{"id":17841,"date":"2021-11-09T10:29:52","date_gmt":"2021-11-09T10:29:52","guid":{"rendered":"https:\/\/normativamunicipal.com\/?p=17841"},"modified":"2026-09-30T09:22:37","modified_gmt":"2026-09-30T09:22:37","slug":"incremento-del-valor-terrenos-de-naturaleza-urbana","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/normativamunicipal.com\/?p=17841","title":{"rendered":"INCREMENTO DEL VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA"},"content":{"rendered":"

Real Decreto-ley 26\/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2\/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.<\/strong><\/p>\n

Estos Documentos, con los que puedan modificar o les acompa\u00f1an, se han incorporado a los contenidos ya existentes en el siguiente T\u00cdTULO publicado y a su disposici\u00f3n:
\n\"\"<\/a><\/p>\n

BOE de 9 de noviembre de 2021<\/p>\n

TEXTO ORIGINAL<\/strong><\/p>\n

MODIFICA: texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo\u00a02\/2004, de\u00a05 de marzo<\/em>.<\/p>\n

I<\/p>\n

La Sentencia del Tribunal Constitucional\u00a059\/2017, de fecha\u00a011 de mayo de\u00a02017, relativa al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, declar\u00f3 inconstitucionales y nulos los art\u00edculos\u00a0107.1, 107.2.a) y\u00a0110.4, del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo\u00a02\/2004, de\u00a05 de marzo, pero \u00fanicamente en la medida en que someten a tributaci\u00f3n situaciones de inexistencia de incrementos de valor.<\/p>\n

Posteriormente, el Alto Tribunal, en su Sentencia\u00a0126\/2019, de fecha\u00a031 de octubre de\u00a02019, declar\u00f3 tambi\u00e9n inconstitucional el art\u00edculo\u00a0107.4 del citado texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, respecto de los casos en los que la cuota a satisfacer sea superior al incremento patrimonial realmente obtenido por el contribuyente.<\/p>\n

Y, finalmente, la reciente Sentencia\u00a0182\/2021, de fecha\u00a026 de octubre de\u00a02021, ha venido a declarar la inconstitucionalidad y nulidad de los art\u00edculos\u00a0107.1, segundo p\u00e1rrafo, 107.2.a) y\u00a0107.4 del mencionado texto refundido, dejando un vac\u00edo normativo sobre la determinaci\u00f3n de la base imponible que impide la liquidaci\u00f3n, comprobaci\u00f3n, recaudaci\u00f3n y revisi\u00f3n de este tributo local y, por tanto, su exigibilidad.<\/p>\n

El Tribunal Constitucional ha se\u00f1alado en el fundamento jur\u00eddico\u00a05 de esta sentencia que \u00abel mantenimiento del actual sistema objetivo y obligatorio de determinaci\u00f3n de la base imponible, por ser ajeno a la realidad del mercado inmobiliario y de la crisis econ\u00f3mica, y, por tanto, al margen de la capacidad econ\u00f3mica gravada por el impuesto y demostrada por el contribuyente, vulnera el principio de capacidad econ\u00f3mica como criterio de imposici\u00f3n (art\u00edculo\u00a031.1 CE)\u00bb.<\/p>\n

Pues bien, este real decreto-ley tiene por objeto dar respuesta al mandato del Alto Tribunal de llevar a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el r\u00e9gimen legal del impuesto como consecuencia de la \u00faltima de las sentencias referidas, as\u00ed como integrar la doctrina contenida en las otras dos sentencias, al objeto de dar unidad a la normativa del impuesto y cumplir con el principio de capacidad econ\u00f3mica.<\/p>\n

As\u00ed, con el fin de dar cumplimiento al mandato del Tribunal Constitucional contenido en su Sentencia\u00a059\/2017 de no someter a tributaci\u00f3n las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos, se introduce un nuevo supuesto de no sujeci\u00f3n para los casos en que se constate, a instancia del interesado, que no se ha producido un incremento de valor.<\/p>\n

Y, con la finalidad de atender al mandato expresado en las otras dos sentencias, por un lado, se mejora t\u00e9cnicamente la determinaci\u00f3n de la base imponible para que refleje en todo momento la realidad del mercado inmobiliario, reconoci\u00e9ndose la posibilidad de que los ayuntamientos corrijan a la baja los valores catastrales del suelo en funci\u00f3n de su grado de actualizaci\u00f3n, y sustituy\u00e9ndose los anteriormente vigentes porcentajes anuales aplicables sobre el valor del terreno para la determinaci\u00f3n de la base imponible del impuesto por unos coeficientes m\u00e1ximos establecidos en funci\u00f3n del n\u00famero de a\u00f1os transcurridos desde la adquisici\u00f3n del terreno, que ser\u00e1n actualizados anualmente, mediante norma con rango legal, teniendo en cuenta la evoluci\u00f3n de los precios de las compraventas realizadas. Dicha actualizaci\u00f3n podr\u00e1 llevarse a cabo mediante las leyes de presupuestos generales del Estado.<\/p>\n

Adem\u00e1s, se introduce una regla de salvaguarda con la finalidad de evitar que la tributaci\u00f3n por este impuesto pudiera en alg\u00fan caso resultar contraria al principio de capacidad econ\u00f3mica, permitiendo, a instancia del sujeto pasivo, acomodar la carga tributaria al incremento de valor efectivamente obtenido.<\/p>\n

