácter previo, al régimen de autorizaciones establecido en el artículo 53 y en sus disposiciones de desarrollo.<br />
2. La autorización, que no concederá derechos exclusivos de uso, se otorgará atendiendo tanto al carácter del sistema de red única y monopolio natural, propio de la distribución eléctrica, como al criterio de menor coste posible para el conjunto del sistema, propio de toda actividad con retribución regulada, y evitando el perjuicio a los titulares de redes ya establecidas obligadas a atender los nuevos suministros que se soliciten.<br />
3. Todas las instalaciones destinadas a más de un consumidor tendrán la consideración de red de distribución y deberán ser cedidas a la empresa distribuidora de la zona, la cual responderá de la seguridad y calidad del suministro. Dicha infraestructura quedará abierta al uso de terceros.<br />
Cuando existan varios distribuidores en la zona a los cuales pudieran ser cedidas las instalaciones construidas por un promotor, la Administración Pública competente sobre la autorización de dichas redes determinará a cuál de dichos distribuidores deberán ser cedidas, con carácter previo a su ejecución, siguiendo criterios de mínimo coste para el conjunto del sistema y aquellos que establezca reglamentariamente la Administración General del Estado. Dicha infraestructura quedará abierta al uso de terceros.<br />
Cuando en una nueva área a electrificar existan varios distribuidores que deseen realizar el desarrollo de la misma, la Administración Pública competente bajo el criterio de red única y aquellos que establezca reglamentariamente la Administración General del Estado, y considerando el carácter de monopolio natural de la actividad y con el objetivo de generar el menor coste de retribución para el conjunto del sistema determinará con carácter previo a la ejecución de las instalaciones, cuál de las empresas distribuidoras deberá acometer el desarrollo.<br />
4. El registro administrativo de distribuidores dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo contendrá a las empresas distribuidoras debidamente autorizadas.<br />
Las Comunidades Autónomas con competencias en la materia podrán crear y gestionar los correspondientes registros territoriales en los que deberán estar inscritas todas las instalaciones ubicadas en el ámbito territorial de aquéllas.<br />
Artículo 40. Obligaciones y derechos de las empresas distribuidoras.<br />
1. Los distribuidores, como titulares de las redes de distribución, tendrán las siguientes obligaciones:<br />
a) Realizar sus actividades en la forma autorizada y conforme a las disposiciones aplicables, prestando el servicio de distribución de forma regular y continua, y con los niveles de calidad que se determinen reglamentariamente por el Gobierno, previa audiencia de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla, manteniendo las redes de distribución eléctrica en las adecuadas condiciones de conservación e idoneidad técnica.<br />
b) Ser responsables de la construcción, operación, el mantenimiento y, en caso necesario, el desarrollo de su red de distribución, así como, en su caso, de sus interconexiones con otras redes, y de garantizar que su red tenga capacidad para asumir, a largo plazo, una demanda razonable de distribución de electricidad de acuerdo a los criterios establecidos por la Administración General del Estado, previa audiencia de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla.<br />
c) Analizar las solicitudes de conexión a las redes de distribución que gestionen y denegar o, en su caso, condicionar, la conexión a las mismas de acuerdo a los criterios que se establezcan reglamentariamente previa audiencia de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla. A estos efectos, deberán atender todas las solicitudes en condiciones de igualdad.<br />
d) Aportar la información requerida por la Administración General del Estado para el establecimiento de la retribución, así como cualquier información que se solicite en tiempo y forma necesarios para permitir la adecuada supervisión y control de su actividad por parte de las autoridades reguladoras.<br />
e) Proceder a la ampliación de las instalaciones de distribución cuando así sea necesario para atender nuevas demandas de suministro eléctrico en los términos que se establezcan reglamentariamente, sin perjuicio de lo que resulte de la aplicación del régimen que reglamentariamente se establezca para las acometidas eléctricas y de las obligaciones que correspondan al promotor de acuerdo con el artículo 16.1.c) del texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio.<br />
f) Comunicar al Ministerio de Industria, Energía y Turismo las autorizaciones de instalación que les concedan otras Administraciones, así como las modificaciones relevantes de su actividad, a efectos del reconocimiento de sus costes en la determinación de la tarifa y la fijación de su régimen de retribución.<br />
g) Establecer y ejecutar los planes de mantenimiento de las instalaciones de su red de distribución.<br />
h) Presentar, antes del 1 de mayo de cada año, sus planes de inversiones anuales y plurianuales al Ministerio de Industria, Energía y Turismo y a las respectivas Comunidades Autónomas o Ciudades de Ceuta y Melilla. En los planes de inversión anuales figurarán como mínimo los datos de los proyectos, sus principales características técnicas, presupuesto y calendario de ejecución. Asimismo, la empresa distribuidora deberá ejecutar, en los términos que se establezcan, el contenido de los planes de inversión que resulten finalmente aprobados por la Administración General del Estado. El procedimiento de aprobación de dichos planes, junto con las cuantías máximas de volumen de inversión con derecho a retribución a cargo del sistema, se establecerá reglamentariamente por el Gobierno, previa audiencia de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla. Este procedimiento deberá contemplar la posibilidad de aprobación parcial de los planes de inversión en aquellas comunidades y ciudades autónomas para las que dicho plan cuente con el informe favorable establecido en el párrafo siguiente.<br />
En todo caso, para la aprobación de los planes presentados por las empresas distribuidoras, éstos deberán acompañarse de informe favorable de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla respecto de las instalaciones previstas en su territorio cuya autorización sea de su competencia.<br />
El carácter de obligación anual de la presentación de planes de inversión para su aprobación por la Administración General del Estado podrá modificarse reglamentariamente para establecer un periodo superior al de un año para las empresas con menos de 100.000 clientes conectados a sus redes.<br />
i) Realizar aquellas otras funciones que se deriven de esta ley y su normativa de desarrollo.<br />
2. Los distribuidores como gestores de la red de distribución en las que operan, tendrán las siguientes funciones en el ámbito de las redes que gestionen:<br />
a) Coordinar con los gestores de las redes de distribución colindantes las actuaciones de maniobra y mantenimiento que se lleven a cabo en el ámbito de las redes que gestionen.<br />
b) Realizar lo dispuesto por el operador del sistema y gestor de la red de transporte en los planes de maniobra para la reposición de servicio, en caso de fallos generales en el suministro de energía eléctrica, controlando su ejecución y pudiendo para ello afectar a cualquier elemento de las redes de distribución que gestionen.<br />
c) Analizar las solicitudes de acceso a las redes de distribución que gestionen y otorgar, denegar o, en su caso, condicionar el acceso a las mismas de acuerdo a los criterios que se establezcan reglamentariamente. A estos efectos, deberán atender todas las solicitudes en condiciones de igualdad.<br />
d) Poner en conocimiento de las autoridades competentes, y de los sujetos eventualmente afectados, cualquier manipulación o alteración del estado de los equipos de medida.<br />
e) Comunicar al Ministerio de Industria, Energía y Turismo y a la Administración Pública competente la información que se determine sobre peajes de acceso, cargos y precios, así como cualquier información relacionada con la actividad que desarrollen dentro del sector eléctrico.<br />
f) Proceder a la medición y lectura de la energía que circule por sus puntos frontera en la forma que reglamentariamente se determine.<br />
g) Facilitar los datos de consumo a los sujetos en los términos que reglamentariamente se establezcan.<br />
h) Aplicar y recaudar de los sujetos los precios y cargos conforme a lo que reglamentariamente se determine.<br />
i) Contratar los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución con los consumidores, directamente o a través del comercializador y, en su caso, productores conectados a sus redes.<br />
j) Aplicar, facturar y cobrar los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución a los comercializadores o consumidores, según corresponda y en su caso, productores conectados a sus redes realizando el desglose en la facturación al usuario en la forma que reglamentariamente se determine.<br />
k) Poner en práctica los programas de gestión de la demanda aprobados por la Administración.<br />
l) Aplicar las medidas adecuadas de protección del consumidor de acuerdo con lo establecido reglamentariamente.<br />
m) Mantener actualizada su base de datos de puntos de suministro, y facilitar a la información de acuerdo a lo que se determine reglamentariamente.<br />
n) Reservar el carácter confidencial de la información de la que tenga conocimiento en el desempeño de su actividad, cuando de su divulgación puedan derivarse problemas de índole comercial, sin perjuicio de la obligación de información a las Administraciones Públicas.<br />
o) Proporcionar al gestor de la red de transporte y a los gestores de las redes de distribución colindantes información suficiente para garantizar el funcionamiento seguro y eficiente, el desarrollo coordinado y la interoperabilidad de la red interconectada.<br />
p) Cumplir con los requisitos y obligaciones que se establezcan reglamentariamente para las actuaciones que les corresponden en relación con los cambios de suministrador y, en concreto, cumplir con los plazos y recibir la información que se determine relativa a los citados cambios de suministrador.<br />
q) Exigir garantías a los sujetos que contraten el acceso a sus redes de distribución en los términos que se establezcan reglamentariamente.<br />
r) Determinar, en el ejercicio de la función de gestor de su red de distribución, los criterios de la explotación y mantenimiento de las redes garantizando la seguridad, la fiabilidad y la eficacia de las mismas, de acuerdo con la normativa medioambiental que les sea aplicable.<br />
s) Poner en conocimiento de las autoridades públicas competentes y de los sujetos que pudieran verse afectados si los hubiere, las situaciones de fraude y otras situaciones anómalas.<br />
t) Realizar aquellas otras funciones que se deriven de esta ley y su normativa de desarrollo.<br />
Reglamentariamente, previa audiencia a las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, se regularán las condiciones y procedimientos para el establecimiento de acometidas eléctricas y el enganche de nuevos usuarios a las redes de distribución.<br />
3. Serán derechos de las empresas distribuidoras:<br />
a) El reconocimiento por parte de la Administración y la percepción de una retribución adecuada por el ejercicio de su actividad dentro del sistema eléctrico en los términos establecidos en el título III de esta ley.<br />
b) Exigir que las instalaciones y aparatos receptores de los usuarios que se conecten a sus redes reúnan las condiciones técnicas y de construcción que se determinen por la normativa estatal e internacional que les fuera de aplicación, así como el buen uso de las mismas y el cumplimiento de las condiciones establecidas para que el suministro se produzca sin deterioro o degradación de su calidad para otros usuarios.<br />
c) Exigir a los sujetos obligados a ello, que dispongan de los equipos de medida y control establecidos en la normativa de aplicación.<br />
d) Acceder a la información que precisen para el desarrollo de sus funciones.<br />
Artículo 41. Acceso a las redes de distribución.<br />
1. Las instalaciones de distribución podrán ser utilizadas por los sujetos autorizados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8. El precio por el uso de redes de distribución se determinará de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 16.<br />
2. El gestor de la red de distribución deberá otorgar el permiso de acceso a la red de distribución de acuerdo a los criterios establecidos en el artículo 33.<br />
Artículo 42. Líneas directas.<br />
1. Tendrán la consideración de líneas directas aquéllas que tengan por objeto el enlace directo de una instalación de producción de energía eléctrica con un consumidor en las condiciones que se establezcan reglamentariamente. En todo caso el titular de la instalación de producción y el consumidor deberán ser la misma empresa o pertenecer al mismo grupo empresarial, definido según lo establecido en artículo 42 del Código de Comercio.<br />
2. La puesta en funcionamiento, modificación, transmisión y cierre definitivo de líneas directas estará sometida, con carácter previo, al régimen de autorizaciones establecido en el artículo 53 y en sus disposiciones de desarrollo.<br />
3. La construcción de líneas directas queda excluida de la aplicación de las disposiciones que en materia de expropiación y servidumbres se establecen en el título IX, sometiéndose al ordenamiento jurídico general. Asimismo, su uso queda excluido del régimen retributivo que para las actividades de transporte y distribución se establece en la presente ley.<br />
4. Las líneas directas sólo podrán ser utilizadas por los sujetos titulares de la autorización administrativa, no pudiéndose conceder acceso a terceros.<br />
La apertura a terceros del uso de la red exigirá su venta, cesión o aportación a la empresa transportista o la empresa distribuidora de la zona de forma que dicha red quede integrada en la red de transporte o distribución, respectivamente.<br />
TÍTULO VIII<br />
Suministro de energía eléctrica<br />
CAPÍTULO I<br />
Suministro a los usuarios y gestión de la demanda eléctrica<br />
Artículo 43. Suministro.<br />
1. El suministro de energía eléctrica se define como la entrega de energía a través de las redes de transporte y distribución mediante contraprestación económica en las condiciones de regularidad y calidad que resulten exigibles.<br />
2. Los consumidores que se determine tendrán derecho a contratar el suministro de energía eléctrica a los precios voluntarios para el pequeño consumidor o tarifa de último recurso establecidos de acuerdo al artículo 17.<br />
3. Reglamentariamente se establecerán, por las Administraciones Públicas competentes, medidas de protección al consumidor que deberán recogerse en las condiciones contractuales para los contratos de suministro de los comercializadores con aquellos consumidores que por sus características de consumo o condiciones de suministro requieran un tratamiento contractual específico.<br />
Asimismo, reglamentariamente se establecerán los mecanismos de contratación y las condiciones de facturación de los suministros, incluyendo los procedimientos de cambio de suministrador, que se realizará en un plazo máximo de 21 días, y de resolución de reclamaciones. A estos efectos, se considerará el establecimiento de puntos de contacto únicos a tenor de lo establecido en la disposición adicional octava de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para ofrecer a los consumidores toda la información necesaria relativa a sus derechos, a la legislación en vigor y a los procedimientos de solución de conflictos de que disponen en caso de litigio.<br />
4. Sin perjuicio de las competencias que correspondan a las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla y del establecimiento por los prestadores de sistemas propios de tramitación de reclamaciones que se ajusten a lo dispuesto en la Recomendación 2001/310/CE, de la Comisión, de 4 de abril de 2001 relativa a los principios aplicables a los órganos extrajudiciales de resolución consensual de litigios en materia de consumo, se preverá reglamentariamente la posibilidad de acudir al sistema arbitral de consumo para la resolución de tales reclamaciones.<br />
5. Para el supuesto de que no se sometan a las entidades de resolución alternativa de litigios en materia de consumo o que estas no resulten competentes para la resolución del conflicto, los usuarios finales que sean personas físicas podrán someter la controversia al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, cuando tales controversias se refieran a sus derechos específicos como usuarios finales, incluidos todos los previstos en esta ley y sin perjuicio de las competencias del resto de Administraciones Públicas. No podrán ser objeto del procedimiento anterior las controversias que se encuentren reguladas por normativa distinta de la de protección específica de los usuarios finales de energía eléctrica.<br />
El procedimiento, que se aprobará por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo, deberá ser transparente, sencillo y gratuito. La resolución que se dicte podrá ordenar la devolución de importes indebidamente facturados y, en general, disponer cuantas medidas tiendan a restituir al interesado en sus derechos e intereses legítimos, incluyendo la posibilidad de reembolso y compensación por los gastos y perjuicios que se hubiesen podido generar.<br />
Los sujetos del sector eléctrico estarán obligados a someterse al procedimiento, así como a cumplir la resolución que le ponga fin. En cualquier caso, el procedimiento que se adopte establecerá el plazo máximo en el que deberá notificarse la resolución expresa, transcurrido el cual se podrá entender desestimada la reclamación por silencio administrativo, sin perjuicio de que la Administración tenga la obligación de resolver la reclamación de forma expresa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La resolución que se dicte podrá impugnarse ante la jurisdicción contencioso-administrativa.<br />
Lo dispuesto en este apartado será aplicable a todas las modalidades de suministro previstas en esta ley para usuarios finales que sean personas físicas.<br />
6. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia supervisará la efectividad y la aplicación de las medidas de protección a los consumidores y podrá dictar resoluciones jurídicamente vinculantes tendentes al cumplimiento de las mismas.<br />
Artículo 44. Derechos y obligaciones de los consumidores en relación con el suministro.<br />
1. Los consumidores tendrán los siguientes derechos, y los que reglamentariamente se determinen, en relación al suministro:<br />
a) Al acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica en el territorio español, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan por el Gobierno.<br />
Los consumidores no podrán estar conectados directamente a un sujeto productor salvo a través de una línea directa y en los casos que reglamentariamente se establezcan para la aplicación de las modalidades de suministro con autoconsumo.<br />
b) Realizar las adquisiciones de energía eléctrica en los términos previstos en la normativa de aplicación.<br />
c) Elegir su suministrador, pudiendo contratar el suministro con uno o varios de los siguientes sujetos, en los términos y condiciones que reglamentariamente se establezca por el Gobierno:<br />
i) Las correspondientes empresas de comercialización.<br />
ii) Otros sujetos del mercado de producción. Estos consumidores directos en mercado contratarán la energía en el mercado de producción y el correspondiente contrato de acceso a las redes directamente con el distribuidor al que están conectadas sus instalaciones o con el distribuidor de la zona en caso de estar conectado a la red de transporte.<br />
Aquellos consumidores que por sus características técnicas no puedan constituirse en consumidores directos de mercado, podrán adquirir la energía mediante la contratación bilateral con un productor en los términos que reglamentariamente se determine.<br />
d) A formalizar un contrato de acceso con la empresa distribuidora o un contrato de suministro con la empresa suministradora de electricidad, según corresponda, en el que se especifique:<br />
1.º La identidad y la dirección de la empresa;<br />
2.º la duración del contrato, condiciones para su renovación y las causas de rescisión y resolución de los mismos, así como el procedimiento para realizar una u otras;<br />
3.º las cláusulas bajo las cuales se podrán revisar las condiciones establecidas en el contrato;<br />
4.º el procedimiento de resolución de conflictos de conformidad con lo establecido en los artículos 43.5 y 46.1.p);<br />
5.º la información actualizada sobre precios y tarifas aplicables y, en su caso, disposición oficial donde se fijen los mismos;<br />
6.º el nivel de calidad mínimo exigible en los términos que se establezcan y las repercusiones en la facturación que, en su caso, correspondan;<br />
7.º los plazos para la conexión inicial;<br />
8.º la información completa y transparente sobre las ofertas comerciales, incluyendo de manera expresa la duración de los descuentos promocionales y los términos o precios sobre los que éstos se aplican;<br />
9.º la información relativa a otros servicios prestados, incluidos, en su caso, los servicios de valor añadido y de mantenimiento que se propongan, mencionando de manera explícita el coste de dichos servicios adicionales y su obligatoriedad o no.<br />
Las condiciones generales serán equitativas y transparentes, y deberán adecuarse a lo establecido en la normativa vigente en materia de contratos con los consumidores. Se explicarán en un lenguaje claro y comprensible y no incluirán obstáculos no contractuales al ejercicio de los derechos de los clientes. Se protegerá a los clientes contra los métodos de venta abusivos o equívocos.<br />
Las condiciones se darán a conocer con antelación. En cualquier caso, deberán comunicarse antes de la celebración o confirmación del contrato. Cuando los contratos se celebren a través de intermediarios, la información antes mencionada se comunicará asimismo antes de la celebración del contrato.<br />
e) Ser debidamente avisados de forma transparente y comprensible de cualquier intención de modificar las condiciones del contrato e informados de su derecho a rescindir el contrato sin coste alguno cuando reciban el aviso. Asimismo, ser notificados de forma directa por su suministrador sobre cualquier revisión de los precios derivada de las condiciones previstas en el contrato en el momento en que ésta se produzca, y no más tarde de un período de facturación después de que haya entrado en vigor dicha revisión, de forma transparente y comprensible.<br />
f) Poder escoger libremente el modo de pago, de forma que no se produzca ninguna discriminación indebida entre consumidores. Los sistemas de pago anticipado reflejarán adecuadamente las condiciones de suministro y el consumo probable.<br />
g) Ser atendidos en condiciones no discriminatorias en las solicitudes de nuevos suministros eléctricos y en la ampliación de los existentes.<br />
h) Recibir el servicio con los niveles de seguridad, regularidad y calidad que se determinen reglamentariamente.<br />
i) Ser suministrados a unos precios fácil y claramente comparables, transparentes y no discriminatorios.<br />
j) Recibir información transparente sobre los precios y condiciones generales aplicables al acceso y al suministro de energía eléctrica.<br />
A estos efectos, recibirán las facturaciones con el desglose que se determine reglamentariamente.<br />
k) Realizar el cambio de suministrador sin coste alguno y en los plazos legal y reglamentariamente establecidos.<br />
l) Disponer de procedimientos para tramitar sus reclamaciones de acuerdo a lo establecido en esta ley y en la demás normativa sobre atención al consumidor aplicable.<br />
m) Tener a su disposición sus datos de consumo, y poder, mediante acuerdo explícito y gratuito, dar acceso a los datos de medidas a los sujetos que corresponda, y en concreto a las comercializadoras que se mantengan en el cumplimiento de los requisitos y obligaciones, de acuerdo a los términos y condiciones que reglamentariamente se determine, sin que puedan facturarse al consumidor costes por este servicio.<br />
n) Estar informados del consumo real de electricidad y de los costes correspondientes de acuerdo a lo que reglamentariamente se establezca, sin coste adicional. A estos efectos, se tendrán en cuenta las características de los equipos de medida para garantizar una adecuada facturación y los costes de implementar esta medida.<br />
ñ) Recibir la liquidación de la cuenta después de cualquier cambio de suministrador de electricidad, en el plazo de 42 días como máximo a partir de la fecha en que se produzca el cambio de suministrador.<br />
o) Disponer de un servicio de asistencia telefónica gratuito facilitado por el distribuidor al que estén conectados sus instalaciones, en funcionamiento las veinticuatro horas del día, al que puedan dirigirse ante posibles incidencias de seguridad en las instalaciones. Dicho número deberá figurar claramente identificado en las facturas y en todo caso será facilitado por el comercializador o, en su caso, por el distribuidor al consumidor.<br />
2. Reglamentariamente se establecerán los límites a la aplicación de los derechos establecidos en el apartado anterior, entre otros, en el caso de consumidores que estén en situación de impago.<br />
3. Los consumidores tendrán las siguientes obligaciones, además de las que reglamentariamente se determinen, en relación al suministro:<br />
a) Garantizar que las instalaciones y aparatos cumplen los requisitos técnicos y de seguridad establecidos en la normativa vigente, garantizando el acceso a los mismos en los términos que se determinen.<br />
b) Contratar y efectuar el pago de los suministros, de acuerdo a las condiciones establecidas en la normativa.<br />
c) Permitir al personal autorizado por la empresa distribuidora la entrada en el local o vivienda a que afecta el servicio contratado en horas hábiles o de normal relación con el exterior, para realizar las actuaciones propias de distribuidor.<br />
Artículo 45. Consumidores vulnerables.<br />
1. Serán considerados como consumidores vulnerables los consumidores de electricidad que cumplan con las características sociales, de consumo y poder adquisitivo que se determinen. En todo caso, se circunscribirá a personas físicas en su vivienda habitual.<br />
La definición de los consumidores vulnerables y los requisitos que deben cumplir, así como las medidas a adoptar para este colectivo, se determinarán reglamentariamente por el Gobierno.<br />
2. El bono social resultará de aplicación a los consumidores vulnerables que cumplan con las características sociales, de consumo y poder adquisitivo que por real decreto del Consejo de Ministros se determinen. A estos efectos, se establecerá un umbral referenciado a un indicador de renta per cápita familiar. En todo caso, se circunscribirá a personas físicas en su vivienda habitual.<br />
3. El bono social cubrirá la diferencia entre el valor del precio voluntario para el pequeño consumidor y un valor base, que se denominará tarifa de último recurso y será aplicado por el correspondiente comercializador de referencia en las facturas de los consumidores que puedan quedar acogidos al mismo.<br />
El Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, fijará la tarifa de último recurso.<br />
4. El bono social y la asunción tanto de los impagos del artículo 52.4.k) de la presente ley como del coste de la cofinanciación del suministro de energía eléctrica de aquellos consumidores a los que resulte de aplicación lo previsto en el artículo 52.4.j) de la presente ley, serán considerados obligación de servicio público según lo dispuesto en la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE.<br />
El porcentaje de reparto de las cantidades a financiar se calculará, para cada grupo empresarial como la relación entre un término que será la suma de las medias anuales del número de suministros conectados a las redes de distribución de las empresas distribuidoras y del número de clientes de las empresas comercializadoras en que participe el grupo, y otro término que corresponderá a la suma de todos los valores medios anuales de suministros y clientes de todos los grupos empresariales que deben ser considerados a los efectos de este reparto.<br />
Asimismo, y con el límite máximo que se establezca por orden de la Ministra para la Transición Ecológica, previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, las citadas sociedades o grupos de sociedades asumirán la cuantía que deban aportar para cofinanciar con las Administraciones Públicas competentes el coste del suministro de los consumidores a que hacen referencia los párrafos j) y k) del artículo 52.4.<br />
La citada Comisión remitirá antes del 1 de diciembre de cada año una propuesta de fijación de los porcentajes de financiación que corresponderán a cada una de las sociedades matrices, correspondiendo al Ministro de Industria, Energía y Turismo su aprobación por orden que será publicada en el «Boletín Oficial del Estado».<br />
En todo caso, las aportaciones que debe realizar cada una de dichas sociedades se depositarán en una cuenta específica en régimen de depósito creada al efecto por el organismo liquidador, que será responsable de su gestión.<br />
Artículo 46. Obligaciones y derechos de las empresas comercializadoras en relación al suministro.<br />
1. Serán obligaciones de las empresas comercializadoras, además de las que se determinen reglamentariamente, en relación al suministro:<br />
a) Comunicar el inicio y el cese de su actividad como comercializadoras de energía eléctrica y el cese de la misma, acompañada de la declaración responsable sobre el cumplimiento de los requisitos que se establezcan reglamentariamente para el ejercicio de la misma, ante el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.<br />
Cuando la actividad se vaya a desarrollar exclusivamente en el ámbito territorial de una sola comunidad autónoma, deberá comunicarse al órgano competente en materia de energía de la comunidad autónoma correspondiente quien, en el plazo máximo de un mes, dará traslado al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, acompañada de la declaración responsable y la documentación presentada por el interesado.<br />
b) Mantenerse en el cumplimiento de los requisitos de capacidad legal, técnica y económica que se determinen en relación al suministro de energía eléctrica.<br />
c) Adquirir la energía necesaria para el desarrollo de sus actividades, realizando el pago de sus adquisiciones.<br />
d) Contratar y abonar el peaje de acceso a las redes de transporte y distribución correspondiente a la empresa distribuidora a partir de los datos de facturación, con independencia de su cobro del consumidor final, así como abonar los precios y cargos conforme a lo que reglamentariamente se determine, con independencia de su cobro del consumidor final.<br />
e) Prestar las garantías que reglamentariamente se establezcan.<br />
f) Atender sus obligaciones de pago frente al sistema eléctrico en los plazos que se establezcan, así como aplicar y recaudar de los consumidores los precios y cargos conforme a lo que reglamentariamente se determine.<br />
g) Formalizar los contratos de suministro con los consumidores de acuerdo a la normativa en vigor que resulte de aplicación. Asimismo, realizar las facturaciones a sus consumidores de acuerdo a las condiciones de los contratos que hubiera formalizado en los términos que se establezcan en las disposiciones reglamentarias de desarrollo de esta ley, y con el desglose que se determine.<br />
h) Poner en práctica los programas de gestión de la demanda aprobados por la Administración.<br />
i) Procurar un uso racional de la energía.<br />
j) Tomar las medidas adecuadas de protección del consumidor de acuerdo con lo establecido reglamentariamente.<br />
k) Preservar el carácter confidencial de la información de la que tenga conocimiento en el desempeño de su actividad, cuando de su divulgación puedan derivarse problemas de índole comercial, sin perjuicio de la obligación de información a las Administraciones Públicas.<br />
l) Tener a disposición del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, de las Comunidades Autónomas o las Ciudades de Ceuta y Melilla en el ámbito de su competencia, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y de la Comisión Europea, a efectos del cumplimiento de sus cometidos respectivos, durante al menos cinco años, los datos sobre todas las transacciones de los contratos de suministro de electricidad y los derivados relacionados con la electricidad suscritos con los clientes mayoristas y los gestores de redes de transporte, de acuerdo a lo que reglamentariamente se determine.<br />
Lo dispuesto en el presente párrafo no creará obligaciones adicionales con respecto al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y la Comisión Europea, para las entidades que entren en el ámbito de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.<br />
En caso de que los organismos mencionados en el primer párrafo de este subapartado necesiten acceder a datos conservados por entidades que entren en el ámbito de aplicación de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, la Comisión Nacional del Mercado de Valores les facilitará los datos necesarios.<br />
m) Informar a sus clientes acerca del origen de la energía suministrada, así como de los impactos ambientales de las distintas fuentes de energía y de la proporción utilizada entre ellas.<br />
n) Informar a sus clientes sobre sus derechos respecto de las vías de solución de conflictos de que disponen en caso de litigio. A estos efectos las empresas comercializadoras deberán ofrecer a sus consumidores, la posibilidad de solucionar sus conflictos a través de una entidad de resolución alternativa de litigios en materia de consumo, que cumpla los requisitos establecidos por la Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013 y en las disposiciones nacionales de transposición. Dichas entidades habrán de ser acreditadas como tales por la autoridad competente.<br />
o) Para el suministro a consumidores finales deberán disponer de un servicio de atención a sus quejas, reclamaciones e incidencias en relación al servicio contratado u ofertado, así como solicitudes de información sobre los aspectos relativos a la contratación y suministro o comunicaciones, poniendo a su disposición una dirección postal, un servicio de atención telefónica y un número de teléfono, ambos gratuitos, y un número de fax o una dirección de correo electrónico al que los mismos puedan dirigirse directamente. Dicho sistema de comunicación electrónica, deberá emitir de forma automatizada un acuse de recibo con indicación de la fecha, hora y número de solicitud, de manera que quede constancia de la hora y fecha en que la solicitud ha tenido entrada. Los prestadores comunicarán su dirección legal si ésta no coincide con su dirección habitual para la correspondencia.<br />
El servicio de atención a los consumidores que establezcan las empresas comercializadoras deberá adecuarse, en todo caso, a los parámetros mínimos de calidad establecidos en la legislación de defensa de los consumidores y usuarios.<br />
La empresa comercializadora no podrá desviar llamadas realizadas al número de teléfono gratuito mencionado a números que impliquen un coste para los consumidores, ya sea vía telefónica, mediante mensajes de texto u otros análogos para la atención de quejas, reclamaciones e incidencias en relación al servicio contratado u ofertado, así como solicitudes de información sobre los aspectos relativos a la contratación y suministro o comunicaciones. El servicio de atención al consumidor en ningún caso proporcionará ingresos adicionales a la empresa a costa del consumidor.<br />
Las empresas comercializadoras, junto a los números de tarificación compartida que publiciten las empresas para que los consumidores y usuarios soliciten información con carácter general sobre los servicios ofertados o publicitados, deberán publicitar números geográficos de telefonía para proporcionar la misma información, en todos los soportes de información comercial que manejen, debiendo figurar estos números en el mismo emplazamiento que los números de tarificación compartida y en el mismo tamaño y tipo de letra.<br />
p) Cumplir los plazos que se establezcan reglamentariamente para las actuaciones que les corresponden en relación con los cambios de suministrador.<br />
r) La empresa comercializadora, en el supuesto de impago de la factura eléctrica, remitirá al órgano que designe cada Comunidad Autónoma, único para todo el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, el listado de los puntos de suministro de electricidad, en baja tensión, de hasta 10 kW de potencia contratada, a los que se haya requerido el pago para que puedan ser adoptadas las medidas necesarias que en su caso se consideren oportunas, conforme el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica<br />
Las comercializadoras eléctricas no podrán realizar publicidad no solicitada en visitas domiciliarias sobre sus productos, excepto en el caso de que el destinatario haya solicitado por iniciativa propia recibir información sobre el servicio por dicho medio. La entidad anunciante será considerada la responsable del cumplimiento del presente apartado.<br />
s) Las comercializadoras eléctricas no podrán realizar prácticas de contratación en los domicilios de los clientes de forma directa, salvo que exista una petición expresa por parte del cliente y a propia iniciativa para establecer la cita<br />
2. Las empresas comercializadoras, además de lo que se determine reglamentariamente, tendrán derecho a:<br />
a) Acceder a las redes de transporte y distribución en la forma que reglamentariamente se determine por el Gobierno.<br />
b) Actuar como sujetos de mercado en el mercado de producción de electricidad.<br />
c) Contratar la adquisición y venta de energía eléctrica en los términos previstos en la ley y en sus disposiciones de desarrollo.<br />
d) Facturar y cobrar el suministro realizado.<br />
e) Exigir que los equipos de medida de los usuarios reúnan las condiciones técnicas y de seguridad que reglamentariamente se determinen, así como el buen uso de los mismos.<br />
f) Solicitar, en nombre de sus consumidores, la verificación de los equipos de medida de suministros y en su caso, reclamar las cuantías que procedan.<br />
3. Los consumidores directos en mercado tendrán las obligaciones y los derechos regulados en los apartados 1 y 2 anteriores para los comercializadores, que les sean de aplicación.<br />
4. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia publicará en su página web un listado que contendrá los comercializadores que, de acuerdo al presente artículo, hayan comunicado al Ministerio de Industria, Energía y Turismo y, en su caso, a la Administración competente, el inicio de su actividad y que no hayan comunicado el cese de la misma.<br />
Artículo 47. Incumplimientos de las empresas comercializadoras.<br />
1. La Administración Pública competente, así como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, podrán requerir a las empresas comercializadoras la acreditación del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 46.<br />
2. En caso de que un comercializador incumpla alguno de los requisitos exigidos para el ejercicio de su actividad, el órgano competente del Ministerio para la Transición Ecológica podrá, previa la tramitación de un procedimiento en el que se garantice la audiencia del interesado, declarar la extinción de la habilitación para actuar como comercializador durante el plazo máximo de un año, en los términos que se desarrollen reglamentariamente.<br />
En estos casos, la Ministra para la Transición Ecológica podrá determinar, previo trámite de audiencia y de forma motivada, objetiva y transparente, el traspaso de los clientes de dicho comercializador a un comercializador de referencia, y las condiciones de suministro de dichos clientes.<br />
3. En el marco del citado procedimiento y en atención a las circunstancias que en cada caso concurran, se podrán adoptar las medidas provisionales que sean necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, particularmente cuando la persistencia durante la tramitación del procedimiento en el ejercicio de la actividad de comercialización, o en ciertos aspectos de la misma, pueda poner en riesgo el cumplimiento de las obligaciones económicas en que se sustenta el sistema eléctrico o causar perjuicios a los consumidores. Entre estas medidas se podrán incluir las necesarias para evitar el traspaso de los clientes suministrados a un comercializador del grupo empresarial al que pertenece la empresa que es objeto de inhabilitación o a empresas vinculadas a la misma.<br />
4. El incumplimiento por un comercializador de cualquiera de las obligaciones que le son exigibles en el ejercicio de su actividad será sancionado de acuerdo con lo establecido en el título X de esta ley. La comisión de una infracción muy grave podrá llevar aparejada la extinción de la habilitación para actuar como comercializador.<br />
Artículo 48. Servicios de recarga energética.<br />
1. El servicio de recarga energética tendrá como función principal la entrega de energía a título gratuito u oneroso a través de servicios de carga de vehículos y de baterías de almacenamiento en unas condiciones que permitan la carga de forma eficiente y a mínimo coste para el propio usuario y para el sistema eléctrico.<br />
2. Los servicios de recarga energética podrán ser prestados por cualquier consumidor debiendo cumplir para ello los requisitos que se establezcan reglamentariamente por el Gobierno.<br />
La prestación de servicios de recarga en una o varias ubicaciones podrá realizarse directamente o a través de un tercero, de manera agregada por un titular o por varios titulares a través de acuerdos de interoperabilidad.<br />
3. Las instalaciones de recarga de vehículos deberán estar inscritas en un listado de puntos de recarga gestionado por las Comunidades Autónomas y por las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla correspondientes al emplazamiento de los puntos, que estará accesible para los ciudadanos por medios electrónicos.<br />
La información que conste en dichos listados deberá ser comunicada por las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla al Ministerio para la Transición Ecológica, para su adecuado seguimiento.<br />
4. Por orden de la Ministra para la Transición Ecológica se determinarán la información que deban remitir los titulares de los puntos de recarga y en qué condiciones.<br />
Los términos y condiciones para la remisión de información, así como las instalaciones obligadas al envío de la misma, serán fijados en atención a la potencia de carga de las instalaciones, o ubicación en puntos de especial relevancia por el tránsito de vehículos o en vías rápidas de la red de carreteras.<br />
Artículo 49. Gestión de la demanda.<br />
1. Las empresas eléctricas, los consumidores y el operador del sistema, en coordinación con otros agentes, podrán realizar y aplicar medidas que fomenten una mejora de la gestión de la demanda eléctrica y que contribuyan a la optimización de la curva de carga y/o a la eficiencia y ahorro energéticos.<br />
Los consumidores, bien directamente o a través de comercializadores, podrán participar, en su caso, en los servicios incluidos en el mercado de producción de acuerdo a lo que reglamentariamente se determine.<br />
2. Sin perjuicio de lo anterior, la Administración podrá adoptar medidas que incentiven la mejora del servicio a los usuarios y la eficiencia y el ahorro energéticos, directamente o a través de agentes económicos cuyo objeto sea el ahorro y la introducción de la mayor eficiencia en el uso final de la electricidad.<br />
Entre estas medidas se incluirá el servicio de interrumpibilidad gestionado por el operador del sistema.<br />
El cumplimiento de los objetivos previstos en dichas medidas podrá dar lugar al reconocimiento de los costes en que se incurra para su puesta en práctica, que podrán tener la consideración de costes del sistema. A los efectos de dicho reconocimiento las medidas deberán ser aprobadas por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y de las Comunidades Autónomas en su ámbito territorial.<br />
Entre estas medidas se incluirá el servicio de interrumpibilidad gestionado por el operador del sistema.<br />
Artículo 50. Planes de ahorro y eficiencia energética.<br />
1. La Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, en el ámbito de sus respectivas competencias territoriales, podrán, mediante planes de ahorro y eficiencia energética, establecer las normas y principios básicos para potenciar las acciones encaminadas a la consecución de los siguientes fines:<br />
a) Optimizar los rendimientos de los procesos de transformación de la energía, inherentes a sistemas productivos o de consumo.<br />
b) Analizar y controlar el desarrollo de proyectos de creación de plantas industriales de gran consumo de energía, según criterios de rentabilidad energética a nivel nacional.<br />
c) Mejorar el rendimiento o sustituir el tipo de combustible en empresas o sectores de alto consumo energético, a tenor de los intereses a nivel nacional.<br />
d) Mejorar la eficiencia energética de las medianas y grandes empresas de todos los sectores.<br />
e) Renovar los sistemas energéticos del parque de edificios residenciales y comerciales, para incrementar el ahorro de energía eléctrica y mejorar la eficiencia energética en las instalaciones térmicas, de climatización, ventilación, iluminación, ascensores y otras que utilicen energía eléctrica.<br />
2. Cuando dichos planes de ahorro y eficiencia energética establezcan acciones incentivadas con fondos públicos, las citadas Administraciones Públicas podrán exigir a las personas físicas o jurídicas participantes la presentación de una auditoría energética de los resultados obtenidos.<br />
3. Por real decreto del Consejo de Ministros se regularán los términos y condiciones en los que los comercializadores de energía eléctrica podrán acceder a determinada información relativa al consumo y la potencia demandada de los consumidores con la finalidad de que puedan ofrecerles actuaciones tendentes a favorecer la gestión de demanda, optimizar la contratación, u otro tipo de medidas de eficiencia energética, bien directamente, o bien a través de empresas de servicios energéticos, respetando en todo caso la protección de datos de carácter personal<br />
CAPÍTULO II<br />
Calidad del suministro eléctrico<br />
Artículo 51. Calidad del suministro eléctrico.<br />
1. La calidad del suministro eléctrico es el conjunto de características, técnicas y de atención y relación con los consumidores y, en su caso, productores, exigibles al suministro de electricidad de las empresas que realicen actividades destinadas al suministro eléctrico.<br />
En lo relativo a las características técnicas, la calidad del suministro eléctrico se refiere a la continuidad, al número y duración de las interrupciones, así como a la calidad del producto.<br />
En lo relativo a las características de la atención y relación con los consumidores y, en su caso, productores, se refiere a la relativa al conjunto de actuaciones de información, asesoramiento, estudios de acceso, conexión, medida, contratación, facturación, comunicación y reclamación.<br />
Mediante real decreto del Consejo de Ministros se establecerán indicadores individuales y colectivos, y valores objetivo para estos indicadores.<br />
2. El suministro de energía eléctrica deberá ser realizado por las empresas con las características y continuidad que reglamentariamente por el Gobierno se determinen para el territorio español, teniendo en cuenta la diferenciación por zonas a la que se refiere el apartado siguiente.<br />
Las empresas de energía eléctrica contarán con la capacidad técnica necesaria para garantizar la calidad del servicio exigida reglamentariamente por la Administración General del Estado.<br />
Las empresas eléctricas y, en particular, las distribuidoras promoverán la incorporación de tecnologías avanzadas en la medición y para el control de la calidad del suministro eléctrico.<br />
3. La Administración General del Estado establecerá las líneas de actuación en materia de calidad del servicio, tendentes a la consecución de los objetivos de calidad, tanto en consumo final como en las zonas que, por sus características demográficas y tipología del consumo, puedan considerarse idóneas para la determinación de objetivos diferenciados.<br />
La Administración General del Estado determinará los índices objetivos de calidad del servicio, así como unos valores entre los que estos índices puedan oscilar, a cumplir tanto a nivel de usuario individual, como para cada zona geográfica atendida por un único distribuidor. Estos índices deberán tomar en consideración la continuidad del suministro, relativo al número y duración de las interrupciones y la calidad del producto relativa a las características de la tensión. Las empresas eléctricas estarán obligadas a facilitar a la Administración la información, convenientemente auditada, necesaria para la determinación objetiva de la calidad del servicio. Los datos de los índices antes citados serán hechos públicos con una periodicidad anual. La metodología retributiva de la actividad de distribución elaborada por la Administración General del Estado incorporará incentivos y penalizaciones en función de la calidad de servicio obtenida.<br />
4. Si la baja calidad de la distribución de una zona es continua, o pudiera producir consecuencias graves para los usuarios, o concurrieran circunstancias especiales que puedan poner en peligro la seguridad en el servicio eléctrico, la Administración General del Estado requerirá que los planes de inversiones presentados por dichas empresas presenten actuaciones que impulsen la mejora de la calidad de servicio en dicha zonas.<br />
5. Reglamentariamente el Gobierno establecerá el procedimiento para determinar las reducciones que hayan de aplicarse en la facturación a abonar por los usuarios si se constatara que la calidad del servicio individual prestado por la empresa es inferior a la reglamentariamente exigible.<br />
Artículo 52. Suspensión del suministro.<br />
1. El suministro de energía eléctrica a los consumidores podrá suspenderse cuando conste dicha posibilidad en el contrato de suministro o de acceso que nunca podrá invocar problemas de orden técnico o económico que lo dificulten, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan.<br />
2. También podrá suspenderse temporalmente cuando ello sea imprescindible para el mantenimiento, reparación de instalaciones o mejora del servicio o por razones de seguridad del suministro. En todos estos supuestos, la suspensión requerirá autorización administrativa previa y comunicación a los usuarios en la forma que reglamentariamente se determine.<br />
Quedarán exceptuadas de esta autorización aquellas actuaciones del operador del sistema tendentes a garantizar la seguridad del suministro. En todo caso, estas actuaciones deberán ser justificadas con posterioridad en la forma que reglamentariamente se determine.<br />
3. En las condiciones que reglamentariamente se determinen podrá ser suspendido el suministro de energía eléctrica a los consumidores acogidos a precios voluntarios para el pequeño consumidor o tarifas de último recurso cuando hayan transcurrido al menos dos meses desde que les hubiera sido requerido fehacientemente el pago, sin que el mismo se hubiera hecho efectivo. A estos efectos, el requerimiento se practicará por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del mismo.<br />
En el caso de las Administraciones públicas acogidas a precios voluntarios para el pequeño consumidor o tarifas de último recurso, si transcurridos cuatro meses desde el primer requerimiento, el pago no se hubiera hecho efectivo, podrá interrumpirse el suministro.<br />
4. Se podrán considerar suministros esenciales aquellos suministros que cumplan alguno de los siguientes criterios:<br />
a) Alumbrado público a cargo de las administraciones públicas. No se incluyen los alumbrados ornamentales de plazas, monumentos, fuentes o de cualquier otro edificio o sitio de interés.<br />
b) Suministro de aguas para el consumo humano a través de red.<br />
c) Acuartelamientos e instituciones directamente vinculadas a la defensa nacional, a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a los bomberos, a protección civil y a la policía municipal, salvo las construcciones dedicadas a viviendas, economato y zonas de recreo de su personal.<br />
d) Centros penitenciarios, pero no así sus anejos dedicados a la población no reclusa, así como sedes de Juzgados y Tribunales.<br />
e) Transportes de servicio público y sus equipamientos y las instalaciones dedicadas directamente a la seguridad del tráfico terrestre, marítimo o aéreo.<br />
f) Centros sanitarios en que existan quirófanos, salas de curas y aparatos de alimentación eléctrica acoplables a los pacientes.<br />
g) Hospitales.<br />
h) Servicios funerarios.<br />
i) Aquellos suministros de ámbito doméstico en los que exista constancia documental formalizada por personal médico de que el suministro de energía eléctrica es imprescindible para la alimentación de un equipo médico que resulte indispensable para mantener con vida a una persona. En todo caso estos suministros se circunscribirán a personas físicas en su vivienda habitual.<br />
En ningún caso podrá suspenderse el suministro de energía eléctrica a aquellas instalaciones cuyos servicios hayan sido declarados como esenciales de conformidad con esta ley.<br />
Las empresas distribuidoras o comercializadoras podrán aplicar recargos o afectar los pagos que perciban de aquellos de sus clientes que tengan suministros vinculados a servicios declarados como esenciales en situación de morosidad, al abono de las facturas correspondientes a dichos servicios, con independencia de la asignación que el cliente, público o privado, hubiera atribuido a estos pagos.<br />
