{"id":17142,"date":"2021-04-22T08:45:23","date_gmt":"2021-04-22T08:45:23","guid":{"rendered":"https:\/\/normativamunicipal.com\/?p=17142"},"modified":"2026-09-30T09:23:48","modified_gmt":"2026-09-30T09:23:48","slug":"intervencion-previa-de-requisitos-esenciales-comunidad-madrid","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/normativamunicipal.com\/?p=17142","title":{"rendered":"Intervenci\u00f3n previa de requisitos esenciales COMUNIDAD MADRID"},"content":{"rendered":"<p><strong>DECRETO 62\/2021, de 21 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la modalidad de intervenci\u00f3n previa de requisitos esenciales en la Comunidad de Madrid.<\/strong><br \/>\nEstos Documentos, con los que puedan modificar o les acompa\u00f1an, se ha incorporado a los contenidos ya existentes en el siguiente T\u00cdTULO publicado y a su disposici\u00f3n:<br \/>\n<a href=\"https:\/\/dappeditorial.es\/?page_id=369\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><img decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-6250 size-full\" src=\"https:\/\/normativamunicipal.com\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/logo-interventor-blog.png\" alt=\"\" width=\"372\" height=\"56\" srcset=\"https:\/\/normativamunicipal.com\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/logo-interventor-blog.png 372w, https:\/\/normativamunicipal.com\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/logo-interventor-blog-300x45.png 300w\" sizes=\"(max-width: 372px) 100vw, 372px\" \/><\/a><\/p>\n<p><!--more-->El Decreto 75\/1989, de 6 de julio, por el que se regula la aplicaci\u00f3n de lo dispuesto en el art\u00edculo 95 de la Ley General Presupuestaria, implant\u00f3 la modalidad de fiscalizaci\u00f3n previa limitada en el \u00e1mbito de la Comunidad de Madrid, haciendo uso, para ello, de la habilitaci\u00f3n incluida en el art\u00edculo 95 de la Ley 47\/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y que, asimismo, se recoge posteriormente en el art\u00edculo 85.2 de la Ley 9\/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.<\/p>\n<p>Posteriormente, y en ejecuci\u00f3n de lo dispuesto en el citado Decreto y la Ley 9\/1990, de 8 de noviembre, sucesivas \u00f3rdenes del titular de la consejer\u00eda competente en materia de Hacienda extendieron dicha modalidad de fiscalizaci\u00f3n a diversas categor\u00edas de expedientes administrativos, de tal modo que, en el momento actual, en el \u00e1mbito de la Comunidad de Madrid la modalidad de fiscalizaci\u00f3n previa limitada o de requisitos esenciales est\u00e1 siendo aplicada sectorialmente en materia de dependencia, en el control previo del Servicio Madrile\u00f1o de Salud y en los gastos de personal de centros docentes p\u00fablicos no universitarios.<\/p>\n<p>La experiencia acumulada en el ejercicio de esta modalidad de fiscalizaci\u00f3n previa y los beneficios que la misma proporciona en cuanto a la agilizaci\u00f3n de los procedimientos administrativos aconsejan desarrollar el marco normativo necesario para su aplicaci\u00f3n con car\u00e1cter general en la Comunidad de Madrid.<\/p>\n<p>Por \u00faltimo, debe a\u00f1adirse que la situaci\u00f3n de crisis sanitaria, econ\u00f3mica y social provocada por la pandemia de coronavirus ha dado lugar a la aprobaci\u00f3n del Instrumento Europeo de Recuperaci\u00f3n, instrumento temporal concebido para impulsar la recuperaci\u00f3n, que se configura como el mayor paquete de est\u00edmulo jam\u00e1s financiado a trav\u00e9s del presupuesto de la Uni\u00f3n Europea.<\/p>\n<p>El Real Decreto-Ley 36\/2020, de 31 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernizaci\u00f3n de la Administraci\u00f3n P\u00fablica y para la ejecuci\u00f3n del Plan de Recuperaci\u00f3n, Transformaci\u00f3n y Resiliencia, supone la adopci\u00f3n de medidas a nivel nacional para la correcta articulaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de estos fondos europeos de car\u00e1cter extraordinario, que deben de ejecutarse en per\u00edodos breves de tiempo y con el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Uni\u00f3n Europea.