El Tribunal Constitucional se\u00f1ala en el fundamento jur\u00eddico\u00a05 de la Sentencia\u00a0182\/2021 que \u00abpara que este m\u00e9todo estimativo de la base imponible sea constitucionalmente leg\u00edtimo por razones de simplificaci\u00f3n en la aplicaci\u00f3n del impuesto o de practicabilidad administrativa, debe (i) bien no erigirse en m\u00e9todo \u00fanico de determinaci\u00f3n de la base imponible, permiti\u00e9ndose legalmente las estimaciones directas del incremento de valor, (ii) bien gravar incrementos medios o presuntos (potenciales); esto es, aquellos que previsiblemente o \u00abpresumiblemente se produce(n) con el paso del tiempo en todo terreno de naturaleza urbana\u00bb (SSTC\u00a026\/2017, FJ\u00a03; 3712017,\u00a0FJ\u00a03; 59\/2017, FJ\u00a03; 72\/2017, FJ\u00a03, y\u00a0126\/2019, FJ\u00a03)\u00bb.<\/p>\n

Con los cambios que introduce este real decreto-ley, el sistema objetivo de determinaci\u00f3n de la base imponible del impuesto se convierte en un sistema optativo, que solo resultar\u00e1 de aplicaci\u00f3n en aquellos casos en los que el sujeto pasivo no haga uso del derecho expuesto anteriormente. As\u00ed, se da cumplimiento al mandato del Tribunal Constitucional de que el m\u00e9todo objetivo de determinaci\u00f3n de la base imponible no sea el \u00fanico m\u00e9todo admitido legalmente, permitiendo las estimaciones directas del incremento de valor en aquellos casos en que as\u00ed lo solicite el obligado tributario.<\/p>\n

En definitiva, con esta reforma se busca adecuar la base imponible del impuesto a la capacidad econ\u00f3mica efectiva del contribuyente, permitiendo su contribuci\u00f3n al sostenimiento de los gastos p\u00fablicos de acuerdo con aquella.<\/p>\n

Como consecuencia de lo anterior, tambi\u00e9n van a ser gravadas las plusval\u00edas generadas en menos de un a\u00f1o, es decir, aquellas que se producen cuando entre la fecha de adquisici\u00f3n y la de transmisi\u00f3n ha transcurrido menos de un a\u00f1o, que precisamente son las que pueden tener un car\u00e1cter m\u00e1s especulativo, corrigi\u00e9ndose as\u00ed una deficiencia del sistema de determinaci\u00f3n de la base imponible regulado en la normativa anterior.<\/p>\n

Por \u00faltimo, y como consecuencia de la introducci\u00f3n del supuesto de no sujeci\u00f3n para los casos de inexistencia de incremento de valor y de la regla para evitar la tributaci\u00f3n por una plusval\u00eda superior a la obtenida, se establece que los ayuntamientos puedan efectuar las correspondientes comprobaciones.<\/p>\n

II<\/p>\n

El art\u00edculo\u00a086 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola habilita al Gobierno para dictar decretos-leyes \u00aben caso de extraordinaria y urgente necesidad\u00bb.<\/p>\n

La adopci\u00f3n de medidas de car\u00e1cter econ\u00f3mico y tributario acudiendo al instrumento del real decreto-ley ha sido avalada por el Tribunal Constitucional siempre que concurra una motivaci\u00f3n expl\u00edcita y razonada de la necesidad, entendiendo por tal que la coyuntura econ\u00f3mica exige una r\u00e1pida respuesta, y la urgencia, asumiendo como tal que la dilaci\u00f3n en el tiempo de la adopci\u00f3n de la medida de que se trate mediante una tramitaci\u00f3n por el cauce normativo ordinario podr\u00eda generar alg\u00fan perjuicio.<\/p>\n

De este modo, el real decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente l\u00edcito, siempre que, tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional (Sentencias\u00a06\/1983, de\u00a04 de febrero,\u00a0F. 5; 11\/2002, de\u00a017 de enero, F. 4; 137\/2003, de\u00a03 de julio, F. 3; y\u00a0189\/2005, de\u00a07 de julio, F. 3; 68\/2007, de\u00a028 de marzo, F. 10; y\u00a0137\/2011, de\u00a014 de septiembre, F. 7), el fin que justifica la legislaci\u00f3n de urgencia sea subvenir a una situaci\u00f3n concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones dif\u00edciles de prever requiere una acci\u00f3n normativa inmediata en un plazo m\u00e1s breve que el requerido por la v\u00eda normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitaci\u00f3n parlamentaria de las leyes, m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n de dicho procedimiento no depende del Gobierno.<\/p>\n

Debe quedar, por tanto, acreditada \u00abla existencia de una necesaria conexi\u00f3n entre la situaci\u00f3n de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella (SSTC\u00a029\/1982, de\u00a031 de mayo, FJ\u00a03; 182\/1997, de\u00a028 de octubre, FJ\u00a03, y\u00a0137\/2003, de\u00a03 de julio, FJ\u00a04)\u00bb.<\/p>\n