j) En los términos y condiciones que se establezcan reglamentariamente, aquellos suministros a consumidores que tengan la condición de vulnerables severos acogidos a tarifas de último recurso y que estén siendo atendidos, respecto a estos suministros, por los servicios sociales de las Administraciones Públicas competentes por hallarse, en atención a su renta, en riesgo de exclusión social. Estos suministros se circunscribirán a personas físicas en su vivienda habitual. Todo lo anterior deberá ser acreditado mediante documento expedido por los servicios sociales de las referidas Administraciones Públicas.<br />
k) Aquellos suministros que incurran en impago de la factura eléctrica cuyo titular sea beneficiario del bono social y para su aplicación haya acreditado formar parte de una unidad familiar en la que haya al menos un menor de dieciséis (16) años, o bien el titular, o alguno de los miembros de la unidad familiar se encuentre en situación de dependencia reconocida de grado II o III, o bien tenga una discapacidad reconocida igual o superior al 33 %, todo ello en los términos establecidos en la normativa. La situación de vulnerabilidad social de estos colectivos deberá ser acreditada mediante documento expedido por los servicios sociales de las Administraciones Públicas competentes. Estos suministros se circunscribirán a personas físicas en su vivienda habitual.<br />
En ningún caso podrá suspenderse el suministro de energía eléctrica a aquellas instalaciones cuyos servicios hayan sido declarados como esenciales de conformidad con esta ley.<br />
Salvo en los supuestos previstos en los párrafos j) y k), en el caso de morosidad de los clientes que tengan suministros vinculados a servicios declarados como esenciales, las empresas distribuidoras o comercializadoras podrán aplicar recargos o afectar los pagos que perciban de dichos clientes al abono de las facturas correspondientes a estos servicios, con independencia del destino que el cliente, público o privado, hubiera atribuido a estos pagos<br />
5. Una vez realizado el pago de lo adeudado por el consumidor al que se le ha suspendido el suministro, le será repuesto éste en el plazo de 24 horas.<br />
6. Las empresas distribuidoras podrán proceder a la desconexión de determinadas instalaciones de forma inmediata en el caso de enganches directos, en situaciones que conlleven riesgo para las personas o cosas y en los casos que se determinen reglamentariamente.<br />
TÍTULO IX<br />
Autorizaciones, expropiación y servidumbres<br />
Artículo 53. Autorización de instalaciones de transporte, distribución, producción y líneas directas.<br />
1. Para la puesta en funcionamiento de nuevas instalaciones de transporte, distribución, producción y líneas directas contempladas en la presente ley o modificación de las existentes se requerirá de las siguientes autorizaciones administrativas:<br />
a) Autorización administrativa previa, que se tramitará con el anteproyecto de la instalación como documento técnico y, en su caso, conjuntamente con la evaluación de impacto ambiental, según lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2008, y otorgará a la empresa autorizada el derecho a realizar una instalación concreta en determinadas condiciones.<br />
La autorización administrativa de instalaciones de generación no podrá ser otorgada si su titular no ha obtenido previamente los permisos de acceso y conexión a las redes de transporte o distribución correspondientes.<br />
b) Autorización administrativa de construcción, que permite al titular realizar la construcción de la instalación cumpliendo los requisitos técnicos exigibles.<br />
Para solicitarla, el titular presentará un proyecto de ejecución junto con una declaración responsable que acredite el cumplimiento de la normativa que le sea de aplicación.<br />
Para su resolución se deberán analizar los condicionados exclusivamente técnicos de aquellas Administraciones Públicas, organismos o empresas que presten servicios públicos o de interés económico general, únicamente en lo relativo a bienes y derechos de su propiedad que se encuentren afectados por la instalación.<br />
La tramitación y resolución de autorizaciones definidas en los párrafos a) y b) del apartado 1 del presente artículo podrán efectuarse de manera consecutiva, coetánea o conjunta.<br />
c) Autorización de explotación, que permite, una vez ejecutado el proyecto, poner en tensión las instalaciones y proceder a su explotación.<br />
Las acometidas podrán requerir las autorizaciones administrativas previstas en este apartado en los términos que reglamentariamente se establezcan por las Administraciones Públicas en el ámbito de sus respectivas competencias.<br />
2. La Administración Pública competente podrá establecer que determinados tipos de modificaciones no sustanciales de las instalaciones de transporte, distribución y producción y líneas directas no queden sometidas a las autorizaciones administrativas previas previstas en los apartados 1.a) y b).<br />
Reglamentariamente se establecerán, a estos efectos, qué criterios se utilizarán para considerar una determinada modificación como no sustancial, los cuales deberán fundamentarse en las características técnicas de la modificación proyectada.<br />
En todo caso, las modificaciones consideradas como no sustanciales deberán obtener la autorización de explotación a la que se refiere el apartado 1. c), previa acreditación del cumplimiento de las condiciones de seguridad de las instalaciones y del equipo asociado.<br />
3. Reglamentariamente se podrá eximir a determinadas instalaciones de producción de pequeña potencia del régimen de autorizaciones previsto en los apartados 1.a) y 1.b) del presente artículo.<br />
4. Para la autorización de instalaciones de transporte, distribución, producción y líneas directas de energía eléctrica el promotor de la misma deberá acreditar suficientemente los siguientes extremos:<br />
a) Las condiciones técnicas y de seguridad de las instalaciones y del equipo asociado.<br />
b) El adecuado cumplimiento de las condiciones de protección del medio ambiente.<br />
c) Las características del emplazamiento de la instalación.<br />
d) Su capacidad legal, técnica y económico-financiera para la realización del proyecto.<br />
5. La transmisión y cierre definitivo de las instalaciones de transporte, distribución, producción y líneas directas, así como el cierre temporal de las instalaciones de producción requerirán autorización administrativa previa en los términos establecidos en esta ley y en sus disposiciones de desarrollo. El titular de la instalación tendrá la obligación de proceder al desmantelamiento de la misma tras el cierre definitivo, salvo que la autorización administrativa de cierre definitivo permita lo contrario.<br />
En todo caso, el cierre definitivo de instalaciones de generación requerirá el informe del operador del sistema en el que se consignarán las posibles afecciones del cierre a la seguridad de suministro y en el que se deberá pronunciar motivadamente si éste resulta posible sin poner en riesgo la seguridad de suministro.<br />
La administración autorizante deberá dictar y notificar la resolución sobre las solicitudes de autorización en el plazo de seis meses. Si transcurrido este plazo la administración no se hubiese pronunciado y simultáneamente se hubieran cumplido al menos tres meses desde la emisión por parte del operador del sistema de informe favorable al cierre de la instalación, el solicitante podrá proceder al cierre de la misma. Lo anterior se realizará sin perjuicio de las obligaciones de desmantelamiento que posteriormente pudieran imponerse por parte de la administración competente para la autorización.<br />
6. Los procedimientos administrativos de autorización tendrán carácter reglado y respetarán los principios de objetividad, proporcionalidad, transparencia, igualdad y no discriminación, sin que, en ningún caso, pueda supeditarse el otorgamiento de la autorización al pago de costes o al cumplimiento de requisitos no vinculados al desarrollo de cada actividad.<br />
Las autorizaciones administrativas a que se refiere este artículo serán otorgadas por la Administración competente, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.<br />
7. La Administración Pública competente únicamente podrá denegar la autorización cuando no se cumplan los requisitos previstos en la normativa aplicable o cuando tenga una incidencia negativa en el funcionamiento del sistema.<br />
8. No obstante lo previsto en el párrafo tercero del apartado 5 del presente artículo, en las instalaciones cuya autorización sea competencia de la Administración General del Estado, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución sobre las solicitudes de autorización será de un año.<br />
El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitimará al interesado para entenderla desestimada por silencio administrativo de acuerdo con el artículo 43.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.<br />
9. Las instalaciones de producción, transporte, distribución de energía eléctrica y líneas directas, las destinadas a su recepción por los usuarios, los equipos de consumo, así como los elementos técnicos y materiales para las instalaciones eléctricas deberán ajustarse a las correspondientes normas técnicas de seguridad y calidad industriales, de conformidad a lo previsto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y demás normativa que resulte de aplicación.<br />
10. El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del interesado.<br />
Artículo 54. Utilidad pública.<br />
1. Se declaran de utilidad pública las instalaciones eléctricas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica, a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso.<br />
2. Dicha declaración de utilidad pública se extiende a los efectos de la expropiación forzosa de instalaciones eléctricas y de sus emplazamientos cuando por razones de eficiencia energética, tecnológicas, o medioambientales sea oportuna su sustitución por nuevas instalaciones o la realización de modificaciones sustanciales en las mismas.<br />
Artículo 55. Solicitud de la declaración de utilidad pública.<br />
1. Para el reconocimiento en concreto de la utilidad pública de las instalaciones aludidas en el artículo anterior, será necesario que la empresa interesada lo solicite, incluyendo el proyecto de ejecución de la instalación y una relación concreta e individualizada de los bienes o derechos que el solicitante considere de necesaria expropiación.<br />
2. La petición se someterá a información pública y se recabará informe de los organismos afectados.<br />
3. Concluida la tramitación, el reconocimiento de la utilidad pública será acordado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, si la autorización de la instalación corresponde al Estado, sin perjuicio de la competencia del Consejo de Ministros en caso de oposición de organismos u otras entidades de derecho público, o por el organismo competente de las Comunidades Autónomas o Ciudades de Ceuta y Melilla en los demás casos.<br />
Artículo 56. Efectos de la declaración de utilidad pública.<br />
1. La declaración de utilidad pública llevará implícita en todo caso la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.<br />
2. Igualmente, supondrá el derecho a que le sea otorgada la oportuna autorización, en los términos que en la declaración de utilidad pública se determinen, para el establecimiento, paso u ocupación de la instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o servicio público o patrimoniales del Estado, o de las Comunidades Autónomas, o de uso público, propios o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública.<br />
Artículo 57. Servidumbre de paso.<br />
1. La servidumbre de paso de energía eléctrica tendrá la consideración de servidumbre legal, gravará los bienes ajenos en la forma y con el alcance que se determinan en la presente ley y se regirá por lo dispuesto en la misma, en sus disposiciones de desarrollo y en la legislación mencionada en el artículo anterior, así como en la legislación especial aplicable.<br />
2. La servidumbre de paso aéreo comprende, además del vuelo sobre el predio sirviente, el establecimiento de postes, torres o apoyos fijos para la sustentación de cables conductores de energía, todo ello incrementado en las distancias de seguridad que reglamentariamente se establezcan.<br />
3. La servidumbre de paso subterráneo comprende la ocupación del subsuelo por los cables conductores, a la profundidad y con las demás características que señale la legislación urbanística aplicable, todo ello incrementado en las distancias de seguridad que reglamentariamente se establezcan.<br />
4. Una y otra forma de servidumbre comprenderán igualmente el derecho de paso o acceso y la ocupación temporal de terrenos u otros bienes necesarios para construcción, vigilancia, conservación, reparación de las correspondientes instalaciones, así como la tala de arbolado, si fuera necesario.<br />
Artículo 58. Limitaciones a la constitución de servidumbre de paso.<br />
No podrá imponerse servidumbre de paso para las líneas de alta tensión:<br />
a) Sobre edificios, sus patios, corrales, centros escolares, campos deportivos y jardines y huertos, también cerrados, anejos a viviendas que ya existan al tiempo de decretarse la servidumbre, siempre que la extensión de los huertos y jardines sea inferior a media hectárea.<br />
b) Sobre cualquier género de propiedades particulares, si la línea puede técnicamente instalarse, sin variación de trazado superior a la que reglamentariamente se determine, sobre terrenos de dominio, uso o servicio público o patrimoniales del Estado, Comunidades Autónomas, de las provincias o los municipios, o siguiendo linderos de fincas de propiedad privada.<br />
Artículo 59. Relaciones civiles.<br />
1. La servidumbre de paso de energía eléctrica no impide al dueño del predio sirviente cercarlo o edificar sobre él dejando a salvo dicha servidumbre, siempre que sea autorizado por la Administración Pública competente, que tomará en especial consideración la normativa vigente en materia de seguridad.<br />
Podrá asimismo el dueño solicitar el cambio de trazado de la línea, si no existen dificultades técnicas, corriendo a su costa los gastos de la variación.<br />
2. La variación de la ubicación o trazado de una instalación de transporte o distribución de energía eléctrica como consecuencia de proyectos o planes aprobados por la Administración comportará el pago del coste de dicha variación por parte de la Administración competente sobre dicho proyecto o plan.<br />
Artículo 60. Derecho supletorio.<br />
En lo relativo a la regulación contenida en los artículos 54 a 56 de este título será de aplicación supletoria lo dispuesto en la legislación sobre expropiación forzosa y en las materias previstas en los artículos 57 y siguientes será de aplicación supletoria lo dispuesto lo dispuesto en el Código Civil.<br />
TÍTULO X<br />
Régimen de inspecciones, infracciones y sanciones<br />
CAPÍTULO I<br />
Inspecciones<br />
Artículo 61. Facultades de inspección.<br />
1. Los funcionarios públicos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, debidamente autorizados por el Director General correspondiente, tendrán la condición de agentes de la autoridad y podrán realizar cuantas inspecciones sean necesarias para la debida aplicación de esta ley. No obstante, podrá encomendarse a empleados públicos destinados en dicho órgano la realización de tareas o actividades auxiliares o de apoyo administrativo a las anteriores.<br />
Asimismo, podrán solicitar, a través de la autoridad gubernativa correspondiente, el apoyo necesario de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.<br />
2. El personal habilitado a tal fin tendrá las siguientes facultades de inspección:<br />
a) Acceder a cualquier local, instalación, terreno y medio de transporte de las empresas, asociaciones de empresas y personas físicas que desempeñen alguna actividad de las previstas en esta ley, así como al domicilio particular de los empresarios, administradores y otros miembros del personal de las empresas. Asimismo podrán controlar los elementos afectos a los servicios o actividades que los sujetos o quienes realicen las actividades a las que se refiere esta ley, de las redes que instalen o exploten y de cuantos documentos están obligados a poseer o conservar.<br />
b) Verificar los libros, registros y otros documentos relativos a la actividad de que se trate, cualquiera que sea su soporte material, incluidos los programas informáticos y los archivos magnéticos, ópticos o de cualquier otra clase.<br />
c) Hacer u obtener copias o extractos, en cualquier formato, de dichos libros o documentos.<br />
d) Retener por un plazo máximo de 10 días los libros o documentos mencionados en el párrafo b).<br />
e) Precintar todos los locales, libros o documentos y demás bienes de la empresa, asociación de empresas o personas físicas que desempeñen alguna actividad de las previstas en esta ley, durante el tiempo y en la medida en que sea necesario para la inspección.<br />
f) Solicitar a cualquier persona física que desempeñe alguna actividad de las previstas en esta ley, representante o miembro del personal de la empresa o de la asociación de empresas, explicaciones sobre hechos o documentos relacionados con el objeto y la finalidad de la inspección y guardar constancia de sus respuestas.<br />
El ejercicio de las facultades descritas en los párrafos a) y e) requerirá el previo consentimiento expreso del afectado o, en su defecto, la correspondiente autorización judicial.<br />
3. Las actuaciones de comprobación o investigación llevadas a cabo por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en el ámbito de sus competencias podrán desarrollarse:<br />
a) En cualquier despacho, oficina o dependencia de la persona o entidad inspeccionada o de quien las represente.<br />
b) En los propios locales del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.<br />
Cuando las actuaciones de comprobación o investigación se desarrollen en los lugares señalados en el párrafo a) anterior, se observará la jornada laboral de los mismos, sin perjuicio de que pueda actuarse de común acuerdo en otras horas o días.<br />
4. Si la empresa, asociación de empresas o persona física se opusieran a una inspección o existiese el riesgo de tal oposición, el órgano competente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo deberá solicitar la correspondiente autorización judicial, cuando la misma implique restricción de derechos fundamentales, al Juzgado de lo Contencioso-administrativo. Las autoridades públicas prestarán la protección y el auxilio necesario al personal del Ministerio de Industria, Energía y Turismo para el ejercicio de las funciones de inspección.<br />
5. El personal funcionario encargado de la inspección levantará acta de sus actuaciones. Los hechos constatados por los funcionarios públicos a los que se reconoce la condición de autoridad, y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes, tendrán valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios administrados.<br />
6. Los datos e informaciones obtenidos sólo podrán ser utilizados por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para las finalidades previstas en esta ley.<br />
7. La aplicación del régimen sancionador corresponderá al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, o a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de esta ley.<br />
Artículo 62. Plazo de inspección.<br />
Las actuaciones de inspección deberán concluir en el plazo de doce meses contado desde la fecha de notificación de su inicio al interesado. Se entenderá que las actuaciones finalizan en la fecha en que se notifique el acta en que se documente su conclusión y resultado. Reglamentariamente podrán determinarse los supuestos de suspensión del indicado plazo.<br />
CAPÍTULO II<br />
Infracciones y sanciones<br />
Artículo 63. Concepto y clases de infracciones.<br />
1. Constituyen infracciones administrativas las acciones y omisiones tipificadas en esta ley.<br />
2. Las infracciones administrativas podrán ser muy graves, graves o leves.<br />
3. Sólo podrán ser sancionadas las personas físicas o jurídicas que resulten responsables de los hechos constitutivos de infracción aún a título de simple inobservancia.<br />
Artículo 64. Infracciones muy graves.<br />
Son infracciones muy graves:<br />
1. La realización de actividades incompatibles infringiendo los requisitos de separación jurídica, funcional y de gestión, así como el incumplimiento por los sujetos obligados a ello de los criterios de separación, todo ello de acuerdo con lo establecido en esta ley y en su normativa de desarrollo.<br />
2. El incumplimiento de las obligaciones de contabilidad exigibles de acuerdo con la presente ley. Se entenderá comprendido en dicha infracción el incumplimiento, por parte de los sujetos obligados a ello, de la obligación de llevar cuentas separadas conforme a lo dispuesto en el artículo 20 y en sus normas de desarrollo.<br />
3. La aplicación irregular de precios, cargos, tarifas de los regulados en la presente ley o en las disposiciones de desarrollo de la misma, de manera que se produzca una alteración en el precio que sea superior al 15 por ciento y que, al tiempo, exceda de 300.000 euros.<br />
El incumplimiento de las obligaciones resultantes del sistema de cargos, precios, tarifas, tarifas de último recurso o de los criterios de recaudación, cuando suponga un perjuicio grave para el sistema eléctrico. En particular se entenderá como incumplimiento de dichas obligaciones la falta de abono de los precios o cargos conforme a lo que reglamentariamente se determine, por parte del comercializador en los términos del apartado d) del artículo 46.1 de esta ley, la falta o retraso en el pago de las cantidades a que dé lugar el procedimiento de las liquidaciones de los artículos 18 y 19 de esta ley y su normativa de desarrollo, y la declaración indebida de ingresos y costes.<br />
4. La aplicación irregular de precios y peajes de acceso a las redes de los regulados en la presente ley o en las disposiciones de desarrollo dictadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, de manera que se produzca una alteración en el precio que sea superior al 15 por ciento y que, al tiempo, exceda de 300.000 euros, así como el incumplimiento de las obligaciones resultantes del sistema de peajes, o de sus criterios de recaudación, cuando suponga un perjuicio grave para el sistema eléctrico. En particular se entenderá como incumplimiento de dichas obligaciones la falta de abono del peaje de acceso a las redes de transporte y distribución por parte del comercializador en los términos del apartado d) del artículo 46.1 de esta ley.<br />
5. La falta de comunicación al Ministerio de Industria, Energía y Turismo o el incumplimiento de las condiciones u obligaciones establecidas, en el supuesto de la toma de participaciones en sociedades, en los términos previstos en la disposición adicional novena de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.<br />
6. El incumplimiento de las restricciones impuestas en el artículo 34.1 del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios.<br />
7. El incumplimiento de las limitaciones que se establezcan en cuanto a la participación en el accionariado de Red Eléctrica de España, S.A. o del Operador del Mercado Ibérico de la Energía-Polo Español, así como la falta de comunicación definida en el artículo 31.2 de cualquier circunstancia que pudiera afectar al cumplimiento de los requisitos establecidos para la sociedad certificada como Gestor de la red de transporte.<br />
8. El incumplimiento de resoluciones jurídicamente vinculantes o de requerimientos impartidos por la Administración competente, incluida la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, o por el operador del sistema en el ámbito de sus funciones, cuando de ello resulte un perjuicio relevante para el funcionamiento del sistema.<br />
9. El incumplimiento reiterado de las obligaciones de información establecidas en el apartado 6 del artículo 65.<br />
10. La inexactitud o falsedad en cualquier dato, manifestación o documento que se presente a la Administración, así como su no presentación en forma y plazo, al objeto de la determinación o percepción del régimen retributivo de las actividades con retribución regulada, siempre que esto suponga un impacto en los costes del sistema que exceda del 5 por ciento de la retribución regulada anual del sujeto.<br />
11. La resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones inspectoras que hayan sido acordadas en cada caso por la Administración Pública competente, incluida la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.<br />
12. Las acciones u omisiones que supongan incumplimiento de las medidas establecidas en aplicación de lo previsto en el artículo 7 por quienes realizan alguna de las actividades en ella reguladas.<br />
13. El incumplimiento por parte de los obligados a ello por la normativa vigente de las obligaciones de preservar y gestionar el acceso a la información que tenga carácter de confidencial.<br />
14. El incumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa de aplicación para tener derecho a la percepción del régimen retributivo de las actividades con retribución regulada, a menos que expresamente se hubiera tipificado como grave.<br />
15. La realización de actividades incluidas en el ámbito de aplicación de la presente ley o la construcción, puesta en funcionamiento, modificación, transmisión, cierre temporal o cierre definitivo de instalaciones afectas a las mismas, sin la necesaria concesión, autorización administrativa, declaración responsable, comunicación o inscripción en el registro correspondiente cuando proceda, así como el incumplimiento del contenido, prescripciones y condiciones de las mismas cuando se ponga en riesgo la garantía de suministro o se genere un peligro o daño grave para las personas, los bienes o el medio ambiente.<br />
16. El incumplimiento, por parte del titular de las instalaciones, de su obligación de mantenerlas en adecuadas condiciones de conservación e idoneidad técnica, siguiendo, en su caso, las instrucciones impartidas por la Administración Pública competente, por el operador del sistema y por el gestor de la red de transporte o por los gestores de las redes de distribución, o encargados de la lectura según corresponda, en virtud de lo establecido en la normativa de aplicación, cuando dicho incumplimiento ponga en riesgo la garantía de suministro o se genere un peligro o daño grave para las personas, los bienes o el medio ambiente.<br />
17. La utilización de instrumentos, aparatos o elementos que pongan en riesgo la seguridad sin cumplir las normas y las obligaciones técnicas que deban reunir los aparatos e instalaciones afectos a las actividades objeto de la presente ley cuando comporten peligro o daño grave para personas, bienes o para el medio ambiente.<br />
18. El incumplimiento por parte de los responsables del punto de medida de la obligación de disponer de los equipos de medida y control y demás dispositivos que reglamentariamente se hayan establecido, de forma que se impida o altere la correcta medición y facturación, o cuando dicho incumplimiento comporte peligro o daño grave para personas, bienes o para el medio ambiente; así como la negativa u obstrucción al acceso de los encargados de la lectura, verificadores u organismos autorizados por la administración competente para la realización de la lectura, o verificación de los equipos.<br />
19. El incumplimiento por parte de los obligados a ello de la normativa vigente relativa a la instalación de los equipos de medida, concentradores y demás dispositivos de tratamiento de la información y comunicación necesarios para el correcto funcionamiento del sistema de medidas, así como el incumplimiento de los criterios de seguridad y de privacidad que se establezcan reglamentariamente.<br />
20. El incumplimiento reiterado por parte de los obligados a ello por la normativa vigente de la realización de los procesos de alta o modificación de fronteras, lectura y tratamiento de las medidas e intercambios de la información, así como de la remisión de la información o, en su caso, su puesta a disposición a los destinatarios a los que están obligados a remitírsela en los términos, en el plazo y forma establecidos reglamentariamente.<br />
21. La inexactitud o falseamiento de la información relativa a la medida remitida por parte de los obligados a ello por la normativa vigente, cuando de ello se derive un incremento significativo de los costes del sistema o una minoración significativa de los ingresos del mismo.<br />
22. El incumplimiento continuado, por parte de los obligados a ello de conformidad con la normativa vigente, de su obligación de gestionar las verificaciones de los equipos de medida.<br />
23. Cualquier manipulación de los equipos de medida o de las instalaciones o la no disposición de los dispositivos necesarios, tendentes a alterar la medición de las cantidades suministradas o consumidas o de cualquiera de los conceptos que sirven de base para la facturación de la energía suministrada o consumida.<br />
24. El incumplimiento por parte del Operador del Mercado de las funciones a que se refieren los párrafos e) y f) del artículo 29.2, en los términos previstos en la presente ley y su normativa de desarrollo, cuando de este hecho se derive perjuicio para el sistema o los demás sujetos.<br />
25. El incumplimiento por parte del Operador del Sistema de las funciones a que se refieren los párrafos k), l), r) y u) del artículo 30.2, en los términos previstos en la presente ley y su normativa de desarrollo, cuando de este hecho se derive perjuicio para el sistema o los demás sujetos.<br />
26. La denegación o alteración injustificadas del permiso de conexión a un punto de la red. Se considerará que la denegación es injustificada cuando no obedezca a lo previsto en la presente ley y en las normas de desarrollo aprobadas por el Gobierno.<br />
27. La denegación o alteración injustificadas del permiso de acceso a un punto de la red. Se considerará que la denegación es injustificada cuando no obedezca a lo previsto en la presente ley y en las normas de desarrollo aprobadas por el Gobierno.<br />
28. El establecimiento de otros mecanismos diferentes de los previstos en el artículo 33 para el otorgamiento de los permisos de conexión y acceso o para la priorización en el otorgamiento de los mismos.<br />
29. El otorgamiento de permisos de acceso o de permisos de conexión cuando no se disponga de la capacidad necesaria de acuerdo con las condiciones y criterios establecidos reglamentariamente por el Gobierno.<br />
30. El incumplimiento reiterado de los índices objetivos de calidad del servicio y la no elaboración de las actuaciones que impulsen la mejora de la calidad del servicio establecidas en el artículo 51.<br />
31. La interrupción o suspensión del suministro sin que medien los requisitos legal o reglamentariamente establecidos o fuera de los supuestos previstos legal o reglamentariamente.<br />
32. La negativa a suministrar energía eléctrica a nuevos usuarios, sin que existan razones que lo justifiquen de acuerdo con lo previsto en la presente ley y su normativa de desarrollo.<br />
33. El incumplimiento por parte de las empresas distribuidoras o transportistas de su obligación de realizar las acometidas y la conexión de nuevos suministros o ampliación de los existentes que se les planteen en las zonas en que operan, cuando así resulte exigible de conformidad con la normativa de aplicación.<br />
34. El incumplimiento por parte de las empresas distribuidoras de la función que les asigna el párrafo l) del artículo 40.2, en los términos previstos en la presente ley y su normativa de desarrollo, cuando de este hecho se derive un perjuicio económico para los sujetos afectados.<br />
35. El incumplimiento por parte de los distribuidores, de los comercializadores o de los gestores de cargas de los requisitos de capacidad legal, técnica y económica establecidos en la presente ley y su normativa de desarrollo.<br />
36. La no formalización de los contratos de suministro y acceso a redes por parte de los sujetos obligados a ello de acuerdo a la normativa en vigor.<br />
37. La reducción, sin autorización, de la capacidad de producción o de suministro de energía eléctrica, incluyendo el incumplimiento reiterado de las obligaciones de disponibilidad por las unidades de producción.<br />
38. Cualquier manipulación tendente a alterar el precio de la energía eléctrica por parte de cualquier sujeto, así como la inexactitud o falsedad de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que suponga una alteración del mercado de producción.<br />
38 bis. Cualquier manipulación tendente a alterar el precio de la energía eléctrica por parte de cualquier sujeto, así como la inexactitud o falsedad de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que suponga una alteración del despacho de producción en los sistemas eléctricos en territorios no peninsulares<br />
39. La no presentación de ofertas de compra o venta, de manera reiterada por los sujetos obligados a ello en el mercado de producción.<br />
40. Cualquier otra actuación en el suministro o consumo de energía eléctrica que suponga una alteración porcentual de la realidad de lo suministrado o consumido superior al 15 por ciento y que, a la par, exceda de 300.000 euros.<br />
41. Cualquier actuación tendente a la alteración o falseamiento del resultado de las pruebas o inspecciones realizadas sobre las instalaciones de producción.<br />
42. El incumplimiento por parte de los agentes que actúen como representantes de la prohibición de actuar simultáneamente por cuenta propia y por cuenta ajena.<br />
43. El incumplimiento de alguno de los requisitos técnicos de aplicación a las distintas modalidades de autoconsumo cuando se produjeran perturbaciones que afecten a la calidad de suministro en el ámbito de la red a la que están conectados.<br />
44. El incumplimiento de la prohibición establecida en el artículo 20.8.<br />
45. El incumplimiento por parte de los gestores de la red de distribución de las obligaciones establecidas en el ejercicio de su función, a menos que expresamente se hubiera tipificado como grave.<br />
46. El incumplimiento por parte de los operadores dominantes de las restricciones impuestas en la normativa vigente.<br />
49. Imponer injustificadamente condiciones, dificultades o retrasos en relación con la tramitación de las solicitudes, o con la aplicación del bono social, cuando se cause un grave daño a los intereses generales.<br />
50. La comisión reiterada de tres o más infracciones tipificadas como graves en el artículo 65 de esta ley.<br />
51. El incumplimiento de la obligación de remitir en plazo a la Dirección General de Política Energética y Minas la información necesaria para determinar el importe de la ayuda del Bono Social Térmico y proceder a su pago, el envío incompleto de la misma, así como el incumplimiento de las obligaciones de información a los consumidores relativas al Bono Social Térmico<br />
Artículo 65. Infracciones graves.<br />
Son infracciones graves:<br />
1. El incumplimiento por parte de los sujetos obligados de conformidad con lo dispuesto en esta ley y en sus normas de desarrollo de su obligación de realizar auditorías externas en los supuestos en que así venga exigido.<br />
2. La aplicación irregular de precios, cargos, tarifas de los regulados en la presente ley o en las disposiciones de desarrollo de la misma, de manera que se produzca una alteración en el precio que sea superior al 10 por ciento y que, al tiempo, exceda de 30.000 euros.<br />
El incumplimiento de las obligaciones resultantes del sistema de cargos, precios, tarifas, tarifas de último recurso, o de los criterios de recaudación, cuando no suponga un perjuicio grave para el sistema eléctrico. En particular se entenderá como incumplimiento de dichas obligaciones la falta de abono de los precios o cargos conforme a lo que reglamentariamente se determine, por parte del comercializador en los términos del apartado d) del artículo 46.1 de esta ley, la falta o retraso en el pago de las cantidades a que dé lugar el procedimiento de las liquidaciones de los artículos 18 y 19 de esta ley y su normativa de desarrollo, y la declaración indebida de ingresos y costes.<br />
3. La aplicación irregular de precios y peajes de acceso a las redes de los regulados en la presente ley o en las disposiciones de desarrollo dictadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, de manera que se produzca una alteración en el precio que sea superior al 10 por ciento y que, al tiempo, exceda de 30.000 euros. En particular, se considerará infracción grave el incumplimiento por parte del distribuidor de lo dispuesto en el apartado c) del artículo 44.1 cuando se superen dichas cantidades.<br />
El incumplimiento de las obligaciones resultantes del sistema de peajes, o de sus criterios de recaudación, cuando no suponga un perjuicio grave para el sistema eléctrico. En particular se entenderá como incumplimiento de dichas obligaciones la falta de abono del peaje de acceso a las redes de transporte y distribución por parte del comercializador en los términos del párrafo d) del artículo 46.1 de esta ley.<br />
4. El incumplimiento de resoluciones jurídicamente vinculantes o de requerimientos impartidos por la Administración Pública competente, incluida la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, o por el operador del sistema en el ámbito de sus funciones, cuando no resulte perjuicio relevante para el funcionamiento del sistema.<br />
5. El incumplimiento de las disposiciones contenidas en los Reglamentos de la Unión Europea que afecten al sector eléctrico, salvo que expresamente estén tipificadas como muy grave.<br />
6. El incumplimiento de cuantas obligaciones de remisión de información se deriven de la aplicación de la normativa vigente o resulten del previo requerimiento por parte de la Administración Pública, incluida la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, o del Operador del Sistema o del Operador del mercado, en el ámbito de sus funciones. Asimismo, se considerará infracción grave el incumplimiento por parte de los sujetos del sistema de sus obligaciones de información o comunicación a otros sujetos del sistema. También se considerará infracción grave la no remisión de la información en la forma y plazo que resulte exigible. Todo ello cuando no hubiera sido expresamente tipificado como muy grave.<br />
7. La inexactitud o falsedad en cualquier dato, manifestación o documento que se presente a la Administración, así como su no presentación en forma y plazo, al objeto de la determinación o percepción del régimen retributivo de las actividades con retribución regulada, que suponga un impacto en los costes del sistema que se encuentre entre el 1 y el 5 por ciento de la retribución regulada anual del sujeto.<br />
8. Los incumplimientos tipificados en los apartados 15, 16 y 17 del artículo 64 cuando no concurran las circunstancias de riesgo de garantía del suministro o peligro o daño grave para las personas, bienes o medio ambiente.<br />
9. El incumplimiento de las medidas de seguridad, aun cuando no supongan peligro manifiesto para los bienes.<br />
10. El incumplimiento por parte de los responsables del punto de medida de la obligación de disponer de los equipos de medida y control y demás dispositivos que reglamentariamente se hayan establecido cuando no se impida la correcta facturación de las energías suministradas o consumidas, o cuando dicho incumplimiento no comporte peligro o daño grave para personas, bienes o para el medio ambiente.<br />
11. El incumplimiento por parte de los obligados a ello por la normativa vigente de la realización de los procesos de alta o modificación de fronteras, lectura y tratamiento de las medidas e intercambios de la información, así como de la remisión de la información o, en su caso, su puesta a disposición a los destinatarios a los que están obligados a remitírsela en los términos, en el plazo y forma establecidos reglamentariamente.<br />
12. El incumplimiento, por parte de los obligados a ello de conformidad con la normativa vigente, de su obligación de gestionar las verificaciones de los equipos de medida, cuando no hubiera sido tipificado como infracción muy grave.<br />
13. El incumplimiento por parte del Operador del Mercado de las funciones y obligaciones que le corresponden de acuerdo con lo establecido en el artículo 29.2 y su normativa de desarrollo, a menos que expresamente se hubiera tipificado como muy grave.<br />
14. El incumplimiento por parte del Operador del Sistema, del transportista, de los distribuidores y de los gestores de la red de distribución de las funciones y obligaciones que les corresponden de acuerdo con lo establecido en la presente ley y su normativa de desarrollo, a menos que expresamente se hubiera tipificado como muy grave.<br />
15. El incumplimiento por parte del Operador del Sistema de la obligación de remisión de información que resulte necesaria para la determinación de la retribución de otros agentes, o la existencia de errores de carácter esencial en dicha información.<br />
16. La no comunicación de la información necesaria o en su caso, de parámetros no autorizados previamente, al operador del sistema por parte de los sujetos obligados a ello para la correcta gestión del despacho de generación en los sistemas aislados.<br />
17. El incumplimiento por parte de los sujetos obligados a ello de conformidad con la normativa vigente, de los índices de calidad del servicio a que se refiere el artículo 51.2 o de las condiciones de calidad y continuidad del servicio.<br />
18. El incumplimiento reiterado por parte de la empresa suministradora de aplicar los descuentos correspondientes a los consumidores afectados por interrupciones en las condiciones previstas en la normativa de aplicación.<br />
19. El retraso injustificado en el comienzo de la prestación del servicio a nuevos usuarios.<br />
20. Cualquier otra actuación en el suministro o consumo de energía eléctrica, que suponga una alteración porcentual de la realidad de lo suministrado o consumido superior al 10 por ciento y que, a la par, exceda de 30.000 euros.<br />
21. El incumplimiento, por parte de los distribuidores o comercializadores, de las obligaciones de mantener una base de datos de todos los puntos de suministro conectados a sus redes y a las redes de transporte de su zona, de permitir el acceso a la misma, así como de dotarse de los sistemas informáticos necesarios que permitan la consulta de los datos del registro de puntos de suministro y la recepción y validación informática de solicitudes y comunicaciones con los consumidores y comercializadores de energía.<br />
22. El incumplimiento reiterado e injustificado de los plazos y contenidos establecidos para las comunicaciones con cualquiera de los sujetos que deben intervenir en el cambio de suministrador o en la realización de modificaciones de las condiciones de los contratos.<br />
23. El incumplimiento reiterado por parte de los comercializadores de los requisitos establecidos para la formalización de contratos de suministro de energía eléctrica, así como de las condiciones de contratación y de apoderamiento con los clientes.<br />
24. La creación de confusión en la información y en la presentación de la marca e imagen de marca de las empresas distribuidoras y las empresas comercializadoras de referencia que formen parte de un grupo de sociedades que desarrolle actividades reguladas y libres en los términos previstos en la presente ley, respecto a la identidad propia de las filiales de su mismo grupo que realicen actividades de comercialización.<br />
25. El incumplimiento por parte de las empresas distribuidoras y comercializadoras de electricidad de las obligaciones de mantenimiento y correcto funcionamiento de un servicio de atención a las quejas, reclamaciones, incidencias en relación al servicio contratado u ofertado, solicitudes de información sobre los aspectos relativos a la contratación y suministro o comunicaciones, que incluya un servicio de atención telefónica y número de teléfono, ambos gratuitos, así como de la aplicación de cualquiera de las medidas de protección al consumidor de acuerdo con lo establecido en la presente ley y su normativa de desarrollo, en especial las relativas a los consumidores vulnerables.<br />
26. El incumplimiento por parte de los distribuidores, o de los comercializadores o de los gestores de cargas de sus obligaciones y de los requisitos que la normativa en vigor determine para ejercer la actividad, a menos que expresamente se hubiera tipificado como muy grave o como leve.<br />
27. El incumplimiento de las obligaciones de disponibilidad de unidades de producción en cada período de programación.<br />
28. La no presentación de ofertas de compra o venta por los sujetos obligados a ello en el mercado de producción.<br />
29. El incumplimiento por parte de los agentes que actúen como representantes de las obligaciones establecidas en esta ley y en su normativa de desarrollo, a menos que expresamente se hubiera tipificado como muy grave.<br />
30. El incumplimiento por parte de los gestores de cargas de las obligaciones reguladas en la presente ley y su normativa de desarrollo en relación con la reventa de energía eléctrica.<br />
31. Cualquier infracción por manipulación de mercado también en fase de tentativa, uso de información privilegiada o falta de difusión de información privilegiada, conforme a lo establecido en el Reglamento (UE) n.º 1227/2011, de 25 de octubre de 2011, sobre la integridad y la transparencia del mercado mayorista de la energía o en la normativa de desarrollo del mismo.<br />
32. El incumplimiento por parte de los sujetos calificados y participantes de los requisitos establecidos para las subastas reguladas de energía eléctrica previstas en la normativa correspondiente.<br />
33. La manipulación del precio de los servicios de ajuste por parte de un agente del mercado mediante la realización de ofertas a precios excesivos, que resulten dispares de forma no justificada de los precios ofertados por el mismo en otros segmentos del mercado de producción.<br />
34. La presentación de ofertas con valores anormales o desproporcionados con el objeto de alterar indebidamente el despacho de las unidades de generación o la casación del mercado.<br />
35. En relación con el autoconsumo, el incumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos, cuando no estuviera tipificado como muy grave; así como la aplicación incorrecta de las modalidades y de sus regímenes económicos asociados contemplados en esta ley y su normativa de desarrollo.<br />
36. El incumplimiento por parte de los distribuidores o de los comercializadores de su obligación de poner en práctica los programas de gestión de la demanda aprobados por la Administración.<br />
40. Imponer injustificadamente condiciones, dificultades o retrasos en relación con la tramitación de las solicitudes, o con la aplicación del bono social, cuando se cause un grave perjuicio a los consumidores.<br />
41. El incumplimiento del plazo máximo para comunicar al solicitante del bono social el resultado de las comprobaciones efectuadas para su aplicación, así como la omisión, en su caso, de la razón de la denegación.<br />
42. La comisión reiterada de tres o más infracciones tipificadas como leves en el artículo 66 de esta Ley<br />
43. El incumplimiento por parte de los comercializadores de las obligaciones establecidas en la normativa relativas a prácticas de contratación y relación con los clientes<br />
Artículo 66. Infracciones leves.<br />
Son infracciones leves:<br />
1. El incumplimiento por parte de los sujetos obligados a ello de sus obligaciones en relación con la formalización de los contratos de suministro cuando no tenga consideración de infracción grave o muy grave.<br />
2. El incumplimiento de las obligaciones derivadas de las Reglas del Mercado o de los Procedimientos de Operación, que no tengan la consideración de infracción muy grave o grave de conformidad con los artículos 64 o 65, cuando de dicho incumplimiento no derive perjuicio para el funcionamiento del mercado o del sistema eléctrico.<br />
3. El incumplimiento injustificado de los plazos establecidos para las comunicaciones con los comercializadores y clientes y para llevar a cabo el cambio de suministrador, así como para realizar cualquier modificación de las condiciones de los contratos.<br />
4. El incumplimiento por parte de los comercializadores de los requisitos de contratación y apoderamiento con los clientes.<br />
5. El incumplimiento por parte de los comercializadores y distribuidores de cualquier requisito de información exigible en sus facturas.<br />
6. La aplicación irregular de precios, cargos, tarifas regulados en la presente ley o en las disposiciones de desarrollo de la misma, de manera que se produzca una alteración en el precio, cuando no tenga consideración de infracción grave o muy grave.<br />
6 bis. La aplicación irregular de peajes de los regulados en la presente ley o en las disposiciones de desarrollo dictadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, de manera que se produzca una alteración en el precio, cuando no tenga consideración de infracción grave o muy grave<br />
7. La inexactitud o falsedad en cualquier dato, manifestación o documento que se presente a la Administración Pública, así como su no presentación en forma y plazo, al objeto de la determinación o percepción del régimen retributivo de las actividades con retribución regulada, que suponga un impacto en los costes del sistema que no exceda del 1 por ciento de la retribución regulada anual del sujeto.<br />
12. El incumplimiento, por parte de los consumidores que presten servicios de recarga energética, de las obligaciones que les sean establecidas normativamente por orden de la Ministra para la Transición Ecológica<br />
13. Exigir al solicitante del bono social, la presentación de documentación o acreditación de requisitos adicionales no establecidos en la normativa reguladora del bono social<br />
14. En relación con el autoconsumo, el incumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos, cuando no estuviera tipificado como muy grave; así como la aplicación incorrecta de las modalidades y de sus regímenes económicos asociados contemplados en esta Ley y su normativa de desarrollo</p>
<p>Artículo 67. Sanciones.<br />
1. Las infracciones establecidas en el capítulo I de este título serán sancionadas del modo siguiente:<br />
a) Por la comisión de las infracciones muy graves se impondrá al infractor multa por importe no inferior a 6.000.001 euros ni superior a 60.000.000 de euros.<br />
b) Por la comisión de infracciones graves se impondrá al infractor multa por importe no inferior a 600.001 euros ni superior a 6.000.000 euros.<br />
c) Por la comisión de infracciones leves se impondrá al infractor una multa por importe de hasta 600.000 euros.<br />
2. En cualquier caso la cuantía de la sanción no podrá superar el 10 por ciento del importe neto anual de la cifra de negocios del sujeto infractor, o el 10 por ciento del importe neto anual de la cifra de negocios consolidada de la sociedad matriz del grupo al que pertenezca dicha empresa, según los casos.<br />
En los casos en los cuales la infracción esté relacionada con el autoconsumo, la sanción máxima será la mayor de entre las dos cuantías siguientes: el 10 % de la facturación anual por consumo de energía eléctrica o el 10 % de la facturación por la energía vertida a la red.<br />
3. Si, en razón de las circunstancias concurrentes, se apreciara una cualificada disminución de la culpabilidad del infractor o de la antijuridicidad del hecho, o si atendida la situación económica del infractor, en razón de su patrimonio, de sus ingresos, de sus cargas familiares y de las demás circunstancias personales que resulten acreditadas, la sanción resultase manifiestamente desproporcionada, el órgano sancionador podrá determinar la cuantía de la sanción aplicando la escala correspondiente a la clase o clases de infracciones que precedan en gravedad a aquella en que se integra la considerada en el caso de que se trate.<br />
4. En todo caso, la cuantía de la sanción que se imponga, dentro de los límites indicados, se graduará teniendo en cuenta los siguientes criterios:<br />
a) El peligro resultante de la infracción para la vida y salud de las personas, la seguridad de las cosas y el medio ambiente.<br />
b) La importancia del daño o deterioro causado.<br />
c) Los perjuicios producidos en la continuidad y regularidad del suministro.<br />
d) El grado de participación en la acción u omisión tipificada como infracción y el beneficio obtenido de la misma.<br />
e) La intencionalidad en la comisión de la infracción y la reiteración en la misma.<br />
f) La reincidencia por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma entidad cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.<br />
g) El impacto en la sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico.<br />
h) Cualquier otra circunstancia que pueda incidir en el mayor o menor grado de reprobabilidad de la infracción.<br />
5. A los efectos de esta ley se considerará que un incumplimiento es reiterado cuando dentro del año inmediatamente anterior a su comisión el sujeto hubiera sido sancionado mediante resolución firme en vía administrativa con arreglo a la misma infracción.<br />
Artículo 68. Sanciones accesorias.<br />
1. Las infracciones muy graves podrán ser sancionadas, además de con la multa correspondiente, con una o varias de las siguientes sanciones accesorias en función de las circunstancias concurrentes:<br />
a) Inhabilitación para el ejercicio o desarrollo de actividades en el ámbito del sector eléctrico durante un período no superior a tres años.<br />
b) Suspensión, revocación o no renovación de las autorizaciones durante un período no superior a tres años en su caso.<br />
c) Pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas o cualquier régimen económico adicional conforme a esta ley y sus normas de desarrollo durante un periodo no superior a tres años.<br />
2. Las infracciones graves además de la multa correspondiente podrán ser sancionadas con una o varias de las siguientes sanciones accesorias en función de las circunstancias concurrentes:<br />
