{"id":13812,"date":"2020-12-23T12:49:10","date_gmt":"2020-12-23T12:49:10","guid":{"rendered":"https:\/\/normativamunicipal.com\/uncategorized\/vivienda-canarias\/"},"modified":"2020-12-24T11:20:03","modified_gmt":"2020-12-24T11:20:03","slug":"vivienda-canarias","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/normativamunicipal.com\/?p=13812","title":{"rendered":"Vivienda CANARIAS"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Decreto-ley 3\/2019, de 1 de marzo, para la modificaci\u00f3n de la Ley 2\/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><!--more-->[sc name=\u00bburbanismo\u00bb ]<br \/>\nBOE de 3 de mayo de 2019<br \/>\nTEXTO<br \/>\nSea notorio a todos los ciudadanos y ciudadanas que el Gobierno de Canarias ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo dispuesto en el art\u00edculo 47.1 del Estatuto de Autonom\u00eda de Canarias, promulgo y ordeno la publicaci\u00f3n del Decreto-ley 3\/2019, de 1 de marzo, para la modificaci\u00f3n de la Ley 2\/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, ordenando a la ciudadan\u00eda y a las autoridades que lo cumplan y lo hagan cumplir.<br \/>\nEXPOSICI\u00d3N DE MOTIVOS<br \/>\nEn virtud de tres convenios suscritos el 18 de noviembre de 2011, el 4 de noviembre de 2015 y el 4 de octubre de 2016, el Ministerio de Fomento, la Comunidad Aut\u00f3noma de Canarias, el Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de San Crist\u00f3bal de La Laguna, adquirieron un compromiso financiero que ten\u00eda por objeto la reposici\u00f3n y reurbanizaci\u00f3n de la Urbanizaci\u00f3n las Chumberas, en San Crist\u00f3bal de la Laguna.<br \/>\nDichos convenios han expirado sin que pudiera concluirse el procedimiento de pr\u00f3rroga, si bien la finalizaci\u00f3n de la ejecuci\u00f3n de las actuaciones objeto de los mismos se ha demorado debido a la complejidad de las actuaciones a desarrollar.<br \/>\nLos convenios se encontraban sometidos al r\u00e9gimen jur\u00eddico de la Ley 39\/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Com\u00fan de las Administraciones P\u00fablicas y a la Ley 38\/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Asimismo, la cl\u00e1usula quinta de los tres convenios se\u00f1ala que \u00ab(\u2026) en el supuesto de incumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos para la concesi\u00f3n de las subvenciones, se proceder\u00e1 al reintegro de los fondos percibidos. Las ayudas objeto del presente convenio estar\u00e1n sometidas a las disposiciones contenidas en la Ley 38\/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento aprobado por el Real Decreto 887\/2006, de 21 de julio.\u00bb<br \/>\nLos pasados d\u00edas 29 de enero y 15 de febrero, se reuni\u00f3 la Comisi\u00f3n Mixta de Seguimiento prevista en dichos Convenios. El ente gestor de las actuaciones \u2013MUVISA\u2013 inform\u00f3 sobre las actuaciones realizadas hasta la fecha, as\u00ed como sobre el estado de situaci\u00f3n de la seguridad de los edificios en el barrio de las Chumberas, poniendo de manifiesto, entre otras cuestiones, las siguientes:<br \/>\n\u2022\u2002Que la actuaci\u00f3n singular de reposici\u00f3n de Las Chumberas ha estado plagada de numerosas incidencias de tipo administrativo, ajenas al ente gestor, y que han supuesto un importante retraso e interferencia en la ejecuci\u00f3n de las mismas y que no han permitido avanzar en la ejecuci\u00f3n de las actuaciones;<br \/>\n\u2022\u2002Que se ha realojado a 106 familias, mayoritariamente con escasos recursos, con cargo a los convenios y cuyo coste mensual se sit\u00faa en torno a los 60.000 euros, que van a tener que hacer frente al pago del alquiler hasta tanto no se d\u00e9 soluci\u00f3n a la situaci\u00f3n administrativa de los Convenios;<br \/>\n\u2022\u2002Que se siguen produciendo situaciones de inseguridad en los edificios debido a las patolog\u00edas que sufren y que ya no van a poder ser atendidas por el ente gestor puesto que no tiene cobertura para ello;<br \/>\n\u2022\u2002Que hay que recordar la grave situaci\u00f3n de peligro en que viven los vecinos de la urbanizaci\u00f3n de las Chumberas y que ha sido puesta de manifiesto mediante los estudios t\u00e9cnicos que se han realizado en los edificios;<br \/>\n\u2022\u2002Que se ha procedido a la adjudicaci\u00f3n, condicionada a la obtenci\u00f3n del suelo, de las obras a la contrata que ha resultado del procedimiento de contrataci\u00f3n; y que la obtenci\u00f3n del suelo se producir\u00e1 con la aprobaci\u00f3n definitiva del expediente de expropiaci\u00f3n y la firma de las actas de urgente ocupaci\u00f3n.