<\/p>\n<p>Esta \u00faltima circunstancia aconseja la puesta en marcha en la Comunidad de Madrid de l\u00edneas de actuaci\u00f3n para simplificar los procedimientos administrativos y agilizar los plazos de tramitaci\u00f3n. En este marco, el establecimiento de la fiscalizaci\u00f3n previa de requisitos esenciales como modalidad de control previo de los expedientes de gasto vinculados a los citados fondos europeos, puede convertirse en uno de dichos instrumentos de agilizaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Teniendo en cuenta que la gesti\u00f3n de los fondos europeos puede realizarse a trav\u00e9s de diferentes procedimientos administrativos y que en la actualidad existen otros instrumentos normativos que regulan el ejercicio de la fiscalizaci\u00f3n previa de requisitos esenciales, resulta conveniente establecer un \u00fanico marco normativo regulador de esta modalidad de control previo.<\/p>\n<p>El art\u00edculo 85.2 de la Ley 9\/1990, de 8 de noviembre, establece que el Consejo de Gobierno podr\u00e1 acordar, previo informe de la Intervenci\u00f3n General de la Comunidad de Madrid, que la intervenci\u00f3n previa se limite a comprobar los extremos indicados en el propio art\u00edculo as\u00ed como aquellos otros extremos que, por su trascendencia en el proceso de gesti\u00f3n, determine el propio Consejo de Gobierno sin que esta modalidad de control previo pueda aplicarse a las obligaciones o gastos de cuant\u00eda indeterminada y aquellos otros que deban ser aprobados por el Consejo de Gobierno.<\/p>\n<p>Asimismo, para garantizar la adecuada gesti\u00f3n de los cr\u00e9ditos, esa Ley establece que esta modalidad de control se complementar\u00e1, seg\u00fan establezca el Consejo de Gobierno, con un control financiero permanente o con una fiscalizaci\u00f3n plena posterior, regulando las l\u00edneas maestras de ambos tipos de actuaciones, que concluir\u00e1n con la elevaci\u00f3n de informes por parte de la Intervenci\u00f3n General al Consejo de Gobierno y a los centros directivos afectados acerca del resultado del control practicado y, en su caso, las actuaciones que sean aconsejables para asegurar que la administraci\u00f3n de los recursos p\u00fablicos se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso.<\/p>\n<p>En desarrollo de la regulaci\u00f3n legal, el presente Decreto, que consta de un pre\u00e1mbulo, cinco art\u00edculos, una disposici\u00f3n transitoria, una derogatoria y dos disposiciones finales, establece las l\u00edneas generales del procedimiento de fiscalizaci\u00f3n previa de requisitos esenciales, sistematizando y homogeneizando los distintos instrumentos normativos existentes en la actualidad y concreta los requisitos m\u00ednimos esenciales comunes a cualquier tipo de expediente administrativo que deber\u00e1n ser verificados en el ejercicio de esta modalidad de fiscalizaci\u00f3n previa as\u00ed como la tipolog\u00eda de expedientes susceptibles de ser sometidos a la misma, atribuyendo al titular de la consejer\u00eda competente en materia de Hacienda la fijaci\u00f3n de aquellos otros requerimientos que, en funci\u00f3n del tipo de expediente, deban ser objeto de revisi\u00f3n en el desarrollo de la fiscalizaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Asimismo, se establece expresamente que el proceso de implantaci\u00f3n de la fiscalizaci\u00f3n previa de requisitos esenciales deber\u00e1 iniciarse con los expedientes administrativos relativos a la ejecuci\u00f3n de proyectos y actividades del Instrumento Europeo de Recuperaci\u00f3n y restantes fondos europeos vinculados al mismo.