{"id":16973,"date":"2021-03-21T11:59:46","date_gmt":"2021-03-21T11:59:46","guid":{"rendered":"https:\/\/normativamunicipal.com\/?p=16973"},"modified":"2026-09-30T09:24:15","modified_gmt":"2026-09-30T09:24:15","slug":"medidas-urgentes-canarias","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/normativamunicipal.com\/?p=16973","title":{"rendered":"Medidas urgentes CANARIAS"},"content":{"rendered":"

Decreto-ley 20\/2020, de 26 de noviembre, por el que se establecen medidas urgentes para paliar los efectos sociales derivados de la COVID-19 mediante el abono de una prestaci\u00f3n extraordinaria a las personas titulares de las pensiones no contributivas, del fondo de asistencia social, del subsidio de garant\u00eda de ingresos m\u00ednimos y de la prestaci\u00f3n canaria de inserci\u00f3n, residentes en la Comunidad Aut\u00f3noma de Canarias.<\/strong>
\nEstos Documentos, con los que puedan modificar o les acompa\u00f1an, se ha incorporado a los contenidos ya existentes en el siguiente T\u00cdTULO publicado y a su disposici\u00f3n:
\n\"\"<\/a><\/p>\n

BOE\u00bb\u00a0n\u00fam.\u00a068, de 20 de marzo de 2021<\/p>\n

TEXTO ORIGINAL<\/p>\n

Sea notorio a todos los ciudadanos y ciudadanas que el Gobierno de Canarias ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo dispuesto en el art\u00edculo\u00a047.1 del Estatuto de Autonom\u00eda de Canarias, promulgo y ordeno la publicaci\u00f3n del Decreto-ley\u00a020\/2020, de\u00a026 de noviembre, por el que se establecen medidas urgentes para paliar los efectos sociales derivados de la COVID-19 mediante el abono de una prestaci\u00f3n extraordinaria a las personas titulares de las pensiones no contributivas, del fondo de asistencia social, del subsidio de garant\u00eda de ingresos m\u00ednimos y de la prestaci\u00f3n canaria de inserci\u00f3n, residentes en la Comunidad Aut\u00f3noma de Canarias, ordenando a la ciudadan\u00eda y a las autoridades que lo cumplan y lo hagan cumplir.<\/p>\n

I<\/p>\n

El Gobierno de Canarias aprob\u00f3 el Decreto-ley\u00a06\/2020, de\u00a017 de abril, de medidas urgentes de car\u00e1cter social dirigidas a las personas en situaci\u00f3n de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, durante la vigencia del estado de alarma declarado por el Gobierno de la Naci\u00f3n mediante el Real Decreto\u00a0463\/2020, de\u00a014 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gesti\u00f3n de la situaci\u00f3n de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y posteriormente prorrogado. Dicho Decreto-ley adopt\u00f3 medidas concretas dirigidas a paliar el impacto social de la situaci\u00f3n de emergencia sanitaria en la ciudadan\u00eda. En este sentido, en aquella disposici\u00f3n se establecieron medidas dirigidas a atender situaciones de extrema vulnerabilidad social, entre las que se incluyeron, entre otras cuestiones, las relativas al establecimiento con car\u00e1cter excepcional de un ingreso canario de emergencia en la Comunidad Aut\u00f3noma de Canarias.<\/p>\n

En la actualidad, aquel Decreto-ley\u00a06\/2020, de\u00a017 de abril, ha sido sustituido por la vigente Ley\u00a03\/2020, de\u00a027 de octubre, de medidas urgentes de car\u00e1cter social dirigidas a las personas en situaci\u00f3n de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y de modificaci\u00f3n de la Ley\u00a016\/2019, de\u00a02 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias.<\/p>\n

Los efectos de las restricciones impuestas en la libre circulaci\u00f3n de las personas durante el estado de alarma para evitar la propagaci\u00f3n del virus y contener la enfermedad siguen perturbando la econom\u00eda espa\u00f1ola y, consecuentemente, sigue afectando de manera muy significativa a las personas m\u00e1s vulnerables.<\/p>\n

Uno de los colectivos m\u00e1s afectados son las personas beneficiarias de las Pensiones no contributivas de la Seguridad Social (PNC), tanto de invalidez como de jubilaci\u00f3n, las del Fondo de asistencia social (FAS) y las del Subsidio de garant\u00eda de ingresos m\u00ednimos (SGIM), y las de la Prestaci\u00f3n Canaria de Inserci\u00f3n, ya que se encuentran en una situaci\u00f3n generalizada de precariedad econ\u00f3mica para hacer frente a gastos derivados de la situaci\u00f3n de la pandemia como pueden ser la adquisici\u00f3n de mascarillas, geles hidroalcoh\u00f3licos, guantes, productos desinfectantes, o para la realizaci\u00f3n de pruebas de diagn\u00f3stico para la detecci\u00f3n del COVID-19, y en general, aquellos otros relacionados con la cobertura de necesidades b\u00e1sicas relacionadas con la atenci\u00f3n a esta enfermedad.<\/p>\n