a) Inhabilitación para el ejercicio o desarrollo de actividades en el ámbito del sector eléctrico durante un período no superior a un año.<br />
b) Suspensión o no renovación de las autorizaciones para el ejercicio o desarrollo de actividades en el ámbito del sector eléctrico durante un período no superior a un año.<br />
c) Revocación de las autorizaciones para el ejercicio o desarrollo de actividades en el ámbito del sector eléctrico.<br />
d) Pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas o cualquier régimen económico adicional conforme a esta ley y sus normas de desarrollo durante un periodo superior a un año.<br />
Artículo 69. Otras medidas.<br />
1. Además de imponer las sanciones que en cada caso correspondan, la resolución del procedimiento sancionador declarará la obligación de:<br />
a) Restituir las cosas o reponerlas a su estado natural anterior al inicio de la actuación infractora en el plazo que se fije.<br />
b) Cuando no sea posible la restitución de las cosas o reponerlas a su estado natural, indemnizar los daños irreparables por cuantía igual al valor de los bienes destruidos o el deterioro causado, así como los perjuicios ocasionados, en el plazo que se fije.<br />
c) Reintegrar las cantidades indebidamente percibidas en aquellos casos en que la comisión de la infracción haya supuesto la percepción de una retribución regulada que no debería haberle sido de aplicación.<br />
2. Se exigirá la indemnización por daños y perjuicios cuando no fuera posible la restitución o reposición y en todo caso si se hubieran producido daños y perjuicios a los intereses públicos.<br />
Cuando los daños fueran de imposible o difícil evaluación, para fijar la indemnización se tendrán en cuenta el coste de la restitución y reposición y el valor de los bienes dañados, debiendo aplicarse el que proporcione el mayor valor.<br />
Artículo 70. Naturaleza de las sanciones e indemnizaciones.<br />
El importe de las sanciones e indemnizaciones, así como el contenido económico de los demás actos de ejecución forzosa que se establezcan en aplicación de los preceptos de esta Ley y de sus disposiciones de desarrollo, tendrán naturaleza de crédito de Derecho público y podrá ser exigido por el procedimiento administrativo de apremio regulado en el Reglamento General de Recaudación aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.<br />
Artículo 71. Concurrencia de responsabilidades.<br />
1. La responsabilidad administrativa por las infracciones tipificadas en esta ley no excluye las de otro orden a que hubiere lugar.<br />
2. Las sanciones que se impongan a distintos sujetos como consecuencia de una misma infracción tendrán entre sí carácter independiente.<br />
3. No podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento.<br />
4. Cuando la infracción pudiera ser constitutiva de delito o falta, iniciado el procedimiento sancionador, se dará traslado del tanto de culpa al Ministerio Fiscal, suspendiéndose la tramitación del mismo hasta tanto se dicte resolución judicial firme que ponga término a la causa o sean devueltas las actuaciones por el Ministerio Fiscal.<br />
5. De no haberse apreciado la existencia de delito o falta, el órgano administrativo competente continuará el expediente sancionador. Los hechos declarados probados en la resolución judicial firme vincularán a dicho órgano.<br />
Artículo 72. Extinción de la responsabilidad.<br />
La responsabilidad administrativa derivada de las infracciones reguladas en esta ley se extingue por el pago o cumplimiento de la sanción y de las medidas impuestas en aplicación de lo establecido en el artículo 69, y por prescripción.<br />
Artículo 73. Competencia para imponer sanciones.<br />
1. En el ámbito de la Administración General del Estado la competencia para la imposición de las sanciones correspondientes a las infracciones en materia del sector eléctrico corresponderá:<br />
a) Al Consejo de Ministros para la imposición de sanciones por la comisión de infracciones muy graves que incluyan alguna de las sanciones accesorias previstas en el artículo 68.<br />
b) Al Ministro de Industria, Energía y Turismo para la imposición de sanciones por la comisión de infracciones muy graves que no incluyan alguna de las sanciones accesorias previstas en el artículo 68.<br />
c) Al Secretario de Estado de Energía para la imposición de sanciones por la comisión de infracciones graves.<br />
d) Al Director General correspondiente de la Secretaría de Estado de Energía para la imposición de sanciones por la comisión de infracciones leves.<br />
2. En el ámbito de las Comunidades Autónomas se estará a lo previsto en su propia normativa.<br />
3. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en el ámbito de sus competencias, podrá imponer sanciones por la comisión de las infracciones administrativas siguientes:<br />
a) Las tipificadas como muy graves en los párrafos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,42, 44, 45, 46 y 50 del artículo 64.<br />
b) Las tipificadas como graves a que se hace referencia en el párrafo anterior cuando, por las circunstancias concurrentes, no puedan calificarse de muy graves y, en particular, las tipificadas en los párrafos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 42 y 43 del artículo 65.<br />
c) Las tipificadas como leves en los párrafos 1, 2, 3, 4, 5, 6 bis y 7 del artículo 66.<br />
4. La Administración General del Estado, en el ámbito de sus competencias, podrá imponer sanciones por la comisión de las infracciones administrativas siguientes:<br />
a) Las tipificadas como muy graves en los párrafos 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 30, 31, 35, 37, 38 bis, 40, 41, 43, 44, 47, 48, 49, 50 y 51 del artículo 64.<br />
b) Las tipificadas como graves a que se hace referencia en el párrafo anterior cuando, por las circunstancias concurrentes, no puedan calificarse de muy graves y, en particular, las tipificadas en los párrafos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 26, 27 29, 30, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42 del artículo 65.<br />
c) Las tipificadas como leves en los párrafos 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del artículo 66.<br />
Artículo 74. Prescripción de infracciones y sanciones.<br />
1. Las infracciones administrativas previstas en la presente ley prescribirán en el plazo de cuatro años, las muy graves, en el de tres años, las graves y en el de dos años las leves.<br />
2. Las sanciones impuestas por la comisión de infracciones muy graves prescribirán a los cuatro años, las impuestas por graves a los tres años y las impuestas por leves lo harán a los dos años.<br />
3. Para el cómputo de los plazos de prescripción de infracciones y sanciones se estará a lo dispuesto en el artículo 132.2 y 3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.<br />
En los supuestos de infracciones continuadas el plazo de prescripción comenzará a contar desde el momento de la finalización de la actividad o del último acto con el que la infracción se consuma. En el caso de que los hechos o actividades constitutivos de infracción fueran desconocidos por carecer de signos externos, dicho plazo se computará desde que éstos se manifiesten.<br />
CAPÍTULO III<br />
Procedimiento sancionador<br />
Artículo 75. Régimen jurídico aplicable.<br />
El procedimiento para la imposición de las sanciones previstas en esta ley, en el que las fases de instrucción y resolución estarán debidamente separadas, se ajustará a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en su normativa reglamentaria de desarrollo, con las particularidades que se establecen en los demás artículos de este capítulo.<br />
Artículo 76. Iniciación.<br />
Los procedimientos sancionadores por las infracciones administrativas tipificadas en esta ley se iniciarán de oficio por acuerdo del Director General correspondiente de la Secretaría de Estado de Energía, o del órgano de la citada Dirección que tenga expresamente atribuida la competencia, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órganos administrativos o por denuncia.<br />
Ello no obstante, en los procedimientos sancionadores por las infracciones administrativas que están dentro del ámbito de actuación y de las funciones que tiene encomendadas la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la instrucción y resolución se realizará por los órganos establecidos en la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y en el Estatuto orgánico de la citada Comisión.<br />
Artículo 77. Medidas provisionales.<br />
1. En cualquier momento del procedimiento sancionador, el Director General correspondiente de la Secretaría de Estado de Energía o el órgano competente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá adoptar, previa audiencia del interesado y mediante resolución motivada cualquiera medida que, atendiendo a las circunstancias del caso, sea necesaria para asegurar la efectividad de la resolución que pudiera recaer en el procedimiento o el buen fin del mismo, así como para evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello.<br />
A la notificación de estas medidas se acompañará, en su caso, emplazamiento para que se subsane la deficiencia o irregularidad constitutiva de la infracción de que se trate.<br />
2. Asimismo, en los casos de urgencia y cuando pueda existir un riesgo cierto para la seguridad del suministro eléctrico, podrán adoptarse, por el Director General correspondiente de la Secretaría de Estado de Energía o por el órgano competente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, con carácter previo a la iniciación del procedimiento sancionador y de oficio o a instancia de parte, las medidas que sean necesarias para garantizar dicha seguridad y suministro, en los términos previstos en el artículo 72.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.<br />
3. Los gastos originados por las medidas previstas en este artículo se sufragarán a cargo de las personas físicas y entidades responsables de los incumplimientos, deficiencias o irregularidades que las hubieran justificado.<br />
Artículo 78. Instrucción.<br />
La instrucción de los procedimientos sancionadores derivados de las infracciones administrativas tipificadas en esta ley así como el archivo, tras su resolución, de las actuaciones realizadas corresponderá al órgano de la Dirección General correspondiente de la Secretaría de Estado de Energía o, cuando así proceda, al órgano de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia que tenga atribuida dicha competencia.<br />
Artículo 79. Plazo para resolver y notificar.<br />
El plazo para resolver y notificar en los procedimientos sancionadores por las infracciones administrativas tipificadas en esta ley será de dieciocho meses en los expedientes por infracciones muy graves y graves, y de nueve meses cuando se incoen por infracciones leves.<br />
Transcurrido este plazo sin resolución expresa, el Director General correspondiente de la Secretaría de Estado de Energía o, cuando así proceda el órgano de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia que tenga atribuida dicha competencia, declarará la caducidad del procedimiento y ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.<br />
Artículo 80. Efectos de la resolución.<br />
1. La resolución será ejecutiva cuando ponga fin a la vía administrativa.<br />
2. En la resolución se adoptarán, en su caso, las medidas cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no sea ejecutiva.<br />
Disposición adicional primera. Multas coercitivas.<br />
Para asegurar el cumplimiento de las resoluciones o requerimientos de información que dicten, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo o la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia podrán imponer multas coercitivas por importe diario de 100 hasta 10.000 euros, en los términos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.<br />
El importe de las multas se fijará atendiendo a los siguientes criterios:<br />
a) El peligro resultante de la infracción para la vida y salud de las personas, la seguridad de las cosas y el medio ambiente.<br />
b) La importancia del daño o deterioro causado.<br />
c) Los perjuicios producidos en la continuidad y regularidad del suministro.<br />
d) Los perjuicios económicos causados.<br />
Las multas coercitivas serán independientes de las sanciones que puedan imponerse y compatibles con ellas.<br />
El importe de las multas coercitivas previstas en esta disposición se ingresará en el Tesoro Público.<br />
Disposición adicional segunda. Ocupación del dominio público marítimo terrestre para líneas aéreas de alta tensión.<br />
A los efectos a los que se refiere en el artículo 32 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, excepcionalmente y por razones de utilidad pública debidamente acreditadas, el Consejo de Ministros, a propuesta conjunta de los Ministerios de Fomento, de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y de Industria, Energía y Turismo, tomando en consideración los valores medioambientales y paisajísticos, podrá autorizar el tendido aéreo de líneas eléctricas de alta tensión en el dominio público marítimo-terrestre, siempre que no se localicen en tramos de costa que constituyan playa u otros ámbitos de especial protección.<br />
Disposición adicional tercera. Efectos desestimatorios de la falta de notificación de resolución expresa.<br />
Las solicitudes de resoluciones administrativas que deban dictarse conforme a lo dispuesto en la presente ley y a la legislación específica en materia nuclear se podrán entender desestimadas si no se notifica resolución expresa en el plazo que al efecto se establezca en sus disposiciones de desarrollo.<br />
Disposición adicional cuarta. Servidumbres de paso.<br />
La servidumbre de paso de energía eléctrica, tanto aéreo como subterráneo, a que se refiere el artículo 57, constituida a favor de la red de transporte, distribución y suministro, incluye aquellas líneas y equipos de telecomunicación que por ellas puedan transcurrir, tanto si lo son para el servicio de autoprestación de la explotación eléctrica, como para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público y, sin perjuicio del justiprecio que, en su caso, pudiera corresponder, de agravarse esta servidumbre.<br />
Igualmente, las autorizaciones existentes a las que se refiere el artículo 56.2 incluyen aquellas líneas y equipos de telecomunicación que por ellas puedan transcurrir, con el mismo alcance objetivo y autonomía que resultan del párrafo anterior.<br />
Disposición adicional quinta. Capacidad jurídica de los sujetos del Mercado Ibérico de la Electricidad.<br />
Se reconoce a los sujetos del sector eléctrico portugués capacidad para actuar en los mercados de energía eléctrica previstos en el Convenio Internacional relativo a la constitución de un Mercado Ibérico de la Energía Eléctrica entre el Reino de España y la República Portuguesa, de 1 de octubre de 2004, siempre que se encuentren comprendidos dentro de su artículo 3, y de acuerdo con la normativa vigente en España.<br />
Disposición adicional sexta. Financiación de los desajustes del sistema eléctrico.<br />
1. La obligación de financiación de los desajustes y desviaciones producidos por déficit de ingresos y los límites establecidos en el artículo 19 serán de aplicación a las liquidaciones que corresponda realizar a partir del ejercicio 2014 y para la deuda acumulada desde 1 de enero de 2014.<br />
2. Los titulares de derechos de cobro correspondientes a déficit o desajustes de las liquidaciones de las de actividades con retribución regulada que se hubieran producido hasta el ejercicio 2013 incluido, no se verán afectados por esta obligación de financiación en lo que se refiere a las cantidades concretas correspondientes a dichos derechos.<br />
3. Los derechos de cobro correspondientes a déficit de ingresos del sistema de liquidaciones generados desde 1 de enero de 2013 no podrán cederse por sus titulares al Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico.<br />
Disposición adicional séptima. Prescripción de los derechos y obligaciones del sistema eléctrico.<br />
1. Prescribirán a los quince años:<br />
a) El derecho a reconocer o liquidar créditos a favor del sistema eléctrico.<br />
b) El derecho al cobro de los créditos reconocidos o liquidados, a contar desde la notificación del acto que los declare con carácter definitivo.<br />
c) El derecho al reconocimiento o liquidación por el sistema de las obligaciones con cargo al mismo.<br />
d) El derecho a exigir el pago de las obligaciones ya reconocidas o liquidadas, a contar desde la notificación del acto que las declare con carácter definitivo.<br />
e) El derecho a la modificación o revocación de la retribución regulada que perciban los sujetos definidos en el artículo 6 de esta ley, contado desde que se produzca la actuación que pueda determinar aquélla.<br />
2. La prescripción de los derechos y obligaciones del sistema eléctrico se interrumpirá conforme a lo establecido en las disposiciones del Código Civil y se aplicará de oficio.<br />
3. No obstante lo anterior, el Gobierno podrá regular los términos del cómputo y los supuestos de interrupción de los citados plazos.<br />
Disposición adicional octava. Informes del mercado de producción energía eléctrica. Mecanismos de mercado que fomenten la contratación a plazo.<br />
1. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 5.2 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, podrá solicitar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la realización de análisis relacionados con el mercado de producción y el suministro de energía eléctrica, cuando concurran razones de interés general o bien se aprecien indicios de falta de competencia efectiva.<br />
2. Se habilita a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a realizar propuesta al Gobierno para que establezca por vía reglamentaria mecanismos de mercado que fomenten la contratación a plazo de energía eléctrica. Dichos mecanismos tomarán la forma de una emisión primaria de cierta cantidad de energía eléctrica, equivalente a una potencia determinada, en las condiciones y durante el período de tiempo que se especifiquen en la emisión, u otras formas que permitan incrementar la competencia en el sistema eléctrico y liquidez de sus mercados.<br />
Disposición adicional novena. Legislación especial en materia de energía nuclear.<br />
Las instalaciones de producción de energía eléctrica a las que sea de aplicación la legislación especial en materia de energía nuclear se regirán por la misma además de por lo dispuesto en la presente ley.<br />
Disposición adicional décima. Primer periodo regulatorio.<br />
1. A los efectos previstos en el apartado 4 del artículo 14 de esta ley, y con independencia de la fecha de inicio en cada una de las actividades, el primer periodo regulatorio finalizará el 31 de diciembre de 2019. A partir del 1 de enero de 2020 se sucederán los siguientes periodos regulatorios de forma consecutiva.<br />
2. Para las actividades de producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos con régimen retributivo específico, el primer periodo regulatorio se iniciará en la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio.<br />
En este periodo, el valor sobre el que girará la rentabilidad de los proyectos tipo de referencia para los procedimientos de concurrencia competitiva previstos en el artículo 14.7, antes de impuestos, será el rendimiento medio en el mercado secundario de los tres meses anteriores a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, de las Obligaciones del Estado a diez años incrementado en 300 puntos básicos.<br />
3. Para las actividades de transporte y distribución el primer período regulatorio se iniciará desde que resulten de aplicación los reales decretos señalados en los artículos 5 y 6 del Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, que desarrollan la metodología de retribución de las actividades de transporte y distribución respectivamente.<br />
Sin perjuicio de lo previsto en el Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, para el cálculo de la retribución a percibir en el segundo periodo de 2013 y para el cálculo de la retribución a percibir a partir del 1 de enero del año 2014 y años sucesivos en que fueran de aplicación los artículos 4.2 y 5.2 de dicho real decreto-ley, la tasa de retribución del activo con derecho a retribución a cargo del sistema eléctrico de distribución y transporte de energía eléctrica para el primer periodo regulatorio, será la media del rendimiento de las Obligaciones del Estado a diez años en el mercado secundario de los tres meses anteriores a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, incrementada en 200 puntos básicos.<br />
4. Para las actividades de producción en los sistemas eléctricos no peninsulares el primer período regulatorio se iniciará desde que resulte de aplicación el real decreto que desarrolle la revisión de su marco retributivo.<br />
El régimen retributivo que se establezca se ajustará a lo previsto en el artículo 7 del Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, en el artículo 37 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en la presente ley y en la Ley para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares.<br />
En este primer periodo regulatorio, la tasa de retribución para el cálculo de la retribución financiera de la inversión de cada grupo con régimen retributivo adicional será la media del rendimiento de las Obligaciones del Estado a diez años en el mercado secundario de los tres meses anteriores a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, incrementada en 200 puntos básicos.<br />
Todo lo anterior debe de entenderse sin perjuicio de la aplicación desde el 1 de enero de 2012 de las disposiciones que correspondan en aplicación de lo previsto en el artículo 7 del Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo y en el artículo 37 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio.<br />
Disposición adicional undécima. Referencias al régimen retributivo específico.<br />
Para las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración de alta eficiencia y residuos, las alusiones al régimen retributivo específico realizadas en el apartado e) del artículo 14.7 se entenderán realizadas a cualquiera de los regímenes económicos primados que hubieran existido con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley.<br />
Disposición adicional duodécima. Consumidores autorizados a verter energía a la red.<br />
1. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo podrá autorizar, en los términos que se establezcan reglamentariamente y con carácter excepcional, a determinados consumidores de energía eléctrica conectados en alta tensión que debido a la implantación de un sistema de ahorro y eficiencia energética dispongan en determinados momentos de energía eléctrica recuperada que no pueda ser consumida en su propia instalación, a verter energía a la red.<br />
2. Estos consumidores deberán hacer frente, por la energía vertida, al mismo régimen económico que resulte de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 9.3.<br />
Disposición adicional decimotercera. Mecanismos de cooperación internacional para el cumplimiento de los compromisos derivados de la directiva de energías renovables.<br />
1. La Administración General del Estado habilitará el marco que permita la puesta en marcha de los mecanismos de cooperación previstos en la normativa comunitaria para el fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables.<br />
La aplicación de estos mecanismos garantizará en todo momento la seguridad del sistema eléctrico y no podrá suponer en ningún caso una disminución o pérdida de la energía de origen renovable producida en España.<br />
2. La puesta en marcha de los correspondientes proyectos o actuaciones singulares estará supeditada a su aprobación por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo que, a tal fin, tendrá en cuenta la afección a las estructuras de transporte de energía y la planificación energética en su conjunto.<br />
Disposición adicional decimocuarta. Tecnologías de producción que no hubieran alcanzado los objetivos.<br />
1. Podrá establecerse reglamentariamente un régimen retributivo ajustado a lo previsto en el artículo 14.7 a instalaciones de las tecnologías para las que los objetivos de potencia previstos en el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, no hubieran sido alcanzados.<br />
Este régimen se otorgará a un máximo de 120 MW.<br />
2. Para poder ser adjudicatario de este régimen, las instalaciones deberán no haber sido inscritas en el Registro de preasignación de retribución y encontrarse en una de las siguientes situaciones:<br />
a) Que hubieran presentado solicitud de inscripción en el registro de preasignación de retribución, al amparo de lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono social, que dicha solicitud hubiera tenido entrada en el Registro administrativo del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y que cumplieran los requisitos del artículo 4.3 del Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, todo ello antes de la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 1/2012.<br />
b) Que dispongan de acta de puesta en servicio, con carácter definitivo, para la totalidad de la potencia en los treinta días naturales posteriores al de entrada en vigor de la presente ley.<br />
3. El régimen retributivo específico de aplicación y el procedimiento de asignación del mismo se establecerán reglamentariamente, no siéndoles de aplicación la obligación de otorgamiento del régimen retributivo mediante un procedimiento de concurrencia competitiva prevista en los apartados a) y c) del artículo 14.7.<br />
4. A los efectos de asignación del régimen retributivo específico las instalaciones se priorizarán en función de los siguientes criterios hasta alcanzar el cupo previsto:<br />
1.º El cumplimiento del apartado 2.a) anterior.<br />
2.º El cumplimiento del apartado 2.a), salvo los requisitos del artículo 4.3 del Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, y el cumplimiento del apartado 2.b).<br />
3.º El cumplimiento del apartado 2.b) anterior.<br />
5. En caso de superarse el cupo previsto se establecerá, dentro de cada uno de los criterios del apartado 4, una priorización según la fecha de autorización administrativa, en el primer caso, y de acta de puesta en servicio para el segundo y tercer caso.<br />
Disposición adicional decimoquinta. Financiación del extracoste de la actividad de producción en los sistemas eléctricos en los territorios no peninsulares.<br />
Desde el 1 de enero de 2014, los extracostes derivados de la actividad de producción de energía eléctrica cuando se desarrollen en los sistemas eléctricos aislados de los territorios no peninsulares de acuerdo a lo dispuesto en la Ley del Sector Eléctrico, serán financiados en un 50 por ciento con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. A estos efectos, la Ley de Presupuestos Generales del Estado correspondiente a cada año incorporará un crédito presupuestario destinado a cubrir la estimación provisional de los extracostes a financiar del ejercicio así como, en su caso, el saldo resultante de la liquidación definitiva de la compensación presupuestaria correspondiente a ejercicios anteriores.<br />
Las compensaciones presupuestarias no tendrán la consideración de costes del sistema eléctrico. Reglamentariamente, con la participación de la Intervención General de la Administración del Estado, se determinará un mecanismo de control y reconocimiento de las compensaciones presupuestarias, así como el procedimiento de liquidación, tanto provisional como definitiva, de las mismas.<br />
En todo caso el sistema de liquidaciones del sistema eléctrico gestionado por el órgano encargado de la liquidación actuará como mecanismo de financiación subsidiario, teniendo, sólo a estos efectos, la naturaleza de costes del sistema eléctrico.<br />
Disposición adicional decimosexta. Modificación de la disposición adicional quinta de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.<br />
La disposición adicional quinta de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, queda redactada como sigue:<br />
«Disposición adicional quinta. Aportaciones para la financiación del Sector Eléctrico.<br />
1. En las Leyes de Presupuestos Generales del Estado de cada año se destinará a financiar los costes del sistema eléctrico previstos en la Ley del Sector Eléctrico, referidos a fomento de energías renovables, un importe equivalente a la suma de los siguientes:<br />
a) La estimación de la recaudación anual derivada de los tributos incluidos en la ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética.<br />
b) El 90 por ciento del ingreso estimado por la subasta de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero, con un máximo de 450 millones de euros.<br />
2. El 10 por ciento del ingreso estimado por la subasta de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero, con un máximo de 50 millones de euros, se afecta a la política de lucha contra el cambio climático.<br />
3. Dichas aportaciones se realizarán mediante libramientos mensuales por un importe máximo de la cifra de recaudación efectiva por dichos tributos, cánones e ingresos por subasta de derechos de emisión, en el mes inmediato anterior, según certificación de los órganos competentes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y siempre que no se supere la cifra indicada en el caso de los derechos de emisión.<br />
La aportación que haya de realizarse en función de la recaudación del mes de diciembre se efectuará con cargo al presupuesto del ejercicio siguiente.<br />
4. Los fondos destinados a la política de lucha contra el cambio climático solo podrán disponerse, igualmente, en la medida que se hayan producido previamente los ingresos derivados de las subastas de derechos de emisión y con los límites indicados en el apartado 2.»<br />
Disposición adicional decimoséptima. Modificación de la disposición adicional segunda de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética.<br />
La disposición adicional segunda de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, queda redactada como sigue:<br />
«Disposición adicional segunda. Costes del sistema eléctrico.<br />
En las Leyes de Presupuestos Generales del Estado de cada año se destinará a financiar los costes del sistema eléctrico previstos en el artículo 13 de la Ley del Sector Eléctrico, un importe equivalente a la suma de los siguientes:<br />
a) La estimación de la recaudación anual derivada de los tributos y cánones incluidos en la presente Ley.<br />
b) El ingreso estimado por la subasta de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero, con un máximo de 500 millones de euros.»<br />
Disposición adicional decimoctava. Déficit para el año 2013.<br />
Para el año 2013 se reconoce la existencia de un déficit de ingresos de liquidaciones del sistema eléctrico por importe máximo de 3.600 millones de euros, sin perjuicio de los desajustes temporales que pudieran producirse en el sistema de liquidaciones eléctrico para dicho año.<br />
Este déficit generará derechos de cobro consistentes en el derecho a percibir un importe de la facturación mensual por los ingresos del sistema previstos en las letras a), b), c), y e) del apartado 2 del artículo 13 de esta ley, de los quince años sucesivos a contar desde el 1 de enero de 2014 hasta su satisfacción. Las cantidades aportadas por este concepto serán devueltas reconociéndose un tipo de interés en condiciones equivalentes a las del mercado que se fijará en la orden por la que se revisen los peajes y cargos.<br />
Para la financiación de dichos déficit, los derechos de cobro correspondientes se podrán ceder de acuerdo al procedimiento que se determine reglamentariamente por el Gobierno.<br />
Disposición adicional decimonovena. Instalaciones de generación a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración de alta eficiencia y residuos, ubicadas en los sistemas eléctricos no peninsulares.<br />
Las instalaciones de generación a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración de alta eficiencia y residuos, ubicadas en los sistemas eléctricos no peninsulares que a la fecha de entrada en vigor de la Ley 17/2013, de 29 de octubre, para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares dispusieran de autorización administrativa, quedarán exceptuadas de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 2 de la citada ley.<br />
Disposición adicional vigésima. Plan Renove instalaciones de cogeneración y residuos.<br />
En el marco normativo que determine el sistema de obligaciones de eficiencia energética derivado de la aplicación de la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, y con la finalidad de contribuir al objetivo nacional de eficiencia energética del artículo 3.1, se desarrollarán programas de renovación de instalaciones de cogeneración y residuos.<br />
Disposición adicional vigésima primera. Suministro eléctrico a embarcaciones, aeronaves y ferrocarriles.<br />
Sin perjuicio de lo previsto en esta Ley, excepcionalmente, los gestores de puertos, aeropuertos e infraestructuras ferroviarias, en su condición de consumidores, podrán prestar servicios de suministro eléctrico a embarcaciones, aeronaves y ferrocarriles y servicios inherentes a la prestación del servicio, respectivamente<br />
Disposición adicional vigésima segunda. Otorgamiento de los permisos de acceso y conexión para garantizar una transición justa.<br />
No obstante lo dispuesto en el artículo 33 de esta Ley, cuando se proceda al cierre de instalaciones de energía térmica de carbón o termonuclear, y para promover un proceso de transición justa, la Ministra para la Transición Ecológica, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, podrá regular procedimientos y establecer requisitos para la concesión de la totalidad o de parte de la capacidad de acceso de evacuación de los nudos de la red afectados por dichos cierres a las nuevas instalaciones de generación a partir de fuentes de energía renovables que, además de los requisitos técnicos y económicos, ponderen los beneficios medioambientales y sociales<br />
Disposición transitoria primera. Aplicación de disposiciones anteriores y referencias a la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.<br />
1. En tanto no se dicten las normas de desarrollo de la presente ley que sean necesarias para la aplicación de alguno de sus preceptos, continuarán aplicándose las correspondientes disposiciones en vigor en materia de energía eléctrica.<br />
2. Las referencias realizadas en la normativa a la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, se entenderán realizadas a los conceptos equivalentes regulados en la presente ley. En particular:<br />
a) Las referencias existentes en la normativa sectorial a los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, se entenderán realizadas a los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares.<br />
b) Las referencias existentes en la normativa del sector eléctrico a costes permanentes y costes de diversificación y seguridad de abastecimiento se entenderán hechas a costes del sistema.<br />
3. No obstante lo anterior, las referencias que en la normativa sectorial se hacen al régimen ordinario y al régimen especial se entenderán realizadas a la definición de dichos regímenes vigente con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley.<br />
Disposición transitoria segunda. Expedientes de instalaciones eléctricas en tramitación.<br />
1. Los procedimientos de autorización de instalaciones eléctricas iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley se tramitarán hasta su resolución conforme a la legislación anterior.<br />
2. Los procedimientos referidos en el apartado precedente seguirán siendo tramitados hasta su resolución por la Administración u organismo regulador que fuese competente con arreglo a la legislación anterior, al que corresponderá igualmente la resolución de los recursos que, en su caso, pudieran interponerse.<br />
Disposición transitoria tercera. Oficina de cambios de suministrador.<br />
La oficina de cambios de suministrador seguirá desempeñando hasta el 30 de junio de 2014 las funciones que tenía atribuidas conforme a lo dispuesto en el artículo 47 bis de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, en el artículo 83 bis de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos y en su normativa de desarrollo.<br />
A partir de esta fecha, dichas funciones serán desempeñadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que tendrá acceso a las Bases de Datos de Consumidores y Puntos de Suministro de gas y de electricidad.<br />
Disposición transitoria cuarta. Separación jurídica de actividades.<br />
Las empresas distribuidoras con menos de 100.000 clientes conectados a sus redes que a la entrada en vigor de la presente ley no cumplieran con lo dispuesto en el artículo 12 que le sea de aplicación dispondrán de un periodo de tres años desde la entrada en vigor de la presente ley para el cumplimiento de dichos requisitos.<br />
Disposición transitoria quinta. Particularidades de determinadas obligaciones de ingreso correspondientes a liquidaciones del régimen retributivo específico.<br />
1. Aquellas obligaciones de ingreso correspondientes a las liquidaciones a cuenta realizadas al amparo del apartado 2 de la disposición transitoria tercera del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, así como aquellas otras liquidaciones que se deriven de modificaciones o cancelaciones de inscripciones en el registro de régimen retributivo específico realizadas al amparo del segundo párrafo de la disposición transitoria sexta de esta ley, presentarán las siguientes particularidades:<br />
a) En el supuesto de incumplimiento de una obligación de ingreso por parte de los representantes indirectos de los sujetos del sistema eléctrico a los que corresponda efectuar pagos por liquidaciones de conformidad con el artículo 18 de esta ley, esta obligación de ingreso podrá ser compensada con los derechos de cobro correspondientes al mismo sujeto representado, aunque correspondan a distintas liquidaciones y aun cuando en el momento de llevar a cabo dicha compensación tuviera otro representante. No procederá la compensación en aquellos casos en que el sujeto representado hubiera pagado al representante la cuantía correspondiente a la obligación de ingreso.<br />
En todo caso, la compensación del derecho de cobro dejará a salvo las cantidades que corresponda percibir al representante en concepto de representación del sujeto.<br />
b) En el supuesto de incumplimiento de una obligación de ingreso por parte de los sujetos del sistema eléctrico a los que corresponda efectuar pagos por liquidaciones, esta obligación de ingreso podrá ser compensada con los derechos de cobro correspondientes al mismo sujeto, aunque estas correspondan a distintas liquidaciones.<br />
2. En aquellos casos en que el incumplimiento de la obligación de ingreso que corresponda a un sujeto productor o a su representante indirecto, no hubiera sido satisfecha en su totalidad de acuerdo con lo previsto en el párrafo anterior, podrá ser compensada con las cuantías correspondientes a la participación en el mercado de la energía proveniente de las instalaciones de producción de la titularidad del primero.<br />
3. Reglamentariamente se establecerán los términos y las limitaciones de las compensaciones de las obligaciones de ingreso establecidas en esta disposición.<br />
Disposición transitoria sexta. Inscripción de las instalaciones en el Registro de régimen retributivo específico.<br />
No obstante lo establecido en el artículo 27 de esta ley, las instalaciones que a la entrada en vigor de esta ley tengan derecho a la percepción del régimen económico primado, continuarán percibiéndolo con carácter de pago a cuenta, en los términos previstos en la disposición transitoria tercera del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico.<br />
Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 27 de esta ley, reglamentariamente se establecerá el procedimiento por el cual las instalaciones que a la entrada en vigor de esta ley tengan derecho a la percepción del régimen económico primado quedarán inscritas en el registro de régimen retributivo específico y serán objeto de liquidación del régimen retributivo específico correspondiente. Del mismo modo se establecerá el procedimiento para la revisión y corrección de los datos de inscripción y, en su caso, la cancelación de la inscripción si se acreditase que la instalación no tiene derecho a la percepción de dicho régimen retributivo.<br />
Este procedimiento garantizará, en todo caso, la audiencia al interesado, siendo el plazo máximo para dictar y notificar su resolución de un año.<br />
Disposición transitoria séptima. Aplicación transitoria de los artículos 38 y 42 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.<br />
No obstante lo establecido en la disposición derogatoria única.1.a, lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 38 y en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 42 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, se mantendrá vigente hasta que el artículo 33 de esta ley sea de aplicación.<br />
Disposición transitoria octava. Caducidades de los derechos de acceso y conexión concedidos.<br />
Los derechos de acceso y conexión a un punto de la red determinado ya concedidos con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley caducarán si concurre alguna de las siguientes circunstancias:<br />
a) No haber obtenido autorización de explotación de la instalación de generación asociada en el mayor de los siguientes plazos:<br />
1.º Antes del 31 de marzo de 2020.<br />
2.º Cinco años desde de la obtención del derecho de acceso y conexión en un punto de la red.<br />
b) Para aquellas instalaciones de generación que, habiendo obtenido autorización de explotación, cesen en el vertido de energía a la red durante un periodo superior a tres años por causas imputables al titular distintas al cierre temporal.<br />
Disposición transitoria novena. Exención de la obligación establecida en el artículo 9.3 de la presente ley hasta el 31 de diciembre de 2019 para las instalaciones de cogeneración y para las instalaciones acogidas a la disposición adicional duodécima del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.<br />
1. Las instalaciones de producción de energía eléctrica con cogeneración que a la entrada en vigor de esta ley se encontraran inscritas con carácter definitivo en el Registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo cumpliendo los requisitos de rendimiento recogidos en el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica y se mantengan en el cumplimiento de los mismos, quedarán exentas de la obligación dispuesta en el artículo 9.3 hasta el 31 de diciembre de 2019.<br />
2. Los consumidores de energía eléctrica, que a la entrada en vigor de esta ley hayan sido objeto de la autorización a que hace referencia la disposición adicional duodécima del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica con anterioridad al 1 de junio de 2013, quedarán exentas de la obligación dispuesta en el apartado 2 de la disposición adicional décimo primera hasta el 31 de diciembre de 2019.<br />
Disposición transitoria décima. Consumidor vulnerable y bono social.<br />
1. Hasta que se desarrolle lo previsto en el artículo 45.1 tendrán derecho al bono social los suministros de los consumidores, que siendo personas físicas, tengan una potencia contratada inferior a 3 kW en su vivienda habitual.<br />
También, tendrán derecho los consumidores con 60 o más años de edad que acrediten ser pensionistas del Sistema de la Seguridad Social por jubilación, incapacidad permanente y viudedad y que perciban las cuantías mínimas vigentes en cada momento para dichas clases de pensión con respecto a los titulares con cónyuge a cargo o a los titulares sin cónyuge que viven en una unidad económica unipersonal, así como los beneficiarios de pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez y de pensiones no contributivas de jubilación e invalidez mayores de 60 años.<br />
Asimismo, tendrán derecho los consumidores que acrediten ser familias numerosas y los consumidores que acrediten formar parte de una unidad familiar que tenga todos sus miembros en situación de desempleo.<br />
2. El procedimiento para acreditar las condiciones que dan derecho a la bonificación se regirá por lo dispuesto en la Resolución de 26 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se determina el procedimiento de puesta en marcha del bono social.<br />
3. De conformidad con la disposición transitoria primera del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, y hasta que se apruebe la orden prevista en el artículo 45.4 de esta ley, el reparto del coste del bono social se realizará de conformidad con la disposición adicional cuarta de la Orden IET/843/2012, de 25 de abril, por la que se establecen los peajes de acceso a partir de 1 de abril de 2012 y determinadas tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial. Asimismo, hasta que se fije la tarifa de último recurso prevista en el artículo 45.3 resultará de aplicación lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la citada Orden IET/843/2012, de 25 de abril.<br />
Disposición transitoria undécima. Aplicabilidad del artículo 33.<br />
Lo dispuesto en el artículo 33 será de aplicación una vez que entre en vigor el real decreto por el que se aprueben los criterios para la concesión de los permisos de acceso y conexión tal como se prevé en dicho artículo.<br />
Disposición transitoria duodécima. Mecanismo de otorgamiento de régimen retributivo específico para instalaciones renovables en los sistemas eléctricos no peninsulares.<br />
Con carácter extraordinario y hasta el 31 de diciembre de 2014, el Gobierno podrá exceptuar la aplicación del procedimiento de concurrencia competitiva previsto en el artículo 14.7.a) y c) de otorgamiento de régimen retributivo específico para determinadas tecnologías de generación renovable en los sistemas eléctricos no peninsulares, cuando su introducción suponga una reducción significativa de los costes de generación del sistema eléctrico y siempre que su puesta en servicio se produzca con anterioridad al 31 de diciembre de 2016.<br />
Disposición transitoria decimotercera. Procedimiento de liquidaciones.<br />
Hasta el desarrollo reglamentario del procedimiento general de liquidaciones de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 18.2 de la presente ley, resultará de aplicación el procedimiento regulado en el Real Decreto 2017/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el procedimiento de liquidación de los costes de transporte, distribución y comercialización a tarifa de los costes permanentes del sistema y de los costes de diversificación y seguridad de abastecimiento, con las siguientes particularidades:<br />
a) Se estará a lo dispuesto en el artículo 19.3 de la presente ley a efectos de la financiación de posibles desajustes o desviaciones entre ingresos y costes.<br />
b) Con carácter general, en las actividades con retribución regulada que correspondan a una partida de costes del sistema eléctrico, el cobro de dicha retribución se realizará con cargo a las liquidaciones provisionales de cada ejercicio para el que se hayan establecido, aplicándose a todas las actividades igual distribución en el cobro, de acuerdo al artículo 18.2 de la presente ley.<br />
Disposición transitoria decimocuarta. Aplicación de cargos.<br />
Hasta el desarrollo de la metodología de cálculo de los cargos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 16 de la presente ley, las cantidades que deberán satisfacer los consumidores para cubrir los costes del sistema serán fijadas por el Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.<br />
Disposición transitoria decimoquinta. Aplicación del régimen de incompatibilidades contenido en el artículo 20.8 de esta Ley.<br />
Los contratos a los que se refiere el artículo 20.8 que se hayan adjudicado con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, así como sus ampliaciones, revisiones, modificaciones y cualesquiera otras relaciones contractuales que traigan causa o estén previstas en tales contratos y que se adjudiquen con posterioridad a la entrada en vigor de esta ley, se regirán por la normativa vigente en el momento de la celebración de los primeros, no siéndoles de aplicación el régimen de incompatibilidades previsto en dicho artículo 20.8.<br />
Disposición transitoria decimosexta. Financiación del extracoste de generación en los territorios insulares y extrapeninsulares.<br />
Los extracostes derivados de las actividades de producción de energía eléctrica en el año 2013 cuando se desarrollen en territorios insulares y extrapeninsulares de acuerdo a lo dispuesto en la Ley del Sector Eléctrico, serán financiados con cargo al sistema de liquidaciones del sector eléctrico considerándose a estos efectos como coste del sistema eléctrico del ejercicio 2013.<br />
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.<br />
1. Quedan derogados expresamente:<br />
a) La Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, salvo las disposiciones adicionales sexta, séptima, vigésima primera y vigésima tercera, y sin perjuicio de lo previsto en la disposición final tercera de la presente ley.<br />
b) El artículo 24 del Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo.<br />
c) La disposición adicional primera del Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico.<br />
d) La disposición adicional decimoquinta del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.<br />
e) Los artículos 3 y 4 del Real Decreto-ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero.<br />
f) Con efectos desde el 19 de octubre de 2013, la Ley 15/2013, de 17 de octubre, por la que se establece la financiación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de determinados costes del sistema eléctrico, ocasionados por los incentivos económicos para el fomento a la producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables y se concede un crédito extraordinario por importe de 2.200.000.000 de euros en el presupuesto del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.<br />
g) La disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico.<br />
h) El artículo 83 bis de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.<br />
2. Asimismo, quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en cuanto contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente ley.<br />
Disposición final primera. Modificación de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.<br />
Se modifica la disposición adicional vigésima primera de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, que mantiene su vigencia y queda redactada en los siguientes términos:<br />
«Disposición adicional vigésima primera. Suficiencia de los peajes de acceso y desajustes de ingresos de las actividades reguladas del sector eléctrico.<br />
1. Cuando por la aparición de desajustes temporales durante el año 2013 el fondo acumulado en la cuenta específica a que se refiere el Real Decreto 2017/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el procedimiento de liquidación de los costes de transporte, distribución y comercialización a tarifa, de los costes permanentes del sistema y de los costes de diversificación y seguridad de abastecimiento, abierta en régimen de depósito arrojara un saldo negativo, éste será liquidado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, el órgano liquidador al que corresponda, en las liquidaciones mensuales aplicando los siguientes porcentajes de reparto:<br />
«Iberdrola, S. A.»: 35,01 por 100.<br />
«Hidroeléctrica del Cantábrico, S. A.»: 6,08 por 100.<br />
«Endesa, S. A.»: 44,16 por 100.<br />
«EON España, S. L.»: 1,00 por 100.<br />
«GAS Natural S.D.G., S. A.»: 13,75 por 100.<br />
Las empresas tendrán derecho a recuperar las aportaciones por este concepto en las liquidaciones correspondientes a los quince años siguientes al ejercicio en que se hubieran producido. Las cantidades aportadas por este concepto serán devueltas reconociéndose un tipo de interés en condiciones equivalentes a las del mercado que se fijará en la orden por la que se revisen los peajes y cargos.<br />
Con anterioridad al 1 de diciembre de 2014, se realizará una liquidación complementaria de la liquidación provisional 14 del ejercicio 2013, incluyendo las cantidades que hasta esa fecha se hayan incorporado provenientes de las correspondientes partidas de ingresos.<br />
El desajuste de ingresos del sistema eléctrico del ejercicio 2013 se determinará a partir de esta liquidación complementaria de dicho ejercicio.<br />
2. Hasta el 1 de enero de 2013, las disposiciones por las que se aprueben los peajes de acceso reconocerán de forma expresa los déficit de ingresos que, en su caso, se estime que puedan producirse en las liquidaciones de las actividades reguladas en el sector eléctrico.<br />
Asimismo, se entenderá que se producen desajustes temporales, si como resultado de las liquidaciones de las actividades reguladas en cada período, resultara un déficit de ingresos superior al previsto en la disposición por la que se aprobaron los peajes de acceso correspondientes. Dicho desajuste temporal se reconocerá de forma expresa en las disposiciones de aprobación de los peajes de acceso del período siguiente.<br />
Cuando por la aparición de desajustes temporales, el fondo acumulado en la cuenta específica a que se refiere el Real Decreto 2017/1997, de 26 de diciembre, abierta en régimen de depósito arrojara un saldo negativo, éste será liquidado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en las liquidaciones mensuales aplicando los siguientes porcentajes de reparto:<br />
«Iberdrola, S. A.»: 35,01 por 100.<br />
«Hidroeléctrica del Cantábrico, S. A.»: 6,08 por 100.<br />
«Endesa, S. A.»: 44,16 por 100.<br />
«EON España, S. L.»: 1,00 por 100.<br />
«GAS Natural S.D.G., S. A.»: 13,75 por 100.<br />
Estos porcentajes de reparto podrán ser modificados por real decreto, cuando se produzcan desinversiones significativas que afecten a las empresas en la actividad de distribución, cuando se produzcan cambios estructurales sustanciales en la actividad de generación que así lo justifiquen o como consecuencia de inversiones o desinversiones significativas en activos de generación.<br />