Como se ha se\u00f1alado, el Tribunal Constitucional, en su Sentencia\u00a0182\/2021, ha declarado nulos e inconstitucionales los art\u00edculos\u00a0107.1, segundo p\u00e1rrafo, 107.2.a) y\u00a0107.4 del aludido texto refundido, lo que supone su expulsi\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, dejando un vac\u00edo normativo sobre la determinaci\u00f3n de la base imponible que impide la liquidaci\u00f3n, comprobaci\u00f3n, recaudaci\u00f3n y revisi\u00f3n de este tributo local y, por tanto, su exigibilidad.<\/p>\n

Como consecuencia de dicho fallo a los ayuntamientos les resulta imposible liquidar, comprobar, recaudar y revisar este impuesto local, que desde esa fecha deja de ser exigible. Ello supone una merma inmediata e importante de sus recursos financieros, que puede provocar un incremento del d\u00e9ficit p\u00fablico que ponga en riesgo el adecuado cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria recogido en el art\u00edculo\u00a0135 de la Constituci\u00f3n, lo que va adem\u00e1s en perjuicio del principio de suficiencia financiera de las entidades locales reconocido en el art\u00edculo\u00a0142 de la Constituci\u00f3n.<\/p>\n

Asimismo, el vac\u00edo legal ocasionado por la sentencia podr\u00eda provocar distorsiones inminentes en el mercado inmobiliario, en cuanto que puede suponer un incentivo para acelerar de forma urgente operaciones inmobiliarias con la \u00fanica finalidad de aprovechar la coyuntura de \u00abno tributaci\u00f3n\u00bb antes de que fuera aprobada la nueva normativa del impuesto, que de no ser aprobada por real decreto-ley requerir\u00eda varios meses para su posible aprobaci\u00f3n y entrada en vigor.<\/p>\n

En definitiva, la necesidad del inmediato restablecimiento de la exigibilidad del impuesto en aras de preservar el principio constitucional de estabilidad presupuestaria, as\u00ed como la conveniencia de evitar posibles distorsiones inmediatas en el mercado inmobiliario que agraven la situaci\u00f3n de forma urgente, justifican la adopci\u00f3n de las medidas que incorpora este real decreto-ley, concurriendo de este modo la circunstancia de extraordinaria y urgente necesidad que exige el art\u00edculo\u00a086 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola, para la utilizaci\u00f3n de dicha figura normativa.<\/p>\n

Para evitar esta situaci\u00f3n es necesario actuar mediante un procedimiento legislativo urgente y extraordinario como el del real decreto-ley.<\/p>\n

En consecuencia, la extraordinaria y urgente necesidad de aprobar este real decreto-ley se inscribe en el juicio pol\u00edtico o de oportunidad que corresponde al Gobierno en cuanto \u00f3rgano de direcci\u00f3n pol\u00edtica del Estado (SSTC\u00a061\/2018, de\u00a07 de junio, FFJJ\u00a04\u00a0y\u00a07; 142\/2014, de\u00a011 de septiembre, FJ\u00a03) y esta decisi\u00f3n, sin duda, supone una ordenaci\u00f3n de prioridades pol\u00edticas de actuaci\u00f3n (STC\u00a014\/2020, de\u00a028 de enero, FJ\u00a04).<\/p>\n

Los motivos de oportunidad que acaban de exponerse demuestran que, en ning\u00fan caso, el presente real decreto-ley constituye un supuesto de uso abusivo o arbitrario de este instrumento constitucional (SSTC\u00a061\/2018, de\u00a07 de junio, FJ\u00a04; 100\/2012, de\u00a08 de mayo, FJ\u00a08; 237\/2012, de\u00a013 de diciembre, FJ\u00a04; 39\/2013, de\u00a014 de febrero, FJ\u00a05). Al contrario, todas las razones expuestas justifican amplia y razonadamente la adopci\u00f3n de la presente norma, permitiendo apreciar la existencia del presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad requerido por el art\u00edculo\u00a086.1 de la Constituci\u00f3n para el uso de la legislaci\u00f3n de urgencia en relaci\u00f3n con el real decreto-ley (SSTC\u00a029\/1982, de\u00a031 de mayo, FJ\u00a03; 111\/1983, de\u00a02 de diciembre, FJ\u00a05; 182\/1997, de\u00a020 de octubre, FJ\u00a03).<\/p>\n

Debe se\u00f1alarse, asimismo, que este real decreto-ley no afecta al ordenamiento de las instituciones b\u00e1sicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el T\u00edtulo I de la Constituci\u00f3n, al r\u00e9gimen de las comunidades aut\u00f3nomas ni al Derecho electoral general.<\/p>\n

Como se\u00f1ala la STC\u00a0100\/2012, de\u00a08 de mayo, en su FJ\u00a09, \u00abdel hecho de que la materia tributaria est\u00e9 sujeta al principio de reserva de ley (art\u00edculos 31.3 y\u00a0133.1 y\u00a03 CE) y de que dicha reserva tenga car\u00e1cter relativo y no absoluto \u00bbno se deriva necesariamente que se encuentre excluida del \u00e1mbito de regulaci\u00f3n del decreto-ley, que podr\u00e1 penetrar en la materia tributaria siempre que se den los requisitos constitucionales del presupuesto habilitante y no ‘afecte’, en el sentido constitucional del t\u00e9rmino, a las materias excluidas\u00bb (SSTC\u00a0182\/1997, de\u00a028 de octubre, FJ\u00a08; 137\/2003, de\u00a03 de julio, FJ\u00a06; y\u00a0108\/2004, de\u00a030 de junio, FJ\u00a07; 245\/2004, de\u00a016 de diciembre, FJ\u00a04; y\u00a0189\/2005, de\u00a07 de julio, FJ\u00a07) (\u2026)\u00bb.<\/p>\n