Las Pensiones No Contributivas (PNC) tienen su regulaci\u00f3n en los art\u00edculos\u00a0363 al\u00a0373 del Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo\u00a08\/2015, de\u00a030 de octubre.<\/p>\n

El Fondo de Asistencia Social (FAS) tiene su origen en el Real Decreto\u00a02620\/1981, de\u00a024 de julio, por el que se regula la concesi\u00f3n de ayudas del Fondo de Asistencia Social a ancianos y a enfermos incapacitados para el trabajo. En fecha posterior, el art\u00edculo\u00a07 de la Ley\u00a028\/1992, de\u00a024 de noviembre, de Medidas Presupuestarias Urgentes, determina que a partir del\u00a023 de julio de\u00a01992 quedan suprimidas las pensiones reguladas en el citado Real Decreto\u00a02620\/1981, de\u00a024 de julio, por lo que \u00fanicamente las percibir\u00e1n quienes las tuvieran ya reconocidas antes de dicha fecha.<\/p>\n

Por su parte, el Subsidio de Garant\u00eda de Ingresos M\u00ednimos (SGIM) tiene su origen en la Ley\u00a013\/1982, de\u00a07 de abril, de Integraci\u00f3n Social de Minusv\u00e1lidos que, inspir\u00e1ndose en los derechos que el art\u00edculo\u00a049 de la Constituci\u00f3n reconoce, estableci\u00f3, entre otras prestaciones, este subsidio. Esta ley fue derogada por el Real Decreto Legislativo\u00a01\/2013, de\u00a029 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusi\u00f3n social. Sin embargo, la disposici\u00f3n transitoria \u00fanica del Texto Refundido dispone que los beneficiarios del SGIM continuar\u00e1n con el derecho a la percepci\u00f3n del mismo, siempre que sigan reuniendo los requisitos exigidos reglamentariamente para su concesi\u00f3n y no opten por pasar a percibir pensi\u00f3n no contributiva de la Seguridad Social.<\/p>\n

Por otro lado, la Prestaci\u00f3n Canaria de Inserci\u00f3n (PCI) viene regulada en la Ley\u00a01\/2007, de\u00a017 de enero, y sus posteriores modificaciones y reglamento de desarrollo (en adelante, la Ley de la Prestaci\u00f3n Canaria de Inserci\u00f3n).<\/p>\n

El impacto que la COVID\u201019 ha tenido en la Comunidad Aut\u00f3noma de Canarias ha puesto en evidencia la necesidad de mejorar la asistencia que se presta a este colectivo ya que la adquisici\u00f3n de material de protecci\u00f3n frente a la COVID-19 supone un gasto extra, que no pueden afrontar, pues se encuentran en una situaci\u00f3n generalizada de precariedad econ\u00f3mica, teniendo en cuenta la cuant\u00eda de la prestaci\u00f3n que perciben y su bajo nivel de renta.<\/p>\n

En este contexto, la prioridad absoluta, en estos momentos, en materia social radica en proteger y dar soporte a este colectivo de personas en situaci\u00f3n de vulnerabilidad. A tal fin, se considera necesario la adopci\u00f3n de esta medida de car\u00e1cter extraordinario y urgente mediante el establecimiento de una prestaci\u00f3n social puntual de car\u00e1cter finalista y extraordinaria para la adquisici\u00f3n de material de protecci\u00f3n frente a la COVID-19, as\u00ed como a cubrir otras necesidades b\u00e1sicas relacionadas con esta enfermedad, destinada a las personas que perciban en Canarias dichas prestaciones. Esta prestaci\u00f3n extraordinaria ser\u00e1 distinta de las del Sistema de la Seguridad Social y de las que pueda otorgar la Administraci\u00f3n General del Estado, y ser\u00e1 compatible con ellas.<\/p>\n

II<\/p>\n

El art\u00edculo\u00a0142 del Estatuto de autonom\u00eda de Canarias atribuye a la Comunidad Aut\u00f3noma competencia exclusiva en materia de servicios sociales. La Ley\u00a016\/2019, de\u00a02 de mayo, de servicios sociales de Canarias, en su art\u00edculo\u00a021 incluye las prestaciones econ\u00f3micas del sistema p\u00fablico de servicios sociales y en el apartado\u00a03, letra a) del citado art\u00edculo establece que son prestaciones econ\u00f3micas del sistema p\u00fablico de servicios sociales de Canarias, en los t\u00e9rminos que se recojan en el cat\u00e1logo de servicios y prestaciones, entre otras:<\/p>\n

