{"id":14496,"date":"2020-12-23T12:53:55","date_gmt":"2020-12-23T12:53:55","guid":{"rendered":"https:\/\/normativamunicipal.com\/uncategorized\/contratos-publicos-extremadura\/"},"modified":"2020-12-24T11:19:38","modified_gmt":"2020-12-24T11:19:38","slug":"contratos-publicos-extremadura","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/normativamunicipal.com\/?p=14496","title":{"rendered":"Contratos p\u00fablicos EXTREMADURA"},"content":{"rendered":"

DECRETO-LEY 4\/2020, de 1 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias en el \u00e1mbito de la contrataci\u00f3n p\u00fablica para responder al impacto de la crisis ocasionada por el COVID-19.<\/strong><\/p>\n


\nI
\nEl pasado 30 de enero la Organizaci\u00f3n Mundial de la Salud declar\u00f3 que la situaci\u00f3n en relaci\u00f3n al coronavirus COVID-19 supon\u00eda una emergencia de salud p\u00fablica de importancia internacional, desde entonces se han ido adoptando diferentes medidas para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresi\u00f3n de la enfermedad y reforzar el sistema de salud p\u00fablica. Adem\u00e1s, tambi\u00e9n se han arbitrado medidas de car\u00e1cter econ\u00f3mico y administrativo para paliar los efectos adicionales de esta crisis.
\nComo consecuencia de la situaci\u00f3n extraordinaria existente en nuestro pa\u00eds y por la aplicaci\u00f3n del Real Decreto 463\/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gesti\u00f3n de la situaci\u00f3n de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, modificado por el Real Decreto 465\/2020, de 17 de marzo, la Junta de Extremadura ha aprobado un considerable repertorio de medidas, adicionalmente a lo dictado por el Gobierno de Espa\u00f1a y otras Administraciones, entre las que se encuentran el Decretoley 2\/2020, de 25 de marzo, de medidas urgentes de car\u00e1cter tributario para paliar los efectos del COVID-19 en la Comunidad Aut\u00f3noma de Extremadura, as\u00ed como el Decretoley 3\/2020, de 25 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes y extraordinarias en el \u00e1mbito administrativo para responder al impacto de la crisis ocasionada por el COVID-19.
\nLa gravedad de la crisis sanitaria actual ha conducido a una ampliaci\u00f3n del estado de alarma, aprobada mediante una nueva norma, el Real Decreto 476\/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463\/2020, de 14 de marzo. Igualmente, con el fin de redoblar esfuerzos en la lucha contra la pandemia, el Gobierno de Espa\u00f1a recientemente ha introducido de manera dr\u00e1stica nuevas limitaciones de la actividad econ\u00f3mica y social, en todos los sectores excepto en los definidos como esenciales.
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\nII
\nAnte la rapidez de la evoluci\u00f3n de los hechos, a escala nacional e internacional, y en este escenario excepcional en el que nos encontramos, la Junta de Extremadura debe seguir adoptando medidas, de car\u00e1cter extraordinario, que pal\u00eden las situaciones complejas que est\u00e1 generando esta crisis, cuyas consecuencias afectan especialmente a los \u00e1mbitos administrativo, laboral y empresarial, adem\u00e1s, del sanitario.
\nEste decreto-ley tiene por objeto la adopci\u00f3n de nuevas medidas para responder al impacto econ\u00f3mico negativo en el \u00e1mbito de la contrataci\u00f3n p\u00fablica. Desde el inicio de la crisis hasta ahora, han sido varias las normas aprobadas que han contemplado medidas en materia de contrataci\u00f3n p\u00fablica, en este sentido, el Real Decreto-ley 7\/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto econ\u00f3mico del COVID-19 y el Real Decreto-ley 8\/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto econ\u00f3mico y social del COVID-19, han definido procedimientos especiales y extraordinarios para responder a esta situaci\u00f3n. Tambi\u00e9n lo ha hecho la Junta de Extremadura, mediante el Decreto-ley 3\/2020, de 25 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes y extraordinarias en el \u00e1mbito administrativo para combatir el impacto de la crisis ocasionada por el COVID-19, entre otras disposiciones.