Y, sobre este particular, en la secci\u00f3n\u00a02.\u00aa del cap\u00edtulo segundo del t\u00edtulo I de la Constituci\u00f3n, bajo la r\u00fabrica \u00abDe los derechos y deberes de los ciudadanos\u00bb, se inserta el art\u00edculo\u00a031.1 de la Constituci\u00f3n, precepto que establece \u00abun aut\u00e9ntico mandato jur\u00eddico, fuente de derechos y obligaciones\u00bb, del que \u00abse deriva un deber constitucional para los ciudadanos de contribuir, a trav\u00e9s de los impuestos, al sostenimiento o financiaci\u00f3n de los gastos p\u00fablicos\u00bb (SSTC\u00a0182\/1997, de\u00a028 de octubre, FJ\u00a06; 245\/2004, de\u00a016 de diciembre, FJ\u00a05; y\u00a0189\/2005, de\u00a07 de julio, FJ\u00a07), siendo, en consecuencia, uno de \u00ablos deberes cuya afectaci\u00f3n est\u00e1 vedada al Decreto-ley el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos p\u00fablicos que enuncia el art\u00edculo\u00a031.1 CE\u00bb (SSTC\u00a0137\/2003, de\u00a03 de julio, FJ\u00a06; 245\/2004, de\u00a016 de diciembre, FJ\u00a05; y\u00a0189\/2005, de\u00a07 de julio, FJ\u00a07) (\u2026).<\/p>\n

Pues bien, el art\u00edculo\u00a031.1 de la Constituci\u00f3n \u00abconecta el citado deber de contribuir con el criterio de la capacidad econ\u00f3mica\u00bb y lo relaciona, a su vez, \u00abno con cualquier figura tributaria en particular, sino con el conjunto del sistema tributario\u00bb, por lo que queda claro que \u00abque el Decreto-ley no podr\u00e1 alterar ni el r\u00e9gimen general ni aquellos elementos esenciales de los tributos que inciden en la determinaci\u00f3n de la carga tributaria, afectando as\u00ed al deber general de los ciudadanos de contribuir al sostenimiento de los gastos p\u00fablicos de acuerdo con su riqueza mediante un sistema tributario justo\u00bb (SSTC\u00a0182\/1997, de\u00a028 de octubre, FJ\u00a07; 137\/2003, de\u00a03 de julio, FJ\u00a06; 108\/2004, de\u00a030 de junio, FJ\u00a07; y\u00a0189\/2005, de\u00a07 de julio, FJ\u00a07). De manera que vulnerar\u00e1 el art\u00edculo\u00a086 de la Constituci\u00f3n \u00abcualquier intervenci\u00f3n o innovaci\u00f3n normativa que, por su entidad cualitativa o cuantitativa, altere sensiblemente la posici\u00f3n del obligado a contribuir seg\u00fan su capacidad econ\u00f3mica en el conjunto del sistema tributario\u00bb (SSTC\u00a0182\/1997, de\u00a028 de octubre, FJ\u00a07; 137\/2003, de\u00a03 de julio, FJ\u00a06; 108\/2004, de\u00a030 de junio, FJ\u00a07; y\u00a0189\/2005, de\u00a07 de julio, FJ\u00a07). Por tanto, ser\u00e1 preciso tener en cuenta \u00aben cada caso en qu\u00e9 tributo concreto incide el Decreto-ley \u2013constatando su naturaleza, estructura y la funci\u00f3n que cumple dentro del conjunto del sistema tributario, as\u00ed como el grado o medida en que interviene el principio de capacidad econ\u00f3mica\u2013, qu\u00e9 elementos del mismo \u2013esenciales o no resultan alterados por este excepcional modo de producci\u00f3n normativa\u2013 y, en fin, cu\u00e1l es la naturaleza y alcance de la concreta regulaci\u00f3n de que se trate\u00bb (SSTC\u00a0182\/1997, de\u00a028 de octubre, FJ\u00a07; 137\/2003, de\u00a03 de julio, FJ\u00a06; 108\/2004, de\u00a030 de junio, FJ\u00a07; y\u00a0189\/2005, de\u00a07 de julio, FJ\u00a07)\u00bb.<\/p>\n

A la luz de estas consideraciones, cabe afirmar que las medidas tributarias contenidas en este real decreto-ley no vulneran el citado art\u00edculo\u00a031 de la Constituci\u00f3n ya que, como se se\u00f1ala en la antes citada STC\u00a0100\/2012 (FJ\u00a09), no alteran \u00abde manera relevante la presi\u00f3n fiscal que deben soportar los contribuyentes y, por consiguiente, no ha provocado un cambio sustancial de la posici\u00f3n de los ciudadanos en el conjunto del sistema tributario, de manera que no ha afectado a la esencia del deber constitucional de contribuir al sostenimiento de los gastos p\u00fablicos que enuncia el art\u00edculo\u00a031.1 CE\u00bb (SSTC\u00a0137\/2003, de\u00a03 de julio, FJ\u00a07; y\u00a0108\/2004, de\u00a030 de junio, FJ\u00a08).<\/p>\n

