{"id":14491,"date":"2020-12-23T12:53:55","date_gmt":"2020-12-23T12:53:55","guid":{"rendered":"https:\/\/normativamunicipal.com\/uncategorized\/procedimiento-administrativo-castilla-y-leon\/"},"modified":"2020-12-23T12:53:55","modified_gmt":"2020-12-23T12:53:55","slug":"procedimiento-administrativo-castilla-y-leon","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/normativamunicipal.com\/?p=14491","title":{"rendered":"Procedimiento administrativo CASTILLA Y LEON"},"content":{"rendered":"

ORDEN EEI\/334\/2020, de 30 de marzo, por la que se acuerda la ampliaci\u00f3n del plazo m\u00e1ximo de resoluci\u00f3n y notificaci\u00f3n del procedimiento de suspensi\u00f3n de contratos y reducci\u00f3n de jornada por causa de fuerza mayor, que tengan su causa en el COVID-19, incluida la declaraci\u00f3n del estado de alarma.<\/strong><\/p>\n


\nEl art\u00edculo 22 del Real Decreto-ley 8\/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto econ\u00f3mico y social del COVID-19, establece unas medidas excepcionales en relaci\u00f3n con los procedimientos de suspensi\u00f3n de contratos y reducci\u00f3n de jornada por causa de fuerza mayor que tengan su causa directa en p\u00e9rdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaraci\u00f3n del estado de alarma.
\nSon medidas que persiguen evitar que una situaci\u00f3n coyuntural como la actual tenga un impacto negativo de car\u00e1cter estructural sobre el empleo. Como se\u00f1ala la exposici\u00f3n de motivos del Real Decreto-ley 8\/2020, de 17 de marzo, \u00abeste tipo de medidas que tienen por objetivo la flexibilizaci\u00f3n y agilizaci\u00f3n de los procedimientos de regulaci\u00f3n de empleo y la mejora de la cobertura, tanto para los trabajadores como para los empresarios, contribuye a minorar el impacto negativo sobre el empleo y la actividad econ\u00f3mica, dado que se priorizar\u00e1 el mantenimiento del empleo sobre la extinci\u00f3n de los contratos.\u00bb
\nEn este contexto, el citado art\u00edculo 22 contiene una serie de especialidades, respecto del recogido en la normativa reguladora de estos procedimientos, que resultan de aplicaci\u00f3n en aquellos supuestos en que se decida por la empresa la suspensi\u00f3n de contratos o la reducci\u00f3n temporal de la jornada de trabajo por causa de fuerza mayor con base en los supuestos descritos en el apartado 1 de dicho precepto:
\n\u2022 \u00ab1. Las suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan su causa directa en p\u00e9rdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaraci\u00f3n del estado de alarma, que impliquen suspensi\u00f3n o cancelaci\u00f3n de actividades, cierre temporal de locales de afluencia p\u00fablica, restricciones en el transporte p\u00fablico y, en general, de la movilidad de las personas y\/o las mercanc\u00edas, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopci\u00f3n de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que queden debidamente acreditados, tendr\u00e1n la consideraci\u00f3n de provenientes de una situaci\u00f3n de fuerza mayor, con las consecuencias que se derivan del art\u00edculo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2\/2015, de 23 de octubre\u00bb.
\nUna de estas medidas especiales que afecta al citado procedimiento es la referida al plazo de resoluci\u00f3n contenido en el art\u00edculo 22.2 c) del Real Decreto-ley, al disponer que \u00abLa resoluci\u00f3n de la autoridad laboral se dictar\u00e1 en el plazo de cinco d\u00edas desde la solicitud, previo informe, en su caso, de la Inspecci\u00f3n de Trabajo y Seguridad Social y deber\u00e1 limitarse a constatar la existencia, cuando proceda, de la fuerza mayor alegada por la empresa correspondiendo a \u00e9sta la decisi\u00f3n sobre la aplicaci\u00f3n de medidas de suspensi\u00f3n de los contratos o reducci\u00f3n de jornada, que surtir\u00e1n efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor\u00bb.
