{"id":18026,"date":"2021-12-29T16:47:35","date_gmt":"2021-12-29T16:47:35","guid":{"rendered":"https:\/\/normativamunicipal.com\/?p=18026"},"modified":"2026-09-30T09:22:34","modified_gmt":"2026-09-30T09:22:34","slug":"modificacion-del-regimen-economico-y-fiscal-de-canarias","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/normativamunicipal.com\/?p=18026","title":{"rendered":"MODIFICACION DEL REGIMEN ECONOMICO Y FISCAL DE CANARIAS"},"content":{"rendered":"<p><strong>Real Decreto-ley 31\/2021, de 28 de diciembre, por el que se modifica la Ley 19\/1994, de 6 de julio, de modificaci\u00f3n del R\u00e9gimen Econ\u00f3mico y Fiscal de Canarias, y se fija un nuevo plazo para presentar las renuncias o revocaciones a m\u00e9todos y reg\u00edmenes especiales de tributaci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n<p>Estos Documentos, con los que puedan modificar o les acompa\u00f1an, se han incorporado a los contenidos ya existentes en el siguiente T\u00cdTULO publicado y a su disposici\u00f3n:<br \/>\n<a href=\"https:\/\/dappeditorial.es\/guia-legal-del-interventor-municipal\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><img decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-6250 size-full\" src=\"https:\/\/normativamunicipal.com\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/logo-interventor-blog.png\" alt=\"\" width=\"372\" height=\"56\" srcset=\"https:\/\/normativamunicipal.com\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/logo-interventor-blog.png 372w, https:\/\/normativamunicipal.com\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/logo-interventor-blog-300x45.png 300w\" sizes=\"(max-width: 372px) 100vw, 372px\" \/><\/a><\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p>BOE de 29 de diciembre de 2021<\/p>\n<p>TEXTO ORIGINAL<\/p>\n<p>I<\/p>\n<p>Mediante este real decreto-ley se modifica el r\u00e9gimen econ\u00f3mico y fiscal de Canarias, para adecuarlo al Mapa de Ayudas de Finalidad Regional, y se completa con una disposici\u00f3n relativa al m\u00e9todo de estimaci\u00f3n objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas F\u00edsicas, y a los reg\u00edmenes simplificado y especial de la agricultura, ganader\u00eda y pesca del Impuesto sobre el Valor A\u00f1adido.<\/p>\n<p>Habiendo notificado Espa\u00f1a a la Comisi\u00f3n Europea con fecha de\u00a01 de diciembre de\u00a02021 su Mapa de Ayudas de Finalidad Regional para el per\u00edodo\u00a02022-2027, es necesario modificar varias referencias temporales contenidas en la Ley\u00a019\/1994, de\u00a06 de julio, de modificaci\u00f3n del R\u00e9gimen Econ\u00f3mico y Fiscal de Canarias, de modo que las referencias legales tengan el mismo alcance temporal que el periodo de vigencia del Reglamento (UE) n.\u00ba 651\/2014 de la Comisi\u00f3n, de\u00a017 de junio de\u00a02014, por el que se declaran determinadas categor\u00edas de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos\u00a0107 y\u00a0108 del Tratado, de aplicaci\u00f3n para este tipo de medidas fiscales reguladas en la Ley\u00a019\/1994 conforme a la disposici\u00f3n adicional segunda del Real Decreto-ley\u00a015\/2014, de\u00a019 de diciembre, de modificaci\u00f3n del R\u00e9gimen Econ\u00f3mico y Fiscal de Canarias. Asimismo, se extiende la vigencia de la Zona Especial Canaria hasta el nuevo t\u00e9rmino del per\u00edodo de vigencia del Mapa de Ayudas Regionales.<\/p>\n<p>Con dicha modificaci\u00f3n se pretende eliminar la inseguridad jur\u00eddica que podr\u00eda generar en los operadores econ\u00f3micos el mantenimiento de los plazos mencionados en la actual redacci\u00f3n legal.