{"id":18226,"date":"2022-02-25T10:30:11","date_gmt":"2022-02-25T10:30:11","guid":{"rendered":"https:\/\/normativamunicipal.com\/?p=18226"},"modified":"2026-09-30T09:22:08","modified_gmt":"2026-09-30T09:22:08","slug":"medidas-financieras-de-apoyo-social-y-economico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/normativamunicipal.com\/?p=18226","title":{"rendered":"MEDIDAS FINANCIERAS DE APOYO SOCIAL Y ECONOMICO"},"content":{"rendered":"

Ley 2\/2022, de 24 de febrero, de medidas financieras de apoyo social y econ\u00f3mico y de cumplimiento de la ejecuci\u00f3n de sentencias.<\/strong><\/p>\n

Estos Documentos, con los que puedan modificar o les acompa\u00f1an, se han incorporado a los contenidos ya existentes en el siguiente T\u00cdTULO publicado y a su disposici\u00f3n:
\n\"\"<\/a><\/p>\n

BOE de 25 de febrero de 2022<\/p>\n

TEXTO ORIGINAL<\/strong><\/p>\n

MODIFICA:<\/p>\n

Ley\u00a019\/1994, de\u00a06 de julio, de modificaci\u00f3n del R\u00e9gimen Econ\u00f3mico y Fiscal de Canarias<\/p>\n

Ley\u00a020\/1991, de\u00a07 de junio, de modificaci\u00f3n de los aspectos fiscales del R\u00e9gimen Econ\u00f3mico Fiscal de Canarias<\/p>\n

 <\/p>\n

FELIPE VI<\/p>\n

REY DE ESPA\u00d1A<\/p>\n

A todos los que la presente vieren y entendieren.<\/p>\n

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.<\/p>\n

PRE\u00c1MBULO<\/p>\n

I<\/p>\n

La situaci\u00f3n de emergencia econ\u00f3mica y social ocasionada por la pandemia sigue exigiendo la adopci\u00f3n de medidas sociales y econ\u00f3micas de apoyo que se suman a las situaciones de urgencia que surgen derivadas de circunstancias jur\u00eddicas imprevistas como el adecuado cumplimiento de sentencias judiciales que puedan tener repercusiones econ\u00f3micas que den lugar a cambios legislativos urgentes.<\/p>\n

Con el objetivo de atender a estas circunstancias descritas se adopta un conjunto de medidas sociales y econ\u00f3micas que a continuaci\u00f3n se detallan.<\/p>\n

Con la finalidad de reducir la fiscalidad de los beneficiarios del ingreso m\u00ednimo vital se declara su exenci\u00f3n en el Impuesto sobre la Renta de las Personas F\u00edsicas en los mismos t\u00e9rminos que las prestaciones econ\u00f3micas establecidas por las comunidades aut\u00f3nomas en concepto de renta m\u00ednima de inserci\u00f3n para garantizar recursos econ\u00f3micos de subsistencia a las personas que carezcan de ellos, as\u00ed como las dem\u00e1s ayudas establecidas por estas o por entidades locales para atender, con arreglo a su normativa, a colectivos en riesgo de exclusi\u00f3n social, situaciones de emergencia social, necesidades habitacionales de personas sin recursos o necesidades de alimentaci\u00f3n, escolarizaci\u00f3n y dem\u00e1s necesidades b\u00e1sicas de menores o personas con discapacidad cuando ellos y las personas a su cargo, carezcan de medios econ\u00f3micos suficientes, de modo que el ingreso m\u00ednimo vital junto con dichas prestaciones y ayudas se consideren exentas hasta un importe m\u00e1ximo anual conjunto de\u00a01,5 veces el indicador p\u00fablico de rentas de efectos m\u00faltiples.<\/p>\n

Por otra parte, en virtud del Real Decreto\u00a0855\/2008, de\u00a016 de mayo, se otorg\u00f3 a \u00abESCAL UGS, S.L.\u00bb, la concesi\u00f3n de explotaci\u00f3n para el almacenamiento subterr\u00e1neo de gas natural denominado \u00abCastor\u00bb. En el art\u00edculo\u00a014 del citado Real Decreto\u00a0855\/2008, de\u00a016 de mayo, se preve\u00eda la compensaci\u00f3n a la empresa concesionaria por el valor neto contable de las instalaciones afectas al almacenamiento subterr\u00e1neo, siempre que estas continuaran operativas.<\/p>\n

