{"id":17028,"date":"2021-03-26T10:07:34","date_gmt":"2021-03-26T10:07:34","guid":{"rendered":"https:\/\/normativamunicipal.com\/?p=17028"},"modified":"2026-09-30T09:24:15","modified_gmt":"2026-09-30T09:24:15","slug":"regimen-sancionador-covid-19-castilla-y-leon","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/normativamunicipal.com\/?p=17028","title":{"rendered":"R\u00e9gimen sancionador Covid-19 CASTILLA Y LEON"},"content":{"rendered":"

DECRETO-Ley 2\/2021, de 25 de marzo, por el que se modifica el Decreto-ley 7\/2020, de 23 de julio, por el que se establece el r\u00e9gimen sancionador espec\u00edfico por el incumplimiento de las medidas de prevenci\u00f3n y contenci\u00f3n sanitarias para afrontar la situaci\u00f3n de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y Le\u00f3n.<\/strong>
\nEstos Documentos, con los que puedan modificar o les acompa\u00f1an, se ha incorporado a los contenidos ya existentes en el siguiente T\u00cdTULO publicado y a su disposici\u00f3n:
\n\"\"<\/a><\/p>\n

\u2013I\u2013<\/strong><\/p>\n

El art\u00edculo 25.4 del Estatuto de Autonom\u00eda de Castilla y Le\u00f3n determina que \u00aben caso de extraordinaria y urgente necesidad, la Junta podr\u00e1 dictar disposiciones legislativas provisionales que tomar\u00e1n la forma de decretos-leyes\u00bb.<\/p>\n

En relaci\u00f3n con la concurrencia del presupuesto de extraordinaria y urgente necesidad, el Tribunal Constitucional se\u00f1ala que \u00e9sta exige no solamente la presentaci\u00f3n expl\u00edcita y razonada de los motivos que han sido tenidos en cuenta por el gobierno en su aprobaci\u00f3n, es decir, lo que ha venido a denominarse la situaci\u00f3n de urgencia, sino tambi\u00e9n la existencia de una necesaria conexi\u00f3n entre la situaci\u00f3n de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella.<\/p>\n

Pues bien, la gravedad de los efectos ocasionados por la crisis sanitaria producida por la COVID-19 sobre los \u00e1mbitos personal, laboral y social exige un riguroso cumplimiento de las medidas sanitarias preventivas destinadas a limitar su propagaci\u00f3n. Para garantizar el respeto a dichas medidas es necesario disponer de mecanismos eficaces de car\u00e1cter disuasorio, que desalienten a realizar actividades o actuaciones a los infractores y de mecanismos coercitivos, que permitan realizar una intervenci\u00f3n inmediata destinada a interrumpir aquellas actuaciones constitutivas de infracciones graves o muy graves que generan un alto riesgo de trasmisi\u00f3n de la enfermedad. En estos casos las sanciones econ\u00f3micas se revelan a menudo insuficientes, resultando mucho m\u00e1s efectiva la medida de cierre temporal de establecimientos, actividades o servicios, sin perjuicio de las garant\u00edas jur\u00eddicas que deben acompa\u00f1ar a su adopci\u00f3n. Por ello resulta urgente modificar el Decreto Ley 7\/2020, de 23 de julio, por el que se establece el r\u00e9gimen sancionador espec\u00edfico por el incumplimiento de las medidas de prevenci\u00f3n y contenci\u00f3n sanitarias para afrontar la situaci\u00f3n de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y Le\u00f3n, para delimitar y reforzar los supuestos en que procede acordar la medida de cierre temporal de establecimientos, actividades o servicios, ya sea como consecuencia de la adopci\u00f3n de una medida cautelar o bien como consecuencia de la imposici\u00f3n de la correspondiente sanci\u00f3n accesoria.<\/p>\n

