{"id":14531,"date":"2020-12-23T12:54:06","date_gmt":"2020-12-23T12:54:06","guid":{"rendered":"https:\/\/normativamunicipal.com\/uncategorized\/medidas-tributarias\/"},"modified":"2020-12-24T10:38:53","modified_gmt":"2020-12-24T10:38:53","slug":"medidas-tributarias","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/normativamunicipal.com\/?p=14531","title":{"rendered":"MEDIDAS TRIBUTARIAS"},"content":{"rendered":"

Real Decreto-ley 14\/2020, de 14 de abril, por el que se extiende el plazo para la presentaci\u00f3n e ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias.<\/strong><\/p>\n


\nBOE de 15 de abril de 2020
\nTEXTO ORIGINAL
\nI
\nDesde la declaraci\u00f3n de la pandemia del COVID-19 por la Organizaci\u00f3n Mundial de la Salud, el Gobierno de Espa\u00f1a ha venido adoptando de forma paulatina una serie de medidas de distinta naturaleza tendentes a paliar los graves efectos que la misma est\u00e1 produciendo en la sociedad espa\u00f1ola.
\nEstas medidas, cuyos \u00e1mbitos principales han sido la sanidad, la seguridad, el transporte y la movilidad, la econom\u00eda y la defensa, se han visto plasmadas en un conjunto de reales decretos-leyes que van desde el Real Decreto-ley 6\/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el \u00e1mbito econ\u00f3mico y para la protecci\u00f3n de la salud p\u00fablica, hasta el Real Decreto-ley 13\/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario.
\nDesde una perspectiva tributaria, es preciso destacar el Real Decreto-ley 7\/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto econ\u00f3mico del COVID-19, cuyo art\u00edculo 14 establece el aplazamiento de deudas tributarias; el Real Decreto-ley 8\/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto econ\u00f3mico y social del COVID-19, que incorpora, entre otras medidas, la suspensi\u00f3n de plazos en el \u00e1mbito tributario y la exenci\u00f3n de la cuota gradual de la modalidad de actos jur\u00eddicos documentados en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur\u00eddicos Documentados en las escrituras de novaci\u00f3n de pr\u00e9stamos y cr\u00e9ditos hipotecarios; y el Real Decreto-ley 11\/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el \u00e1mbito social y econ\u00f3mico para hacer frente al COVID-19, que adiciona otro conjunto de medidas, como que las comercializadoras de electricidad y gas puedan retrasar las liquidaciones del Impuesto sobre el Valor A\u00f1adido, el Impuesto Especial sobre la Electricidad y el Impuesto sobre Hidrocarburos, correspondientes a las facturas cuyo pago por los consumidores se hubiere retrasado; el aplazamiento de deudas derivadas de declaraciones aduaneras; la suspensi\u00f3n de plazos en el \u00e1mbito tributario de las comunidades aut\u00f3nomas y de las entidades locales; la ampliaci\u00f3n del plazo para interponer recursos de reposici\u00f3n o reclamaciones econ\u00f3mico administrativas que se rijan por la Ley 58\/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, o, la suspensi\u00f3n de los plazos de prescripci\u00f3n y caducidad de cualesquiera acciones y derechos regulados en la normativa tributaria.
\nEn continuidad con las medidas urgentes aprobadas por el Gobierno para paliar la situaci\u00f3n de crisis generada por el COVID-19 se adopta este real decreto-ley.
\nEn el \u00e1mbito tributario, se hace preciso continuar implantando medidas que permitan a los obligados tributarios el cumplimiento voluntario de sus obligaciones fiscales, teniendo en cuenta las grandes limitaciones que en materia de movilidad se est\u00e1n llevando a cabo, lo que dificulta o impide en muchos casos tal cumplimiento.
\nEn este sentido, hay que recordar el importante papel que, para la aplicaci\u00f3n del sistema fiscal y el fomento del mencionado cumplimiento voluntario, desarrollan los profesionales tributarios, subrayado por su participaci\u00f3n en el Foro de Asociaciones y Colegios Profesionales Tributarios y en los C\u00f3digos de Buenas Practicas Tributarias para Asociaciones y Colegios Profesionales y para asesores y gestores promovidos por dicho Foro.
\nLa actual situaci\u00f3n de riesgo sanitario y las medidas adoptadas para su contenci\u00f3n, est\u00e1n produciendo problemas operativos y de funcionamiento sobre todo en peque\u00f1as y medianas empresas (pymes) y aut\u00f3nomos y por extensi\u00f3n a los asesores y gestores que afrontan serias dificultades para recopilar la informaci\u00f3n necesaria y cumplir con las obligaciones fiscales de sus clientes, por lo que se extiende el plazo voluntario de presentaci\u00f3n y pago de las declaraciones y autoliquidaciones tributarias.