<\/p>\n<p>Finalmente, se deroga expresamente la normativa existente en la materia, si bien en la disposici\u00f3n transitoria se mantiene la vigencia de las actuales normas de fiscalizaci\u00f3n previa limitada hasta el momento en que por orden del titular de la consejer\u00eda competente en materia de Hacienda se decida la implantaci\u00f3n de la fiscalizaci\u00f3n previa de requisitos esenciales y se regule la forma de su ejercicio en los tipos de expedientes administrativos a que se refieren dichas normas para evitar un vac\u00edo legal al respecto.<\/p>\n<p>Este Decreto se ajusta a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jur\u00eddica, transparencia y eficiencia que, seg\u00fan el art\u00edculo 129 de la Ley 39\/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com\u00fan de las Administraciones P\u00fablicas, constituyen los principios de buena regulaci\u00f3n a los que se ha de someter el ejercicio de la potestad reglamentaria.<\/p>\n<p>El Decreto da cumplimiento a los principios de eficacia y necesidad ya que la fiscalizaci\u00f3n previa de requisitos esenciales determinar\u00e1 una mayor agilizaci\u00f3n en la tramitaci\u00f3n administrativa, consider\u00e1ndose indispensable para la correcta gesti\u00f3n y ejecuci\u00f3n de los Fondos que se perciban en el marco del Instrumento Europeo de Recuperaci\u00f3n. Asimismo, es conforme con el principio de proporcionalidad, pues mantiene las garant\u00edas inherentes al control de legalidad previo en la Comunidad de Madrid.<\/p>\n<p>El principio de seguridad jur\u00eddica queda asimismo salvaguardado dada la coherencia del contenido de esta norma con el conjunto del ordenamiento jur\u00eddico y, en particular, al homogeneizar y sistematizar las distintas regulaciones existentes en la actualidad, siendo su contenido conforme con lo dispuesto en la legislaci\u00f3n estatal de car\u00e1cter b\u00e1sico y en la auton\u00f3mica.<\/p>\n<p>En cuanto a los principios de eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, dado su car\u00e1cter de norma de funcionamiento interno, el Decreto no implica cargas administrativas ni existe gasto presupuestario derivado.<\/p>\n<p>El inter\u00e9s p\u00fablico de garantizar la adecuada gesti\u00f3n de los fondos europeos que deber\u00e1n ser ejecutados en un plazo temporal excepcionalmente reducido junto con el car\u00e1cter de norma de funcionamiento interno determina que no haya resultado necesaria la realizaci\u00f3n de tr\u00e1mites espec\u00edficos en ejecuci\u00f3n del principio de transparencia. En consecuencia, no se han realizado los tr\u00e1mites de consulta p\u00fablica previa, como consecuencia de la declaraci\u00f3n de urgencia de su tramitaci\u00f3n, realizada por el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 10 de febrero de 2021, ni de audiencia e informaci\u00f3n p\u00fablicas, al tratarse de una norma interna de car\u00e1cter organizativo cuyo contenido no produce afectaci\u00f3n de los intereses y derechos de los ciudadanos, todo ello, de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 26.6 de la Ley 50\/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y en la Ley 10\/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participaci\u00f3n de la Comunidad de Madrid.<\/p>\n<p>En la tramitaci\u00f3n del Decreto se ha seguido el procedimiento de elaboraci\u00f3n de disposiciones de car\u00e1cter general previsto en el art\u00edculo 26 de la Ley 50\/1997, de 27 de noviembre, as\u00ed como en el Acuerdo de 5 de marzo de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las instrucciones generales para la aplicaci\u00f3n del procedimiento para el ejercicio de la iniciativa legislativa y de la potestad reglamentaria del Consejo de Gobierno.