{"id":13447,"date":"2020-12-23T12:47:13","date_gmt":"2020-12-23T12:47:13","guid":{"rendered":"https:\/\/normativamunicipal.com\/uncategorized\/impuesto-sobre-transmisiones-patrimoniales-y-actos-juridicos-documentados\/"},"modified":"2020-12-24T10:40:53","modified_gmt":"2020-12-24T10:40:53","slug":"impuesto-sobre-transmisiones-patrimoniales-y-actos-juridicos-documentados","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/normativamunicipal.com\/?p=13447","title":{"rendered":"IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JUR\u00cdDICOS DOCUMENTADOS"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Real Decreto-ley 17\/2018, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur\u00eddicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1\/1993, de 24 de septiembre.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><!--more-->[sc name=\u00bbGu\u00eda del Interventor Municipal\u00bb ]<br \/>\nBOE de 9 de noviembre de 2018<br \/>\nTEXTO<br \/>\nI<br \/>\nEl mercado hipotecario constituye un sector relevante de la econom\u00eda espa\u00f1ola. Nuestro ordenamiento jur\u00eddico establece la elevaci\u00f3n a escritura p\u00fablica como elemento esencial del pr\u00e9stamo con garant\u00eda hipotecaria. Dicha elevaci\u00f3n a escritura p\u00fablica conlleva el devengo del Impuesto sobre Actos Jur\u00eddicos Documentados previsto en el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur\u00eddicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1\/1993, de 24 de septiembre.<br \/>\nEl Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur\u00eddicos Documentados, aprobado por el Real Decreto 828\/1995, de 29 de mayo, dispon\u00eda en el n\u00famero 2 de su art\u00edculo 68 que el sujeto pasivo del Impuesto de Actos Jur\u00eddicos Documentados, en su modalidad de documentos notariales, era el prestatario, cuando se tratase de escrituras de constituci\u00f3n de pr\u00e9stamo con garant\u00eda.<br \/>\nLa Secci\u00f3n Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en sus Sentencias 1505\/2018, de 16 de octubre, 1523\/2018, de 22 de octubre, y 1531\/2018, de 23 de octubre, ha anulado el n\u00famero 2 del art\u00edculo 68 del citado reglamento. Los efectos anulatorios de esta sentencia han provocado una situaci\u00f3n de incertidumbre, que ha dado lugar a una reducci\u00f3n sustancial de actos de formalizaci\u00f3n de pr\u00e9stamos con garant\u00eda hipotecaria.<br \/>\nCon posterioridad, el 6 de noviembre de 2018, el Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, ha acordado volver a hacer recaer sobre el prestatario la obligaci\u00f3n del pago del impuesto.<br \/>\nEsta sucesi\u00f3n de acontecimientos ha generado una situaci\u00f3n de inseguridad jur\u00eddica, que afecta al mercado hipotecario en su conjunto, y que es preciso abordar con car\u00e1cter inmediato.<br \/>\nII<br \/>\nEl escenario descrito constituye una situaci\u00f3n de extraordinaria y urgente necesidad, que justifica una acci\u00f3n normativa del Gobierno al amparo del art\u00edculo 86.1 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola.<br \/>\nEl requisito de la extraordinaria necesidad concurre por varias razones.<br \/>\nEn primer lugar, la situaci\u00f3n de incertidumbre generada por los hechos expuestos hace necesario fijar de modo preciso un marco jur\u00eddico que establezca las reglas de una actividad mercantil tan com\u00fan como el contrato de pr\u00e9stamo con garant\u00eda hipotecaria. Dicha necesidad se impone como una obligaci\u00f3n al legislador, que no puede ser desatendida por su importancia esencial para el desenvolvimiento normal del tr\u00e1fico hipotecario.<br \/>\nEn segundo lugar, y en \u00edntima conexi\u00f3n con la incertidumbre generadora de la extraordinaria necesidad, el Gobierno no puede desatender el mandato constitucional de garantizar a los ciudadanos sus derechos como consumidores, dentro de los que ha de entenderse el de contar con un marco jur\u00eddico estable y claro.