\nAdem\u00e1s, se adoptan medidas para la gesti\u00f3n de cr\u00e9ditos destinados a las comunidades aut\u00f3nomas relacionados con el COVID-19.
\nII
\nDe tal forma, este real decreto-ley se estructura en un art\u00edculo \u00fanico, una disposici\u00f3n adicional \u00fanica y tres disposiciones finales.
\nEl art\u00edculo \u00fanico dispone, para los tributos que se indican, la extensi\u00f3n del plazo de presentaci\u00f3n e ingreso de las declaraciones y autoliquidaciones tributarias cuyo vencimiento se produzca a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley y hasta el d\u00eda 20 de mayo de 2020.
\nDicha medida se aplicar\u00e1 para aquellos contribuyentes que tengan un volumen de operaciones no superior a 600.000 euros a efectos del Impuesto sobre el Valor A\u00f1adido. La medida tambi\u00e9n ser\u00e1 aplicable a las Administraciones p\u00fablicas, si bien en este caso por la configuraci\u00f3n de estos contribuyentes, se tomar\u00e1 como umbral el volumen de su presupuesto.
\nLa disposici\u00f3n adicional \u00fanica prev\u00e9 la gesti\u00f3n de cr\u00e9ditos relacionados con el COVID-19, de manera que se puedan librar a las comunidades aut\u00f3nomas cr\u00e9ditos para hacer frente a la situaci\u00f3n derivada del COVID-19, por las cantidades que se hayan establecido, en un \u00fanico pago en lugar de los pagos trimestrales que establece el art\u00edculo 86 de la Ley 47\/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
\nIII
\nLa adopci\u00f3n de medidas de car\u00e1cter econ\u00f3mico mediante real decreto-ley ha sido avalada por el Tribunal Constitucional siempre que concurra una motivaci\u00f3n expl\u00edcita y razonada de la necesidad, entendiendo por tal que la coyuntura econ\u00f3mica exige una r\u00e1pida respuesta, y la urgencia, asumiendo como tal que la dilaci\u00f3n en el tiempo de la adopci\u00f3n de la medida de que se trate mediante una tramitaci\u00f3n por el cauce normativo ordinario podr\u00eda generar alg\u00fan perjuicio.
\nEl real decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente l\u00edcito, siempre que el fin que justifica la legislaci\u00f3n de urgencia, sea, tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional (sentencias 6\/1983, de 4 de febrero, F. 5; 11\/2002, de 17 de enero, F. 4, 137\/2003, de 3 de julio, F. 3 y 189\/2005, de 7 julio, F. 3), subvenir a una situaci\u00f3n concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones dif\u00edciles de prever requiere una acci\u00f3n normativa inmediata en un plazo m\u00e1s breve que el requerido por la v\u00eda normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitaci\u00f3n parlamentaria de las leyes, m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n de dicho procedimiento no depende del Gobierno. Ninguna duda ofrece que la situaci\u00f3n que afronta nuestro pa\u00eds por la declaraci\u00f3n de emergencia de salud p\u00fablica de importancia internacional, unida a la reciente declaraci\u00f3n de estado de alarma, generan la concurrencia de motivos que justifican la extraordinaria y urgente necesidad de adoptar diversas medidas.
\nEn el actual escenario de contenci\u00f3n y prevenci\u00f3n del COVID-19 es urgente y necesario atajar la epidemia y evitar su propagaci\u00f3n para proteger la salud p\u00fablica a la vez que se adoptan medidas de contenido econ\u00f3mico para afrontar sus consecuencias. Asimismo, la extraordinaria y urgente necesidad de aprobar este real decreto-ley se inscribe en el juicio pol\u00edtico o de oportunidad que corresponde al Gobierno (SSTC 61\/2018, de 7 de junio, FJ 4; 142\/2014, de 11 de septiembre, FJ 3) y esta decisi\u00f3n, sin duda, supone una ordenaci\u00f3n de prioridades pol\u00edticas de actuaci\u00f3n (STC, de 30 de enero de 2019, Recurso de Inconstitucionalidad n\u00fam. 2208-2019), centradas en el cumplimiento de la seguridad jur\u00eddica y la salud p\u00fablica. Los motivos de oportunidad que acaban de exponerse demuestran que, en ning\u00fan caso, el presente real decreto-ley constituye un supuesto de uso abusivo o arbitrario de este instrumento constitucional (SSTC 61\/2018, de 7 de junio, FJ 4; 100\/2012, de 8 de mayo, FJ 8; 237\/2012, de 13 de diciembre, FJ 4; 39\/2013, de 14 de febrero, FJ 5). Al contrario, todas las razones expuestas justifican amplia y razonadamente la adopci\u00f3n de la presente norma (SSTC 29\/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 111\/1983, de 2 de diciembre, FJ 5; 182\/1997, de 20 de octubre, FJ 3).
