{"id":17469,"date":"2021-07-13T09:12:16","date_gmt":"2021-07-13T09:12:16","guid":{"rendered":"https:\/\/normativamunicipal.com\/?p=17469"},"modified":"2026-09-30T09:23:43","modified_gmt":"2026-09-30T09:23:43","slug":"salud-publica-baleares","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/normativamunicipal.com\/?p=17469","title":{"rendered":"Salud p\u00fablica BALEARES"},"content":{"rendered":"

Decreto-ley 5\/2021, de 7 de mayo, por el que se modifican la Ley 16\/2010, de 28 de diciembre, de Salud P\u00fablica de las Illes Balears, y el Decreto-ley 11\/2020, de 10 de julio, por el que se establece un r\u00e9gimen sancionador espec\u00edfico para hacer frente a los incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19.<\/strong><\/p>\n

Estos Documentos, con los que puedan modificar o les acompa\u00f1an, se han incorporado a los contenidos ya existentes en el siguiente T\u00cdTULO publicado y a su disposici\u00f3n:
\n\"\"<\/a><\/p>\n

BOE de 13 de julio de 2021<\/p>\n

TEXTO ORIGINAL<\/p>\n

I<\/p>\n

Desde el inicio de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, las autoridades competentes de la Administraci\u00f3n de la Comunidad Aut\u00f3noma de las Illes Balears han podido intervenir en las actividades p\u00fablicas y privadas, para proteger la salud de la poblaci\u00f3n, garantizar el control de los brotes epidemiol\u00f3gicos y contener la propagaci\u00f3n de las infecciones por el SARS-CoV-2, amparadas en los poderes que la legislaci\u00f3n sanitaria otorga a las autoridades sanitarias para hacer frente a situaciones en las que la salud p\u00fablica se encuentra gravemente comprometida y en la legislaci\u00f3n de protecci\u00f3n civil y lo han hecho tanto al amparo de la primera declaraci\u00f3n de estado de alarma mediante el Real Decreto\u00a0463\/2020, de\u00a014 de marzo, como una vez finalizado este, durante el periodo comprendido entre el\u00a021 de junio y el\u00a025 de octubre y a partir de aquel momento, al amparo de la declaraci\u00f3n del segundo estado de alarma, que finalizar\u00e1 el pr\u00f3ximo d\u00eda\u00a09 de mayo.<\/p>\n

En el \u00e1mbito estatal, la Ley Org\u00e1nica\u00a03\/1986, de\u00a014 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud P\u00fablica, en los art\u00edculos\u00a01 y\u00a03 contiene la habilitaci\u00f3n para que las autoridades sanitarias competentes, con el fin de proteger la salud p\u00fablica y prevenir su p\u00e9rdida o deterioro, adem\u00e1s de realizar acciones preventivas generales, puedan adoptar, cuando lo exijan razones sanitarias urgentes o necesarias, medidas que traten de controlar o evitar la transmisibilidad de enfermedades. El rango org\u00e1nico de esta cl\u00e1usula general permite a la autoridad sanitaria, sea estatal o auton\u00f3mica, adoptar en situaciones epid\u00e9micas graves todas las medidas necesarias para garantizar la salud p\u00fablica, sometidas al control judicial en la medida en que limiten derechos fundamentales.<\/p>\n

Este apoderamiento para adoptar las medidas que resulten necesarias para combatir una situaci\u00f3n de pandemia como la actual se contiene tambi\u00e9n en la Ley\u00a014\/1986, de\u00a025 de abril, General de Sanidad, que en el art\u00edculo\u00a026 permite que, en caso de que exista un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades sanitarias puedan adoptar las medidas preventivas que consideren sanitariamente justificadas, durante el espacio de tiempo estrictamente necesario para hacer frente a la situaci\u00f3n extraordinaria, y con sujeci\u00f3n a los principios que establece el art\u00edculo\u00a028, entre los que est\u00e1 la necesaria proporcionalidad entre la medida adoptada y la finalidad perseguida, y la utilizaci\u00f3n de las medidas que menos perjudiquen al principio de libre circulaci\u00f3n de las personas y de los bienes, la libertad de empresa y cualesquier otros derechos afectados.<\/p>\n