<br \/>\nRespecto al presupuesto habilitante de urgencia en la aprobaci\u00f3n de este real decreto-ley, es inaplazable poner fin de manera inmediata a la incertidumbre e inseguridad jur\u00eddica generada por los hechos descritos. La indeterminaci\u00f3n en que se encuentra el r\u00e9gimen jur\u00eddico aplicable ha causado una paralizaci\u00f3n en el mercado hipotecario, cuya importancia socioecon\u00f3mica es innegable. Es preciso poner fin a dicha situaci\u00f3n.<br \/>\nEsta urgencia conduce a la necesidad de tramitar esta norma como real decreto-ley, pues su finalidad es subvenir a una situaci\u00f3n concreta que requiere una acci\u00f3n normativa inmediata en un plazo m\u00e1s breve que el requerido por la v\u00eda normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitaci\u00f3n parlamentaria de las leyes, m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n de dicho procedimiento no depende del Gobierno (SSTC 6\/1983, FJ 5; 11\/2002, FJ 4; 137\/2003, FJ 3; 189\/2005, FJ 3; 68\/2007, FJ 10; 137\/2011, FJ 7).<br \/>\nA la urgente y extraordinaria necesidad que se acaba de justificar, ha de a\u00f1adirse que concurren tambi\u00e9n las notas de excepcionalidad, gravedad, relevancia e imprevisibilidad que exigen una acci\u00f3n normativa inmediata (SSTC 68\/2007, FJ 10, y 137\/2011, FJ 7). La excepcionalidad viene determinada por la situaci\u00f3n que ha generado la sucesi\u00f3n de pronunciamientos judiciales diversos sobre la misma materia. La gravedad se deriva del gran n\u00famero de factores, sujetos e intereses que se ven afectados por dicho r\u00e9gimen jur\u00eddico. En lo que se refiere a la relevancia, es palmaria la importancia cuantitativa y cualitativa que las hipotecas tienen en nuestro tr\u00e1fico mercantil. Por \u00faltimo, la imprevisibilidad concurre por la imposibilidad de anticipar la sucesi\u00f3n reciente de cambios jurisprudenciales sobre esta materia.<br \/>\nIII<br \/>\nEl art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola dispone que los reales decretos-leyes no pueden afectar a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el T\u00edtulo I, entre los cuales se encuentra el deber de contribuir a los gastos p\u00fablicos recogido en el art\u00edculo 31.1 del texto constitucional. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha declarado en numerosas ocasiones que ello no excluye la posibilidad de utilizar el real decreto-ley para regular cuestiones tributarias, reconociendo incluso la posibilidad de utilizar este instrumento para crear ex novo obligaciones tributarias. As\u00ed, el Tribunal Constitucional ha afirmado que \u00abNing\u00fan \u00f3bice existe desde el punto de vista constitucional, en principio, para que a trav\u00e9s de un decreto-ley se puedan establecer, modificar o derogar, prestaciones patrimoniales de car\u00e1cter p\u00fablico, siempre que concurra una situaci\u00f3n de extraordinaria urgencia que justifique el uso de este instrumento normativo y que, a trav\u00e9s de \u00e9l, no se afecte al deber de contribuir al sostenimiento de los gastos p\u00fablicos que establece el art\u00edculo 31.1 CE\u00bb (STC 73\/2017, FJ 2).<br \/>\nEn esta misma sentencia, el Tribunal Constitucional precis\u00f3 que \u00abcuando el art\u00edculo 86.1 CE excluye del \u00e1mbito del decreto-ley a los deberes consagrados en el t\u00edtulo I de la Constituci\u00f3n, \u00fanicamente est\u00e1 impidiendo aquellas intervenciones o innovaciones normativas que afecten, no de cualquier manera, sino de forma relevante o sustancial, al deber constitucional de \u201ctodos\u201d de contribuir al sostenimiento de los gastos p\u00fablicos\u00bb. De esta forma, el criterio decisivo es su impacto sobre el reparto de la carga tributaria entre los contribuyentes considerados en su conjunto. En efecto, el Tribunal Constitucional ha conectado de manera reiterada el deber de contribuir con el criterio de la capacidad econ\u00f3mica, que est\u00e1 relacionado a su vez con el \u00abconjunto del sistema tributario\u00bb y no con ninguna figura tributaria en particular (STC 182\/1997, FJ 7, entre otras).