<\/p>\n<p>A este respecto, han emitido sus informes preceptivos los \u00f3rganos correspondientes: Secretar\u00eda General T\u00e9cnica de la Consejer\u00eda de Presidencia sobre coordinaci\u00f3n y calidad normativa; Intervenci\u00f3n General de la Comunidad de Madrid; Direcci\u00f3n General de Igualdad; Direcci\u00f3n General de Infancia, Familias y Natalidad y secretar\u00edas generales t\u00e9cnicas. Asimismo, se solicit\u00f3 informe de la Abogac\u00eda General de la Comunidad de Madrid que comunic\u00f3 que su informe no resulta preceptivo al tratarse de una norma meramente organizativa.<\/p>\n<p>De conformidad con el art\u00edculo 21.g) de la Ley 1\/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administraci\u00f3n de la Comunidad de Madrid, y el art\u00edculo 85.2 y 4 y la disposici\u00f3n adicional d\u00e9cima de la Ley 9\/1990, de 8 de noviembre, el Consejo de Gobierno es competente para la aprobaci\u00f3n del presente Decreto.<\/p>\n<p>En su virtud, a propuesta del Consejero de Hacienda y Funci\u00f3n P\u00fablica, de acuerdo con la Comisi\u00f3n Jur\u00eddica Asesora de la Comunidad de Madrid, y previa deliberaci\u00f3n del Consejo de Gobierno en su reuni\u00f3n del d\u00eda 21 de abril de 2021,<\/p>\n<p>DISPONGO<\/p>\n<p>Art\u00edculo 1<\/p>\n<p>Objeto y \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n<\/p>\n<ol>\n<li>El presente Decreto tiene por objeto regular la modalidad de fiscalizaci\u00f3n previa de requisitos esenciales en el \u00e1mbito de la Comunidad de Madrid.<\/li>\n<li>La funci\u00f3n interventora a que se refiere el art\u00edculo 16.2 de la Ley 9\/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, se ejercer\u00e1 en la modalidad de intervenci\u00f3n cr\u00edtica o fiscalizaci\u00f3n, formal y material regulada en su art\u00edculo 83.<\/li>\n<\/ol>\n<p>No obstante, por orden del titular de la consejer\u00eda competente en materia de Hacienda podr\u00e1 establecerse la modalidad de fiscalizaci\u00f3n previa de requisitos esenciales prevista en el art\u00edculo 85.2 de la Ley 9\/1990, de 8 de noviembre, para los gastos y expedientes incluidos en el art\u00edculo 5.1, en los t\u00e9rminos establecidos en el presente Decreto.<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li>La fiscalizaci\u00f3n previa de requisitos esenciales no ser\u00e1 de aplicaci\u00f3n en ning\u00fan caso respecto a las obligaciones o gastos de cuant\u00eda indeterminada y aquellos otros que deban ser aprobados por el Consejo de Gobierno.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Art\u00edculo 2<\/p>\n<p>Contenido de la verificaci\u00f3n<\/p>\n<ol>\n<li>La fiscalizaci\u00f3n previa de requisitos esenciales se realizar\u00e1 mediante la comprobaci\u00f3n de los extremos que se indican a continuaci\u00f3n:<\/li>\n<li>a) En relaci\u00f3n con la competencia de los \u00f3rganos intervinientes en el procedimiento, se verificar\u00e1:<\/li>\n<\/ol>\n<p>1.<sup>o<\/sup>\u00a0La competencia del \u00f3rgano que formula la propuesta de autorizaci\u00f3n, compromiso de gasto o reconocimiento de la obligaci\u00f3n.<\/p>\n<p>2.<sup>o<\/sup>\u00a0Que los gastos u obligaciones se proponen al \u00f3rgano competente para su aprobaci\u00f3n, as\u00ed como la competencia del \u00f3rgano que dicta el acto administrativo correspondiente, cuando no tenga atribuida la facultad de aprobaci\u00f3n del gasto.<\/p>\n<ol>\n<li>b) En relaci\u00f3n con la tramitaci\u00f3n econ\u00f3mica y fiscal del expediente, se verificar\u00e1:<\/li>\n<\/ol>\n<p>1.<sup>o<\/sup>\u00a0La existencia de cr\u00e9dito presupuestario adecuado y suficiente, de acuerdo con la naturaleza del gasto.<\/p>\n<p>Adicionalmente, en los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de car\u00e1cter plurianual, se comprobar\u00e1 que se cumple lo preceptuado en el art\u00edculo 55 de la Ley 9\/1990, de 8 de noviembre.<\/p>\n<p>2.