En efecto, la reforma de la normativa reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana que se contiene en este real decreto-ley no supone, en modo alguno, la creaci\u00f3n\u00a0ex novo<\/em>\u00a0de un tributo, sino que se trata de una reforma parcial que se limita a introducir un nuevo supuesto de no sujeci\u00f3n y a modificar el m\u00e9todo de determinaci\u00f3n de la base imponible, con la finalidad de dar cumplimiento al mandato del Tribunal Constitucional contenido en sus mencionadas Sentencias\u00a059\/2017, 126\/2019 y\u00a0182\/2021.<\/p>\n

Modificar la determinaci\u00f3n de la base imponible es imprescindible para adecuar la carga tributaria de este impuesto al principio constitucional de capacidad econ\u00f3mica, tal y como ha se\u00f1alado el Tribunal Constitucional.<\/p>\n

Asimismo, la reforma no altera sensiblemente la posici\u00f3n del obligado a contribuir seg\u00fan su capacidad econ\u00f3mica en el conjunto del sistema tributario, ya que el impuesto que se reforma no constituye uno de los pilares estructurales del sistema tributario espa\u00f1ol, como el propio Tribunal Constitucional reconoce en el fundamento jur\u00eddico\u00a04 de la Sentencia\u00a0182\/2021.<\/p>\n

Es m\u00e1s, como ya se ha mencionado, con esta reforma lo que se busca es adecuar la base imponible del impuesto a la capacidad econ\u00f3mica efectiva del contribuyente, permitiendo su contribuci\u00f3n al sostenimiento de los gastos p\u00fablicos de acuerdo con aquella.<\/p>\n

III<\/p>\n

Este real decreto-ley consta de un art\u00edculo, en el que se introducen las modificaciones se\u00f1aladas anteriormente, una disposici\u00f3n transitoria para la adaptaci\u00f3n de las ordenanzas fiscales a la nueva normativa y tres disposiciones finales que regulan, respectivamente, el t\u00edtulo competencial por el que se dicta, la habilitaci\u00f3n normativa y su entrada en vigor.<\/p>\n

IV<\/p>\n

De conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo\u00a0129 de la Ley\u00a039\/2015, de\u00a01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com\u00fan de las Administraciones P\u00fablicas, el presente real decreto-ley se ajusta a los principios de buena regulaci\u00f3n.<\/p>\n

As\u00ed, atendiendo a los principios de necesidad y eficacia, estos se apoyan en lo perentorio del establecimiento de la exigibilidad del impuesto y la conveniencia de evitar posibles distorsiones inmediatas en el mercado inmobiliario, siendo el real decreto-ley el instrumento m\u00e1s id\u00f3neo para garantizar, sin demora, su consecuci\u00f3n. Se respeta tambi\u00e9n el principio de proporcionalidad, dado que contiene la regulaci\u00f3n imprescindible para la consecuci\u00f3n del objetivo mencionado de adecuar la base imponible del impuesto a la capacidad econ\u00f3mica efectiva del contribuyente.<\/p>\n

Asimismo, la norma resulta coherente con el vigente ordenamiento jur\u00eddico, ajust\u00e1ndose, por ello, al principio de seguridad jur\u00eddica, mediante el establecimiento de un m\u00e9todo de determinaci\u00f3n de la base imponible ajustado en todo momento a la realidad del mercado inmobiliario y permitiendo al contribuyente la opci\u00f3n por un m\u00e9todo alternativo a aquel en el que se determine la base imponible por diferencia entre los valores de adquisici\u00f3n y transmisi\u00f3n del inmueble. En cuanto al principio de transparencia, esta norma, si bien est\u00e1 exenta de los tr\u00e1mites de consulta p\u00fablica, audiencia e informaci\u00f3n p\u00fablica por tratarse de un decreto-ley, tal y como autoriza el art\u00edculo\u00a026.11 de la Ley\u00a050\/1997, de\u00a027 de noviembre, del Gobierno, define claramente sus objetivos, reflejados tanto en su parte expositiva como en la Memoria abreviada del An\u00e1lisis de Impacto Normativo que lo acompa\u00f1a. Por \u00faltimo, en relaci\u00f3n con el principio de eficiencia, en este real decreto-ley se ha procurado que la norma genere las menores cargas administrativas para los ciudadanos.<\/p>\n

Este real decreto-ley se dicta al amparo de las competencias exclusivas atribuidas al Estado en materia de Hacienda general con arreglo al art\u00edculo\u00a0149.1.14.\u00aa de la Constituci\u00f3n.<\/p>\n

En su virtud, haciendo uso de la autorizaci\u00f3n contenida en el art\u00edculo\u00a086 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola, a propuesta de la Ministra de Hacienda y Funci\u00f3n P\u00fablica, y previa deliberaci\u00f3n del Consejo de Ministros en su reuni\u00f3n del d\u00eda\u00a08 de noviembre de\u00a02021,<\/p>\n

DISPONGO:<\/p>\n

Art\u00edculo \u00fanico.\u2003Modificaci\u00f3n del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo\u00a02\/2004, de\u00a05 de marzo.<\/strong><\/p>\n

Con efectos desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, se introducen las siguientes modificaciones en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo\u00a02\/2004, de\u00a05 de marzo:<\/p>\n