<br \/>\n\u2022\u2002Que los expedientes de expropiaci\u00f3n y el plan de realojo se encuentran en disposici\u00f3n de su aprobaci\u00f3n definitiva una vez que se garantice de nuevo la financiaci\u00f3n comprometida en los convenios.<br \/>\nConsiderando que subsistiendo la necesidad para cuyo fin se otorgaron las ayudas y por tanto el inter\u00e9s p\u00fablico que exist\u00eda en el momento de la firma de los convenios, las partes acordaron iniciar con car\u00e1cter urgente los tr\u00e1mites para la aprobaci\u00f3n de un acuerdo transaccional sobre los ingresos de derecho p\u00fablico derivados de los convenios de 18 de noviembre de 2011, 4 de noviembre de 2015 y 4 de octubre de 2016. En virtud de dicho acuerdo transaccional, las partes se obligan a aplazar el ejercicio de derecho de reintegro que en virtud de los mismos le corresponde, mientras se realizan las actuaciones y obras de conclusi\u00f3n de regeneraci\u00f3n y reurbanizaci\u00f3n del barrio de \u00a8las Chumberas\u00bb primera fase, as\u00ed como a descontar las inversiones y gastos que, previa justificaci\u00f3n, se realicen en ese plazo o se hayan llevado a cabo para el mismo fin. Asimismo, el Ayuntamiento de San Crist\u00f3bal de La Laguna se obliga a realizar a trav\u00e9s de su ente gestor MUVISA, todas las actuaciones y obras de conclusi\u00f3n de regeneraci\u00f3n y reurbanizaci\u00f3n del barrio de \u00ablas Chumberas\u00bb primera fase. En paralelo se acord\u00f3 mantener las medidas provisionales necesarias para garantizar la seguridad de las personas.<br \/>\nLa posibilidad de transacci\u00f3n y arbitraje de las entidades locales en relaci\u00f3n con sus derechos y recursos fue objeto de regulaci\u00f3n a trav\u00e9s del art\u00edculo 180.2 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de R\u00e9gimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781\/1986, de 18 de abril, en el que se establec\u00eda un reenv\u00edo al texto de la anterior Ley General Presupuestaria, que se expresaba en los siguientes t\u00e9rminos:<br \/>\n\u00abLas transacciones y arbitrajes previstos en el art\u00edculo 39 de la Ley General Presupuestaria requerir\u00e1n, cuando afecten a derechos de las Haciendas de las Entidades locales, el acuerdo del \u00f3rgano de gobierno de la Comunidad Aut\u00f3noma correspondiente que tuviera asumida esa competencia.\u00bb<br \/>\nEste precepto fue derogado por la Disposici\u00f3n derogatoria 1.d) de la Ley 39\/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales que afecta en su integridad al T\u00edtulo VIII, del Texto refundido, sin que esta materia fuese objeto de regulaci\u00f3n en la nueva Ley.<br \/>\nEn el \u00e1mbito estatal, esta posibilidad es objeto de regulaci\u00f3n en el art\u00edculo 7.3 de la Ley 47\/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en los siguientes t\u00e9rminos:<br \/>\n\u00abSin perjuicio de lo establecido en el apartado 2 del art\u00edculo 10 de esta ley, no se podr\u00e1 transigir judicial ni extrajudicialmente sobre los derechos de la Hacienda P\u00fablica estatal, ni someter a arbitraje las contiendas que se susciten respecto de los mismos, sino mediante real decreto acordado en Consejo de Ministros, previa audiencia del de Estado en pleno.\u00bb<br \/>\nTambi\u00e9n en el art\u00edculo 31 de la Ley 33\/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones P\u00fablicas:<br \/>\n\u00abNo se podr\u00e1 transigir judicial ni extrajudicialmente sobre los bienes y derechos del Patrimonio del Estado, ni someter a arbitraje las contiendas que se susciten sobre los mismos, sino mediante real decreto acordado en Consejo de Ministros, a propuesta del de Hacienda, previo dictamen del Consejo de Estado en pleno.