{"id":13687,"date":"2020-12-23T12:48:28","date_gmt":"2020-12-23T12:48:28","guid":{"rendered":"https:\/\/normativamunicipal.com\/uncategorized\/participacion-generalitat-valenciana\/"},"modified":"2020-12-24T10:40:36","modified_gmt":"2020-12-24T10:40:36","slug":"participacion-generalitat-valenciana","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/normativamunicipal.com\/?p=13687","title":{"rendered":"PARTICIPACION GENERALITAT VALENCIANA"},"content":{"rendered":"

Ley Org\u00e1nica 3\/2019, de 12 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonom\u00eda de la Comunitat Valenciana en materia de participaci\u00f3n de la Generalitat Valenciana en las decisiones sobre inversi\u00f3n del Estado en la Comunidad Valenciana.<\/strong><\/p>\n

[sc name=\u00bbGu\u00eda del Interventor Municipal\u00bb ]
\nBOE de 13 de marzo de 2019
\nTextos originales:
\n\u2022 MODIFICA el art. 52 del Estatuto aprobado por Ley Org\u00e1nica 5\/1982, de 1 de julio
\n\u2022 CITA Ley 10\/1994, de 19 de diciembre
\nTEXTO
\nFELIPE VI
\nREY DE ESPA\u00d1A
\nA todos los que la presente vieren y entendieren.
\nSabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley org\u00e1nica:
\nPRE\u00c1MBULO
\nDurante sus m\u00e1s de cuatro a\u00f1os de vigencia, la reforma operada en el Estatut d\u2019Autonomia a trav\u00e9s de la Ley Org\u00e1nica 1\/2006, de 10 de abril, ha supuesto un salto cualitativo muy importante para las leg\u00edtimas aspiraciones de la Comunitat Valenciana a la hora de alcanzar el m\u00e1ximo nivel competencial, siempre desde el respeto hacia las competencias del Estado y sin cuestionar ni poner en riesgo la preservaci\u00f3n de un modelo auton\u00f3mico basado en la igualdad y la solidaridad interterritoriales.
\nToda la tramitaci\u00f3n de la citada reforma estuvo presidida por la b\u00fasqueda del consenso entre las fuerzas pol\u00edticas mayoritarias, tanto en Les Corts como despu\u00e9s en las Cortes Generales, y se actu\u00f3 con una lealtad institucional que tiempo despu\u00e9s ha sido reconocida y alabada por quienes intervinieron activamente en el proceso y por quienes, sin haberlo hecho, han estudiado y analizado aquellas negociaciones y sus resultados. La Comunitat Valenciana trat\u00f3, \u00fanicamente, de reflejar en la norma institucional b\u00e1sica del pueblo valenciano todo aquello que contribuyera a preservar y reforzar su identidad mientras, al mismo tiempo, se fortalec\u00edan los v\u00ednculos con el Estado y se abogaba por un sistema multilateral de relaciones en el que todas las comunidades aut\u00f3nomas recibieran id\u00e9ntico trato y la misma consideraci\u00f3n.
\nDe este modo, la Comunitat Valenciana acometi\u00f3 un proceso de reforma al que, durante 2006 y 2007, se sumaron otras cinco comunidades aut\u00f3nomas \u2013Andaluc\u00eda, Arag\u00f3n, Catalu\u00f1a, Castilla y Le\u00f3n e Illes Balears\u2013, y que se est\u00e1 prolongando en el tiempo con la adopci\u00f3n de nuevas iniciativas de reforma estatutaria \u2013Navarra, a trav\u00e9s de la Ley Org\u00e1nica 7\/2010, de 27 de octubre, hasta el momento.
\nSi bien fueron seis las reformas estatutarias que nacieron en apenas dos a\u00f1os, no todas esas modificaciones estuvieron presididas por los mismos principios a los que se ha aludido con anterioridad al hacer referencia al caso valenciano.