La adopci\u00f3n de medidas y limitaciones para contener la transmisi\u00f3n de enfermedades transmisibles tiene tambi\u00e9n apoyo en la Ley\u00a033\/2011, de\u00a04 de octubre, General de Salud P\u00fablica, que en el art\u00edculo\u00a054 prev\u00e9 que las administraciones competentes puedan adoptar todas las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la Ley y, con car\u00e1cter excepcional, sin perjuicio de las medidas previstas en la Ley Org\u00e1nica\u00a03\/1986, de\u00a014 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud P\u00fablica, y de las medidas previstas en la Ley General de Sanidad, cuando lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o urgencia, medidas de inmovilizaci\u00f3n y, en su caso, el comiso de productos y sustancias, de intervenci\u00f3n de medios materiales o personales, de cierre preventivo de instalaciones, establecimientos, servicios e industrias, de suspensi\u00f3n del ejercicio de actividades, entre otros, siempre y cuando se justifiquen y se ajusten a la finalidad de prevenci\u00f3n, protecci\u00f3n y control de la salud individual y colectiva.<\/p>\n

En las Illes Balears, contamos con una regulaci\u00f3n sanitaria espec\u00edfica, de rango legal, contenida en la Ley\u00a05\/2003, de\u00a04 de abril, de Salud de las Illes Balears, y en la Ley\u00a016\/2010, de\u00a028 de diciembre, de Salud P\u00fablica de las Illes Balears, que nos permiti\u00f3, al amparo de la cl\u00e1usula general de la Ley Org\u00e1nica\u00a03\/1986, de\u00a014 de abril, de Medidas Generales en Materia de Salud P\u00fablica, garantizar una estrategia de respuesta adecuada por parte de las autoridades competentes a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.<\/p>\n

En concreto, el art\u00edculo\u00a051 de la Ley auton\u00f3mica\u00a05\/2003, de\u00a04 de abril, que regula las actuaciones de control sanitario, establece el deber de la Administraci\u00f3n sanitaria, en el ejercicio de sus competencias, de adoptar las medidas oportunas de intervenci\u00f3n provisionales ante situaciones de riesgo para la salud colectiva, como por ejemplo las siguientes:<\/p>\n

a.\u2003Establecer limitaciones preventivas de car\u00e1cter administrativo respecto de las actividades p\u00fablicas o privadas que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud.<\/p>\n

b.\u2003Establecer requisitos m\u00ednimos y prohibiciones para el uso y el tr\u00e1nsito de bienes y productos cuando impliquen un riesgo o da\u00f1o para la salud.<\/p>\n

c.\u2003Adoptar las medidas oportunas de intervenci\u00f3n provisionales ante situaciones de riesgo para la salud colectiva, sin perjuicio de las indemnizaciones procedentes.<\/p>\n

En la misma l\u00ednea, el art\u00edculo\u00a049.2 de la Ley\u00a016\/2010, de\u00a028 de diciembre, de Salud P\u00fablica de las Illes Balears, dispone que, cuando haya \u2013o se sospeche razonablemente que haya\u2013 un riesgo inminente y extraordinario para la salud de la poblaci\u00f3n como consecuencia de una situaci\u00f3n sanitaria concreta de una persona o de un grupo de personas, se puede ordenar la adopci\u00f3n de medidas preventivas generales y de intervenci\u00f3n, entre las que se incluyen las de reconocimiento, de tratamiento, de hospitalizaci\u00f3n o de control individual sobre la persona o el grupo de personas, mediante una resoluci\u00f3n motivada, por el tiempo necesario para la desaparici\u00f3n del riesgo.<\/p>\n

A pesar de que nuestra legislaci\u00f3n no concreta las medidas de intervenci\u00f3n administrativa que se pueden adoptar en situaciones de pandemia para garantizar el control de contagios ni el procedimiento que se debe seguir para adoptarlas, los acuerdos del Consejo de Gobierno y las resoluciones de la consejera de Salud y Consumo dictadas para hacer frente a la pandemia ocasionada por la COVID-19, en base a esta legislaci\u00f3n, entre la finalizaci\u00f3n del primer estado de alarma y hasta la declaraci\u00f3n del segundo, superaron el juicio valorativo de los juzgados contenciosos administrativos de Palma y de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, en cuanto a la decisi\u00f3n sobre la autorizaci\u00f3n o la ratificaci\u00f3n de las medidas de acuerdo con el art\u00edculo\u00a010.8 de la Ley Reguladora de la Jurisdicci\u00f3n Contencioso-administrativa, en cuanto afectaban derechos fundamentales de una colectividad de destinatarios no identificados individualmente, con medidas como el confinamiento perimetral de \u00e1mbito territorial insular o inferior, la limitaci\u00f3n del derecho de reuni\u00f3n y el establecimiento de aforos m\u00e1ximos en los actos de culto.<\/p>\n

