{"id":14515,"date":"2020-12-23T12:54:00","date_gmt":"2020-12-23T12:54:00","guid":{"rendered":"https:\/\/normativamunicipal.com\/uncategorized\/recursos-humanos-contra-covid-19-en-castilla-y-leon\/"},"modified":"2020-12-23T12:54:00","modified_gmt":"2020-12-23T12:54:00","slug":"recursos-humanos-contra-covid-19-en-castilla-y-leon","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/normativamunicipal.com\/?p=14515","title":{"rendered":"Recursos humanos contra COVID-19 en CASTILLA Y LEON"},"content":{"rendered":"

ORDEN PRE\/339\/2020, de 6 de abril, por la que se adoptan medidas en materia de asignaci\u00f3n eficiente de recursos humanos disponibles en el \u00e1mbito de la Administraci\u00f3n de la Comunidad de Castilla y Le\u00f3n y sus organismos aut\u00f3nomos ante la situaci\u00f3n de crisis ocasionada por el COVID-19.<\/strong><\/p>\n

<\/p>\n

El Real Decreto 463\/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma prorrogado por Real Decreto 476\/2020, de 27 de marzo, dispone en su art\u00edculo 6 que cada Administraci\u00f3n conservar\u00e1 las competencias que le otorga la legislaci\u00f3n vigente en la gesti\u00f3n ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime necesarias en el marco de las \u00f3rdenes directas de la autoridad competente a los efectos del estado de alarma, y espec\u00edficamente en su art\u00edculo 12.2 que las administraciones p\u00fablicas auton\u00f3micas y locales mantendr\u00e1n la gesti\u00f3n, dentro de su \u00e1mbito de competencia, de los correspondientes servicios sanitarios, asegurando en todo momento su adecuado funcionamiento. El art\u00edculo 4.2.d) del citado Real Decreto 463\/2020, de 14 de marzo, determina que el Ministro de Sanidad tendr\u00e1 la condici\u00f3n de autoridad competente delegada, tanto en su propia \u00e1rea de responsabilidad como otras \u00e1reas que determina, y en concreto le reserva el ejercicio de cuantas facultades resulten necesarias para garantizar la adecuada prestaci\u00f3n sanitaria a la poblaci\u00f3n, incluida la posibilidad de determinar la mejor distribuci\u00f3n en el territorio de todos los medios t\u00e9cnicos y personales, de acuerdo con las necesidades que se pongan de manifiesto en la gesti\u00f3n de esta crisis sanitaria. En su art\u00edculo 20 el Real Decreto 463\/2020, establece que el incumplimiento o la resistencia a las \u00f3rdenes de las autoridades competentes en el estado de alarma ser\u00e1 sancionado con arreglo a las leyes, en los t\u00e9rminos establecidos en el art\u00edculo diez de la Ley Org\u00e1nica 4\/1981, de 1 de junio.<\/p>\n

El Real Decreto-ley 10\/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la poblaci\u00f3n en el contexto de la lucha contra el COVID-19, habilita en su disposici\u00f3n adicional primera a las autoridades competentes en las comunidades aut\u00f3nomas para dictar las instrucciones y resoluciones que sean necesarias para regular la prestaci\u00f3n de servicios de los empleados p\u00fablicos con el objeto de mantener el funcionamiento de los servicios p\u00fablicos que se consideren esenciales.<\/p>\n

La Orden SND\/232\/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la gesti\u00f3n de la situaci\u00f3n de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (B.O.E. n.\u00ba 68 de 15 de marzo) dispone, a fin de garantizar la existencia de profesionales suficientes para atender a todas las personas afectadas por el virus, que las comunidades aut\u00f3nomas podr\u00e1n adoptar las medidas necesarias para garantizar la protecci\u00f3n de personas, bienes y lugares, pudiendo imponer a los empleados p\u00fablicos y trabajadores al servicio de las mismas, cualquiera que sea su categor\u00eda profesional, servicios extraordinarios por su duraci\u00f3n o por su naturaleza, la encomienda de funciones distintas de las correspondientes a su puesto de trabajo, categor\u00eda o especialidad, u ordenar medidas de movilidad geogr\u00e1fica, utilizando de manera racional los recursos humanos disponibles, todo ello con las \u00fanicas limitaciones que la propia disposici\u00f3n determina.<\/p>\n