A estos efectos, el presente decreto ley constituye un instrumento constitucionalmente l\u00edcito, en tanto que persigue la consecuci\u00f3n del fin que justifica la legislaci\u00f3n de urgencia, que no es otro que subvenir a situaciones concretas de los objetivos gubernamentales que requieren una acci\u00f3n normativa inmediata en un plazo de tiempo menor que el requerido utilizando el procedimiento legislativo ordinario o incluso el previsto para supuestos de urgencia para la tramitaci\u00f3n parlamentaria de las leyes. Asimismo, y toda vez que el objeto del presente Decreto Ley es la modificaci\u00f3n del Decreto-Ley 7\/2020, de 23 de julio, por el que se establece el r\u00e9gimen sancionador espec\u00edfico por el incumplimiento de las medidas de prevenci\u00f3n y contenci\u00f3n sanitarias para afrontar la situaci\u00f3n de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y Le\u00f3n, que, a su vez, fue modificado por el Decreto-Ley 10\/2020, de 22 de octubre, de medidas urgentes para reforzar el control y sanci\u00f3n de las medidas de prevenci\u00f3n y contenci\u00f3n sanitarias para afrontar la situaci\u00f3n de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 se dan por incorporados y reproducidos los razonamientos expuestos en la exposici\u00f3n de motivos de ambas disposiciones.<\/p>\n

\u2013II\u2013<\/strong><\/p>\n

La pervivencia de la situaci\u00f3n de riesgo sanitario a consecuencia de la COVID-19, como acredita la evidencia cient\u00edfica disponible y los rebrotes que diariamente se vienen sucediendo y que son p\u00fablicamente conocidos, determinan que haya de utilizarse necesariamente en la lucha frente a esta pandemia todos los cauces que el ordenamiento jur\u00eddico ofrece.<\/p>\n

El Real Decreto Ley 21\/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevenci\u00f3n, contenci\u00f3n y coordinaci\u00f3n para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 del Estado, estableci\u00f3 una serie de medidas y pautas generales de prevenci\u00f3n, contenci\u00f3n y coordinaci\u00f3n para hacer frente a la crisis sanitaria.<\/p>\n

Por su parte, la Ley Org\u00e1nica 3\/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud p\u00fablica, establece en su art\u00edculo 1 que \u00abal objeto de proteger la salud p\u00fablica y prevenir su p\u00e9rdida o deterioro, las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones P\u00fablicas podr\u00e1n, dentro del \u00e1mbito de sus competencias, adoptar las medidas previstas en la presente ley, cuando as\u00ed lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad\u00bb.<\/p>\n

Asimismo, la Ley 14\/1986, de 25 de abril, General de Sanidad determina en su art\u00edculo 26.1 que \u00aben el caso de que exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades sanitarias adoptar\u00e1n las medidas preventivas que estimen pertinentes\u00bb.<\/p>\n

Espec\u00edficamente, en nuestra Comunidad Aut\u00f3noma, la Ley 8\/2010, de 30 de agosto, de Ordenaci\u00f3n del Sistema de Salud de Castilla y Le\u00f3n, dispone en su art\u00edculo 67 que \u00ablas autoridades sanitarias competentes podr\u00e1n intervenir en cualquier actividad p\u00fablica y privada que, directa o indirectamente, pueda repercutir en la salud individual o colectiva, a trav\u00e9s de las medidas de control y limitaci\u00f3n que se establecen en la presente Ley y las dem\u00e1s normas de aplicaci\u00f3n\u00bb.<\/p>\n

De igual forma, la Ley 10\/2010, de 27 de septiembre, de Salud P\u00fablica y Seguridad Alimentaria, determina en su art\u00edculo 45 que \u00aben caso de que exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades sanitarias y los agentes de la autoridad sanitaria adoptar\u00e1n las medidas preventivas que estimen pertinentes en los t\u00e9rminos previstos en la presente ley, la normativa b\u00e1sica estatal y dem\u00e1s disposiciones de desarrollo\u00bb.<\/p>\n

En definitiva, con car\u00e1cter general, la legislaci\u00f3n en materia sanitaria permite a las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones P\u00fablicas \u2013Estado, Comunidades Aut\u00f3nomas y Ayuntamientos\u2013, dentro del \u00e1mbito de sus competencias, adoptar medidas preventivas de car\u00e1cter personal, social y material cuando as\u00ed lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad, o exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud.<\/p>\n