\nSin perjuicio de la flexibilidad y agilidad administrativas que pretenden las medidas se\u00f1aladas, el n\u00famero de las solicitudes formuladas en la Comunidad Aut\u00f3noma de Castilla y Le\u00f3n derivadas de la suspensi\u00f3n de actividades que ha sido ordenada por las Administraciones P\u00fablicas, estatal y auton\u00f3micas, hacen presuponer un dif\u00edcil cumplimiento del plazo m\u00e1ximo de resoluci\u00f3n.
\nUna suspensi\u00f3n de actividad tan extensa y generalizada que afecta a la mayor parte del tejido econ\u00f3mico de Castilla y Le\u00f3n y que resulta obligada para todos los empresarios y titulares de los establecimientos afectados por las citadas disposiciones, y en otros casos, por decisiones adoptadas por la autoridades sanitarias por razones extraordinarias y urgentes vinculadas con el contagio o aislamiento preventivo, ha motivado, como no pod\u00eda ser de otro modo, la presentaci\u00f3n de un gran n\u00famero de solicitudes de suspensi\u00f3n de contratos y reducci\u00f3n de jornada por causa de fuerza mayor que tienen su causa en el COVID-19.
\nPor otra parte, no debemos olvidar que los procedimientos de regulaci\u00f3n de empleo, aunque sea temporal, tienen un impacto negativo de car\u00e1cter estructural sobre el empleo y la econom\u00eda, y sobre todo, para los trabajadores y los empresarios. Por este motivo, la Administraci\u00f3n debe ser rigurosa en su aplicaci\u00f3n; Es obligado que examine y constate la existencia, caso por caso, de la fuerza mayor alegada por cada una de las empresas, requiriendo la subsanaci\u00f3n de deficiencias de la documentaci\u00f3n aportada y la acreditaciones de la fuerza mayor, especialmente en aquellos casos en que esta se motive en causas indirectas, para evitar que se puedan producir autorizaciones no ajustadas a la legalidad vigente en perjuicio de los trabajadores y del inter\u00e9s p\u00fablico.
\nEste an\u00e1lisis y verificaci\u00f3n de datos relativos a las numerosas empresas que han presentado solicitudes es una tarea que requiere de un tiempo importante que puede llevar a sobrepasar el plazo legal establecido. Por todo ello, resulta necesario adoptar una decisi\u00f3n que d\u00e9 una respuesta extraordinaria y razonable para el conjunto de tales expedientes y enfocar el cumplimiento regular de los plazos de una manera global respecto a todos ellos.
\nEl art\u00edculo 23.1 de Ley 39\/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com\u00fan de las Administraciones P\u00fablicas, establece que de manera excepcional, cuando se hayan agotado los medios personales y materiales disponibles referidos en el apartado 5 del art\u00edculo 21, el \u00f3rgano competente para resolver, a propuesta, en su caso, del \u00f3rgano instructor o el superior jer\u00e1rquico del \u00f3rgano competente para resolver, podr\u00e1 acordar de manera motivada la ampliaci\u00f3n del plazo m\u00e1ximo de resoluci\u00f3n y notificaci\u00f3n, no pudiendo ser \u00e9ste superior al establecido para la tramitaci\u00f3n del procedimiento.
\nEl apartado 2 del mismo art\u00edculo, precisa que no cabr\u00e1 recurso alguno contra el acuerdo que declare la ampliaci\u00f3n de plazos, que deber\u00e1 ser notificado a los interesados.
\nEl Tribunal Supremo, en relaci\u00f3n con el derogado art\u00edculo 42.6 de la Ley 30\/1992, de 26 de noviembre, de R\u00e9gimen Jur\u00eddico de las Administraciones P\u00fablicas y del Procedimiento Administrativo Com\u00fan, ha interpretado esta previsi\u00f3n legal en el sentido de que basta una justificaci\u00f3n clara y real de la dificultad para resolver en el plazo ordinario para que sea admisible la ampliaci\u00f3n del mismo. Esto es, que la soluci\u00f3n de la ampliaci\u00f3n del plazo no puede concebirse como una posibilidad extrema en supuestos absolutamente excepcionales, sino como una posibilidad admisible cuando la Administraci\u00f3n no encuentre otra forma razonable para el cumplimiento del plazo y lo justifique adecuadamente (STS de 20 de abril de 2011 que cita Sentencias de 10 de julio de 2.008 – RC 7.144\/2.005 – y 4 de marzo de 2.009 – RC 3.943\/2.006 -).