El Real Decreto-ley\u00a013\/2014, de\u00a03 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes en relaci\u00f3n con el sistema gasista y la titularidad de centrales nucleares, determin\u00f3 la extinci\u00f3n de la concesi\u00f3n del almacenamiento \u00abCastor\u00bb y otorg\u00f3 su administraci\u00f3n a ENAGAS. Las inversiones realizadas por ESCAL en el almacenamiento se valoraron en\u00a01.350.729 miles de euros, que fueron abonadas por ENAGAS a ESCAL.<\/p>\n

El Real Decreto-ley reconoci\u00f3 a ENAGAS un derecho de cobro por dichas cantidades durante\u00a030 a\u00f1os, autorizando su cesi\u00f3n a terceros, en cuyo caso estos pasar\u00edan a ser sujetos del sistema de liquidaciones del sistema gasista, con prioridad sobre el resto de pagos del sistema.<\/p>\n

La Sentencia del Tribunal Constitucional\u00a0152\/2017, de\u00a021 de diciembre, declar\u00f3 inconstitucionales y nulos los art\u00edculos\u00a04 a\u00a06, el art\u00edculo\u00a02.2, la disposici\u00f3n adicional primera y la disposici\u00f3n transitoria primera del citado Real Decreto-ley\u00a013\/2014, de\u00a03 de octubre, que, entre otros aspectos, recog\u00eda los derechos de cobro de ENAGAS.<\/p>\n

El Tribunal Supremo, en Sentencia\u00a01404\/2020 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, ha reconocido el derecho del Banco Santander, S.A., CaixaBank, S.A. y Bankia, S.A., a ser indemnizados por el Estado con\u00a01.350,729 millones de euros, cuant\u00eda que las tres entidades adelantaron a ENAGAS para facilitar el cierre del almac\u00e9n submarino de gas Castor. A dicha cantidad hay que a\u00f1adir los intereses compensatorios desde la fecha de la presentaci\u00f3n de la reclamaci\u00f3n hasta la fecha de notificaci\u00f3n de la sentencia, sin perjuicio de los intereses legales que pudieran corresponder a partir de la citada notificaci\u00f3n de conformidad con la normativa vigente.<\/p>\n

En su sentencia, el Alto Tribunal estima parcialmente el recurso de las tres entidades, que en abril de\u00a02018 presentaron ante el Ejecutivo una \u00abreclamaci\u00f3n de responsabilidad del Estado legislador\u00bb en la que le instaban a la devoluci\u00f3n del dinero aportado para indemnizar a la ex concesionaria de Castor por la paralizaci\u00f3n del almac\u00e9n de gas.<\/p>\n

La ejecuci\u00f3n de la citada sentencia se llevar\u00e1 a cabo por el Ministerio de Hacienda al que, para poder proceder al pago de la misma, se le concede una ampliaci\u00f3n del cr\u00e9dito destinado al pago de sentencias de responsabilidad patrimonial del Estado legislador.<\/p>\n

Para la obtenci\u00f3n de la financiaci\u00f3n necesaria para atender a su pago, dado el elevado importe fijado en la sentencia y las necesidades que el Estado ha tenido que afrontar para paliar los efectos econ\u00f3micos, sociales y sanitarios provocados por el COVID-19, se hace necesario acudir en parte al endeudamiento al no disponer el Fondo de Contingencia de recursos suficientes para financiarlo.<\/p>\n

En las disposiciones finales se modifica la Ley\u00a014\/2000, de\u00a029 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, ya que, en la coyuntura actual, en la que la pandemia de la COVID-19 ha generado una crisis global sin precedentes, las contribuciones de Espa\u00f1a a las instituciones financieras multilaterales cobran especial importancia.<\/p>\n

En estas instituciones es recurrente que tanto en la suscripci\u00f3n de acciones como en la reposici\u00f3n de fondos el plazo para formalizar el instrumento jur\u00eddico por el que se adquiere el compromiso finalice en el \u00faltimo mes del a\u00f1o natural y el plazo para realizar el primer desembolso comience en el a\u00f1o siguiente. El objetivo es habilitar de forma urgente el mecanismo para adaptar la tramitaci\u00f3n de los expedientes de gasto de aquellas contribuciones en las que los calendarios establecidos internacionalmente determinen que el primer desembolso de una contribuci\u00f3n se realice en un a\u00f1o natural distinto (lo habitual, en el siguiente) a aqu\u00e9l en el que se adquiri\u00f3 el compromiso, atendiendo a lo establecido en el art\u00edculo\u00a047.6 de la Ley\u00a047\/2003, de\u00a026 de noviembre, General Presupuestaria.<\/p>\n