\u00bb<br \/>\nEn el \u00e1mbito de la Comunidad Aut\u00f3noma de Canarias, es objeto de regulaci\u00f3n a trav\u00e9s del art\u00edculo 10.3 de la Ley 11\/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda P\u00fablica Canaria, al expresar:<br \/>\n\u00abNo se podr\u00e1 transigir judicial ni extrajudicialmente sobre los derechos de la Hacienda P\u00fablica, ni someter a arbitraje las contiendas que se susciten respecto de los mismos, sino mediante decreto acordado en Gobierno, previo dictamen del Consejo Consultivo de Canarias.\u00bb<br \/>\nEn relaci\u00f3n con las competencias de la Comunidad Aut\u00f3noma de Canarias para la regulaci\u00f3n sustantiva que se pretende con el presente Decreto-ley, son de considerar, entre otros, los art\u00edculos 105, 143, 156 y 158 de nuestro Estatuto de Autonom\u00eda, y la competencia para el ejercicio del espacio normativo auton\u00f3mico (por todas, la STC 103\/2013, en su letra e), del F.J.5.\u00ba).<br \/>\nEn efecto, el ejercicio de la competencia auton\u00f3mica para regular dicho aspecto sobre las haciendas locales tendr\u00eda su apoyo competencial en el art\u00edculo 105.3 del Estatuto de Autonom\u00eda de Canarias, reformado por la Ley Org\u00e1nica 1\/2018, de 5 de noviembre, que establece que corresponde a la Comunidad Aut\u00f3noma de Canarias la competencia de desarrollo legislativo y de ejecuci\u00f3n en materia de hacienda p\u00fablica y tutela financiera de las islas, municipios y los entes locales que se puedan crear, con respeto a su autonom\u00eda.<br \/>\nIgualmente, le corresponde a la Comunidad Aut\u00f3noma de Canarias la competencia de desarrollo legislativo y de ejecuci\u00f3n en materia de r\u00e9gimen local, seg\u00fan el art\u00edculo 105.1, que incluye entre otras, la se\u00f1alada en la letra e) sobre la fijaci\u00f3n de las competencias y de las potestades propias de los entes locales, de conformidad con lo previsto en el propio Estatuto.<br \/>\nY en lo que respecta a las competencias en materia de vivienda, resulta de aplicaci\u00f3n el art\u00edculo 143.1, letra b) de nuestro Estatuto de Autonom\u00eda, que atribuye a la Comunidad Aut\u00f3noma de Canarias competencias en la promoci\u00f3n p\u00fablica de la vivienda, con especial atenci\u00f3n al patrimonio p\u00fablico del suelo. Otro tanto, cabe a\u00f1adir respecto de los art\u00edculos 156 y 158 sobre las competencias en materia de ordenaci\u00f3n del territorio y urbanismo, respectivamente.<br \/>\nPor ello, a fin de dar cumplimiento a los acuerdos adoptados en el seno de la Comisi\u00f3n Mixta de Seguimiento de los Convenios, y ante la incertidumbre generada por la falta de regulaci\u00f3n expresa, es necesario contar con una previsi\u00f3n legal relativa a la transacci\u00f3n sobre los derechos econ\u00f3micos de la Hacienda P\u00fablica de las entidades locales, an\u00e1loga a la que regula dicha cuesti\u00f3n en la Hacienda P\u00fablica estatal (art\u00edculo 7.3 de la Ley 47\/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria) y auton\u00f3mica (art\u00edculo 10.3 de la Ley 11\/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda P\u00fablica Canaria). Por ello es urgente contar con el instrumento normativo necesario, dado que est\u00e1 en tramitaci\u00f3n el convenio a trav\u00e9s del cual se instrumentar\u00e1 la transacci\u00f3n adecuada.<br \/>\nEl decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente l\u00edcito, siempre que el fin que justifica la legislaci\u00f3n de urgencia, sea, tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional (Sentencias 6\/1983, de 4 de febrero, F.5; 11\/2002, de 17 de enero, F.4; 137\/2003, de 3 de julio, F.3; y 189\/2005, de 7 de julio, F.3), subvenir una situaci\u00f3n concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones dif\u00edciles de prever requiere una acci\u00f3n normativa inmediata en un plazo m\u00e1s breve que el requerido por la v\u00eda normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitaci\u00f3n parlamentaria de las leyes, m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n de dicho procedimiento no depende del Gobierno.<br \/>\nPor consiguiente, concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el art\u00edculo 46 del Estatuto de Autonom\u00eda de Canarias como presupuesto habilitante para recurrir a este tipo de norma y puesto que, adem\u00e1s, se respetan los l\u00edmites fijados en la misma norma para la aprobaci\u00f3n de la iniciativa propuesta.