<\/p>\n<p>Adicionalmente, y teniendo en cuenta que el mapa de ayudas regionales espa\u00f1ol, entre las que se encuadran los incentivos fiscales del R\u00e9gimen Econ\u00f3mico y Fiscal de Canarias, debe contar con la autorizaci\u00f3n de la Comisi\u00f3n Europea, y no es previsible que esta se obtenga antes de que finalice el a\u00f1o, se hace preciso condicionar la eficacia de la referida modificaci\u00f3n a la obtenci\u00f3n de aquella.<\/p>\n<p>Por otra parte, como consecuencia de las modificaciones que resultar\u00e1n de aplicaci\u00f3n para el a\u00f1o\u00a02022 en el m\u00e9todo de estimaci\u00f3n objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas F\u00edsicas, en el r\u00e9gimen simplificado y en el r\u00e9gimen especial de la agricultura, ganader\u00eda y pesca del Impuesto sobre el Valor A\u00f1adido, se considera oportuno fijar un nuevo plazo para presentar las renuncias o revocaciones a los citados m\u00e9todos y reg\u00edmenes especiales.<\/p>\n<p>Este real decreto-ley consta de un art\u00edculo, dos disposiciones adicionales y tres disposiciones finales. Estas \u00faltimas regulan, respectivamente, el t\u00edtulo competencial por el que se dicta, la habilitaci\u00f3n normativa y su entrada en vigor.<\/p>\n<p>II<\/p>\n<p>El art\u00edculo\u00a086 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola habilita al Gobierno para dictar decretos-leyes \u00aben caso de extraordinaria y urgente necesidad\u00bb.<\/p>\n<p>La adopci\u00f3n de medidas de car\u00e1cter econ\u00f3mico y tributario acudiendo al instrumento del real decreto-ley ha sido avalada por el Tribunal Constitucional siempre que concurra una motivaci\u00f3n expl\u00edcita y razonada de la necesidad, entendiendo por tal que la coyuntura econ\u00f3mica exige una r\u00e1pida respuesta, y la urgencia, asumiendo como tal que la dilaci\u00f3n en el tiempo de la adopci\u00f3n de la medida de que se trate mediante una tramitaci\u00f3n por el cauce normativo ordinario podr\u00eda generar alg\u00fan perjuicio.<\/p>\n<p>De este modo, el real decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente l\u00edcito, siempre que, tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional (Sentencias\u00a06\/1983, de\u00a04 de febrero, F. 5; 11\/2002, de\u00a017 de enero, F. 4; 137\/2003, de\u00a03 de julio, F. 3; y\u00a0189\/2005, de\u00a07 de julio, F. 3; 68\/2007, de\u00a028 de marzo, F. 10; y\u00a0137\/2011, de\u00a014 de septiembre, F. 7), el fin que justifica la legislaci\u00f3n de urgencia sea subvenir a una situaci\u00f3n concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones dif\u00edciles de prever requiere una acci\u00f3n normativa inmediata en un plazo m\u00e1s breve que el requerido por la v\u00eda normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitaci\u00f3n parlamentaria de las leyes, m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n de dicho procedimiento no depende del Gobierno.<\/p>\n<p>Debe quedar, por tanto, acreditada \u00abla existencia de una necesaria conexi\u00f3n entre la situaci\u00f3n de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella (SSTC\u00a029\/1982, de\u00a031 de mayo, FJ\u00a03; 182\/1997, de\u00a028 de octubre, FJ\u00a03, y\u00a0137\/2003, de\u00a03 de julio, FJ\u00a04)\u00bb.<\/p>\n<p>Como se ha se\u00f1alado, este real decreto-ley modifica la Ley\u00a019\/1994, de\u00a06 de julio, de modificaci\u00f3n del R\u00e9gimen Econ\u00f3mico y Fiscal de Canarias, para adecuar varias de las referencias temporales en aquella incluidas, as\u00ed como para ampliar hasta el\u00a031 de diciembre del a\u00f1o\u00a02027 la vigencia de la Zona Especial Canaria al ser este el nuevo t\u00e9rmino del per\u00edodo de vigencia del mapa de ayudas regionales.