Se considera que habilitar este mecanismo es una medida de extraordinaria y urgente necesidad para que Espa\u00f1a pueda integrarse en tiempo y en forma en los instrumentos que las instituciones financieras multilaterales ponen en marcha para dar una respuesta global a la crisis de la COVID-19. La pandemia supone una crisis global, en la que un enfoque pa\u00eds a pa\u00eds resulta ineficiente y en la que los instrumentos multilaterales son la principal herramienta para canalizar financiaci\u00f3n a las econom\u00edas m\u00e1s d\u00e9biles afectadas por el virus y para asegurar tanto el fortalecimiento de sistemas sanitarios como la compra de vacunas de forma equitativa en los pa\u00edses m\u00e1s pobres. Espa\u00f1a ha de estar en disposici\u00f3n de poder comprometer recursos en los plazos establecidos internacionalmente y con esta propuesta se asegura la implementaci\u00f3n del mecanismo necesario para ello.<\/p>\n

Asimismo, se modifica la Ley\u00a019\/1994, de\u00a06 de julio, de modificaci\u00f3n del R\u00e9gimen Econ\u00f3mico y Fiscal de Canarias, para ampliar en un a\u00f1o los plazos para efectuar la materializaci\u00f3n de la reserva para inversiones en Canarias dotada con beneficios obtenidos en per\u00edodos impositivos iniciados en el a\u00f1o\u00a02016 y la dotaci\u00f3n a dicha reserva relativa a las inversiones anticipadas realizadas en\u00a02017 y consideradas como materializaci\u00f3n de la misma, por los graves efectos que la pandemia ha producido en la realizaci\u00f3n de las inversiones y los resultados econ\u00f3micos en el a\u00f1o\u00a02020.<\/p>\n

II<\/p>\n

Esta ley consta de una parte expositiva y de una parte dispositiva integrada por dos art\u00edculos, divididos en dos cap\u00edtulos, una disposici\u00f3n derogatoria \u00fanica, y seis disposiciones finales.<\/p>\n

El art\u00edculo\u00a01 tiene como objetivo declarar exento el ingreso m\u00ednimo vital en las mismas condiciones que el resto de las prestaciones monetarias p\u00fablicas de car\u00e1cter social, sin perjuicio de la obligaci\u00f3n de declarar el impuesto que incumbe a sus perceptores. Dicha medida debe adoptarse con car\u00e1cter urgente para que puedan beneficiarse cuanto antes de sus efectos sociales y econ\u00f3micos dichos colectivos.<\/p>\n

El art\u00edculo\u00a02 tiene como objetivo dar adecuado y urgente cumplimiento a la Sentencia\u00a01404\/2020 del Tribunal Supremo que es de obligada ejecuci\u00f3n en plazo.<\/p>\n

La disposici\u00f3n derogatoria \u00fanica incorpora una cl\u00e1usula general de derogaci\u00f3n de cuantas normas de igual o inferior rango se opongan o contradigan lo dispuesto en la ley proyectada.<\/p>\n

La disposici\u00f3n final primera recoge la modificaci\u00f3n de la Ley\u00a014\/2000, de\u00a029 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, cuya modificaci\u00f3n resulta urgente ante la situaci\u00f3n ocasionada por la pandemia de la COVID-19 que ha generado una crisis global sin precedentes, y las contribuciones de Espa\u00f1a a las instituciones financieras multilaterales cobran una especial importancia para paliar sus consecuencias.<\/p>\n

La disposici\u00f3n final segunda modifica la Ley\u00a019\/1994, de\u00a06 de julio, de modificaci\u00f3n del R\u00e9gimen Econ\u00f3mico y Fiscal de Canarias, para ampliar en un a\u00f1o los plazos para efectuar la materializaci\u00f3n de la reserva para inversiones en Canarias dotada con beneficios obtenidos en per\u00edodos impositivos iniciados en el a\u00f1o\u00a02016 y la dotaci\u00f3n a dicha reserva relativa a las inversiones anticipadas realizadas en\u00a02017 y consideradas como materializaci\u00f3n de la misma, por los graves efectos que la pandemia ha producido en la realizaci\u00f3n de las inversiones y los resultados econ\u00f3micos en el a\u00f1o\u00a02020, lo que requiere una repuesta inmediata y urgente.<\/p>\n