\u00abLa vinculada a cubrir necesidades b\u00e1sicas: conjunto de prestaciones destinadas a dar cobertura a las necesidades b\u00e1sicas, con car\u00e1cter temporal, ante una situaci\u00f3n excepcional o extraordinaria y puntual que requiere de una atenci\u00f3n inmediata, sin la cual podr\u00eda producirse un grave deterioro o agravamiento del estado de vulnerabilidad y de desprotecci\u00f3n en una persona o unidad de convivencia.<\/p>\n

Esta prestaci\u00f3n incluir\u00e1, al menos, las siguientes necesidades b\u00e1sicas: el alojamiento de urgencia, la atenci\u00f3n alimenticia adecuada, incluidas las personas afectadas por celiaqu\u00eda y diabetes, vestido, higiene y aseo personal, medicamentos, suministros b\u00e1sicos de la vivienda (agua, luz, gas, etc.) y alquiler de la vivienda.\u00bb<\/p>\n

Adem\u00e1s, nuestro marco legal permite la adopci\u00f3n de medidas extraordinarias en materia social, en el art\u00edculo\u00a029 de la citada Ley\u00a016\/2019, de\u00a02 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias que define en el punto\u00a03 que \u00abEn situaciones de urgencia y emergencia social acreditadas, cuando se requiera de un servicio o prestaci\u00f3n, de forma extraordinaria se podr\u00e1n establecer excepciones a todos o alguno de los requisitos establecidos en la legislaci\u00f3n vigente.\u00bb<\/p>\n

En efecto, en la situaci\u00f3n actual de crisis social como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 se hace necesario dar respuesta a las necesidades sociales de las personas m\u00e1s fr\u00e1giles econ\u00f3micamente y con mayores necesidades de cuidados, que tienen que hacer frente a los gatos sobrevenidos de la pandemia como los derivados de la adquisici\u00f3n de medidas de protecci\u00f3n como mascarillas y geles hidroalcoh\u00f3licos, unidos a los gastos elementales de subsistencia, como alimentaci\u00f3n, el alojamiento, la higiene, o el cuidado de personas mayores, de personas con discapacidad o de menores de edad en un mismo espacio habitacional o los derivados del mantenimiento de los suministros b\u00e1sicos de los hogares. Asimismo, para dar respuesta a las necesidades de las familias o unidades de convivencia con menores a cargo o con personas con discapacidad, y cuyos ingresos no les permitan afrontar los gastos m\u00e1s elementales.<\/p>\n

Entendemos por ello que es necesario suplementar siquiera puntualmente las prestaciones que se perciben en concepto de PNC, FAS, SGIM y PCI para ampliar de manera extraordinaria y excepcional, si bien de forma no consolidable, la cobertura de las prestaciones sociales que ya vienen percibiendo en la actualidad las unidades de convivencia residentes en Canarias por aquellos conceptos. Esto permitir\u00e1 afrontar mejor la grave situaci\u00f3n de pobreza severa que tenemos en Canarias, ahora agravada como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, lo que est\u00e1 suponiendo que numerosas personas sufran la p\u00e9rdida de ingresos econ\u00f3micos a ra\u00edz de la paralizaci\u00f3n de la actividad econ\u00f3mica y productiva derivada de la propia pandemia.<\/p>\n

En consecuencia, a la vista de las circunstancias descritas, la extraordinaria y urgente necesidad de este Decreto-ley resulta plenamente justificada y resulta proporcionada para atender las circunstancias sociales y econ\u00f3micas que se siguen derivando de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.<\/p>\n

III<\/p>\n

El Decreto-ley se estructura en una parte expositiva, diez art\u00edculos estructurados en dos Cap\u00edtulos, una disposici\u00f3n adicional y tres disposiciones finales.<\/p>\n

El Cap\u00edtulo I, que comprende los art\u00edculos\u00a01 al\u00a05 se encarga de la prestaci\u00f3n destinada a las personas perceptoras de las Pensiones no contributivas, del Fondo de asistencia social y del Subsidio de garant\u00eda de ingresos m\u00ednimos, es decir, para suplementar las cuant\u00edas econ\u00f3micas de estas prestaciones estatales, como expresi\u00f3n de solidaridad social hacia las personas beneficiarias de las mismas.<\/p>\n

El Cap\u00edtulo II, con una filosof\u00eda an\u00e1loga, trata de la prestaci\u00f3n, competencia de esta Comunidad Aut\u00f3noma, destinada a las unidades de convivencia beneficiarias de la Prestaci\u00f3n Canaria de Inserci\u00f3n y comprende los art\u00edculos\u00a06 al\u00a010 de este Decreto-ley.<\/p>\n