<\/p>\n<p>La inmediatez del t\u00e9rmino final de tales medidas, el\u00a031 de diciembre de\u00a02021, y la necesidad de conferir seguridad jur\u00eddica a la operativa de la Zona Especial Canaria hacen ineludible el recurso a la figura del real decreto-ley, pues, de otro modo, esto es, su pr\u00f3rroga mediante una ley ordinaria, en ning\u00fan caso podr\u00eda aprobarse, como consecuencia de los plazos de tramitaci\u00f3n de aquellas.<\/p>\n<p>Dados los plazos mencionados en la redacci\u00f3n actual con dicha modificaci\u00f3n se pretende eliminar la inseguridad jur\u00eddica que podr\u00eda generar en los operadores econ\u00f3micos su mantenimiento, de suerte que, por la raz\u00f3n invocada, se estima que solo mediante el recurso al real decreto-ley puede incorporarse tal modificaci\u00f3n en el ordenamiento sin menoscabo de la antes citada seguridad jur\u00eddica.<\/p>\n<p>A su vez, el antedicho nuevo plazo para presentar las renuncias o revocaciones a los citados m\u00e9todos y reg\u00edmenes especiales aplicables en el a\u00f1o\u00a02022 en el Impuesto sobre la Renta de las Personas F\u00edsicas y en el Impuesto sobre el Valor A\u00f1adido, es preciso que se fije con anterioridad al comienzo del aludido ejercicio de aplicaci\u00f3n, por lo que se juzga necesaria la utilizaci\u00f3n del real decreto-ley, pues de emplearse otra figura normativa no se cumplir\u00eda con aquel.<\/p>\n<p>En consecuencia, se entiende que en la pr\u00f3rroga de tales medidas concurre la extraordinaria y urgente necesidad que el art\u00edculo\u00a086.1 de la Constituci\u00f3n espa\u00f1ola establece como presupuesto habilitante para el recurso a la figura del real decreto-ley.<\/p>\n<p>Debe se\u00f1alarse, asimismo, que este real decreto-ley no afecta al ordenamiento de las instituciones b\u00e1sicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el T\u00edtulo I de la Constituci\u00f3n, al r\u00e9gimen de las comunidades aut\u00f3nomas ni al Derecho electoral general.<\/p>\n<p>Como se\u00f1ala la STC\u00a0100\/2012, de\u00a08 de mayo, en su FJ\u00a09, \u00abdel hecho de que la materia tributaria est\u00e9 sujeta al principio de reserva de ley (art\u00edculos\u00a031.3 y\u00a0133.1 y\u00a03 CE) y de que dicha reserva tenga car\u00e1cter relativo y no absoluto \u201cno se deriva necesariamente que se encuentre excluida del \u00e1mbito de regulaci\u00f3n del decreto-ley, que podr\u00e1 penetrar en la materia tributaria siempre que se den los requisitos constitucionales del presupuesto habilitante y no \u2018afecte\u2019, en el sentido constitucional del t\u00e9rmino, a las materias excluidas\u201d (SSTC\u00a0182\/1997, de\u00a028 de octubre, FJ\u00a08; 137\/2003, de\u00a03 de julio, FJ\u00a06; y\u00a0108\/2004, de\u00a030 de junio, FJ\u00a07; 245\/2004, de\u00a016 de diciembre, FJ\u00a04; y\u00a0189\/2005, de\u00a07 de julio, FJ\u00a07) (\u2026)\u00bb.<\/p>\n<p>Y, sobre este particular, en la secci\u00f3n\u00a02.\u00aa del cap\u00edtulo segundo del t\u00edtulo I de la Constituci\u00f3n, bajo la r\u00fabrica \u00abDe los derechos y deberes de los ciudadanos\u00bb, se inserta el art\u00edculo\u00a031.1 de la Constituci\u00f3n, precepto que establece \u00abun aut\u00e9ntico mandato jur\u00eddico, fuente de derechos y obligaciones\u00bb, del que \u00abse deriva un deber constitucional para los ciudadanos de contribuir, a trav\u00e9s de los impuestos, al sostenimiento o financiaci\u00f3n de los gastos p\u00fablicos\u00bb (SSTC\u00a0182\/1997, de\u00a028 de octubre, FJ\u00a06; 245\/2004, de\u00a016 de diciembre, FJ\u00a05; y\u00a0189\/2005, de\u00a07 de julio, FJ\u00a07), siendo, en consecuencia, uno de \u00ablos deberes cuya afectaci\u00f3n est\u00e1 vedada al Decreto-ley el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos p\u00fablicos que enuncia el art\u00edculo\u00a031.1 CE\u00bb (SSTC\u00a0137\/2003, de\u00a03 de julio, FJ\u00a06; 245\/2004, de\u00a016 de diciembre, FJ\u00a05; y\u00a0189\/2005, de\u00a07 de julio, FJ\u00a07) (\u2026).