Las empresas tendrán derecho a recuperar las aportaciones por este concepto en las 14 liquidaciones correspondientes al período en que se modifiquen las tarifas de acceso para el reconocimiento de dicho desajuste temporal. Las cantidades aportadas por este concepto serán devueltas reconociéndose un tipo de interés en condiciones equivalentes a las del mercado que se fijará en la orden por la que se aprueban los peajes.<br />
3. Si el importe del desajuste temporal definido en los apartados 1 y 2 no fuera conocido en el momento de la aprobación de la disposición por la que se aprueban los peajes de acceso del período siguiente, en dicha disposición se reconocerá de forma expresa, incluyendo los intereses que pudieran devengar, los importes que, en su caso, se estimen vayan a ser financiados.<br />
Se habilita a la Dirección General de Política Energética y Minas para modificar dichos importes por los realmente financiados por cada una de las empresas, cuando se disponga de la información de la liquidación 14 del ejercicio correspondiente. Para el año 2013 se tendrá en cuenta la información de la liquidación complementaria de la liquidación 14 de dicho ejercicio.<br />
La diferencia entre los importes reconocidos con la información de la liquidación 14 y los resultantes de la liquidación definitiva del correspondiente ejercicio, tendrán la consideración de coste o ingreso liquidable del sistema del ejercicio en que se produzca. Para el año 2013 se tendrá en cuenta la información de la liquidación complementaria de la liquidación 14.<br />
4. No obstante, para los años 2009, 2010, 2011 y 2012, el déficit de ingresos previsto en la disposición por la que se aprobaron los peajes de acceso correspondientes no será superior a 3.500 millones de euros, 3.000 millones de euros, 3.000 millones de euros y 1.500 millones de euros, respectivamente.<br />
Asimismo, los desajustes temporales de liquidaciones del sistema eléctrico que se produzcan en 2010, hasta una cuantía máxima de 2.500 millones de euros, y en 2012, en el importe de 4.109.213 miles de euros, tendrán la consideración de déficit de ingresos del sistema de liquidaciones eléctrico para 2010 y 2012, respectivamente, que generará derechos de cobro que podrán ser cedidos por sus titulares al Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico, considerándose el importe para el año 2012 como definitivo a efectos de la cesión.<br />
5. Los déficit del sistema de liquidaciones eléctrico generarán derechos de cobro consistentes en el derecho a percibir un importe de la facturación mensual por peajes de acceso o cargos de los años sucesivos hasta su satisfacción. Las cantidades aportadas por este concepto serán devueltas reconociéndose un tipo de interés en condiciones equivalentes a las del mercado que se fijará en la orden por la que se aprueban los peajes.<br />
Los pagos que realice la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, el órgano encargado de las liquidaciones, necesarios para satisfacer los derechos de cobro tendrán consideración de costes del sistema y se recaudarán a través de los cargos establecidos de acuerdo a lo dispuesto en la presente Ley hasta su satisfacción total.<br />
Para la financiación de dichos déficit, los derechos de cobro correspondientes se podrán ceder a un fondo de titulización que se constituirá a estos efectos y se denominará Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico, según lo contemplado en la disposición adicional quinta de la Ley 3/1994, de 14 de abril, por la que se adapta la legislación española en materia de entidades de crédito a la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria y se introducen otras modificaciones relativas al sistema financiero, siendo de aplicación lo dispuesto en el Real Decreto 926/1998, de 14 mayo, por el que se regulan los fondos de titulización de activos y las sociedades gestoras de fondos de titulización. La constitución del Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico requerirá el informe previo favorable del Ministerio de Economía y Competitividad.<br />
El activo del fondo de titulización estará constituido por:<br />
a) Derechos de cobro generados y no cedidos a terceros por los titulares iniciales del derecho hasta 10.000 millones de euros a fecha de 31 de diciembre de 2008. El precio de cesión de dichos derechos y las condiciones de cesión de los mismos se determinará por real decreto, a propuesta conjunta de los titulares de los Ministerios de Industria, Energía y Turismo y de Economía y Competitividad.<br />
b) Los derechos de cobro a que dé lugar la financiación de los déficit generados desde el 1 de enero de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2012, cuyas características, así como precio y condiciones de cesión, se establecerán por real decreto, a propuesta conjunta de los titulares de los Ministerios de Industria, Energía y Turismo y de Economía y Competitividad.<br />
6. El pasivo del fondo de titulización estará constituido por los instrumentos financieros que se emitan a través de un procedimiento competitivo que se regulará por real decreto, a propuesta conjunta de los titulares de los Ministerios de Industria, Energía y Turismo y de Economía y Competitividad.<br />
7. La sociedad gestora del fondo de titulización será designada por la Comisión, que a estos efectos se cree, dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo que la presidirá. Dicha Comisión estará compuesta por representantes del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y del Ministerio de Economía y Competitividad. En atención a la naturaleza de la función asignada a la Comisión, esta podrá contar con el asesoramiento técnico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por las especiales condiciones de experiencia y conocimientos que concurren en tales organismos.<br />
La designación, por la Comisión, de la sociedad gestora deberá realizarse de acuerdo a los principios de objetividad, transparencia y publicidad, y entre sociedades gestoras que cuenten con profesionales de reconocida y probada experiencia en la materia.<br />
En su organización y funcionamiento, la Comisión se regirá por lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y reglamentariamente se establecerá su composición en cuanto a número de miembros y rango jerárquico.<br />
La extinción de esta Comisión se producirá automáticamente una vez alcanzado el fin para el que fue creada.<br />
8. Asimismo, para cubrir eventuales desfases de tesorería entre ingresos y pagos del fondo de titulización, por acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, se podrá constituir una línea de crédito en condiciones de mercado.<br />
9. Al amparo de lo establecido en el artículo 114 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se autoriza a la Administración General del Estado, hasta el 31 de diciembre de 2013, a otorgar avales en garantía de las obligaciones económicas exigibles al Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico, derivadas de las emisiones de instrumentos financieros que realice dicho Fondo con cargo a los derechos de cobro que constituyan el activo del mismo:<br />
Los importes máximos para el otorgamiento de los avales a que se refiere el apartado serán los que determinen las correspondientes leyes de presupuestos generales del Estado.<br />
El otorgamiento de los avales deberá ser acordado por el titular del Ministerio competente para el otorgamiento de los avales en garantía de las obligaciones económicas exigibles al Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico, de acuerdo con lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y sólo podrá efectuarse una vez constituido el fondo.<br />
De producirse la ejecución del aval frente a la Administración General del Estado, ésta se subrogará, respecto de los importes ejecutados por cualquier concepto, en todos los derechos y acciones que tuvieran reconocidos los acreedores frente al Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico.<br />
En el caso de ejecución de los avales a que se refiere este apartado, se autoriza a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera para que pueda efectuar los pagos correspondientes a la ejecución de los avales mediante operaciones de tesorería con cargo al concepto específico que se fije a tal fin. Con posterioridad a la realización de dichos pagos, la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera procederá a la aplicación definitiva al presupuesto de gastos de los pagos realizados en el ejercicio, salvo los efectuados en el mes de diciembre, que se aplicarán al presupuesto de gastos en el primer trimestre del año siguiente.»<br />
Disposición final segunda. Carácter básico y título competencial.<br />
1. La presente ley tiene carácter básico, de acuerdo con lo establecido en el artículo 149.1.13.ª y 25.ª de la Constitución.<br />
2. Se excluyen de este carácter básico las referencias a los procedimientos administrativos, que serán regulados por la Administración Pública competente, ajustándose en todo caso a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En todo caso, tiene carácter básico lo dispuesto sobre los efectos de la falta de notificación de resolución expresa en la disposición adicional tercera.<br />
3. Los preceptos del título IX, relativos a expropiación forzosa y servidumbres, son de aplicación general al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.8.ª y 18.ª de la Constitución.<br />
4. Las instalaciones a que se refiere el artículo 149.1.22.ª de la Constitución se regirán por lo dispuesto en esta ley y en sus disposiciones de desarrollo.<br />
Disposición final tercera. Nuevo régimen jurídico y económico de la actividad de producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos con régimen económico primado.<br />
1. De acuerdo con lo establecido en la disposición final segunda del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, el Gobierno, a propuesta del Ministro de Industria, Energía y Turismo, aprobará un real decreto de regulación del régimen jurídico y económico para las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos que tuvieran reconocida retribución primada a la entrada en vigor del citado real decreto-ley.<br />
2. Tal y como allí se dispone, este nuevo modelo se ajustará a los criterios previstos en el artículo 30 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en la redacción que le fue dada por el citado real decreto-ley, y será de aplicación desde la entrada en vigor del mismo.<br />
No obstante lo anterior, el régimen retributivo específico que se establezca para las instalaciones de tecnología solar termoeléctrica adjudicatarias del régimen previsto en la disposición adicional tercera del Real Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre, por el que se regulan y modifican determinados aspectos relativos a la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial, estará compuesto por un único término a la operación cuyo valor será el resultante de la oferta económica para las que resultaran adjudicatarias.<br />
3. En los términos previstos en el Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, para el establecimiento de ese nuevo régimen retributivo la rentabilidad razonable a lo largo de toda la vida regulatoria de la instalación girará, antes de impuestos, sobre el rendimiento medio en el mercado secundario de los diez años anteriores a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, de las Obligaciones del Estado a diez años incrementada en 300 puntos básicos, todo ello, sin perjuicio de su ulterior revisión en los términos legalmente previstos.<br />
4. En ningún caso podrá resultar de dicho nuevo modelo retributivo la reclamación de las retribuciones percibidas por la energía producida con anterioridad al 14 de julio de 2013, incluso si se constatase que en dicha fecha pudiera haberse superado dicha rentabilidad.<br />
5. La revisión de los parámetros de retribución se realizará, en todo caso, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 14.4 de esta ley.<br />
Disposición final tercera bis. Rentabilidad razonable de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos con retribución primada a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio.<br />
1. Excepcionalmente, para las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos que tuvieran reconocida retribución primada a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, el valor sobre el que girará la rentabilidad razonable fijada para el primer periodo regulatorio, no podrá ser revisado durante los dos periodos regulatorios que se sucedan, de manera consecutiva, a partir del 1 de enero de 2020.<br />
2. Estas instalaciones podrán renunciar a la aplicación de lo previsto en el apartado anterior, debiendo manifestar su renuncia de manera fehaciente ante la Dirección General de Política Energética y Minas antes del 1 de abril de 2020. En este caso, para el cálculo de la retribución que les corresponda percibir se tendrá en cuenta, con efectos desde el día de inicio del período regulatorio, el valor de la rentabilidad razonable que se fije para cada periodo regulatorio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de esta ley.<br />
3. La medida prevista en el apartado 1 no será de aplicación cuando sobre la rentabilidad de estas instalaciones se inicie o se haya iniciado previamente un procedimiento arbitral o judicial fundado en la modificación del régimen retributivo especial operado con posterioridad al Real Decreto 661/2007 de 25 de mayo, incluyendo las derivadas de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, y de sus normas de desarrollo.<br />
No obstante, podrán acogerse al régimen excepcional del apartado 1 de esta disposición las instalaciones antes mencionadas cuando se acredite ante la Dirección General de Política Energética y Minas antes del 30 de septiembre de 2020, la terminación anticipada del procedimiento arbitral o judicial y la renuncia fehaciente a su reinicio o a su continuación, o la renuncia a la percepción de indemnización o compensación que haya sido reconocida como consecuencia de tales procedimientos.<br />
4. A los efectos de esta disposición:<br />
a) Se entenderá que en los procedimientos arbitrales se incluyen aquellos que, al amparo de Tratados internacionales en los que el Reino de España sea parte, se inicien o se hayan iniciado y se fundamenten en las modificaciones del régimen retributivo especial de las instalaciones de producción energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos operadas con posterioridad al Real Decreto 661/2007 de 25 de mayo, incluyendo las derivadas de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, y de sus normas de desarrollo.<br />
b) Sin carácter limitativo, se entienden comprendidos en los procedimientos arbitrales y judiciales señalados en esta disposición:<br />
1.º Los procedimientos planteados por el titular, directo o indirecto, de la instalación. En el caso de ser varios los titulares, los que se hayan planteado por cualquiera de ellos. La aplicación de lo dispuesto en el apartado 3 de esta disposición a estos procedimientos no quedará afectada por el hecho de que, con posterioridad al inicio del procedimiento, se hayan transmitido la totalidad o parte de las instalaciones a un tercero, reservándose el transmitente los derechos que pudieran reconocerse en el procedimiento arbitral o judicial.<br />
2.º Los procedimientos planteados por quienes pretendan hacer valer sus derechos como consecuencia de ser titulares de una inversión en relación con esas instalaciones en los términos del Tratado respectivo.<br />
3.º Los procedimientos planteados por terceros en virtud de cesión, subrogación, sucesión procesal y cualesquiera otro título jurídico de efecto análogo o equivalente, y en los que la pretensión resarcitoria se fundamente en la modificación del régimen retributivo especial de esas instalaciones operada con posterioridad al Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, incluyendo las derivadas de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, y de sus normas de desarrollo.<br />
5. En el caso de que se constate que, respecto de alguna de las instalaciones acogidas al apartado 1 de esta disposición, se ha percibido la indemnización o compensación referida en el apartado 3, por la Dirección General de Política Energética y Minas se acordará la revocación del régimen retributivo excepcional previsto en el apartado 1 con efectos desde el 1 de octubre de 2020. A tal efecto, el órgano encargado de las liquidaciones detraerá, de la retribución que corresponda percibir a la instalación, la cantidad a que ascienda la diferencia entre la retribución que haya sido abonada y la que hubiese correspondido percibir de conformidad con el valor actualizado de la tasa de rentabilidad razonable del periodo regulatorio correspondiente.<br />
Reglamentariamente el Gobierno establecerá el procedimiento para practicar la detracción a que se refiere el párrafo anterior<br />
Disposición final cuarta. Habilitación normativa.<br />
1. Se habilita al Gobierno para que, en el ámbito de sus competencias, dicte las disposiciones reglamentarias necesarias para el desarrollo y aplicación de esta ley.<br />
2. En particular, se autoriza al Gobierno para modificar la indexación de la retribución de las diferentes actividades reguladas del sector eléctrico.<br />
Disposición final quinta. Modificación del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico.<br />
La disposición transitoria tercera.2 del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, queda redactada como sigue:<br />
«2. El organismo encargado de la liquidación abonará, con carácter de pago a cuenta, los conceptos liquidables devengados por las instalaciones de régimen especial, y aquellas de régimen ordinario con régimen retributivo primado al amparo de Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, en aplicación de lo previsto en los referidos reales decretos.<br />
Los derechos de cobro u obligaciones de pago resultantes de la aplicación de la metodología que se establezca en virtud de lo previsto en la disposición final segunda, a la energía producida desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley hasta la entrada en vigor de las disposiciones necesarias para la plena aplicación del nuevo régimen retributivo, serán liquidados por el organismo encargado de las mismas en las nueve liquidaciones a partir de la fecha que reglamentariamente se establezca, sin perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente.<br />
No obstante lo anterior, reglamentariamente se podrá establecer un límite máximo a las obligaciones de ingreso que se deriven de la aplicación de este apartado. La aplicación del límite anteriormente citado podrá dar lugar a que el ajuste se realice en más de nueve liquidaciones.<br />
Estas cantidades tendrán la consideración de coste o ingreso liquidable del sistema, según proceda, a los efectos previstos en el procedimiento de liquidación de los costes del sistema eléctrico.»<br />
Disposición final quinta bis. Contratos de acceso a las redes de transporte y distribución eléctrica para regadíos.<br />
Las condiciones particulares de aplicación a contratos de acceso para regadío serán las siguientes:<br />
En los términos que reglamentariamente se determinen, el contrato de acceso para regadío contemplará la posibilidad de disponer de dos potencias diferentes a lo largo de 12 meses, en función de la necesidad de suministro para esta actividad. Los precios del término de potencia no surtirán incremento alguno respecto de las tarifas de aplicación, siempre que la fijación así establecida sea consistente con la seguridad y la sostenibilidad económica y financiera del sistema recogido en el artículo 13 de la ley 24/2013, de 26 de diciembre, así como con la normativa comunitaria de aplicación<br />
Disposición final sexta. Entrada en vigor.<br />
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».<br />
Por tanto,<br />
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.<br />
Madrid, 26 de diciembre de 2013.<br />
JUAN CARLOS R.<br />
El Presidente del Gobierno,<br />
MARIANO RAJOY BREY</p>
<p>La entrada <a href="https://normativamunicipal.com/ley-del-sector-electrico-actualizada/">Ley del Sector Eléctrico (actualizada)</a> se publicó primero en <a href="https://normativamunicipal.com">Normativa Municipal</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://normativamunicipal.com/ley-del-sector-electrico-actualizada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Texto refundido de la Ley de Aguas (actualizado)</title>
		<link>https://normativamunicipal.com/texto-refundido-de-la-ley-de-aguas-actualizado/</link>
					<comments>https://normativamunicipal.com/texto-refundido-de-la-ley-de-aguas-actualizado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2020 12:52:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contratación]]></category>
		<category><![CDATA[Policía local]]></category>
		<category><![CDATA[Presupuestos]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad vial]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Ley Aguas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://normativamunicipal.com/uncategorized/texto-refundido-de-la-ley-de-aguas-actualizado/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas BOE 176/2001, de 24 julio 2001 (Última modificación introducida por Real Decreto-ley 17/2019, de 22 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la necesaria adaptación de parámetros retributivos que afectan al sistema eléctrico y por el que se da respuesta al proceso de cese de actividad de centrales térmicas de generación.) Concordancias: MODIFICA: Se introduce la disposición adicional decimosexta La disposición final segunda de la Ley 46/1999, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, en la redacción dada por la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de Evaluación de Impacto Ambiental, autoriza al Gobierno para que, en el plazo de dos años a partir de su entrada en vigor, dicte un Real Decreto Legislativo en el que se refunda y adapte la normativa legal existente en materia de aguas. Para ello, se hace preciso incorporar las modificaciones que en el texto de la Ley de Aguas, se introducen por la propia Ley 46/1999, antes citada y por la sentencia del Tribunal Constitucional 227/1988, de 29 de noviembre, en la que se estiman parcialmente tanto los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra la Ley de Aguas, como el conflicto positivo de competencias planteado contra determinados preceptos del Reglamento del Dominio Público Hidráulico; por la disposición adicional 9.a 2 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social que modifica los apartados 1º, segundo párrafo y 2º, del artículo 109 de la Ley de Aguas en materia de sanciones; por los artículos 2 y 3 de la Ley 9/1996, de 15 de enero, en la que se adoptan medidas extraordinarias, excepcionales y urgentes en materia de abastecimientos hidráulicos como consecuencia de la persistencia de la sequía, modificando y ampliando respectivamente los artículos 63 y 109.2 de la Ley de Aguas; por los artículos 158, 173 y 174 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, relativos a la gestión directa de la construcción o explotación de determinadas obras públicas, al régimen jurídico del contrato de concesión de construcción y explotación de obras hidráulicas, así como a la modificación del artículo 21 de la Ley de Aguas, al que añade un nuevo apartado y, finalmente, por la Ley 11/1999, de 21 de abril, de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y otras medidas para el desarrollo del Gobierno Local en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor, seguridad vial y en materia de aguas, que modifica y amplía respectivamente, los artículos 17 y 25 de la Ley de Aguas, relativos al Consejo Nacional del Agua y a la composición de la Junta de Gobierno de los Organismos de cuenca. Por otra parte, y a pesar de su rango legal, no se ha entendido adecuado incluir en el texto refundido, el Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. Esta norma constituye un complemento de lo dispuesto en la Ley de Aguas en relación con los vertidos, pero tiene, sin duda, otros objetivos y afecta a otros ámbitos legislativos diferentes, como ocurre con las aguas marítimas reguladas por la Ley de Costas. Por ello, sin perjuicio de su vigencia y aplicación, se entiende que su inclusión en el texto refundido de la Ley de Aguas ocasionaría importantes disfunciones desde el punto de vista de la técnica legislativa. En consecuencia, se ha elaborado un texto refundido de la Ley de Aguas, que se incorpora a este Real Decreto Legislativo y que tiene por objeto, en cumplimiento del mandato legal, recoger las modificaciones que han quedado detalladas. En su virtud, a propuesta del Ministro de Medio Ambiente, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 20 de julio de 2001, DISPONGO: Artículo único Se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas que se inserta a continuación. Disposición Derogatoria única Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan al presente Real Decreto legislativo y al texto refundido que aprueba y, en particular, las siguientes: 1. La Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 2. La Ley 46/1999, de 13 de diciembre, por la que se modifica la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, excepto la disposición adicional primera. 3. La disposición adicional 9.a, apartado 2, de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, que modifica los apartados 1º, segundo párrafo y 2º, del artículo 109 de la Ley de Aguas, de 1985, en materia de sanciones. 4. Los artículos 2 y 3 de la Ley 9/1996, de 15 de enero, en la que se adoptan medidas extraordinarias, excepcionales y urgentes en materia de abastecimientos hidráulicos como consecuencia de la persistencia de la sequía, modificando y ampliando, respectivamente, los artículos 63 y 109.2 de la Ley 29/1985. 5. El apartado 5 del artículo 158 y artículos 173 y 174 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, relativos a la gestión directa de la construcción y/o explotación de determinadas obras públicas, al régimen jurídico del contrato de concesión de construcción y explotación de obras hidráulicas, así como a la modificación del artículo 21 de la Ley 29/1985, al que añade un nuevo apartado. 6. El artículo 3 de la Ley 11/1999, de 21 de abril, de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y otras medidas para el desarrollo del Gobierno Local en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor, seguridad vial y en materia de aguas, que modifica y amplía, respectivamente, los artículos 17 y 25 de</p>
<p>La entrada <a href="https://normativamunicipal.com/texto-refundido-de-la-ley-de-aguas-actualizado/">Texto refundido de la Ley de Aguas (actualizado)</a> se publicó primero en <a href="https://normativamunicipal.com">Normativa Municipal</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-14212"></span></p>
<p>BOE 176/2001, de 24 julio 2001<br />
<strong><em>(Última modificación introducida por Real Decreto-ley 17/2019, de 22 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la necesaria adaptación de parámetros retributivos que afectan al sistema eléctrico y por el que se da respuesta al proceso de cese de actividad de centrales térmicas de generación.)</em></strong></p>
<p><strong>Concordancias:</strong><br />
<strong>MODIFICA</strong>: Se introduce la disposición adicional decimosexta</p>
<p>La disposición final segunda de la Ley 46/1999, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, en la redacción dada por la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de Evaluación de Impacto Ambiental, autoriza al Gobierno para que, en el plazo de dos años a partir de su entrada en vigor, dicte un Real Decreto Legislativo en el que se refunda y adapte la normativa legal existente en materia de aguas.<br />
Para ello, se hace preciso incorporar las modificaciones que en el texto de la Ley de Aguas, se introducen por la propia Ley 46/1999, antes citada y por la sentencia del Tribunal Constitucional 227/1988, de 29 de noviembre, en la que se estiman parcialmente tanto los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra la Ley de Aguas, como el conflicto positivo de competencias planteado contra determinados preceptos del Reglamento del Dominio Público Hidráulico; por la disposición adicional 9.a 2 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social que modifica los apartados 1º, segundo párrafo y 2º, del artículo 109 de la Ley de Aguas en materia de sanciones; por los artículos 2 y 3 de la Ley 9/1996, de 15 de enero, en la que se adoptan medidas extraordinarias, excepcionales y urgentes en materia de abastecimientos hidráulicos como consecuencia de la persistencia de la sequía, modificando y ampliando respectivamente los artículos 63 y 109.2 de la Ley de Aguas; por los artículos 158, 173 y 174 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, relativos a la gestión directa de la construcción o explotación de determinadas obras públicas, al régimen jurídico del contrato de concesión de construcción y explotación de obras hidráulicas, así como a la modificación del artículo 21 de la Ley de Aguas, al que añade un nuevo apartado y, finalmente, por la Ley 11/1999, de 21 de abril, de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y otras medidas para el desarrollo del Gobierno Local en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor, seguridad vial y en materia de aguas, que modifica y amplía respectivamente, los artículos 17 y 25 de la Ley de Aguas, relativos al Consejo Nacional del Agua y a la composición de la Junta de Gobierno de los Organismos de cuenca.<br />
Por otra parte, y a pesar de su rango legal, no se ha entendido adecuado incluir en el texto refundido, el Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. Esta norma constituye un complemento de lo dispuesto en la Ley de Aguas en relación con los vertidos, pero tiene, sin duda, otros objetivos y afecta a otros ámbitos legislativos diferentes, como ocurre con las aguas marítimas reguladas por la Ley de Costas. Por ello, sin perjuicio de su vigencia y aplicación, se entiende que su inclusión en el texto refundido de la Ley de Aguas ocasionaría importantes disfunciones desde el punto de vista de la técnica legislativa.<br />
En consecuencia, se ha elaborado un texto refundido de la Ley de Aguas, que se incorpora a este Real Decreto Legislativo y que tiene por objeto, en cumplimiento del mandato legal, recoger las modificaciones que han quedado detalladas.<br />
En su virtud, a propuesta del Ministro de Medio Ambiente, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 20 de julio de 2001,<br />
DISPONGO:</p>
<p>Artículo único<br />
Se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas que se inserta a continuación.</p>
<p>Disposición Derogatoria única<br />
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan al presente Real Decreto legislativo y al texto refundido que aprueba y, en particular, las siguientes:<br />
1. La Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.<br />
2. La Ley 46/1999, de 13 de diciembre, por la que se modifica la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, excepto la disposición adicional primera.<br />
3. La disposición adicional 9.a, apartado 2, de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, que modifica los apartados 1º, segundo párrafo y 2º, del artículo 109 de la Ley de Aguas, de 1985, en materia de sanciones.<br />
4. Los artículos 2 y 3 de la Ley 9/1996, de 15 de enero, en la que se adoptan medidas extraordinarias, excepcionales y urgentes en materia de abastecimientos hidráulicos como consecuencia de la persistencia de la sequía, modificando y ampliando, respectivamente, los artículos 63 y 109.2 de la Ley 29/1985.<br />
5. El apartado 5 del artículo 158 y artículos 173 y 174 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, relativos a la gestión directa de la construcción y/o explotación de determinadas obras públicas, al régimen jurídico del contrato de concesión de construcción y explotación de obras hidráulicas, así como a la modificación del artículo 21 de la Ley 29/1985, al que añade un nuevo apartado.<br />
6. El artículo 3 de la Ley 11/1999, de 21 de abril, de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y otras medidas para el desarrollo del Gobierno Local en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor, seguridad vial y en materia de aguas, que modifica y amplía, respectivamente, los artículos 17 y 25 de la Ley 29/1985, de Aguas.</p>
<p>Disposición Final única<br />
El presente Real Decreto legislativo y el texto refundido que aprueba entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».<br />
Las autorizaciones de vertidos a las aguas continentales de cuencas intracomunitarias reguladas en el presente Texto Refundido quedan derogadas por disp. Derogatoria única dos Ley 16/2002 de 1 julio de prevención y control integrados de la contaminación</p>
<p>TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS</p>
<p>Título preliminar</p>
<p>Artículo 1. Objeto de la Ley<br />
1. Es objeto de esta Ley la regulación del dominio público hidráulico, del uso del agua y del ejercicio de las competencias atribuidas al Estado en las materias relacionadas con dicho dominio en el marco de las competencias delimitadas en el artículo 149 de la Constitución.<br />
2. Es también objeto de esta ley el establecimiento de las normas básicas de protección de las aguas continentales, costeras y de transición, sin perjuicio de su calificación jurídica y de la legislación específica que les sea de aplicación.<br />
3. Las aguas continentales superficiales, así como las subterráneas renovables, integradas todas ellas en el ciclo hidrológico, constituyen un recurso unitario, subordinado al interés general, que forma parte del dominio público estatal como dominio público hidráulico.<br />
4. Corresponde al Estado, en todo caso, y en los términos que se establecen en esta Ley, la planificación hidrológica a la que deberá someterse toda actuación sobre el dominio público hidráulico.<br />
5. Las aguas minerales y termales se regularán por su legislación específica, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el apartado 2.</p>
<p>Título primero. Del dominio publico hidráulico del Estado</p>
<p>Artículo 2. Definición de dominio público hidráulico<br />
Constituyen el dominio público hidráulico del Estado, con las salvedades expresamente establecidas en esta Ley:<br />
A) Las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas renovables con independencia del tiempo de renovación.<br />
B) Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas.<br />
C) Los lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses superficiales en cauces públicos.<br />
D) Los acuíferos, a los efectos de los actos de disposición o de afección de los recursos hidráulicos.<br />
E) Las aguas procedentes de la desalación de agua de mar una vez que, fuera de la planta de producción, se incorporen a cualquiera de los elementos señalados en los apartados anteriores.</p>
<p>Artículo 3. Modificación de la fase atmosférica<br />
La fase atmosférica del ciclo hidrológico sólo podrá ser modificada artificialmente por la Administración del Estado o por aquellos a quienes ésta autorice.</p>
<p>Capítulo II. De los cauces, riberas y márgenes</p>
<p>Artículo 4. Definición de cauce<br />
Alveo o cauce natural de una corriente continua o discontinua es el terreno cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias.</p>
<p>Artículo 5. Cauces de dominio privado<br />
1. Son de dominio privado los cauces por los que ocasionalmente discurran aguas pluviales en tanto atraviesen, desde su origen, únicamente fincas de dominio particular.<br />
2. El dominio privado de estos cauces no autoriza para hacer en ellos labores ni construir obras que puedan hacer variar el curso natural de las aguas o alterar su calidad en perjuicio del interés público o de tercero, o cuya destrucción por la fuerza de las avenidas pueda ocasionar daños a personas o cosas.</p>
<p>Artículo 6. Definición de riberas<br />
1. Se entiende por riberas las fajas laterales de los cauces públicos situadas por encima del nivel de aguas bajas, y por márgenes los terrenos que lindan con los cauces.<br />
Las márgenes están sujetas, en toda su extensión longitudinal:<br />
A) A una zona de servidumbre de cinco metros de anchura, para uso público que se regulará reglamentariamente.<br />
B) A una zona de policía de 100 metros de anchura en la que se condicionará el uso del suelo y las actividades que se desarrollen.<br />
2. En las zonas próximas a la desembocadura en el mar, en el entorno inmediato de los embalses o cuando las condiciones topográficas o hidrográficas de los cauces y márgenes lo hagan necesario para la seguridad de personas y bienes, podrá modificarse la anchura de ambas zonas en la forma que reglamentariamente se determine.</p>
<p>Artículo 7. Trabajos de protección en las márgenes<br />
Podrán realizarse en caso de urgente necesidad trabajos de protección de carácter provisional en las márgenes de los cauces. Serán responsables de los eventuales daños que pudieran derivarse de dichas obras los propietarios que las hayan construido.</p>
<p>Artículo 8. Modificaciones de los cauces<br />
Las situaciones jurídicas derivadas de las modificaciones naturales de los cauces se regirán por lo dispuesto en la legislación civil. En cuanto a las modificaciones que se originen por las obras legalmente autorizadas se estará a lo establecido en la concesión o autorización correspondiente.</p>
<p>Capítulo III. De los lagos, lagunas, embalses y terrenos inundables</p>
<p>Artículo 9. Lecho o fondo de los lagos, lagunas y embalses superficiales<br />
1. Lecho o fondo de los lagos y lagunas es el terreno que ocupan sus aguas en las épocas en que alcanzan su mayor nivel ordinario.<br />
2. Lecho o fondo de un embalse superficial es el terreno cubierto por las aguas cuando éstas alcanzan su mayor nivel a consecuencia de las máximas crecidas ordinarias de los ríos que lo alimentan.</p>
<p>Artículo 10. Las charcas situadas en predios de propiedad privada<br />
Las charcas situadas en predios de propiedad privada se considerarán como parte integrante de los mismos siempre que se destinen al servicio exclusivo de tales predios y sin perjuicio de la aplicación de la legislación ambiental correspondiente.</p>
<p>Artículo 11. Las zonas inundables<br />
1. Los terrenos que puedan resultar inundados durante las crecidas no ordinarias de los lagos, lagunas, embalses, ríos o arroyos, conservarán la calificación jurídica y la titularidad dominical que tuvieren.<br />
2. Los Organismos de cuenca darán traslado a las Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo de los datos y estudios disponibles sobre avenidas, al objeto de que se tengan en cuenta en la planificación del suelo y, en particular, en las autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas inundables.<br />
3. El Gobierno, por Real Decreto, podrá establecer las limitaciones en el uso de las zonas inundables que estime necesarias para garantizar la seguridad de las personas y bienes. Los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas podrán establecer, además, normas complementarias de dicha regulación.</p>
<p>Capítulo IV. De los acuíferos</p>
<p>Artículo 12. El dominio público de los acuíferos<br />
El dominio público de los acuíferos o formaciones geológicas por las que circulan aguas subterráneas, se entiende sin perjuicio de que el propietario del fundo pueda realizar cualquier obra que no tenga por finalidad la extracción o aprovechamiento del agua, ni perturbe su régimen ni deteriore su calidad, con la salvedad prevista en el apartado 2 del artículo 54.</p>
<p>Capítulo V. De las aguas procedentes de la desalación</p>
<p>Artículo 13. De la desalación, concepto y requisitos<br />
1. Cualquier persona física o jurídica podrá realizar la actividad de desalación de agua de mar, previas las correspondientes autorizaciones administrativas respecto a los vertidos que procedan, a las condiciones de incorporación al dominio público hidráulico y a los requisitos de calidad, según los usos a los que se destine el agua.<br />
2. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de las autorizaciones y concesiones demaniales que sean precisas de acuerdo con la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y las demás que procedan conforme a la legislación sectorial aplicable si a la actividad de desalación se asocian otras actividades industriales reguladas, así como las derivadas de los actos de intervención y uso del suelo.<br />
Aquellas autorizaciones y concesiones que deban otorgarse por dos o más órganos u organismos públicos de la Administración General del Estado, se tramitarán en un solo expediente, en la forma que reglamentariamente se determine.<br />
3. La desalación de aguas continentales se someterá al régimen previsto en esta Ley para la explotación del dominio público hidráulico.</p>
<p>Título II. De la administración pública del agua</p>
<p>Capítulo primero. Principios generales</p>
<p>Artículo 14. Principios rectores de la gestión en materia de aguas<br />
El ejercicio de las funciones del Estado, en materia de aguas, se someterá a los siguientes principios:<br />
1º Unidad de gestión, tratamiento integral, economía del agua, desconcentración, descentralización, coordinación, eficacia y participación de los usuarios.<br />
2º Respeto a la unidad de la cuenca hidrográfica, de los sistemas hidráulicos y del ciclo hidrológico.<br />
3º Compatibilidad de la gestión pública del agua con la ordenación del territorio, la conservación y protección del medio ambiente y la restauración de la naturaleza.</p>
<p>Artículo 15. Derecho a la información<br />
1. Todas las personas físicas o jurídicas tienen derecho a acceder a la información en materia de aguas en los términos previstos en la Ley 38/1995, de 12 de diciembre, sobre el derecho a la información en materia de medio ambiente y, en particular, a la información sobre vertidos y calidad de las aguas.<br />
2. Los miembros de los órganos de gobierno y administración de los organismos de cuenca tienen derecho a obtener toda la información disponible en el organismo respectivo en las materias propias de la competencia de los órganos de que formen parte.</p>
<p>Artículo 16. Definición de cuenca hidrográfica<br />
A los efectos de esta ley, se entiende por cuenca hidrográfica la superficie de terreno cuya escorrentía superficial fluye en su totalidad a través de una serie de corrientes, ríos y eventualmente lagos hacia el mar por una única desembocadura, estuario o delta. La cuenca hidrográfica como unidad de gestión del recurso se considera indivisible.<br />
Precepto redactado por artículo 129 seis Ley 62/2003 de 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social</p>
<p>Artículo 16 bis. Demarcación hidrográfica<br />
1. Se entiende por demarcación hidrográfica la zona terrestre y marina compuesta por una o varias cuencas hidrográficas vecinas y las aguas de transición, subterráneas y costeras asociadas a dichas cuencas.<br />
Son aguas de transición, las masas de agua superficial próximas a la desembocadura de los ríos que son parcialmente salinas como consecuencia de su proximidad a las aguas costeras, pero que reciben una notable influencia de flujos de agua dulce.<br />
Son aguas costeras, las aguas superficiales situadas hacia tierra desde una línea cuya totalidad de puntos se encuentra a una distancia de una milla náutica mar adentro desde el punto más próximo de la línea de base que sirve para medir la anchura de las aguas territoriales y que se extienden, en su caso, hasta el límite exterior de las aguas de transición.<br />
2. Las aguas costeras se especificarán e incluirán en la demarcación o demarcaciones hidrográficas más próximas o más apropiadas.<br />
3. Los acuíferos que no correspondan plenamente a ninguna demarcación en particular, se incluirán en la demarcación más próxima o más apropiada, pudiendo atribuirse a cada una de las demarcaciones la parte de acuífero correspondiente a su respectivo ámbito territorial, y debiendo garantizarse, en este caso, una gestión coordinada mediante las oportunas notificaciones entre demarcaciones afectadas.<br />
4. La demarcación hidrográfica, como principal unidad a efectos de la gestión de cuencas, constituye el ámbito espacial al que se aplican las normas de protección de las aguas contempladas en esta ley sin perjuicio del régimen específico de protección del medio marino que pueda establecer el Estado.<br />
5. El Gobierno, por real decreto, oídas las comunidades autónomas, fijará el ámbito territorial de cada demarcación hidrográfica que será coincidente con el de su plan hidrológico.<br />
Precepto añadido por artículo 129 siete Ley 62/2003 de 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social</p>
<p>Artículo 17. Funciones del Estado en relación con el dominio público hidráulico<br />
En relación con el dominio público hidráulico y en el marco de las competencias que le son atribuidas por la Constitución, el Estado ejercerá, especialmente, las funciones siguientes:<br />
A) La planificación hidrológica y la realización de los planes estatales de infraestructuras hidráulicas o cualquier otro estatal que forme parte de aquéllas.<br />
B) La adopción de las medidas precisas para el cumplimiento de los acuerdos y Convenios internacionales en materia de aguas.<br />
C) El otorgamiento de concesiones referentes al dominio público hidráulico en las cuencas hidrográficas que excedan del ámbito territorial de una sola Comunidad Autónoma.<br />
D) El otorgamiento de autorizaciones referentes al dominio público hidráulico, así como la tutela de éste, en las cuencas hidrográficas que excedan del ámbito territorial, de una sola Comunidad Autónoma. La tramitación de las mismas podrá, no obstante, ser encomendada a las Comunidades Autónomas.</p>
<p>Artículo 18. Régimen jurídico básico aplicable a las Comunidades Autónomas<br />
1. La Comunidad Autónoma que, en virtud de su Estatuto de Autonomía, ejerza competencia sobre el dominio público hidráulico en cuencas hidrográficas comprendidas íntegramente dentro de su territorio, ajustará el régimen jurídico de su administración hidráulica a las siguientes bases:<br />
A) Aplicación de los principios establecidos en el artículo 14 de esta Ley.<br />
B) La representación de los usuarios en los órganos colegiados de la Administración hidráulica no será inferior al tercio de los miembros que los integren.<br />
2. Los actos y acuerdos que infrinjan la legislación hidráulica del Estado o no se ajusten a la planificación hidrológica y afecten a su competencia en materia hidráulica podrán ser impugnados ante la jurisdicción contencioso-administrativa.</p>
<p>Capítulo II. Del Consejo Nacional del Agua</p>
<p>Artículo 19. El Consejo Nacional del Agua<br />
Se crea, como órgano consultivo superior en la materia, el Consejo Nacional del Agua, en el que, junto con la Administración del Estado y las de las Comunidades Autónomas, estarán representados los entes locales a través de la asociación de ámbito estatal con mayor implantación, los organismos de cuenca, así como las organizaciones profesionales y económicas más representativas, de ámbito nacional, relacionadas con los distintos usos del agua. Su composición y estructura orgánica se determinarán por Real Decreto.</p>
<p>Artículo 20. Materias sometidas a informe preceptivo del Consejo Nacional del Agua<br />
1. El Consejo Nacional del Agua informará preceptivamente:<br />
A) El proyecto del Plan Hidrológico Nacional, antes de su aprobación por el Gobierno para su remisión a las Cortes.<br />
B) Los planes hidrológicos de cuenca, antes de su aprobación por el Gobierno.<br />
C) Los proyectos de las disposiciones de carácter general de aplicación en todo el territorio nacional relativas a la protección de las aguas y a la ordenación del dominio público hidráulico.<br />
D) Los planes y proyectos de interés general de ordenación agraria, urbana, industrial y de aprovechamientos energéticos o de ordenación del territorio en tanto afecten sustancialmente a la planificación hidrológica o a los usos del agua.<br />
E) Las cuestiones comunes a dos o más organismos de cuenca en relación con el aprovechamiento de recursos hídricos y demás bienes del dominio público hidráulico.<br />
2. Asimismo, emitirá informe sobre todas aquellas cuestiones relacionadas con el dominio público hidráulico que pudieran serle consultadas por el Gobierno o por los órganos ejecutivos superiores de las Comunidades Autónomas.<br />
El Consejo podrá proponer a las Administraciones y organismos públicos las líneas de estudio e investigación para el desarrollo de las innovaciones técnicas en lo que se refiere a obtención, empleo, conservación, recuperación, tratamiento integral y economía del agua.<br />
Letra c) apdo. 1 redactada por artículo 129 ocho Ley 62/2003 de 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social</p>
<p>Artículo 20. Materias sometidas a informe preceptivo del Consejo Nacional del Agua<br />
1. El Consejo Nacional del Agua informará preceptivamente:<br />
A) El proyecto del Plan Hidrológico Nacional, antes de su aprobación por el Gobierno para su remisión a las Cortes.<br />
B) Los planes hidrológicos de cuenca, antes de su aprobación por el Gobierno.<br />
C) Los proyectos de las disposiciones de carácter general de aplicación en todo el territorio nacional relativas a la ordenación del dominio público hidráulico.<br />
D) Los planes y proyectos de interés general de ordenación agraria, urbana, industrial y de aprovechamientos energéticos o de ordenación del territorio en tanto afecten sustancialmente a la planificación hidrológica o a los usos del agua.<br />
E) Las cuestiones comunes a dos o más organismos de cuenca en relación con el aprovechamiento de recursos hídricos y demás bienes del dominio público hidráulico.<br />
2. Asimismo, emitirá informe sobre todas aquellas cuestiones relacionadas con el dominio público hidráulico que pudieran serle consultadas por el Gobierno o por los órganos ejecutivos superiores de las Comunidades Autónomas.<br />
El Consejo podrá proponer a las Administraciones y organismos públicos las líneas de estudio e investigación para el desarrollo de las innovaciones técnicas en lo que se refiere a obtención, empleo, conservación, recuperación, tratamiento integral y economía del agua.</p>
<p>Capítulo III. De los organismos de cuenca</p>
<p>SECCION PRIMERA. Configuración y funciones</p>
<p>Artículo 21. Los organismos de cuenca<br />
En las cuencas hidrográficas que excedan el ámbito territorial de una Comunidad Autónoma se constituirán organismos de cuenca con las funciones y cometidos que se regulan en esta Ley.</p>
<p>Artículo 22. Naturaleza y régimen jurídico de los organismos de cuenca<br />
1. Los organismos de cuenca, con la denominación de Confederaciones Hidrográficas, son organismos autónomos de los previstos en el artículo 43.1.a) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, adscritos, a efectos administrativos, al Ministerio de Medio Ambiente.<br />
2. Los organismos de cuenca dispondrán de autonomía para regir y administrar por sí los intereses que les sean confiados; para adquirir y enajenar los bienes y derechos que puedan constituir su propio patrimonio; para contratar y obligarse y para ejercer, ante los Tribunales, todo género de acciones, sin más limitaciones que las impuestas por las Leyes. Sus actos y resoluciones ponen fin a la vía administrativa.<br />
3. Su ámbito territorial, que se definirá reglamentariamente, comprenderá una o varias cuencas hidrográficas indivisas, con la sola limitación derivada de las fronteras internacionales.<br />
4. Los organismos de cuenca se rigen por la Ley 6/1997, de 14 de abril, y demás disposiciones de aplicación a los organismos autónomos de la Administración General del Estado, así como por la presente Ley y por los Reglamentos dictados para su desarrollo y ejecución.</p>
<p>Artículo 23. Funciones<br />
1. Son funciones de los organismos de cuenca:<br />
A) La elaboración del plan hidrológico de cuenca, así como su seguimiento y revisión.<br />
B) La administración y control del dominio público hidráulico.<br />
C) La administración y control de los aprovechamientos de interés general o que afecten a más de una Comunidad Autónoma.<br />
D) El proyecto, la construcción y explotación de las obras realizadas con cargo a los fondos propios del organismo, y las que les sean encomendadas por el Estado.<br />
E) Las que se deriven de los convenios con Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y otras entidades públicas o privadas, o de los suscritos con los particulares.<br />
2. Para el cumplimiento de las funciones encomendadas en los párrafos d) y e) del apartado anterior, los organismos de cuenca podrán:<br />
A) Adquirir por suscripción o compra, enajenar y, en general, realizar cualesquiera actos de administración respecto de títulos representativos de capital de sociedades estatales que se constituyan para la construcción, explotación o ejecución de obra pública hidráulica, o de empresas mercantiles que tengan por objeto social la gestión de contratos de concesión de construcción y explotación de obras hidráulicas, previa autorización del Ministerio de Hacienda.<br />
B) Suscribir convenios de colaboración o participar en agrupaciones de empresas y uniones temporales de empresas que tengan como objeto cualquiera de los fines anteriormente indicados.<br />
C) Conceder préstamos y, en general, otorgar crédito a cualquiera de las entidades relacionadas en los párrafos a) y b).</p>
<p>Artículo 24. Otras atribuciones<br />
Los organismos de cuenca tendrán, para el desempeño de sus funciones, además de las que se contemplan expresamente en otros artículos de esta Ley, las siguientes atribuciones y cometidos:<br />
A) El otorgamiento de autorizaciones y concesiones referentes al dominio público hidráulico, salvo las relativas a las obras y actuaciones de interés general del Estado, que corresponderán al Ministerio de Medio Ambiente.<br />
B) La inspección y vigilancia del cumplimiento de las condiciones de concesiones y autorizaciones relativas al dominio público hidráulico.<br />
C) La realización de aforos, estudios de hidrología, información sobre crecidas y control de la calidad de las aguas.<br />
