{"id":14115,"date":"2020-12-23T12:51:19","date_gmt":"2020-12-23T12:51:19","guid":{"rendered":"https:\/\/normativamunicipal.com\/uncategorized\/responsabilidad-medioambiental\/"},"modified":"2020-12-23T12:51:19","modified_gmt":"2020-12-23T12:51:19","slug":"responsabilidad-medioambiental","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/normativamunicipal.com\/?p=14115","title":{"rendered":"RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL"},"content":{"rendered":"

Orden TEC\/1023\/2019, de 10 de octubre, por la que se establece la fecha a partir de la cual ser\u00e1 exigible la constituci\u00f3n de la garant\u00eda financiera obligatoria para las actividades del anexo III de la Ley 26\/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, clasificadas como nivel de prioridad 3, mediante Orden ARM\/1783\/2011, de 22 de junio.<\/strong><\/p>\n

[sc name=\u00bbambiental\u00bb ]
\nBOE de 15 de octubre de 2019
\nTEXTO ORIGINAL
\nLa Ley 26\/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, que traspuso a nuestro ordenamiento jur\u00eddico la Directiva 2004\/35\/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relaci\u00f3n con la prevenci\u00f3n y reparaci\u00f3n de da\u00f1os medioambientales, estableci\u00f3 un nuevo r\u00e9gimen administrativo de prevenci\u00f3n y reparaci\u00f3n de da\u00f1os medioambientales basado en el principio de precauci\u00f3n y en el principio de \u00abquien contamina paga\u00bb.
\nLa Ley 26\/2007, de 23 de octubre, establece diversas obligaciones a los operadores que ocasionen da\u00f1os al medio ambiente o amenacen con ocasionarlos. De este modo, los operadores ante una amenaza de da\u00f1o medioambiental deben adoptar las medidas necesarias para prevenirlos o, cuando el da\u00f1o se haya producido, para limitarlo y evitar que se produzcan nuevos da\u00f1os, as\u00ed como devolver los recursos naturales da\u00f1ados a su estado b\u00e1sico, entendido como aquel en el que se encontraban antes de que ocurriera el da\u00f1o.
\nPor otro lado, la Ley 26\/2007, de 23 de octubre, establece en su art\u00edculo 24 que los operadores de las actividades incluidas en su anexo III, sin perjuicio de las exenciones previstas en el art\u00edculo 28, deber\u00e1n disponer de una garant\u00eda financiera que les permita hacer frente a la responsabilidad medioambiental inherente a la actividad o actividades que pretendan desarrollar. Ese mismo art\u00edculo indica que la cantidad que, como m\u00ednimo, deber\u00e1 quedar garantizada, ser\u00e1 determinada por el operador seg\u00fan la intensidad y extensi\u00f3n del da\u00f1o que su actividad pueda causar, y que partir\u00e1 del an\u00e1lisis de riesgos medioambientales de la actividad o de las tablas de baremos que se realizar\u00e1n de acuerdo con la metodolog\u00eda que reglamentariamente se establezca.
\nEn este contexto, el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26\/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, aprobado por el Real Decreto 2090\/2008, de 22 de diciembre, regula las cuestiones fundamentales de la garant\u00eda financiera obligatoria, entre las que se encuentran, entre otras, el procedimiento para determinar su cuant\u00eda, las modalidades de la misma y la determinaci\u00f3n de los operadores que quedan obligados a su constituci\u00f3n y de aquellos que quedan exentos de dicha obligaci\u00f3n.
\nDe este modo, el art\u00edculo 33 del Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26\/2007, de 23 de octubre, establece que la determinaci\u00f3n de la garant\u00eda financiera partir\u00e1 del an\u00e1lisis de riesgos medioambientales de la actividad y establece el procedimiento a seguir para la determinaci\u00f3n de su cuant\u00eda. De acuerdo a ese mismo art\u00edculo, el operador, una vez determinada la cuant\u00eda de la garant\u00eda financiera, y en su caso, constituida, deber\u00e1 presentar a la autoridad competente una declaraci\u00f3n responsable con la informaci\u00f3n m\u00ednima que se indica en el anexo IV del reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26\/2007, de 23 de octubre. La autoridad competente establecer\u00e1 los correspondientes sistemas de control que permitan comprobar el cumplimiento de las obligaciones previstas en ese art\u00edculo.
\nAsimismo, el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26\/2007, de 23 de octubre, prev\u00e9 la posibilidad de realizar, con car\u00e1cter voluntario, an\u00e1lisis de riesgos medioambientales sectoriales y tablas de baremos, con el objeto de facilitar la evaluaci\u00f3n de los escenarios de riesgo y reducir el coste de realizaci\u00f3n de los an\u00e1lisis de riesgos medioambientales. Los instrumentos de an\u00e1lisis de riesgos sectoriales han de estar informados favorablemente por la Comisi\u00f3n t\u00e9cnica de prevenci\u00f3n de da\u00f1os medioambientales para que puedan ser utilizados como base por los operadores de estos sectores de actividad, para el desarrollo de sus an\u00e1lisis de riesgos medioambientales individuales.