Adem\u00e1s, dado que la legislaci\u00f3n auton\u00f3mica atribuye tambi\u00e9n la condici\u00f3n de autoridad sanitaria, en todo caso, a la persona titular de la Consejer\u00eda de Sanidad, a las personas titulares de los centros directivos centrales de la misma y a las personas titulares de las Delegaciones Territoriales, y tambi\u00e9n en determinados supuestos, a los alcaldes, siendo, por tanto, los competentes en sus respectivos \u00e1mbitos materiales y territoriales para la adopci\u00f3n, seguimiento y control de las medidas sanitarias necesarias, se pueden producir tambi\u00e9n la adopci\u00f3n de \u00f3rdenes, resoluciones e instrucciones de intervenci\u00f3n de car\u00e1cter singular que afecten a la ciudadan\u00eda, las empresas, las actividades y los establecimientos, siempre respetando los principios de necesidad, motivaci\u00f3n, proporcionalidad y precauci\u00f3n.<\/p>\n

Como este conjunto de disposiciones normativas, medidas y actos administrativos dan lugar a verdaderas obligaciones para los ciudadanos, su incumplimiento no puede verse privado de la correspondiente sanci\u00f3n.<\/p>\n

Dado que el r\u00e9gimen sancionador existente se encontraba disperso en varios textos legales, y regulado de forma completa, pero con un car\u00e1cter de generalidad que, si no imped\u00eda, al menos, dificultaba el conocimiento ciudadano de aquellas conductas u omisiones que son reprochables jur\u00eddicamente desde el punto de vista administrativo, se dict\u00f3 el Decreto-Ley 7\/2020, de 23 de julio, modificado por el Decreto-Ley 10\/2020, de 22 de octubre.<\/p>\n

El Decreto-Ley 7\/2020, de 23 de julio, establece un completo r\u00e9gimen sancionador particularizando comportamientos punibles y hechos sancionables espec\u00edficos ante incumplimientos de obligaciones impuestas por normas dictadas para prevenir la pandemia de la COVID 19, que con el citado decreto ley se clarifica y pormenoriza. Y ello sin perjuicio de poder resultar de aplicaci\u00f3n el r\u00e9gimen general de infracciones y sanciones en materia sanitaria o de otro tipo previstos en el ordenamiento jur\u00eddico vigente.<\/p>\n

Descrito el marco normativo vigente, interesa poner de manifiesto algunas circunstancias que han marcado la evoluci\u00f3n de la enfermedad en los \u00faltimos tiempos, comenzando por el incremento de brotes epid\u00e9micos por coronavirus surgidos durante el oto\u00f1o de 2020, que dio lugar a la aprobaci\u00f3n de un nuevo estado de alarma mediante el Real Decreto 926\/2020, de 25 de octubre.<\/p>\n

As\u00ed mismo, en respuesta a la situaci\u00f3n sanitaria, el 21 de octubre se aprob\u00f3 por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud un documento de actuaciones de respuesta coordinada por el que se fijan los indicadores epidemiol\u00f3gicos y sanitarios cuya evaluaci\u00f3n determinar\u00e1 la situaci\u00f3n epidemiol\u00f3gica existente en cada momento.<\/p>\n

En este contexto, la Junta de Castilla y Le\u00f3n aprob\u00f3 el Acuerdo 76\/2020, de 3 de noviembre, por el que se establecen los niveles de alerta sanitaria y se aprueba el Plan de Medidas de Prevenci\u00f3n y Control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en la Comunidad de Castilla y Le\u00f3n.<\/p>\n

Durante los meses de enero y febrero de 2021 los indicadores sanitarios pusieron de manifiesto un incremento descontrolado de los contagios con el consecuente aumento de la presi\u00f3n asistencial. Ello ha conllevado la declaraci\u00f3n del nivel de alerta 4 en todo el territorio de la Comunidad por el Acuerdo 2\/2021, de 7 de enero. Pero dicha declaraci\u00f3n se revel\u00f3 insuficiente para controlar la propagaci\u00f3n de la enfermedad, obligando a adoptar un cat\u00e1logo de medidas sanitarias preventivas de car\u00e1cter excepcional, consistentes en la suspensi\u00f3n de la actividad de centros comerciales, centros deportivos y la hosteler\u00eda en espacios interiores, as\u00ed como en la limitaci\u00f3n horaria de los establecimientos cuya apertura estaba autorizada. Dichas medidas tuvieron incluso que ser reforzadas mediante otras m\u00e1s restrictivas en determinados momentos.<\/p>\n