D) El estudio, proyecto, ejecución, conservación, explotación y mejora de las obras incluidas en sus propios planes, así como de aquellas otras que pudieran encomendárseles.<br />
E) La definición de objetivos y programas de calidad de acuerdo con la planificación hidrológica.<br />
F) La realización, en el ámbito de sus competencias, de planes, programas y acciones que tengan como objetivo una adecuada gestión de las demandas, a fin de promover el ahorro y la eficiencia económica y ambiental de los diferentes usos del agua mediante el aprovechamiento global e integrado de las aguas superficiales y subterráneas, de acuerdo, en su caso, con las previsiones de la correspondiente planificación sectorial.<br />
G) La prestación de toda clase de servicios técnicos relacionados con el cumplimiento de sus fines específicos y, cuando les fuera solicitado, el asesoramiento a la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y demás entidades públicas o privadas, así como a los particulares.<br />
En la determinación de la estructura de los organismos de cuenca se tendrá en cuenta el criterio de separación entre las funciones de administración del dominio público hidráulico y las demás.</p>
<p>Artículo 25. Colaboración con las Comunidades Autónomas<br />
1. Los organismos de cuenca y las Comunidades Autónomas podrán establecer una mutua colaboración en el ejercicio de sus respectivas competencias, especialmente mediante la incorporación de aquéllas a la Junta de Gobierno de dichos organismos, según lo determinado en esta Ley.<br />
2. Los organismos de cuenca podrán celebrar convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas, las Administraciones Locales y las Comunidades de usuarios para el ejercicio de sus respectivas competencias, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente.<br />
3. Los expedientes que tramiten los organismos de cuenca en el ejercicio de sus competencias sustantivas sobre la utilización y aprovechamiento del dominio público hidráulico se someterán a informe previo de las Comunidades Autónomas para que manifiesten, en el plazo y supuestos que reglamentariamente se determinen, lo que estimen oportuno en materias de su competencia. Las autorizaciones y concesiones sometidas a dicho trámite de informe previo no estarán sujetas a ninguna otra intervención ni autorización administrativa respecto al derecho a usar el recurso, salvo que así lo establezca una Ley estatal, sin perjuicio de las que sean exigibles por otras Administraciones Públicas en relación a la actividad de que se trate o en materia de intervención o uso de suelo. Al mismo trámite de informe se someterán los planes, programas y acciones a que se refiere el artículo 24, párrafo f<br />
4. Las Confederaciones Hidrográficas emitirán informe previo, en el plazo y supuestos que reglamentariamente se determinen, sobre los actos y planes que las Comunidades Autónomas hayan de aprobar en el ejercicio de sus competencias, entre otras, en materia de medio ambiente, ordenación del territorio y urbanismo, espacios naturales, pesca, montes, regadíos y obras públicas de interés regional, siempre que tales actos y planes afecten al régimen y aprovechamiento de las aguas continentales o a los usos permitidos en terrenos de dominio público hidráulico y en sus zonas de servidumbre y policía, teniendo en cuenta a estos efectos lo previsto en la planificación hidráulica y en las planificaciones sectoriales aprobadas por el Gobierno.<br />
El informe se entenderá favorable si no se emite en el plazo indicado. Igual norma será también de aplicación a los actos y ordenanzas que aprueben las entidades locales en el ámbito de sus competencias.<br />
No será necesario el informe previsto en el párrafo anterior en el supuesto de actos dictados en aplicación de instrumentos de planeamiento que hayan sido objeto del correspondiente informe previo por la Confederación Hidrográfica.</p>
<p>Sección segunda. Órganos de Gobierno y Administración</p>
<p>Artículo 26. Órganos de Gobierno, Administración y Cooperación<br />
1. Son órganos de gobierno de los organismos de cuenca la Junta de Gobierno y el Presidente.<br />
2. Son órganos de gestión, en régimen de participación, para el desarrollo de las funciones que específicamente les atribuye la presente Ley, la Asamblea de Usuarios, la Comisión de Desembalse, las Juntas de Explotación y las Juntas de obras.<br />
3. Es órgano de participación y planificación el Consejo del Agua de la demarcación.<br />
Es órgano para la cooperación, en relación con las obligaciones derivadas de esta ley para la protección de las aguas, el Comité de Autoridades Competentes.<br />
Rúbrica y apdo. 3 redactados por artículo 129 diez y once Ley 62/2003 de 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social</p>
<p>Artículo 26. Órganos de Gobierno de los organismos de cuenca<br />
1. Son órganos de gobierno de los organismos de cuenca la Junta de Gobierno y el Presidente.<br />
2. Son órganos de gestión, en régimen de participación, para el desarrollo de las funciones que específicamente les atribuye la presente Ley, la Asamblea de Usuarios, la Comisión de Desembalse, las Juntas de Explotación y las Juntas de obras.<br />
3. Es órgano de planificación el Consejo del Agua de la cuenca.</p>
<p>Artículo 27. Composición de la Junta de Gobierno<br />
La composición de la Junta de Gobierno del organismo de cuenca se determinará por vía reglamentaria, atendidas las peculiaridades de las diferentes cuencas hidrográficas y de los diversos usos del agua, de acuerdo con las siguientes normas y directrices:<br />
A) La presidencia de la Junta corresponderá al Presidente del organismo de cuenca.<br />
B) La Administración General del Estado contará con una representación de cinco Vocales, como mínimo, uno de cada uno de los Ministerios de Medio Ambiente; de Agricultura, Pesca y Alimentación; de Ciencia y Tecnología; de Sanidad y Consumo y de Economía, y un representante de la Administración Tributaria del Estado, en el supuesto de que por convenio se encomiende a ésta la gestión y recaudación en la cuenca de las exacciones previstas en la presente Ley.<br />
C) Corresponderá a la representación de los usuarios, al menos un tercio del total de Vocales y, en todo caso, un mínimo de tres, integrándose dicha representación en relación a sus respectivos intereses en el uso del agua.<br />
D) Las Comunidades Autónomas que hubiesen decidido incorporarse al organismo de cuenca, de acuerdo con lo previsto en el artículo 25, estarán representadas en su Junta de Gobierno, al menos, por un Vocal. El total de Vocales representantes y su distribución se establecerán, en cada caso, en función del número de Comunidades Autónomas integrantes de la cuenca hidrográfica y de la superficie y población de las mismas en ella comprendidas.<br />
E) Las provincias estarán representadas de acuerdo con el porcentaje de su territorio afectado por la cuenca hidrográfica.</p>
<p>Artículo 28. Atribuciones de la Junta de Gobierno<br />
Corresponde a la Junta de Gobierno:<br />
A) Aprobar los planes de actuación del organismo, la propuesta de presupuesto y conocer la liquidación de los mismos.<br />
B) Acordar, en su caso, las operaciones de crédito necesarias para finalidades concretas relativas a su gestión, así como para financiar las actuaciones incluidas en los planes de actuación, con los límites que reglamentariamente se determinen.<br />
C) Adoptar los acuerdos que correspondan en el ejercicio de las funciones establecidas en el artículo 23 de la presente Ley, así como los relativos a los actos de disposición sobre el patrimonio de los organismos de cuenca.<br />
D) Preparar los asuntos que se hayan de someter al Consejo del Agua de la demarcación.<br />
E) Aprobar, previo informe del Consejo del Agua de la demarcación, las modificaciones sobre la anchura de las zonas de servidumbre y de policía previstas en el artículo 6 de esta ley.<br />
F) Declarar acuíferos sobreexplotados o en riesgo de estarlo, determinar los perímetros de protección de los acuíferos, conforme a lo señalado en el artículo 56 de esta ley, aprobar las medidas de carácter general contempladas en el artículo 55 y ser oída en el trámite de audiencia al organismo de cuenca a que se refiere el artículo 58. Asimismo, le corresponde la adopción de las medidas para la protección de las aguas subterráneas frente a intrusiones de aguas salinas a que se refiere el artículo 99 de esta ley.<br />
G) Adoptar las decisiones sobre comunidades de usuarios a las que se refieren los artículos 81.4 y 82.4.<br />
H) Promover las iniciativas sobre zonas húmedas a las que se refieren los apartados 5 y 6 del artículo 111.<br />
I) Informar, a iniciativa del Presidente, las propuestas de sanción por infracciones graves o muy graves cuando los hechos de que se trate sean de una especial trascendencia para la buena gestión del recurso en el ámbito de la cuenca hidrográfica.<br />
J) Aprobar, en su caso, criterios generales para la determinación de las indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados al dominio público hidráulico, de acuerdo con el artículo 118 de la presente Ley.<br />
K) Proponer al Consejo del Agua de la demarcación la revisión del plan hidrológico correspondiente.<br />
L) Y, en general, deliberar sobre aquellos asuntos que sean sometidos a su consideración por su Presidente o por cualquiera de sus miembros.<br />
Letras d), e), f) y k), redactadas por artículo 129 doce Ley 62/2003 de 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social</p>
<p>Artículo 28. Atribuciones de la Junta de Gobierno<br />
Corresponde a la Junta de Gobierno:<br />
A) Aprobar los planes de actuación del organismo, la propuesta de presupuesto y conocer la liquidación de los mismos.<br />
B) Acordar, en su caso, las operaciones de crédito necesarias para finalidades concretas relativas a su gestión, así como para financiar las actuaciones incluidas en los planes de actuación, con los límites que reglamentariamente se determinen.<br />
C) Adoptar los acuerdos relativos a los actos de disposición sobre el patrimonio de los organismos de cuenca<br />
D) Preparar los asuntos que se hayan de someter al Consejo de Agua de la cuenca.<br />
E) Aprobar, previo informe del Consejo del Agua de la cuenca, las modificaciones sobre la anchura de las zonas de servidumbre y de policía previstas en el artículo 6 de la presente Ley.<br />
F) Declarar las masas de agua subterránea en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo o químico y las medidas para corregir las tendencias que pongan en peligro el buen estado mediante la aprobación del programa de actuación para la recuperación, de conformidad con el artículo 56, sin perjuicio de las que puedan corresponder a otras Administraciones públicas<br />
G) Adoptar las decisiones sobre comunidades de usuarios a las que se refieren los artículos 81.4 y 82.4.<br />
H) Promover las iniciativas sobre zonas húmedas a las que se refieren los apartados 5 y 6 del artículo 111.<br />
I) Informar, a iniciativa del Presidente, las propuestas de sanción por infracciones graves o muy graves cuando los hechos de que se trate sean de una especial trascendencia para la buena gestión del recurso en el ámbito de la cuenca hidrográfica.<br />
J) Aprobar, en su caso, criterios generales para la determinación de las indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados al dominio público hidráulico, de acuerdo con el artículo 118 de la presente Ley.<br />
K) Proponer al Consejo del Agua de la cuenca la revisión del plan hidrológico correspondiente.<br />
L) Y, en general, deliberar sobre aquellos asuntos que sean sometidos a su consideración por su Presidente o por cualquiera de sus miembros.</p>
<p>Artículo 29. Nombramiento de los Presidentes de organismos de cuenca<br />
Los Presidentes de los organismos de cuenca serán nombrados y cesados por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Medio Ambiente. Los nombramientos se ajustarán a lo establecido en el artículo 18.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.</p>
<p>Artículo 30. Funciones del Presidente del Organismo<br />
1. Corresponde al Presidente del organismo de cuenca:<br />
A) Ostentar la representación legal del organismo.<br />
B) Presidir la Junta de Gobierno, la Asamblea de Usuarios, la Comisión de Desembalse, el Consejo del Agua de la demarcación y el Comité de Autoridades Competentes.<br />
C) Cuidar de que los acuerdos de los órganos colegiados se ajusten a la legalidad vigente.<br />
D) Desempeñar la superior función directiva y ejecutiva del organismo.<br />
E) En general, el ejercicio de cualquier otra función que no esté expresamente atribuida a otro órgano.<br />
2. En el marco de los párrafos d y e del apartado anterior, le corresponderá de manera especial:<br />
a. Ordenar la ejecución de los acuerdos de la Junta de Gobierno y de los demás órganos colegiados que preside.<br />
b. Ejercer las facultades de contratación propias del organismo.<br />
c. Autorizar los gastos que se realicen con cargo a créditos del presupuesto del organismo y ordenar los pagos correspondientes.<br />
d. Desempeñar la jefatura de personal y servicios.<br />
e. Otorgar las concesiones y autorizaciones de aprovechamiento del dominio público hidráulico y las autorizaciones relativas al régimen de policía de aguas y cauces, excepto aquellas cuya resolución corresponda al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.<br />
f. Aplicar las normas del reglamento del dominio público hidráulico en materia de policía de aguas y sus cauces, incluido el régimen sancionador, dentro de los límites de su competencia.<br />
g. Resolver los recursos administrativos que se deduzcan contra las resoluciones de las comunidades de usuarios y del propio organismo de cuenca con excepción de los que correspondan por su contenido a la Junta de Gobierno del organismo o al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.<br />
h. Coordinar y dirigir la aplicación de lo previsto en el Título VI de esta Ley sobre los cánones y la tarifa.<br />
i. Autorizar la redacción y aprobar definitivamente los proyectos de obras, instalaciones y suministros que hayan de ser realizados con cargo a los fondos propios del organismo.<br />
j. Ejercer las funciones expropiatorias en materia de aguas, en los términos previstos en la legislación vigente.<br />
k. Informar a la Dirección General del Agua sobre los efectos sociales de los proyectos correspondientes a obras que se encomienden al organismo por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.<br />
l. Informar las propuestas de nombramiento y cese de los titulares de las unidades administrativas directamente dependientes de la Presidencia de los organismos de cuenca</p>
<p>Artículo 30. Funciones del Presidente del Organismo<br />
1. Corresponde al Presidente del organismo de cuenca:<br />
A) Ostentar la representación legal del organismo.<br />
B) Presidir la Junta de Gobierno, la Asamblea de Usuarios, la Comisión de Desembalse y el Consejo del Agua.<br />
C) Cuidar de que los acuerdos de los órganos colegiados se ajusten a la legalidad vigente.<br />
D) Desempeñar la superior función directiva y ejecutiva del organismo.<br />
E) En general, el ejercicio de cualquier otra función que no esté expresamente atribuida a otro órgano.<br />
2. Los actos y acuerdos de los órganos colegiados del organismo de cuenca que puedan constituir infracción de Leyes o no se ajusten a la planificación hidrológica podrán ser impugnados por el Presidente ante la jurisdicción contencioso-administrativa.<br />
La impugnación producirá la suspensión del acto o acuerdo, pero el Tribunal deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a treinta días. El procedimiento será el establecido en el artículo 127 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.</p>
<p>Artículo 31. La Asamblea de Usuarios<br />
La Asamblea de Usuarios, integrada por todos aquellos usuarios que forman parte de las Juntas de Explotación, tiene por finalidad coordinar la explotación de las obras hidráulicas y de los recursos de agua en toda la cuenca, sin menoscabo del régimen concesional y derechos de los usuarios.</p>
<p>Artículo 32. Las Juntas de Explotación<br />
Las Juntas de Explotación tienen por finalidad coordinar, respetando los derechos derivados de las correspondientes concesiones y autorizaciones, la explotación de las obras hidráulicas y de los recursos de agua de aquel conjunto de ríos, río, tramo de río o unidad hidrogeológica cuyos aprovechamientos estén especialmente interrelacionados. Las propuestas formuladas por las Juntas de Explotación en el ámbito de sus competencias se trasladarán, a los efectos previstos en el artículo 30.1, al Presidente del organismo de cuenca.<br />
La constitución de las Juntas de Explotación, en las que los usuarios participarán mayoritariamente con relación a sus respectivos intereses en el uso del agua y al servicio prestado a la comunidad, se determinará reglamentariamente.<br />
Se promoverá la constitución de Juntas de Explotación conjunta de aguas superficiales y subterráneas en todos los casos en que los aprovechamientos de unas y otras aguas estén claramente interrelacionados.</p>
<p>Artículo 33. La Comisión de Desembalse<br />
Corresponde a la Comisión de Desembalse deliberar y formular propuestas al Presidente del organismo sobre el régimen adecuado de llenado y vaciado de los embalses y acuíferos de la cuenca, atendidos los derechos concesionales de los distintos usuarios. Su composición y funcionamiento se regularán reglamentariamente atendiendo al criterio de representación adecuada de los intereses afectados.</p>
<p>Artículo 34. Las Juntas de Obras<br />
La Junta de Gobierno, a petición de los futuros usuarios de una obra ya aprobada, podrán constituir la correspondiente Junta de Obras, en la que participarán tales usuarios, en la forma que reglamentariamente se determine, a fin de que estén directamente informados del desarrollo e incidencias de dicha obra.</p>
<p>Artículo 35. Consejo del Agua de la cuenca<br />
1. Para fomentar la información, consulta pública y participación activa en la planificación hidrológica se crea, en las demarcaciones hidrográficas con cuencas intercomunitarias, el Consejo del Agua de la demarcación.<br />
2. Corresponde al Consejo del Agua de la demarcación promover la información, consulta y participación pública en el proceso planificador, y elevar al Gobierno, a través del Ministerio de Medio Ambiente, el plan hidrológico de la cuenca y sus ulteriores revisiones. Asimismo, podrá informar las cuestiones de interés general para la demarcación y las relativas a la protección de las aguas y a la mejor ordenación, explotación y tutela del dominio público hidráulico.<br />
A tales efectos, reglamentariamente se determinará la organización y procedimiento para hacer efectiva la participación pública.<br />
3. Las comunidades autónomas, cuyo territorio forme parte total o parcialmente de una demarcación hidrográfica, se incorporarán en los términos previstos en esta ley al Consejo del Agua correspondiente para participar en la elaboración de la planificación hidrológica y demás funciones del mismo.<br />
Precepto redactado por artículo 129 catorce Ley 62/2003 de 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social</p>
<p>Artículo 35. Consejo del Agua de la cuenca<br />
1. Corresponde al Consejo del Agua elevar al Gobierno, a través del Ministerio de Medio Ambiente, el plan hidrológico de la cuenca y sus ulteriores revisiones. Asimismo, podrá informar las cuestiones de interés general para la cuenca y las relativas a la mejor ordenación, explotación y tutela del dominio público hidráulico.<br />
2. Las Comunidades Autónomas, cuyo territorio forme parte total o parcialmente de una cuenca hidrográfica, se incorporarán en los términos previstos en esta Ley al Consejo del Agua correspondiente para participar en la elaboración de la planificación hidrológica y demás funciones del mismo.</p>
<p>Artículo 36. Composición<br />
1. La composición del Consejo del Agua se establecerá mediante real decreto, aprobado por el Consejo de Ministros, ajustándose a los siguientes criterios:<br />
A) Cada departamento ministerial relacionado con la gestión de las aguas y el uso de los recursos hidráulicos estará representado por un número de vocales no superior a tres.<br />
B) Los servicios técnicos del organismo de cuenca estarán representados por un máximo de tres vocales; cada servicio periférico de costas del Ministerio de Medio Ambiente cuyo territorio coincida total o parcialmente con el de la demarcación hidrográfica estará representado por un vocal; cada Autoridad Portuaria y Capitanía Marítima afectadas por el ámbito de la demarcación hidrográfica estarán representadas por un vocal.<br />
C) La representación de las comunidades autónomas que participen en el Consejo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 35, se determinará y distribuirá en función del número de comunidades autónomas de la demarcación y de la superficie y población de las mismas incluidas en ella, debiendo estar representada cada una de las comunidades autónomas participantes, al menos, por un vocal.<br />
La representación de las comunidades autónomas no será inferior a la que corresponda a los diversos departamentos ministeriales señalados en el apartado 1.a).<br />
D) Las entidades locales cuyo territorio coincida total o parcialmente con el de la cuenca estarán representadas en función de la extensión o porcentaje de dicho territorio afectado por la demarcación hidrográfica, en los términos que reglamentariamente se determine. El número máximo de vocales no será superior a tres.<br />
E) La representación de los usuarios no será inferior al tercio del total de vocales y estará integrada por representantes de los distintos sectores con relación a sus respectivos intereses en el uso del agua.<br />
F) La representación de asociaciones y organizaciones de defensa de intereses ambientales, económicos y sociales relacionados con el agua.<br />
El número de vocales no será superior a seis.<br />
2. En el caso de demarcaciones hidrográficas de cuencas intracomunitarias, la comunidad autónoma correspondiente garantizará la participación social en la planificación hidrológica, respetando las anteriores representaciones mínimas de usuarios y organizaciones interesadas en los órganos colegiados que al efecto se creen, y asegurando que estén igualmente representadas en dichos órganos todas las Administraciones públicas con competencias en materias relacionadas con la protección de las aguas y, en particular, la Administración General del Estado en relación con sus competencias sobre el dominio público marítimo terrestre, puertos de interés general y marina mercante.<br />
Precepto redactado por artículo 129 quince Ley 62/2003 de 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social</p>
<p>Artículo 36. Composición<br />
La composición del Consejo del Agua de los organismos de cuenca se establecerá, por vía reglamentaria, en cada caso, ajustándose a las siguientes normas y directrices:<br />
A) Cada Departamento ministerial relacionado con el uso de los recursos hidráulicos estará representado por un número de Vocales no superior a tres.<br />
B) La representación de los usuarios no será inferior al tercio del total de Vocales y estará integrada por representantes de los distintos sectores con relación a sus respectivos intereses en el uso del agua.<br />
C) Los servicios técnicos del organismo estarán representados por un máximo de tres Vocales.<br />
D) La representación de las Comunidades Autónomas que participen en el Consejo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 35, se determinará y distribuirá en función del número de Comunidades Autónomas de la cuenca y de la superficie y población de las mismas incluidas en ella, debiendo estar representada cada una de las Comunidades Autónomas participantes, al menos, por un Vocal.<br />
La representación de las Comunidades Autónomas no será inferior a la que corresponda a los diversos Departamentos ministeriales señalados en el párrafo a).<br />
E) Las entidades locales cuyo territorio coincida total o parcialmente con el de la cuenca estarán representadas en función de la extensión o porcentaje de dicho territorio afectado por la cuenca hidrográfica.</p>
<p>Artículo 36 bis. Comité de Autoridades Competentes<br />
1. Para garantizar la adecuada cooperación en la aplicación de las normas de protección de las aguas, se crea en el caso de demarcaciones hidrográficas con cuencas intercomunitarias, el Comité de Autoridades Competentes.<br />
La creación del Comité de Autoridades Competentes de la demarcación hidrográfica no afectará a la titularidad de las competencias que en las materias relacionadas con la gestión de las aguas correspondan a las distintas Administraciones públicas, que continuarán ejerciéndose de acuerdo con lo previsto en cada caso en la normativa que resulte de aplicación.<br />
2. El Comité de Autoridades Competentes de la demarcación hidrográfica tendrá como funciones básicas:<br />
A) Favorecer la cooperación en el ejercicio de las competencias relacionadas con la protección de las aguas que ostenten las distintas Administraciones públicas en el seno de la respectiva demarcación hidrográfica.<br />
B) Impulsar la adopción por las Administraciones públicas competentes en cada demarcación de las medidas que exija el cumplimiento de las normas de protección de esta ley.<br />
C) Proporcionar a la Unión Europea, a través del Ministerio de Medio Ambiente, la información relativa a la demarcación hidrográfica que se requiera, conforme a la normativa vigente.<br />
3. El Comité de Autoridades Competentes estará integrado por:<br />
A) Los órganos de la Administración General del Estado con competencias sobre el aprovechamiento, protección y control de las aguas objeto de esta ley, con un número de representantes que no supere el de las comunidades autónomas.<br />
B) Los órganos de las comunidades autónomas, cuyo territorio forme parte total o parcialmente de la demarcación hidrográfica, con competencias sobre la protección y control de las aguas objeto de esta ley, con un representante por cada comunidad autónoma.<br />
C) Los entes locales, cuyo territorio coincida total o parcialmente con el de la demarcación hidrográfica, con competencias sobre la protección y control de las aguas objeto de esta ley, representados en función de su población dentro de la demarcación, a través de las correspondientes federaciones territoriales de municipios.<br />
4. En el caso de demarcaciones hidrográficas de cuencas intracomunitarias, las comunidades autónomas competentes garantizarán el principio de unidad de gestión de las aguas, la cooperación en el ejercicio de las competencias que en relación con su protección ostenten las distintas Administraciones públicas y, en particular, las que corresponden a la Administración General del Estado en materia de dominio público marítimo terrestre, portuario y de marina mercante. Asimismo proporcionarán a la Unión Europea, a través del Ministerio de Medio Ambiente, la información relativa a la demarcación hidrográfica que se requiera conforme a la normativa vigente.<br />
Precepto añadido por artículo 129 dieciséis Ley 62/2003 de 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social</p>
<p>Artículo 36 ter. Notificación de autoridades competentes<br />
El Ministerio de Medio Ambiente facilitará a la Comisión Europea una lista de las autoridades competentes españolas, debiendo asimismo notificar cualquier cambio que se produzca en estas designaciones.<br />
Precepto añadido por artículo 129 diecisiete Ley 62/2003 de 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social</p>
<p>Sección tercera. Hacienda y patrimonio</p>
<p>Artículo 37. Adscripción de bienes a los organismos de cuenca<br />
Los bienes del Estado y los de las Comunidades Autónomas, adscritos o que puedan adscribirse a los organismos de cuenca para el cumplimiento de sus fines, conservarán su calificación jurídica originaria, correspondiendo tan sólo al organismo su utilización, administración y explotación, con sujeción a las disposiciones legales vigentes en la materia.</p>
<p>Artículo 38. Patrimonio propio<br />
Con independencia de tales bienes y para el mejor cumplimiento de sus fines, los organismos de cuenca podrán poseer un patrimonio propio integrado por:<br />
A) Los bienes y derechos que figuren en el patrimonio de las actuales Confederaciones Hidrográficas.<br />
B) Los que en el futuro pudieran adquirir con los fondos procedentes de su presupuesto.<br />
C) Los que por cualquier título jurídico pudieran recibir del Estado, de las Comunidades Autónomas, de entidades públicas o privadas, o de los particulares.</p>
<p>Artículo 39. Ingresos del organismo<br />
Tendrán la consideración de ingresos del organismo de cuenca los siguientes<br />
A) Los productos y rentas de su patrimonio y los de la explotación de las obras cuando les sea encomendada por el Estado, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones Locales y los particulares.<br />
B) Las remuneraciones por el estudio y redacción de proyectos, dirección y ejecución de las obras que les encomiende el Estado, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones Locales, así como las procedentes de la prestación de servicios facultativos y técnicos.<br />
C) Las asignaciones presupuestarias del Estado, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales.<br />
D) Los procedentes de la recaudación de tasas, exacciones y precios autorizados al organismo.<br />
E) Los reintegros de los anticipos otorgados por el Estado para la construcción de obras hidráulicas que realice el propio organismo.<br />
F) El producto de las posibles aportaciones acordadas por los usuarios, para obras o actuaciones específicas, así como cualquier otra percepción autorizada por disposición legal.</p>
<p>Título III. De la planificación hidrológica</p>
<p>Artículo 40. Objetivos y criterios de la planificación hidrológica<br />
1. La planificación hidrológica tendrá por objetivos generales conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas objeto de esta ley, la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales.<br />
2. La política del agua está al servicio de las estrategias y planes sectoriales que sobre los distintos usos establezcan las Administraciones públicas, sin perjuicio de la gestión racional y sostenible del recurso que debe ser aplicada por el Ministerio de Medio Ambiente, o por las Administraciones hidráulicas competentes, que condicionará toda autorización, concesión o infraestructura futura que se solicite.<br />
3. La planificación se realizará mediante los planes hidrológicos de cuenca y el Plan Hidrológico Nacional. El ámbito territorial de cada plan hidrológico de cuenca será coincidente con el de la demarcación hidrográfica correspondiente.<br />
4. Los planes hidrológicos serán públicos y vinculantes, sin perjuicio de su actualización periódica y revisión justificada, y no crearán por sí solos derechos en favor de particulares o entidades, por lo que su modificación no dará lugar a indemnización, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 65.<br />
5. El Gobierno, mediante real decreto, aprobará los planes hidrológicos de cuenca en los términos que estime procedentes en función del interés general, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente.<br />
6. Los planes hidrológicos de cuenca que hayan sido elaborados o revisados al amparo de lo dispuesto en el artículo 18 serán aprobados si se ajustan a las prescripciones de los artículos 40.1, 3 y 4 y 42, no afectan a los recursos de otras cuencas y, en su caso, se acomodan a las determinaciones del Plan Hidrológico Nacional.<br />
Precepto redactado por artículo 129 dieciocho Ley 62/2003 de 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social</p>
<p>Artículo 40. Objetivos y criterios de la planificación hidrológica<br />
1. La planificación hidrológica tendrá por objetivos generales conseguir el buen estado ecológico del dominio público hidráulico y la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales.<br />
2. La planificación se realizará mediante los planes hidrológicos de cuenca y el Plan Hidrológico Nacional. El ámbito territorial de cada plan hidrológico se determinará reglamentariamente.<br />
3. Los planes hidrológicos serán públicos y vinculantes, sin perjuicio de su actualización periódica y revisión justificada, y no crearán por sí solos derechos en favor de particulares o entidades, por lo que su modificación no dará lugar a indemnización, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 65.<br />
4. Los planes hidrológicos se elaborarán en coordinación con las diferentes planificaciones sectoriales que les afecten, tanto respecto a los usos del agua como a los del suelo, y especialmente con lo establecido en la planificación de regadíos y otros usos agrarios.<br />
5. El Gobierno aprobará los planes hidrológicos de cuenca en los términos que estime procedentes en función del interés general, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente.<br />
6. Los planes hidrológicos de cuenca que hayan sido elaborados o revisados al amparo de lo dispuesto en el artículo 18 serán aprobados si se ajustan a las prescripciones de los artículos 40.1 y 42, no afectan a los recursos de otras cuencas y, en su caso, se acomodan a las determinaciones del Plan Hidrológico Nacional.</p>
<p>Artículo 40 bis. Definiciones<br />
A los efectos de la planificación hidrológica y de la protección de las aguas objeto de esta Ley, se entenderá por:<br />
A) aguas continentales: todas las aguas en la superficie del suelo y todas las aguas subterráneas situadas hacia tierra desde la línea que sirve de base para medir la anchura de las aguas territoriales.<br />
B) aguas superficiales: las aguas continentales, excepto las aguas subterráneas; las aguas de transición y las aguas costeras, y, en lo que se refiere al estado químico, también las aguas territoriales.<br />
C) aguas subterráneas: todas las aguas que se encuentran bajo la superficie del suelo en la zona de saturación y en contacto directo con el suelo o el subsuelo.<br />
D) acuífero: una o más capas subterráneas de roca o de otros estratos geológicos que tienen la suficiente porosidad y permeabilidad para permitir ya sea un flujo significativo de aguas subterráneas o la extracción de cantidades significativas de aguas subterráneas.<br />
E) masa de agua superficial: una parte diferenciada y significativa de agua superficial, como un lago, un embalse, una corriente, río o canal, parte de una corriente, río o canal, unas aguas de transición o un tramo de aguas costeras.<br />
F) masa de agua subterránea: un volumen claramente diferenciado de aguas subterráneas en un acuífero o acuíferos.<br />
G) masa de agua artificial: una masa de agua superficial creada por la actividad humana.<br />
H) masa de agua muy modificada: una masa de agua superficial que, como consecuencia de alteraciones físicas producidas por la actividad humana, ha experimentado un cambio sustancial en su naturaleza.<br />
I) servicios relacionados con el agua: todas las actividades relacionadas con la gestión de las aguas que posibilitan su utilización, tales como la extracción, el almacenamiento, la conducción, el tratamiento y la distribución de aguas superficiales o subterráneas, así como la recogida y depuración de aguas residuales, que vierten posteriormente en las aguas superficiales. Asimismo, se entenderán como servicios las actividades derivadas de la protección de personas y bienes frente a las inundaciones.<br />
J) usos del agua: las distintas clases de utilización del recurso, así como cualquier otra actividad que tenga repercusiones significativas en el estado de las aguas. A efectos de la aplicación del principio de recuperación de costes, los usos del agua deberán considerar, al menos, el abastecimiento de poblaciones, los usos industriales y los usos agrarios.<br />
Precepto añadido por artículo 129 diecinueve Ley 62/2003 de 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social</p>
<p>Artículo 41. Elaboración de los planes hidrológicos de cuenca<br />
1. La elaboración y propuesta de revisiones ulteriores de los planes hidrológicos de cuenca se realizarán por el organismo de cuenca correspondiente o por la Administración hidráulica competente, en las cuencas comprendidas íntegramente en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma.<br />
2. El procedimiento para elaboración y revisión de los planes hidrológicos de cuenca se regulará por vía reglamentaria, debiendo contemplar, en todo caso, la programación de calendarios, programas de trabajo, elementos a considerar y borradores previos para posibilitar una adecuada información y consulta pública desde el inicio del proceso.<br />
Asimismo, deberá contemplarse la elaboración previa, por las Administraciones competentes, de los programas de medidas básicas y complementarias, contemplados en el artículo 92.quáter, conducentes a la consecución de los objetivos medioambientales previstos en esta ley. Los programas de medidas se coordinarán e integrarán en los planes hidrológicos.<br />
De forma expresa, deberán coordinarse, para su integración en el plan hidrológico, los programas relativos a las aguas costeras y de transición elaborados por la Administración General del Estado o por las comunidades autónomas que participen en el Comité de Autoridades Competentes de la demarcación y que cuenten con litoral.<br />
3. En la elaboración y revisión de los planes hidrológicos de cuenca se preverá necesariamente la participación de los departamentos ministeriales interesados, los plazos para presentación de las propuestas por los organismos correspondientes y la actuación subsidiaria del Gobierno en caso de falta de propuesta. Se garantizará, en todo caso, la participación pública en todo el proceso planificador, tanto en las fases de consultas previas como en las de desarrollo y aprobación o revisión del plan.<br />
A tales efectos se cumplirán los plazos previstos en la disposición adicional duodécima.<br />
4. Los planes hidrológicos se elaborarán en coordinación con las diferentes planificaciones sectoriales que les afecten, tanto respecto a los usos del agua como a los del suelo, y especialmente con lo establecido en la planificación de regadíos y otros usos agrarios.<br />
5. Con carácter previo a la elaboración y propuesta de revisión del plan hidrológico de cuenca, se preparará un programa de trabajo que incluya, además del calendario sobre las fases previstas para dicha elaboración o revisión, el estudio general sobre la demarcación correspondiente.<br />
Dicho estudio general incorporará, en los términos que se establezca reglamentariamente, una descripción general de las características de la demarcación, un resumen de las repercusiones de la actividad humana en el estado de las aguas superficiales y de las aguas subterráneas, y un análisis económico del uso del agua.<br />
6. El Ministerio de Medio Ambiente remitirá a la Comisión Europea y a cualquier Estado miembro interesado ejemplares de los planes hidrológicos aprobados, así como del estudio general de la demarcación a que se alude en el apartado anterior.</p>
<p>Artículo 41. Elaboración de los planes hidrológicos de cuenca<br />
1. La elaboración y propuesta de revisiones ulteriores de los planes hidrológicos de cuenca se realizarán por el organismo de cuenca correspondiente o por la Administración hidráulica competente, en las cuencas comprendidas íntegramente en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma.<br />
2. El procedimiento para elaboración y revisión de los planes hidrológicos de cuenca se regulará por vía reglamentaria, en la que necesariamente se preverá la participación de los Departamentos ministeriales interesados, los plazos para presentación de las propuestas por los organismos correspondientes y la actuación subsidiaria del Gobierno en caso de falta de propuesta.</p>
<p>Artículo 42. Contenido de los planes hidrológicos de cuenca<br />
1. Los planes hidrológicos de cuenca comprenderán obligatoriamente:<br />
A) La descripción general de la demarcación hidrográfica, incluyendo:<br />
A&#8217;) Para las aguas superficiales tanto continentales como costeras y de transición, mapas con sus límites y localización, ecorregiones, tipos y condiciones de referencia. En el caso de aguas artificiales y muy modificadas, se incluirá asimismo la motivación conducente a tal calificación.<br />
B&#8217;) Para las aguas subterráneas, mapas con la localización y límites de las masas de agua.<br />
C&#8217;) El inventario de los recursos superficiales y subterráneos incluyendo sus regímenes hidrológicos y las características básicas de calidad de las aguas.<br />
B) La descripción general de los usos, presiones e incidencias antrópicas significativas sobre las aguas, incluyendo:<br />
A&#8217;) Los usos y demandas existentes con una estimación de las presiones sobre el estado cuantitativo de las aguas, la contaminación de fuente puntual y difusa, incluyendo un resumen del uso del suelo, y otras afecciones significativas de la actividad humana.<br />
B&#8217;) Los criterios de prioridad y de compatibilidad de usos, así como el orden de preferencia entre los distintos usos y aprovechamientos.<br />
C&#8217;) La asignación y reserva de recursos para usos y demandas actuales y futuros, así como para la conservación o recuperación del medio natural.<br />
D&#8217;) La definición de un sistema de explotación único para cada plan, en el que, de forma simplificada, queden incluidos todos los sistemas parciales, y con el que se posibilite el análisis global de comportamiento.<br />
C) La identificación y mapas de las zonas protegidas.<br />
D) Las redes de control establecidas para el seguimiento del estado de las aguas superficiales, de las aguas subterráneas y de las zonas protegidas y los resultados de este control.<br />
E) La lista de objetivos medioambientales para las aguas superficiales, las aguas subterráneas y las zonas protegidas, incluyendo los plazos previstos para su consecución, la identificación de condiciones para excepciones y prórrogas, y sus informaciones complementarias.<br />
F) Un resumen del análisis económico del uso del agua, incluyendo una descripción de las situaciones y motivos que puedan permitir excepciones en la aplicación del principio de recuperación de costes.<br />
G) Un resumen de los Programas de Medidas adoptados para alcanzar los objetivos previstos, incluyendo:<br />
A&#8217;) Un resumen de las medidas necesarias para aplicar la legislación sobre protección del agua, incluyendo separadamente las relativas al agua potable.<br />
B&#8217;) Un informe sobre las acciones prácticas y las medidas tomadas para la aplicación del principio de recuperación de los costes del uso del agua.<br />
C&#8217;) Un resumen de controles sobre extracción y almacenamiento del agua, incluidos los registros e identificación de excepciones de control.<br />
D&#8217;) Un resumen de controles previstos sobre vertidos puntuales y otras actividades con incidencia en el estado del agua, incluyendo la ordenación de vertidos directos e indirectos al dominio público hidráulico y a las aguas objeto de protección por esta ley, sin perjuicio de la competencia estatal exclusiva en materia de vertidos con origen y destino en el medio marino.<br />
E&#8217;) Una identificación de casos en que se hayan autorizado vertidos directos a las aguas subterráneas.<br />
F&#8217;) Un resumen de medidas tomadas respecto a las sustancias prioritarias.<br />
G&#8217;) Un resumen de las medidas tomadas para prevenir o reducir las repercusiones de los incidentes de contaminación accidental.<br />
H&#8217;) Un resumen de las medidas adoptadas para masas de agua con pocas probabilidades de alcanzar los objetivos ambientales fijados.<br />
I&#8217;) Detalles de las medidas complementarias consideradas necesarias para cumplir los objetivos medioambientales establecidos, incluyendo los perímetros de protección y las medidas para la conservación y recuperación del recurso y entorno afectados.<br />
J&#8217;) Detalles de las medidas tomadas para evitar un aumento de la contaminación de las aguas marinas.<br />
K&#8217;) Las directrices para recarga y protección de acuíferos.<br />
L&#8217;) Las normas básicas sobre mejoras y transformaciones en regadío que aseguren el mejor aprovechamiento del conjunto de recursos hidráulicos y terrenos disponibles.<br />
M&#8217;) Los criterios de evaluación de los aprovechamientos energéticos y la fijación de los condicionantes requeridos para su ejecución.<br />
N&#8217;) Los criterios sobre estudios, actuaciones y obras para prevenir y evitar los daños debidos a inundaciones, avenidas y otros fenómenos hidráulicos.<br />
O&#8217;) Las infraestructuras básicas requeridas por el plan.<br />
H) Un registro de los programas y planes hidrológicos más detallados relativos a subcuencas, sectores, cuestiones específicas o categorías de aguas, acompañado de un resumen de sus contenidos.<br />
De forma expresa, se incluirán las determinaciones pertinentes para el plan hidrológico de cuenca derivadas del plan hidrológico nacional.<br />
I) Un resumen de las medidas de información pública y de consulta tomadas, sus resultados y los cambios consiguientes efectuados en el plan.<br />
J) Una lista de las autoridades competentes designadas.<br />
K) Los puntos de contacto y procedimientos para obtener la documentación de base y la información requerida por las consultas públicas.<br />
2. La primera actualización del plan hidrológico, y todas las actualizaciones posteriores, comprenderán obligatoriamente:<br />
A) Un resumen de todos los cambios o actualizaciones efectuados desde la publicación de la versión precedente del plan.<br />
B) Una evaluación de los progresos realizados en la consecución de los objetivos medioambientales, incluida la presentación en forma de mapa de los resultados de los controles durante el período del plan anterior y una explicación de los objetivos medioambientales no alcanzados.<br />
C) Un resumen y una explicación de las medidas previstas en la versión anterior del plan hidrológico de cuenca que no se hayan puesto en marcha.<br />
D) Un resumen de todas las medidas adicionales transitorias adoptadas, desde la publicación de la versión precedente del plan hidrológico de cuenca, para las masas de agua que probablemente no alcancen los objetivos ambientales previstos.<br />
Precepto redactado por artículo 129 veintidós Ley 62/2003 de 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social</p>
<p>Artículo 42. Contenido de los planes hidrológicos de cuenca<br />
Los planes hidrológicos de cuenca comprenderán obligatoriamente:<br />
A) El inventario de los recursos hidráulicos.<br />
B) Los usos y demandas existentes y previsibles.<br />
C) Los criterios de prioridad y de compatibilidad de usos, así como el orden de preferencia entre los distintos usos y aprovechamientos.<br />
D) La asignación y reserva de recursos para usos y demandas actuales y futuros, así como para la conservación o recuperación del medio natural.<br />
E) Las características básicas de calidad de las aguas y de la ordenación de los vertidos de aguas residuales.<br />
F) Las normas básicas sobre mejoras y transformaciones en regadío que aseguren el mejor aprovechamiento del conjunto de recursos hidráulicos y terrenos disponibles.<br />
G) Los perímetros de protección y las medidas para la conservación y recuperación del recurso y entorno afectados.<br />
H) Los planes hidrológico-forestales y de conservación de suelos que hayan de ser realizados por la Administración.<br />
I) Las directrices para recarga y protección de acuíferos.<br />
J) Las infraestructuras básicas requeridas por el plan.<br />
K) Los criterios de evaluación de los aprovechamientos energéticos y la fijación de los condicionantes requeridos para su ejecución.<br />
L) Los criterios sobre estudios, actuaciones y obras para prevenir y evitar los daños debidos a inundaciones, avenidas y otros fenómenos hidráulicos.</p>
<p>Artículo 43. Previsiones de los planes hidrológicos de cuenca<br />
1. En los planes hidrológicos de cuenca se podrán establecer reservas, de agua y de terrenos, necesarias para las actuaciones y obras previstas.<br />
2. Podrán ser declarados de protección especial determinadas zonas, cuencas o tramos de cuencas, acuíferos o masas de agua por sus características naturales o interés ecológico, de acuerdo con la legislación ambiental y de protección de la naturaleza. Los planes hidrológicos recogerán la clasificación de dichas zonas y las condiciones específicas para su protección.<br />
3. Las previsiones de los planes hidrológicos a que se refieren los apartados anteriores deberán ser respetadas en los diferentes instrumentos de ordenación urbanística del territorio.</p>
<p>Artículo 44. Declaración de utilidad pública<br />
1. El Gobierno podrá hacer la declaración de utilidad pública de los trabajos, estudios e investigaciones requeridas para la elaboración y revisión de los planes hidrológicos que se realicen por los servicios del Ministerio de Medio Ambiente, por el Instituto Geológico y Minero de España o por cualquier otro organismo de las Administraciones Públicas.<br />
2. La aprobación de los planes hidrológicos de cuenca implicará la declaración de utilidad pública de los trabajos de investigación, estudios, proyectos y obras previstos en el plan.</p>
<p>Artículo 45. Contenido del Plan Hidrológico Nacional<br />
1. El Plan Hidrológico Nacional se aprobará por Ley y contendrá, en todo caso:<br />
A) Las medidas necesarias para la coordinación de los diferentes planes hidrológicos de cuenca.<br />
B) La solución para las posibles alternativas que aquéllos ofrezcan.<br />
C) La previsión y las condiciones de las transferencias de recursos hidráulicos entre ámbitos territoriales de distintos planes hidrológicos de cuenca.<br />
D) Las modificaciones que se prevean en la planificación del uso del recurso y que afecten a aprovechamientos existentes para abastecimiento de poblaciones o regadíos.<br />
2. Corresponderá al Ministerio de Medio Ambiente la elaboración del Plan Hidrológico Nacional, conjuntamente con los Departamentos ministeriales relacionados con el uso de los recursos hidráulicos.<br />
3. La aprobación del Plan Hidrológico Nacional implicará la adaptación de los planes hidrológicos de cuenca a las previsiones de aquél.</p>
<p>Artículo 46. Obras hidráulicas de interés general<br />
1. Tendrán la consideración de obras hidráulicas de interés general y serán de competencia de la Administración General del Estado, en el ámbito de las cuencas a que se refiere el artículo 21 de esta Ley:<br />
A) Las obras que sean necesarias para la regulación y conducción del recurso hídrico, al objeto de garantizar la disponibilidad y aprovechamiento del agua en toda la cuenca.<br />
B) Las obras necesarias para el control, defensa y protección del dominio público hidráulico, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas, especialmente las que tengan por objeto hacer frente a fenómenos catastróficos como las inundaciones, sequías y otras situaciones excepcionales, así como la prevención de avenidas vinculadas a obras de regulación que afecten al aprovechamiento, protección e integridad de los bienes del dominio público hidráulico.<br />
C) Las obras de corrección hidrológico-forestal cuyo ámbito territorial afecte a más de una Comunidad Autónoma.<br />
D) Las obras de abastecimiento, potabilización y desalación cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma.<br />
2. El resto de obras hidráulicas serán declaradas de interés general por Ley.<br />
3. No obstante lo señalado en el apartado anterior, podrán ser declaradas obras hidráulicas de interés general mediante Real Decreto:<br />
A) Las obras hidráulicas contempladas en el apartado 1 en las que no concurran las circunstancias en él previstas, a solicitud de la Comunidad Autónoma en cuyo territorio se ubiquen, cuando por sus dimensiones o coste económico tengan una relación estratégica en la gestión integral de la cuenca hidrográfica.<br />
B) Las obras necesarias para la ejecución de planes nacionales, distintos de los hidrológicos, pero que guarden relación con ellos, siempre que el mismo plan atribuya la responsabilidad de las obras a la Administración General del Estado, a solicitud de la Comunidad Autónoma en cuyo territorio se ubique.<br />
4. La declaración como obras hidráulicas de interés general de las infraestructuras necesarias para las transferencias de recursos, a que se refiere el párrafo c), apartado 1 del artículo 45 de la presente Ley, sólo podrá realizarse por la norma legal que apruebe o modifique el Plan Hidrológico Nacional.</p>
<p>Título IV. De la utilización del dominio publico hidráulico</p>
<p>Capítulo primero. Servidumbres legales</p>
<p>Artículo 47. Obligaciones de los predios inferiores<br />
1. Los predios inferiores están sujetos a recibir las aguas que naturalmente y sin obra del hombre desciendan de los predios superiores, así como la tierra o piedra que arrastren en su curso. Ni el dueño del predio inferior puede hacer obras que impidan esta servidumbre ni el del superior obras que la agraven.<br />
2. Si las aguas fueran producto de alumbramiento, sobrantes de otros aprovechamientos o se hubiese alterado de modo artificial su calidad espontánea, el dueño del predio inferior podrá oponerse a su recepción, con derecho a exigir resarcimiento de daños y perjuicios, de no existir la correspondiente servidumbre.</p>
<p>Artículo 48. Régimen jurídico de la servidumbre de acueducto<br />
1. Los organismos de cuenca podrán imponer, con arreglo a lo dispuesto en el Código Civil y en el Reglamento de esta Ley, la servidumbre forzosa de acueducto, si el aprovechamiento del recurso o su evacuación lo exigiera.<br />
2. Con arreglo a las mismas normas, los organismos de cuenca podrán imponer las servidumbres de saca de agua y abrevadero, de estribo de presa y de parada o partidor, así como las de paso, cuando se trate de garantizar el acceso o facilitar el mismo a zona de dominio público de los cauces, para usos determinados, incluyendo los deportivos y recreativos, y, en general, cuantas servidumbres estén previstas en el Código Civil.<br />
3. El expediente de constitución de servidumbre deberá reducir, en lo posible, el gravamen que la misma implique sobre el predio sirviente.<br />