Al amparo del Real Decreto\u00a0926\/2020, de\u00a025 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagaci\u00f3n de infecciones causadas por el\u00a0SARS-CoV-2,\u00a0el cual se ha prorrogado mediante el Real Decreto\u00a0956\/2020, de\u00a03 de noviembre, hasta las\u00a000.00 horas del d\u00eda\u00a09 de mayo de\u00a02021, en el \u00e1mbito de cada comunidad aut\u00f3noma, se han podido dictar las \u00f3rdenes, las resoluciones y las disposiciones para la aplicaci\u00f3n de las previsiones establecidas en los art\u00edculos\u00a05 a\u00a011, sin la tramitaci\u00f3n previa de procedimiento administrativo y sin que sean aplicables las previsiones del segundo p\u00e1rrafo del art\u00edculo\u00a08.6 y del art\u00edculo\u00a010.8 de la Ley Reguladora de la Jurisdicci\u00f3n Contencioso-administrativa.<\/p>\n

Entre las medidas previstas con el fin de limitar la expansi\u00f3n de la epidemia, en el Real Decreto\u00a0926\/2020, de\u00a025 de octubre, est\u00e1n las siguientes: en el art\u00edculo\u00a05, se establecen medidas para la restricci\u00f3n de la movilidad nocturna; en el art\u00edculo\u00a06, la posibilidad de limitar la entrada y la salida de los territorios de las comunidades aut\u00f3nomas, as\u00ed como otros \u00e1mbitos territoriales inferiores, con determinadas excepciones; en el art\u00edculo\u00a07, la limitaci\u00f3n de la permanencia de grupos de personas en espacios p\u00fablicos y privados en un n\u00famero m\u00e1ximo de seis personas, salvo que se trate de convivientes o, en su caso, en funci\u00f3n de la evoluci\u00f3n de los indicadores sanitarios, epidemiol\u00f3gicos y otros, en el n\u00famero inferior a seis personas que determinen las autoridades competentes delegadas, y en el art\u00edculo\u00a08, espec\u00edficamente, la posibilidad de limitar los aforos en los lugares de culto. El Real Decreto\u00a0926\/2020, en el art\u00edculo\u00a013, tambi\u00e9n prev\u00e9 que las medidas establecidas se puedan completar con otras que, con el fin de garantizar la necesaria coordinaci\u00f3n, pueda acordar el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, incluidos, en su caso, el establecimiento de indicadores de referencia y criterios de valoraci\u00f3n del riesgo.<\/p>\n

La inminente finalizaci\u00f3n de este r\u00e9gimen jur\u00eddico excepcional aconseja introducir en nuestra legislaci\u00f3n m\u00e1s concreci\u00f3n de las medidas de intervenci\u00f3n administrativa que se pueden adoptar en situaciones de pandemia para garantizar el control de contagios y resulta tambi\u00e9n necesario y urgente delimitar el procedimiento que se debe seguir para adoptarlas.<\/p>\n

As\u00ed pues, este decreto ley tiene por objeto modificar la Ley\u00a016\/2010, de\u00a028 de diciembre, de Salud P\u00fablica de las Illes Balears, para concretar las medidas que, en situaciones de pandemia o epidemia declaradas por las autoridades competentes, pueden adoptar las autoridades sanitarias auton\u00f3micas competentes, as\u00ed como el procedimiento para adoptarlas garantizando la idoneidad, la proporcionalidad y la temporalidad. La finalidad es recoger en nuestra normativa las medidas que durante el estado de alarma se han evidenciado como especialmente id\u00f3neas en cuanto a la necesidad de contener la propagaci\u00f3n del virus, como el confinamiento perimetral de un barrio, un municipio, una isla o todo el archipi\u00e9lago, los controles a la entrada de las islas, a trav\u00e9s de puertos y aeropuertos, la restricci\u00f3n de las reuniones, la limitaci\u00f3n a la movilidad en horario nocturno o la limitaci\u00f3n de aforos en lugares de culto, a fin de que puedan tener la previsibilidad normativa suficiente para que, en caso de que la situaci\u00f3n epidemiol\u00f3gica o asistencial lo justifique, en el marco del procedimiento previsto en los art\u00edculos de la Ley\u00a016\/2010, de\u00a028 de diciembre, de Salud P\u00fablica de las Illes Balears, que se modifican o se introducen mediante este decreto ley, se pueda recurrir para asegurar la protecci\u00f3n de la salud p\u00fablica.<\/p>\n