Uno.\u2003Se a\u00f1ade un apartado\u00a05 en el art\u00edculo\u00a0104, con la siguiente redacci\u00f3n:<\/p>\n

\u00ab5.\u2003No se producir\u00e1 la sujeci\u00f3n al impuesto en las transmisiones de terrenos respecto de los cuales se constate la inexistencia de incremento de valor por diferencia entre los valores de dichos terrenos en las fechas de transmisi\u00f3n y adquisici\u00f3n.<\/p>\n

Para ello, el interesado en acreditar la inexistencia de incremento de valor deber\u00e1 declarar la transmisi\u00f3n, as\u00ed como aportar los t\u00edtulos que documenten la transmisi\u00f3n y la adquisici\u00f3n, entendi\u00e9ndose por interesados, a estos efectos, las personas o entidades a que se refiere el art\u00edculo\u00a0106.<\/p>\n

Para constatar la inexistencia de incremento de valor, como valor de transmisi\u00f3n o de adquisici\u00f3n del terreno se tomar\u00e1 en cada caso el mayor de los siguientes valores, sin que a estos efectos puedan computarse los gastos o tributos que graven dichas operaciones: el que conste en el t\u00edtulo que documente la operaci\u00f3n o el comprobado, en su caso, por la Administraci\u00f3n tributaria.<\/p>\n

Cuando se trate de la transmisi\u00f3n de un inmueble en el que haya suelo y construcci\u00f3n, se tomar\u00e1 como valor del suelo a estos efectos el que resulte de aplicar la proporci\u00f3n que represente en la fecha de devengo del impuesto el valor catastral del terreno respecto del valor catastral total y esta proporci\u00f3n se aplicar\u00e1 tanto al valor de transmisi\u00f3n como, en su caso, al de adquisici\u00f3n.<\/p>\n

Si la adquisici\u00f3n o la transmisi\u00f3n hubiera sido a t\u00edtulo lucrativo se aplicar\u00e1n las reglas de los p\u00e1rrafos anteriores tomando, en su caso, por el primero de los dos valores a comparar se\u00f1alados anteriormente, el declarado en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.<\/p>\n

En la posterior transmisi\u00f3n de los inmuebles a los que se refiere este apartado, para el c\u00f3mputo del n\u00famero de a\u00f1os a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor de los terrenos, no se tendr\u00e1 en cuenta el periodo anterior a su adquisici\u00f3n. Lo dispuesto en este p\u00e1rrafo no ser\u00e1 de aplicaci\u00f3n en los supuestos de aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles que resulten no sujetas en virtud de lo dispuesto en el apartado\u00a03 de este art\u00edculo o en la disposici\u00f3n adicional segunda de la Ley\u00a027\/2014, de\u00a027 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.\u00bb<\/p>\n

Dos.\u2003Se modifica el art\u00edculo\u00a0107, que queda redactado de la siguiente forma:<\/p>\n

\u00ab1.\u2003La base imponible de este impuesto est\u00e1 constituida por el incremento del valor de los terrenos puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un periodo m\u00e1ximo de veinte a\u00f1os, y se determinar\u00e1, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado\u00a05 de este art\u00edculo, multiplicando el valor del terreno en el momento del devengo calculado conforme a lo establecido en sus apartados\u00a02 y\u00a03, por el coeficiente que corresponda al periodo de generaci\u00f3n conforme a lo previsto en su apartado\u00a04.<\/p>\n

2.\u2003El valor del terreno en el momento del devengo resultar\u00e1 de lo establecido en las siguientes reglas:<\/p>\n

a)\u2003En las transmisiones de terrenos, el valor de estos en el momento del devengo ser\u00e1 el que tengan determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.<\/p>\n

No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobaci\u00f3n de la citada ponencia, se podr\u00e1 liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo a aquel. En estos casos, en la liquidaci\u00f3n definitiva se aplicar\u00e1 el valor de los terrenos una vez se haya obtenido conforme a los procedimientos de valoraci\u00f3n colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo. Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos valores catastrales, estos se corregir\u00e1n aplicando los coeficientes de actualizaci\u00f3n que correspondan, establecidos al efecto en las leyes de presupuestos generales del Estado.<\/p>\n

Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de caracter\u00edsticas especiales, en el momento del devengo del impuesto, no tenga determinado valor catastral en dicho momento, el ayuntamiento podr\u00e1 practicar la liquidaci\u00f3n cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo.<\/p>\n

Los ayuntamientos podr\u00e1n establecer en la ordenanza fiscal un coeficiente reductor sobre el valor se\u00f1alado en los p\u00e1rrafos anteriores que pondere su grado de actualizaci\u00f3n, con el m\u00e1ximo del\u00a015 por ciento.<\/p>\n

b)\u2003En la constituci\u00f3n y transmisi\u00f3n de derechos reales de goce limitativos del dominio, los porcentajes anuales contenidos en el apartado\u00a04 de este art\u00edculo se aplicar\u00e1n sobre la parte del valor definido en el p\u00e1rrafo a) anterior que represente, respecto de aquel, el valor de los referidos derechos calculado mediante la aplicaci\u00f3n de las normas fijadas a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur\u00eddicos Documentados.<\/p>\n

c)\u2003En la constituci\u00f3n o transmisi\u00f3n del derecho a elevar una o m\u00e1s plantas sobre un edificio o terreno, o del derecho de realizar la construcci\u00f3n bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de superficie, los porcentajes anuales contenidos en el apartado\u00a04 de este art\u00edculo se aplicar\u00e1n sobre la parte del valor definido en el p\u00e1rrafo a) que represente, respecto de aquel, el m\u00f3dulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisi\u00f3n o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporci\u00f3n entre la superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez construidas aquellas.<\/p>\n

d)\u2003En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes anuales contenidos en el apartado\u00a04 de este art\u00edculo se aplicar\u00e1n sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido en el p\u00e1rrafo a) del apartado\u00a02 anterior fuese inferior, en cuyo caso prevalecer\u00e1 este \u00faltimo sobre el justiprecio.<\/p>\n