4. La variación de las circunstancias que dieron origen a la constitución de una servidumbre dará lugar, a instancia de parte, al correspondiente expediente de revisión, que seguirá los mismos trámites reglamentarios que los previstos en el de constitución.<br />
5. El beneficiario de una servidumbre forzosa deberá indemnizar los daños y perjuicios ocasionados al predio sirviente de conformidad con la legislación vigente.</p>
<p>Artículo 49. Titularidad de los elementos de la servidumbre<br />
En toda acequia o acueducto, el cauce, los cajeros y las márgenes serán considerados como parte integrante de la heredad o edificio a que vayan destinadas las aguas o, en caso de evacuación, de los que procedieran.</p>
<p>Capítulo II. De los usos comunes y privativos</p>
<p>Artículo 50. Usos comunes<br />
1. Todos pueden, sin necesidad de autorización administrativa y de conformidad con lo que dispongan las Leyes y Reglamentos, usar de las aguas superficiales, mientras discurren por sus cauces naturales, para beber, bañarse y otros usos domésticos, así como para abrevar el ganado.<br />
2. Estos usos comunes habrán de llevarse a cabo de forma que no se produzca una alteración de la calidad y caudal de las aguas. Cuando se trate de aguas que circulen por cauces artificiales, tendrán, además, las limitaciones derivadas de la protección del acueducto. En ningún caso, las aguas podrán ser desviadas de sus cauces o lechos, debiendo respetarse el régimen normal de aprovechamiento.<br />
3. La protección, utilización y explotación de los recursos pesqueros en aguas continentales, así como la repoblación acuícola y piscícola, se regulará por la legislación general del medio ambiente y, en su caso, por su legislación específica.<br />
4. La Ley no ampara el abuso del derecho en la utilización de las aguas ni el desperdicio o mal uso de las mismas, cualquiera que fuese el título que se alegare.</p>
<p>Artículo 51. Usos comunes especiales sujetos a autorización<br />
1. El ejercicio de los siguientes usos comunes especiales requerirá previa declaración responsable:<br />
a) La navegación y flotación.<br />
b) El establecimiento de barcas de paso y sus embarcaderos.<br />
c) Cualquier otro uso, no incluido en el artículo anterior, que no excluya la utilización del recurso por terceros.<br />
2. La declaración responsable, a la que se refiere el artículo 3.9 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso de las actividades de servicios y su ejercicio, deberá presentarse con un periodo mínimo de antelación de quince días, para que pueda comprobarse la compatibilidad de dichos usos con los fines del dominio público hidráulico</p>
<p>Artículo 52. Formas de adquirir el derecho al uso privativo<br />
1. El derecho al uso privativo, sea o no consuntivo, del dominio público hidráulico se adquiere por disposición legal o por concesión administrativa.<br />
2. No podrá adquirirse por prescripción el derecho al uso privativo del dominio público hidráulico.</p>
<p>Artículo 53. Extinción del derecho al uso privativo<br />
1. El derecho al uso privativo de las aguas, cualquiera que sea el título de su adquisición, se extingue:<br />
A) Por término del plazo de su concesión.<br />
B) Por caducidad de la concesión en los términos previstos en el artículo 66.<br />
C) Por expropiación forzosa.<br />
D) Por renuncia expresa del concesionario.<br />
2. La declaración de la extinción del derecho al uso privativo del agua requerirá la previa audiencia de los titulares del mismo.<br />
3. Cuando el destino dado a las aguas concedidas fuese el riego o el abastecimiento de población, el titular de la concesión podrá obtener una nueva con el mismo uso y destino para las aguas, debiendo formular la solicitud en el trámite de audiencia previa en el expediente de declaración de extinción o durante los últimos cinco años de la vigencia de aquélla.<br />
En caso de producirse la solicitud, y siempre que a ello no se opusiere el Plan Hidrológico Nacional, el organismo de cuenca tramitará el expediente excluyendo el trámite de proyectos en competencia.<br />
4. Al extinguirse el derecho concesional, revertirán a la Administración competente gratuitamente y libres de cargas cuantas obras hubieran sido construidas dentro del dominio público hidráulico para la explotación del aprovechamiento, sin perjuicio del cumplimiento de las condiciones estipuladas en el documento concesional.<br />
5. Los derechos adquiridos por disposición legal se perderán según lo establecido en la norma que los regule o, en su defecto, por disposición normativa del mismo rango.<br />
6. La vigencia de los contratos de cesión de derechos de uso del agua a que se refiere el artículo 67 será la establecida por las partes en dichos contratos. En todo caso, la extinción del derecho al uso privativo del cedente implicará automáticamente la resolución del contrato de cesión.</p>
<p>Artículo 54. Usos privativos por disposición legal<br />
1. El propietario de una finca puede aprovechar las aguas pluviales que discurran por ella y las estancadas, dentro de sus linderos, sin más limitaciones que las establecidas en la presente Ley y las que se deriven del respeto a los derechos de tercero y de la prohibición del abuso del derecho.<br />
2. En las condiciones que reglamentariamente se establezcan, se podrán utilizar en un predio aguas procedentes de manantiales situados en su interior y aprovechar en él aguas subterráneas, cuando el volumen total anual no sobrepase los 7.000 metros cúbicos. En los acuíferos que hayan sido declarados como sobreexplotados, o en riesgo de estarlo, no podrán realizarse nuevas obras de las amparadas por este apartado sin la correspondiente autorización.<br />
Apartado 2 dejado sin efecto en el ámbito territorial de las Illes Balears por artículo 22 Ley 10/2003 de 22 diciembre, de medidas tributarias y administrativas, C.A. Illes Balears.</p>
<p>Artículo 55. Facultades del organismo de cuenca en relación con el aprovechamiento y control de los caudales concedidos<br />
1. El organismo de cuenca, cuando así lo exija la disponibilidad del recurso, podrá fijar el régimen de explotación de los embalses establecidos en los ríos y de los acuíferos subterráneos, régimen al que habrá de adaptarse la utilización coordinada de los aprovechamientos existentes. Igualmente, podrá fijar el régimen de explotación conjunta de las aguas superficiales y de los acuíferos subterráneos.<br />
2. Con carácter temporal, podrá también condicionar o limitar el uso del dominio público hidráulico para garantizar su explotación racional. Cuando por ello se ocasione una modificación de caudales que genere perjuicios a unos aprovechamientos en favor de otros, los titulares beneficiados deberán satisfacer la oportuna indemnización, correspondiendo al organismo de cuenca, en defecto de acuerdo entre las partes, la determinación de su cuantía.<br />
3. Cuando existan caudales reservados o comprendidos en algún plan del Estado que no sean objeto de aprovechamiento inmediato, podrán otorgarse concesiones a precario que no consolidarán derecho alguno ni darán lugar a indemnización si el organismo de cuenca reduce los caudales o revoca las autorizaciones.<br />
4. Los organismos de cuenca determinarán, en su ámbito territorial, los sistemas de control efectivo de los caudales de agua utilizados y de los vertidos al dominio público hidráulico que deban establecerse para garantizar el respeto a los derechos existentes, permitir la correcta planificación y administración de los recursos, y asegurar la calidad de las aguas. A tal efecto, y a instancias del organismo de cuenca, los titulares de las concesiones administrativas de aguas y todos aquellos que por cualquier otro título tengan derecho a su uso privativo, estarán obligados a instalar y mantener los correspondientes sistemas de medición que garanticen información precisa sobre los caudales de agua en efecto utilizados y, en su caso, retornados.<br />
Reglamentariamente se establecerá la forma de cómputo de los caudales efectivamente aprovechados cuando se trate de caudales sobrantes de otros aprovechamientos.<br />
Las comunidades de usuarios podrán exigir también el establecimiento de análogos sistemas de medición a los comuneros o grupos de comuneros que se integran en ellas.<br />
La obligación de instalar y mantener sistemas de medición es exigible también a quienes realicen cualquier tipo de vertidos en el dominio público hidráulico.<br />
Los sistemas de medición serán instalados en el punto que determine el organismo de cuenca previa audiencia a los usuarios. Las comunidades de usuarios podrán solicitar la instalación de un único sistema de medición de caudales para los aprovechamientos conjuntos de usuarios interrelacionados.<br />
Las medidas previstas en el presente apartado, que tendrán la consideración de un programa de medidas, podrán ser adoptadas por el organismo competente de la Comunidad Autónoma, en coordinación con el organismo de cuenca, cuando así se haya encomendado.<br />
5. Las empresas suministradoras de servicios energéticos a que hacen referencia la Ley 34/1998 del Sector de Hidrocarburos y la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico, facilitarán la información que les sea solicitada por el Organismo de cuenca en el ejercicio de sus competencias, en relación con las potencias instaladas y los consumos de energía para extracción de aguas subterráneas.<br />
Artículo 56. Masas de agua subterránea en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo o químico.<br />
1. La Junta de Gobierno, sin necesidad de consulta al Consejo del Agua, podrá declarar que una masa de agua subterránea está en riesgo de no alcanzar un buen estado cuantitativo o químico, en este caso, se llevarán a cabo las siguientes medidas:<br />
a) En el plazo de seis meses, el Organismo de cuenca constituirá una comunidad de usuarios si no la hubiere, o encomendará sus funciones con carácter temporal a una entidad representativa de los intereses concurrentes.<br />
b) Previa consulta con la comunidad de usuarios, la Junta de Gobierno aprobará en el plazo máximo de un año, desde que haya tenido lugar la declaración, un programa de actuación para la recuperación del buen estado de la masa de agua, que se incluirá en el programa de medidas a que hace referencia el artículo 92 quáter. Hasta la aprobación del programa de actuación, se podrá adoptar las limitaciones de extracción así como las medidas de protección de la calidad del agua subterránea que sean necesarias como medida cautelar.<br />
2. El programa de actuación ordenará el régimen de extracciones para lograr una explotación racional de los recursos con el fin de alcanzar un buen estado de las masas de agua subterránea, y proteger y mejorar los ecosistemas asociados, para lo cual podrá, entre otras medidas:<br />
a) Establecer la sustitución de las captaciones individuales preexistentes por captaciones comunitarias, transformándose, en su caso, los títulos individuales con sus derechos inherentes, en uno colectivo que deberá ajustarse a lo dispuesto en el programa de actuación.<br />
b) Prever la aportación de recursos externos a la masa de agua subterránea, en ese caso incluirá los criterios para la explotación conjunta de los recursos existentes en la masa y de los externos.<br />
c) Incluir un perímetro en el cual no será posible el otorgamiento de nuevas concesiones de aguas subterráneas a menos que los titulares de las preexistentes estén constituidos en comunidades de usuarios, de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo IV del Título IV y teniendo en cuenta lo previsto en la disposición adicional séptima.<br />
d) Determinar perímetros de protección de las masas de agua subterránea en los que será necesaria su autorización para realizar obras de infraestructura, extracción de áridos u otras actividades e instalaciones que puedan afectarla, sin perjuicio de aquellas otras autorizaciones que sean necesarias de acuerdo con la legislación sectorial de que se trate. Tal delimitación y condiciones vincularan en la elaboración de los instrumentos de planificación así como en el otorgamiento de las licencias, por las Administraciones públicas competentes en la ordenación del territorio y urbanismo.<br />
3. El programa de actuación contemplará las condiciones en las que temporalmente se puedan superar las limitaciones establecidas, permitiendo extracciones superiores a los recursos disponibles de una masa de agua subterránea cuando esté garantizado el cumplimiento de los objetivos medioambientales.<br />
4. Cuando como consecuencia de la aplicación del programa de actuación se mejore el estado de la masa de agua subterránea, el organismo de cuenca, de oficio o a instancia de parte, podrá reducir progresivamente las limitaciones del programa y aumentar, de forma proporcional y equitativa, el volumen que se puede utilizar, teniendo en cuenta, en todo caso, que no se ponga en riesgo la permanencia de los objetivos generales ambientales previstos en el artículo 92 y siguientes</p>
<p>Artículo 57. Aprovechamientos mineros<br />
1. Los titulares de los aprovechamientos mineros previstos en la legislación de minas podrán utilizar las aguas que capten con motivo de las explotaciones, dedicándolas a finalidades exclusivamente mineras. A estos efectos, deberán solicitar la correspondiente concesión, tramitada conforme a lo previsto en esta Ley.<br />
2. Si existieran aguas sobrantes, el titular del aprovechamiento minero las pondrá a disposición del organismo de cuenca, que determinará el destino de las mismas o las condiciones en que deba realizarse el desagüe, atendiendo especialmente a su calidad.<br />
3. Cuando las aguas captadas en labores mineras afecten a otras concesiones, se estará a lo dispuesto al efecto en esta Ley.</p>
<p>Artículo 58. Situaciones excepcionales<br />
En circunstancias de sequías extraordinarias, de sobreexplotación grave de acuíferos, o en similares estados de necesidad, urgencia o concurrencia de situaciones anómalas o excepcionales, el Gobierno, mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros, oído el organismo de cuenca, podrá adoptar, para la superación de dichas situaciones, las medidas que sean precisas en relación con la utilización del dominio público hidráulico, aun cuando hubiese sido objeto de concesión.<br />
La aprobación de dichas medidas llevará implícita la declaración de utilidad pública de las obras, sondeos y estudios necesarios para desarrollarlos, a efectos de la ocupación temporal y expropiación forzosa de bienes y derechos, así como la de urgente necesidad de la ocupación.</p>
<p>Capítulo III. De las autorizaciones y concesiones</p>
<p>Sección primera. La concesión de aguas en general</p>
<p>Artículo 59. Concesión administrativa<br />
1. Todo uso privativo de las aguas no incluido en el artículo 54 requiere concesión administrativa.<br />
2. Las concesiones se otorgarán teniendo en cuenta la explotación racional conjunta de los recursos superficiales y subterráneos, sin que el título concesional garantice la disponibilidad de los caudales concedidos.<br />
3. Si para la realización de las obras de una nueva concesión, fuese necesario modificar la toma o captación de otra u otras preexistentes, el organismo de cuenca podrá imponer, o proponer en su caso, la modificación, siendo los gastos y perjuicios que se ocasionen a cargo del peticionario.<br />
4. Toda concesión se otorgará según las previsiones de los Planes Hidrológicos, con carácter temporal y plazo no superior a setenta y cinco años. Su otorgamiento será discrecional, pero toda resolución será motivada y adoptada en función del interés público. Las concesiones serán susceptibles de revisión con arreglo a lo establecido en el artículo 65 de esta Ley.<br />
5. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los órganos de la Administración Central o de las Comunidades Autónomas podrán acceder a la utilización de las aguas previa autorización especial extendida a su favor o del Patrimonio del Estado, sin perjuicio de terceros.<br />
6. Cuando para la normal utilización de una concesión fuese absolutamente necesaria la realización de determinadas obras, cuyo coste no pueda ser amortizado dentro del tiempo que falta por transcurrir hasta el final del plazo de la concesión, éste podrá prorrogarse por el tiempo preciso para que las obras puedan amortizarse, con un límite máximo de diez años y por una sola vez, siempre que dichas obras no se opongan al Plan Hidrológico correspondiente y se acrediten por el concesionario los perjuicios que se le irrogarían en caso contrario.<br />
7. Los caudales ecológicos o demandas ambientales no tendrán el carácter de uso a efectos de lo previsto en este artículo y siguientes, debiendo considerarse como una restricción que se impone con carácter general a los sistemas de explotación. En todo caso, se aplicará también a los caudales medioambientales la regla sobre supremacía del uso para abastecimiento de poblaciones recogida en el párrafo final del apartado 3 del artículo 60. Los caudales ecológicos se fijarán en los Planes Hidrológicos de cuenca. Para su establecimiento, los organismos de cuenca realizarán estudios específicos para cada tramo de río.<br />
8. El otorgamiento de una concesión no exime al concesionario de la obtención de cualquier otro tipo de autorización o licencia que conforme a otras leyes se exija a su actividad o instalaciones.</p>
<p>Artículo 60. Orden de preferencia de usos<br />
1. En las concesiones se observará, a efectos de su otorgamiento, el orden de preferencia que se establezca en el Plan Hidrológico de la cuenca correspondiente, teniendo en cuenta las exigencias para la protección y conservación del recurso y su entorno.<br />
2. Toda concesión está sujeta a expropiación forzosa, de conformidad con lo dispuesto en la legislación general sobre la materia, a favor de otro aprovechamiento que le preceda según el orden de preferencia establecido en el Plan Hidrológico de cuenca.<br />
3. A falta de dicho orden de preferencia regirá con carácter general el siguiente:<br />
1º Abastecimiento de población, incluyendo en su dotación la necesaria para industrias de poco consumo de agua situadas en los núcleos de población y conectadas a la red municipal.<br />
2º Regadíos y usos agrarios.<br />
3º Usos industriales para producción de energía eléctrica.<br />
4º Otros usos industriales no incluidos en los apartados anteriores.<br />
5º Acuicultura.<br />
6º Usos recreativos.<br />
7º Navegación y transporte acuático.<br />
8º Otros aprovechamientos.<br />
El orden de prioridades que pudiere establecerse específicamente en los Planes Hidrológicos de cuenca, deberá respetar en todo caso la supremacía del uso consignado en el apartado 1º de la precedente enumeración.<br />
4. Dentro de cada clase, en caso de incompatibilidad de usos, serán preferidas aquellas de mayor utilidad pública o general, o aquellas que introduzcan mejoras técnicas que redunden en un menor consumo de agua o en el mantenimiento o mejora de su calidad.</p>
<p>Artículo 61. Condiciones generales de las concesiones<br />
1. Toda concesión se entenderá hecha sin perjuicio de tercero.<br />
2. El agua que se conceda quedará adscrita a los usos indicados en el título concesional, sin que pueda ser aplicada a otros distintos, ni a terrenos diferentes si se tratase de riegos, con la excepción de lo previsto en el artículo 67.<br />
3. No obstante, la Administración concedente podrá imponer la sustitución de la totalidad o de parte de los caudales concesionales por otros de distinto origen, con el fin de racionalizar el aprovechamiento del recurso.<br />
La Administración responderá únicamente de los gastos inherentes a la obra de sustitución, pudiendo repercutir estos gastos sobre los beneficiarios.<br />
4. Cuando el destino de las aguas fuese el riego, el titular de la concesión deberá serlo también de las tierras a las que el agua vaya destinada, sin perjuicio de las concesiones otorgadas a las comunidades de usuarios y de lo que se establece en el artículo siguiente. La concesión para riego podrá prever la aplicación del agua a distintas superficies alternativa o sucesivamente o prever un perímetro máximo de superficie dentro del cual el concesionario podrá regar unas superficies u otras.<br />
5. El organismo de cuenca podrá otorgar concesiones colectivas para riego a una pluralidad de titulares de tierras que se integren mediante convenio en una agrupación de regantes, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 81. En este supuesto, el otorgamiento del nuevo título concesional llevará implícita la caducidad de las concesiones para riego preexistentes de las que sean titulares los miembros de la agrupación de regantes en las superficies objeto del convenio.</p>
<p>Artículo 62. Concesiones para riego en régimen de servicio público<br />
1. Podrán otorgarse concesiones de aguas para riego, en régimen de servicio público, a empresas o particulares, aunque no ostenten la titularidad de las tierras eventualmente beneficiarias del riego, siempre que el peticionario acredite previamente que cuenta con la conformidad de los titulares que reunieran la mitad de la superficie de dichas tierras.<br />
2. En este supuesto, la Administración concedente aprobará los valores máximos y mínimos de las tarifas de riego, que habrán de incorporar las cuotas de amortización de las obras.<br />
3. El titular de una concesión para riego en régimen de servicio público, no podrá beneficiarse de lo previsto en el artículo 55.3, correspondiendo a los titulares de la superficie regada el derecho a instar una nueva concesión, en los términos de dicho apartado.<br />
4. Las obras e instalaciones que no hayan revertido a la Administración competente pasarán, en su caso, a la titularidad del nuevo concesionario.</p>
<p>Artículo 63. Transmisión de aprovechamientos<br />
La transmisión total o parcial de los aprovechamientos de agua que impliquen un servicio público o la constitución de gravámenes sobre los mismos requerirá autorización administrativa previa.<br />
En los demás casos sólo será necesario acreditar de modo fehaciente, en el plazo y forma que reglamentariamente se establezca, la transferencia o la constitución del gravamen.</p>
<p>Artículo 64. Modificación de las características de la concesión<br />
Toda modificación de las características de una concesión requerirá previa autorización administrativa del mismo órgano otorgante.</p>
<p>Artículo 65. Revisión de las concesiones<br />
1. Las concesiones podrán ser revisadas:<br />
A) Cuando de forma comprobada se hayan modificado los supuestos determinantes de su otorgamiento.<br />
B) En casos de fuerza mayor, a petición del concesionario.<br />
C) Cuando lo exija su adecuación a los Planes Hidrológicos.<br />
2. Asimismo, las concesiones para el abastecimiento de poblaciones y regadíos podrán revisarse en los supuestos en los que se acredite que el objeto de la concesión puede cumplirse con una menor dotación o una mejora de la técnica de utilización del recurso, que contribuya a un ahorro del mismo.<br />
A estos efectos, las Confederaciones Hidrográficas realizarán auditorías y controles de las concesiones, a fin de comprobar la eficiencia de la gestión y utilización de los recursos hídricos objeto de la concesión.<br />
3. Sólo en el caso señalado en el párrafo c) del apartado 1, el concesionario perjudicado tendrá derecho a indemnización, de conformidad con lo dispuesto en la legislación general de expropiación forzosa.<br />
4. La modificación de las condiciones concesionales en los supuestos del apartado 2 no otorgará al concesionario derecho a compensación económica alguna. Sin perjuicio de ello, reglamentariamente podrán establecerse ayudas a favor de los concesionarios para ajustar sus instalaciones a las nuevas condiciones concesionales.</p>
<p>Artículo 66. Caducidad de las concesiones<br />
1. Las concesiones podrán declararse caducadas por incumplimiento de cualquiera de condiciones esenciales o plazos en ella previstos.<br />
2. Asimismo el derecho al uso privativo de las aguas, cualquiera que sea el título de su adquisición, podrá declararse caducado por la interrupción permanente de la explotación durante tres años consecutivos siempre que aquélla sea imputable al titular.</p>
<p>Sección segunda. Cesión de derechos al uso privativo de las aguas</p>
<p>Artículo 67. Del contrato de cesión de derechos<br />
1. Los concesionarios o titulares de algún derecho al uso privativo de las aguas podrán ceder con carácter temporal a otro concesionario o titular de derecho de igual o mayor rango según el orden de preferencia establecido en el Plan Hidrológico de la cuenca correspondiente o, en su defecto, en el artículo 60 de la presente Ley, previa autorización administrativa, la totalidad o parte de los derechos de uso que les correspondan.<br />
Los concesionarios o titulares de derechos de usos privativos de carácter no consuntivo no podrán ceder sus derechos para usos que no tengan tal consideración.<br />
2. Cuando razones de interés general lo justifiquen, el Ministro de Medio Ambiente podrá autorizar expresamente, con carácter temporal y excepcional, cesiones de derechos de uso del agua que no respeten las normas sobre prelación de usos a que se refiere el apartado 1 de este artículo.<br />
3. Los adquirentes de los derechos dimanantes de la cesión se subrogarán en las obligaciones que correspondan al cedente ante el Organismo de cuenca respecto al uso del agua.<br />
4. El incumplimiento de los requisitos establecidos en esta sección será causa para acordar la caducidad del derecho concesional del cedente.</p>
<p>Artículo 68. Formalización, autorización y registro del contrato de cesión<br />
1. Los contratos de cesión deberán ser formalizados por escrito y puestos en conocimiento del Organismo de cuenca y de las comunidades de usuarios a las que pertenezcan el cedente y el cesionario mediante el traslado de la copia del contrato, en el plazo de quince días desde su firma. En el caso de cesiones entre usuarios de agua para riego, deberá constar en el contrato la identificación expresa de los predios que el cedente renuncia a regar o se compromete a regar con menos dotación durante la vigencia del contrato, así como la de los predios que regará el adquirente con el caudal cedido.<br />
2. Se entenderán autorizados, sin que hasta entonces produzcan efectos entre las partes, en el plazo de un mes a contar desde la notificación efectuada al Organismo de cuenca, si éste no formula oposición cuando se trate de cesiones entre miembros de la misma comunidad de usuarios, y en el plazo de dos meses en el resto de los casos. Cuando la cesión de derechos se refiera a una concesión para regadíos y usos agrarios, el Organismo de cuenca dará traslado de la copia del contrato a la correspondiente Comunidad Autónoma y al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para que emitan informe previo en el ámbito de sus respectivas competencias en el plazo de diez días.<br />
3. El Organismo de cuenca podrá no autorizar la cesión de derechos de uso del agua, mediante resolución motivada, dictada y notificada en el plazo señalado, si la misma afecta negativamente al régimen de explotación de los recursos en la cuenca, a los derechos de terceros, a los caudales medioambientales, al estado o conservación de los ecosistemas acuáticos o si incumple algunos de los requisitos señalados en la presente sección, sin que ello dé lugar a derecho a indemnización alguna por parte de los afectados. También podrá ejercer en ese plazo un derecho de adquisición preferente del aprovechamiento de los caudales a ceder, rescatando los caudales de todo uso privativo.<br />
4. Los Organismos de cuenca inscribirán los contratos de cesión de derechos de uso del agua en el Registro de Aguas al que se refiere el artículo 80, en la forma que se determine reglamentariamente. Posteriormente, podrán inscribirse, además, en el Registro de la Propiedad, en los folios abiertos a las concesiones administrativas afectadas.<br />
5. Las competencias de la Administración hidráulica a las que se refiere la presente sección serán ejecutadas en las cuencas intracomunitarias por la Administración hidráulica de la correspondiente Comunidad Autónoma.</p>
<p>Artículo 69. Objeto del contrato de cesión<br />
1. El volumen anual susceptible de cesión en ningún caso podrá superar al realmente utilizado por el cedente. Reglamentariamente se establecerán las normas para el cálculo de dicho volumen anual, tomando como referencia el valor medio del caudal realmente utilizado durante la serie de años que se determinen, corregido, en su caso, conforme a la dotación objetivo que fije el Plan Hidrológico de cuenca y el buen uso del agua, sin que en ningún caso pueda cederse un caudal superior al concedido.<br />
2. Los caudales que sean objeto de cesión se computarán como de uso efectivo de la concesión a los efectos de evitar la posible caducidad del título concesional del cedente.<br />
3. La cesión de derechos de uso del agua podrá conllevar una compensación económica que se fijará de mutuo acuerdo entre los contratantes y deberá explicitarse en el contrato. Reglamentariamente podrá establecerse el importe máximo de dicha compensación.</p>
<p>Artículo 70. Instalaciones e infraestructuras hidráulicas necesarias<br />
1. Cuando la realización material de las cesiones acordadas requiera el empleo de instalaciones o infraestructuras hidráulicas de las que fuesen titulares terceros, su uso se establecerá por libre acuerdo entre las partes.<br />
2. En el caso de que las instalaciones o infraestructuras hidráulicas necesarias sean de titularidad del Organismo de cuenca, o bien tenga éste encomendada su explotación, los contratantes deberán solicitar, a la vez que dan traslado de la copia del contrato para su autorización, la determinación del régimen de utilización de dichas instalaciones o infraestructuras, así como la fijación de las exacciones económicas que correspondan de acuerdo con la legislación vigente.<br />
3. Si para la realización material de las cesiones acordadas fuese necesario construir nuevas instalaciones o infraestructuras hidráulicas, los contratantes deberán presentar, a la vez que solicitan la autorización, el documento técnico que defina adecuadamente dichas obras e instalaciones. Cuando las aguas cedidas se vayan a destinar al abastecimiento de poblaciones, se presentará también informe de la autoridad sanitaria sobre la idoneidad del agua para dicho uso.<br />
4. La autorización del contrato de cesión no implicará por sí misma la autorización para el uso o construcción de infraestructuras a que se refiere este artículo.<br />
La resolución del Organismo de cuenca sobre el uso o construcción de infraestructuras a que se refiere el párrafo anterior será independiente de la decisión que adopte sobre la autorización o no del contrato de cesión, y no se aplicarán a la misma los plazos a que se refiere el artículo 68 apartado 2.</p>
<p>Artículo 71. Centros de intercambio de derechos<br />
1. En las situaciones reguladas en los artículos 55, 56 y 58 de la presente Ley, y en aquellas otras que reglamentariamente se determinen por concurrir causas análogas, se podrán constituir centros de intercambio de derechos de uso del agua mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Medio Ambiente. En este caso, los Organismos de cuenca quedarán autorizados para realizar ofertas públicas de adquisición de derechos de uso del agua para posteriormente cederlos a otros usuarios mediante el precio que el propio Organismo oferte. La contabilidad y registro de las operaciones que se realicen al amparo de este precepto se llevarán separadamente respecto al resto de actos en que puedan intervenir los Organismos de cuenca.<br />
2. Las Comunidades Autónomas podrán instar a los Organismos de cuenca a realizar las adquisiciones a que se refiere el apartado anterior para atender fines concretos de interés autonómico en el ámbito de sus competencias.<br />
3. Las adquisiciones y enajenaciones del derecho al uso del agua que se realicen conforme a este artículo deberán respetar los principios de publicidad y libre concurrencia y se llevarán a cabo conforme al procedimiento y los criterios de selección que reglamentariamente se determinen.</p>
<p>Artículo 72. Infraestructuras de conexión intercuencas<br />
Sólo se podrán usar infraestructuras que interconecten territorios de distintos Planes Hidrológicos de cuenca para transacciones reguladas en esta sección si el Plan Hidrológico Nacional o las leyes singulares reguladoras de cada trasvase así lo han previsto. En este caso, la competencia para autorizar el uso de estas infraestructuras y el contrato de cesión corresponderá al Ministerio de Medio Ambiente, entendiéndose desestimadas las solicitudes de cesión una vez transcurridos los plazos previstos sin haberse notificado resolución administrativa.</p>
<p>Sección tercera. Alumbramiento y utilización de aguas subterráneas</p>
<p>Artículo 73. Preferencia para el otorgamiento de autorizaciones de investigación de aguas subterráneas<br />
Los propietarios de los terrenos afectados por las peticiones de investigación de aguas subterráneas gozarán de preferencia para el otorgamiento de la autorización dentro del mismo orden de prelación a que se refiere el artículo 60.</p>
<p>Artículo 74. Autorizaciones para investigación de aguas subterráneas<br />
1. El Organismo de cuenca podrá otorgar autorizaciones para investigación de aguas subterráneas, con el fin de determinar la existencia de caudales aprovechables, previo el trámite de competencia entre los proyectos de investigación concurrentes que pudieran presentarse.<br />
2. El plazo de la autorización no podrá exceder de dos años y su otorgamiento llevará implícita la declaración de utilidad pública a efectos de la ocupación temporal de los terrenos necesarios para la realización de las labores.<br />
3. Si la investigación fuera favorable, el interesado deberá, en un plazo de seis meses, formalizar la petición de concesión, que se tramitará sin competencia de proyectos.</p>
<p>Artículo 75. Determinación del lugar de emplazamiento de las instalaciones<br />
Cuando el concesionario no sea propietario del terreno en que se realice la captación y el aprovechamiento hubiese sido declarado de utilidad pública, el Organismo de cuenca determinará el lugar de emplazamiento de las instalaciones, con el fin de que sean mínimos los posibles perjuicios, cuya indemnización se fijará con arreglo a la legislación de expropiación forzosa.</p>
<p>Artículo 76. Afección a captaciones anteriores<br />
A falta de Plan Hidrológico de cuenca, o de definición suficiente en el mismo, la Administración concedente considerará para el otorgamiento de concesiones de aguas subterráneas su posible afección a captaciones anteriores legalizadas, debiendo, en todo caso, el titular de la nueva concesión indemnizar los perjuicios que pudieran causarse a los aprovechamientos preexistentes, como consecuencia del acondicionamiento de las obras e instalaciones que sea necesario efectuar para asegurar la disponibilidad de los caudales anteriormente explotados.</p>
<p>Sección cuarta. Otras autorizaciones y concesiones</p>
<p>Artículo 77. Aprovechamiento de los cauces o bienes situados en ellos<br />
1. La utilización o aprovechamiento por los particulares de los cauces o de los bienes situados en ellos requerirá la previa concesión o autorización administrativa.<br />
2. En el otorgamiento de concesiones o autorizaciones para aprovechamientos de áridos, pastos y vegetación arbórea o arbustiva, establecimiento de puentes o pasarelas, embarcaderos e instalaciones para baños públicos, se considerará la posible incidencia ecológica desfavorable, debiendo exigirse las adecuadas garantías para la restitución del medio.<br />
3. La incoación de los expedientes sobre aprovechamientos de áridos se notificará a los órganos responsables del dominio público marítimo terrestre de la misma cuenca para que éstos puedan optar por su uso en la regeneración del litoral que siempre será preferente sobre cualquier otro posible uso privativo.</p>
<p>Artículo 78. Navegación recreativa en embalses<br />
La navegación recreativa en embalses requerirá una declaración responsable previa a su ejercicio, conforme a lo dispuesto en el artículo 51 de esta Ley. En la declaración responsable deberán especificarse las condiciones en que se va a realizar la navegación para que la Administración pueda verificar su compatibilidad con los usos previstos para las aguas almacenadas, protegiendo su calidad y limitando el acceso a las zonas de derivación o desagüe según reglamentariamente se especifique.»</p>
<p>Sección quinta. Procedimiento</p>
<p>Artículo 79. Procedimiento para otorgar concesiones y autorizaciones<br />
1. La duración de las concesiones y autorizaciones, los supuestos y requisitos para su declaración de utilidad pública, así como el procedimiento para su tramitación serán establecidos reglamentariamente.<br />
2. El procedimiento ordinario de otorgamiento de concesiones se ajustará a los principios de publicidad y tramitación en competencia, prefiriéndose, en igualdad de condiciones, aquellos que proyecten la más racional utilización del agua y una mejor protección de su entorno. El principio de competencia podrá eliminarse cuando se trate de abastecimiento de agua a poblaciones.<br />
3. Para las concesiones de escasa importancia por su cuantía, incluidas las destinadas a aprovechamientos hidroeléctricos de pequeña potencia, se establecerán reglamentariamente procedimientos simplificados acordes con sus características.<br />
4. En el caso de concesiones y autorizaciones en materia de regadíos u otros usos agrarios, será preceptivo un informe de la correspondiente Comunidad Autónoma y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en relación con las materias propias de su competencia, y en especial, respecto a su posible afección a los planes de actuación existentes.</p>
<p>Sección sexta. Registro de aguas</p>
<p>Artículo 80. Características del Registro de Aguas<br />
1. Los Organismos de cuenca llevarán un Registro de Aguas en el que se inscribirán de oficio las concesiones de agua, así como los cambios autorizados que se produzcan en su titularidad o en sus características. La organización y normas de funcionamiento del Registro de Aguas se fijarán por vía reglamentaria.<br />
2. El Registro de Aguas tendrá carácter público, pudiendo interesarse del Organismo de cuenca las oportunas certificaciones sobre su contenido.<br />
3. Los titulares de concesiones de aguas inscritas en el Registro correspondiente podrán interesar la intervención del Organismo de cuenca competente en defensa de sus derechos, de acuerdo con el contenido de la concesión y de lo establecido en la legislación en materia de aguas.<br />
4. La inscripción registral será medio de prueba de la existencia y situación de la concesión.</p>
<p>Capítulo IV. De las comunidades de usuarios</p>
<p>Artículo 81. Obligación de constituir comunidades de usuarios<br />
1. Los usuarios del agua y otros bienes del dominio público hidráulico de una misma toma o concesión deberán constituirse en comunidades de usuarios. Cuando el destino dado a las aguas fuese principalmente el riego, se denominarán comunidades de regantes; en otro caso, las comunidades recibirán el calificativo que caracterice el destino del aprovechamiento colectivo.<br />
Los estatutos u ordenanzas se redactarán y aprobarán por los propios usuarios, y deberán ser sometidos, para su aprobación administrativa, al Organismo de cuenca.<br />
Los estatutos u ordenanzas regularán la organización de las comunidades de usuarios, así como la explotación en régimen de autonomía interna de los bienes hidráulicos inherentes al aprovechamiento.<br />
El Organismo de cuenca no podrá denegar la aprobación de los estatutos y ordenanzas, ni introducir variantes en ellos, sin previo dictamen del Consejo de Estado.<br />
2. Las comunidades de usuarios de aguas superficiales o subterráneas, cuya utilización afecte a intereses que les sean comunes, podrán formar una comunidad general para la defensa de sus derechos y conservación y fomento de dichos intereses.<br />
3. Del mismo modo, los usuarios individuales y las comunidades de usuarios, podrán formar por convenio una junta central de usuarios con la finalidad de proteger sus derechos e intereses frente a terceros y ordenar y vigilar el uso coordinado de sus propios aprovechamientos.<br />
4. El Organismo de cuenca podrá imponer, cuando el interés general lo exija, la constitución de los distintos tipos de comunidades y juntas centrales de usuarios.<br />
5. Cuando la modalidad o las circunstancias y características del aprovechamiento lo aconsejen, o cuando el número de partícipes sea reducido, el régimen de comunidad podrá ser sustituido por el que se establezca en convenios específicos, que deberán ser aprobados por el Organismo de cuenca.</p>
<p>Artículo 82. Naturaleza y régimen jurídico de las comunidades de usuarios<br />
1. Las comunidades de usuarios tienen el carácter de corporaciones de derecho público, adscritas al Organismo de cuenca, que velará por el cumplimiento de sus estatutos u ordenanzas y por el buen orden del aprovechamiento. Actuarán conforme a los procedimientos establecidos en la presente Ley, en sus reglamentos y en sus estatutos y ordenanzas, de acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.<br />
2. Los estatutos y ordenanzas de las comunidades de usuarios incluirán la finalidad y el ámbito territorial de la utilización de los bienes del dominio público hidráulico, regularán la participación y representación obligatoria, en relación con sus respectivos intereses, de los titulares actuales y sucesivos de bienes y servicios y de los participantes en el uso del agua; y obligarán a que todos los titulares contribuyan a satisfacer en equitativa proporción los gastos comunes de explotación, conservación, reparación y mejora, así como los cánones y tarifas que correspondan. Los estatutos y ordenanzas de las comunidades, en cuanto acordados por su junta general, establecerán las previsiones correspondientes a las infracciones y sanciones que puedan ser impuestas por el jurado de acuerdo con la costumbre y el procedimiento propios de los mismos, garantizando los derechos de audiencia y defensa de los afectados.<br />
3. Las comunidades generales y las juntas centrales de usuarios se compondrán de representantes de los usuarios interesados. Sus ordenanzas y reglamentos deberán ser aprobados por el Organismo de cuenca.<br />
4. Las comunidades de usuarios que carezcan de ordenanzas vendrán obligadas a presentarlas para su aprobación en el plazo que reglamentariamente se establezca. En caso de incumplimiento, el Organismo de cuenca podrá establecer las que considere procedentes previo dictamen del Consejo de Estado.</p>
<p>Artículo 83. Facultades de las comunidades de usuarios<br />
1. Las comunidades de usuarios podrán ejecutar por sí mismas y con cargo al usuario, los acuerdos incumplidos que impongan una obligación de hacer. El coste de la ejecución subsidiaria será exigible por la vía administrativa de apremio. Quedarán exceptuadas del régimen anterior aquellas obligaciones que revistan un carácter personalísimo.<br />
2. Las comunidades de usuarios serán beneficiarias de la expropiación forzosa y de la imposición de las servidumbres que exijan sus aprovechamientos y el cumplimiento de sus fines.<br />
3. Las comunidades de usuarios vendrán obligadas a realizar las obras e instalaciones que la Administración les ordene, a fin de evitar el mal uso del agua o el deterioro del dominio público hidráulico, pudiendo el Organismo de cuenca competente suspender la utilización del agua hasta que aquéllas se realicen.<br />
4. Las deudas a la comunidad de usuarios por gasto de conservación, limpieza o mejoras, así como cualquier otra motivada por la administración y distribución de las aguas, gravarán la finca o industria en cuyo favor se realizaron, pudiendo la comunidad de usuarios exigir su importe por la vía administrativa de apremio, y prohibir el uso del agua mientras no se satisfagan, aun cuando la finca o industria hubiese cambiado de dueño. El mismo criterio se seguirá cuando la deuda provenga de multas e indemnizaciones impuestas por los tribunales o jurados de riego.</p>
<p>Artículo 84. Órganos de las comunidades de usuarios<br />
1. Toda comunidad de usuarios tendrá una junta general o asamblea, una junta de gobierno y uno o varios jurados.<br />
2. La Junta general, constituida por todos los usuarios de la comunidad, es el órgano soberano de la misma, correspondiéndole todas las facultades no atribuidas específicamente a algún otro órgano.<br />
3. La junta de gobierno, elegida por la junta general, es la encargada de la ejecución de las ordenanzas y de los acuerdos propios y de los adoptados por la junta general.<br />
4. Serán atribuciones de la junta de gobierno:<br />
A) Vigilar y gestionar los intereses de la Comunidad, promover su desarrollo y defender sus derechos.<br />
B) Dictar las disposiciones convenientes para la mejor distribución de las aguas, respetando los derechos adquiridos y las costumbres locales.<br />
C) Someter a la aprobación de la junta la modificación de las ordenanzas o cualquier otra propuesta que estime oportuno.<br />
D) Ejecutar en el ámbito de sus competencias las funciones que le sean atribuidas por las leyes o que puedan asumir en virtud de los convenios que suscriban con el Organismo de cuenca.<br />
5. Los acuerdos de la junta general y de la junta de gobierno, en el ámbito de sus competencias, serán ejecutivos, en la forma y con los requisitos establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de su posible impugnación en alzada ante el Organismo de la cuenca.<br />
6. Al jurado corresponde conocer las cuestiones de hecho que se susciten entre los usuarios de la comunidad en el ámbito de las ordenanzas e imponer a los infractores las sanciones reglamentarias, así como fijar las indemnizaciones que puedan derivarse de la infracción.<br />
Los procedimientos serán públicos y verbales en la forma que determine la costumbre y el reglamento. Sus fallos serán ejecutivos.</p>
<p>Artículo 85. Pervivencia de organizaciones tradicionales<br />
Los aprovechamientos colectivos, que hasta ahora hayan tenido un régimen consignado en ordenanzas debidamente aprobadas, continuarán sujetos a las mismas mientras los usuarios no decidan su modificación de acuerdo con ellas.<br />
Del mismo modo, allí donde existan jurados o tribunales de riego, cualquiera que sea su denominación peculiar, continuarán con su organización tradicional.</p>
<p>Artículo 86. Titularidad de las obras que integran el aprovechamiento<br />
La titularidad de las obras que son parte integrante del aprovechamiento de la comunidad de usuarios quedará definida en el propio título que faculte para su construcción y utilización.</p>
<p>Artículo 87. Comunidades de usuarios de unidades hidrogeológicas y de acuíferos<br />
1. Los usuarios de una misma unidad hidrogeológica o de un mismo acuífero estarán obligados, a requerimiento del Organismo de cuenca, a constituir una comunidad de usuarios, correspondiendo a dicho Organismo, a instancia de parte o de oficio, determinar sus límites y establecer el sistema de utilización conjunta de las aguas.<br />
2. En los acuíferos declarados sobreexplotados o en riesgo de estarlo en aplicación del apartado 1 del artículo 56 de esta Ley, será obligatoria la constitución de una comunidad de usuarios. Si transcurridos seis meses desde la fecha de la declaración de sobreexplotación no se hubiese constituido la comunidad de usuarios, el Organismo de cuenca la constituirá de oficio, o encomendará sus funciones con carácter temporal a un órgano representativo de los intereses concurrentes.<br />
3. Los Organismos de cuenca podrán celebrar convenios con las comunidades de usuarios de aguas subterráneas, al objeto de establecer la colaboración de éstas en las funciones de control efectivo del régimen de explotación y respeto a los derechos sobre las aguas. En estos convenios podrá preverse, entre otras cosas, la sustitución de las captaciones de aguas subterráneas preexistentes por captaciones comunitarias, así como el apoyo económico y técnico del Organismo de cuenca a la comunidad de usuarios para el cumplimiento de los términos del convenio.</p>
<p>Artículo 88. Comunidades de aprovechamiento conjunto de aguas superficiales y subterráneas<br />
El Organismo de cuenca podrá obligar a la constitución de comunidades que tengan por objeto el aprovechamiento conjunto de aguas superficiales y subterráneas, cuando así lo aconseje la mejor utilización de los recursos de una misma zona.</p>
<p>Artículo 89. Requisitos para el abastecimiento a varias poblaciones<br />
1. El otorgamiento de las concesiones para abastecimiento a varias poblaciones estará condicionado a que las Corporaciones Locales estén constituidas a estos efectos en Mancomunidades, Consorcios u otras entidades semejantes, de acuerdo con la legislación por la que se rijan, o a que todas ellas reciban el agua a través de una misma empresa concesionaria.<br />
2. Con independencia de su especial estatuto jurídico, el consorcio o Comunidad de que se trate elaborará las ordenanzas previstas en el artículo 81.</p>
<p>Artículo 90. Comunidades de usuarios de vertidos<br />
Las entidades públicas, corporaciones o particulares que tengan necesidad de verter agua o productos residuales, podrán constituirse en comunidad para llevar a cabo el estudio, construcción, explotaciones y mejora de colectores, estaciones depuradoras y elementos comunes que les permitan efectuar el vertido en el lugar más idóneo y en las mejores condiciones técnicas y económicas, considerando la necesaria protección del entorno natural. El Organismo de cuenca podrá imponer justificadamente la constitución de esta clase de comunidades de usuarios.</p>
<p>Artículo 91. Otras comunidades de usuarios. Normas de aplicación<br />
Las disposiciones contenidas en los artículos anteriores podrán ser aplicadas a otros tipos de comunidades no mencionadas expresamente, y, entre ellas, a las de avenamiento o a las que se constituyan para la construcción, conservación y mejora de obras de defensa contra las aguas.</p>
<p>Título V. De la protección del dominio publico hidráulico y de la calidad de las aguas<br />
Rúbrica redactada por artículo 129 veinticuatro Ley 62/2003 de 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social</p>
<p>Título V. De la protección del dominio publico hidráulico y de la calidad de las aguas continentales</p>
<p>Capítulo primero. Normas generales</p>
<p>Artículo 92. Objetivos de la protección<br />
Son objetivos de la protección de las aguas y del dominio público hidráulico:<br />
A) Prevenir el deterioro, proteger y mejorar el estado de los ecosistemas acuáticos, así como de los ecosistemas terrestres y humedales que dependan de modo directo de los acuáticos en relación con sus necesidades de agua.<br />
B) Promover el uso sostenible del agua protegiendo los recursos hídricos disponibles y garantizando un suministro suficiente en buen estado.<br />
C) Proteger y mejorar el medio acuático estableciendo medidas específicas para reducir progresivamente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias prioritarias, así como para eliminar o suprimir de forma gradual los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias.<br />
D) Garantizar la reducción progresiva de la contaminación de las aguas subterráneas y evitar su contaminación adicional.<br />
E) Paliar los efectos de las inundaciones y sequías.<br />
F) Alcanzar, mediante la aplicación de la legislación correspondiente, los objetivos fijados en los tratados internacionales en orden a prevenir y eliminar la contaminación del medio ambiente marino.<br />
G) Evitar cualquier acumulación de compuestos tóxicos o peligrosos en el subsuelo o cualquier otra acumulación que pueda ser causa de degradación del dominio público hidráulico.<br />
Precepto redactado por artículo 129 veinticinco Ley 62/2003 de 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social</p>
<p>Artículo 92. Objetivos de la protección<br />
Son objetivos de la protección del dominio público hidráulico:<br />
A) Prevenir el deterioro del estado ecológico y la contaminación de las aguas para alcanzar un buen estado general.<br />
B) Establecer programas de control de calidad en cada cuenca hidrográfica.<br />
C) Impedir la acumulación de compuestos tóxicos o peligrosos en el subsuelo, capaces de contaminar las aguas subterráneas.<br />
D) Evitar cualquier otra acumulación que pueda ser causa de degradación del dominio público hidráulico.<br />
E) Recuperar los sistemas acuáticos asociados al dominio público hidráulico.<br />
Reglamentariamente, se establecerán los niveles de calidad correspondientes a los estados indicados en el párrafo a) y los plazos para alcanzarlos.</p>
<p>Artículo 92 bis. Objetivos medioambientales<br />
1. Para conseguir una adecuada protección de las aguas, se deberán alcanzar los siguientes objetivos medioambientales:<br />
A) para las aguas superficiales:<br />
A&#8217;) Prevenir el deterioro del estado de las masas de agua superficiales.<br />
B&#8217;) Proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua superficial con el objeto de alcanzar un buen estado de las mismas.<br />
C&#8217;) Reducir progresivamente la contaminación procedente de sustancias prioritarias y eliminar o suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias.<br />
B) Para las aguas subterráneas:<br />
A&#8217;) Evitar o limitar la entrada de contaminantes en las aguas subterráneas y evitar el deterioro del estado de todas las masas de agua subterránea.<br />
B&#8217;) Proteger, mejorar y regenerar las masas de agua subterránea y garantizar el equilibrio entre la extracción y la recarga a fin de conseguir el buen estado de las aguas subterráneas.<br />
C&#8217;) Invertir las tendencias significativas y sostenidas en el aumento de la concentración de cualquier contaminante derivada de la actividad humana con el fin de reducir progresivamente la contaminación de las aguas subterráneas.<br />
C) Para las zonas protegidas:<br />
Cumplir las exigencias de las normas de protección que resulten aplicables en una zona y alcanzar los objetivos ambientales particulares que en ellas se determinen.<br />
D) Para las masas de agua artificiales y masas de agua muy modificadas:<br />
