{"id":18283,"date":"2022-03-07T09:57:24","date_gmt":"2022-03-07T09:57:24","guid":{"rendered":"https:\/\/normativamunicipal.com\/?p=18283"},"modified":"2026-09-30T09:22:06","modified_gmt":"2026-09-30T09:22:06","slug":"fondo-complementario-de-riesgos-de-la-generalidad-de-catalunya","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/normativamunicipal.com\/?p=18283","title":{"rendered":"Fondo Complementario de Riesgos de la Generalidad de CATALUNYA"},"content":{"rendered":"

LEY 2\/2022, de 3 de marzo, del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalidad de Catalu\u00f1a.<\/strong><\/p>\n

Estos Documentos, con los que puedan modificar o les acompa\u00f1an, se han incorporado a los contenidos ya existentes en el siguiente T\u00cdTULO publicado y a su disposici\u00f3n:
\n\"\"<\/a><\/p>\n

El presidente de la Generalitat de Catalunya<\/p>\n

Los art\u00edculos 65 y 67 del Estatuto prev\u00e9n que las leyes de Catalu\u00f1a son promulgadas, en nombre del rey, por el presidente o presidenta de la Generalitat. De acuerdo con lo anterior promulgo la siguiente<\/p>\n

LEY<\/p>\n

Pre\u00e1mbulo<\/p>\n

I<\/p>\n

El principio de indemnidad en relaci\u00f3n con el ejercicio de funciones p\u00fablicas supone que ning\u00fan servidor p\u00fablico pueda verse perjudicado como consecuencia del ejercicio leg\u00edtimo del cargo p\u00fablico que desempe\u00f1a. Este principio ha sido consolidado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que, en la Sentencia de 8 de julio de 2020, entre otras, le otorga car\u00e1cter general estableciendo que el principio de indemnidad o resarcimiento no se limita solo a los cuerpos y fuerzas de seguridad, sino que se extiende a todos los trabajadores p\u00fablicos, puesto que se configura como inherente al sentido instrumental de toda administraci\u00f3n, en la medida en que quienes sirven no act\u00faan en inter\u00e9s propio sino en inter\u00e9s p\u00fablico, en inter\u00e9s de todos.<\/p>\n

En conclusi\u00f3n, como se\u00f1ala el Tribunal Supremo, si los servidores p\u00fablicos sufren un da\u00f1o o perjuicio en la prestaci\u00f3n del servicio, sin que concurra culpa o negligencia, deben ser resarcidos. Este principio est\u00e1 recogido por el art\u00edculo 14.f<\/em>\u00a0del texto refundido de la Ley del estatuto b\u00e1sico del empleado p\u00fablico, aprobado por el Real decreto legislativo 5\/2015, de 30 de octubre, que de forma expresa incluye, entre los derechos individuales de los empleados p\u00fablicos, el derecho a la defensa jur\u00eddica y a la protecci\u00f3n de la Administraci\u00f3n en los procedimientos que se siguen ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio de sus funciones.<\/p>\n

En el \u00e1mbito de la Generalidad de Catalu\u00f1a y con la misma finalidad, el art\u00edculo 9 de la Ley 7\/1996, de 5 de julio, de organizaci\u00f3n de los servicios jur\u00eddicos de la Administraci\u00f3n de la Generalidad de Catalu\u00f1a, dispone que el abogado de la Generalidad puede asumir la representaci\u00f3n y defensa de los miembros del Gobierno, de los altos cargos y de los funcionarios y empleados p\u00fablicos de la Administraci\u00f3n de la Generalidad y de sus organismos, cualquiera que sea su posici\u00f3n procesal, cuando los procedimientos se sigan por actos u omisiones relacionados con el ejercicio del cargo, salvo que los intereses del representado y los de la Generalidad sean opuestos o contradictorios.<\/p>\n

Por otra parte, la protecci\u00f3n de estos derechos no ser\u00eda completa si no comportara igualmente el derecho a ser beneficiario de las garant\u00edas necesarias para hacer frente a las reclamaciones que se presenten contra los empleados p\u00fablicos, a fin de evitar que estas reclamaciones puedan suponer un perjuicio en el patrimonio personal de las personas involucradas.<\/p>\n

 <\/p>\n

II<\/p>\n

 <\/p>\n

Los altos cargos y los miembros del Gobierno gozan igualmente de garant\u00edas y principios que los protegen en el ejercicio de sus cargos y funciones. De acuerdo con el art\u00edculo 68.1 del Estatuto de autonom\u00eda de Catalu\u00f1a, el Gobierno dirige la acci\u00f3n pol\u00edtica y la Administraci\u00f3n de la Generalidad y, en consecuencia, sus actuaciones y decisiones se rigen por el principio de discrecionalidad, lo que le otorga un amplio margen de decisi\u00f3n para definir las pol\u00edticas p\u00fablicas y las actuaciones que forman parte de ellas. La autonom\u00eda pol\u00edtica de las comunidades aut\u00f3nomas y su capacidad de autogobierno, en palabras del Tribunal Constitucional, se manifiesta sobre todo en la capacidad de elaborar sus pol\u00edticas p\u00fablicas en materias de su competencia (sentencias del Tribunal Constitucional 13\/1992, fundamento jur\u00eddico 7, y 192\/2000, fundamento jur\u00eddico 7).<\/p>\n