Adem\u00e1s, la disposici\u00f3n final tercera modifica el Impuesto General Indirecto Canario en lo relativo a las reglas de localizaci\u00f3n de determinadas prestaciones de servicios, para evitar supuestos de doble imposici\u00f3n y coordinar su regulaci\u00f3n con lo ya establecido en la Ley\u00a037\/1992, de\u00a028 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor A\u00f1adido.<\/p>\n

Las tres \u00faltimas disposiciones finales se refieren al t\u00edtulo competencial, la habilitaci\u00f3n normativa, y la entrada en vigor, respectivamente.<\/p>\n

III<\/p>\n

En el conjunto y en cada una de las medidas que se adoptan, concurren, por su naturaleza y finalidad, las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el art\u00edculo\u00a086 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola como presupuestos habilitantes para la aprobaci\u00f3n de un real decreto-ley.<\/p>\n

El art\u00edculo\u00a086 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola permite al Gobierno dictar decretos-leyes \u00aben caso de urgente y extraordinaria necesidad\u00bb, siempre que no afecten al ordenamiento de las instituciones b\u00e1sicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el T\u00edtulo I de la Constituci\u00f3n, al r\u00e9gimen de las comunidades aut\u00f3nomas ni al Derecho electoral general.<\/p>\n

Por lo que respecta al primer aspecto, el empleo de este instrumento normativo con rango de ley est\u00e1 condicionado a la existencia de circunstancias concretas que \u00abpor razones dif\u00edciles de prever, requiere de una acci\u00f3n normativa inmediata en un plazo m\u00e1s breve que el requerido por la v\u00eda normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitaci\u00f3n parlamentaria de leyes\u00bb (STC\u00a06\/1983, de\u00a04 de febrero).<\/p>\n

El Tribunal Constitucional ha declarado que esa situaci\u00f3n de extraordinaria y urgente necesidad puede deducirse \u00abde una pluralidad de elementos\u00bb, entre ellos, \u00ablos que quedan reflejados en la exposici\u00f3n de motivos de la norma\u00bb (Sentencia del Tribunal Constitucional\u00a06\/1983, de\u00a04 de febrero). Por su parte, entre la situaci\u00f3n de extraordinaria y urgente necesidad que habilita el empleo del real decreto-ley y las medidas contenidas en \u00e9l debe existir una \u00abrelaci\u00f3n directa o de congruencia\u00bb. Por tanto, para la concurrencia del presupuesto de la extraordinaria y urgente necesidad, la Sentencia del Tribunal Constitucional\u00a061\/2018, de\u00a07 de junio, (FJ\u00a04), exige, por un lado, \u00abla presentaci\u00f3n expl\u00edcita y razonada de los motivos que han sido tenidos en cuenta por el Gobierno para su aprobaci\u00f3n\u00bb, es decir, lo que ha venido a denominarse la situaci\u00f3n de urgencia; y, por otro, \u00abla existencia de una necesaria conexi\u00f3n entre la situaci\u00f3n de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella\u00bb.<\/p>\n

El real decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente l\u00edcito, siempre que el fin que justifica la legislaci\u00f3n de urgencia, sea, tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional (Sentencias\u00a06\/1983, de\u00a04 de febrero, F. 5; 11\/2002, de\u00a017 de enero, F. 4, 137\/2003, de\u00a03 de julio, F. 3 y\u00a0189\/2005, de\u00a07 julio, F. 3), subvenir a una situaci\u00f3n concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones dif\u00edciles de prever requiere una acci\u00f3n normativa inmediata en un plazo m\u00e1s breve que el requerido por la v\u00eda normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitaci\u00f3n parlamentaria de las leyes, m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n de dicho procedimiento no depende del Gobierno.<\/p>\n

La extraordinaria y urgente necesidad de aprobar esta ley se inscribe en el juicio pol\u00edtico o de oportunidad que corresponde al Gobierno (SSTC\u00a061\/2018, de\u00a07 de junio, FJ\u00a04; 142\/2014, de\u00a011 de septiembre, FJ\u00a03) y esta decisi\u00f3n, sin duda, supone una ordenaci\u00f3n de prioridades pol\u00edticas de actuaci\u00f3n (STC de\u00a030 de enero de\u00a02019, Recurso de Inconstitucionalidad n\u00fam. 2208-2019), centradas en el cumplimiento de la seguridad jur\u00eddica y la salud p\u00fablica. Los motivos de oportunidad que acaban de exponerse demuestran que, en ning\u00fan caso, la presente ley constituye un supuesto de uso abusivo o arbitrario de este instrumento constitucional (SSTC\u00a061\/2018, de\u00a07 de junio, FJ\u00a04; 100\/2012, de\u00a08 de mayo, FJ\u00a08; 237\/2012, de\u00a013 de diciembre, FJ\u00a04; 39\/2013, de\u00a014 de febrero, FJ\u00a05). Al contrario, todas las razones expuestas justifican amplia y razonadamente la adopci\u00f3n de la presente norma (SSTC\u00a029\/1982, de\u00a031 de mayo, FJ\u00a03;\u00a0111\/1983, de\u00a02 de diciembre, FJ\u00a05; 182\/1997, de\u00a020 de octubre, FJ\u00a03).<\/p>\n