\nEn este sentido, la situaci\u00f3n creada por la crisis sanitaria junto con el reciente escenario planteado por las nuevas disposiciones aprobadas, comportan sustanciales inconvenientes para la Administraci\u00f3n P\u00fablica, particularmente para los servicios de contrataci\u00f3n, cuyas dificultades para elaborar y completar los expedientes de contrataci\u00f3n se han agravado considerablemente, en tanto que los recursos t\u00e9cnicos est\u00e1n muy limitados. Las consecuencias de estas dificultades afectan al entorno empresarial y tambi\u00e9n a los propios servicios p\u00fablicos y perdurar\u00e1n durante un periodo de tiempo que va m\u00e1s all\u00e1 del estado de alarma, por la acumulaci\u00f3n de procedimientos y tr\u00e1mites en los pr\u00f3ximos meses.
\nPor ello, en base al apartado primero del art\u00edculo 34, p\u00e1rrafo quinto, del Real Decreto-ley 8\/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto econ\u00f3mico y social del COVID-19, as\u00ed como en las competencias que atribuye el Estatuto de Autonom\u00eda de Extremadura, mediante este decreto-ley se establece la posibilidad de pr\u00f3rroga forzosa para los contratos de servicios y de suministros de prestaci\u00f3n sucesiva cuando a su vencimiento no se hubiera formalizado un nuevo contrato. De este modo, como se expresaba en el p\u00e1rrafo anterior, se garantiza la continuidad de los servicios que son ordinarios e imprescindibles para el funcionamiento de la Administraci\u00f3n, evitando as\u00ed consecuencias negativas para el servicio p\u00fablico, pero tambi\u00e9n para las empresas contratistas y sus trabajadores.
\nDe igual manera resulta urgente paliar las necesidades de financiaci\u00f3n de los proveedores de la administraci\u00f3n que han visto suspendida su actividad por causa de las mediadas de confi
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\nnamiento social decretadas, para hacer frente a la pandemia. Se pretende por ser necesario y urgente en estos momentos de suspensi\u00f3n de la actividad econ\u00f3mica arbitrar un sistema general de pagos parciales a cuenta, que se correspondan rec\u00edprocamente con prestaciones parciales puestas efectivamente a disposici\u00f3n de la Administraci\u00f3n.
\nAsimismo, es urgente arbitrar todos los cauces de colaboraci\u00f3n entre \u00f3rganos de contrataci\u00f3n auton\u00f3micos para atender las necesidades perentorias y puntuales de los sistemas sanitarios y socio sanitarios regionales, de tal suerte que se ponga a disposici\u00f3n, material y presupuestariamente, de los responsables de tales necesidades todos los recursos operativos existentes en la Administraci\u00f3n.
\nIII
\nLa Constituci\u00f3n espa\u00f1ola, en su art\u00edculo 149.1.18, atribuye al Estado competencia exclusiva para promulgar la legislaci\u00f3n b\u00e1sica sobre contrataci\u00f3n administrativa, de aplicaci\u00f3n general a todas las Administraciones p\u00fablicas. Asimismo, corresponde a la Comunidad Aut\u00f3noma de Extremadura la competencia exclusiva en materia de creaci\u00f3n, organizaci\u00f3n, r\u00e9gimen jur\u00eddico y funcionamiento de sus instituciones, la organizaci\u00f3n de su propia Administraci\u00f3n y la de los entes instrumentales que de ella dependan, as\u00ed como, en el marco de la legislaci\u00f3n b\u00e1sica del Estado, la competencia de desarrollo normativo y ejecuci\u00f3n en materia de r\u00e9gimen jur\u00eddico de las Administraciones p\u00fablicas y contrataci\u00f3n del sector p\u00fablico y universidades, de acuerdo con lo dispuesto en los art\u00edculos 9.1.1 y 10.1.1 y 5 del Estatuto de Autonom\u00eda de Extremadura.