\nLa disposici\u00f3n final primera del Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26\/2007, de 23 de octubre, indica que los an\u00e1lisis de riesgos medioambientales necesarios para el c\u00e1lculo de la cuant\u00eda de la garant\u00eda financiera no deber\u00e1 llevarse a cabo con car\u00e1cter obligatorio hasta la fecha a partir de la cual sea exigible la constituci\u00f3n de la garant\u00eda financiera. Igualmente, la disposici\u00f3n final primera indica que los instrumentos de an\u00e1lisis de riesgo sectorial deber\u00e1n estar informados favorablemente por la Comisi\u00f3n t\u00e9cnica de prevenci\u00f3n de da\u00f1os medioambientales, antes de la fecha a partir de la cual sea exigible la constituci\u00f3n de la garant\u00eda financiera obligatoria para cada sector de actividad.
\nLa disposici\u00f3n final cuarta de la Ley 26\/2007, de 23 de octubre, establece que la fecha a partir de la cual ser\u00e1 exigible la constituci\u00f3n de la garant\u00eda financiera obligatoria para cada una de las actividades del anexo III, se determinar\u00e1 por Orden de la Ministra para la Transici\u00f3n Ecol\u00f3gica, previo acuerdo de la Comisi\u00f3n Delegada del Gobierno para Asuntos Econ\u00f3micos, previa consulta a las comunidades aut\u00f3nomas y a los sectores afectados. Asimismo, establece que esas \u00f3rdenes ministeriales se aprobar\u00e1n a partir del 30 de abril de 2010.
\nEn este contexto, el 29 de junio de 2011 se public\u00f3 en el \u00abBolet\u00edn Oficial del Estado\u00bb la Orden ARM\/1783\/2011, de 22 de junio, por la que se establece el orden de prioridad y calendario para la aprobaci\u00f3n de las \u00f3rdenes ministeriales a partir de las cuales ser\u00e1 exigible la garant\u00eda financiera obligatoria, prevista en la disposici\u00f3n final cuarta de la Ley 26\/2007, de 23 de octubre.
\nLa Orden ARM\/1783\/2011, de 22 de junio, estableci\u00f3 un calendario gradual para la elaboraci\u00f3n de las \u00f3rdenes ministeriales a las que se refiere la disposici\u00f3n final cuarta de la Ley 26\/2007, de 23 de octubre, y estableci\u00f3 una priorizaci\u00f3n de las actividades econ\u00f3micas del anexo III de la ley. De esta manera, se establecieron los plazos para los distintos niveles de prioridad, para la aprobaci\u00f3n de las \u00f3rdenes ministeriales que establecer\u00edan la efectiva aplicaci\u00f3n de la garant\u00eda financiera de responsabilidad medioambiental.
\nDe este modo, la Orden ARM\/1783\/2011, de 22 de junio, establece que las \u00f3rdenes ministeriales que determinar\u00edan la fecha de exigibilidad de la garant\u00eda financiera obligatoria para los sectores de actividad clasificados con el nivel de prioridad 1, se publicar\u00eda entre los dos y tres a\u00f1os siguientes a la entrada en vigor de esa orden, las relativas a los sectores clasificados con el nivel de prioridad 2 entre los tres y cinco a\u00f1os siguientes, y las relativas a los sectores de actividad clasificados con el nivel de prioridad 3 entre los cinco y ocho a\u00f1os siguientes.
\nEn cumplimiento de lo establecido por la disposici\u00f3n final cuarta de la Ley 26\/2007, de 23 de octubre, y por la Orden ARM\/1783\/2011, de 22 de junio, el 30 de octubre de 2017, se public\u00f3 en el \u00abBolet\u00edn Oficial del Estado\u00bb la Orden APM\/1040\/2017, de 23 de octubre, por la que se establece la fecha a partir de la cual ser\u00e1 exigible la constituci\u00f3n de la garant\u00eda financiera obligatoria para las actividades del anexo III de la Ley 26\/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, clasificadas como nivel de prioridad 1 y 2 mediante Orden ARM\/1783\/2011, de 22 de junio, y por la que se modifica su anexo.
\nLa entrada en vigor de la Orden APM\/1040\/2017, de 23 de octubre, ha supuesto la aplicaci\u00f3n efectiva de la obligaci\u00f3n de constituir la garant\u00eda financiera prevista en el art\u00edculo 24 de la Ley 26\/2007, de 23 de octubre, que se realizar\u00e1 de manera gradual conforme a lo establecido en la Orden ARM\/1783\/2011, de 22 de junio, para las actividades del anexo III de la Ley 26\/2007, de 23 de octubre.