<\/p>\n<p>Pues bien, el art\u00edculo\u00a031.1 de la Constituci\u00f3n \u00abconecta el citado deber de contribuir con el criterio de la capacidad econ\u00f3mica\u00bb y lo relaciona, a su vez, \u00abno con cualquier figura tributaria en particular, sino con el conjunto del sistema tributario\u00bb, por lo que queda claro que \u00abque el Decreto-ley no podr\u00e1 alterar ni el r\u00e9gimen general ni aquellos elementos esenciales de los tributos que inciden en la determinaci\u00f3n de la carga tributaria, afectando as\u00ed al deber general de los ciudadanos de contribuir al sostenimiento de los gastos p\u00fablicos de acuerdo con su riqueza mediante un sistema tributario justo\u00bb (SSTC\u00a0182\/1997, de\u00a028 de octubre, FJ\u00a07; 137\/2003, de\u00a03 de julio, FJ\u00a06; 108\/2004, de\u00a030 de junio, FJ\u00a07; y\u00a0189\/2005, de\u00a07 de julio, FJ\u00a07). De manera que vulnerar\u00e1 el art\u00edculo\u00a086 de la Constituci\u00f3n \u00abcualquier intervenci\u00f3n o innovaci\u00f3n normativa que, por su entidad cualitativa o cuantitativa, altere sensiblemente la posici\u00f3n del obligado a contribuir seg\u00fan su capacidad econ\u00f3mica en el conjunto del sistema tributario\u00bb (SSTC\u00a0182\/1997, de\u00a028 de octubre, FJ\u00a07; 137\/2003, de\u00a03 de julio, FJ\u00a06; 108\/2004, de\u00a030 de junio, FJ\u00a07; y\u00a0189\/2005, de\u00a07 de julio, FJ\u00a07). Por tanto, ser\u00e1 preciso tener en cuenta \u00aben cada caso en qu\u00e9 tributo concreto incide el Decreto-ley \u2013constatando su naturaleza, estructura y la funci\u00f3n que cumple dentro del conjunto del sistema tributario, as\u00ed como el grado o medida en que interviene el principio de capacidad econ\u00f3mica\u2013, qu\u00e9 elementos del mismo \u2013esenciales o no resultan alterados por este excepcional modo de producci\u00f3n normativa\u2013 y, en fin, cu\u00e1l es la naturaleza y alcance de la concreta regulaci\u00f3n de que se trate\u00bb (SSTC\u00a0182\/1997, de\u00a028 de octubre, FJ\u00a07; 137\/2003, de\u00a03 de julio, FJ\u00a06; 108\/2004, de\u00a030 de junio, FJ\u00a07; y\u00a0189\/2005, de\u00a07 de julio, FJ\u00a07)\u00bb.<\/p>\n<p>A la luz de estas consideraciones, cabe afirmar que las medidas tributarias contenidas en este real decreto-ley no vulneran el citado art\u00edculo\u00a031 de la Constituci\u00f3n ya que, como se se\u00f1ala en la antes citada STC\u00a0100\/2012 (FJ\u00a09), no alteran \u00abde manera relevante la presi\u00f3n fiscal que deben soportar los contribuyentes y, por consiguiente, no ha provocado un cambio sustancial de la posici\u00f3n de los ciudadanos en el conjunto del sistema tributario, de manera que no ha afectado a la esencia del deber constitucional de contribuir al sostenimiento de los gastos p\u00fablicos que enuncia el art\u00edculo\u00a031.1 CE\u00bb (SSTC\u00a0137\/2003, de\u00a03 de julio, FJ\u00a07; y\u00a0108\/2004, de\u00a030 de junio, FJ\u00a08).<\/p>\n<p>III<\/p>\n<p>De conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo\u00a0129 de la Ley\u00a039\/2015, de\u00a01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com\u00fan de las Administraciones P\u00fablicas, el presente real decreto-ley se ajusta a los principios de buena regulaci\u00f3n.