La disposici\u00f3n adicional \u00fanica califica, a los efectos del reconocimiento y percibo de las Pensiones no contributivas, como renta o ingreso no computable, las prestaciones extraordinarias establecidas por este Decreto-ley en cuanto se destinan a compensar gastos de las personas beneficiarias a que se refiere el art\u00edculo\u00a021.3, letra a) de la Ley\u00a016\/2019, de\u00a02 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias.<\/p>\n

Las disposiciones finales, tratan, respectivamente, la primera, habilitando a la persona titular de la Consejer\u00eda con competencias en materia de derechos y pol\u00edticas sociales a establecer las resoluciones e instrucciones que fueran necesarias para garantizar la eficacia de las medidas que se aprueban; la segunda, relativa a la modificaci\u00f3n del art\u00edculo\u00a09.4 de la Ley de la Prestaci\u00f3n Canaria de Inserci\u00f3n, con respecto a la cuant\u00eda m\u00ednima a percibir de PCI por parte de las personas beneficiarias de Ingreso M\u00ednimo Vital (IMV), cuando dicha cuant\u00eda de IMV est\u00e9 por debajo de lo que corresponder\u00eda percibir por PCI, a fin de poder ajustar dicho m\u00ednimo a la cuant\u00eda actual de PCI, que se regula en los presupuestos de la Comunidad Aut\u00f3noma de Canarias para el\u00a02020; y la tercera, relativa a la entrada en vigor de este Decreto-ley.<\/p>\n

IV<\/p>\n

En consecuencia, a la vista de los hechos descritos, la extraordinaria y urgente necesidad de este Decreto-ley resulta plenamente justificada.<\/p>\n

La adopci\u00f3n de medidas mediante Decreto-ley ha sido avalada por el Tribunal Constitucional siempre que concurra una motivaci\u00f3n expl\u00edcita y razonada de la necesidad \u2013entendiendo por tal que la coyuntura de crisis sanitaria exige una r\u00e1pida respuesta\u2013 y la urgencia \u2013asumiendo como tal que la dilaci\u00f3n en el tiempo de la adopci\u00f3n de la medida de que se trate mediante una tramitaci\u00f3n por el cauce normativo ordinario podr\u00eda generar alg\u00fan perjuicio\u2013. El Decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente l\u00edcito, siempre que el fin que justifica la legislaci\u00f3n de urgencia, sea, tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional (sentencias\u00a06\/1983, de\u00a04 de febrero, FJ. 5; 11\/2002, de\u00a017 de enero, FJ. 4, 137\/2003, de\u00a03 de julio, FJ. 3 y\u00a0189\/2005, de\u00a07 de julio, FJ. 3), subvenir a una situaci\u00f3n concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones dif\u00edciles de prever requiere una acci\u00f3n normativa inmediata en un plazo m\u00e1s breve que el requerido por la v\u00eda normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitaci\u00f3n parlamentaria de las leyes, m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n de dicho procedimiento no depende del Gobierno.<\/p>\n

La aprobaci\u00f3n de este Decreto-ley se hace necesaria y urgente como consecuencia del impacto econ\u00f3mico y social que la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 est\u00e1 ejerciendo sobre las personas en situaci\u00f3n de vulnerabilidad y el riesgo de cronificaci\u00f3n y aumento de la pobreza en el futuro si no se adoptan medidas con car\u00e1cter inmediato. Por todo ello queda acreditada la concurrencia de motivos que justifican la extraordinaria y urgente necesidad de las medidas adoptadas en el presente Decreto-ley.<\/p>\n

Asimismo, la extraordinaria y urgente necesidad de aprobar este Decreto-ley se inscribe en el juicio pol\u00edtico o de oportunidad que corresponde al Gobierno (SSTC\u00a061\/2018, de\u00a07 de junio, FJ\u00a04; 142\/2014, de\u00a011 de septiembre, FJ\u00a03) y esta decisi\u00f3n, sin duda, supone una ordenaci\u00f3n de prioridades pol\u00edticas de actuaci\u00f3n (STC, de\u00a028 de enero de\u00a02020, Recurso de Inconstitucionalidad n\u00famero\u00a02208-2019), centradas en el cumplimiento de la seguridad jur\u00eddica y la cobertura de las necesidades b\u00e1sicas de la ciudadan\u00eda. Los motivos de oportunidad que acaban de exponerse demuestran que, en ning\u00fan caso, este Decreto-ley constituye un supuesto de uso abusivo o arbitrario de este instrumento constitucional (SSTC\u00a061\/2018, de\u00a07 de junio, FJ\u00a04; 100\/2012, de\u00a08 de mayo, FJ\u00a08; 237\/2012, de\u00a013 de diciembre, FJ 4; 39\/2013, de\u00a014 de febrero, FJ\u00a05). Al contrario, todas las razones expuestas justifican amplia y razonadamente la adopci\u00f3n de la norma (SSTC\u00a029\/1982, de\u00a031 de mayo, FJ\u00a03; 111\/1983, de\u00a02 de diciembre, FJ\u00a05; 182\/1997, de\u00a020 de octubre, FJ\u00a03).<\/p>\n