Por su parte, la Orden SND\/295\/2020, de 26 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos en el \u00e1mbito de los servicios sociales ante la situaci\u00f3n de crisis ocasionada por el COVID-19 (B.O.E. n.\u00ba 86 de 28 de marzo) establece en su art\u00edculo tercero, a fin de garantizar la continuidad y el correcto funcionamiento del sistema de servicios sociales en su conjunto, que las Comunidades Aut\u00f3nomas podr\u00e1n imponer al personal de los servicios sociales la prestaci\u00f3n de servicios extraordinarios, ya sea en raz\u00f3n de su duraci\u00f3n o de su naturaleza, la encomienda de funciones distintas de las correspondientes a su puesto de trabajo, categor\u00eda o especialidad, teniendo en cuenta la capacitaci\u00f3n profesional, y medidas de reasignaci\u00f3n de efectivos y cambios de centro de trabajo, siempre que no comporten movilidad geogr\u00e1fica. As\u00ed mismo dispone que todo el personal de servicios sociales, incluido el personal administrativo, deber\u00e1 estar disponible para ser requerido en cualquier momento para la prestaci\u00f3n de tareas presenciales.<\/p>\n

A tenor del art\u00edculo s\u00e9ptimo de la misma orden, corresponde a las autoridades competentes de cada comunidad aut\u00f3noma dictar las resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas que, en la esfera espec\u00edfica de su actuaci\u00f3n, sean necesarias para garantizar la eficacia de lo dispuesto en dicha norma.<\/p>\n

El Acuerdo 9\/2020 de 11 de marzo, de la Junta de Castilla y Le\u00f3n, sobre medidas a adoptar en los centros de trabajo dependientes de la Administraci\u00f3n de la Comunidad Aut\u00f3noma con motivo del COVID-19 establece diversas medidas organizativas para el funcionamiento de la administraci\u00f3n general durante el estado de alarma, disponiendo en aras a la continuidad de los servicios y ante la posible la descapitalizaci\u00f3n de personal por motivos de salud p\u00fablica entre otras medidas, que el personal que preste servicios de car\u00e1cter asistencial, sanitario o socio-sanitario, y de servicios sociales, se someter\u00e1 al r\u00e9gimen de funcionamiento que establezca la Consejer\u00eda competente para la debida prestaci\u00f3n del servicio, que se podr\u00e1n adoptar por los Secretarios Generales de las Consejer\u00edas las medidas convenientes de adscripci\u00f3n temporal para la cobertura de los servicios esenciales, y que todas las medidas contempladas en el Acuerdo, se establecen sin perjuicio de la sujeci\u00f3n de todo el personal a las necesidades del servicio y de su disposici\u00f3n, cuando se les requiera, para la prestaci\u00f3n de los servicios p\u00fablicos encomendados a la Administraci\u00f3n General de la Comunidad de Castilla y Le\u00f3n. Se trata, pues, de tres medidas organizativas diferentes y de distinto alcance subjetivo de aplicaci\u00f3n.<\/p>\n

No obstante, con posterioridad a su dictado, el avance de la pandemia obliga a esta administraci\u00f3n a aplicar la Disposici\u00f3n Adicional Primera del Real Decreto-ley 10\/2020, de 29 de marzo.<\/p>\n

En su virtud, en el ejercicio de las competencias previstas en el art\u00edculo 7. x) de la Ley 7\/2005, de 24 de mayo, de la Funci\u00f3n P\u00fablica de Castilla y Le\u00f3n en relaci\u00f3n a la disposici\u00f3n adicional primera del Real Decreto-ley 10\/20220, de 29 de marzo, previa propuesta de la Direcci\u00f3n General de la Funci\u00f3n P\u00fablica,<\/p>\n