<br \/>\nEn su virtud, en uso de la autorizaci\u00f3n contenida en el art\u00edculo 46 del Estatuto de Autonom\u00eda de Canarias, a propuesta de la Consejera de Empleo, Pol\u00edticas Sociales y Vivienda y previa deliberaci\u00f3n del Gobierno en su reuni\u00f3n celebrada el d\u00eda 1 de marzo de 2019,<br \/>\nDISPONGO:<br \/>\nArt\u00edculo \u00fanico.\u2003Modificaci\u00f3n de la Ley 2\/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias.<br \/>\nSe modifica la Ley 2\/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, en los siguientes t\u00e9rminos:<br \/>\nUno.\u2003Se a\u00f1ade una nueva disposici\u00f3n adicional vig\u00e9sima con la siguiente redacci\u00f3n:<br \/>\n\u00abDisposici\u00f3n adicional vig\u00e9sima.\u2003Habilitaci\u00f3n a las entidades locales para acordar transacciones y arbitrajes.<br \/>\nEn las relaciones interadministrativas en materia de ordenaci\u00f3n del territorio, vivienda, o urbanismo, la transacci\u00f3n judicial o extrajudicial sobre los derechos de la hacienda p\u00fablica local, as\u00ed como el sometimiento a arbitraje de las contiendas que se susciten respecto de los mismos, precisar\u00e1 del previo dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, a solicitud de la entidad local interesada\u00bb.<br \/>\nDos.\u2003Se a\u00f1ade una nueva disposici\u00f3n adicional vig\u00e9sima primera con la siguiente redacci\u00f3n:<br \/>\n\u00abDisposici\u00f3n adicional vig\u00e9sima primera.\u2003Convenios para la realizaci\u00f3n de actuaciones de rehabilitaci\u00f3n y reposici\u00f3n.<br \/>\nLa Administraci\u00f3n de la Comunidad Aut\u00f3noma de Canarias, a trav\u00e9s de la Consejer\u00eda con competencia en materia de vivienda, podr\u00e1 convenir con la Administraci\u00f3n del Estado as\u00ed como con los Cabildos Insulares y Ayuntamientos, la realizaci\u00f3n de actuaciones encaminadas a la rehabilitaci\u00f3n o reposici\u00f3n de viviendas que por el transcurso del tiempo o por circunstancias sobrevenidas de fuerza mayor, deban ser objeto de la citada rehabilitaci\u00f3n o reposici\u00f3n.\u00bb<br \/>\nDisposici\u00f3n transitoria \u00fanica.\u2003Ampliaci\u00f3n del plazo de ejecuci\u00f3n de las actuaciones de rehabilitaci\u00f3n y reposici\u00f3n.<br \/>\nLas actuaciones de rehabilitaci\u00f3n y reposici\u00f3n de viviendas, as\u00ed como las actuaciones singulares en la materia, que se ejecuten en virtud de un convenio de cooperaci\u00f3n interadministrativo suscrito al amparo del art\u00edculo 21 del Decreto 135\/2009, de 20 de octubre, por el que se regulan las actuaciones del Plan de Vivienda de Canarias para el per\u00edodo 2009-2012, que a la entrada en vigor de este Decreto-ley no hayan concluido, podr\u00e1n continuar ejecut\u00e1ndose hasta el 31 de diciembre de 2022, incluso en el caso de que hubiera finalizado el plazo de ejecuci\u00f3n inicialmente acordado con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto-ley.<br \/>\nDisposici\u00f3n final \u00fanica.\u2003Entrada en vigor.<br \/>\nEl presente Decreto-ley entrar\u00e1 en vigor el mismo d\u00eda de su publicaci\u00f3n en el \u00abBolet\u00edn Oficial de Canarias\u00bb.<br \/>\nCanarias, 1 de marzo de 2019.\u2013El Presidente de Gobierno, Fernando Clavijo Batlle.\u2013La Consejera de Empleo, Pol\u00edticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido Garc\u00eda.<br \/>\n(Publicado en el \u00abBolet\u00edn Oficial de Canarias\u00bb n\u00famero 43, de 4 de marzo de 2019. Convalidado por Resoluci\u00f3n de 27 de marzo de 2019, del Parlamento de Canarias, publicada en el \u00abBolet\u00edn Oficial de Canarias\u00bb n\u00famero 77, de 23 de abril de 2019)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Decreto-ley 3\/2019, de 1 de marzo, para la modificaci\u00f3n de la Ley 2\/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[2814,4],"tags":[1879],"class_list":["post-13812","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-contratacion","category-novedades-normativas","tag-vivienda-canarias"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v28.6 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Vivienda CANARIAS - Normativa Municipal<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/normativamunicipal.com\/?p=13812\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Vivienda CANARIAS - 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