No obstante, los datos actuales revelan una mejora de la situaci\u00f3n sanitaria, lo cual ha permitido dejar sin efecto las medidas sanitarias de car\u00e1cter excepcional mencionadas. Sin embargo, la eliminaci\u00f3n de las restricciones debe ir acompa\u00f1ada de un estricto control de los incumplimientos de las medidas vigentes, para evitar una nueva expansi\u00f3n descontrolada de la enfermedad.<\/p>\n

A tal efecto, la experiencia en la aplicaci\u00f3n del Decreto-Ley revela que el r\u00e9gimen de sanciones se muestra con efectos limitados en los objetivos de prevenci\u00f3n general y especial en cuanto a determinadas infracciones muy graves y en cuanto a las graves, cuando se cometen en establecimientos o instalaciones con hechos de especial relevancia en materia de salud p\u00fablica por las consecuencias que tienen en la propagaci\u00f3n de la infecci\u00f3n. As\u00ed ocurre que, tanto para las infracciones muy graves, salvo en los casos en que sea competente para sancionar la Junta de Castilla y Le\u00f3n, como en las graves, solo se contempla la sanci\u00f3n de multa.<\/p>\n

Por ello, se muestra necesario reforzar las consecuencias sancionadoras de las infracciones muy graves previstas en los art\u00edculos 3.1.a), b) y c) y 3.2.b) y c), en aquellos casos que excedan de la competencia de la Junta de Castilla y Le\u00f3n, as\u00ed como de las infracciones graves previstas en el art\u00edculo 4.1.a) y b) y en el art\u00edculo 4.2.b), modific\u00e1ndose el art\u00edculo 7 del Decreto-Ley para contemplar en estos casos la sanci\u00f3n accesoria de cierre temporal del establecimiento, instalaci\u00f3n o servicio.<\/p>\n

Para cumplir con el principio de proporcionalidad, la duraci\u00f3n m\u00e1xima de la sanci\u00f3n accesoria de cierre temporal en el caso de las faltas muy graves mencionadas ser\u00e1 de cinco a\u00f1os y en el de las graves de dos a\u00f1os, y siempre habr\u00e1 de darse audiencia previa al interesado antes de adoptar las mismas.<\/p>\n

En cuanto a la modificaci\u00f3n del art\u00edculo 10, contribuye a clarificar los casos en los que se podr\u00e1n adoptar medidas provisionales que en todo caso ser\u00e1n en casos de imputaci\u00f3n de infracciones muy graves e infracciones previstas en los art\u00edculos 4.1.a) y b) as\u00ed como 4.2.b), pudiendo asimismo adoptarse con car\u00e1cter previo al inicio del expediente sancionador.<\/p>\n

\u2013III\u2013<\/strong><\/p>\n

En la elaboraci\u00f3n de este decreto-ley se han observado los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jur\u00eddica, transparencia y eficiencia, exigidos por el art\u00edculo 129 de la Ley 39\/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com\u00fan de las Administraciones P\u00fablicas y los de coherencia, accesibilidad y responsabilidad, que a\u00f1ade la Ley 2\/2010, de 11 de marzo, de Derechos de los Ciudadanos en sus relaciones con la Administraci\u00f3n de la Comunidad de Castilla y Le\u00f3n y de Gesti\u00f3n P\u00fablica.<\/p>\n

A estos efectos, se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia, dado el inter\u00e9s general en el que se fundamentan las medidas que se establecen, siendo el decreto-ley el instrumento m\u00e1s inmediato para garantizar su consecuci\u00f3n.<\/p>\n

La norma, adem\u00e1s, es acorde con el principio de proporcionalidad, al contener la regulaci\u00f3n imprescindible para alcanzar los objetivos previamente mencionados. Igualmente, se ajusta al principio de seguridad jur\u00eddica y al de coherencia, guardando armon\u00eda con el resto del ordenamiento jur\u00eddico y siendo coherente con el cumplimiento de las pol\u00edticas p\u00fablicas auton\u00f3micas.<\/p>\n