\nAdicionalmente, la Orden APM\/1040\/2017, de 23 de octubre, modific\u00f3 el anexo de la Orden ARM\/1783\/2011, de 22 de junio, con el objetivo de que \u00e9ste contemple exclusivamente aquellas actividades que quedan sujetas a la obligaci\u00f3n de constituir garant\u00eda financiera, que son aqu\u00e9llas incluida en art\u00edculo 37.2 del Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26\/2007, de 23 de octubre. Adicionalmente, en el anexo modificado de la Orden ARM\/1783\/2011, de 22 de junio, se actualiz\u00f3 la relaci\u00f3n de actividades a las que les afecta el Texto Refundido de la Ley de prevenci\u00f3n y control integrado de la contaminaci\u00f3n, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1\/2016, de 16 de diciembre, y el Real Decreto 815\/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16\/2002, de 1 de julio, de prevenci\u00f3n y control integrados de la contaminaci\u00f3n.
\nLa presente orden ministerial tiene por objeto fijar la fecha a partir de la cual ser\u00e1 exigible la constituci\u00f3n de la garant\u00eda financiera obligatoria prevista en el art\u00edculo 24 de la Ley 26\/2007, de 23 de octubre, para las actividades del anexo III de la misma, clasificadas con nivel de prioridad 3 conforme al anexo de la Orden ARM\/1783\/2011, de 22 de junio, de acuerdo a lo establecido en la disposici\u00f3n final cuarta de la Ley 26\/2007, de 23 de octubre, y al calendario establecido en la Orden ARM\/1783\/2011, de 22 de junio.
\nEl texto se estructura en dos art\u00edculos que regulan la fecha a partir de la cual se exigir\u00e1 la garant\u00eda financiera y dos disposiciones finales sobre los t\u00edtulos competenciales y la entrada en vigor.
\nLa presente norma se adecua a los principios de buena regulaci\u00f3n establecidos en el art\u00edculo 129 de la Ley 39\/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com\u00fan de las Administraciones P\u00fablicas, y en particular, a los principios de necesidad y eficiencia.
\nLa raz\u00f3n de inter\u00e9s general en la que se funda deriva de la exigencia de establecer la fecha a partir de la cual ser\u00e1 exigible la constituci\u00f3n de la garant\u00eda financiera obligatoria que regula la ley. De esta forma, se garantiza la adecuada protecci\u00f3n del medio ambiente mediante el cumplimiento efectivo de los principios de prevenci\u00f3n y de quien contamina paga. La aprobaci\u00f3n de esta orden se considera el instrumento m\u00e1s adecuado para garantizar su consecuci\u00f3n, ya que as\u00ed se contempla en el art\u00edculo 24 de la Ley 26\/2007, de 23 de octubre, y se impone de forma obligatoria para todos los operadores que act\u00faan en territorio espa\u00f1ol.
\nTambi\u00e9n se adecua al principio de proporcionalidad, puesto que contiene las medidas imprescindibles para la protecci\u00f3n del medio ambiente, ya que la cantidad que como m\u00ednimo deba quedar garantizada responde a la actividad que el operador vaya a desarrollar y a la intensidad y extensi\u00f3n del da\u00f1o que \u00e9sta pueda ocasionar. Adem\u00e1s, se partir\u00e1 de un an\u00e1lisis de riesgos medioambientales que determinar\u00e1, de la forma m\u00e1s restrictiva y m\u00e1s objetiva posible, la cuant\u00eda de la garant\u00eda en igualdad de condiciones para todos los operadores.
\nDe acuerdo con el principio de seguridad jur\u00eddica, la norma es coherente con el ordenamiento jur\u00eddico nacional e internacional, en particular con la Directiva 2004\/35\/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relaci\u00f3n con la prevenci\u00f3n y reparaci\u00f3n de da\u00f1os medioambientales, y con el art\u00edculo 24 y disposici\u00f3n final cuarta de la Ley 26\/2007, de 23 de octubre. En este sentido los informes de la Comisi\u00f3n Europea de 2010 y 2016 sobre la evaluaci\u00f3n de la aplicaci\u00f3n de la directiva, destacan el avance espa\u00f1ol en el desarrollo de directrices de evaluaci\u00f3n econ\u00f3mica y t\u00e9cnica, y en el desarrollo de herramientas de an\u00e1lisis de riesgo medioambiental, lo que demuestra el alto grado de adecuaci\u00f3n al Derecho comunitario, pese a que no impone una garant\u00eda obligatoria para todos los Estados miembros, y una correcta incorporaci\u00f3n del mismo al ordenamiento espa\u00f1ol a trav\u00e9s de la ley, su reglamento de desarrollo y las \u00f3rdenes ministeriales sobre la garant\u00eda financiera.