II<\/p>\n

Para lograr el objetivo perseguido, este decreto ley modifica la Ley\u00a016\/2010, de\u00a028 de diciembre, de Salud P\u00fablica de las Illes Balears, en el sentido de introducir cinco nuevos art\u00edculos que recogen las medidas concretas antes mencionadas y el procedimiento para adoptarlas. En particular, se incluyen estos preceptos para posibilitar la adopci\u00f3n de medidas preventivas en situaci\u00f3n de pandemia o epidemia y la intervenci\u00f3n de centros de servicios sociales, se establecen las condiciones para adoptarlas, se prev\u00e9 la potenciaci\u00f3n del papel de las nuevas tecnolog\u00edas en la gesti\u00f3n y el control de los riesgos para la salud p\u00fablica, y se establece el marco en el que se tienen que realizar la cooperaci\u00f3n y la colaboraci\u00f3n administrativas en materia de salud p\u00fablica.<\/p>\n

Por otra parte, este decreto ley tambi\u00e9n modifica el Decreto Ley\u00a011\/2020, de\u00a010 de julio, por el que se establece un r\u00e9gimen sancionador espec\u00edfico para hacer frente a los incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19, para mantener la vigencia de los tipos infractores previstos en los art\u00edculos\u00a03.h) y\u00a04.g), relativos al agravamiento de las infracciones leves y graves cuando estas se cometan en un territorio donde se haya declarado el m\u00e1ximo nivel de alerta sanitaria \u2013introducidas por el Decreto Ley\u00a015\/2020, de\u00a021 de diciembre, y con una vigencia limitada hasta el\u00a09 de mayo de\u00a02021\u2013, dado su efecto disuasorio, para garantizar el cumplimiento de las medidas que, con el fin de asegurar la salud de las personas, establecen las autoridades sanitarias. As\u00ed mismo, y ante el aumento progresivo de la movilidad, tambi\u00e9n se considera oportuno incluir un nuevo tipo infractor para sancionar los incumplimientos de la acreditaci\u00f3n del resultado negativo de las pruebas diagn\u00f3sticas que, en su caso, se establezcan, con car\u00e1cter previo, como medidas de control de la salida de la zona o la isla o las islas afectadas o de entrada en estas, o la negativa a someterse a estas pruebas con car\u00e1cter posterior.<\/p>\n

Conformemente a la doctrina constitucional, los derechos fundamentales y las libertades p\u00fablicas no tienen car\u00e1cter absoluto o ilimitado, y se pueden someter a ciertas modulaciones o limitaciones, justificadas en la protecci\u00f3n otros derechos, bienes o valores constitucionales, siempre y cuando se ajusten al principio de proporcionalidad y, en todo caso, respetando su contenido esencial. En este sentido, en la actual situaci\u00f3n de pandemia declarada debido a la COVID-19, el Tribunal Constitucional ha declarado que nos encontramos en un escenario en el que los l\u00edmites al ejercicio de los derechos, que indudablemente se dan, se imponen por la necesidad de proteger otros bienes y derechos constitucionales tambi\u00e9n dignos de protecci\u00f3n, como son la integridad f\u00edsica, la salud y la vida de todas las personas (art\u00edculos\u00a015 y\u00a043 de la Constituci\u00f3n), as\u00ed como la necesidad de evitar el colapso del sistema sanitario (Auto TC\u00a040\/2020, de\u00a030 de abril).<\/p>\n

Por otra parte, la jurisprudencia constitucional ha admitido el establecimiento de medidas limitativas del ejercicio de derechos y libertades p\u00fablicas sin necesidad de acudir a la excepcionalidad constitucional que implica la declaraci\u00f3n de un estado de alarma, si bien con respecto al principio de reserva de ley (org\u00e1nica o ordinaria) siempre que la limitaci\u00f3n se encuentre suficientemente determinada en la disposici\u00f3n legal de habilitaci\u00f3n en cuanto a los supuestos y las finalidades que persigue, y est\u00e9 justificada en la protecci\u00f3n de otros bienes o derechos constitucionales. Adem\u00e1s, hay que recordar la doctrina de este Tribunal, entre otras, en la Sentencia\u00a053\/2002, de\u00a027 de febrero, que distingue entre restricciones directas a un derecho fundamental, que se deben vehicular mediante una ley org\u00e1nica, y restricciones al modo, el tiempo y el lugar del ejercicio del derecho fundamental, que se pueden hacer por ley ordinaria.<\/p>\n

Por todo ello, el contenido de este decreto ley se ajusta a la doctrina constitucional sobre la materia, y se ampara en el marco legal estatal, org\u00e1nico y b\u00e1sico, aplicable, y las medidas que se puedan adoptar al amparo de esta modificaci\u00f3n legal estar\u00e1n sujetas al debido control judicial.<\/p>\n