Debe se\u00f1alarse tambi\u00e9n que esta ley no afecta al ordenamiento de las instituciones b\u00e1sicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el T\u00edtulo I de la Constituci\u00f3n, al r\u00e9gimen de las comunidades aut\u00f3nomas ni al Derecho electoral general.<\/p>\n

En este sentido, y en relaci\u00f3n con la prohibici\u00f3n de afectaci\u00f3n a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el T\u00edtulo I de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola, la consolidada doctrina constitucional, que resume la STC\u00a0139\/2016, de\u00a031 de julio (FJ\u00a06), \u00ab1.\u00ba) (\u2026) este Tribunal ha rechazado una interpretaci\u00f3n extensiva de dicho l\u00edmite que supondr\u00eda el vaciamiento de la figura del decreto-ley, haci\u00e9ndolo \u00abinservible para regular con mayor o menor incidencia cualquier aspecto concerniente a las materias incluidas en el T\u00edtulo I de la Constituci\u00f3n\u00bb; 2.\u00ba) La cl\u00e1usula restrictiva debe ser entendida de modo que no se reduzca a la nada la figura del decreto-ley, de suerte que lo que se proh\u00edbe constitucionalmente es que se regule un r\u00e9gimen general de estos derechos, deberes y libertades o que vaya en contra del contenido o elementos esenciales de algunos de tales derechos (STC\u00a0111\/1983, de\u00a02 de diciembre, FJ\u00a08, confirmada por otras posteriores); 3.\u00ba) El Tribunal no debe fijarse \u00fanicamente en el modo en que se manifiesta el principio de reserva de ley en una determinada materia, sino m\u00e1s bien ha de examinar si ha existido \u2018afectaci\u00f3n\u2019 por el decreto-ley de un derecho, deber o libertad regulado en el T\u00edtulo I de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola, lo que exigir\u00e1 tener en cuenta la configuraci\u00f3n constitucional del derecho, deber o libertad afectado en cada caso e incluso su ubicaci\u00f3n sistem\u00e1tica en el texto constitucional y la naturaleza y alcance de la concreta regulaci\u00f3n de que se trate (\u2026)\u00bb.<\/p>\n

IV<\/p>\n

Esta ley responde a los principios de buena regulaci\u00f3n de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jur\u00eddica, transparencia, y eficiencia, de conformidad con el art\u00edculo\u00a0129 de la Ley\u00a039\/2015, de\u00a01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com\u00fan de las Administraciones P\u00fablicas.<\/p>\n

A estos efectos, se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia dado el inter\u00e9s general en el que se fundamenta la medida que se establece, siendo el real decreto-ley el instrumento m\u00e1s inmediato para garantizar su consecuci\u00f3n. La norma es acorde con el principio de proporcionalidad, al contener la regulaci\u00f3n imprescindible para la consecuci\u00f3n de los objetivos previamente mencionados. Igualmente, se ajusta al principio de seguridad jur\u00eddica, siendo coherente con el resto del ordenamiento jur\u00eddico. En cuanto al principio de transparencia, la norma est\u00e1 exenta de los tr\u00e1mites de consulta p\u00fablica, audiencia e informaci\u00f3n p\u00fablica que no son aplicables a la tramitaci\u00f3n y aprobaci\u00f3n de decretos-leyes. Por \u00faltimo, en relaci\u00f3n con el principio de eficiencia, en esta ley se ha procurado que la norma genere las menores cargas administrativas para los ciudadanos.<\/p>\n

Esta ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el art\u00edculo\u00a0149.1.14.\u00aa de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de hacienda general.<\/p>\n