<sup>o<\/sup>\u00a0En los expedientes de tramitaci\u00f3n anticipada, que se incorpora el certificado de la oficina presupuestaria u \u00f3rgano equivalente de la consejer\u00eda, organismo aut\u00f3nomo o ente p\u00fablico correspondiente exigido por la normativa reguladora de este procedimiento y que, en el pliego de cl\u00e1usulas administrativas o acto administrativo correspondiente, se incorpora la condici\u00f3n suspensiva relativa a la existencia de cr\u00e9dito adecuado y suficiente en el ejercicio correspondiente.<\/p>\n<p>3.<sup>o<\/sup>\u00a0En operaciones extrapresupuestarias, que la cuenta a la que se pretende imputar el expediente o el documento es la que corresponde, conforme al Plan General de Contabilidad P\u00fablica de la Comunidad de Madrid.<\/p>\n<p>4.<sup>o<\/sup>\u00a0En cada fase de gasto que se acompa\u00f1a el correspondiente documento contable debidamente cumplimentado.<\/p>\n<p>5.<sup>o<\/sup>\u00a0Que los expedientes de compromiso de gasto responden a gastos autorizados y, en su caso, fiscalizados favorablemente y que los expedientes de reconocimiento de obligaciones responden a gastos autorizados, comprometidos y, en su caso, fiscalizados favorablemente.<\/p>\n<p>6.<sup>o<\/sup>\u00a0Que, en su caso, se ha producido la comprobaci\u00f3n material del gasto y su car\u00e1cter favorable o existe certificado de conformidad del \u00f3rgano gestor, en su caso.<\/p>\n<p>7.<sup>o<\/sup>\u00a0En la fase de disposici\u00f3n del gasto, que se acredita, cuando sea exigible conforme a la normativa reguladora del procedimiento en tramitaci\u00f3n, la capacidad del tercero para la formalizaci\u00f3n de la correspondiente relaci\u00f3n jur\u00eddica con la Comunidad de Madrid.<\/p>\n<p>8.<sup>o<\/sup>\u00a0En la fase de reconocimiento de obligaciones, cuando deba aportarse factura conforme a la normativa reguladora del procedimiento, que la misma se ajusta a lo previsto en el Real Decreto 1619\/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturaci\u00f3n y, en su caso, en la Ley 25\/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electr\u00f3nica y creaci\u00f3n del registro contable de facturas en el Sector P\u00fablico o normas que las modifiquen o sustituyan.<\/p>\n<ol>\n<li>c) En relaci\u00f3n con el contenido del expediente administrativo, se verificar\u00e1:<\/li>\n<\/ol>\n<p>1.<sup>o<\/sup>\u00a0La existencia de autorizaci\u00f3n del Consejo de Gobierno o del titular de la consejer\u00eda competente por raz\u00f3n de la materia en los supuestos que lo requieran.<\/p>\n<p>2.<sup>o<\/sup>\u00a0Que el tipo de expediente es el adecuado al negocio jur\u00eddico que se tramita.<\/p>\n<p>3.<sup>o<\/sup>\u00a0Cuando el expediente se tramite por procedimiento de urgencia, que se aporta la declaraci\u00f3n de urgencia motivada del \u00f3rgano competente.<\/p>\n<p>4.<sup>o<\/sup>\u00a0En los expedientes en que deba verificarse la existencia de dictamen de la Comisi\u00f3n Jur\u00eddica Asesora de la Comunidad de Madrid, o en su caso, del Consejo de Estado, se comprobar\u00e1n, con anterioridad a los mismos, los extremos establecidos para los correspondientes expedientes y, con posterioridad a su emisi\u00f3n, \u00fanicamente se constatar\u00e1 su existencia material y, cuando sea vinculante, su car\u00e1cter favorable.<\/p>\n<p>5.<sup>o<\/sup>\u00a0Que se incorpora la totalidad de los informes preceptivos necesarios conforme al procedimiento en tramitaci\u00f3n. En caso de que dichos informes sean vinculantes, se comprobar\u00e1 el car\u00e1cter favorable de los mismos.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>Adicionalmente se verificar\u00e1n aquellos otros extremos que, por su trascendencia en el proceso de gesti\u00f3n, determine el titular de la consejer\u00eda competente en materia de Hacienda, previo informe de la Intervenci\u00f3n General de la Comunidad de Madrid.