\nEse distinto modo de afrontar y llevar a cabo una reforma estatutaria ha tenido un inmediato reflejo en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. En sus Sentencias 247\/2007, de 12 de diciembre, y 249\/2007, de 13 de diciembre, el m\u00e1ximo int\u00e9rprete de la Constituci\u00f3n enjuici\u00f3 la adecuaci\u00f3n a la norma suprema del art\u00edculo 17.1 del Estatut d\u2019Autonomia de la Comunitat Valenciana, en la redacci\u00f3n dada por la Ley Org\u00e1nica 1\/2006, de 10 de abril, y estim\u00f3 que el precepto aludido era perfectamente compatible con la Constituci\u00f3n, sin que de \u00e9l pudiera derivarse, por tanto, infracci\u00f3n alguna del bloque de la constitucionalidad ni del orden de distribuci\u00f3n de competencias entre el Estado y las comunidades aut\u00f3nomas.
\nLa aprobaci\u00f3n y entrada en vigor de la Ley Org\u00e1nica 6\/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonom\u00eda de Catalu\u00f1a, provoc\u00f3 la inmediata interposici\u00f3n de hasta siete recursos de inconstitucionalidad contra un gran n\u00famero de preceptos de la nueva norma institucional b\u00e1sica catalana, recursos que, tras prolongados debates y una procelosa tramitaci\u00f3n, han dado pie, durante la segunda mitad de 2010, a que el Tribunal Constitucional emita distintas sentencias en las que ha declarado nulos varios art\u00edculos e incisos estatutarios y ha acudido a la t\u00e9cnica de la interpretaci\u00f3n conforme para salvar la constitucionalidad de otros muchos preceptos.
\nCon sus Sentencias 31\/2010, de 28 de junio, 46\/2010 y 47\/2010, de 8 de septiembre, 48\/2010, de 9 de septiembre, y 49\/2010, de 29 de septiembre, el Tribunal Constitucional ha resuelto algunos de los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra el Estatuto de Autonom\u00eda de Catalu\u00f1a y ha legitimado, mediante la aplicaci\u00f3n reiterada de la aludida t\u00e9cnica de la interpretaci\u00f3n conforme, muchos de esos controvertidos contenidos, permitiendo as\u00ed que, en desarrollo de esas previsiones estatutarias, los legisladores estatal y auton\u00f3mico puedan crear todo un nuevo marco normativo que consolide esa situaci\u00f3n sobre la base de la regulaci\u00f3n establecida por el Estatuto reformado.
\nAnte esta realidad, en la que desde luego no era posible pensar en 2006, la Comunitat Valenciana no puede permanecer impasible porque, ciertamente, no pretende estar por encima de ning\u00fan otro territorio dentro de Espa\u00f1a, pero tampoco va a consentir que sus leg\u00edtimas aspiraciones se vean truncadas por la consolidaci\u00f3n de un modelo asim\u00e9trico en el que unas comunidades aut\u00f3nomas puedan, en detrimento de otras, acceder a m\u00e1s competencias, a m\u00e1s financiaci\u00f3n, a m\u00e1s inversiones o a m\u00e1s infraestructuras.
\nY en lo referido al volumen de inversiones del Estado en cada territorio, que es un elemento esencial para garantizar el desarrollo de unas pol\u00edticas capaces de atender las necesidades de la ciudadan\u00eda en materia de educaci\u00f3n, sanidad, servicios sociales e infraestructuras, esas divergencias entre estatutos de autonom\u00eda son especialmente significativas. Tanto en el caso de Andaluc\u00eda como en el de Catalu\u00f1a, sus nuevas normas institucionales b\u00e1sicas han incluido sendas disposiciones adicionales para garantizar un volumen permanente y estable de inversiones estatales en sus respectivos territorios. Para Catalu\u00f1a, la inversi\u00f3n del Estado en infraestructuras, excluido el Fondo de Compensaci\u00f3n Interterritorial, se equiparar\u00e1 a la participaci\u00f3n relativa del producto interior bruto de esa Comunidad Aut\u00f3noma con relaci\u00f3n al producto interior bruto del Estado para un per\u00edodo de siete a\u00f1os; en cambio, en el supuesto de Andaluc\u00eda la inversi\u00f3n estatal ser\u00e1 equivalente al peso de la poblaci\u00f3n de esa Comunidad Aut\u00f3noma sobre el conjunto del Estado, tambi\u00e9n para un per\u00edodo de siete a\u00f1os.