Debe se\u00f1alarse tambi\u00e9n que este Decreto-ley no afecta al \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n delimitado por el art\u00edculo\u00a046.2 del Estatuto de Autonom\u00eda de Canarias. Adem\u00e1s, responde a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jur\u00eddica, transparencia, y eficiencia, tal y como exige la Ley\u00a039\/2015, de\u00a01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com\u00fan de las Administraciones P\u00fablicas. A estos efectos se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia dado el inter\u00e9s general en el que se fundamentan las medidas que se establecen, siendo el Decreto-ley el instrumento m\u00e1s adecuado para garantizar su consecuci\u00f3n. La norma es acorde con el principio de proporcionalidad al contener la regulaci\u00f3n imprescindible para la consecuci\u00f3n de los objetivos previamente mencionados. Igualmente, se ajusta al principio de seguridad jur\u00eddica, siendo coherente con el resto del ordenamiento jur\u00eddico. Asimismo, cumple tambi\u00e9n con el principio de transparencia, ya que identifica claramente su prop\u00f3sito y se ofrece una explicaci\u00f3n, sin que se hayan realizado los tr\u00e1mites de participaci\u00f3n p\u00fablica que se establecen en el art\u00edculo\u00a026 de la Ley\u00a050\/1997, del Gobierno, al amparo de la excepci\u00f3n que, para los decretos-leyes, regula el apartado\u00a011 del aludido precepto. Por \u00faltimo, en relaci\u00f3n con el principio de eficiencia, este Decreto-ley no impone cargas administrativas adicionales a las existentes con anterioridad.<\/p>\n

Por otra parte, dada la finalidad de este Decreto-ley y el \u00e1mbito material de competencias donde se inserta, la presente disposici\u00f3n forma parte del bloque normativo sobre servicios sociales derivado de las competencias exclusivas en esa materia reconocidas en el Estatuto de Autonom\u00eda de Canarias. En efecto, el art\u00edculo\u00a0142.1, letra a) del Estatuto de Autonom\u00eda de Canarias, aprobado por la Ley Org\u00e1nica\u00a01\/2018, de\u00a05 de noviembre, establece en su art\u00edculo\u00a0142, referido a los \u00abServicios sociales\u00bb, que \u00ab1. Corresponde a la Comunidad Aut\u00f3noma de Canarias la competencia exclusiva en materia de servicios sociales, que incluye, en todo caso:<\/p>\n

a)\u2003La regulaci\u00f3n y la ordenaci\u00f3n de los servicios sociales, las prestaciones t\u00e9cnicas y econ\u00f3micas con finalidad asistencial o complementaria de otros sistemas de previsi\u00f3n p\u00fablica, as\u00ed como de los planes y los programas espec\u00edficos dirigidos a personas y colectivos en situaci\u00f3n de pobreza o de necesidad social. (\u2026)\u00bb.<\/p>\n

Por tanto, en el conjunto y en cada una de las medidas que se adoptan, concurren, por su naturaleza y finalidad, las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el art\u00edculo\u00a086 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola y art\u00edculo\u00a046 del Estatuto de Autonom\u00eda de Canarias como presupuestos habilitantes para la aprobaci\u00f3n de un Decreto-ley.<\/p>\n

As\u00ed, de acuerdo con los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa se fundamenta en el inter\u00e9s general que supone atender a las circunstancias sociales y econ\u00f3micas excepcionales que siguen deriv\u00e1ndose de la crisis de salud p\u00fablica provocada por el COVID-19 en las personas beneficiarias de las pensiones no contributivas de la Seguridad Social (PNC) de invalidez y de jubilaci\u00f3n, las del fondo de asistencia social (FAS), las del subsidio de garant\u00eda de ingresos m\u00ednimos (SGIM) y las de la Prestaci\u00f3n Canaria de Inserci\u00f3n, siendo este el momento de adoptar esta medida de car\u00e1cter extraordinario y urgente mediante el establecimiento de una prestaci\u00f3n social puntual de car\u00e1cter extraordinario para la adquisici\u00f3n de material de protecci\u00f3n frente a la COVID-19 y constituyendo este Decreto-ley el instrumento m\u00e1s adecuado para garantizar su consecuci\u00f3n.<\/p>\n