CAP\u00cdTULO I<\/p>\n

Medidas sociales<\/strong><\/p>\n

Art\u00edculo\u00a01.\u2003Tratamiento en el Impuesto sobre la Renta de las Personas F\u00edsicas del ingreso m\u00ednimo vital.<\/strong><\/p>\n

Con efectos desde la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley\u00a020\/2020, de\u00a029 de mayo, por el que se establece el ingreso m\u00ednimo vital, se modifica la letra y) del art\u00edculo\u00a07 de la Ley\u00a035\/2006, de\u00a028 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas F\u00edsicas y de modificaci\u00f3n parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, que queda redactada de la siguiente forma:<\/p>\n

\u00aby)\u2003La prestaci\u00f3n de la Seguridad Social del Ingreso M\u00ednimo Vital, las prestaciones econ\u00f3micas establecidas por las Comunidades Aut\u00f3nomas en concepto de renta m\u00ednima de inserci\u00f3n para garantizar recursos econ\u00f3micos de subsistencia a las personas que carezcan de ellos, as\u00ed como las dem\u00e1s ayudas establecidas por estas o por entidades locales para atender, con arreglo a su normativa, a colectivos en riesgo de exclusi\u00f3n social, situaciones de emergencia social, necesidades habitacionales de personas sin recursos o necesidades de alimentaci\u00f3n, escolarizaci\u00f3n y dem\u00e1s necesidades b\u00e1sicas de menores o personas con discapacidad cuando ellos y las personas a su cargo, carezcan de medios econ\u00f3micos suficientes, hasta un importe m\u00e1ximo anual conjunto de\u00a01,5 veces el indicador p\u00fablico de rentas de efectos m\u00faltiples.<\/p>\n

Asimismo, estar\u00e1n exentas las ayudas concedidas a las v\u00edctimas de delitos violentos a que se refiere la Ley\u00a035\/1995, de\u00a011 de diciembre, de ayudas y asistencia a las v\u00edctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, y las ayudas previstas en la Ley Org\u00e1nica\u00a01\/2004, de\u00a028 de diciembre, de Medidas de Protecci\u00f3n Integral contra la Violencia de G\u00e9nero, y dem\u00e1s ayudas p\u00fablicas satisfechas a v\u00edctimas de violencia de g\u00e9nero por tal condici\u00f3n.\u00bb<\/p>\n

CAP\u00cdTULO II<\/p>\n

Medidas econ\u00f3micas para la ejecuci\u00f3n de sentencias<\/strong><\/p>\n

Art\u00edculo\u00a02.\u2003Concesi\u00f3n de una ampliaci\u00f3n de cr\u00e9dito destinada al Ministerio de Hacienda y Funci\u00f3n P\u00fablica.<\/strong><\/p>\n

1.\u2003La ejecuci\u00f3n de la sentencia del Tribunal Supremo\u00a01404\/2020, de responsabilidad patrimonial del Estado legislador, se llevar\u00e1 a cabo por el Ministerio de Hacienda y Funci\u00f3n P\u00fablica, atribuy\u00e9ndose la competencia para su ejecuci\u00f3n y la autorizaci\u00f3n para la aprobaci\u00f3n del correspondiente expediente de gasto a la persona titular de la Subsecretar\u00eda de Hacienda y Funci\u00f3n P\u00fablica.<\/p>\n

2.\u2003Al objeto de proceder al pago de la ejecuci\u00f3n de la citada sentencia, se concede una ampliaci\u00f3n de cr\u00e9dito por importe de\u00a0638.000.000 de euros en la aplicaci\u00f3n presupuestaria\u00a015.01. 923 M.471 \u00abPara pago ejecuci\u00f3n Sentencia del Tribunal Supremo de\u00a020\/11\/2013 y otras sentencias de responsabilidad patrimonial del Estado legislador\u00bb, que tiene car\u00e1cter de ampliable.<\/p>\n

3.\u2003Esta ampliaci\u00f3n de cr\u00e9dito se financiar\u00e1 con cargo a deuda p\u00fablica, de conformidad con lo se\u00f1alado en el art\u00edculo\u00a046 de la Ley\u00a06\/2018, de\u00a03 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el a\u00f1o\u00a02018.<\/p>\n

4.\u2003Este cr\u00e9dito se ampliar\u00e1 hasta el importe total de la sentencia, financi\u00e1ndose su importe con baja en otros cr\u00e9ditos del presupuesto del Estado, no resultando de aplicaci\u00f3n las limitaciones contenidas en el apartado\u00a04 del art\u00edculo\u00a054 de la Ley\u00a047\/2003, de\u00a026 de noviembre, General Presupuestaria.<\/p>\n