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Art\u00edculo 3<\/p>\n<p>Formulaci\u00f3n de reparos<\/p>\n<ol>\n<li>\u00danicamente proceder\u00e1 la formulaci\u00f3n de reparo, conforme a lo establecido en los art\u00edculos 86 y 87 de la Ley 9\/1990, de 8 de noviembre, cuando no se cumpla alguno de los extremos de necesaria comprobaci\u00f3n establecidos en el art\u00edculo 2 y en las disposiciones que en su desarrollo adopte el titular de la consejer\u00eda competente en materia de Hacienda.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Asimismo, cuando de los informes preceptivos a los que se hace referencia en el art\u00edculo 2.1.c) 5.<sup>o<\/sup>\u00a0se dedujera que se han omitido requisitos o tr\u00e1mites que sean esenciales o que la continuaci\u00f3n de la gesti\u00f3n administrativa pudiera causar quebrantos econ\u00f3micos a la Hacienda P\u00fablica o a un tercero, se proceder\u00e1 al examen exhaustivo del documento o documentos objeto de informe y si, a juicio del interventor, se dieran las mencionadas circunstancias, se proceder\u00e1 a la interposici\u00f3n del oportuno reparo.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>Los interventores delegados podr\u00e1n formular las observaciones complementarias que consideren convenientes, sin que las mismas tengan, en ning\u00fan caso, efectos suspensivos en la tramitaci\u00f3n de los expedientes correspondientes.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Art\u00edculo 4<\/p>\n<p>Control posterior<\/p>\n<ol>\n<li>Los gastos sometidos a fiscalizaci\u00f3n de requisitos esenciales ser\u00e1n objeto de fiscalizaci\u00f3n plena posterior ejercida sobre una muestra representativa de los actos, documentos o expedientes, con el fin de verificar que se ajustan a las disposiciones aplicables en cada caso, y determinar el grado de cumplimiento de la legalidad en la gesti\u00f3n de los cr\u00e9ditos.<\/li>\n<li>Por la Intervenci\u00f3n General o Delegada, en su caso, se emitir\u00e1 informe escrito, en el que se har\u00e1n constar las observaciones y conclusiones que se deduzcan del control practicado y se remitir\u00e1n al consejero respectivo para que formule, si procede, las alegaciones que considere oportunas. Del conjunto de los informes anteriores, por la Intervenci\u00f3n General se dar\u00e1 cuenta al Consejo de Gobierno y a los centros directivos que resulten afectados, de los resultados m\u00e1s importantes del control practicado y, en su caso, propondr\u00e1 las actuaciones que sean aconsejables para asegurar que la administraci\u00f3n de los recursos p\u00fablicos se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Art\u00edculo 5<\/p>\n<p>Expedientes sometidos a la modalidad de fiscalizaci\u00f3n previa de requisitos esenciales<\/p>\n<ol>\n<li>Podr\u00e1n ser objeto de control previo en la modalidad de fiscalizaci\u00f3n de requisitos esenciales, los siguientes tipos de expedientes:<\/li>\n<li>a) Expedientes de contrataci\u00f3n administrativa y encargos a medios propios incluidos en el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de la Ley 9\/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector P\u00fablico.<\/li>\n<li>b) Expedientes de personal.<\/li>\n<li>c) Expedientes de responsabilidad patrimonial de la Administraci\u00f3n.<\/li>\n<li>d) Expedientes de expropiaciones.<\/li>\n<li>e) Expedientes de negocios patrimoniales.<\/li>\n<li>f) Expedientes de subvenciones.<\/li>\n<li>g) Expedientes de convenios administrativos.<\/li>\n<li>h) Expedientes de prestaciones sociales y asistenciales.<\/li>\n<li>i) Expedientes de devoluci\u00f3n de ingresos indebidos.<\/li>\n<li>j) Expedientes de operaciones extrapresupuestarias.