\nConforme con el principio de transparencia, en la elaboraci\u00f3n de la norma se han seguido todos los procesos de participaci\u00f3n y audiencia p\u00fablicas que establece la normativa vigente: se ha sustanciado la consulta p\u00fablica previa, se ha consultado a los agentes econ\u00f3micos y sociales, a las comunidades aut\u00f3nomas, a las Ciudades de Ceuta y Melilla, as\u00ed como a las entidades locales y los sectores m\u00e1s representativos potencialmente afectados. Adem\u00e1s, el proyecto se ha sometido al Consejo Asesor del Medio Ambiente y al tr\u00e1mite de participaci\u00f3n p\u00fablica, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 27\/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la informaci\u00f3n, de participaci\u00f3n p\u00fablica y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003\/4\/CE y 2003\/35\/CE) y en la Ley 50\/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
\nEn aplicaci\u00f3n del principio de eficiencia, la norma no contiene nuevas cargas administrativas y no supondr\u00e1 incremento de los recursos humanos y econ\u00f3micos para la Administraci\u00f3n.
\nEsta orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el art\u00edculo 149.1.11.\u00aa y 23.\u00aa de la Constituci\u00f3n que atribuyen al Estado competencias sobre la legislaci\u00f3n b\u00e1sica de seguros y legislaci\u00f3n b\u00e1sica sobre protecci\u00f3n del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las comunidades aut\u00f3nomas de establecer normas adicionales de protecci\u00f3n.
\nLa presente orden se ha sometido a la Comisi\u00f3n t\u00e9cnica de prevenci\u00f3n y reparaci\u00f3n de da\u00f1os medioambientales. Asimismo, durante el proceso de tramitaci\u00f3n de la misma, se ha consultado, entre otros, a las comunidades aut\u00f3nomas, al Consejo Asesor de Medio Ambiente y a los sectores afectados, y ha sido puesta a disposici\u00f3n del p\u00fablico en general.
\nLa Comisi\u00f3n Delegada del Gobierno para Asuntos Econ\u00f3micos, mediante Acuerdo de 26 de septiembre de 2019, ha autorizado a la Ministra para la Transici\u00f3n Ecol\u00f3gica la adopci\u00f3n de esta orden.
\nEn su virtud, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previo Acuerdo de la Comisi\u00f3n Delegada para Asuntos Econ\u00f3micos, dispongo:
\nArt\u00edculo 1. Objeto.
\nEsta orden tiene por objeto establecer la fecha a partir de la cual ser\u00e1 exigible la garant\u00eda financiera prevista en el art\u00edculo 24 de la Ley 26\/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental a las actividades clasificadas con nivel de prioridad 3 en la Orden ARM\/1783\/2011, de 22 de junio, por la que se establece el orden de prioridad y calendario para la aprobaci\u00f3n de las \u00f3rdenes ministeriales a partir de las cuales ser\u00e1 exigible la garant\u00eda financiera obligatoria, previstas en la disposici\u00f3n final cuarta de la Ley 26\/2007, de 23 de octubre.
\nArt\u00edculo 2. Fecha de la obligatoriedad de constituir garant\u00eda financiera.
\nLas actividades clasificadas con nivel de prioridad 3 en la Orden ARM\/1783\/2011, de 22 de junio, deber\u00e1n disponer de una garant\u00eda financiera que les permita hacer frente a la responsabilidad medioambiental inherente a la actividad o actividades que pretendan desarrollar, en el plazo de dos a\u00f1os a contar desde la fecha de entrada en vigor de la presente orden, a excepci\u00f3n de las actividades de cr\u00eda intensiva de aves de corral o de cerdos que deber\u00e1n disponer de la garant\u00eda financiera en el plazo de tres a\u00f1os a contar desde la fecha de entrada en vigor de la presente orden.
\nDisposici\u00f3n final primera. T\u00edtulos competenciales.
\nEsta orden ministerial se dicta al amparo de lo dispuesto en el art\u00edculo 149.1.23.\u00aa de la Constituci\u00f3n, que atribuye al Estado la competencia sobre legislaci\u00f3n b\u00e1sica de protecci\u00f3n del medio ambiente, y en el art\u00edculo 149.1.11.\u00aa de la Constituci\u00f3n, que atribuye al Estado la competencia sobre las bases de la ordenaci\u00f3n de seguros.
\nDisposici\u00f3n final segunda. Entrada en vigor.
\nLa presente orden entrar\u00e1 en vigor el d\u00eda siguiente al de su publicaci\u00f3n en el \u00abBolet\u00edn Oficial del Estado\u00bb.
\nMadrid, 10 de octubre de 2019.\u2013La Ministra para la Transici\u00f3n Ecol\u00f3gica, Teresa Ribera Rodr\u00edguez.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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