3.\u2003Los ayuntamientos podr\u00e1n establecer una reducci\u00f3n cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoraci\u00f3n colectiva de car\u00e1cter general. En ese caso, se tomar\u00e1 como valor del terreno, o de la parte de este que corresponda seg\u00fan las reglas contenidas en el apartado anterior, el importe que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales dicha reducci\u00f3n durante el per\u00edodo de tiempo y porcentajes m\u00e1ximos siguientes:<\/p>\n

a)\u2003La reducci\u00f3n, en su caso, se aplicar\u00e1, como m\u00e1ximo, respecto de cada uno de los cinco primeros a\u00f1os de efectividad de los nuevos valores catastrales.<\/p>\n

b)\u2003La reducci\u00f3n tendr\u00e1 como porcentaje m\u00e1ximo el\u00a060 por ciento. Los ayuntamientos podr\u00e1n fijar un tipo de reducci\u00f3n distinto para cada a\u00f1o de aplicaci\u00f3n de la reducci\u00f3n.<\/p>\n

La reducci\u00f3n prevista en este apartado no ser\u00e1 de aplicaci\u00f3n a los supuestos en los que los valores catastrales resultantes del procedimiento de valoraci\u00f3n colectiva a que aquel se refiere sean inferiores a los hasta entonces vigentes.<\/p>\n

El valor catastral reducido en ning\u00fan caso podr\u00e1 ser inferior al valor catastral del terreno antes del procedimiento de valoraci\u00f3n colectiva.<\/p>\n

La regulaci\u00f3n de los restantes aspectos sustantivos y formales de la reducci\u00f3n se establecer\u00e1 en la ordenanza fiscal.<\/p>\n

4.\u2003El periodo de generaci\u00f3n del incremento de valor ser\u00e1 el n\u00famero de a\u00f1os a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto dicho incremento.<\/p>\n

En los supuestos de no sujeci\u00f3n, salvo que por ley se indique otra cosa, para el c\u00e1lculo del periodo de generaci\u00f3n del incremento de valor puesto de manifiesto en una posterior transmisi\u00f3n del terreno, se tomar\u00e1 como fecha de adquisici\u00f3n, a los efectos de lo dispuesto en el p\u00e1rrafo anterior, aquella en la que se produjo el anterior devengo del impuesto.<\/p>\n

En el c\u00f3mputo del n\u00famero de a\u00f1os transcurridos se tomar\u00e1n a\u00f1os completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de a\u00f1o. En el caso de que el periodo de generaci\u00f3n sea inferior a un a\u00f1o, se prorratear\u00e1 el coeficiente anual teniendo en cuenta el n\u00famero de meses completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de mes.<\/p>\n

El coeficiente a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo, calculado conforme a lo dispuesto en los apartados anteriores, ser\u00e1 el que corresponda de los aprobados por el ayuntamiento seg\u00fan el periodo de generaci\u00f3n del incremento de valor, sin que pueda exceder de los l\u00edmites siguientes:<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
Periodo de generaci\u00f3n<\/strong><\/td>\nCoeficiente<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Inferior a 1 a\u00f1o.<\/td>\n0,14<\/td>\n<\/tr>\n
1 a\u00f1o.<\/td>\n0,13<\/td>\n<\/tr>\n
2 a\u00f1os.<\/td>\n0,15<\/td>\n<\/tr>\n
3 a\u00f1os.<\/td>\n0,16<\/td>\n<\/tr>\n
4 a\u00f1os.<\/td>\n0,17<\/td>\n<\/tr>\n
5 a\u00f1os.<\/td>\n0,17<\/td>\n<\/tr>\n
6 a\u00f1os.<\/td>\n0,16<\/td>\n<\/tr>\n
7 a\u00f1os.<\/td>\n0,12<\/td>\n<\/tr>\n
8 a\u00f1os.<\/td>\n0,10<\/td>\n<\/tr>\n
9 a\u00f1os.<\/td>\n0,09<\/td>\n<\/tr>\n
10 a\u00f1os.<\/td>\n0,08<\/td>\n<\/tr>\n
11 a\u00f1os.<\/td>\n0,08<\/td>\n<\/tr>\n
12 a\u00f1os.<\/td>\n0,08<\/td>\n<\/tr>\n
13 a\u00f1os.<\/td>\n0,08<\/td>\n<\/tr>\n
14 a\u00f1os.<\/td>\n0,10<\/td>\n<\/tr>\n
15 a\u00f1os.<\/td>\n0,12<\/td>\n<\/tr>\n
16 a\u00f1os.<\/td>\n0,16<\/td>\n<\/tr>\n
17 a\u00f1os.<\/td>\n0,20<\/td>\n<\/tr>\n
18 a\u00f1os.<\/td>\n0,26<\/td>\n<\/tr>\n
19 a\u00f1os.<\/td>\n0,36<\/td>\n<\/tr>\n
Igual o superior a 20 a\u00f1os.<\/td>\n0,45<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