III<\/p>\n

Este decreto ley se estructura en dos art\u00edculos, una disposici\u00f3n adicional, una derogatoria y una final.<\/p>\n

El art\u00edculo primero modifica la Ley\u00a016\/2010, de\u00a028 de diciembre, de Salud P\u00fablica de las Illes Balears, mediante la inclusi\u00f3n de los nuevos art\u00edculos\u00a049 bis, 49 ter, 49 quater,\u00a049 quinquies\u00a0y\u00a049 sexies, que recogen las medidas concretas que, en situaciones de pandemia o epidemia declaradas por las autoridades competentes, pueden adoptar las autoridades sanitarias auton\u00f3micas competentes, as\u00ed como el procedimiento para adoptarlas.<\/p>\n

El art\u00edculo segundo modifica el Decreto Ley\u00a011\/2020, de\u00a010 de julio, por el que se establece un r\u00e9gimen sancionador espec\u00edfico para hacer frente a los incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19, para incorporar una serie de tipos infractores.<\/p>\n

Contiene tambi\u00e9n una disposici\u00f3n adicional que establece, con car\u00e1cter temporal, hasta que el Gobierno del Estado espa\u00f1ol declare la finalizaci\u00f3n de la situaci\u00f3n de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, las tarifas y los precios m\u00e1ximos que deben aplicar los centros, los servicios y los establecimientos sanitarios y sociosanitarios, p\u00fablicos y privados, para la realizaci\u00f3n de las pruebas diagn\u00f3sticas.<\/p>\n

La disposici\u00f3n derogatoria \u00fanica deroga todas las disposiciones de rango igual o inferior que se opongan a lo dispuesto en el Decreto Ley, lo contradigan o resulten incompatibles con este.<\/p>\n

Y la disposici\u00f3n final \u00fanica establece la vigencia del Decreto Ley.<\/p>\n

IV<\/p>\n

La inminente finalizaci\u00f3n de la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto\u00a0926\/2020 implica la necesidad de acometer sin dilaciones las modificaciones de la Ley\u00a016\/2010 y del Decreto Ley\u00a011\/2020, por lo que se tiene que hacer uso de la figura del decreto ley, en atenci\u00f3n al car\u00e1cter extraordinario y excepcional de la grave situaci\u00f3n de crisis sanitaria planteada, que requiere adoptar con urgencia y de forma inaplazable las modificaciones normativas mencionadas.<\/p>\n

Ciertamente, el decreto ley, regulado en el art\u00edculo\u00a049 del Estatuto de Autonom\u00eda de las Illes Balears a imagen de lo que prev\u00e9 el art\u00edculo\u00a086 del texto constitucional, constituye un instrumento en manos del Gobierno de la Comunidad Aut\u00f3noma para hacer frente a situaciones de extraordinaria y urgente necesidad, aunque con el l\u00edmite de no poder afectar a determinadas materias. Como disposici\u00f3n legislativa de car\u00e1cter provisional que es, la permanencia del decreto ley en el ordenamiento jur\u00eddico est\u00e1 condicionada a la ratificaci\u00f3n parlamentaria correspondiente, mediante la denominada convalidaci\u00f3n. Pues bien, de acuerdo con lo que se ha expuesto antes, y en este dif\u00edcil contexto de crisis sanitaria, social y econ\u00f3mica a la que hacen frente todas las administraciones p\u00fablicas, el Gobierno de las Illes Balears considera adecuado el uso del decreto ley para dar cobertura a las medidas que en \u00e9l se contienen.<\/p>\n

El decreto ley auton\u00f3mico constituye una figura inspirada en la que prev\u00e9 el art\u00edculo\u00a086 de la Constituci\u00f3n respecto del Gobierno del Estado, cuyo uso ha producido una jurisprudencia extensa del Tribunal Constitucional. As\u00ed, este alto tribunal ha declarado que la definici\u00f3n, por los \u00f3rganos pol\u00edticos, de una situaci\u00f3n de extraordinaria y urgente necesidad tiene que ser expl\u00edcita y razonada, y que debe haber una conexi\u00f3n de sentido o relaci\u00f3n de adecuaci\u00f3n entre la situaci\u00f3n excepcional y las medidas que se pretenden adoptar, las cuales deben ser id\u00f3neas, concretas y de eficacia inmediata; todo ello en un plazo m\u00e1s breve que el requerido por la v\u00eda ordinaria o por los procedimientos de urgencia para la tramitaci\u00f3n parlamentaria de las leyes, teniendo en cuenta que la aplicaci\u00f3n en cada caso de estos procedimientos legislativos no depende del Gobierno.<\/p>\n