5.\u2003Los expedientes de gasto y documentos contables asociados con la ejecuci\u00f3n de este cr\u00e9dito quedar\u00e1n exceptuados de los plazos recogidos en la Orden HAC\/1074\/2020, de\u00a016 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio\u00a02020 relativas al presupuesto de gastos y operaciones no presupuestarias.<\/p>\n

Asimismo, quedar\u00e1n exceptuados de lo dispuesto en los apartados sexto y s\u00e9ptimo del Acuerdo de Consejo de Ministros, de\u00a027 de diciembre de\u00a02019, por el que se establecen los criterios de aplicaci\u00f3n de la pr\u00f3rroga para\u00a02020 de los Presupuestos Generales del Estado vigentes en el a\u00f1o\u00a02019, se formaliza la distribuci\u00f3n por secciones y se aprueban medidas para reforzar el control del gasto p\u00fablico.<\/p>\n

Disposici\u00f3n derogatoria \u00fanica.\u2003Derogaci\u00f3n normativa.<\/strong><\/p>\n

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta ley.<\/p>\n

Disposici\u00f3n final primera.\u2003Modificaci\u00f3n de la Ley\u00a014\/2000, de\u00a029 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social.<\/strong><\/p>\n

Con efectos desde la entrada en vigor de esta ley y vigencia indefinida se modifica la Ley\u00a014\/2000, de\u00a029 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, como sigue:<\/p>\n

Uno.\u2003Se modifica el art\u00edculo\u00a045 de la Ley\u00a014\/2000, que queda redactado en los siguientes t\u00e9rminos:<\/p>\n

\u00abArt\u00edculo\u00a045.\u2003Actos de suscripci\u00f3n de acciones y de aportaci\u00f3n de fondos a instituciones financieras internacionales.<\/strong><\/p>\n

1.\u2003Los actos de suscripci\u00f3n de acciones o de aportaciones de fondos derivados de acuerdos de ampliaci\u00f3n de capital o de reposiciones adoptados por los \u00f3rganos competentes de los bancos de desarrollo e instituciones financieras multilaterales de los que Espa\u00f1a sea miembro de derecho, la reposici\u00f3n de fondos en instrumentos multilaterales en los que Espa\u00f1a ya participa como donante y los desembolsos econ\u00f3micos que hayan de realizarse para cumplir las obligaciones contra\u00eddas por el Estado espa\u00f1ol como consecuencia de aquellos actos, s\u00f3lo necesitar\u00e1n el previo acuerdo favorable del Consejo de Ministros, a propuesta de la persona titular del Ministerio de Asuntos Econ\u00f3micos y Transformaci\u00f3n Digital, siempre que exista cr\u00e9dito adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales del Estado y, en su caso, se cumplan los l\u00edmites previstos en el art\u00edculo\u00a047 de la Ley\u00a047\/2003, de\u00a026 de noviembre, General Presupuestaria, de acuerdo con el calendario de pagos previsto.<\/p>\n

El acuerdo se elevar\u00e1 al Consejo de Ministros previo informe del Ministerio de Hacienda.<\/p>\n

2.\u2003Los expedientes de suscripci\u00f3n de acciones o de aportaciones de fondos en bancos de desarrollo e instituciones financieras multilaterales y de reposici\u00f3n de fondos en instrumentos multilaterales, a los que se refiere este art\u00edculo, podr\u00e1n ultimarse incluso con la formalizaci\u00f3n del correspondiente instrumento jur\u00eddico, aun cuando su ejecuci\u00f3n, ya se realice en una o en varias anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente. A estos efectos podr\u00e1n comprometerse cr\u00e9ditos con las limitaciones que se determinen en la normativa presupuestaria aplicable.\u00bb<\/p>\n

Disposici\u00f3n final segunda.\u2003Modificaci\u00f3n de la Ley\u00a019\/1994, de\u00a06 de julio, de modificaci\u00f3n del R\u00e9gimen Econ\u00f3mico y Fiscal de Canarias.<\/strong><\/p>\n

Se introduce una nueva disposici\u00f3n transitoria octava en la Ley\u00a019\/1994, de\u00a06 de julio, de modificaci\u00f3n del R\u00e9gimen Econ\u00f3mico y Fiscal de Canarias, con la siguiente redacci\u00f3n:<\/p>\n

\u00abDisposici\u00f3n transitoria octava.\u2003Ampliaci\u00f3n de plazos vinculados a la Reserva para Inversiones en Canarias.<\/strong><\/p>\n

