{"id":14893,"date":"2020-12-23T12:56:16","date_gmt":"2020-12-23T12:56:16","guid":{"rendered":"https:\/\/normativamunicipal.com\/uncategorized\/apoyo-a-la-actividad-economica-catalunya\/"},"modified":"2026-09-30T09:25:54","modified_gmt":"2026-09-30T09:25:54","slug":"apoyo-a-la-actividad-economica-catalunya","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/normativamunicipal.com\/?p=14893","title":{"rendered":"Apoyo a la actividad econ\u00f3mica CATALUNYA"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>DECRETO LEY 34\/2020, de 20 de octubre, de medidas urgentes de apoyo a la actividad econ\u00f3mica desarrollada en locales de negocio arrendados.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><!--more--><\/p>\n<p>El art\u00edculo 67.6.a) del Estatuto prev\u00e9 que los decretos ley sean promulgados, en nombre del rey, por el presidente de la Generalidad.<br \/>\nDe conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 6 y concordantes de la Ley 13\/2008, de 5 de noviembre, de la presidencia de la Generalidad y del Gobierno, y visto el Decreto 114\/2020, de 30 de septiembre, de sustituci\u00f3n del presidente de la Generalidad de Catalu\u00f1a;<br \/>\nDe acuerdo con lo anterior, promulgo el siguiente<\/p>\n<p>DECRETO LEY<\/p>\n<p>Exposici\u00f3n de motivos<br \/>\nLa protecci\u00f3n de la vida y de la salud frente a la pandemia de la COVID-19 ha obligado a las autoridades competentes, el Gobierno entre ellas, a adoptar medidas de suspensi\u00f3n o restricci\u00f3n de actividades econ\u00f3micas que, a pesar de su car\u00e1cter transitorio, tienen un impacto evidente sobre los sectores afectados por la p\u00e9rdida de ingresos que les pueden suponer y por la dificultad o imposibilidad de afrontar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, en particular, el pago de la renta de los locales arrendados. Esta situaci\u00f3n, sumada a los sacrificios que estos sectores ya hab\u00edan sufrido anteriormente, puede suponer el fin de muchas actividades econ\u00f3micas, la p\u00e9rdida de muchos puestos de trabajo y, en consecuencia, la p\u00e9rdida de los medios de subsistencia de un gran n\u00famero de personas y familias, principalmente en el caso de las trabajadoras y trabajadores aut\u00f3nomos y de las peque\u00f1as y medianas empresas. Ello obliga a adoptar medidas urgentes y extraordinarias que permitan evitar o mitigar este resultado.<br \/>\nTal y como dispone el art\u00edculo 45 del Estatuto de autonom\u00eda de Catalu\u00f1a, los poderes p\u00fablicos tienen que adoptar las medidas necesarias para promover el progreso econ\u00f3mico y social de Catalu\u00f1a y de sus ciudadanos, basados en los principios de la solidaridad, la cohesi\u00f3n, el desarrollo sostenible y la igualdad de oportunidades. La Generalidad, adem\u00e1s, tiene que favorecer el desarrollo de la actividad empresarial y el esp\u00edritu emprendedor teniendo en cuenta la responsabilidad social de la empresa, la libre iniciativa y las condiciones de competencia, y tiene que proteger especialmente la econom\u00eda productiva, la actividad de los emprendedores aut\u00f3nomos y la de las peque\u00f1as y medianas empresas. Estos objetivos se pueden alcanzar desde varias competencias que el Estatuto de autonom\u00eda atribuye a la Generalidad, como la competencia exclusiva en materia de comercio y la competencia sobre la promoci\u00f3n de la actividad econ\u00f3mica, reconocidas, respectivamente, por los art\u00edculos 121 y 152 del Estatuto, y tambi\u00e9n, principalmente, mediante el ejercicio de la competencia exclusiva en materia de derecho civil que le otorga el art\u00edculo 129.<br \/>\nConsiderando la urgencia de aprobar medidas jur\u00eddicas de apoyo a la actividad econ\u00f3mica desarrollada en bienes inmuebles arrendados para uso comercial, incluidas las actividades culturales, docentes, deportivas y recreativas y servicios que se ven afectados de manera particularmente intensa por esta crisis sanitaria, como los de est\u00e9tica, de hosteler\u00eda y de restauraci\u00f3n, se adopta una regulaci\u00f3n ad hoc en relaci\u00f3n con la onerosidad excesiva y sobrevenida de las prestaciones contractuales, instituci\u00f3n jur\u00eddica estrechamente conexa a la rescisi\u00f3n por lesi\u00f3n y a la ventaja injusta regulados en el libro sexto del C\u00f3digo civil de Catalu\u00f1a.