<\/p>\n<p>As\u00ed, atendiendo a los principios de necesidad y eficacia, estos se apoyan en lo perentorio de la adopci\u00f3n de las medidas, siendo el real decreto-ley el instrumento m\u00e1s id\u00f3neo para garantizar, sin demora, su aplicaci\u00f3n. Se respeta tambi\u00e9n el principio de proporcionalidad, dado que contiene la regulaci\u00f3n imprescindible para la consecuci\u00f3n del objetivo perseguido con aquellas.<\/p>\n<p>Asimismo, la norma resulta coherente con el vigente ordenamiento jur\u00eddico, respetando, por ello, el principio de seguridad jur\u00eddica. En cuanto al principio de transparencia, esta norma, si bien est\u00e1 exenta de los tr\u00e1mites de consulta p\u00fablica, audiencia e informaci\u00f3n p\u00fablica por tratarse de un decreto-ley, tal y como autoriza el art\u00edculo\u00a026.11 de la Ley\u00a050\/1997, de\u00a027 de noviembre, del Gobierno, define claramente sus objetivos, reflejados tanto en su parte expositiva como en la Memoria abreviada del An\u00e1lisis de Impacto Normativo que lo acompa\u00f1a. Por \u00faltimo, en relaci\u00f3n con el principio de eficiencia, este real decreto-ley no ocasiona cargas administrativas para los ciudadanos.<\/p>\n<p>En su virtud, haciendo uso de la autorizaci\u00f3n contenida en el art\u00edculo\u00a086 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola, a propuesta de la Ministra de Hacienda y Funci\u00f3n P\u00fablica, y previa deliberaci\u00f3n del Consejo de Ministros en su reuni\u00f3n del d\u00eda\u00a028 de diciembre de\u00a02021,<\/p>\n<p>DISPONGO:<\/p>\n<p><strong>Art\u00edculo \u00fanico.\u2003Modificaci\u00f3n de la Ley\u00a019\/1994, de\u00a06 de julio, de modificaci\u00f3n del R\u00e9gimen Econ\u00f3mico y Fiscal de Canarias.<\/strong><\/p>\n<p>Con efectos desde el\u00a01 de enero de\u00a02022, se introducen las siguientes modificaciones en la Ley\u00a019\/1994, de\u00a06 de julio, de modificaci\u00f3n del R\u00e9gimen Econ\u00f3mico y Fiscal de Canarias:<\/p>\n<p>Uno.\u2003Se modifica el apartado\u00a011 del art\u00edculo\u00a027, que queda redactado de la siguiente forma:<\/p>\n<p>\u00ab11.\u2003Los contribuyentes a que se refiere este art\u00edculo podr\u00e1n llevar a cabo inversiones anticipadas, que se considerar\u00e1n como materializaci\u00f3n de la reserva para inversiones que se dote con cargo a beneficios obtenidos en el per\u00edodo impositivo en el que se realiza la inversi\u00f3n o en los tres posteriores, siempre que se cumplan los restantes requisitos exigidos en el mismo.<\/p>\n<p>Las citadas dotaciones habr\u00e1n de realizarse con cargo a beneficios obtenidos hasta el\u00a031 de diciembre de\u00a02023.<\/p>\n<p>La materializaci\u00f3n y su sistema de financiaci\u00f3n se comunicar\u00e1n conjuntamente con la declaraci\u00f3n del Impuesto sobre Sociedades, el Impuesto sobre la Renta de no Residentes o el Impuesto sobre la Renta de las Personas F\u00edsicas del per\u00edodo impositivo en que se realicen las inversiones anticipadas.\u00bb<\/p>\n<p>Dos.\u2003Se modifica el art\u00edculo\u00a029, que queda redactado de la siguiente forma:<\/p>\n<p><strong>\u00abArt\u00edculo\u00a029.\u2003Vigencia de la Zona Especial Canaria.<\/strong><\/p>\n<p>1.\u2003La vigencia de la Zona Especial Canaria tendr\u00e1 como l\u00edmite el\u00a031 de diciembre del a\u00f1o\u00a02027, prorrogable previa autorizaci\u00f3n de la Comisi\u00f3n Europea.<\/p>\n<p>2.\u2003No obstante, la autorizaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n en el Registro Oficial de Entidades de la Zona Especial Canaria tendr\u00e1 como l\u00edmite el\u00a031 de diciembre del a\u00f1o\u00a02023.<\/p>\n<p>3.\u2003El mantenimiento de la Zona Especial Canaria estar\u00e1 condicionado en todo caso al resultado de las revisiones peri\u00f3dicas que deba realizar la Comisi\u00f3n Europea.\u00bb<\/p>\n<p><strong>Disposici\u00f3n adicional primera.