Estos coeficientes m\u00e1ximos ser\u00e1n actualizados anualmente mediante norma con rango legal, pudiendo llevarse a cabo dicha actualizaci\u00f3n mediante las leyes de presupuestos generales del Estado.<\/p>\n

Si, como consecuencia de la actualizaci\u00f3n referida en el p\u00e1rrafo anterior, alguno de los coeficientes aprobados por la vigente ordenanza fiscal resultara ser superior al correspondiente nuevo m\u00e1ximo legal, se aplicar\u00e1 este directamente hasta que entre en vigor la nueva ordenanza fiscal que corrija dicho exceso.<\/p>\n

5.\u2003Cuando, a instancia del sujeto pasivo, conforme al procedimiento establecido en el art\u00edculo\u00a0104.5, se constate que el importe del incremento de valor es inferior al importe de la base imponible determinada con arreglo a lo dispuesto en los apartados anteriores de este art\u00edculo, se tomar\u00e1 como base imponible el importe de dicho incremento de valor.\u00bb<\/p>\n

Tres.\u2003Se modifica el apartado\u00a04 y se a\u00f1ade un apartado\u00a08 en el art\u00edculo\u00a0110, que quedan redactados de la siguiente forma:<\/p>\n

\u00ab4.\u2003Los ayuntamientos quedan facultados para establecer el sistema de autoliquidaci\u00f3n por el sujeto pasivo, que llevar\u00e1 consigo el ingreso de la cuota resultante de aquella dentro de los plazos previstos en el apartado\u00a02 de este art\u00edculo. Respecto de dichas autoliquidaciones, sin perjuicio de las facultades de comprobaci\u00f3n de los valores declarados por el interesado o el sujeto pasivo a los efectos de lo dispuesto en los art\u00edculos\u00a0104.5 y\u00a0107.5, respectivamente, el ayuntamiento correspondiente solo podr\u00e1 comprobar que se han efectuado mediante la aplicaci\u00f3n correcta de las normas reguladoras del impuesto, sin que puedan atribuirse valores, bases o cuotas diferentes de las resultantes de tales normas.<\/p>\n

En ning\u00fan caso podr\u00e1 exigirse el impuesto en r\u00e9gimen de autoliquidaci\u00f3n cuando se trate del supuesto a que se refiere el art\u00edculo\u00a0107.2.a), p\u00e1rrafo tercero.\u00bb<\/p>\n

\u00ab8.\u2003Con arreglo a lo dispuesto en el art\u00edculo\u00a08, las Administraciones tributarias de las comunidades aut\u00f3nomas y de las entidades locales colaborar\u00e1n para la aplicaci\u00f3n del impuesto y, en particular, para dar cumplimiento a lo establecido en los art\u00edculos\u00a0104.5 y\u00a0107.5, pudiendo suscribirse para ello los correspondientes convenios de intercambio de informaci\u00f3n tributaria y de colaboraci\u00f3n.\u00bb<\/p>\n

Disposici\u00f3n transitoria \u00fanica.\u2003Adaptaci\u00f3n de las ordenanzas fiscales.<\/strong><\/p>\n

Los ayuntamientos que tengan establecido el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana deber\u00e1n modificar, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, sus respectivas ordenanzas fiscales para adecuarlas a lo dispuesto en el mismo.<\/p>\n

Hasta que entre en vigor la modificaci\u00f3n a que se refiere el p\u00e1rrafo anterior, resultar\u00e1 de aplicaci\u00f3n lo dispuesto en este real decreto-ley, tom\u00e1ndose, para la determinaci\u00f3n de la base imponible del impuesto, los coeficientes m\u00e1ximos establecidos en la redacci\u00f3n del art\u00edculo\u00a0107.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales dada por este real decreto-ley.<\/p>\n

Disposici\u00f3n final primera.\u2003T\u00edtulo competencial.<\/strong><\/p>\n

Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el art\u00edculo\u00a0149.1.14.\u00aa de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de Hacienda general.<\/p>\n

Disposici\u00f3n final segunda.\u2003Habilitaci\u00f3n normativa.<\/strong><\/p>\n

Se habilita al Gobierno y a la persona titular del Ministerio de Hacienda y Funci\u00f3n P\u00fablica, en el \u00e1mbito de sus competencias, a dictar las disposiciones y adoptar medidas necesarias para el desarrollo y ejecuci\u00f3n de lo dispuesto en este real decreto-ley.<\/p>\n

Disposici\u00f3n final tercera.\u2003Entrada en vigor.<\/strong><\/p>\n

Este real decreto-ley entrar\u00e1 en vigor el d\u00eda siguiente al de su publicaci\u00f3n en el \u00abBolet\u00edn Oficial del Estado\u00bb.<\/p>\n

Dado en Madrid, el\u00a08 de noviembre de\u00a02021.<\/p>\n

FELIPE R.<\/p>\n

El Presidente del Gobierno,<\/p>\n

PEDRO S\u00c1NCHEZ P\u00c9REZ-CASTEJ\u00d3N<\/p>\n

 <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Real Decreto-ley 26\/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2\/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 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