<br \/>\nEl contenido del presente Decreto ley propone un criterio distributivo de las consecuencias negativas que se derivan de las prohibiciones, suspensiones y restricciones impuestas para evitar la propagaci\u00f3n de la pandemia de la COVID-19 respecto del aprovechamiento material de bienes inmuebles arrendados para el uso de actividades industriales y comerciales, entendidas en el sentido ya mencionado. El criterio no se basa en apriorismos o maximalismos, sino en un principio de solidaridad que se traduce en el reparto igualitario y equitativo de las consecuencias negativas, socializando as\u00ed el riesgo y evitando hacerlo gravitar sobre una sola de las partes contratantes.<br \/>\nTeniendo en cuenta, por lo tanto, la excesiva onerosidad de algunas de las prestaciones, el car\u00e1cter imprevisible e inevitable del riesgo de donde deriva y la necesidad de restablecer el equilibrio contractual, partiendo del principio de conservaci\u00f3n del contrato y de acuerdo con las reglas de la buena fe y de la honradez de los tratos, se opta por preservar e incentivar la autonom\u00eda de la voluntad y se establecen las reglas legales que se tienen que aplicar si las partes no llegan a un acuerdo. De esta forma se adopta una soluci\u00f3n expeditiva en sinton\u00eda con el fundamento de la cl\u00e1usula rebus sic stantibus y se evita, al mismo tiempo, el incremento indeseable de la litigiosidad. En cualquier caso, las reglas establecidas afectan exclusivamente al reparto de estas consecuencias negativas y son compatibles con el derecho de las partes a acudir al auxilio judicial para ejercer cualquier otra pretensi\u00f3n relativa al contrato.<br \/>\nLas medidas adoptadas limitan su eficacia al tiempo de vigencia de las prohibiciones o restricciones dictadas por la autoridad competente y se establecen como reglas por defecto en caso de que las partes no lleguen a un acuerdo satisfactorio en un plazo prudencial. La adopci\u00f3n de estas normas favorece la seguridad jur\u00eddica y resulta esencial con el fin de garantizar la protecci\u00f3n y supervivencia del tejido econ\u00f3mico de nuestro pa\u00eds, dado que la falta de regulaci\u00f3n es fuente de incertidumbre en estos momentos de inestabilidad econ\u00f3mica y puede ocasionar una gran conflictividad y el colapso del sistema judicial.<br \/>\nPor lo tanto, en uso de la autorizaci\u00f3n que concede el art\u00edculo 64 del Estatuto de autonom\u00eda de Catalu\u00f1a, de conformidad con el art\u00edculo 38 de la Ley 13\/2008, de 5 de noviembre, de la presidencia de la Generalidad y del Gobierno;<br \/>\nA propuesta de la consejera de Justicia y del consejero de Empresa y Conocimiento, y de acuerdo con el Gobierno,<\/p>\n<p>Decreto:<\/p>\n<p>Art\u00edculo 1<br \/>\nModificaci\u00f3n de las condiciones del contrato<br \/>\nSi como consecuencia de la pandemia de la COVID-19 se decretan por la autoridad competente medidas de suspensi\u00f3n del desarrollo de la actividad o de restricci\u00f3n del aprovechamiento material de bienes inmuebles arrendados para la realizaci\u00f3n de actividades industriales y comerciales, en los contratos suscritos a partir del 1 de enero de 1995 la parte arrendataria podr\u00e1 requerir de la parte arrendadora, por burofax o de otra forma fehaciente, una modificaci\u00f3n razonable y equitativa de las condiciones del contrato, con la finalidad de restablecer el equilibrio de las prestaciones y de acuerdo con las exigencias de la buena fe y de la honradez en los tratos.<\/p>\n<p>Art\u00edculo 2<br \/>\nReglas aplicables ante la falta de acuerdo entre las partes<br \/>\n1. En caso de que las partes no lleguen a un acuerdo por medio de negociaci\u00f3n o mediaci\u00f3n en el plazo de un mes a contar desde el requerimiento previsto en el art\u00edculo 1, se aplicar\u00e1n las siguientes reglas:<br \/>\na) En caso de suspensi\u00f3n del desarrollo de la actividad, la renta y otras cantidades debidas por la parte arrendataria deber\u00e1n reducirse en un cincuenta por ciento respecto de las vigentes mientras dure la medida de suspensi\u00f3n.<br \/>\nb) En caso de restricci\u00f3n parcial del aprovechamiento material del inmueble, la renta y otras cantidades debidas por la parte arrendataria deber\u00e1n reducirse, mientras duren las medidas de restricci\u00f3n, en una proporci\u00f3n igual a la mitad de la p\u00e9rdida de aprovechamiento del inmueble, medida objetivamente por la reducci\u00f3n de aforo o de horarios o por otras limitaciones impuestas por la norma.