\nDesde la Comunitat Valenciana no se quiso, en su momento, incluir dentro del nuevo Estatut d\u2019Autonomia cl\u00e1usulas o previsiones que pudieran condicionar indebidamente al Estado en el ejercicio de sus competencias y que, por esto mismo, pudieran ser dudosamente compatibles con la Constituci\u00f3n. Pero en el Fundamento Jur\u00eddico 138 de su Sentencia 31\/2010, de 28 de junio, el Tribunal Constitucional ha establecido, al enjuiciar la disposici\u00f3n adicional tercera del Estatuto de Autonom\u00eda de Catalu\u00f1a, que un inciso como el antes indicado no vincula a las Cortes Generales en el ejercicio de sus funciones de examen, enmienda y aprobaci\u00f3n de los Presupuestos Generales del Estado, pues los compromisos financieros formalizados en los estatutos de autonom\u00eda no constituyen un recurso que el Estado deba consignar obligatoriamente en los Presupuestos Generales de cada ejercicio econ\u00f3mico.
\nSeg\u00fan el Alto Tribunal, es el propio Estado el que, atendiendo a todas las variables concurrentes en cada caso, debe decidir si procede dotar, y en qu\u00e9 cuant\u00eda, las asignaciones correspondientes. En consecuencia, a tenor de la decisi\u00f3n adoptada por el m\u00e1ximo int\u00e9rprete de la norma suprema, la disposici\u00f3n adicional tercera del Estatuto catal\u00e1n, interpretada en el sentido de que no vincula al Estado en la definici\u00f3n de su pol\u00edtica de inversiones ni menoscaba la plena libertad de las Cortes Generales para decidir sobre la existencia y cuant\u00eda de dichas inversiones, no es contraria a la Constituci\u00f3n.
\nComo quiera que el pueblo valenciano aspira leg\u00edtimamente a recibir del Estado el mismo trato que el pueblo catal\u00e1n o el andaluz, esta reforma del Estatut d\u2019Autonomia de la Comunitat Valenciana va encaminada a hacer visibles las consecuencias econ\u00f3micas del reconocimiento de una poblaci\u00f3n que alcanza ya los cinco millones de habitantes y que, por tanto, necesita un volumen de inversiones apto para satisfacer las necesidades derivadas del importante crecimiento demogr\u00e1fico acaecido durante los \u00faltimos a\u00f1os. No se hace sino reivindicar para la Comunitat Valenciana lo que el Tribunal Constitucional ha dicho que es leg\u00edtimo para otras comunidades aut\u00f3nomas, m\u00e1s a\u00fan en un caso como el valenciano, en el que se arrastra un importante d\u00e9ficit de inversiones a causa del efectivo, pero no reconocido, incremento poblacional.
