{"id":13868,"date":"2020-12-23T12:49:32","date_gmt":"2020-12-23T12:49:32","guid":{"rendered":"https:\/\/normativamunicipal.com\/uncategorized\/defensa-consumidores-aragon\/"},"modified":"2020-12-23T12:49:32","modified_gmt":"2020-12-23T12:49:32","slug":"defensa-consumidores-aragon","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/normativamunicipal.com\/?p=13868","title":{"rendered":"Defensa Consumidores ARAGON"},"content":{"rendered":"

Ley 4\/2019, de 7 de marzo, de modificaci\u00f3n de la Ley 16\/2006, de 28 de diciembre, de Protecci\u00f3n y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Arag\u00f3n.<\/strong><\/p>\n

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\nBOE de 25 de mayo de 2019
\nTEXTO
\nEn nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Aut\u00f3noma de Arag\u00f3n, promulgo la presente Ley, aprobada por las Cortes de Arag\u00f3n, y ordeno se publique en el \u00abBolet\u00edn Oficial de Arag\u00f3n\u00bb y en el \u00abBolet\u00edn Oficial del Estado\u00bb, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 45 del Estatuto de Autonom\u00eda de Arag\u00f3n.
\nPRE\u00c1MBULO
\nLas fuertes crisis financieras, econ\u00f3micas e incluso de valores por las que ha atravesado Occidente en este \u00faltimo decenio han cambiado muchos aspectos de nuestra sociedad. Las consecuencias de esas crisis han generado grandes e importantes cambios en nuestro d\u00eda a d\u00eda, cambios a los que necesariamente nos tenemos que adaptar. Todos esos cambios y adaptaciones han influido tambi\u00e9n en las mentalidades de las personas y de la sociedad y han permitido una mayor toma de conciencia del lugar que ocupamos en la sociedad como individuos y como colectivo. Nos han hecho m\u00e1s exigentes en general. Por supuesto, m\u00e1s exigentes ante nuestros representantes, no solo ante los representantes pol\u00edticos, sino tambi\u00e9n ante los representantes sectoriales, generando un aumento de estos y una mayor calidad en la forma de ejercer ambas representaciones.
\nEn el caso que nos ocupa, los consumidores y usuarios \u2013lo somos todos\u2013, se est\u00e1 implantando una conciencia cada vez mayor de exigencia de nuestros derechos, no solo ante los tribunales, sino, por supuesto tambi\u00e9n, ante las autoridades encargadas de su defensa y protecci\u00f3n.
\nEsos cambios no afectan, sin embargo, al ansia de algunas personas de lograr sus objetivos sin tener en cuenta derechos de nadie ni las consecuencias en los dem\u00e1s, que pueden ser de gravedad, incluso fatales. Estas personas desarrollan sistemas cada vez m\u00e1s sofisticados y complejos para lograr sus fines, generalmente el lucro econ\u00f3mico, con unas consecuencias cada vez m\u00e1s devastadoras, no solo econ\u00f3micas, llegando a afectar a la salud de las v\u00edctimas o incluso a la vida misma.
\nGeneralmente, estos m\u00e9todos cada vez m\u00e1s sofisticados de actuar \u2013nuevas formas de comunicaci\u00f3n masiva, redes sociales\u2026\u2013 para un fin que no es tan novedoso \u2013las estafas\u2013 suelen afectar de manera m\u00e1s grave, profunda y de m\u00e1s dif\u00edcil soluci\u00f3n a personas con especial vulnerabilidad. La Ley aragonesa de Protecci\u00f3n y Defensa de los Consumidores y Usuarios, que data del a\u00f1o 2006, ya identifica claramente a un tipo de consumidor y usuario merecedor de especial protecci\u00f3n, porque es en estos casos donde las consecuencias, adem\u00e1s de m\u00e1s graves, son m\u00e1s injustas y de mayor dificultad para su reparaci\u00f3n.
\nPor ello, la mayor exigencia social en defensa y protecci\u00f3n de las personas consumidoras y las cada vez mayores y m\u00e1s graves consecuencias en colectivos de personas especialmente vulnerables \u2013no solo consecuencias de car\u00e1cter econ\u00f3mico, sino de graves afecciones a la salud e incluso a la propia vida\u2013 obligan a los poderes p\u00fablicos a tratar de desarrollar herramientas que mejoren esa protecci\u00f3n y, cuando esta ya no es posible, a instaurar sistemas de defensa mejores.
\nUna de esas herramientas es que sea la propia Administraci\u00f3n p\u00fablica competente en la materia de defensa y protecci\u00f3n de los consumidores y usuarios, con sus leg\u00edtimos representantes a la cabeza, la que, por criterios de oportunidad pol\u00edtica, pueda ejercer esa defensa de los consumidores m\u00e1s vulnerables o especialmente protegibles mediante el ejercicio de la acci\u00f3n penal, m\u00e1s all\u00e1 de la que ejerce el Ministerio Fiscal. Dicho de manera m\u00e1s directa, que las administraciones p\u00fablicas competentes en la materia puedan ejercer la acci\u00f3n popular en un procedimiento judicial.
\nLas personas jur\u00eddico-p\u00fablicas son titulares del derecho de acceso al proceso y a no padecer indefensi\u00f3n en el mismo. La acci\u00f3n popular constituye un medio de acceso a la jurisdicci\u00f3n. Los art\u00edculos 125 y 24.1 de la Constituci\u00f3n no imponen la acci\u00f3n popular en todo tipo de procesos, sino que se trata de una decisi\u00f3n que corresponde al legislador, de modo que, si la ley establece la acci\u00f3n popular en un determinado proceso, como es el caso de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el proceso penal, su ejercicio est\u00e1 amparado por el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio pro actione que rige en el \u00e1mbito del derecho de acceso a la jurisdicci\u00f3n.