La disposici\u00f3n cumple tambi\u00e9n con el principio de transparencia, ya que identifica claramente su prop\u00f3sito y ofrece una explicaci\u00f3n detallada, sin que se hayan realizado los tr\u00e1mites de participaci\u00f3n p\u00fablica que se establecen en el art\u00edculo 75 de la Ley 3\/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administraci\u00f3n de Castilla y Le\u00f3n. Todo ello es conforme con lo dispuesto en el art\u00edculo 76 bis.1 b) y 3 b) de dicha ley, que excepciona los tr\u00e1mites de consulta previa y participaci\u00f3n previstos en los apartados 2 y 4 del art\u00edculo 75, en el supuesto en que en la norma en tramitaci\u00f3n concurran circunstancias extraordinarias que no hayan podido preverse con anterioridad y que exijan la aprobaci\u00f3n urgente de la norma.<\/p>\n

En relaci\u00f3n con el principio de eficiencia, en este decreto-ley se pretenden reforzar los instrumentos que contribuyan a evitar la propagaci\u00f3n del coronavirus.<\/p>\n

\u2013IV\u2013<\/strong><\/p>\n

Sobre el ejercicio competencial propio de la Comunidad Aut\u00f3noma, la Comunidad de Castilla y Le\u00f3n ostenta competencias en materia de sanidad, y as\u00ed los art\u00edculos 70.1.4 y 71.1 del Estatuto de Autonom\u00eda de Castilla y Le\u00f3n, aprobado por Ley Org\u00e1nica 14\/2007, de 30 de noviembre, establece como competencia exclusiva y de desarrollo normativo y ejecuci\u00f3n en la organizaci\u00f3n territorial de la Comunidad, relaciones entre las instituciones de la Comunidad y los entes locales y regulaci\u00f3n de los entes locales creados por la Comunidad, as\u00ed como en materia de r\u00e9gimen local, respectivamente.<\/p>\n

Por otra parte, el art\u00edculo 74 del Estatuto de Autonom\u00eda determina que \u00abson de competencia exclusiva de la Comunidad de Castilla y Le\u00f3n, sin perjuicio de las facultades reservadas al Estado, las funciones en materia de sanidad y salud p\u00fablica, la promoci\u00f3n de la salud en todos los \u00e1mbitos, la planificaci\u00f3n de los recursos sanitarios p\u00fablicos, la coordinaci\u00f3n de la sanidad privada con el sistema sanitario p\u00fablico y la formaci\u00f3n sanitaria especializada\u00bb y, adem\u00e1s, seg\u00fan el apartado tercero del mismo precepto \u00abla Junta de Castilla y Le\u00f3n podr\u00e1 organizar y administrar para aquellas finalidades, y dentro de su territorio, todos los servicios relacionados con las materias antes mencionadas, y ejercer\u00e1 la inspecci\u00f3n y control de las entidades en materia de sanidad, reserv\u00e1ndose al Estado la alta inspecci\u00f3n para el cumplimiento de las funciones y competencias contenidas en este art\u00edculo\u00bb.<\/p>\n

Este decreto ley se estructura en un art\u00edculo \u00fanico con dos apartados, uno previendo la modificaci\u00f3n del art\u00edculo 7 del Decreto-Ley indicado y otro la modificaci\u00f3n del apartado 2.\u00ba del art\u00edculo 10 del mismo.<\/p>\n

El texto legal se cierra con una disposici\u00f3n final sobre su entrada en vigor.<\/p>\n

En su virtud, la Junta de Castilla y Le\u00f3n, a propuesta de la Consejera de Sanidad, y previa deliberaci\u00f3n del Consejo de Gobierno en su reuni\u00f3n de 25 de marzo de 2021<\/p>\n

DISPONE<\/strong><\/p>\n

Art\u00edculo \u00danico. Modificaci\u00f3n del Decreto-Ley 7\/2020, de 23 de julio, por el que se establece el r\u00e9gimen sancionador espec\u00edfico por el incumplimiento de las medidas de prevenci\u00f3n y contenci\u00f3n sanitarias para afrontar la situaci\u00f3n de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y Le\u00f3n.<\/p>\n