\nDebe se\u00f1alarse tambi\u00e9n que este real decreto-ley no afecta al ordenamiento de las instituciones b\u00e1sicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el t\u00edtulo I de la Constituci\u00f3n, al r\u00e9gimen de las comunidades aut\u00f3nomas ni al Derecho electoral general.
\nY no lo hace porque, como se\u00f1ala la STC 100\/2012, de 8 de mayo, en su FJ9, \u00abdel hecho de que la materia tributaria est\u00e9 sujeta al principio de reserva de ley (arts. 31.3 y 133.1 y 3 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola) y de que dicha reserva tenga car\u00e1cter relativo y no absoluto \u00abno se deriva necesariamente que se encuentre excluida del \u00e1mbito de regulaci\u00f3n del decreto-ley, que podr\u00e1 penetrar en la materia tributaria siempre que se den los requisitos constitucionales del presupuesto habilitante y no \u00abafecte\u00bb, en el sentido constitucional del t\u00e9rmino, a las materias excluidas\u00bb (SSTC 182\/1997, de 28 de octubre, FJ 8; 137\/2003, de 3 de julio, FJ 6; y 108\/2004, de 30 de junio, FJ 7; 245\/2004, de 16 de diciembre, FJ 4; y 189\/2005, de 7 de julio, FJ 7). Es decir, \u00abel hecho de que una materia est\u00e9 reservada a la Ley ordinaria, con car\u00e1cter absoluto o relativo, no excluye eo ipso la regulaci\u00f3n extraordinaria y provisional de la misma mediante Decreto-ley\u00bb (SSTC 60\/1986, de 20 de mayo, FJ 2; y 182\/1997, de 20 de octubre, FJ 8). A lo que este Tribunal debe atender al interpretar el l\u00edmite material del art. 86.1 CE \u00abno es, pues, al modo como se manifiesta el principio de reserva de Ley en una determinada materia, la tributaria en este caso (si tiene car\u00e1cter absoluto o relativo y qu\u00e9 aspectos de dicha materia se encuentran amparados o no por dicha reserva), sino m\u00e1s bien al examen de si ha existido \u00abafectaci\u00f3n\u00bb por el Decreto-ley de un derecho, deber o libertad regulado en el t\u00edtulo I de la Constituci\u00f3n\u00bb, lo que exigir\u00e1 \u00abtener en cuenta la configuraci\u00f3n constitucional del derecho o deber afectado en cada caso y la naturaleza y alcance de la concreta regulaci\u00f3n de que se trate\u00bb (SSTC 182\/1997, de 28 de octubre, FJ 8; 137\/2003, de 3 de julio, FJ 6; 108\/2004, de 30 de junio, FJ 7; y 245\/2004, de 16 de diciembre, FJ 4, 189\/2005, de 7 de julio, FJ 7; y 329\/2005, de 15 de diciembre FJ 8). Y, sobre este particular, en la secci\u00f3n 2 del cap\u00edtulo segundo del t\u00edtulo I de la Constituci\u00f3n, bajo la r\u00fabrica \u00abDe los derechos y deberes de los ciudadanos\u00bb, se inserta el art. 31.1 CE, precepto que establece \u00abun aut\u00e9ntico mandato jur\u00eddico, fuente de derechos y obligaciones\u00bb, del que \u00abse deriva un deber constitucional para los ciudadanos de contribuir, a trav\u00e9s de los impuestos, al sostenimiento o financiaci\u00f3n de los gastos p\u00fablicos\u00bb (SSTC 182\/1997, de 28 de octubre, FJ 6; 245\/2004, de 16 de diciembre, FJ 5; y 189\/2005, de 7 de julio, FJ 7), siendo, en consecuencia, uno de \u00ablos deberes cuya afectaci\u00f3n est\u00e1 vedada al decreto-ley el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos p\u00fablicos que enuncia el art. 31.1 CE\u00bb (SSTC 137\/2003, de 3 de julio, FJ 6; 245\/2004, de 16 de diciembre, FJ 5; y 189\/2005, de 7 de julio, FJ 7).(\u2026)