<br \/>\nPor consiguiente, no cualquier intervenci\u00f3n o innovaci\u00f3n normativa en materia tributaria est\u00e1 vedada al real decreto-ley, sino que habr\u00e1 que tener en cuenta, en cada caso, \u00aben qu\u00e9 tributo concreto incide el Real Decreto-ley \u2013constatando su naturaleza, estructura y la funci\u00f3n que cumple dentro del conjunto del sistema tributario, as\u00ed como el grado o medida en que interviene el principio de capacidad econ\u00f3mica\u2013, qu\u00e9 elementos del mismo \u2013esenciales o no\u2013 resultan alterados por este excepcional modo de producci\u00f3n normativa y, en fin, cu\u00e1l es la naturaleza y alcance de la concreta regulaci\u00f3n de que se trate\u00bb (SSTC 182\/1997, FJ 7; 189\/2005, FJ 7; 83\/2014, FJ 5; 73\/2017, FJ 2).<br \/>\nLa modificaci\u00f3n normativa acometida a trav\u00e9s del presente real decreto-ley afecta a un aspecto parcial de la regulaci\u00f3n de un tributo en concreto (el Impuesto sobre Actos Jur\u00eddicos Documentados), \u00fanicamente en una de sus modalidades (la relativa a documentos notariales, y s\u00f3lo los correspondientes a pr\u00e9stamos con garant\u00eda hipotecaria). Se trata, as\u00ed, de una modificaci\u00f3n de alcance acotado, que afecta a un impuesto indirecto e instant\u00e1neo que grava una espec\u00edfica manifestaci\u00f3n de capacidad econ\u00f3mica, y no a un tributo global sobre la renta o sobre el consumo. Por lo tanto, resulta plenamente aplicable la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional en sus sentencias sobre el Impuesto Especial sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas (STC 108\/2004) y sobre el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (STC 137\/2003). En dichas sentencias, el Tribunal Constitucional declar\u00f3 que estos impuestos no constituyen \u00abuno de los pilares b\u00e1sicos o estructurales de nuestro sistema tributario\u00bb, por lo que su modificaci\u00f3n parcial no repercute sensiblemente en el criterio de reparto de la carga tributaria entre los contribuyentes. Adem\u00e1s \u00abdada su estructura y hecho imponible, a diferencia del impuesto sobre la renta de las personas f\u00edsicas, tampoco puede afirmarse que a trav\u00e9s del citado impuesto especial se personalice el reparto de la carga fiscal en nuestro sistema tributario seg\u00fan los criterios de capacidad econ\u00f3mica, igualdad y progresividad\u00bb.<br \/>\nIV<br \/>\nPara poner fin de manera urgente a la situaci\u00f3n jur\u00eddica de incertidumbre descrita, este real decreto-ley modifica los art\u00edculos 29 y 45 del Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur\u00eddicos Documentados, aprobado por Real Decreto Legislativo 1\/1993, de 24 de septiembre. Se modifica el art\u00edculo 29 para determinar que el sujeto pasivo, cuando se trate de escrituras de pr\u00e9stamo con garant\u00eda hipotecaria, ser\u00e1 el prestamista, estableciendo as\u00ed una excepci\u00f3n a la regla general establecida en el p\u00e1rrafo primero del propio art\u00edculo 29. Tambi\u00e9n se modifica el art\u00edculo 45 para que aquellos supuestos en los que el prestatario venga gozando de una exenci\u00f3n subjetiva sigan quedando exceptuados de gravamen sin que se vean afectados por la reforma del art\u00edculo 29. Asimismo, en tanto no se revise con car\u00e1cter general el r\u00e9gimen jur\u00eddico del Impuesto sobre Sociedades, se a\u00f1ade una Disposici\u00f3n Final Primera que realiza ajustes en dicho impuesto vinculados a lo regulado en este real decreto-ley.<br \/>\nFinalmente, cabe se\u00f1alar que la modificaci\u00f3n normativa se aplicar\u00e1 a aquellos hechos imponibles que se devenguen en adelante, es decir, a las escrituras p\u00fablicas que se formalicen a partir de la entrada en vigor de la norma.<br \/>\nEste real decreto-ley se dicta en virtud de las competencias exclusivas del Estado previstas en el art\u00edculo 149.1.14.\u00aa de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola.<br \/>\nEsta norma se ajusta a los principios de buena regulaci\u00f3n contenidos en el art\u00edculo 129 de la Ley 39\/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com\u00fan de las Administraciones P\u00fablicas, en particular, a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jur\u00eddica, transparencia y eficiencia.