Se modifica el Decreto-Ley 7\/2020, de 23 de julio, por el que se establece el r\u00e9gimen sancionador espec\u00edfico por el incumplimiento de las medidas de prevenci\u00f3n y contenci\u00f3n sanitarias para afrontar la situaci\u00f3n de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y Le\u00f3n, en la siguiente forma:<\/p>\n

Uno. Se modifica el contenido del art\u00edculo 7 que pasa a tener el siguiente contenido:<\/p>\n

\u00abArt\u00edculo 7. Sanciones accesorias.<\/p>\n

    \n
  1. Sin perjuicio de las multas a que se refiere el art\u00edculo anterior, en los casos de infracciones muy graves de los apartados del art\u00edculo 3.1.a), b) y c), y de los apartados del art\u00edculo 3.2.b) y c), siempre previa audiencia al interesado se podr\u00e1 acordar como sanci\u00f3n accesoria, el cierre temporal del establecimiento, instalaci\u00f3n o servicio donde se haya producido la infracci\u00f3n o la prohibici\u00f3n de realizar la actividad, durante el plazo m\u00e1ximo de cinco a\u00f1os.<\/li>\n
  2. Dicha sanci\u00f3n accesoria podr\u00e1 ser igualmente acordada en los supuestos de infracciones graves recogidas en los apartados del art\u00edculo 4.1.a) y b) y del apartado del art\u00edculo 4.2.b), tambi\u00e9n previa audiencia del interesado, pudiendo tener una duraci\u00f3n m\u00e1xima de dos a\u00f1os.\u00bb<\/li>\n<\/ol>\n

    Dos. Se modifica el contenido el art\u00edculo 10 que queda redactado en la forma siguiente:<\/p>\n

    \u00abArt\u00edculo 10. Medidas Provisionales.<\/p>\n

      \n
    1. En los supuestos de imputaci\u00f3n de infracciones muy graves o de imputaci\u00f3n de las infracciones graves previstas en los art\u00edculos 4.1 a) y b) y 4.2 b) de este Decreto Ley, el \u00f3rgano competente para resolver el procedimiento puede ordenar cualesquiera de las medidas provisionales previstas en el art\u00edculo 56.1 y 3 de la Ley 39\/2015, de 1 de octubre, incluido el cierre del establecimiento o la suspensi\u00f3n de la actividad o acto objeto de infracci\u00f3n.<\/li>\n
    2. Excepcionalmente, las medidas provisionales previstas en el apartado anterior podr\u00e1n adoptarse, con car\u00e1cter previo a la iniciaci\u00f3n del procedimiento, en los t\u00e9rminos previstos en el art\u00edculo 56.2 de la Ley 39\/2015.<\/li>\n<\/ol>\n

      En todo caso, en el supuesto previsto en el p\u00e1rrafo anterior, la medida provisional debe ser ratificada, rechazada o modificada en la resoluci\u00f3n iniciadora del procedimiento sancionador, que debe dictarse en los quince d\u00edas siguientes a la adopci\u00f3n de la medida. Quedar\u00e1n sin efecto aquellas que, vencido el plazo, no se hayan ratificado.\u00bb<\/p>\n

      DISPOSICI\u00d3N FINAL<\/strong><\/p>\n

      El presente Decreto-Ley entrar\u00e1 en vigor al d\u00eda siguiente de su publicaci\u00f3n en el Bolet\u00edn Oficial de Castilla y Le\u00f3n.<\/p>\n

      Valladolid, 25 de marzo de 2021.<\/p>\n

      El Presidente
      \nde la Junta de Castilla y Le\u00f3n, Fdo.: Alfonso Fern\u00e1ndez Ma\u00f1ueco<\/p>\n

      La Consejera de Sanidad,
      \nFdo.: Ver\u00f3nica Casado Vicente<\/p>\n

       <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

      DECRETO-Ley 2\/2021, de 25 de marzo, por el que se modifica el Decreto-ley 7\/2020, de 23 de julio, por el que se establece el r\u00e9gimen sancionador espec\u00edfico por el incumplimiento de las medidas de prevenci\u00f3n y contenci\u00f3n sanitarias para afrontar la situaci\u00f3n de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y Le\u00f3n. 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