1.\u2003El plazo m\u00e1ximo a que se refiere el apartado\u00a04 del art\u00edculo\u00a027 de la Ley\u00a019\/1994, de\u00a06 de julio, de modificaci\u00f3n del R\u00e9gimen Econ\u00f3mico y Fiscal de Canarias, ser\u00e1 de cuatro a\u00f1os para las cantidades destinadas a la reserva para inversiones en Canarias dotada, en los t\u00e9rminos se\u00f1alados en su normativa reguladora, con beneficios obtenidos en per\u00edodos impositivos iniciados en el a\u00f1o\u00a02016.<\/p>\n

2.\u2003El plazo a que hace referencia el p\u00e1rrafo primero del apartado\u00a011 del art\u00edculo\u00a027 de la Ley\u00a019\/1994, de\u00a06 de julio, ser\u00e1 de cuatro a\u00f1os para las inversiones anticipadas materializadas en\u00a02017.\u00bb<\/p>\n

Disposici\u00f3n final tercera.\u2003Modificaci\u00f3n de la Ley\u00a020\/1991, de\u00a07 de junio, de modificaci\u00f3n de los aspectos fiscales del R\u00e9gimen Econ\u00f3mico Fiscal de Canarias.<\/strong><\/p>\n

Se modifica, con efectos desde el\u00a01 de enero de\u00a02021, el apartado Tres.Dos del art\u00edculo\u00a017 de la Ley\u00a020\/1991 de\u00a07 de junio, de modificaci\u00f3n de los aspectos fiscales del R\u00e9gimen Econ\u00f3mico Fiscal de Canarias, que queda redactado de la siguiente forma:<\/p>\n

\u00abDos.\u2003Asimismo, se considerar\u00e1n prestados en el territorio de aplicaci\u00f3n del Impuesto los servicios que se enumeran a continuaci\u00f3n cuando, conforme a las reglas de localizaci\u00f3n aplicable a estos servicios, contenidas en el presente art\u00edculo, no se entiendan realizados en la Uni\u00f3n Europea, pero su utilizaci\u00f3n o explotaci\u00f3n efectivas se realicen en el territorio de aplicaci\u00f3n del impuesto:<\/p>\n

1.\u00b0\u2003Los enunciados en el apartado Uno.3 de este art\u00edculo, cuyo destinatario sea un empresario o profesional actuando como tal.<\/p>\n

2.\u00b0\u2003Los de mediaci\u00f3n en nombre y por cuenta ajena cuyo destinatario sea un empresario o profesional actuando como tal.<\/p>\n

3.\u00b0\u2003Los de arrendamiento de medios de transporte.<\/p>\n

4.\u00b0\u2003Los prestados por v\u00eda electr\u00f3nica, los de telecomunicaciones, de radiodifusi\u00f3n y de televisi\u00f3n.\u00bb<\/p>\n

Disposici\u00f3n final cuarta.\u2003T\u00edtulos competenciales.<\/strong><\/p>\n

Esta ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el art\u00edculo\u00a0149.1.14.\u00aa de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de hacienda general.<\/p>\n

Disposici\u00f3n final quinta.\u2003Habilitaci\u00f3n para la aplicaci\u00f3n y el desarrollo y ejecuci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n

Se habilita al Gobierno y a la persona titular del Ministerio de Hacienda y Funci\u00f3n P\u00fablica, en el \u00e1mbito de sus competencias, a dictar las disposiciones y adoptar las medidas necesarias para el desarrollo y ejecuci\u00f3n de lo dispuesto en esta ley.<\/p>\n

Disposici\u00f3n final sexta.\u2003Entrada en vigor.<\/strong><\/p>\n

La presente ley entrar\u00e1 en vigor el mismo d\u00eda de su publicaci\u00f3n en el \u00abBolet\u00edn Oficial del Estado\u00bb.<\/p>\n

Por tanto,<\/p>\n

Mando a todos los espa\u00f1oles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.<\/p>\n

Madrid, 24 de febrero de 2022.<\/p>\n

FELIPE R.<\/p>\n

El Presidente del Gobierno,<\/p>\n

PEDRO S\u00c1NCHEZ P\u00c9REZ-CASTEJ\u00d3N<\/p>\n

 <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Ley 2\/2022, de 24 de febrero, de medidas financieras de apoyo social y econ\u00f3mico y de cumplimiento de la ejecuci\u00f3n de sentencias. 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