RESUELVO<\/p>\n

Primero.<\/p>\n

1.\u2013 Los empleados p\u00fablicos de la Administraci\u00f3n de la Comunidad de Castilla y Le\u00f3n y sus organismos aut\u00f3nomos, que presten servicios de car\u00e1cter asistencial, sanitario o socio-sanitario, y de servicios sociales, que est\u00e9n prestando servicios en cualquier Consejer\u00eda, Organismo Aut\u00f3nomo o Delegaci\u00f3n Territorial de la Junta de Castilla y Le\u00f3n, incluidos en el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de la Ley 7\/2005, de 24 de mayo, de la Funci\u00f3n P\u00fablica deber\u00e1n, cuando as\u00ed sean requeridos para ello mediante Resoluci\u00f3n de la Direcci\u00f3n General de Funci\u00f3n P\u00fablica, pasar a desempe\u00f1ar temporal y excepcionalmente, funciones, tareas o responsabilidades distintas a las que correspondan al puesto de trabajo que desempe\u00f1an, siempre que resulten adecuadas a su clasificaci\u00f3n, grado o categor\u00eda, previa solicitud de la Consejer\u00eda u Organismo Aut\u00f3nomo del \u00e1mbito Sanitario o Socio sanitario y de servicios sociales que lo precise.<\/p>\n

2.\u2013 El requerimiento podr\u00e1 consistir en la prestaci\u00f3n de servicios extraordinarios, ya sea en raz\u00f3n de su duraci\u00f3n o de su naturaleza, en la encomienda de funciones distintas de las correspondientes a su puesto de trabajo, teniendo en cuenta la capacitaci\u00f3n profesional. Asimismo, el requerimiento podr\u00e1 consistir en reasignaci\u00f3n de efectivos y cambios de centro de trabajo, siempre dentro de la misma localidad, o \u00e1rea de prestaci\u00f3n.<\/p>\n

3.\u2013 En el supuesto que la adscripci\u00f3n temporal suponga la encomienda de funciones superiores a las del grupo profesional de pertenencia, por su titulaci\u00f3n personal, se le retribuir\u00e1 por las funciones realmente desempe\u00f1adas. Asimismo se deber\u00e1n retribuir los complementos funcionales correspondientes a la jornada realizada.<\/p>\n

Segundo.\u2013 Adicionalmente, el resto del personal no incluido en el apartado primero de la presente orden, deber\u00e1 estar disponible, y podr\u00e1 ser requerido en cualquier momento para la prestaci\u00f3n de tareas presenciales o no presenciales, conforme a la normativa que regula el actual estado de alarma por motivos de salud p\u00fablica, a trav\u00e9s de los procedimientos normativamente establecidos.<\/p>\n

Tercero.\u2013 El incumplimiento o la resistencia a las Resoluciones previstas en esta orden, durante el estado de alarma, ser\u00e1 sancionada conforme a las leyes, en los t\u00e9rminos establecidos en el art\u00edculo 10 de la Ley Org\u00e1nica 4\/1981, de 1 de junio.<\/p>\n

Cuarto.\u2013 Lo previsto en esta orden tendr\u00e1 eficacia desde que sea dictada, y hasta la finalizaci\u00f3n del estado de alarma declarado por Real Decreto 463\/2020, 14 de marzo y sus posibles pr\u00f3rrogas.<\/p>\n

Quinto.\u2013 Contra la presente orden, que agota la v\u00eda administrativa, los interesados podr\u00e1n interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Valladolid en el plazo de dos meses, contado desde el d\u00eda siguiente a su publicaci\u00f3n en el Bolet\u00edn Oficial de Castilla y Le\u00f3n, de conformidad con lo establecido en los art\u00edculos 10.1 a) y 14.2 de la Ley 29\/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicci\u00f3n Contencioso-Administrativa.<\/p>\n

Igualmente, con car\u00e1cter previo y potestativo, podr\u00e1 interponerse recurso de reposici\u00f3n ante la Consejer\u00eda de la Presidencia, en el plazo de un mes a contar desde el d\u00eda siguiente a su publicaci\u00f3n, de conformidad con los art\u00edculos 123 y siguientes de la Ley 39\/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com\u00fan de las Administraciones P\u00fablicas.<\/p>\n

Valladolid, 6 de abril de 2020.<\/p>\n

El Consejero de la Presidencia,
\nFdo.: \u00c1ngel M. Ib\u00e1\u00f1ez Hernando<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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