\nPues bien, el art. 31.1 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola \u00abconecta el citado deber de contribuir con el criterio de la capacidad econ\u00f3mica\u00bb y lo relaciona, a su vez, \u00abno con cualquier figura tributaria en particular, sino con el conjunto del sistema tributario\u00bb, por lo que queda claro que \u00abque el decreto-ley no podr\u00e1 alterar ni el r\u00e9gimen general ni aquellos elementos esenciales de los tributos que inciden en la determinaci\u00f3n de la carga tributaria, afectando as\u00ed al deber general de los ciudadanos de contribuir al sostenimiento de los gastos p\u00fablicos de acuerdo con su riqueza mediante un sistema tributario justo\u00bb (SSTC 182\/1997, de 18 de octubre, FJ 7; 137\/2003, de 3 de julio, FJ 6; 108\/2004, de 30 de junio, FJ 7; y 189\/2005, de 7 de julio, FJ 7). De manera que vulnerar\u00e1 el art. 86 CE \u00abcualquier intervenci\u00f3n o innovaci\u00f3n normativa que, por su entidad cualitativa o cuantitativa, altere sensiblemente la posici\u00f3n del obligado a contribuir seg\u00fan su capacidad econ\u00f3mica en el conjunto del sistema tributario\u00bb (SSTC 182\/1997, de 28 de octubre, FJ 7; 137\/2003, de 3 de julio, FJ 6; 108\/2004, de 30 de junio, FJ 7; y 189\/2005, de 7 de julio, FJ 7). Por tanto, ser\u00e1 preciso tener en cuenta \u00aben cada caso en qu\u00e9 tributo concreto incide el Decreto-ley \u2013constatando su naturaleza, estructura y la funci\u00f3n que cumple dentro del conjunto del sistema tributario, as\u00ed como el grado o medida en que interviene el principio de capacidad econ\u00f3mica\u2013, qu\u00e9 elementos del mismo \u2013esenciales o no resultan alterados por este excepcional modo de producci\u00f3n normativa\u2013 y, en fin, cu\u00e1l es la naturaleza y alcance de la concreta regulaci\u00f3n de que se trate\u00bb (SSTC 182\/1997, de 28 de octubre, FJ 7; 137\/2003, de 3 de julio, FJ 6; 108\/2004, de 30 de junio, FJ 7; y 189\/2005, de 7 de julio, FJ 7).
\nA la luz de estas consideraciones, cabe afirmar que la medida tributaria contenida en este real decreto-ley no vulneran el citado art\u00edculo 31 de la Constituci\u00f3n ya que, como se se\u00f1ala en la antes citada STC 100\/2012 (FJ9), no altera \u00abde manera relevante la presi\u00f3n fiscal que deben soportar los contribuyentes y, por consiguiente, no ha provocado un cambio sustancial de la posici\u00f3n de los ciudadanos en el conjunto del sistema tributario, de manera que no ha afectado a la esencia del deber constitucional de contribuir al sostenimiento de los gastos p\u00fablicos que enuncia el art. 31.1 CE\u00bb (SSTC 137\/2003, de 3 de julio, FJ 7; y 108\/2004, de 30 de junio, FJ 8).
\nIV
\nEste real decreto-ley responde a los principios de buena regulaci\u00f3n de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jur\u00eddica, transparencia, y eficiencia, de conformidad con el art\u00edculo 129 de la Ley 39\/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com\u00fan de las Administraciones P\u00fablicas.
\nA estos efectos, se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia dado el inter\u00e9s general en el que se fundamenta la medida que se establece, siendo el real decreto-ley el instrumento m\u00e1s inmediato para garantizar su consecuci\u00f3n. La norma es acorde con el principio de proporcionalidad, al contener la regulaci\u00f3n imprescindible para la consecuci\u00f3n de los objetivos previamente mencionados. Igualmente, se ajusta al principio de seguridad jur\u00eddica, siendo coherente con el resto del ordenamiento jur\u00eddico. En cuanto al principio de transparencia, la norma est\u00e1 exenta de los tr\u00e1mites de consulta p\u00fablica, audiencia e informaci\u00f3n p\u00fablica que no son aplicables a la tramitaci\u00f3n y aprobaci\u00f3n de decretos-leyes. Por \u00faltimo, en relaci\u00f3n con el principio de eficiencia, en este real decreto-ley se ha procurado que la norma genere las menores cargas administrativas para los ciudadanos.
\nPor tanto, en la medida que se adopta, concurren, por su naturaleza y finalidad, las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola como presupuestos habilitantes para la aprobaci\u00f3n de un real decreto-ley.