<\/li>\n<li>El titular de la consejer\u00eda competente en materia de Hacienda, previo informe de la Intervenci\u00f3n General de la Comunidad de Madrid, en atenci\u00f3n a las peculiaridades y caracter\u00edsticas de cada tipo de expedientes determinar\u00e1 el momento de la puesta en funcionamiento efectiva de la modalidad de fiscalizaci\u00f3n previa de requisitos esenciales en relaci\u00f3n con los mismos, debiendo iniciarse necesariamente dicha puesta en funcionamiento con los expedientes relativos a la ejecuci\u00f3n del Instrumento Europeo de Recuperaci\u00f3n, del Plan de Recuperaci\u00f3n, Transformaci\u00f3n y Resiliencia y de otros fondos europeos vinculados a los anteriores.<\/li>\n<\/ol>\n<p>DISPOSICI\u00d3N TRANSITORIA \u00daNICA<\/p>\n<p>Efectividad de la disposici\u00f3n derogatoria \u00fanica<\/p>\n<p>El art\u00edculo 3 del Decreto 210\/1995, de 27 de julio, por el que se restablece la modalidad de intervenci\u00f3n previa plena en la Comunidad de Madrid y las restantes normas incluidas en las letras b), c), d) y e) del apartado 2 de la disposici\u00f3n derogatoria \u00fanica mantendr\u00e1n su vigencia hasta el momento en que por orden del titular de la consejer\u00eda competente en materia de Hacienda, se determine, para los expedientes incluidos en dichas normas, la puesta en funcionamiento de la fiscalizaci\u00f3n previa de requisitos esenciales.<\/p>\n<p>DISPOSICI\u00d3N DEROGATORIA \u00daNICA<\/p>\n<p>Derogaci\u00f3n normativa<\/p>\n<ol>\n<li>Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.<\/li>\n<li>Quedan derogadas expresamente las siguientes disposiciones:<\/li>\n<li>a) Decreto 210\/1995, de 27 de julio, por el que se restablece la modalidad de intervenci\u00f3n previa plena en la Comunidad de Madrid.<\/li>\n<li>b) Orden de 9 de marzo de 2011, de la Consejer\u00eda de Econom\u00eda y Hacienda, por la que se regulan los requisitos adicionales para la fiscalizaci\u00f3n previa limitada en expedientes de gasto de prestaciones econ\u00f3micas en materia de dependencia y se determina el modelo de control posterior a ejercer por la Intervenci\u00f3n General.<\/li>\n<li>c) Art\u00edculo 2 del Decreto 153\/2000, de 29 de junio, por el que se establece el r\u00e9gimen de control interno de los servicios transferidos en materia de ense\u00f1anza no universitaria.<\/li>\n<li>d) Letras a) y b) y el inciso \u201ccon las excepciones previstas en el apartado anterior\u201d de la letra c) del apartado 2 del art\u00edculo 9 del Decreto 24\/2008, de 3 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el r\u00e9gimen jur\u00eddico y de funcionamiento del Servicio Madrile\u00f1o de Salud.<\/li>\n<li>e) Orden de 19 de mayo de 2005, de la Consejer\u00eda de Hacienda, reguladora de los requisitos adicionales para la fiscalizaci\u00f3n previa limitada aplicable al Servicio Madrile\u00f1o de Salud.<\/li>\n<\/ol>\n<p>DISPOSICI\u00d3N FINAL PRIMERA<\/p>\n<p>Habilitaci\u00f3n normativa<\/p>\n<p>Por el titular de la consejer\u00eda competente en materia de Hacienda y por la Intervenci\u00f3n General se dictar\u00e1n, en el \u00e1mbito de sus respectivas competencias, las disposiciones e instrucciones necesarias para la aplicaci\u00f3n de lo dispuesto en el presente Decreto.<\/p>\n<p>DISPOSICI\u00d3N FINAL SEGUNDA<\/p>\n<p>Entrada en vigor<\/p>\n<p>El presente Decreto entrar\u00e1 en vigor el d\u00eda siguiente al de su publicaci\u00f3n en el BOLET\u00cdN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.<\/p>\n<p>Madrid, a 21 de abril de 2021.<\/p>\n<p>El Consejero de Hacienda y Funci\u00f3n P\u00fablica, JAVIER FERN\u00c1NDEZ-LASQUETTY Y BLANC<\/p>\n<p>La Presidenta, ISABEL D\u00cdAZ AYUSO<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>DECRETO 62\/2021, de 21 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la modalidad de intervenci\u00f3n previa de requisitos esenciales en la Comunidad de Madrid. 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