\nAsimismo, la doctrina del Tribunal Supremo recogida en la citada sentencia de 20 de abril, de 2011 indica que \u00abdebe tambi\u00e9n admitirse que si la Administraci\u00f3n ha de hacer frente a una excesiva acumulaci\u00f3n de expedientes de cualquier g\u00e9nero tiene que enfocar el cumplimiento regular de los plazos de una manera global respecto a todos ellos, por encima de las incidencias de cada expediente en concreto, por lo que la ampliaci\u00f3n del plazo se presenta como una respuesta extraordinaria razonable para el conjunto de tales expedientes\u00bb.
\nDe acuerdo con dicho precepto y la Jurisprudencia expresada, en atenci\u00f3n a las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia de COVID-19 y de la situaci\u00f3n de estado de alarma, con motivaci\u00f3n en las circunstancias descritas en esta orden que suponen la imposibilidad de cumplir el plazo de resoluci\u00f3n de cinco d\u00edas establecido en el art\u00edculo 22 del Real Decreto-ley 8\/2020, de 17 de marzo, y con la finalidad de resolver, con las debidas garant\u00edas y seguridad jur\u00eddica que el procedimiento de regulaci\u00f3n temporal de empleo exige, las solicitudes de suspensi\u00f3n de contratos y reducci\u00f3n de jornada por causa de fuerza mayor que tengan su causa directa en p\u00e9rdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, se considera que concurren los requisitos y razones de inter\u00e9s p\u00fablico para proceder a la ampliaci\u00f3n del plazo m\u00e1ximo de resoluci\u00f3n y notificaci\u00f3n de todos estos procedimientos, conforme se establece en el art\u00edculo 23 de la Ley 39\/2015, de 1 de octubre.
\nDicha ampliaci\u00f3n de plazo, por las especiales circunstancias descritas y el inter\u00e9s p\u00fablico concurrente, de acuerdo con los principios de eficacia y agilidad que presiden la actuaci\u00f3n de las Administraciones P\u00fablicas, ser\u00e1 objeto de publicaci\u00f3n en el Bolet\u00edn Oficial de Castilla y Le\u00f3n a efectos de su notificaci\u00f3n a todos los interesados, en aplicaci\u00f3n de lo dispuesto en el art\u00edculo 45 de la Ley 39\/2015, de 1 de octubre. Asimismo, ser\u00e1 publicada en la p\u00e1gina web corporativa de la Junta de Castilla y Le\u00f3n, para general conocimiento de todos los ciudadanos.
\nPor cuanto antecede, en virtud de lo dispuesto en el art\u00edculo 23.1 de Ley 39\/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com\u00fan de las Administraciones P\u00fablicas, en ejercicio de las competencias atribuidas,
\nRESUELVO
\nPrimero.\u2013 Declarar aplicable la ampliaci\u00f3n del plazo m\u00e1ximo de resoluci\u00f3n y notificaci\u00f3n de todos los procedimientos de suspensi\u00f3n de contratos y reducci\u00f3n de jornada por causa de fuerza mayor que tengan su causa directa en p\u00e9rdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaraci\u00f3n del estado de alarma, cuya resoluci\u00f3n sea competencia de la Direcci\u00f3n General de Trabajo y Prevenci\u00f3n de Riesgos Laborales, ampliando cinco d\u00edas el plazo previsto en el art\u00edculo 22.2.c) del Real Decreto-ley 8\/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto econ\u00f3mico y social del COVID-19.
\nSegundo.\u2013 Publicar esta orden en el Bolet\u00edn Oficial de Castilla y Le\u00f3n a efectos de su notificaci\u00f3n a todos los interesados en aplicaci\u00f3n de lo dispuesto el art\u00edculo 45 de la Ley 39\/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com\u00fan de las Administraciones P\u00fablicas y en la p\u00e1gina web corporativa de la Junta de Castilla y Le\u00f3n para su conocimiento general.
\nValladolid, 30 de marzo de 2020.
\nEl Consejero
\nde Empleo e Industria, Fdo.: Germ\u00e1n Barrios Garc\u00eda<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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