Debe mencionarse la Ley\u00a01\/2010, de\u00a026 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, que establece en su art\u00edculo\u00a04 los principios generales de actuaci\u00f3n de los poderes p\u00fablicos de Canarias, entre ellos, el de transversalidad, principio que comporta aplicar la perspectiva de g\u00e9nero en las fases de planificaci\u00f3n, ejecuci\u00f3n y evaluaci\u00f3n de todas las pol\u00edticas con la finalidad de eliminar las desigualdades y promover la igualdad entre mujeres y hombres. Desde esa perspectiva, el presente Decreto-ley, aunque se trata de una norma de una prestaci\u00f3n extraordinaria para paliar situaciones de vulnerabilidad social, ha tenido en cuenta la perspectiva de g\u00e9nero en su an\u00e1lisis previo y haciendo un uso no sexista del lenguaje utilizado en las expresiones utilizadas.<\/p>\n

En su virtud, en uso de la autorizaci\u00f3n contenida en el art\u00edculo\u00a046 del Estatuto de Autonom\u00eda de Canarias, a propuesta de la Consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, y previa deliberaci\u00f3n del Gobierno en su reuni\u00f3n celebrada el d\u00eda\u00a026 de noviembre de\u00a02020, dispongo:<\/p>\n

CAP\u00cdTULO I<\/strong><\/p>\n

Prestaci\u00f3n extraordinaria para las personas perceptoras de las Pensiones no contributivas, Fondo de asistencia social y Subsidio de garant\u00eda de ingresos m\u00ednimos<\/strong><\/p>\n

Art\u00edculo\u00a01.\u2003Objeto.<\/strong><\/p>\n

Es objeto de este Cap\u00edtulo el establecimiento de una prestaci\u00f3n social finalista y de car\u00e1cter extraordinario a favor de las personas beneficiarias de pensiones de jubilaci\u00f3n e invalidez en sus modalidades no contributivas (PNC), del Fondo de asistencia social (FAS), del Subsidio de garant\u00eda de ingresos m\u00ednimos (SGIM), concebida como prestaci\u00f3n econ\u00f3mica para cubrir los gastos sobrevenidos por motivo del COVID\u00a019, a fin de atender la adquisici\u00f3n de los medios de protecci\u00f3n de obligado cumplimiento.<\/p>\n

Art\u00edculo\u00a02.\u2003Finalidad y naturaleza jur\u00eddica.<\/strong><\/p>\n

Esta prestaci\u00f3n social, finalista, personal e intransferible, est\u00e1 destinada a compensar gastos que se realicen por las personas beneficiarias derivados de la pandemia del COVID-19, como puedan ser mascarillas, geles hidroalcoh\u00f3licos, guantes, productos desinfectantes, o para la realizaci\u00f3n de pruebas de diagn\u00f3stico para la detecci\u00f3n de esta enfermedad, con base a lo establecido en el art\u00edculo\u00a021.3, letra a) de la Ley\u00a016\/2019, de\u00a02 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias.<\/p>\n

Es una prestaci\u00f3n \u00fanica de car\u00e1cter extraordinario no consolidable por lo que no implica derecho alguno a seguir percibi\u00e9ndose en sucesivos a\u00f1os.<\/p>\n

Art\u00edculo\u00a03.\u2003Cuant\u00eda y pago.<\/strong><\/p>\n

1.\u2003La cuant\u00eda individual de estas ayudas se fija en\u00a0250 euros, que se abonar\u00e1n mediante un pago \u00fanico, que se realizar\u00e1 de oficio por la Consejer\u00eda de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias a las personas beneficiarias a las que se refiere el art\u00edculo\u00a05, sin que se precise solicitud de la persona interesada, una vez la entrada en vigor del presente Decreto-ley.<\/p>\n

2.\u2003La resoluci\u00f3n de reconocimiento y pago ser\u00e1 publicada en el \u00abBolet\u00edn Oficial de Canarias\u00bb a los efectos de notificaci\u00f3n de todas las personas beneficiarias.<\/p>\n

3.\u2003El pago se efectuar\u00e1 mediante transferencia bancaria en la cuenta en la que las personas beneficiarias tienen domiciliado el percibo ordinario de su pensi\u00f3n o prestaci\u00f3n.<\/p>\n

Art\u00edculo\u00a04.\u2003Financiaci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n

Las obligaciones que se reconozcan como consecuencia de la aplicaci\u00f3n del presente Decreto-ley ser\u00e1n financiadas con cargo a la aplicaci\u00f3n presupuestaria\u00a023.07.231I.480.01 L.A. 234G0800 Ley de Servicios Sociales-Renta Ciudadana prevista en los Presupuestos Generales de la Comunidad Aut\u00f3noma de Canarias para el\u00a02020, hasta el l\u00edmite de\u00a011.717.750 euros.<\/p>\n