Proteger y mejorar las masas de agua artificiales y muy modificadas para lograr un buen potencial ecológico y un buen estado químico de las aguas superficiales.<br />
2. Los programas de medidas especificados en los planes hidrológicos deberán concretar las actuaciones y las previsiones necesarias para alcanzar los objetivos medioambientales indicados.<br />
3. Cuando existan masas de agua muy afectadas por la actividad humana o sus condiciones naturales hagan inviable la consecución de los objetivos señalados o exijan un coste desproporcionado, se señalarán objetivos ambientales menos rigurosos en las condiciones que se establezcan en cada caso mediante los planes hidrológicos.<br />
Precepto añadido por artículo 129 veintiséis Ley 62/2003 de 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social</p>
<p>Artículo 92 ter. Estados de las masas de agua<br />
1. En relación con los objetivos de protección se distinguirán diferentes estados o potenciales en las masas de agua, debiendo diferenciarse al menos entre las aguas superficiales, las aguas subterráneas y las masas de agua artificiales y muy modificadas. Reglamentariamente se determinarán las condiciones técnicas definitorias de cada uno de los estados y potenciales, así como los criterios para su clasificación.<br />
2. En cada demarcación hidrográfica se establecerán programas de seguimiento del estado de las aguas que permitan obtener una visión general coherente y completa de dicho estado. Estos programas se incorporarán a los programas de medidas que deben desarrollarse en cada demarcación.<br />
Precepto añadido por artículo 129 veintisiete Ley 62/2003 de 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social</p>
<p>Artículo 92 quater. Programas de medidas<br />
1. Para cada demarcación hidrográfica se establecerá un programa de medidas en el que se tendrán en cuenta los resultados de los estudios realizados para determinar las características de la demarcación, las repercusiones de la actividad humana en sus aguas, así como el estudio económico del uso del agua en la misma.<br />
2. Los programas de medidas tendrán como finalidad la consecución de los objetivos medioambientales señalados en el artículo 92 bis de esta ley.<br />
3. Las medidas podrán ser básicas y complementarias:<br />
A) Las medidas básicas son los requisitos mínimos que deben cumplirse en cada demarcación y se establecerán reglamentariamente.<br />
B) Las medidas complementarias son aquellas que en cada caso deban aplicarse con carácter adicional para la consecución de los objetivos medioambientales o para alcanzar una protección adicional de las aguas.<br />
4. El programa de medidas se integrará por las medidas básicas y las complementarias que, en el ámbito de sus competencias, aprueben las Administraciones competentes en la protección de las aguas.<br />
Precepto añadido por artículo 129 veintiocho Ley 62/2003 de 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social</p>
<p>Artículo 93. Concepto de contaminación<br />
Se entiende por contaminación, a los efectos de esta ley, la acción y el efecto de introducir materias o formas de energía, o inducir condiciones en el agua que, de modo directo o indirecto, impliquen una alteración perjudicial de su calidad en relación con los usos posteriores, con la salud humana, o con los ecosistemas acuáticos o terrestres directamente asociados a los acuáticos; causen daños a los bienes; y deterioren o dificulten el disfrute y los usos del medio ambiente.<br />
El concepto de degradación del dominio público hidráulico, a efectos de esta ley, incluye las alteraciones perjudiciales del entorno afecto a dicho dominio.<br />
Precepto redactado por artículo 129 veintinueve Ley 62/2003 de 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social</p>
<p>Artículo 93. Concepto de contaminación<br />
Se entiende por contaminación, a los efectos de esta Ley, la acción y el efecto de introducir materias o formas de energía, o inducir condiciones en el agua que, de modo directo o indirecto, impliquen una alteración perjudicial de su calidad en relación con los usos posteriores o con su función ecológica.<br />
El concepto de degradación del dominio público hidráulico a efectos de esta Ley, incluye las alteraciones perjudiciales del entorno afecto a dicho dominio.</p>
<p>Artículo 94. Policía de aguas<br />
La policía de las aguas superficiales subterráneas y de sus cauces y depósitos naturales, zonas de servidumbre y perímetros de protección se ejercerá por la Administración hidráulica competente.</p>
<p>Artículo 95. Apeo y deslinde de los cauces de dominio público<br />
1. El apeo y deslinde de los cauces de dominio público corresponde a la Administración del Estado, que los efectuará por los Organismos de cuenca, según el procedimiento que reglamentariamente se determine.<br />
2. El deslinde aprobado declara la posesión y la titularidad dominical a favor del Estado, dando lugar al amojonamiento.<br />
3. La resolución de aprobación del deslinde será título suficiente para rectificar las inscripciones del Registro de la Propiedad contradictorias con el mismo, en la forma y condiciones que se determinen reglamentariamente, siempre que haya intervenido en el expediente el titular registral, conforme a la legislación hipotecaria. Dicha resolución será título suficiente, asimismo, para que la Administración proceda a la inmatriculación de los bienes de dominio público cuando lo estime conveniente. En todo caso los titulares de los derechos inscritos afectados podrán ejercitar las acciones que estimen pertinentes en defensa de sus derechos, siendo susceptible de anotación preventiva la correspondiente reclamación judicial.</p>
<p>Artículo 96. Zona de servidumbre y policía en embalses superficiales, lagos y lagunas<br />
1. Alrededor de los embalses superficiales, el Organismo de cuenca podrá prever en sus proyectos las zonas de servicio, necesarias para su explotación.<br />
2. En todo caso, las márgenes de lagos, lagunas y embalses quedarán sujetas a las zonas de servidumbre y policía fijadas para las corrientes de agua.</p>
<p>Artículo 97. Actuaciones contaminantes prohibidas<br />
Queda prohibida, con carácter general, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 100, toda actividad susceptible de provocar la contaminación o degradación del dominio público hidráulico, y, en particular:<br />
A) Acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el lugar en que se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas o de degradación de su entorno.<br />
B) Efectuar acciones sobre el medio físico o biológico afecto al agua, que constituyan o puedan constituir una degradación del mismo.<br />
C) El ejercicio de actividades dentro de los perímetros de protección, fijados en los Planes Hidrológicos, cuando pudieran constituir un peligro de contaminación o degradación del dominio público hidráulico.</p>
<p>Artículo 98. Limitaciones medioambientales a las autorizaciones y concesiones<br />
Los Organismos de cuenca, en las concesiones y autorizaciones que otorguen, adoptarán las medidas necesarias para hacer compatible el aprovechamiento con el respeto del medio ambiente y garantizar los caudales ecológicos o demandas ambientales previstas en la planificación hidrológica.<br />
En la tramitación de concesiones y autorizaciones que afecten al dominio público hidráulico que pudieran implicar riesgos para el medio ambiente, será preceptiva la presentación de un informe sobre los posibles efectos nocivos para el medio, del que se dará traslado al órgano ambiental competente para que se pronuncie sobre las medidas correctoras que, a su juicio, deban introducirse como consecuencia del informe presentado. Sin perjuicio de los supuestos en que resulte obligatorio, conforme a lo previsto en la normativa vigente, en los casos en que el Organismo de cuenca presuma la existencia de un riesgo grave para el medio ambiente, someterá igualmente a la consideración del órgano ambiental competente la conveniencia de iniciar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental.</p>
<p>Artículo 99. Protección de aguas subterráneas frente a intrusiones de aguas salinas<br />
La protección de las aguas subterráneas frente a intrusiones de aguas salinas, de origen continental o marítimo, se realizará, entre otras acciones, mediante la limitación de la explotación de los acuíferos afectados y, en su caso, la redistribución espacial de las captaciones existentes. Los criterios básicos para ello serán incluidos en los Planes Hidrológicos de cuenca, correspondiendo al Organismo de cuenca la adopción de las medidas oportunas.<br />
Rúbrica del precepto redactada por artículo 129 treinta Ley 62/2003 de 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social</p>
<p>Artículo 99. Protección de aguas subterráneas<br />
La protección de las aguas subterráneas frente a intrusiones de aguas salinas, de origen continental o marítimo, se realizará, entre otras acciones, mediante la limitación de la explotación de los acuíferos afectados y, en su caso, la redistribución espacial de las captaciones existentes. Los criterios básicos para ello serán incluidos en los Planes Hidrológicos de cuenca, correspondiendo al Organismo de cuenca la adopción de las medidas oportunas.</p>
<p>Artículo 99 bis. Registro de Zonas Protegidas<br />
1. Para cada demarcación hidrográfica existirá al menos un registro de las zonas que hayan sido declaradas objeto de protección especial en virtud de norma específica sobre protección de aguas superficiales o subterráneas, o sobre conservación de hábitats y especies directamente dependientes del agua.<br />
2. En el registro se incluirán necesariamente:<br />
A) Las zonas en las que se realiza una captación de agua destinada a consumo humano, siempre que proporcione un volumen medio de al menos 10 metros cúbicos diarios o abastezca a más de cincuenta personas, así como, en su caso, los perímetros de protección delimitados.<br />
B) Las zonas que, de acuerdo con el respectivo plan hidrológico, se vayan a destinar en un futuro a la captación de aguas para consumo humano.<br />
C) Las zonas que hayan sido declaradas de protección de especies acuáticas significativas desde el punto de vista económico.<br />
D) Las masas de agua declaradas de uso recreativo, incluidas las zonas declaradas aguas de baño.<br />
E) Las zonas que hayan sido declaradas vulnerables en aplicación de las normas sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias.<br />
F) Las zonas que hayan sido declaradas sensibles en aplicación de las normas sobre tratamiento de las aguas residuales urbanas.<br />
G) Las zonas declaradas de protección de hábitats o especies en las que el mantenimiento o mejora del estado del agua constituya un factor importante de su protección.<br />
H) Los perímetros de protección de aguas minerales y termales aprobados de acuerdo con su legislación específica.<br />
3. Las Administraciones competentes por razón de la materia facilitarán, al organismo de cuenca correspondiente, la información precisa para mantener actualizado el Registro de Zonas Protegidas de cada demarcación hidrográfica bajo la supervisión del Comité de Autoridades Competentes de la demarcación.<br />
El registro deberá revisarse y actualizarse, junto con la actualización del plan hidrológico correspondiente, en la forma que reglamentariamente se determine.<br />
4. Un resumen del registro formará parte del plan hidrológico de cuenca.<br />
Precepto añadido por artículo 129 treinta y uno Ley 62/2003 de 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social</p>
<p>Capítulo II. De los vertidos</p>
<p>Sección primera. Vertidos al dominio público hidráulico<br />
Sección añadida por artículo 129 treinta y dos Ley 62/2003 de 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social</p>
<p>Artículo 100. Concepto<br />
1. A los efectos de la presente Ley, se considerarán vertidos los que se realicen directa o indirectamente en las aguas continentales, así como en el resto del dominio público hidráulico, cualquiera que sea el procedimiento o técnica utilizada. Queda prohibido, con carácter general, el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización administrativa.<br />
2. La autorización de vertido tendrá como objeto la consecución de los objetivos medioambientales establecidos. Dichas autorizaciones se otorgarán teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y de acuerdo con las normas de calidad ambiental y los límites de emisión fijados reglamentariamente. Se establecerán condiciones de vertido más rigurosas cuando el cumplimiento de los objetivos medioambientales así lo requiera.<br />
4. Cuando se otorgue una autorización o se modifiquen sus condiciones, podrán establecerse plazos y programas de reducción de la contaminación para la progresiva adecuación de las características de los vertidos a los límites que en ella se fijen.<br />
5. La autorización de vertido no exime de cualquier otra que sea necesaria, conforme a otras leyes para la actividad o instalación de que se trate.<br />
Apartado 2 redactado y apdos. 3 y 4 reenumerados, pasando a ser apdos. 4 y 5 por artículo 129 treinta y tres y treinta y cuatro Ley 62/2003 de 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social</p>
<p>Artículo 100. Concepto<br />
1. A los efectos de la presente Ley, se considerarán vertidos los que se realicen directa o indirectamente en las aguas continentales, así como en el resto del dominio público hidráulico, cualquiera que sea el procedimiento o técnica utilizada. Queda prohibido, con carácter general, el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización administrativa.<br />
2. La autorización de vertido tendrá como objeto la consecución del buen estado ecológico de las aguas, de acuerdo con las normas de calidad, los objetivos ambientales y las características de emisión e inmisión establecidas reglamentariamente en aplicación de la presente Ley. Esas normas y objetivos podrán ser concretados para cada cuenca por el respectivo plan hidrológico.<br />
Por buen estado ecológico de las aguas se entiende aquel que se determina a partir de indicadores de calidad biológica, físico-químicos e hidromorfológicos, inherentes a las condiciones naturales de cualquier ecosistema hídrico, en la forma y con los criterios de evaluación que reglamentariamente se determinen.<br />
3. Cuando se otorgue una autorización o se modifiquen sus condiciones, podrán establecerse plazos y programas de reducción de la contaminación para la progresiva adecuación de las características de los vertidos a los límites que en ella se fijen.<br />
4. La autorización de vertido no exime de cualquier otra que sea necesaria, conforme a otras leyes para la actividad o instalación de que se trate.</p>
<p>Artículo 101. Autorización de vertido<br />
1. Las autorizaciones de vertidos establecerán las condiciones en que deben realizarse, en la forma que reglamentariamente se determine.<br />
En todo caso, deberán especificar las instalaciones de depuración necesarias y los elementos de control de su funcionamiento, así como los límites cuantitativos y cualitativos que se impongan a la composición del efluente y el importe del canon de control del vertido definido en el artículo 113.<br />
2. Las autorizaciones de vertido tendrán un plazo máximo de vigencia de cinco años, renovables sucesivamente, siempre que cumplan las normas de calidad y objetivos ambientales exigibles en cada momento. En caso contrario, podrán ser modificadas o revocadas de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 104 y 105.<br />
3. A efectos del otorgamiento, renovación o modificación de las autorizaciones de vertido el solicitante acreditará ante la Administración hidráulica competente, en los términos que reglamentariamente se establezcan, la adecuación de las instalaciones de depuración y los elementos de control de su funcionamiento, a las normas y objetivos de calidad de las aguas. Asimismo, con la periodicidad y en los plazos que reglamentariamente se establezcan, los titulares de autorizaciones de vertido deberán acreditar ante la Administración hidráulica las condiciones en que vierten.<br />
Los datos a acreditar ante la Administración hidráulica, conforme a este apartado, podrán ser certificados por las entidades que se homologuen a tal efecto, conforme a lo que reglamentariamente se determine.<br />
4. Las solicitudes de autorizaciones de vertido de las Entidades locales contendrán, en todo caso, un plan de saneamiento y control de vertidos a colectores municipales. Las Entidades locales estarán obligadas a informar a la Administración hidráulica sobre la existencia de vertidos en los colectores locales de sustancias tóxicas y peligrosas reguladas por la normativa sobre calidad de las aguas.</p>
<p>Artículo 102. Autorización de vertido en acuíferos y aguas subterráneas<br />
Cuando el vertido pueda dar lugar a la infiltración o almacenamiento de sustancias susceptibles de contaminar los acuíferos o las aguas subterráneas, sólo podrá autorizarse si el estudio hidrogeológico previo demostrase su inocuidad.</p>
<p>Artículo 103. Limitaciones a las actuaciones industriales contaminantes<br />
Las autorizaciones administrativas sobre establecimiento, modificación o traslado de instalaciones o industrias que originen o puedan originar vertidos, se otorgarán condicionadas a la obtención de la correspondiente autorización de vertido.<br />
El Gobierno podrá prohibir, en zonas concretas, aquellas actividades y procesos industriales cuyos efluentes, a pesar del tratamiento a que sean sometidos, puedan constituir riesgo de contaminación grave para las aguas, bien sea en su funcionamiento normal o en caso de situaciones excepcionales previsibles.</p>
<p>Artículo 104. Revisión de las autorizaciones de vertido<br />
1. El Organismo de cuenca podrá revisar las autorizaciones de vertido en los siguientes casos:<br />
A) Cuando sobrevengan circunstancias que, de haber existido anteriormente, habrían justificado su denegación o el otorgamiento en términos distintos.<br />
B) Cuando se produzca una mejora en las características del vertido y así lo solicite el interesado.<br />
C) Para adecuar el vertido a las normas y objetivos de calidad de las aguas que sean aplicables en cada momento y, en particular, a las que para cada río, tramo de río, acuífero o masa de agua dispongan los Planes Hidrológicos de cuenca.<br />
2. En casos excepcionales, por razones de sequía o en situaciones hidrológicas extremas, los Organismos de cuenca podrán modificar, con carácter general, las condiciones de vertido a fin de garantizar los objetivos de calidad.</p>
<p>Artículo 105. Vertidos no autorizados<br />
1. Comprobada la existencia de un vertido no autorizado, o que no cumpla las condiciones de la autorización, el Organismo de cuenca realizará las siguientes actuaciones:<br />
A) Incoar un procedimiento sancionador y de determinación del daño causado a la calidad de las aguas.<br />
B) Liquidará el canon de control de vertido, de conformidad con lo establecido en el artículo 113.<br />
2. Complementariamente, el Organismo de cuenca podrá acordar la iniciación de los siguientes procedimientos:<br />
A) De revocación de la autorización de vertido, cuando la hubiera, para el caso de incumplimiento de alguna de sus condiciones.<br />
Cuando la autorización de vertido en cuencas intercomunitarias se hubiera integrado en la autorización ambiental integrada, el organismo de cuenca comunicará la revocación mediante la emisión de un informe preceptivo y vinculante a la Comunidad Autónoma competente, a efectos de su cumplimiento.<br />
B) De autorización del vertido, si no la hubiera, cuando éste sea susceptible de legalización.<br />
C) De declaración de caducidad de la concesión de aguas en los casos especialmente cualificados de incumplimiento de las condiciones o de inexistencia de autorización, de los que resulten daños muy graves en el dominio público hidráulico.<br />
3. Las revocaciones y declaraciones de caducidad acordadas conforme al apartado anterior no darán derecho a indemnización.</p>
<p>Artículo 106. Suspensión de actividades que originan vertidos no autorizados<br />
El Gobierno, en el ámbito de sus competencias, podrá ordenar la suspensión de las actividades que den origen a vertidos no autorizados, de no estimar más procedente adoptar las medidas precisas para su corrección, sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o administrativa en que hubieran podido incurrir los causantes de los mismos.</p>
<p>Artículo 107. Explotación de depuradoras por el Organismo de cuenca<br />
El Organismo de cuenca podrá hacerse cargo directa o indirectamente, por razones de interés general y con carácter temporal, de la explotación de las instalaciones de depuración de aguas residuales, cuando no fuera procedente la paralización de las actividades que producen el vertido y se derivasen graves inconvenientes del incumplimiento de las condiciones autorizadas.<br />
En este supuesto, el Organismo de cuenca reclamará del titular de la autorización, incluso por vía de apremio:<br />
A) Las cantidades necesarias para modificar o acondicionar las instalaciones en los términos previstos en la autorización.<br />
B) Los gastos de explotación, mantenimiento y conservación de las instalaciones.</p>
<p>Artículo 108. Empresas de vertido<br />
Podrán constituirse empresas de vertido para conducir, tratar y verter aguas residuales de terceros. Las autorizaciones de vertido que a su favor se otorguen, incluirán, además de las condiciones exigidas con carácter general, las siguientes:<br />
A) Las de admisibilidad de los vertidos que van a ser tratados por la empresa.<br />
B) Las tarifas máximas y el procedimiento de su actualización periódica.<br />
C) La obligación de constituir una fianza para responder de la continuidad y eficacia de los tratamientos.<br />
La cuantía de la fianza y los efectos que se deriven de la revocación de la autorización se determinarán reglamentariamente.</p>
<p>Sección segunda. Vertidos marinos<br />
Sección añadida por artículo 129 treinta y dos Ley 62/2003 de 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social</p>
<p>Artículo 108 bis. Principios generales<br />
1. La protección de las aguas marinas tendrá por objeto interrumpir o suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias, con el objetivo último de conseguir concentraciones en el medio marino cercanas a los valores básicos por lo que se refiere a las sustancias de origen natural y próximas a cero por lo que respecta a las sustancias sintéticas artificiales.<br />
2. Los principios generales enumerados en el apartado anterior se recogerán por la legislación sectorial aplicable en cada caso.<br />
Precepto añadido por artículo 129 treinta y cinco Ley 62/2003 de 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social</p>
<p>Capítulo III. De la reutilización de aguas depuradas</p>
<p>Artículo 109. Régimen jurídico de la reutilización<br />
1. El Gobierno establecerá las condiciones básicas para la reutilización de las aguas, precisando la calidad exigible a las aguas depuradas según los usos previstos.<br />
2. La reutilización de las aguas procedentes de un aprovechamiento requerirá concesión administrativa como norma general. Sin embargo, en el caso de que la reutilización fuese solicitada por el titular de una autorización de vertido de aguas ya depuradas, se requerirá solamente una autorización administrativa, en la cual se establecerán las condiciones necesarias complementarias de las recogidas en la previa autorización de vertido.<br />
3. Cualquier persona física o jurídica que haya obtenido una concesión de reutilización de aguas, podrá subrogarse por vía contractual en la titularidad de la autorización de vertido de aquellas aguas, con asunción de las obligaciones que ésta conlleve, incluidas la depuración y la satisfacción del canon de control de vertido. Estos contratos deberán ser autorizados por el correspondiente Organismo de cuenca, a los efectos del cambio de titular de la autorización de vertido. En el caso de que la concesión se haya otorgado respecto a aguas efluentes de una planta de depuración, las relaciones entre el titular de ésta y el de aquella concesión serán reguladas igualmente mediante un contrato que deberá ser autorizado por el correspondiente Organismo de cuenca.<br />
4. Las personas físicas o jurídicas que asuman las obligaciones a que se refiere el apartado anterior, podrán solicitar la modificación de la autorización de vertido previamente existente, a fin de adaptarla a las nuevas condiciones de vertido. Para su revisión se tendrá en consideración el volumen y la calidad del efluente que se vierta al dominio público hidráulico tras la reutilización.<br />
5. En todo caso, el vertido final de las aguas reutilizadas se acomodará a lo previsto en la presente Ley.</p>
<p>Capítulo IV. De los auxilios del Estado</p>
<p>Artículo 110. Ayudas del Estado para actividades que mejoren la calidad de las aguas<br />
Se determinarán reglamentariamente las ayudas que podrán concederse a quienes procedan al desarrollo, implantación o modificaciones de tecnologías, procesos, instalaciones o equipos, así como a cambios en la explotación, que signifiquen una disminución en los usos y consumos de agua o bien una menor aportación en origen de cargas contaminantes a las aguas utilizadas. Asimismo, podrán concederse ayudas a quienes realicen plantaciones forestales, cuyo objetivo sea la protección de los recursos hidráulicos.<br />
Estas ayudas se extenderán a quienes procedan a la potabilización y desalinización de aguas y a la depuración de aguas residuales, mediante procesos o métodos más adecuados, a la implantación de sistemas de reutilización de aguas residuales, o desarrollen actividades de investigación en estas materias.</p>
<p>Capítulo V. De las zonas húmedas</p>
<p>Artículo 111. Concepto y características<br />
1. Las zonas pantanosas o encharcadizas, incluso las creadas artificialmente, tendrán la consideración de zonas húmedas.<br />
2. La delimitación de las zonas húmedas se efectuará de acuerdo con la correspondiente legislación específica.<br />
3. Toda actividad que afecte a tales zonas requerirá autorización o concesión administrativa.<br />
4. Los Organismos de cuenca y la Administración ambiental competente coordinarán sus actuaciones para la conservación, la protección eficaz, la gestión sostenible y la recuperación de las zonas húmedas, especialmente de aquellas que posean un interés natural o paisajístico.<br />
5. Los Organismos de cuenca podrán promover la declaración de determinadas zonas húmedas como de especial interés para su conservación y protección, de acuerdo con la legislación medioambiental.<br />
6. Asimismo, los Organismos de cuenca, previo informe favorable de los órganos competentes en materia de Medio Ambiente, podrán promover la desecación de aquellas zonas húmedas, declaradas insalubres o cuyo saneamiento se considere de interés público.</p>
<p>Título VI. Del régimen económico-financiero de la utilización del dominio publico hidráulico</p>
<p>Artículo 111 bis. Principios generales<br />
1. Las Administraciones públicas competentes, en virtud del principio de recuperación de costes y teniendo en cuenta proyecciones económicas a largo plazo, establecerán los oportunos mecanismos para repercutir los costes de los servicios relacionados con la gestión del agua, incluyendo los costes ambientales y del recurso, en los diferentes usuarios finales<br />
2. La aplicación del principio de recuperación de los mencionados costes deberá hacerse de manera que incentive el uso eficiente del agua y, por tanto, contribuya a los objetivos medioambientales perseguidos.<br />
Asimismo, la aplicación del mencionado principio deberá realizarse con una contribución adecuada de los diversos usos, de acuerdo con el principio del que contamina paga, y considerando al menos los usos de abastecimiento, agricultura e industria.<br />
Todo ello con aplicación de criterios de transparencia.<br />
3. Para la aplicación del principio de recuperación de costes se tendrán en cuenta las consecuencias sociales, ambientales y económicas, así como las condiciones geográficas y climáticas de cada territorio y de las poblaciones afectadas siempre y cuando ello no comprometa los fines ni el logro de los objetivos ambientales establecidos.<br />
Mediante resolución de la Administración competente, que en el ámbito de la Administración General del Estado corresponderá al Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, se podrán establecer motivadamente excepciones al principio de recuperación de costes para determinados usos teniendo en cuenta las mismas consecuencias y condiciones mencionadas y sin que, en ningún caso, se comprometan los fines ni el logro de los objetivos ambientales correspondientes. Para ello, los organismos de cuenca emitirán en el plazo de tres meses, con carácter preceptivo y previo a la resolución que se adopte, informe motivado que, en todo caso, justifique que no se comprometen ni los fines ni los logros ambientales establecidos en las respectivas planificaciones hidrológicas<br />
Artículo 112. Canon de utilización de los bienes del dominio público hidráulico<br />
1. La ocupación, utilización y aprovechamiento de los bienes del dominio público hidráulico incluidos en los párrafos b) y c) del artículo 2 de la presente Ley, que requieran concesión o autorización administrativa, devengarán a favor del Organismo de cuenca competente una tasa denominada canon de utilización de bienes del dominio público hidráulico, destinada a la protección y mejora de dicho dominio. Los concesionarios de aguas estarán exentos del pago del canon por la ocupación o utilización de los terrenos de dominio público necesarios para llevar a cabo la concesión.<br />
2. El devengo de la tasa se producirá con el otorgamiento inicial y el mantenimiento anual de la concesión o autorización y será exigible en la cuantía que corresponda y en los plazos que se señalen en las condiciones de dicha concesión o autorización.<br />
3. Serán sujetos pasivos del canon los concesionarios o personas autorizadas o, en su caso, quienes se subroguen en lugar de aquéllos.<br />
4. La base imponible de la exacción se determinará por el Organismo de cuenca según los siguientes supuestos:<br />
A) En el caso de ocupación de terrenos del domino público hidráulico, por el valor del terreno ocupado tomando como referencia el valor de mercado de los terrenos contiguos.<br />
B) En el caso de utilización del dominio público hidráulico, por el valor de dicha utilización o del beneficio obtenido con la misma.<br />
C) En el caso de aprovechamiento de bienes del dominio público hidráulico, por el valor de los materiales consumidos o la utilidad que reporte dicho aprovechamiento.<br />
5. El tipo de gravamen anual será del 5 por 100 en los supuestos previstos en los párrafos a) y b) del apartado anterior, y del 100 por 100 en el supuesto del párrafo c), que se aplicarán sobre el valor de la base imponible resultante en cada caso.<br />
6. En el supuesto de cuencas intercomunitarias este canon será recaudado por el Organismo de cuenca o bien por la Administración Tributaria del Estado, en virtud de convenio con aquél. En este segundo caso la Agencia Estatal de la Administración Tributaria recibirá del Organismo de cuenca los datos y censos pertinentes que faciliten su gestión, e informará periódicamente a éste en la forma que se determine por vía reglamentaria. El canon recaudado será puesto a disposición del Organismo de cuenca correspondiente.<br />
Artículo 112 bis<br />
5. El tipo de gravamen anual será del 25,5 por ciento del valor de la base imponible y la cuota íntegra será la cantidad resultante de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen<br />
7. El canon se reducirá en un 92 por ciento para las instalaciones hidroeléctricas de potencia igual o inferior a 50 MW, y un 90 por ciento para las instalaciones de producción de energía eléctrica de tecnología hidráulica de bombeo y potencia superior a 50 MW, y en la forma que reglamentariamente se determine para aquellas producciones o instalaciones que se deban incentivar por motivos de política energética general</p>
<p>Artículo 113. Canon de control de vertidos<br />
1. Los vertidos al dominio público hidráulico estarán gravados con una tasa destinada al estudio, control, protección y mejora del medio receptor de cada cuenca hidrográfica, que se denominará canon de control de vertidos.<br />
2. Serán sujetos pasivos del canon de control de vertidos, quienes lleven a cabo el vertido.<br />
3. El importe del canon de control de vertidos será el producto del volumen de vertido autorizado por el precio unitario de control de vertido. Este precio unitario se calculará multiplicando el precio básico por metro cúbico por un coeficiente de mayoración o minoración, que se establecerá reglamentariamente en función de la naturaleza, características y grado de contaminación del vertido, así como por la mayor calidad ambiental del medio físico en que se vierte.<br />
El precio básico por metro cúbico se fija en 0,01202 euros (2 pesetas) para el agua residual urbana y en 0,03005 euros (5 pesetas) para el agua residual industrial. Estos precios básicos podrán revisarse periódicamente en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.<br />
El coeficiente de mayoración del precio básico no podrá ser superior a 4.<br />
4. El canon de control de vertidos se devengará el 31 de diciembre, coincidiendo el período impositivo con un año natural, excepto el ejercicio en que se produzca la autorización del vertido o su cese, en cuyo caso, se calculará el canon proporcionalmente al número de días de vigencia de la autorización en relación con el total del año. Durante el primer trimestre de cada año natural, deberá liquidarse el canon correspondiente al año anterior.<br />
5. En el supuesto de cuencas intercomunitarias este canon será recaudado por el Organismo de cuenca o bien por la Administración Tributaria del Estado, en virtud de convenio con aquél. En este segundo caso la Agencia Estatal de la Administración Tributaria recibirá del Organismo de cuenca los datos y censos pertinentes que faciliten su gestión, e informará periódicamente a éste en la forma que se determine por vía reglamentaria. El canon recaudado será puesto a disposición del Organismo de cuenca correspondiente.<br />
6. Cuando se compruebe la existencia de un vertido, cuyo responsable carezca de la autorización administrativa a que se refiere el artículo 100, con independencia de la sanción que corresponda, el Organismo de cuenca liquidará el canon de control de vertidos por los ejercicios no prescritos, calculando su importe por procedimientos de estimación indirecta conforme a lo que reglamentariamente se establezca.<br />
7. El canon de control de vertidos será independiente de los cánones o tasas que puedan establecer las Comunidades Autónomas o Corporaciones Locales para financiar las obras de saneamiento y depuración.</p>
<p>Artículo 114. Canon de regulación y tarifa de utilización del agua<br />
1. Los beneficiados por las obras de regulación de las aguas superficiales o subterráneas, financiadas total o parcialmente con cargo al Estado, satisfarán un canon de regulación destinado a compensar los costes de la inversión que soporte la Administración estatal y atender los gastos de explotación y conservación de tales obras.<br />
2. Los beneficiados por otras obras hidráulicas específicas financiadas total o parcialmente a cargo del Estado, incluidas las de corrección del deterioro del dominio público hidráulico, derivado de su utilización, satisfarán por la disponibilidad o uso del agua una exacción denominada «tarifa de utilización del agua», destinada a compensar los costes de inversión que soporte la Administración estatal y a atender a los gastos de explotación y conservación de tales obras.<br />
3. La cuantía de cada una de las exacciones se fijará, para cada ejercicio presupuestario, sumando las siguientes cantidades:<br />
A) El total previsto de gastos de funcionamiento y conservación de las obras realizadas.<br />
B) Los gastos de administración del organismo gestor imputables a dichas obras.<br />
C) El 4 por 100 del valor de las inversiones realizadas por el Estado, debidamente actualizado, teniendo en cuenta la amortización técnica de las obras e instalaciones y la depreciación de la moneda, en la forma que reglamentariamente se determine.<br />
4. La distribución individual de dicho importe global, entre todos los beneficiados por las obras, se realizará con arreglo a criterios de racionalización del uso del agua, equidad en el reparto de las obligaciones y autofinanciación del servicio, en la forma que reglamentariamente se determine.<br />
5. En el supuesto de cuencas intercomunitarias las exacciones previstas en este artículo serán gestionadas y recaudadas por el Organismo de cuenca o bien por la Administración Tributaria del Estado, en virtud de convenio con aquél. En este segundo caso, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria recibirá del Organismo de cuenca los datos y censos pertinentes que faciliten su gestión, e informará periódicamente a éste en la forma que se determine por vía reglamentaria. El canon recaudado será puesto a disposición del Organismo de cuenca correspondiente.<br />
6. El organismo liquidador de los cánones y exacciones introducirá un factor corrector del importe a satisfacer, según el beneficiado por la obra hidráulica consuma en cantidades superiores o inferiores a las dotaciones de referencia fijadas en los Planes Hidrológicos de cuenca o, en su caso, en la normativa que regule la respectiva planificación sectorial, en especial en materia de regadíos u otros usos agrarios. Este factor corrector consistirá en un coeficiente a aplicar sobre la liquidación, que no podrá ser superior a 2 ni inferior a 0,5, conforme a las reglas que se determinen reglamentariamente.<br />
7. El organismo de cuenca, de acuerdo con lo establecido en este artículo, determinará las cuantías del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua del año en curso, emitiendo las liquidaciones correspondientes antes del último día del mismo año<br />
Artículo 115. Naturaleza económico-administrativa de las liquidaciones<br />
1. Reglamentariamente podrá establecerse la autoliquidación de los cánones o exacciones mencionados en los artículos anteriores.<br />
2. Los actos de aprobación y liquidación de estos cánones o exacciones tendrán carácter económico-administrativo. Sin perjuicio de lo dispuesto en las normas reguladoras de los procedimientos aplicables, la impugnación de los actos no suspenderá su eficacia, siendo exigible el abono del débito por la vía administrativa de apremio. El impago podrá motivar la suspensión o pérdida del derecho a la utilización o aprovechamiento del dominio público hidráulico.<br />
3. El pago de las exacciones previstas en la presente Ley, cuando los obligados a ello estén agrupados en una comunidad de usuarios u organización representativa de los mismos, se podrá realizar a través de tales comunidades o entidades, que quedan facultadas a tal fin para llevar a cabo la recaudación correspondiente, en los términos que se establezcan reglamentariamente.</p>
<p>Título VII. De las infracciones y sanciones y de la competencia de los tribunales</p>
<p>Artículo 116. Acciones constitutivas de infracción<br />
1. El incumplimiento de lo establecido en esta Ley será sancionado con arreglo a lo dispuesto en este Título y en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.<br />
2. La responsabilidad será solidaria cuando sean varios los responsables y no sea posible determinar el grado de participación de cada uno de ellos en la comisión de la infracción.<br />
3. Incurrirán en responsabilidad por la infracción de los apartados b) y h), las personas físicas o jurídicas siguientes: El titular del terreno, el promotor de la captación, el empresario que ejecuta la obra y el técnico director de la misma.<br />
A) Las acciones que causen daños a los bienes de dominio público hidráulico y a las obras hidráulicas.<br />
B) La derivación de agua de sus cauces y el alumbramiento de aguas subterráneas sin la correspondiente concesión o autorización cuando sea precisa.<br />
C) El incumplimiento de las condiciones impuestas en las concesiones y autorizaciones administrativas a que se refiere esta Ley, sin perjuicio de su caducidad, revocación o suspensión.<br />
D) La ejecución, sin la debida autorización administrativa, de otras obras, trabajos, siembras o plantaciones en los cauces públicos o en las zonas sujetas legalmente a algún tipo de limitación en su destino o uso.<br />
E) La invasión, la ocupación o la extracción de áridos de los cauces, sin la correspondiente autorización.<br />
F) Los vertidos que puedan deteriorar la calidad del agua o las condiciones de desagüe del cauce receptor, efectuados sin contar con la autorización correspondiente.<br />
G) El incumplimiento de las prohibiciones establecidas en la presente Ley o la omisión de los actos a que obliga.<br />
H) La apertura de pozos y la instalación en los mismos de instrumentos para la extracción de aguas subterráneas sin disponer previamente de concesión o autorización del Organismo de cuenca para la extracción de las aguas.<br />
I) La no presentación de declaración responsable o el incumplimiento de las previsiones contenidas en la declaración responsable para el ejercicio de una determinada actividad o de las condiciones impuestas por la Administración para el ejercicio de la misma<br />
J) La inexactitud, falsedad u omisión en los datos, manifestaciones o documentos que se incorporen o acompañen a la declaración responsable<br />
Apartados 1 y 2 añadidos, pasando el contenido del precepto a ser el apdo. 3 del mismo, a su vez redactado por disp. Adic. 20ª Ley 53/2002 de 30 diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social</p>
<p>Versión anterior<br />
Vigente desde 25 de julio de 2001 hasta 31 de diciembre de 2002</p>
<p>Artículo 116. Acciones constitutivas de infracción<br />
Se considerarán infracciones administrativas:<br />
A) Las acciones que causen daños a los bienes de dominio público hidráulico y a las obras hidráulicas.<br />
B) La derivación de agua de sus cauces y el alumbramiento de aguas subterráneas sin la correspondiente concesión o autorización cuando sea precisa.<br />
C) El incumplimiento de las condiciones impuestas en las concesiones y autorizaciones administrativas a que se refiere esta Ley, sin perjuicio de su caducidad, revocación o suspensión.<br />
D) La ejecución, sin la debida autorización administrativa, de otras obras, trabajos, siembras o plantaciones en los cauces públicos o en las zonas sujetas legalmente a algún tipo de limitación en su destino o uso.<br />
E) La invasión, la ocupación o la extracción de áridos de los cauces, sin la correspondiente autorización.<br />
F) Los vertidos que puedan deteriorar la calidad del agua o las condiciones de desagüe del cauce receptor, efectuados sin contar con la autorización correspondiente.<br />
G) El incumplimiento de las prohibiciones establecidas en la presente Ley o la omisión de los actos a que obliga.<br />
H) La apertura de pozos y la instalación en los mismos de instrumentos para la extracción de aguas subterráneas sin disponer previamente de concesión o autorización del Organismo de cuenca para la extracción de las aguas.</p>
<p>Artículo 117. Calificación de las infracciones<br />
1. Las citadas infracciones se calificarán reglamentariamente de leves, menos graves, graves, o muy graves, atendiendo a su repercusión en el orden y aprovechamiento del dominio público hidráulico, a su trascendencia por lo que respecta a la seguridad de las personas y bienes y a las circunstancias del responsable, su grado de malicia, participación y beneficio obtenido, así como al deterioro producido en la calidad del recurso, pudiendo ser sancionadas con las siguientes multas:<br />
Infracciones leves, multa de hasta 10.000,00 euros.<br />
Infracciones menos graves, multa de 10.000,01 a 50.000,00 euros.<br />
Infracciones graves, multa de 50.000,01 a 500.000,00 euros.<br />
Infracciones muy graves, multa de 500.000,01 a 1.000.000,00 euros.<br />
2. Con carácter general, para la valoración del daño en el dominio público hidráulico y las obras hidráulicas se ponderará su valor económico. En el caso de daños en la calidad del agua, se tendrá en cuenta el coste del tratamiento que hubiera sido necesario para evitar la contaminación causada por el vertido y la peligrosidad del mismo. Todo ello, de acuerdo con lo que reglamentariamente se establezca<br />
3. La sanción de las infracciones leves y menos graves corresponderá al Organismo de cuenca. En relación con las primeras se establecerá reglamentariamente un procedimiento abreviado y sumario, respetando los principios establecidos en el capítulo II del Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Será competencia del Ministro de Medio Ambiente la sanción de las infracciones graves y quedará reservada al Consejo de Ministros la imposición de multas por infracciones muy graves.<br />
4. El Gobierno podrá, mediante Decreto, proceder a la actualización del importe de las sanciones, previsto en el apartado 1 de este artículo.<br />
Cantidades convertidas en euros por artículo 1 Resolución de 21 noviembre 2001 del Ministerio de Medio Ambiente</p>
<p>Versión anterior<br />
Vigente desde 25 de julio de 2001 hasta 31 de diciembre de 2001</p>
<p>Artículo 117. Calificación de las infracciones<br />
1. Las citadas infracciones se calificarán reglamentariamente de leves, menos graves, graves, o muy graves, atendiendo a su repercusión en el orden y aprovechamiento del dominio público hidráulico, a su trascendencia por lo que respecta a la seguridad de las personas y bienes y a las circunstancias del responsable, su grado de malicia, participación y beneficio obtenido, así como al deterioro producido en la calidad del recurso, pudiendo ser sancionadas con las siguientes multas:<br />
Infracciones leves, multa de hasta 10.000,00 euros.<br />
Infracciones menos graves, multa de 10.000,01 a 50.000,00 euros.<br />
Infracciones graves, multa de 50.000,01 a 500.000,00 euros.<br />
Infracciones muy graves, multa de 500.000,01 a 1.000.000,00 euros<br />
2. Con carácter general, para la valoración del daño en el dominio público hidráulico y las obras hidráulicas se ponderará su valor económico. En el caso de daños en la calidad del agua, se tendrá en cuenta el coste del tratamiento que hubiera sido necesario para evitar la contaminación causada por el vertido y la peligrosidad del mismo. Todo ello, de acuerdo con lo que reglamentariamente se establezca<br />
3. La sanción de las infracciones leves y menos graves corresponderá al Organismo de cuenca. En relación con las primeras se establecerá reglamentariamente un procedimiento abreviado y sumario, respetando los principios establecidos en el capítulo II del Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Será competencia del Ministro de Medio Ambiente la sanción de las infracciones graves y quedará reservada al Consejo de Ministros la imposición de multas por infracciones muy graves.<br />
4. El Gobierno podrá, mediante Decreto, proceder a la actualización del importe de las sanciones, previsto en el apartado 1 de este artículo.</p>
<p>Artículo 118. Indemnizaciones por daños y perjuicios al dominio público hidráulico<br />
1. Con independencia de las sanciones que les sean impuestas, los infractores podrán ser obligados a reparar los daños y perjuicios ocasionados al dominio público hidráulico, así como a reponer las cosas a su estado anterior. El órgano sancionador fijará ejecutoriamente las indemnizaciones que procedan.<br />
2. Tanto el importe de las sanciones como el de las responsabilidades a que hubiera lugar, podrán ser exigidos por la vía administrativa de apremio.</p>
<p>Artículo 119. Multas coercitivas<br />
1. Los Órganos sancionadores podrán imponer multas coercitivas en los supuestos contemplados en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La cuantía de cada multa no superará, en ningún caso, el 10 por 100 de la sanción máxima fijada para la infracción cometida.<br />
2. Para garantizar la eficacia de la resolución final que pudiera recaer, podrán adoptarse, con carácter provisional, las medidas cautelares que resulten necesarias para evitar la continuación de la actividad infractora, como el sellado de instalaciones, aparatos, equipos y pozos, y el cese de actividades.</p>
<p>Artículo 120. Infracciones constitutivas de delito o falta<br />
En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de delito o falta, la Administración pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente y se abstendrá de proseguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no se haya pronunciado. La sanción de la autoridad judicial excluirá la imposición de multa administrativa. De no haberse estimado la existencia de delito o falta, la Administración podrá continuar el expediente sancionador en base a los hechos que los Tribunales hayan considerado probados.</p>
<p>Artículo 121. Jurisdicción competente<br />
Corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa el conocimiento de las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de cualesquiera Administraciones públicas en materia de aguas, sujetos al Derecho Administrativo.</p>
<p>Artículo 121 bis. Responsabilidad comunitaria<br />
Las Administraciones públicas competentes en cada demarcación hidrográfica, que incumplieran los objetivos ambientales fijados en la planificación hidrológica o el deber de informar sobre estas cuestiones, dando lugar a que el Reino de España sea sancionado por las instituciones europeas, asumirán en la parte que les sea imputable las responsabilidades que de tal incumplimiento se hubieran derivado. En el procedimiento de imputación de responsabilidad que se tramite se garantizará, en todo caso, la audiencia de la Administración afectada, pudiendo compensarse el importe que se determine con cargo a las transferencias financieras que la misma reciba.<br />
Precepto añadido por artículo 129 treinta y siete Ley 62/2003 de 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social</p>
<p>Título VIII. De las obras hidráulicas</p>
<p>Capítulo primero. Concepto y naturaleza jurídica de las obras hidráulicas</p>
<p>Artículo 122. Concepto de obra hidráulica<br />
A los efectos de esta Ley, se entiende por obra hidráulica la construcción de bienes que tengan naturaleza inmueble destinada a la captación, extracción, desalación, almacenamiento, regulación, conducción, control y aprovechamiento de las aguas, así como el saneamiento, depuración, tratamiento y reutilización de las aprovechadas y las que tengan como objeto la recarga artificial de acuíferos, la actuación sobre cauces, corrección del régimen de corrientes y la protección frente avenidas, tales como presas, embalses, canales de acequias, azudes, conducciones, y depósitos de abastecimiento a poblaciones, instalaciones de desalación, captación y bombeo, alcantarillado, colectores de aguas pluviales y residuales, instalaciones de saneamiento, depuración y tratamiento, estaciones de aforo, piezómetros, redes de control de calidad, diques y obras de encauzamiento y defensa contra avenidas, así como aquellas actuaciones necesarias para la protección del dominio público hidráulico.</p>
<p>Artículo 123. Régimen jurídico de la obra hidráulica<br />
1. Las obras hidráulicas pueden ser de titularidad pública o privada.<br />
No podrá iniciarse la construcción de una obra hidráulica que comporte la concesión de nuevos usos del agua, sin que previamente se obtenga o declare la correspondiente concesión, autorización o reserva demaniales, salvo en el caso de declaración de emergencia o de situaciones hidrológicas extremas.<br />
A las obras hidráulicas vinculadas a aprovechamientos energéticos les resultará igualmente de aplicación lo previsto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.<br />
2. Son obras hidráulicas públicas las destinadas a garantizar la protección, control y aprovechamiento de las aguas continentales y del dominio público hidráulico y que sean competencia de la Administración General del Estado, de las Confederaciones Hidrográficas, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades locales.</p>
<p>Artículo 124. Competencias para la ejecución, gestión y explotación de las obras hidráulicas públicas<br />
1. Son competencia de la Administración General del Estado las obras hidráulicas de interés general. La gestión de estas obras podrá realizarse directamente por los órganos competentes del Ministerio de Medio Ambiente o a través de las Confederaciones Hidrográficas. También podrán gestionar la construcción y explotación de estas obras, las Comunidades Autónomas en virtud de convenio específico o encomienda de gestión.<br />
2. Son competencia de las Confederaciones Hidrográficas las obras hidráulicas realizadas con cargo a sus fondos propios, en el ámbito de las competencias de la Administración General del Estado.<br />
3. El resto de las obras hidráulicas públicas son de competencia de las Comunidades Autónomas y de las Entidades locales, de acuerdo con lo que dispongan sus respectivos Estatutos de Autonomía y sus leyes de desarrollo, y la legislación de régimen local.<br />
4. La Administración General del Estado, las Confederaciones Hidrográficas, las Comunidades Autónomas y las Entidades locales podrán celebrar convenios para la realización y financiación conjunta de obras hidráulicas de su competencia.</p>
<p>Artículo 125. Encomienda de gestión. Concesiones sin competencia de proyectos<br />
1. El Ministerio de Medio Ambiente y las Confederaciones Hidrográficas, en el ámbito de sus competencias, podrán encomendar a las comunidades de usuarios, o juntas centrales de usuarios, la explotación y el mantenimiento de las obras hidráulicas que les afecten. A tal efecto, se suscribirá un convenio entre la Administración y las comunidades o juntas centrales de usuarios en el que se determinarán las condiciones de la encomienda de gestión y, en particular, su régimen económico-financiero.<br />
2. Asimismo, las comunidades de usuarios y las juntas centrales de usuarios podrán ser beneficiarios directos, sin concurrencia, de concesiones de construcción o explotación de las obras hidráulicas que les afecten. Un convenio específico entre la Administración General del Estado y los usuarios regulará cada obra y fijará, en su caso, las ayudas públicas asociadas a cada operación.<br />