En el contexto de crisis sanitaria que est\u00e1n afrontando todas las comunidades aut\u00f3nomas, el Gobierno de las Illes Balears considera plenamente adecuado el uso de este instrumento para dar cobertura a las disposiciones que en \u00e9l se contienen. El contenido del Decreto Ley se adec\u00faa a los criterios establecidos en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, dado que responde a la exigencia de que haya una conexi\u00f3n de sentido o relaci\u00f3n de adecuaci\u00f3n entre la situaci\u00f3n excepcional y las medidas que se pretenden adoptar, que tienen que ser id\u00f3neas, concretas y de eficacia inmediata.<\/p>\n

De conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo\u00a049 de la Ley\u00a01\/2019, de\u00a031 de enero, del Gobierno de las Illes Balears, este decreto ley se ajusta a los principios de buena regulaci\u00f3n, atendiendo a los principios de necesidad y eficacia, dado que la iniciativa se fundamenta en el inter\u00e9s general para hacer frente a la crisis de salud p\u00fablica provocada por la COVID-19.<\/p>\n

La norma se adec\u00faa tambi\u00e9n a los principios de seguridad jur\u00eddica, proporcionalidad y eficiencia, establece una norma clara que asegura la mejor protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos y proporciona certeza y agilidad a los procedimientos, sin imponer cargas administrativas no justificadas y la regulaci\u00f3n que contiene resulta proporcionada, en atenci\u00f3n a la particular situaci\u00f3n existente y a la necesidad de garantizar el principio de eficacia en la aplicaci\u00f3n de las medidas adoptadas.<\/p>\n

En cuanto al principio de transparencia, dada la urgencia para la aprobaci\u00f3n de esta norma, se except\u00faan los tr\u00e1mites de consulta p\u00fablica y de audiencia e informaci\u00f3n p\u00fablicas, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo\u00a055.2.c) y h) de la Ley\u00a01\/2019.<\/p>\n

Para finalizar, y desde el punto de vista de las competencias por raz\u00f3n de la materia de la Comunidad Aut\u00f3noma de las Illes Balears, hay que a\u00f1adir que este decreto ley encuentra anclaje en los art\u00edculos\u00a012, 25, 30.48 y\u00a031.4 del Estatuto de Autonom\u00eda de las Illes Balears relativos a la salud que, a su vez, legitimaron la aprobaci\u00f3n de las respectivas normas de rango legal que con este decreto ley se modifican.<\/p>\n

Por todo ello, al amparo del art\u00edculo\u00a049 del Estatuto de Autonom\u00eda, a propuesta de las consejeras de Presidencia, Funci\u00f3n P\u00fablica e Igualdad, y de Salud y Consumo, y previa deliberaci\u00f3n del Consejo de Gobierno en la sesi\u00f3n de d\u00eda\u00a07 de mayo de\u00a02021, se aprueba el siguiente Decreto Ley:<\/p>\n

Art\u00edculo primero.<\/strong><\/p>\n

Modificaciones de la Ley\u00a016\/2010, de\u00a028 de diciembre, de Salud P\u00fablica de las Illes Balears<\/p>\n

1.\u2003Se a\u00f1ade un nuevo art\u00edculo, el art\u00edculo\u00a049 bis, a la Ley\u00a016\/2010, de\u00a028 de diciembre, de Salud P\u00fablica de las Illes Balears, con la siguiente redacci\u00f3n:<\/p>\n

\u00abArt\u00edculo\u00a049 bis.\u2003Adopci\u00f3n de medidas preventivas en situaci\u00f3n de pandemia o de epidemia.<\/strong><\/p>\n

1.\u2003En situaciones de pandemia o de epidemia declaradas por las autoridades competentes, el Consejo de Gobierno puede adoptar medidas de limitaci\u00f3n de la actividad, del desplazamiento de las personas y de la prestaci\u00f3n de servicios en los siguientes t\u00e9rminos:<\/p>\n

a)\u2003La confiscaci\u00f3n o la inmovilizaci\u00f3n de productos.<\/p>\n

b)\u2003La suspensi\u00f3n del ejercicio de actividades.<\/p>\n

c)\u2003El cierre de empresas o de sus instalaciones.<\/p>\n

d)\u2003La intervenci\u00f3n de medios materiales o personales.<\/p>\n

e)\u2003Limitaciones de aforo.<\/p>\n

f)\u2003Limitaciones de horarios de apertura y\/o cierre de establecimientos, lugares o actividades.<\/p>\n