<br \/>\nc) La prestaci\u00f3n de servicios de entrega a domicilio o de recogida de productos en el establecimiento no afecta a la aplicaci\u00f3n de las reducciones previstas por las letras a) y b) de este apartado.<br \/>\nd) La parte arrendataria puede exigir a la parte arrendadora que impute total o parcialmente a la obligaci\u00f3n de pagar las referidas rentas y otras cantidades debidas que hayan vencido todas las cantidades que eventualmente garanticen el cumplimiento de sus obligaciones, excluidas la fianza legal obligatoria y otras garant\u00edas depositadas en el organismo oficial competente. La parte arrendataria tiene que reintegrar las garant\u00edas objeto de imputaci\u00f3n en el plazo de un a\u00f1o contado desde la desaparici\u00f3n de las circunstancias a que hace referencia el art\u00edculo 1 y, en todo caso, antes de la finalizaci\u00f3n del contrato si su plazo de duraci\u00f3n es inferior.<br \/>\ne) En caso de que las medidas previstas a la letra a) de este apartado se prolonguen m\u00e1s de tres meses en el transcurso de un a\u00f1o a contar desde la entrada en vigor de esta norma, la parte arrendataria puede optar por desistir del contrato sin penalizaci\u00f3n a partir del momento en que ocurra esta circunstancia, mientras se mantenga y hasta tres meses despu\u00e9s del cese completo de las medidas, siempre que lo notifique de forma fehaciente a la parte arrendadora con un mes de antelaci\u00f3n.<br \/>\n2. Las reducciones de renta y de otras cantidades debidas por la parte arrendataria establecidas en el apartado 1 son efectivas a contar desde la fecha del requerimiento de modificaci\u00f3n de las condiciones contractuales realizado por la parte arrendataria. Desde que reciba el requerimiento, la parte arrendadora debe abstenerse de emitir factura contra la parte arrendataria por el importe de la renta y otros gastos a cargo de esta hasta que transcurra el plazo mensual para negociar la modificaci\u00f3n contractual o, si es anterior, hasta la fecha del acuerdo.<\/p>\n<p>Disposici\u00f3n transitoria<br \/>\nAcuerdos anteriores<br \/>\nLa parte arrendataria puede hacer uso de las facultades que le atribuye este Decreto ley con independencia de los acuerdos a que hubieran llegado las partes contratantes, respecto de las contingencias que se prev\u00e9n, antes de su entrada en vigor.<\/p>\n<p>Disposiciones finales<\/p>\n<p>Disposici\u00f3n final primera<br \/>\nR\u00e9gimen de la modificaci\u00f3n del contrato por cambio imprevisto de circunstancias<br \/>\nEn el plazo de dos a\u00f1os a contar desde la entrada en vigor de este Decreto ley, y a propuesta del departamento competente en materia de derecho civil, el Gobierno deber\u00e1 elaborar y aprobar un proyecto de ley para incorporar en el ordenamiento jur\u00eddico catal\u00e1n la regulaci\u00f3n de car\u00e1cter general necesaria para el restablecimiento del equilibrio contractual en los supuestos de cambio imprevisto de circunstancias.<\/p>\n<p>Disposici\u00f3n final segunda<br \/>\nEntrada en vigor<br \/>\nEste Decreto ley entra en vigor el mismo d\u00eda de su publicaci\u00f3n en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.<\/p>\n<p>Por lo tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que sea de aplicaci\u00f3n este Decreto ley cooperen en su cumplimiento y que los tribunales y las autoridades a los que corresponda lo hagan cumplir.<\/p>\n<p>Barcelona, 20 de octubre de 2020<\/p>\n<p>Pere Aragon\u00e8s i Garcia<br \/>\nVicepresidente del Gobierno en sustituci\u00f3n de la presidencia de la Generalidad y consejero de Econom\u00eda y Hacienda<\/p>\n<p>Ester Capella i Farr\u00e9<br \/>\nConsejera de Justicia<\/p>\n<p>Ramon Tremosa i Balcells<br \/>\nConsejero de Empresa y Conocimiento<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>DECRETO LEY 34\/2020, de 20 de octubre, de medidas urgentes de apoyo a la actividad econ\u00f3mica desarrollada en locales de negocio arrendados.<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[2716],"class_list":["post-14893","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-novedades-normativas","tag-apoyo-economiacatalunya"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v28.6 - 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