\nNada impide, seg\u00fan el Tribunal Constitucional, la ampliaci\u00f3n del t\u00e9rmino \u00abciudadanos\u00bb, que figura en los art\u00edculos 125 de la Constituci\u00f3n y 270.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a las personas jur\u00eddico-p\u00fablicas a la luz del reconocimiento a las mismas de la titularidad en \u00e1mbitos espec\u00edficos del derecho a la tutela judicial efectiva.
\nEsta posibilidad de ejercicio de la acci\u00f3n popular por parte de una Administraci\u00f3n p\u00fablica concreta, al margen de la que desarrolla el Ministerio Fiscal de forma general, ya existe en diferentes comunidades aut\u00f3nomas, entre ellas Arag\u00f3n, en materia de violencia sobre la mujer. Y, en estos casos de violencia sobre la mujer, el papel procesal penal que desarrollan las administraciones p\u00fablicas concretas ocupa un prisma distinto de la labor que tiene el Ministerio Fiscal.
\nPor ello, diferentes parlamentos auton\u00f3micos, incluidas las Cortes de Arag\u00f3n, han introducido con distintas redacciones, requisitos y exigencias esa autorizaci\u00f3n a las administraciones p\u00fablicas para el ejercicio de la acci\u00f3n popular en casos de violencia sobre la mujer.
\nBien es cierto que no siempre ni en todos los casos en los que existan consumidores o usuarios v\u00edctimas de delitos, la Administraci\u00f3n ha de entrar a dar respuesta a esa mayor exigencia de intervenci\u00f3n de los poderes p\u00fablicos en su defensa, para eso existen ya los mecanismos habituales, pero s\u00ed es recomendable que, en aquellos casos que afecten a una amplia pluralidad de personas y adem\u00e1s estas tengan las caracter\u00edsticas de pertenecer a uno de los colectivos que la propia Ley de Protecci\u00f3n y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Arag\u00f3n califica como especialmente protegibles, las administraciones p\u00fablicas de Arag\u00f3n puedan ejercer la acusaci\u00f3n popular, si as\u00ed lo consideraran, en ejercicio de su competencia en materia de consumo.
\nEl objeto, pues, de esta ley no es otro que concretar que, en la Comunidad Aut\u00f3noma de Arag\u00f3n, las administraciones p\u00fablicas de Arag\u00f3n est\u00e1n legitimadas para el ejercicio de la acci\u00f3n popular cuando se produzcan determinados hechos delictivos que afecten con cierta gravedad a una serie de personas, sin pretender innovar el ordenamiento jur\u00eddico en materia de legislaci\u00f3n procesal ni, en concreto, en relaci\u00f3n con el ejercicio de la acci\u00f3n popular.
\nPor ello, se considera que bastar\u00eda para el fin indicado a\u00f1adir un art\u00edculo 16 bis en la Ley 16\/2006, de 28 de diciembre, de Protecci\u00f3n y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Arag\u00f3n, que contemple expresamente la posibilidad de que las administraciones p\u00fablicas de Arag\u00f3n puedan ejercer la acci\u00f3n popular ante los juzgados y tribunales de justicia espa\u00f1oles en procedimientos penales.
\nExpuesto cuanto antecede, tambi\u00e9n se impone por las razones anteriores que solo quepa esa autorizaci\u00f3n en aquellos casos en los que se vean afectadas, de manera grave, una amplia pluralidad de personas y que, adem\u00e1s, estas tengan la condici\u00f3n de consumidoras y usuarias merecedoras de una especial protecci\u00f3n, de acuerdo con el art\u00edculo 5 de la citada ley. Para los casos en que no se dieran estas circunstancias, la funci\u00f3n del Ministerio Fiscal se antoja por el momento suficiente.
\nArt\u00edculo \u00fanico.\u2003Modificaci\u00f3n de la Ley 16\/2006, de 28 de diciembre, de Protecci\u00f3n y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Arag\u00f3n.
\nSe a\u00f1ade un art\u00edculo 16.bis a la Ley 16\/2006, de 28 de diciembre, de Protecci\u00f3n y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Arag\u00f3n, con la siguiente redacci\u00f3n:
\n\u00abArt\u00edculo 16.bis.\u2003Ejercicio de la acci\u00f3n popular en determinados procedimientos penales espec\u00edficos en materia de consumo.
\nLas administraciones p\u00fablicas de Arag\u00f3n, dentro de sus competencias en materia de consumo, podr\u00e1n ejercer la acci\u00f3n popular, en la forma y condiciones establecidas por la legislaci\u00f3n procesal, en procedimientos penales por hechos ocurridos en el \u00e1mbito de la comunidad aut\u00f3noma y que afecten de manera grave a una amplia pluralidad de personas incluidas en los colectivos especialmente protegibles de esta ley.\u00bb
\nDisposici\u00f3n final \u00fanica.\u2003Entrada en vigor.
\nEsta ley entrar\u00e1 en vigor el d\u00eda siguiente de su publicaci\u00f3n en el \u00abBolet\u00edn Oficial de Arag\u00f3n\u00bb.
\nAs\u00ed lo dispongo a los efectos del art\u00edculo 9.1 de la Constituci\u00f3n y los correspondientes del Estatuto de Autonom\u00eda de Arag\u00f3n.
\nZaragoza, 7 de marzo de 2019.\u2013El Presidente del Gobierno de Arag\u00f3n, Javier Lamb\u00e1n Monta\u00f1\u00e9s.
\n(Publicada en el \u00abBolet\u00edn Oficial de Arag\u00f3n\u00bb n\u00famero 66, de 4 de abril de 2019)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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