Art\u00edculo\u00a05.\u2003Personas beneficiarias y devengo.<\/strong><\/p>\n

Ser\u00e1n personas beneficiarias de estas prestaciones sociales de car\u00e1cter extraordinario las que tengan reconocida y perciban las pensiones de invalidez y jubilaci\u00f3n en su modalidad no contributiva (PNC), las del Fondo de asistencia social (FAS) y las del subsidio de garant\u00eda de ingresos m\u00ednimos (SGIM) y que se encuentren en situaci\u00f3n de alta en n\u00f3mina a\u00a010 de diciembre de\u00a02020 y sean residentes en la Comunidad Aut\u00f3noma de Canarias.<\/p>\n

CAP\u00cdTULO II<\/strong><\/p>\n

Prestaci\u00f3n destinada a las unidades de convivencia beneficiarias de la Prestaci\u00f3n Canaria de Inserci\u00f3n<\/strong><\/p>\n

Art\u00edculo\u00a06.\u2003Objeto.<\/strong><\/p>\n

Es objeto de este Cap\u00edtulo el establecimiento de una prestaci\u00f3n social extraordinaria a favor de las personas titulares de la Prestaci\u00f3n Canaria de Inserci\u00f3n (PCI) para hacer frente a los gastos generados como consecuencia de la pandemia del COVID-19.<\/p>\n

Art\u00edculo\u00a07.\u2003Finalidad y naturaleza jur\u00eddica.<\/strong><\/p>\n

1.\u2003Esta prestaci\u00f3n econ\u00f3mica tiene car\u00e1cter de prestaci\u00f3n extraordinaria con car\u00e1cter finalista y suplementario, que se realiza para compensar gastos derivados de la pandemia del COVID-19, como puedan ser mascarillas, geles hidroalcoh\u00f3licos, guantes, productos desinfectantes o para la realizaci\u00f3n de pruebas de diagn\u00f3stico para la detecci\u00f3n de esta enfermedad, as\u00ed como para cubrir otras necesidades b\u00e1sicas a que se refiere el art\u00edculo\u00a021.3, letra a) de la Ley\u00a016\/2019, de\u00a02 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias.<\/p>\n

2.\u2003Esta prestaci\u00f3n no ser\u00e1 computable a efectos de la determinaci\u00f3n de los recursos econ\u00f3micos para el c\u00e1lculo de la PCI que les pudiera corresponder a las personas integrantes de la unidad de convivencia beneficiaria, a que se refiere el art\u00edculo\u00a08 de la Ley de la Prestaci\u00f3n Canaria de Inserci\u00f3n.<\/p>\n

3.\u2003Esta prestaci\u00f3n econ\u00f3mica, dirigida a las personas titulares de la PCI, es intransferible, tiene car\u00e1cter extraordinario y naturaleza jur\u00eddica de suplemento no consolidable en relaci\u00f3n con las cuant\u00edas que por este concepto tuvieran reconocidas.<\/p>\n

Art\u00edculo\u00a08.\u2003Cuant\u00eda y pago.<\/strong><\/p>\n

1.\u2003La cuant\u00eda individual de esta prestaci\u00f3n extraordinaria se fija en\u00a0250 euros, que se abonar\u00e1 mediante un pago \u00fanico, que se realizar\u00e1 de oficio por la Consejer\u00eda de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias a las personas beneficiarias a las que se refiere el art\u00edculo\u00a010, sin que se precise solicitud de la persona interesada.<\/p>\n

2.\u2003La resoluci\u00f3n de reconocimiento y pago ser\u00e1 publicada en el \u00abBolet\u00edn Oficial de Canarias\u00bb a los efectos de notificaci\u00f3n a todas las personas beneficiarias.<\/p>\n

3.\u2003Este pago se efectuar\u00e1 mediante transferencia bancaria en la cuenta en la que las personas beneficiarias tienen domiciliado el percibo ordinario de su prestaci\u00f3n canaria de inserci\u00f3n.<\/p>\n

Art\u00edculo\u00a09.\u2003Financiaci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n

Las obligaciones que se reconozcan como consecuencia de la aplicaci\u00f3n de esta disposici\u00f3n ser\u00e1n financiadas con cargo a la aplicaci\u00f3n presupuestaria\u00a023.07.231I.480.01 L.A. 234G0800 Ley de Servicios Sociales-Renta Ciudadana, prevista en los Presupuestos Generales de la Comunidad Aut\u00f3noma de Canarias para el\u00a02020, hasta el l\u00edmite de\u00a02.050.000 euros.<\/p>\n