g)\u2003El establecimiento de medidas de seguridad sanitaria e higiene en determinados lugares y\/o para el desarrollo de actividades.<\/p>\n

h)\u2003La obligaci\u00f3n de elaborar protocolos o planes de contingencia en determinados lugares y\/o para el desarrollo de actividades.<\/p>\n

i)\u2003El establecimiento de medidas de autoprotecci\u00f3n individual, como por ejemplo el uso de mascarilla y otros elementos de protecci\u00f3n, y el mantenimiento de distancias de seguridad interpersonal o entre mesas o agrupaciones de mesas en los locales abiertos al p\u00fablico y en las terrazas al aire libre.<\/p>\n

j)\u2003La intervenci\u00f3n de centros de servicios sociales en los t\u00e9rminos previstos en el siguiente art\u00edculo.<\/p>\n

k)\u2003La obligaci\u00f3n de suministrar los datos necesarios para el control y la contenci\u00f3n del riesgo para la salud p\u00fablica de que se trate y el registro de los datos suministrados, especialmente de datos que permitan la identificaci\u00f3n de personas procedentes de lugares o asistentes a actividades o establecimientos que presenten un riesgo de transmisi\u00f3n de enfermedades infectocontagiosas, con el fin de que las autoridades sanitarias puedan realizar su labor de control y b\u00fasqueda epidemiol\u00f3gica de brotes o situaciones de especial riesgo para la salud de la poblaci\u00f3n. En todo caso, los datos registrados ser\u00e1n los estrictamente indispensables para cumplir esta finalidad de control y contenci\u00f3n del riesgo, y los datos de car\u00e1cter personal ser\u00e1n tratados con estricto respeto a la normativa en materia de protecci\u00f3n de datos.<\/p>\n

l)\u2003Ordenar a los ciudadanos y a las ciudadanas la prestaci\u00f3n de servicios personales, de acci\u00f3n u omisi\u00f3n, siempre de forma proporcionada a la situaci\u00f3n de necesidad.<\/p>\n

m)\u2003Cualesquier otras medidas ajustadas a la legalidad vigente y sanitariamente justificadas.<\/p>\n

2.\u2003As\u00ed mismo, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Org\u00e1nica\u00a03\/1986, de\u00a014 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud P\u00fablica, con el fin de proteger la salud p\u00fablica y prevenir su p\u00e9rdida o deterioro, las autoridades sanitarias auton\u00f3micas, dentro del \u00e1mbito de sus competencias, cuando lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad, pueden adoptar medidas preventivas de reconocimiento, tratamiento, hospitalizaci\u00f3n o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la poblaci\u00f3n debido a la situaci\u00f3n sanitaria concreta de una persona o de un grupo de personas o por las condiciones sanitarias en las que se realice una actividad.<\/p>\n

3.\u2003Para controlar las enfermedades transmisibles, adem\u00e1s de realizar las acciones preventivas generales y de la posible adopci\u00f3n de las medidas preventivas previstas en los apartados anteriores, pueden adoptar las medidas oportunas para el control de las personas enfermas, de las personas que est\u00e9n o hayan estado en contacto con estas y del ambiente inmediato, as\u00ed como las que se estimen necesarias en caso de riesgo de car\u00e1cter transmisible. En particular, se pueden adoptar las siguientes medidas preventivas:<\/p>\n

a)\u2003Medidas de control de las personas enfermas, cuando sea procedente, como el aislamiento en el domicilio, el internamiento en un centro hospitalario o el aislamiento o internamiento en otro lugar adecuado para esta finalidad.<\/p>\n

b)\u2003Sometimiento de las personas enfermas a tratamiento adecuado.<\/p>\n

c)\u2003Medidas de control de las personas que est\u00e9n o hayan estado en contacto con las personas enfermas, como el sometimiento a una cuarentena en el domicilio o en otro lugar adecuado para esta finalidad. A tal efecto, se entiende por cuarentena la restricci\u00f3n de las actividades y la separaci\u00f3n, de las otras personas que no est\u00e1n enfermas, de una persona respecto a la que pueda tenerse razonablemente la sospecha de que haya estado o haya podido estar expuesta a un riesgo para la salud p\u00fablica y sea una posible fuente de propagaci\u00f3n adicional de enfermedades, de acuerdo con los principios cient\u00edficos, las pruebas cient\u00edficas o la informaci\u00f3n disponible.<\/p>\n