\nEste real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el art\u00edculo 149.1.10.\u00aa y 14.\u00aa de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre r\u00e9gimen aduanero y arancelario; y Hacienda general.
\nEn su virtud, haciendo uso de la autorizaci\u00f3n contenida en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola, a propuesta de la Ministra de Hacienda, y previa deliberaci\u00f3n del Consejo de Ministros en su reuni\u00f3n del d\u00eda 14 de abril de 2020,
\nDISPONGO:
\nArt\u00edculo \u00fanico. Extensi\u00f3n del plazo para la presentaci\u00f3n e ingreso de las declaraciones y autoliquidaciones.
\n1. En el \u00e1mbito de las competencias de la Administraci\u00f3n tributaria del Estado, los plazos de presentaci\u00f3n e ingreso de las declaraciones y autoliquidaciones tributarias de aquellos obligados con volumen de operaciones no superior a 600.000 euros en el a\u00f1o 2019 cuyo vencimiento se produzca a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley y hasta el d\u00eda 20 de mayo de 2020 se extender\u00e1n hasta esta fecha. En este caso, si la forma de pago elegida es la domiciliaci\u00f3n, el plazo de presentaci\u00f3n de las autoliquidaciones se extender\u00e1 hasta el 15 de mayo de 2020.
\nNo obstante lo anterior, en el caso de los obligados que tengan la consideraci\u00f3n de Administraciones p\u00fablicas, incluida la Seguridad Social, ser\u00e1 requisito necesario que su \u00faltimo presupuesto anual aprobado no supere la cantidad de 600.000 euros.
\nLo dispuesto en este art\u00edculo no resultar\u00e1 de aplicaci\u00f3n a los grupos fiscales que apliquen el r\u00e9gimen especial de consolidaci\u00f3n fiscal regulado en el cap\u00edtulo VI del t\u00edtulo VII de la Ley 27\/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, con independencia de su importe neto de la cifra de negocios, ni a los grupos de entidades que tributen en el r\u00e9gimen especial de grupos de entidades del Impuesto sobre el Valor A\u00f1adido regulado en el cap\u00edtulo IX del t\u00edtulo IX de la Ley 37\/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor A\u00f1adido, con independencia de su volumen de operaciones.
\n2. Lo dispuesto en este art\u00edculo no ser\u00e1 aplicable en relaci\u00f3n con la presentaci\u00f3n de declaraciones reguladas por el Reglamento (UE) n.\u00ba 952\/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se aprueba el c\u00f3digo aduanero de la Uni\u00f3n y\/o por su normativa de desarrollo.
\nDisposici\u00f3n adicional \u00fanica. Gesti\u00f3n de cr\u00e9ditos relacionados con el COVID-19.
\nNo obstante lo dispuesto en el art\u00edculo 86.2.Quinta de la Ley 47\/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, los cr\u00e9ditos extraordinarios o suplementarios que tengan por objeto exclusivamente hacer frente a situaciones extraordinarias derivadas del COVID-19, que vayan referidos a la financiaci\u00f3n de sectores, servicios, actividades o materias respecto de los cuales las comunidades aut\u00f3nomas tengan asumidas competencias de ejecuci\u00f3n, podr\u00e1n librarse en su totalidad una vez se haya aprobado la distribuci\u00f3n definitiva entre aquellas.
\nDisposici\u00f3n final primera. T\u00edtulos competenciales.
\nEste real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el art\u00edculo 149.1.10.\u00aa y 14.\u00aa de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola, que atribuye al Estado, la competencia exclusiva sobre r\u00e9gimen aduanero y arancelario; y Hacienda general, respectivamente.
\nDisposici\u00f3n final segunda. Habilitaci\u00f3n normativa.
\nSe habilita al Gobierno y a la persona titular del Ministerio de Hacienda, en el \u00e1mbito de sus competencias, a dictar las disposiciones y adoptar medidas necesarias para el desarrollo y ejecuci\u00f3n de lo dispuesto en este real decreto-ley.
\nDisposici\u00f3n final tercera. Entrada en vigor.
\nEl presente real decreto-ley entrar\u00e1 en vigor el mismo d\u00eda de su publicaci\u00f3n en el \u00abBolet\u00edn Oficial del Estado\u00bb.
\nDado en Madrid, el 14 de abril de 2020.
\nFELIPE R.
\nEl Presidente del Gobierno,
\nPEDRO S\u00c1NCHEZ P\u00c9REZ-CASTEJ\u00d3N<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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