Art\u00edculo\u00a010.\u2003Personas beneficiarias y devengo.<\/strong><\/p>\n

Ser\u00e1n beneficiarias las personas perceptoras titulares de la unidad de convivencia que tengan reconocida la PCI y en quienes concurra esta condici\u00f3n a fecha de\u00a01 de diciembre de\u00a02020. Solo se abonar\u00e1 una prestaci\u00f3n por unidad de convivencia.<\/p>\n

Disposici\u00f3n adicional \u00fanica.\u2003Car\u00e1cter de renta o ingreso no computable.<\/strong><\/p>\n

Las prestaciones reguladas en este Decreto-ley se excluir\u00e1n y no se tendr\u00e1n en cuenta para el c\u00f3mputo de rentas por premios o recompensas otorgadas a personas con discapacidad en los centros ocupacionales o sociosanitarios, subvenciones, ayudas o becas destinadas a compensar un gasto realizado, as\u00ed como por cualesquiera de las prestaciones o ayudas econ\u00f3micas y en especie otorgadas por las Administraciones p\u00fablicas canarias.<\/p>\n

Disposici\u00f3n final primera.\u2003Habilitaci\u00f3n a la Consejer\u00eda competente en materia de derechos y pol\u00edticas sociales.<\/strong><\/p>\n

Corresponde a la persona titular de la Consejer\u00eda competente en materia de derechos y pol\u00edticas sociales dictar las resoluciones e instrucciones interpretativas que, en la esfera espec\u00edfica de su actuaci\u00f3n, sean necesarias para garantizar la eficacia de lo dispuesto en este Decreto-ley.<\/p>\n

Disposici\u00f3n final segunda.\u2003Modificaci\u00f3n de la Ley\u00a01\/2007, de\u00a017 de enero, por la que se regula la Prestaci\u00f3n Canaria de Inserci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n

Se modifica el apartado\u00a04 del art\u00edculo\u00a09 de la Ley\u00a01\/2007, de\u00a017 de enero, por la que se regula la Prestaci\u00f3n Canaria de Inserci\u00f3n, que queda redactado como sigue:<\/p>\n

\u00ab4.\u2003Del importe de la Prestaci\u00f3n Canaria de Inserci\u00f3n que pudiera corresponder a la unidad de convivencia se deducir\u00e1n los ingresos y dem\u00e1s rentas con que cuente \u00e9sta, teniendo en cuenta lo dispuesto en el art\u00edculo\u00a08 de esta Ley.<\/p>\n

Cualquiera que sea la deducci\u00f3n que se efect\u00fae, y siempre que se tuviese derecho a la percepci\u00f3n de la ayuda econ\u00f3mica b\u00e1sica, \u00e9sta no podr\u00e1 ser nunca inferior al importe m\u00ednimo de\u00a0130,41 euros, excepto a las que se perciban del Ingreso M\u00ednimo Vital que se complementar\u00e1 hasta cubrir diferencia que le corresponder\u00eda para la Prestaci\u00f3n Canaria de Inserci\u00f3n.<\/p>\n

Dicho importe m\u00ednimo podr\u00e1 ser revalorizado anualmente en las leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad Aut\u00f3noma de Canarias.\u00bb<\/p>\n

Disposici\u00f3n final tercera.\u2003Entrada en vigor.<\/strong><\/p>\n

Este Decreto-ley entrar\u00e1 en vigor el d\u00eda siguiente al de su publicaci\u00f3n en el \u00abBolet\u00edn Oficial de Canarias\u00bb.<\/p>\n

Canarias, 26 de noviembre de\u00a02020.\u2013El Presidente del Gobierno, \u00c1ngel V\u00edctor Torres P\u00e9rez.\u2013La Consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noem\u00ed Santana Perera.<\/p>\n

(Publicado en el\u00a0\u00abBolet\u00edn Oficial de Canarias\u00bb\u00a0n\u00famero\u00a0243, de\u00a027 de noviembre de\u00a02020. Convalidado por Acuerdo del Parlamento de Canarias, publicado en el \u00abBolet\u00edn Oficial de Canarias\u00bb n\u00famero\u00a0270, de\u00a031 de diciembre de\u00a02020)<\/em><\/p>\n

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Decreto-ley 20\/2020, de 26 de noviembre, por el que se establecen medidas urgentes para paliar los efectos sociales derivados de la COVID-19 mediante el abono de una prestaci\u00f3n extraordinaria a las personas titulares de las pensiones no contributivas, del fondo de asistencia social, del subsidio de garant\u00eda de ingresos m\u00ednimos y de la prestaci\u00f3n canaria de inserci\u00f3n, residentes en la Comunidad Aut\u00f3noma de Canarias. 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