\nEl art\u00edculo 33 de la Ley Org\u00e1nica 1\/2011, de 28 de enero, de modificaci\u00f3n del Estatuto de Autonom\u00eda de la Comunidad Aut\u00f3noma de Extremadura faculta a la Junta de Extremadura en caso de extraordinaria y urgente necesidad, para dictar disposiciones legislativas provisionales bajo la forma de decreto-ley. Atendiendo a la especial gravedad de la situaci\u00f3n en la que nos encontramos, nadie duda de la extraordinaria necesidad de recurrir a la adopci\u00f3n de medidas de todo tipo que vengan a paliar y a contener la situaci\u00f3n en la que nos encontramos, y en esta especial gravedad, adem\u00e1s, es necesaria una r\u00e1pida actuaci\u00f3n. En el \u00e1mbito legislativo, el instrumento constitucionalmente l\u00edcito que permite una actuaci\u00f3n de urgencia es el decreto-Ley, figura a la que se recurre, en cuanto las circunstancias en las que se adoptan enunciadas anteriormente justifica la extraordinaria y urgente necesidad de que las medidas aqu\u00ed previstas entren en vigor con la mayor celeridad posible, sin que pudieran esperar a una tramitaci\u00f3n parlamentaria puesto que los efectos sobre la ciudadan\u00eda ser\u00edan demasiado gravosos y perder\u00eda su esperada eficacia en el fin \u00faltimo de las mismas.
\nPor tanto, en el presente supuesto, el car\u00e1cter extraordinario y excepcional de la situaci\u00f3n deriva de la declaraci\u00f3n del estado de alarma provocada por la situaci\u00f3n sanitaria, que requiere la adopci\u00f3n con urgencia de medidas que pal\u00eden, en la medida de lo posible, la situaci\u00f3n creada y que no pueda aplazarse, incluso mediante la utilizaci\u00f3n de
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\nmedios legislativos de urgencia, a un momento posterior. Cumpliendo as\u00ed la presente norma los requerimientos fijados tanto por el citado art\u00edculo 33 como por la numerosa jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la materia (por todas, STC 61\/2018, de 7 de junio de 2018, FJ 4, en lo que se refiere a la extraordinaria y urgente necesidad, y las SSTC 31\/2011, de 17 de marzo, FJ 4; 137\/2011, de 14 de septiembre, FJ 6 , y 100\/2012, de 8 de mayo, en lo relativo a \u00absituaciones concretas de los objetivos gubernamentales que por razones dif\u00edciles de prever requieran una acci\u00f3n normativa inmediata en un plazo m\u00e1s breve que el requerido por la v\u00eda normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitaci\u00f3n parlamentaria de las leyes\u00bb).
\nEste decreto-ley es coherente con los principios de buena regulaci\u00f3n establecidos en el art\u00edculo 129 de la Ley 39\/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com\u00fan de las Administraciones P\u00fablicas. De lo expuesto en los p\u00e1rrafos anteriores se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia. El decretoLey es acorde al principio de proporcionalidad, al contener la regulaci\u00f3n imprescindible para la consecuci\u00f3n de los objetivos previamente mencionados, e igualmente se ajusta al principio de seguridad jur\u00eddica.
\nEn virtud de lo expuesto, haciendo uso de la autorizaci\u00f3n contenida en el art\u00edculo 33 del Estatuto de Autonom\u00eda de Extremadura y, a propuesta de la Vicepresidenta Primera y Consejera de Hacienda y Administraci\u00f3n P\u00fablica, previa deliberaci\u00f3n del Consejo de Gobierno, en su reuni\u00f3n del d\u00eda 1 de abril de 2020,
\nDISPONGO:
\nArt\u00edculo 1. Pr\u00f3rroga de continuidad.
\nEn los t\u00e9rminos definidos en el art\u00edculo 34.1 del Real Decreto-ley 8\/2020, de 17 de marzo, podr\u00e1n prorrogarse los contratos de servicios y de suministros de prestaci\u00f3n sucesiva vigentes a la entrada en vigor del presente decreto-ley, cuando a su vencimiento no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestaci\u00f3n. El contrato prorrogado finalizar\u00e1 con el inicio de la ejecuci\u00f3n del nuevo contrato, no pudiendo ser su duraci\u00f3n superior a nueve meses; todo ello con independencia de la fecha de publicaci\u00f3n de la licitaci\u00f3n del nuevo expediente.
\nDicha pr\u00f3rroga ser\u00e1 obligatoria para el contratista en aquellos contratos en los que concurra alguna de las siguientes circunstancias: vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, sean indispensables para la protecci\u00f3n del inter\u00e9s general o para el funcionamiento b\u00e1sico de los servicios, sin perjuicio de la aplicaci\u00f3n en estos supuestos del procedimiento de emergencia
\ncuando proceda.