\u2003Condicionalidad de las medidas adoptadas en el marco del R\u00e9gimen Econ\u00f3mico y Fiscal de Canarias.<\/strong><\/p>\n<p>Las modificaciones introducidas en la Ley\u00a019\/1994, de\u00a06 de julio, de modificaci\u00f3n del R\u00e9gimen Econ\u00f3mico y Fiscal de Canarias, por el art\u00edculo \u00fanico de este real decreto-ley est\u00e1n condicionadas a la autorizaci\u00f3n por la Comisi\u00f3n Europea del Mapa de Ayudas de Finalidad Regional para el per\u00edodo\u00a02022-2027.<\/p>\n<p><strong>Disposici\u00f3n adicional segunda.\u2003Plazos de renuncias y revocaciones al m\u00e9todo de estimaci\u00f3n objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas F\u00edsicas y a los reg\u00edmenes especiales simplificado y de la agricultura, ganader\u00eda y pesca del Impuesto sobre el Valor A\u00f1adido, para el a\u00f1o\u00a02022.<\/strong><\/p>\n<p>1.\u2003El plazo de renuncias al que se refieren los art\u00edculos\u00a033.1.a) del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas F\u00edsicas, aprobado por el Real Decreto\u00a0439\/2007, de\u00a030 de marzo, y el art\u00edculo\u00a033.2, p\u00e1rrafo segundo, del Reglamento del Impuesto sobre el Valor A\u00f1adido, aprobado por el Real Decreto\u00a01624\/1992, de\u00a029 de diciembre, as\u00ed como la revocaci\u00f3n de las mismas, que deben surtir efectos para el a\u00f1o\u00a02022, ser\u00e1 desde el d\u00eda siguiente a la fecha de publicaci\u00f3n en el \u00abBolet\u00edn Oficial del Estado\u00bb del presente real decreto-ley hasta el\u00a031 de enero de\u00a02022.<\/p>\n<p>2.\u2003Las renuncias y revocaciones presentadas, para el a\u00f1o\u00a02022, a los reg\u00edmenes especiales simplificado y de la agricultura, ganader\u00eda y pesca del Impuesto sobre el Valor A\u00f1adido o al m\u00e9todo de estimaci\u00f3n objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas F\u00edsicas, durante el mes de diciembre de\u00a02021, con anterioridad al inicio del plazo previsto en el apartado\u00a01 anterior, se entender\u00e1n presentadas en per\u00edodo h\u00e1bil.<\/p>\n<p>No obstante, los sujetos pasivos afectados por lo dispuesto en el p\u00e1rrafo anterior, podr\u00e1n modificar su opci\u00f3n en el plazo previsto en el apartado\u00a01 anterior.<\/p>\n<p><strong>Disposici\u00f3n final primera.\u2003T\u00edtulo competencial.<\/strong><\/p>\n<p>Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el art\u00edculo\u00a0149.1.14.\u00aa de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de Hacienda general.<\/p>\n<p><strong>Disposici\u00f3n final segunda.\u2003Habilitaci\u00f3n normativa.<\/strong><\/p>\n<p>Se habilita al Gobierno y a la Ministra de Hacienda y Funci\u00f3n P\u00fablica, en el \u00e1mbito de sus respectivas competencias, para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo de lo dispuesto en este real decreto-ley.<\/p>\n<p><strong>Disposici\u00f3n final tercera.\u2003Entrada en vigor.<\/strong><\/p>\n<p>Este real decreto-ley entrar\u00e1 en vigor el d\u00eda siguiente al de su publicaci\u00f3n en el \u00abBolet\u00edn Oficial del Estado\u00bb.<\/p>\n<p>Dado en Madrid, el\u00a028 de diciembre de\u00a02021.<\/p>\n<p>FELIPE R.<\/p>\n<p>El Presidente del Gobierno,<\/p>\n<p>PEDRO S\u00c1NCHEZ P\u00c9REZ-CASTEJ\u00d3N<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Real Decreto-ley 31\/2021, de 28 de diciembre, por el que se modifica la Ley 19\/1994, de 6 de julio, de modificaci\u00f3n del R\u00e9gimen Econ\u00f3mico y Fiscal de Canarias, y se fija un nuevo plazo para presentar las renuncias o revocaciones a m\u00e9todos y reg\u00edmenes especiales de tributaci\u00f3n. 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