d)\u2003Sometimiento a observaci\u00f3n o a medidas de vigilancia del estado de salud, a examen m\u00e9dico o a pruebas diagn\u00f3sticas de personas que presenten s\u00edntomas compatibles con la enfermedad transmisible de que se trate o de personas respecto a las que existan otros indicios objetivos que puedan suponer un riesgo de transmisi\u00f3n de la enfermedad. La observaci\u00f3n, el examen o las pruebas ser\u00e1n lo menos intrusivos o invasivos posible para permitir conseguir el objetivo de salud p\u00fablica consistente en prevenir o contener la propagaci\u00f3n de la enfermedad.<\/p>\n

e)\u2003Sometimiento a medidas profil\u00e1cticas de prevenci\u00f3n de la enfermedad, incluida la vacunaci\u00f3n para determinados colectivos o la inmunizaci\u00f3n, con informaci\u00f3n, en todo caso, de los posibles riesgos relacionados con la adopci\u00f3n o la no adopci\u00f3n de estas medidas.<\/p>\n

f)\u2003Medidas de control del entorno inmediato de las personas enfermas o de las personas que est\u00e9n o hayan estado en contacto con estas, as\u00ed como de las zonas afectadas. A tal efecto, se entiende por zona afectada aquellos lugares geogr\u00e1ficos en los que sean necesarias medidas sanitarias de control de la propagaci\u00f3n de la enfermedad. La determinaci\u00f3n de la zona afectada se efectuar\u00e1 de acuerdo con los principios de precauci\u00f3n y proporcionalidad, procurando, siempre que resulte posible y eficaz, actuar lo antes posible o con m\u00e1s intensidad o medida sobre las zonas concretas en las que se produzca la mayor afecci\u00f3n, para evitar perjuicios innecesarios al resto de la poblaci\u00f3n. Entre otras, estas medidas podr\u00e1n consistir en:<\/p>\n

\u2013\u2002Medidas que comporten la limitaci\u00f3n o la restricci\u00f3n de la circulaci\u00f3n o la movilidad de las personas dentro de la zona o la isla o las islas afectadas o en determinados lugares y espacios dentro de esta zona o en determinadas franjas horarias.<\/p>\n

\u2013\u2002Medidas de control de la salida de la zona o la isla o las islas afectadas o de entrada en estas, incluido el establecimiento de pruebas diagn\u00f3sticas previas o posteriores.<\/p>\n

\u2013\u2002Medidas de control de las tarifas y los precios m\u00e1ximos que deben aplicar los centros, los servicios y los establecimientos sanitarios y sociosanitarios, p\u00fablicos y privados, para la realizaci\u00f3n de las pruebas diagn\u00f3sticas.<\/p>\n

\u2013\u2002Restricciones a las agrupaciones de personas, incluidas las reuniones privadas entre no convivientes, especialmente en los lugares y los espacios o con ocasi\u00f3n del desarrollo de actividades que comporten un mayor riesgo de propagaci\u00f3n de la enfermedad; todo ello sin perjuicio de las competencias estatales en relaci\u00f3n con las reuniones en lugares de tr\u00e1nsito p\u00fablico y las manifestaciones realizadas en ejercicio del derecho fundamental regulado en el art\u00edculo\u00a021 de la Constituci\u00f3n espa\u00f1ola.<\/p>\n

\u2013\u2002Medidas de cribado consistentes en la realizaci\u00f3n de pruebas diagn\u00f3sticas de determinados sectores o grupos de la poblaci\u00f3n particularmente afectados o vulnerables.<\/p>\n

Las restricciones a los desplazamientos y a las agrupaciones de personas enumeradas anteriormente nunca pueden ser absolutas, tienen que expresar con claridad y precisi\u00f3n los desplazamientos y las agrupaciones que se restringen, y deben actuar con preferencia sobre los desplazamientos y las agrupaciones por razones meramente recreativas y de ocio. Se deben admitir, en todo caso, los desplazamientos y las agrupaciones que se realicen por motivos esenciales o justificados compatibles con la protecci\u00f3n de la salud, sin perjuicio, si procede, de los controles o las medidas de prevenci\u00f3n adicionales que se puedan establecer.<\/p>\n

g)\u2003Las otras medidas sanitarias justificadas y necesarias que, de acuerdo con los riesgos y las circunstancias en cada caso concurrentes, se estimen adecuadas para impedir o controlar la propagaci\u00f3n de la enfermedad, en funci\u00f3n del estado de la ciencia y del conocimiento existente en cada momento, siempre con sujeci\u00f3n a los criterios y a los principios establecidos en esta ley y, en particular, de acuerdo con el principio de proporcionalidad. Estas medidas pueden ser las siguientes:<\/p>\n

\u2013\u2002Medidas de salud p\u00fablica:<\/p>\n