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\nArt\u00edculo 2. Pagos parciales.
\nEn los contratos p\u00fablicos de servicios y de suministro, vigentes a la entrada en vigor de este decreto-ley, celebrados por la Administraci\u00f3n de la Comunidad Aut\u00f3noma y su sector p\u00fablico, con independencia de lo previsto en el pliego de cl\u00e1usulas administrativas particulares, los \u00f3rganos de contrataci\u00f3n podr\u00e1n abonar en concepto de pago parcial, a cuenta del precio del contrato, por una sola vez, el importe correspondiente al precio de las prestaciones parciales realmente ejecutadas, puestas a disposici\u00f3n de la Administraci\u00f3n y certificadas de conformidad por el \u00f3rgano competente.
\nLa aplicaci\u00f3n de lo dispuesto en este apartado ser\u00e1 a instancia del contratista y previa justificaci\u00f3n de las prestaciones ejecutadas y certificadas de conformidad. El \u00f3rgano de contrataci\u00f3n resolver\u00e1 lo que proceda en el plazo m\u00e1ximo de 10 d\u00edas naturales. Transcurrido el
\nplazo indicado sin notificarse la resoluci\u00f3n expresa al contratista, esta deber\u00e1 entenderse desestimatoria.
\nArt\u00edculo 3. Colaboraci\u00f3n entre \u00f3rganos de contrataci\u00f3n.
\nDurante el presente ejercicio presupuestario, los distintos \u00f3rganos de contrataci\u00f3n de la Junta de Extremadura y su sector p\u00fablico, a requerimiento expreso de la autoridad sanitaria auton\u00f3mica competente y por razones de eficacia y celeridad, celebrar\u00e1n y abonar\u00e1n, con medios y partidas presupuestarias propias, aquellos contratos precisos para atender las necesidades derivadas de las medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia provocada por el COVID-19 y sus consecuencias.
\nEl requerimiento de colaboraci\u00f3n contractual especificar\u00e1 los elementos estructurales de los contratos a celebrar, en concreto el objeto preciso del contrato, plazo de entrega y valor estimado del contrato, as\u00ed como todas dem\u00e1s circunstancias esenciales objeto de la contrataci\u00f3n.
\nLos bienes o servicios resultantes ser\u00e1n puestos a disposici\u00f3n del Servicio Extreme\u00f1o de Salud, del Servicio Extreme\u00f1o de Promoci\u00f3n de la Autonom\u00eda y Atenci\u00f3n a la Dependencia, y de los dem\u00e1s \u00f3rganos relacionados con los servicios sanitarios y socio sanitarios cuyas necesidades son objeto de la contrataci\u00f3n.
\nEn el plazo de 30 d\u00edas, por la consejer\u00eda contratante se dar\u00e1 cuenta al Consejo de Gobierno de los contratos celebrados en colaboraci\u00f3n con la autoridad sanitaria competente.
\nDisposici\u00f3n derogatoria \u00fanica. Derogaci\u00f3n normativa.
\nQuedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan o contradigan a lo establecido en el presente decreto-ley.
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\nDisposici\u00f3n final primera. Habilitaci\u00f3n.
\nSe autoriza al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura y a las personas titulares de las Consejer\u00edas de la Administraci\u00f3n de la Comunidad Aut\u00f3noma de Extremadura, en el \u00e1mbito de sus competencias, para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecuci\u00f3n de este decreto-ley.
\nDisposici\u00f3n final segunda. Entrada en vigor.
\nEste decreto-ley entrar\u00e1 en vigor el mismo d\u00eda de su publicaci\u00f3n en el Diario Oficial de Extremadura y sus efectos decaer\u00e1n, en todo caso, el 31 de diciembre de 2020, sin perjuicio de que, por normativa estatal b\u00e1sica que afecte a las medidas incluidas, se establezca una vigencia diferente.
\nM\u00e9rida, 1 de abril de 2020.
\nEl P residente de la Junta de Extremadura, GUILLERMO FERN\u00c1NDEZ VARA
\nLa Vicepresidenta Primera y Consejera de Hacienda y Administraci\u00f3n P\u00fablica, PILAR BLANCO-MORALES LIMONES<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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