<br \/>\nEn el conjunto y en cada una de las medidas que se adoptan, concurren por su naturaleza y finalidad, las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el art\u00edculo 86 como presupuestos habilitantes para la aprobaci\u00f3n de un real decreto-ley.<br \/>\nEn su virtud, haciendo uso de la autorizaci\u00f3n contenida en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola, a propuesta de la Ministra de Hacienda, previa deliberaci\u00f3n del Consejo de Ministros en su reuni\u00f3n del d\u00eda 8 de noviembre de 2018,<br \/>\nDISPONGO:<br \/>\nArt\u00edculo \u00fanico. Modificaci\u00f3n del Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur\u00eddicos Documentados, aprobado por el Real Decreto legislativo 1\/1993, de 24 de septiembre.<br \/>\nSe introducen las siguientes modificaciones en el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur\u00eddicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1\/1993, de 24 de septiembre, aplic\u00e1ndose a los hechos imponibles devengados a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley.<br \/>\nUno. Se modifica el art\u00edculo 29, que queda redactado como sigue:<br \/>\n\u00abSer\u00e1 sujeto pasivo el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo inter\u00e9s se expidan.<br \/>\nCuando se trate de escrituras de pr\u00e9stamo con garant\u00eda hipotecaria, se considerar\u00e1 sujeto pasivo al prestamista\u00bb.<br \/>\nDos. Se a\u00f1ade un apartado 25 en el art\u00edculo 45.I.B) con la siguiente redacci\u00f3n:<br \/>\n\u00ab25. Las escrituras de pr\u00e9stamo con garant\u00eda hipotecaria en las que el prestatario sea alguna de las personas o entidades incluidas en la letra A) anterior.\u00bb<br \/>\nDisposici\u00f3n derogatoria \u00fanica. Derogaci\u00f3n normativa.<br \/>\nQuedan derogadas cuantas disposiciones incluidas en normas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este real decreto-ley.<br \/>\nDisposici\u00f3n final primera. Modificaci\u00f3n de la Ley 27\/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.<br \/>\nCon efectos para los per\u00edodos impositivos que se inicien a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley, se a\u00f1ade una nueva letra m) en el art\u00edculo 15 de la Ley 27\/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, que queda redactada de la siguiente forma:<br \/>\n\u00abm) La deuda tributaria del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur\u00eddicos Documentados, modalidad Actos Jur\u00eddicos Documentados, documentos notariales, en los supuestos a que se refiere el p\u00e1rrafo segundo del art\u00edculo 29 del Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur\u00eddicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1\/1993, de 24 de septiembre.\u00bb<br \/>\nDisposici\u00f3n final segunda. T\u00edtulo competencial.<br \/>\nEl presente real decreto-ley se dicta en virtud de las competencias exclusivas del Estado previstas en el art\u00edculo 149.1.14.\u00aa de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola.<br \/>\nDisposici\u00f3n final tercera. Entrada en vigor<br \/>\nEl presente real decreto-ley entrar\u00e1 en vigor el d\u00eda siguiente al de su publicaci\u00f3n en el \u00abBolet\u00edn Oficial del Estado\u00bb.<br \/>\nDado en Madrid, el 8 de noviembre de 2018.<br \/>\nFELIPE R.<br \/>\nEl Presidente del Gobierno,<br \/>\nPEDRO S\u00c1NCHEZ P\u00c9REZ-CASTEJ\u00d3N<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Real Decreto-ley 17\/2018, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur\u00eddicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1\/1993, de 24 de septiembre.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[4,2812],"tags":[1579],"class_list":["post-13447","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-novedades-normativas","category-presupuestos","tag-impuesto-transmisionesjuridicos-documentados"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v28.6 - 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