3. El título V del libro II de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas se aplicará en lo que no se oponga a lo previsto por los apartados anteriores de este artículo.<br />
Apartado 3 añadido por disp. Adic.11ª uno Ley 13/2003 de 23 mayo reguladora del contrato de concesión de obras públicas<br />
Versión anterior<br />
Vigente desde 25 de julio de 2001 hasta 23 de agosto de 2003</p>
<p>Artículo 125. Encomienda de gestión. Concesiones sin competencia de proyectos<br />
1. El Ministerio de Medio Ambiente y las Confederaciones Hidrográficas, en el ámbito de sus competencias, podrán encomendar a las comunidades de usuarios, o juntas centrales de usuarios, la explotación y el mantenimiento de las obras hidráulicas que les afecten. A tal efecto, se suscribirá un convenio entre la Administración y las comunidades o juntas centrales de usuarios en el que se determinarán las condiciones de la encomienda de gestión y, en particular, su régimen económico-financiero.<br />
2. Asimismo, las comunidades de usuarios y las juntas centrales de usuarios podrán ser beneficiarios directos, sin concurrencia, de concesiones de construcción o explotación de las obras hidráulicas que les afecten. Un convenio específico entre la Administración General del Estado y los usuarios regulará cada obra y fijará, en su caso, las ayudas públicas asociadas a cada operación.</p>
<p>Artículo 126. Gastos de conservación y funcionamiento<br />
A los efectos previstos en el párrafo a) del apartado 3 del artículo 114, tendrán la consideración de gastos de funcionamiento y conservación las cantidades que se obliguen a satisfacer la Administración General del Estado o las Confederaciones Hidrográficas, en virtud de convenio suscrito con un tercero a quien se haya atribuido la gestión de la construcción o explotación de una obra hidráulica de interés general, o sea concesionario de las mismas.</p>
<p>Artículo 127. Prerrogativas de la obra hidráulica de interés general<br />
1. Las obras hidráulicas de interés general y las obras y actuaciones hidráulicas de ámbito supramunicipal, incluidas en la planificación hidrológica, y que no agoten su funcionalidad en el término municipal en donde se ubiquen, no estarán sujetas a licencia ni a cualquier acto de control preventivo municipal a los que se refiere el párrafo b) del apartado 1 del artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.<br />
2. Los órganos urbanísticos competentes no podrán suspender la ejecución de las obras a las que se refiere el párrafo primero del apartado anterior, siempre que se haya cumplido el trámite de informe previo, esté debidamente aprobado el proyecto técnico por el órgano competente, las obras se ajusten a dicho proyecto o a sus modificaciones y se haya hecho la comunicación a que se refiere el apartado siguiente.<br />
El informe previo será emitido, a petición del Ministerio de Medio Ambiente o sus organismos autónomos, por las entidades locales afectadas por las obras. El informe deberá pronunciarse exclusivamente sobre aspectos relacionados con el planeamiento urbanístico y se entenderá favorable si no se emite y notifica en el plazo de un mes.<br />
3. El Ministerio de Medio Ambiente deberá comunicar a las Entidades locales afectadas la aprobación de los proyectos de las obras públicas hidráulicas a que se refiere el apartado 1, a fin de que se inicie, en su caso, el procedimiento de modificación del planeamiento urbanístico municipal para adaptarlo a la implantación de las nuevas infraestructuras o instalaciones, de acuerdo con la legislación urbanística que resulte aplicable en función de la ubicación de la obra.<br />
Párrafo 2 apdo. 2 añadido por artículo 122 Ley 62/2003 de 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social</p>
<p>Versión anterior<br />
Vigente desde 25 de julio de 2001 hasta 31 de diciembre de 2003</p>
<p>Artículo 127. Prerrogativas de la obra hidráulica de interés general<br />
1. Las obras hidráulicas de interés general y las obras y actuaciones hidráulicas de ámbito supramunicipal, incluidas en la planificación hidrológica, y que no agoten su funcionalidad en el término municipal en donde se ubiquen, no estarán sujetas a licencia ni a cualquier acto de control preventivo municipal a los que se refiere el párrafo b) del apartado 1 del artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.<br />
2. Los órganos urbanísticos competentes no podrán suspender la ejecución de las obras a las que se refiere el párrafo primero del apartado anterior, siempre que se haya cumplido el trámite de informe previo, esté debidamente aprobado el proyecto técnico por el órgano competente, las obras se ajusten a dicho proyecto o a sus modificaciones y se haya hecho la comunicación a que se refiere el apartado siguiente.<br />
3. El Ministerio de Medio Ambiente deberá comunicar a las Entidades locales afectadas la aprobación de los proyectos de las obras públicas hidráulicas a que se refiere el apartado 1, a fin de que se inicie, en su caso, el procedimiento de modificación del planeamiento urbanístico municipal para adaptarlo a la implantación de las nuevas infraestructuras o instalaciones, de acuerdo con la legislación urbanística que resulte aplicable en función de la ubicación de la obra.</p>
<p>Artículo 128. Coordinación de competencias concurrentes<br />
1. La Administración General del Estado, las Confederaciones Hidrográficas, las Comunidades Autónomas y las Entidades locales tienen los deberes de recíproca coordinación de sus competencias concurrentes sobre el medio hídrico con incidencia en el modelo de ordenación territorial, en la disponibilidad, calidad y protección de aguas y, en general, del dominio público hidráulico, así como los deberes de información y colaboración mutua en relación con las iniciativas o proyectos que promuevan.<br />
2. La coordinación y cooperación a la que se refiere el apartado anterior se efectuará a través de los procedimientos establecidos en la Ley 12/1983, de 14 de octubre, del Proceso Autonómico; en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como de los específicos que se hayan previsto en los convenios celebrados entre las Administraciones afectadas.<br />
3. Respecto a las cuencas intercomunitarias, la aprobación, modificación o revisión de los instrumentos de ordenación territorial y planificación urbanística que afecten directamente a los terrenos previstos para los proyectos, obras e infraestructuras hidráulicas de interés general contemplados en los Planes Hidrológicos de cuenca o en el Plan Hidrológico Nacional requerirán, antes de su aprobación inicial, el informe vinculante del Ministerio de Medio Ambiente, que versará en exclusiva sobre la relación entre tales obras y la protección y utilización del dominio público hidráulico y sin perjuicio de lo que prevean otras leyes aplicables por razones sectoriales o medioambientales. Este informe se entenderá positivo si no se emite y notifica en el plazo de dos meses.<br />
4. Los terrenos reservados en los planes hidrológicos para la realización de obras hidráulicas de interés general, así como los que sean estrictamente necesarios para su posible ampliación, tendrán la clasificación y calificación que resulte de la legislación urbanística aplicable y sea adecuada para garantizar y preservar la funcionalidad de dichas obras, la protección del dominio público hidráulico y su compatibilidad con los usos del agua y las demandas medioambientales. Los instrumentos generales de ordenación y planeamiento urbanístico deberán recoger dicha clasificación y calificación.</p>
<p>Artículo 129. Evaluación de impacto ambiental<br />
Los proyectos de obras hidráulicas de interés general se someterán al procedimiento de evaluación de impacto ambiental en los casos establecidos en la legislación de evaluación de impacto ambiental.</p>
<p>Artículo 130. Declaración de utilidad pública y necesidad de ocupación<br />
1. La aprobación de los proyectos de obras hidráulicas de interés general llevará implícita la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y adquisición de derechos, a los fines de expropiación forzosa y ocupación temporal, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación correspondiente.<br />
2. La declaración de utilidad pública y necesidad de ocupación se referirá también a los bienes y derechos comprendidos en el replanteo del proyecto y en las modificaciones de obras que puedan aprobarse posteriormente.<br />
3. La propuesta de declaración de urgencia para la ocupación de bienes y derechos afectados por obras hidráulicas de interés general corresponderá al órgano competente del Ministerio de Medio Ambiente.<br />
4. Cuando la realización de una obra hidráulica de interés general afecte de forma singular al equilibrio socioeconómico del término municipal en que se ubique, se elaborará y ejecutará un proyecto de restitución territorial para compensar tal afección.</p>
<p>Artículo 131. Declaración de una obra hidráulica como de interés general<br />
1. La iniciativa para la declaración de una obra hidráulica como de interés general, conforme a los apartados 2 y 3 del artículo 46 de la presente Ley, corresponderá al Ministerio de Medio Ambiente, de oficio o a instancia de quienes tuvieran interés en ello, sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos a) y b) del apartado 3 del artículo 46. Podrán instar la iniciación del expediente de declaración de una obra hidráulica como de interés general, en el ámbito de sus competencias:<br />
A) El resto de los Departamentos ministeriales de la Administración General del Estado.<br />
B) Las Comunidades Autónomas y las Entidades locales.<br />
C) Las comunidades de usuarios u organizaciones representativas de los mismos.<br />
En todo caso, serán oídos en el correspondiente expediente las Comunidades Autónomas y Entidades locales afectadas.<br />
2. Cuando se trate de obras hidráulicas que tengan como finalidad principal los regadíos u otros usos agrarios, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación informará preceptivamente sobre las materias propias de su competencia, en especial sobre la adecuación del proyecto a lo establecido en la planificación nacional de regadíos vigente.<br />
3. Para declarar una obra hidráulica de interés general, deberá ponderarse la adecuación del proyecto a las exigencias medioambientales, teniendo especialmente en cuenta la compatibilidad de los usos posibles y el mantenimiento de la calidad de las aguas.<br />
4. El expediente de declaración de una obra hidráulica como de interés general deberá incluir una propuesta de financiación de la construcción y explotación de la obra, así como un estudio sobre los cánones y tarifas a satisfacer por los beneficiarios. A estos efectos, dicho expediente será informado por el Ministerio de Hacienda.</p>
<p>Capítulo II. De las sociedades estatales</p>
<p>Artículo 132. Régimen jurídico de las sociedades estatales<br />
1. Se autoriza al Consejo de Ministros a constituir una o varias sociedades estatales de las previstas por el artículo 6.1.a) del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, cuyo objeto social sea la construcción, explotación o ejecución de las obras públicas hidráulicas que al efecto determine el propio Consejo de Ministros.<br />
Asimismo, dichas sociedades podrán tener por objeto la adquisición de obras hidráulicas, públicas o privadas, previo cumplimiento de los trámites y requisitos establecidos por la normativa vigente, y en especial el de desafectación del demanio público cuando corresponda, para su integración a sistemas hidráulicos con el fin de conseguir un mejor aprovechamiento de los recursos hídricos y una gestión más eficaz de los mismos.<br />
2. Las relaciones entre la Administración General del Estado y las sociedades estatales a las que se refiere el apartado anterior se regularán mediante los correspondientes convenios, previo informe favorable del Ministerio de Economía, que habrán de ser autorizados por el Consejo de Ministros y en los que se preverán, al menos, los siguientes extremos:<br />
A) El régimen de construcción o explotación de las obras públicas hidráulicas de que se trate.<br />
B) Las potestades que tiene la Administración General del Estado en relación con la dirección, inspección, control y recepción de las obras, cuya titularidad corresponderá en todo caso a la misma.<br />
C) Las aportaciones económicas que haya de realizar la Administración General del Estado a la sociedad estatal, a cuyo efecto aquélla podrá adquirir los compromisos plurianuales de gasto que resulten pertinentes, sin sujeción a las limitaciones establecidas por el artículo 61 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por el Real Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre. Lo dispuesto en esta letra se entiende, en todo caso, sin perjuicio de las aportaciones que la sociedad estatal pueda recibir de otros sujetos públicos o privados, en virtud, en su caso, de la conclusión de los correspondientes convenios.<br />
D) Las garantías que hayan de establecerse a favor de las entidades que financien la construcción o explotación de las obras públicas hidráulicas.<br />
3. En los contratos que las sociedades estatales a las que se refiere este artículo concluyan con terceros para la construcción de las obras públicas hidráulicas se observarán las reglas siguientes:<br />
1º Se aplicarán las prescripciones del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, y de las disposiciones que la desarrollen, en lo concerniente a la capacidad de las empresas, publicidad, procedimientos de licitación y formas de adjudicación.<br />
2º Se incluirán las cláusulas que resulten pertinentes para la adecuada defensa por dichas sociedades estatales y por la Administración General del Estado de los intereses públicos afectados.<br />
3º El orden jurisdiccional contencioso-administrativo conocerá de las cuestiones que se susciten en relación con la preparación y la adjudicación.<br />
Párrafo último apdo. 1 añadido por artículo 91 Ley 24/2001 de 27 diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social<br />
Versión anterior<br />
Vigente desde 25 de julio de 2001 hasta 31 de diciembre de 2001</p>
<p>Artículo 132. Régimen jurídico de las sociedades estatales<br />
1. Se autoriza al Consejo de Ministros a constituir una o varias sociedades estatales de las previstas por el artículo 6.1.a) del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, cuyo objeto social sea la construcción, explotación o ejecución de las obras públicas hidráulicas que al efecto determine el propio Consejo de Ministros.<br />
2. Las relaciones entre la Administración General del Estado y las sociedades estatales a las que se refiere el apartado anterior se regularán mediante los correspondientes convenios, previo informe favorable del Ministerio de Economía, que habrán de ser autorizados por el Consejo de Ministros y en los que se preverán, al menos, los siguientes extremos:<br />
A) El régimen de construcción o explotación de las obras públicas hidráulicas de que se trate.<br />
B) Las potestades que tiene la Administración General del Estado en relación con la dirección, inspección, control y recepción de las obras, cuya titularidad corresponderá en todo caso a la misma.<br />
C) Las aportaciones económicas que haya de realizar la Administración General del Estado a la sociedad estatal, a cuyo efecto aquélla podrá adquirir los compromisos plurianuales de gasto que resulten pertinentes, sin sujeción a las limitaciones establecidas por el artículo 61 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por el Real Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre. Lo dispuesto en esta letra se entiende, en todo caso, sin perjuicio de las aportaciones que la sociedad estatal pueda recibir de otros sujetos públicos o privados, en virtud, en su caso, de la conclusión de los correspondientes convenios.<br />
D) Las garantías que hayan de establecerse a favor de las entidades que financien la construcción o explotación de las obras públicas hidráulicas.<br />
3. En los contratos que las sociedades estatales a las que se refiere este artículo concluyan con terceros para la construcción de las obras públicas hidráulicas se observarán las reglas siguientes:<br />
1º Se aplicarán las prescripciones del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, y de las disposiciones que la desarrollen, en lo concerniente a la capacidad de las empresas, publicidad, procedimientos de licitación y formas de adjudicación.<br />
2º Se incluirán las cláusulas que resulten pertinentes para la adecuada defensa por dichas sociedades estatales y por la Administración General del Estado de los intereses públicos afectados.<br />
3º El orden jurisdiccional contencioso-administrativo conocerá de las cuestiones que se susciten en relación con la preparación y la adjudicación.</p>
<p>Capítulo III. De los contratos de concesión de obras hidráulicas<br />
Rúbrica redactada por disp. Adic. 11ª dos Ley 13/2003 de 23 mayo reguladora del contrato de concesión de obras públicas<br />
Versión anterior<br />
Vigente desde 25 de julio de 2001 hasta 23 de agosto de 2003</p>
<p>Capítulo III. De los contratos de construcción y explotación de obras hidráulicas</p>
<p>Artículo 133. Régimen jurídico<br />
El régimen jurídico del contrato de concesión de obras hidráulicas será el establecido en el título V del libro II de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de las peculiaridades que se establecen en los artículos siguientes.<br />
Precepto redactado por disp. Adic.11ª dos Ley 13/2003 de 23 mayo reguladora del contrato de concesión de obras públicas<br />
Versión anterior<br />
Vigente desde 25 de julio de 2001 hasta 23 de agosto de 2003</p>
<p>Artículo 133. Régimen jurídico<br />
1. Para la construcción, conservación y explotación de las obras e infraestructuras vinculadas a la regulación de los recursos hidráulicos, su conducción, potabilización y desalinización, y al saneamiento y depuración de las aguas residuales, las Administraciones públicas podrán utilizar el contrato de construcción y explotación de obras hidráulicas, que se regirá por los preceptos contenidos en esta Ley y, en su defecto, por lo previsto en el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y demás normas que resulten aplicables por razón de la materia.<br />
2. A los efectos de esta Ley, tendrá la consideración de contrato de concesión de construcción y explotación de obras hidráulicas, aquel en el que, teniendo por objeto la construcción, conservación y explotación de las obras definidas en el apartado primero, la contraprestación al cesionario consista en el derecho a percibir la tarifa prevista en el apartado 1, párrafo a), del artículo 135 de la presente Ley.<br />
La Administración concedente, cuando existan razones de interés público, rentabilidad social o uso colectivo, podrá compensar al concesionario parte de la obra pública prevista, en los términos que en cada caso se establezcan en los correspondientes pliegos contractuales.</p>
<p>Artículo 134. Plazos<br />
No serán de aplicación los plazos fijados en el artículo 263 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, estableciéndose los siguientes:<br />
A) El plazo de la concesión para la construcción y explotación o solamente la explotación de las obras hidráulicas será el previsto en cada pliego de cláusulas administrativas particulares para lo que se tendrá en cuenta la naturaleza de las obras y la inversión a realizar, sin que pueda exceder en ningún caso de 75 años.<br />
B) Los plazos fijados en el pliego podrán ser prorrogados hasta el límite establecido en el apartado anterior y reducidos de acuerdo con lo previsto en el título V del libro II de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.<br />
Precepto redactado por disp. Adic.11ª dos Ley 13/2003 de 23 mayo reguladora del contrato de concesión de obras públicas<br />
Versión anterior<br />
Vigente desde 25 de julio de 2001 hasta 23 de agosto de 2003</p>
<p>Artículo 134. Plazos<br />
1. El régimen jurídico de este contrato será el establecido en la legislación básica estatal, con las salvedades siguientes:<br />
A) El plazo de explotación de la obra será el previsto en cada pliego de cláusulas administrativas particulares, sin que pueda exceder en ningún caso de setenta y cinco años.<br />
B) La Administración podrá imponer al concesionario, en el contrato, que ceda a un tercero un porcentaje de la construcción de la obra que represente, al menos, un 30 por 100 del valor total de la misma, debiendo expresar razonadamente en el pliego de cláusulas particulares los motivos que aconsejan dicha cesión. La selección del cesionario deberá seguir las normas generales de los contratos de obras.<br />
C) Quedan exceptuados estos contratos de lo previsto en los artículos 11.e), 62.c) y 69.4 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. En todo caso, se unirá al expediente certificación de compromisos de crédito para ejercicios futuros y un informe del Ministerio de Hacienda sobre los aspectos presupuestarios y financieros del contrato.<br />
D) De conformidad con lo dispuesto en el artículo, 14.3 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en el supuesto de compensación por parte de la Administración al concesionario de parte de la obra pública prevista, se autoriza a que el pago se lleve a cabo de forma aplazada, en los términos fijados en el propio contrato de concesión.<br />
2. El otorgamiento del contrato de concesión de las obras hidráulicas a que se refiere el artículo 133.2 de esta Ley, se considerará título habilitante para ocupar y usar los terrenos y bienes de dominio público necesarios para la construcción de la obra y la producción de los bienes y servicios a los que se destina.<br />
3. El régimen jurídico del uso del dominio público necesario para ejecutar el contrato de concesión será el siguiente:<br />
A) El concesionario tendrá el derecho a utilizar privativamente los bienes de dominio público incluidos en la concesión, y el beneficio de la expropiación forzosa de los bienes, terrenos y derechos afectados, en los términos fijados en el contrato de concesión de obra hidráulica.<br />
B) Las obras, bienes e instalaciones que realice el concesionario sobre el dominio público serán utilizados, ocupados y gestionados por el concesionario hasta que expire el plazo para el que se otorgó la concesión, momento en que revertirán a la Administración pública competente.<br />
C) Las concesiones serán susceptibles de inscripción en el Registro de la Propiedad.</p>
<p>Artículo 135. Pliego de condiciones administrativas particulares<br />
La Administración concedente podrá incluir en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, además de los aspectos previstos en el artículo 230 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, los siguientes:<br />
A) La obligación al licitador seleccionado de incorporar a la sociedad o entidad que al efecto se constituya las comunidades de usuarios del agua relacionadas con la obra objeto de la concesión.<br />
B) La determinación de los mecanismos adecuados para la recuperación de las aportaciones que, en su caso, haya realizado.<br />
Precepto redactado por disp. Adic.11ª dos Ley 13/2003 de 23 mayo reguladora del contrato de concesión de obras públicas</p>
<p>DISPOSICIONES ADICIONALES<br />
Disposición Adicional Primera. Lagos, lagunas y charcas inscritas en el Registro de la Propiedad<br />
Los lagos, lagunas y charcas, sobre los que existan inscripciones expresas en el Registro de la Propiedad, conservarán el carácter dominical que ostentaren en el momento de entrar en vigor la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.</p>
<p>Disposición Adicional Segunda. Administración hidráulica de las cuencas internas de una Comunidad Autónoma<br />
Las funciones que, de acuerdo con esta Ley, ejercen los Organismos de cuenca en aquellas que excedan del ámbito territorial de una Comunidad Autónoma, corresponderán a las Administraciones hidráulicas de aquellas Comunidades que en su propio territorio y en virtud de sus estatutos de autonomía, ejerzan competencias sobre el dominio público hidráulico y se trate de cuencas hidrográficas comprendidas íntegramente dentro de su ámbito territorial.</p>
<p>Disposición Adicional Tercera. Estadísticas sobre la evolución de las aguas continentales<br />
(Suprimida).<br />
Disposición suprimida por artículo 129 treinta y ocho Ley 62/2003 de 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social</p>
<p>Versión anterior<br />
Vigente desde 25 de julio de 2001 hasta 31 de diciembre de 2003</p>
<p>Disposición Adicional Tercera. Estadísticas sobre la evolución de las aguas continentales<br />
El Ministerio de Medio Ambiente mantendrá una estadística que permita la vigilancia de la evolución de la cantidad y la calidad de las aguas continentales en relación con las características definidas en los Planes Hidrológicos.</p>
<p>Disposición Adicional Cuarta. Actuaciones a realizar por el Instituto Geológico y Minero de España<br />
Sin perjuicio de las competencias en la gestión del agua establecidas en la presente Ley, el Instituto Geológico y Minero de España formulará y desarrollará planes de investigación tendentes al mejor conocimiento y protección de los acuíferos subterráneos, y prestará asesoramiento técnico a las distintas Administraciones públicas en materias relacionadas con las aguas subterráneas.</p>
<p>Disposición Adicional Quinta. Competencias de las Comunidades Autónomas en materia de ordenación del territorio<br />
Las posibles limitaciones en el uso de suelo y reservas de terreno, previstas en los artículos 6, 11, 20, 1.d), 43 y 96 de esta Ley, se aplicarán sin menoscabo de las competencias que las Comunidades Autónomas puedan ejercer en materia de ordenación del territorio.</p>
<p>Disposición Adicional Sexta. Plazos en expedientes sobre dominio público hidráulico<br />
A los efectos previstos en el artículo 42.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada al mismo por la Ley 4/1999, de modificación de la anterior, los plazos para resolver y notificar la resolución en los procedimientos regulados en esta Ley serán los siguientes:<br />
1º Procedimientos relativos a concesiones del dominio público hidráulico, excepto los previstos en el artículo 68, dieciocho meses.<br />
2º Procedimientos de autorización de usos del dominio público hidráulico, seis meses.<br />
3º Procedimientos sancionadores y otras actuaciones referentes al dominio público hidráulico, un año.</p>
<p>Disposición Adicional Séptima. Acuíferos sobreexplotados<br />
1. (DEROGADO por Ley 11/2012, de 19 de diciembre)<br />
2. (DEROGADO por Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo)<br />
3. (DEROGADO por Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo)</p>
<p>Disposición Adicional Octava. Obras de mejora de infraestructura hidráulica del Delta del Ebro<br />
Una vez finalizado el Plan de obras de mejora de infraestructura hidráulica del Delta del Ebro, sin perjuicio de las competencias de la Administración hidráulica del Estado, la Administración hidráulica de Cataluña, en la parte de la cuenca del Ebro situada en el territorio de dicha Comunidad Autónoma, ejecutará las obras que permitan un mejor aprovechamiento de los recursos de la misma previstas en la Ley 18/1981, de 1 de julio, de actuaciones en materias de agua en Tarragona, con cargo al porcentaje del canon ingresado que se determine de forma definitiva en el Plan Hidrológico Nacional.</p>
<p>Disposición Adicional Novena. Régimen aplicable a la Comunidad Autónoma de Canarias<br />
1. Esta Ley no producirá efectos derogatorios respecto de la legislación que actualmente se aplica en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, que subsistirá en tanto ésta no dicte otras normas. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, los artículos que definen el dominio público estatal y aquellos que supongan una modificación o derogación de las disposiciones contenidas en el Código Civil, serán de aplicación en Canarias, de acuerdo con la singularidad que le confiere su derecho especial.<br />
2. Las actuaciones en obras de interés general en Canarias comprenderán la desalación, reutilización o cualquier otro tipo de obra hidráulica, que por su dimensión o interés público o social, suponga una iniciativa esencial para el mantenimiento de adecuados niveles de disponibilidad del agua en las diferentes islas. Dichas actuaciones serán propuestas por la Administración de la Comunidad Autónoma y su ejecución convenida por la Administración General del Estado.</p>
<p>Disposición Adicional Décima. Vertidos a las aguas continentales de cuencas intercomunitarias<br />
La autorización de vertidos a las aguas continentales de cuencas intercomunitarias de las actividades incluidas en el anejo 1 de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación se incluirá en la autorización ambiental integrada regulada en la mencionada Ley, a cuyos efectos el pronunciamiento del organismo de cuenca sobre el otorgamiento de dicha autorización se sustituirá por los informes vinculantes regulados en la citada Ley y en su normativa de desarrollo.<br />
Disposición añadida por disp. Final 2ª Ley 16/2002 de 1 julio de prevención y control integrados de la contaminación</p>
<p>Disposición Adicional Undécima. Plazos para alcanzar los objetivos medioambientales<br />
1. En relación con los objetivos medioambientales del artículo 92 bis, deberán satisfacerse los plazos siguientes:<br />
A) Los objetivos deberán alcanzarse antes de 31 de diciembre de 2015, con excepción del objetivo previsto en el apartado 1.a).a&#8217;) del artículo 92 bis que es exigible desde la entrada en vigor de esta Ley.<br />
B) El plazo para la consecución de los objetivos podrá prorrogarse respecto de una determinada masa de agua si, además de no producirse un nuevo deterioro de su estado, se da alguna de las siguientes circunstancias:<br />
A&#8217;) Cuando las mejoras necesarias para obtener el objetivo sólo puedan lograrse, debido a las posibilidades técnicas, en un plazo que exceda del establecido.<br />
B&#8217;) Cuando el cumplimiento del plazo establecido diese lugar a un coste desproporcionadamente alto.<br />
C&#8217;) Cuando las condiciones naturales no permitan una mejora del estado en el plazo señalado.<br />
C) Las prórrogas del plazo establecido, su justificación y las medidas necesarias para la consecución de los objetivos medioambientales relativos a las masas de agua se incluirán en el plan hidrológico de cuenca, sin que puedan exceder la fecha de 31 de diciembre de 2027. Se exceptuará de este plazo el supuesto en el que las condiciones naturales impidan lograr los objetivos.<br />
2. En relación con los programas de medidas del artículo 92 quáter, deberán satisfacerse los plazos siguientes:<br />
A) Deberán estar aprobados antes de 31 de diciembre de 2009, requiriéndose su actualización en el año 2015 y su revisión posterior cada seis años.<br />
B) Todas las medidas incluidas en el programa deberán estar operativas en el año 2012.<br />
3. Los programas de seguimiento deberán estar operativos el 31 de diciembre de 2006.<br />
4. Los análisis y estudios previos a los que se refiere el artículo 42.1.f) deberán estar terminados el 31 de diciembre de 2004, debiendo actualizarse antes de 31 de diciembre de 2013, y posteriormente cada seis años.<br />
5. El Registro de zonas protegidas a que se refiere el artículo 99 bis deberá estar completado el 31 de diciembre de 2004.<br />
6. La revisión de los planes hidrológicos de cuenca deberá entrar en vigor el 31 de diciembre de 2009, debiendo desde esa fecha revisarse cada seis años.<br />
7. La política de incentivos para el uso eficiente del agua, así como la contribución económica adecuada de los distintos usos, deberá ser efectiva a más tardar el 31 de diciembre de 2010.<br />
Disposición añadida por artículo 129 treinta y nueve Ley 62/2003 de 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social</p>
<p>Disposición Adicional Duodécima. Plazos para la participación pública<br />
1. El organismo de cuenca o administración hidráulica competente de la comunidad autónoma publicarán y pondrán a disposición del público, en los plazos que en esta disposición se establecen, los siguientes documentos:<br />
A) Tres años antes de iniciarse el procedimiento para la aprobación o revisión del correspondiente plan hidrológico, un calendario y un programa de trabajo sobre la elaboración del plan, con indicación de las fórmulas de consulta que se adoptarán en cada caso.<br />
B) Dos años antes del inicio del procedimiento a que se refiere el párrafo anterior, un esquema provisional de los temas importantes que se plantean en la cuenca hidrográfica en materia de gestión de las aguas.<br />
C) Un año antes de iniciar el procedimiento, los ejemplares del proyecto de plan hidrológico de cuenca.<br />
2. El organismo de cuenca o administración hidráulica competente de la comunidad autónoma concederán un plazo mínimo de seis meses para la presentación de observaciones por escrito sobre los documentos relacionados en el apartado 1 de esta disposición.<br />
3. Previa solicitud y en los términos que se establezca reglamentariamente, se permitirá el acceso a los documentos y a la información de referencia utilizados para elaborar el plan hidrológico de cuenca.<br />
Disposición añadida por artículo 129 cuarenta Ley 62/2003 de 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social</p>
<p>Disposición Adicional Decimotercera. Regulaciones internacionales<br />
El régimen de protección de las aguas establecido en esta ley se aplicará sin perjuicio de lo que dispongan las leyes reguladoras de las relaciones internacionales, los acuerdos o los convenios suscritos con otros países.<br />
Disposición añadida por artículo 129 cuarenta y uno Ley 62/2003 de 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social<br />
Disposición adicional decimocuarta. Cesión de derechos y transformación de aprovechamientos por disposición legal en concesiones, en el ámbito del Alto Guadiana.<br />
1. Los titulares de aprovechamientos de aguas subterráneas, inscritos en el Registro de Aguas, en las secciones A y C, o anotados en el Catálogo de Aguas privadas, en el ámbito definido por el Plan Especial del Alto Guadiana, aprobado por Real Decreto 13/2008, de 11 de enero y sujeto a la vigencia del mismo, podrán transmitirlos, de forma irreversible y en su totalidad a otros titulares de aprovechamientos, que serán adquiridos mediante la correspondiente concesión otorgada por el Organismo de cuenca de conformidad con el procedimiento establecido en el mencionado Real Decreto 13/2008, de 11 de enero, y sujeta a las siguientes prescripciones:<br />
a) El volumen de agua concedido será un porcentaje del volumen objeto de transmisión. Ese porcentaje se determinará en atención a las condiciones técnicas y ambientales que concurran y, en su caso, vinculado al programa de actuación para la recuperación del buen estado de la masa de agua.<br />
b) Cuando el uso al que se destine el agua sea el regadío, no se podrá incrementar la superficie de riego que ya tuviera reconocida el cedente.<br />
c) Se otorgarán por un plazo que finalizará el 31 de diciembre de 2035, teniendo preferencia en ese momento el concesionario para obtener una nueva concesión.<br />
d) En el procedimiento se prescindirá del trámite de competencia de proyectos.<br />
e) El plazo para la tramitación del expediente de solicitud de concesión será de 9 meses.<br />
2. Excepcionalmente podrá autorizarse a los titulares de concesiones de aguas subterráneas que tengan sus derechos inscritos en la sección A del Registro de Aguas, la transmisión irreversible de una parte de los derechos de los que son titulares a otros titulares de aprovechamientos, siempre que se declare de manera expresa el volumen de agua al que se renuncia y se identifique de forma inequívoca la extensión de tierra que se dejará de regar. Esta transmisión se realizará mediante la modificación de características de la concesión cedente y el otorgamiento de concesión para el cesionario, expedientes que se tramitarán obligatoriamente de forma conjunta.<br />
3. La cesión de derechos en los términos establecidos en los dos apartados anteriores, podrá efectuarse sin infraestructuras de conducción cuando el cedente y el cesionario pertenezcan a la misma masa de agua subterránea.<br />
4. De forma excepcional podrán otorgarse nuevas concesiones a titulares de explotaciones agropecuarias, que cumplan las condiciones establecidas en el programa de actuación, si quien las solicita adquiere de manera definitiva, según lo dispuesto en el apartado 1 o en el apartado 2 de esta disposición adicional, el volumen total precisado más el porcentaje que fije la Confederación Hidrográfica del Guadiana.<br />
5. Esta disposición no se aplicará a los titulares de una concesión otorgada en virtud de lo dispuesto en el artículo 5 del anexo 1 del Real Decreto 13/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Plan Especial del Alto Guadiana, cuando tengan la condición de cedentes.<br />
6. Los titulares de aprovechamientos por disposición legal situados en el ámbito definido por el Plan Especial del Alto Guadiana, aprobado por Real Decreto 13/2008, de 11 de enero, que a la fecha de entrada en vigor de esta disposición adicional estén inscritos en la sección B del Registro de Aguas, o que hayan solicitado, de acuerdo con el artículo 54.2 de esta Ley, la preceptiva autorización siempre que les sea finalmente concedida, podrán solicitar su transformación en una concesión de aguas públicas que se otorgará con el volumen máximo anual reconocido y para el mismo o superior uso.<br />
La solicitud se someterá a información pública en el ámbito que determine la Confederación Hidrográfica del Guadiana, cuando se estime que pueda afectar derechos de terceros y, siempre en el Ayuntamiento en cuyo término municipal radique el predio. Se prescindirá del trámite de competencia de proyectos y se exigirá el informe de compatibilidad con el Plan Hidrológico y el de la Administración competente en función del uso a que se destine.<br />
En los predios en los que el aprovechamiento por disposición legal se haya transformado en concesión, no podrá realizarse ningún aprovechamiento al amparo del artículo 54.2 de esta Ley<br />
Disposición adicional decimoquinta. Referencias a los acuíferos sobreexplotados.<br />
Las referencias en el articulado de esta Ley a los acuíferos sobreexplotados se entenderán hechas a las masas de agua subterránea en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo o químico<br />
Disposición adicional decimosexta. Concesiones de agua para transición justa.<br />
Cuando quede extinguida una concesión al amparo de lo previsto en el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, debido al cierre de instalaciones de energía térmica de carbón o termonuclear, se podrá decidir el otorgamiento de una nueva concesión para el uso privativo de las aguas a nuevas iniciativas y proyectos en el área geográfica donde se encontraba la instalación. Para el otorgamiento se ponderarán criterios económicos, sociales y medioambientales. A estos efectos, los usos del agua que se prevean en tales iniciativas y proyectos prevalecerán sobre el orden de preferencia establecido en los planes hidrológicos de cuenca o, en su defecto, en el artículo 60 del texto refundido de la Ley de Aguas, con la excepción del uso para abastecimiento de población, que será siempre prioritario.</p>
<p>DISPOSICIONES TRANSITORIAS<br />
Disposición Transitoria Primera. Titulares de derechos sobre aguas públicas derivados de la Ley de 13 de junio de 1879<br />
1. Quienes, conforme a la normativa anterior a la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, fueran titulares de aprovechamiento de aguas públicas en virtud de concesión administrativa o prescripción acreditada, así como de autorizaciones de ocupación o utilización del dominio público estatal, seguirán disfrutando de sus derechos, de acuerdo con el contenido de sus títulos administrativos y lo que la propia Ley 29/1985 establece, durante un plazo máximo de setenta y cinco años a partir de la entrada en vigor de la misma, de no fijarse en su título otro menor.<br />
2. Los aprovechamientos de aguas definidas como públicas según la normativa anterior a la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, quedarán legalizados mediante inscripción en el Registro de Aguas, siempre que sus titulares hayan acreditado el derecho a la utilización del recurso de conformidad con lo establecido en la disposición transitoria primera 2 de esa ley.<br />
El derecho a la utilización del recurso se prolongará por un plazo de setenta y cinco años, contados desde la entrada en vigor de dicha Ley, sin perjuicio de que la Administración ajuste el caudal del aprovechamiento a las necesidades reales.</p>
<p>Disposición Transitoria Segunda. Titulares de derechos sobre aguas privadas procedentes de manantiales, derivados de la Ley de 13 de junio de 1879<br />
1. A los titulares de algún derecho conforme a la Ley de 13 de junio de 1879, sobre aguas privadas procedentes de manantiales que vinieran utilizándose en todo o en parte y hubieran obtenido su inclusión en el Registro de Aguas como aprovechamiento temporal de aguas privadas, les será respetado dicho régimen por un plazo máximo de cincuenta años, a contar desde el 1 de enero de 1986. Quienes, al término de dicho plazo, se encontraran utilizando los caudales, en virtud de título legítimo, tendrán derecho preferente para la obtención de la correspondiente concesión administrativa de conformidad con lo previsto en la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.<br />
2. Si los interesados no hubiesen acreditado sus derechos con arreglo a la disposición transitoria segunda 1, mantendrán su titularidad en la misma forma que hasta ahora, pero no podrán gozar de la protección administrativa que se deriva de la inscripción en el Registro de Aguas.<br />
3. En cualquiera de los supuestos anteriores, el incremento de los caudales totales utilizados, así como la modificación de las condiciones o régimen del aprovechamiento, requerirán la oportuna concesión que ampare la totalidad de la explotación según lo establecido en la presente Ley.<br />
4. En todo caso, a los aprovechamientos de aguas a que se refiere esta disposición transitoria les serán aplicables las normas que regulan la sobreexplotación de acuíferos, los usos del agua en caso de sequía grave o de urgente necesidad y, en general, las relativas a limitaciones del uso del dominio público hidráulico.</p>
<p>Disposición Transitoria Tercera. Titulares de derechos sobre aguas privadas procedentes de pozos o galerías, derivados de la Ley de 13 de junio de 1879<br />
1. Los aprovechamientos temporales de aguas privadas procedentes de pozos o galerías, inscritos en el Registro de Aguas al amparo de la disposición transitoria tercera 1 de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, serán respetados por la Administración, durante un plazo de cincuenta años a contar desde el 1 de enero de 1986, en lo que se refiere al régimen de explotación de los caudales, y derecho preferente para la obtención de la correspondiente concesión administrativa de conformidad con lo previsto en la citada Ley.<br />
2. Si los interesados no hubiesen acreditado sus derechos, de conformidad con la disposición transitoria tercera 1, mantendrán su titularidad en la misma forma que hasta ahora, pero no podrán gozar de la protección administrativa que se deriva de la inscripción en el Registro de Aguas.<br />
3. En cualquiera de los supuestos anteriores, el incremento de los caudales totales utilizados, así como la modificación de las condiciones o régimen de aprovechamiento, requerirán la oportuna concesión que ampare la totalidad de la explotación, según lo establecido en la presente Ley.<br />
4. En todo caso, a los aprovechamientos de aguas privadas a que se refiere esta disposición transitoria, les serán aplicables las normas que regulan la sobreexplotación de acuíferos, los usos del agua en caso de sequía grave o de urgente necesidad y, en general, las relativas a las limitaciones del uso del dominio público hidráulico.<br />
Disposición transitoria tercera bis. Disposiciones comunes a la aplicación del apartado tercero de las disposiciones transitorias segunda y tercera.<br />
1. A los efectos de aplicación del apartado tercero de las disposiciones transitoria segunda y tercera, se considerará modificación de las condiciones o del régimen de aprovechamiento, entre otras, las actuaciones que supongan la variación de la profundidad, diámetro o localización del pozo, así como cualquier cambio en el uso, ubicación o variación de superficie sobre la que se aplica el recurso en el caso de aprovechamientos de regadío.<br />
La Dirección General del Agua dictará unas instrucciones en las que se establezcan los criterios técnicos para la aplicación uniforme de lo establecido en este apartado.<br />
2. La concesión a que hacen referencia las disposiciones transitorias segunda y tercera en sus apartados terceros se otorgará, a instancia de parte, sin procedimiento de competencia de proyectos, exigirá el informe de compatibilidad con el Plan Hidrológico y el de la Administración competente en función del uso a que se destine, se someterá a información pública y en caso de existir Comunidad de Usuarios, se solicitará informe a la misma.<br />
3. La concesión a otorgar tendrá las siguientes características:<br />
a) El plazo de la concesión no será inferior al establecido en su inscripción en la sección C del Registro de Aguas, teniendo preferencia en ese momento el concesionario para obtener una nueva concesión.<br />
b) Recogerá las características con que el aprovechamiento esté incluido en la sección C del Registro de Aguas de la cuenca, a excepción de las características objeto de modificación que hayan motivado el inicio del procedimiento, y previa comprobación de su adecuación a la realidad por parte del organismo de cuenca.<br />
4. En el caso de que la concesión se refiera a masas de agua subterránea declaradas en riesgo de no alcanzar los objetivos de buen estado a que se refiere el artículo 56, la concesión estará sometida a las limitaciones establecidas en el programa de actuación, o en su defecto, a las medidas cautelares relativas a la extracción o de protección de la calidad del agua subterránea que en su caso se establezcan.<br />
5. Cuando la modificación de las condiciones o régimen de aprovechamiento no haya sido comunicada por su titular al organismo de cuenca para su autorización, sin perjuicio de la aplicación del procedimiento sancionador previsto, el organismo de cuenca requerirá al interesado para que solicite y obtenga la correspondiente concesión.<br />
6. El otorgamiento de la concesión comportará la extinción simultánea del derecho sobre aguas privadas reconocido hasta ese momento</p>
<p>Disposición Transitoria Cuarta. Registro de los aprovechamientos de aguas calificadas como privadas por la Ley de 1879<br />
1. Los aprovechamientos de aguas calificadas como privadas por la Ley de 13 de junio de 1879 se podrán inscribir en el Registro de Aguas a petición de sus titulares legítimos y a los efectos previstos en las disposiciones transitorias segunda y tercera.<br />
2. Todos los aprovechamientos de aguas calificadas como privadas por la legislación anterior a la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, se declararán por sus titulares legítimos ante el Organismo de cuenca, en los plazos que se determinen reglamentariamente.<br />
El Organismo de cuenca, previo conocimiento de sus características y aforo, los incluirá en el Catálogo de aprovechamiento de aguas privadas de la cuenca.<br />
3. Los titulares de aprovechamiento de aguas continentales de cualquier clase, que no los hubieren inscrito en el Registro de Aguas o incluido en el Catálogo de cuenca, podrán ser objeto de multas coercitivas en la forma y cuantía que resulten de la aplicación de los criterios determinados en el artículo 117 de la presente Ley.</p>
<p>Disposición Transitoria Quinta. Eficacia jurídica de los Planes Hidrológicos de cuenca<br />
Los Planes Hidrológicos de cuenca, aprobados antes de la promulgación del Plan Hidrológico Nacional, tendrán plena eficacia jurídica. Los titulares de concesiones administrativas otorgadas al amparo de dichos Planes deberán ser indemnizados, de no haber dispuesto otra cosa en sus respectivos condicionados, por los perjuicios que, en su caso, les irrogue la aplicación del Plan Hidrológico Nacional.</p>
<p>Disposición Transitoria Sexta. Revisión de características de aprovechamientos inscritos el Registro de Aguas Públicas<br />
En el plazo y del modo que reglamentariamente se determine, los Organismos de cuenca revisarán las características de los aprovechamientos actualmente inscritos en el Registro de Aprovechamiento de Aguas Públicas, como trámite previo al traslado de sus asientos al Registro de Aguas del Organismo de cuenca correspondiente.</p>
<p>Disposición Transitoria Séptima. Actualización de valores a efectos del artículo 114 de esta Ley<br />
Sólo computará, para la actualización de los valores de las inversiones de obras ya realizadas a que se refiere el artículo 114, el período que haya transcurrido desde la fecha de entrada en vigor de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.</p>
<p>Disposición Transitoria Octava. Canon de control de vertidos<br />
1. El canon de control de vertidos entrará en vigor cuando se determinen reglamentariamente los parámetros establecidos en esta Ley para la cuantificación del mismo. Durante el ejercicio 2002 y hasta la entrada en vigor de la norma reglamentaria anterior se aplicará el canon de vertido establecido en el artículo 105 de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.<br />
2. Lo previsto en el apartado 5 del artículo 113, de la presente Ley, para la gestión y recaudación del canon de control de vertidos en las cuencas intercomunitarias será de aplicación a las cuencas intracomunitarias sin traspaso de competencias.<br />
Apartado 1 redactado por disp. Adic. 24ª Ley 53/2002 de 30 diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social<br />
Disposición Transitoria Novena. Instalaciones de desalación de agua de mar y autorizaciones de vertido. Añadido por Ley 11/2005, de 22 de junio.<br />
1. Las instalaciones de desalación de agua de mar que se encontraran en funcionamiento de conformidad con la regulación establecida por el artículo 12 bis de la Ley 46/1999, de 14 de diciembre, podrán continuar operando con arreglo al contenido de sus títulos administrativos habilitantes, hasta la extinción del plazo de las correspondientes autorizaciones o concesiones. Transcurrido dicho plazo, los titulares de las instalaciones tendrán derecho preferente para la obtención de una concesión administrativa, de conformidad con lo establecido por esta Ley.<br />
2. Las personas físicas o jurídicas que se hubieran subrogado en la titularidad de una autorización de vertido de aguas al amparo del régimen establecido por el artículo 109 mantendrán los derechos y obligaciones estipulados en los contratos autorizados por el correspondiente Organismo de cuenca hasta la finalización del plazo de vigencia de la autorización de vertido.<br />
Transcurrido dicho plazo, la renovación de la autorización deberá solicitarse por quien vaya a ser su titular, sin posibilidad de subrogación.<br />
Disposición transitoria décima. Transformación de derechos privados en concesionales.<br />
1. Los titulares de aprovechamientos de aguas inscritos en el Catálogo de aguas privadas de la cuenca a que se refiere la disposición transitoria cuarta, podrán solicitar en cualquier momento la inscripción en el Registro de Aguas de la cuenca, para lo que instarán el otorgamiento de la correspondiente concesión.<br />
2. El trámite de otorgamiento de la concesión se llevará a cabo sin competencia de proyectos y exigirá, además del informe de compatibilidad con el Plan Hidrológico y el de la Administración competente en función del uso a que se destine, la práctica del trámite de información pública y, en caso de existir Comunidad de Usuarios, la solicitud de informe a la misma.<br />
3. La concesión a otorgar tendrá las siguientes características:<br />
a) El término de la concesión será el 31 de diciembre de 2035, teniendo preferencia en ese momento el concesionario para obtener una nueva concesión.<br />
b) Recogerá las características con que el aprovechamiento esté incluido en el Catálogo de Aguas privadas de la cuenca, singularmente en lo que se refiere al uso del agua, previa comprobación de la adecuación de estas características a la realidad por parte del Organismo de cuenca.<br />
4. No obstante cuando la solicitud de concesión se refiera a masas de agua subterránea declaradas en riesgo de no alcanzar un buen estado y que cuenten con el programa de actuación a que se refiere el artículo 56, la concesión estará sometida a las limitaciones establecidas en dicho programa. Cuando no exista un programa de actuación aprobado, no se podrá instar la transformación del derecho</p>
<p>DISPOSICIONES FINALES<br />
Disposición Final Primera. Supletoriedad del Código Civil<br />
En todo lo que no esté expresamente regulado por esta Ley, se estará a lo dispuesto por el Código Civil.</p>
<p>Disposición Final Segunda. Desarrollo reglamentario<br />
El Gobierno y el Ministro de Medio Ambiente, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán dictar las normas reglamentarias que requiera el desarrollo y aplicación de la presente Ley.</p>
<p>Disposición Final Tercera. Vigencia de los estatutos y ordenanzas de las comunidades de usuarios<br />
Los estatutos u ordenanzas de las comunidades de usuarios ya constituidas seguirán vigentes, sin perjuicio de que, en su caso, hayan de ser revisados para adaptarlos a los principios constitucionales de representatividad y estructura democrática.</p>
<p>La entrada <a href="https://normativamunicipal.com/texto-refundido-de-la-ley-de-aguas-actualizado/">Texto refundido de la Ley de Aguas (actualizado)</a> se publicó primero en <a href="https://normativamunicipal.com">Normativa Municipal</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://normativamunicipal.com/texto-refundido-de-la-ley-de-aguas-actualizado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