\nPor todo ello, el nuevo apartado cuarto del art\u00edculo 52 del Estatuto de Autonom\u00eda de la Comunitat Valenciana prev\u00e9 que la Generalitat participar\u00e1 en las decisiones sobre la inversi\u00f3n del Estado en la Comunidad Valenciana la cual, excluido el Fondo de Compensaci\u00f3n Interterritorial, ser\u00e1 equivalente, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el art\u00edculo 138 de la Constituci\u00f3n, al peso de la poblaci\u00f3n de la Comunitat Valenciana sobre el conjunto del Estado por un per\u00edodo de siete a\u00f1os. Con esta finalidad, se constituir\u00e1 una Comisi\u00f3n integrada por la administraci\u00f3n estatal, auton\u00f3mica y local que ser\u00e1 la encargada de velar por el cumplimiento de ese criterio distributivo. El art\u00edculo 147.3 de la Constituci\u00f3n espa\u00f1ola establece que la reforma de los estatutos de autonom\u00eda se ajustar\u00e1 al procedimiento establecido en los mismos y requerir\u00e1, en todo caso, la aprobaci\u00f3n por las Cortes Generales, mediante Ley Org\u00e1nica. En el mismo sentido se pronuncia el art\u00edculo 145 del Reglamento del Congreso de los Diputados. En l\u00ednea con lo indicado por el precepto constitucional, el t\u00edtulo X del Estatut d\u2019Autonomia de la Comunitat Valenciana, integrado \u00fanicamente por su art\u00edculo 81, determina el procedimiento que seguir para llevar a cabo una reforma estatutaria, y atribuye la iniciativa al Consell, a una tercera parte de los miembros de Les Corts, a dos grupos parlamentarios y a las Cortes Generales. En relaci\u00f3n con dicho precepto, los art\u00edculos 129 y 170 del Reglamento de Les Corts regulan c\u00f3mo ha de tramitarse la iniciativa de reforma, y el apartado a) del art\u00edculo 18 de la Ley del Consell asigna a este, entre otras funciones de car\u00e1cter normativo, la de proponer a Les Corts la reforma del Estatut d\u2019Autonomia. Finalmente, el art\u00edculo 10.1 de la Ley 10\/1994, de 19 de diciembre, de la Generalitat, de Creaci\u00f3n del Consell Jur\u00eddic Consultiu de la Comunitat Valenciana, indica que dicha instituci\u00f3n ha de dictaminar, con car\u00e1cter preceptivo, \u00ablos anteproyectos de reforma del Estatut d\u2019Autonomia\u00bb.
\nArt\u00edculo \u00fanico. Reforma del Estatuto de Autonom\u00eda de la Comunitat Valenciana para ampliaci\u00f3n competencial en materia de participaci\u00f3n de la Generalitat Valenciana en las decisiones sobre inversi\u00f3n del Estado en la Comunidad Valenciana.
\nSe adiciona un nuevo apartado 4 al art\u00edculo 52, integrado en el T\u00edtulo IV (\u00abLas competencias\u00bb) del Estatuto de Autonom\u00eda de la Comunitat Valenciana, del siguiente tenor:
\n\u00ab4. La Generalitat participar\u00e1 en las decisiones sobre la inversi\u00f3n del Estado en la Comunidad Valenciana la cual, excluido el Fondo de Compensaci\u00f3n Interterritorial, ser\u00e1 equivalente, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el art\u00edculo 138 de la Constituci\u00f3n, al peso de la poblaci\u00f3n de la Comunitat Valenciana sobre el conjunto del Estado por un per\u00edodo de siete a\u00f1os. Con esta finalidad, se constituir\u00e1 una Comisi\u00f3n integrada por la administraci\u00f3n estatal, auton\u00f3mica y local.\u00bb
\nDisposici\u00f3n derogatoria \u00fanica. Derogaci\u00f3n normativa.
\nQuedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la presente ley org\u00e1nica.
\nDisposici\u00f3n final primera. Habilitaci\u00f3n competencial.
\nEsta reforma se aprueba al amparo de lo previsto en el art\u00edculo 147.3 de la Constituci\u00f3n espa\u00f1ola y en el art\u00edculo 81 del Estatut d\u2019Autonomia de la Comunitat Valenciana.
\nDisposici\u00f3n final segunda. Entrada en vigor.
\nEsta ley org\u00e1nica entrar\u00e1 en vigor el mismo d\u00eda de su publicaci\u00f3n en el \u00abBolet\u00edn Oficial del Estado\u00bb.
\nPor tanto,
\nMando a todos los espa\u00f1oles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley org\u00e1nica.
\nMadrid, 12 de marzo de 2019.
\nFELIPE R.
\nEl Presidente del Gobierno,
\nPEDRO S\u00c1NCHEZ P\u00c9REZ-CASTEJ\u00d3N<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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