En consecuencia, el control jurisdiccional de los actos pol\u00edticos del Gobierno corresponde, por un lado, a la jurisdicci\u00f3n contencioso-administrativa mediante un control debilitado y limitado a los aspectos formales, procedimentales y competenciales \u2013es decir, los elementos reglados de los actos\u2013 y, por el otro, a la jurisdicci\u00f3n constitucional. Los actos pol\u00edticos del Gobierno y el ejercicio de sus potestades discrecionales solo est\u00e1n sometidos a la Constituci\u00f3n y al bloque de la constitucionalidad, en el que se inserta el Estatuto de autonom\u00eda de Catalu\u00f1a, y su control debe respetar en todo en caso el principio de la divisi\u00f3n de poderes y la posici\u00f3n institucional del Gobierno, teniendo en cuenta la existencia de un n\u00facleo de discrecionalidad indisponible.<\/p>\n

El ejercicio por parte del Gobierno de la direcci\u00f3n pol\u00edtica incluye tanto el establecimiento de directrices como de pol\u00edticas p\u00fablicas, pero, adem\u00e1s, los miembros del Gobierno, en el ejercicio de sus funciones, gozan de todos los derechos fundamentales constitucionalmente protegidos, como la libertad de expresi\u00f3n, el derecho de reuni\u00f3n o la libertad de informaci\u00f3n con car\u00e1cter reforzado, como ha reconocido reiteradamente la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de modo que el ejercicio l\u00edcito de estos derechos en ning\u00fan caso puede comportar un perjuicio econ\u00f3mico a la Generalidad. En el mismo sentido, tampoco puede hacerse responsable de estas actuaciones a los empleados p\u00fablicos que hayan intervenido en las actuaciones administrativas correspondientes cumpliendo todos los tr\u00e1mites legalmente preceptivos, ya que el control de oportunidad est\u00e1 especialmente vedado, en palabras del Tribunal Constitucional, a los \u00f3rganos de control o intervenci\u00f3n.<\/p>\n

Asimismo, entre las pol\u00edticas p\u00fablicas que, en el \u00e1mbito de sus competencias, corresponde definir y dirigir al Gobierno, se incluye la acci\u00f3n exterior, que se fundamenta en el art\u00edculo 193 del Estatuto de autonom\u00eda y que se configura como un mandato dirigido a la Generalidad para que impulse la proyecci\u00f3n de Catalu\u00f1a en el exterior y promueva sus intereses en este \u00e1mbito. Al amparo de este mandato estatutario el Gobierno puede realizar cualquier actividad dirigida a la consecuci\u00f3n de estas finalidades, tanto en el ejercicio de sus competencias como en defensa de sus intereses, con el \u00fanico l\u00edmite constitucional de las relaciones internacionales que corresponden a la competencia del Estado, as\u00ed como de otras competencias estatales con proyecci\u00f3n exterior, como la sanidad exterior o el comercio exterior.<\/p>\n

Sin embargo, el reconocimiento de la acci\u00f3n exterior de las comunidades aut\u00f3nomas es incluso anterior al vigente Estatuto de autonom\u00eda, ya que, como han se\u00f1alado la doctrina y la jurisprudencia constitucional, tiene su fundamento constitucional en el principio de autonom\u00eda establecido por los art\u00edculos 2 y 147 de la Constituci\u00f3n, en la medida que constituye un instrumento ordinario para el ejercicio de sus competencias y la defensa de sus intereses.<\/p>\n

 <\/p>\n

III<\/p>\n

 <\/p>\n

Para hacer frente a sus responsabilidades y obligaciones legales de protecci\u00f3n de los servidores p\u00fablicos, la Generalidad tiene suscritas p\u00f3lizas de responsabilidad civil para la cobertura de los riesgos en los que puedan incurrir. En consecuencia, en caso de siniestro, se ponen en marcha los correspondientes mecanismos de cobertura. Sin embargo, esta situaci\u00f3n se ha alterado y actualmente se excluyen determinados riesgos de las p\u00f3lizas suscritas, exclusi\u00f3n que, eventualmente, puede tener efectos retroactivos.<\/p>\n

Este cambio afecta a situaciones muy diversas en las que pueden encontrarse los servidores p\u00fablicos y que se han ido incrementando en los \u00faltimos a\u00f1os. As\u00ed, afecta negativamente a los derechos de los funcionarios, altos cargos, directivos e, incluso, miembros del Gobierno que se han visto involucrados. Por lo tanto, es necesario y urgente que la Generalidad adopte medidas complementarias a los mecanismos existentes dirigidas a garantizar y proteger el derecho a la indemnidad de las personas afectadas en el ejercicio de sus funciones, al menos hasta que se produzca un pronunciamiento judicial que declare con car\u00e1cter firme su responsabilidad disciplinaria, contable o penal. Uno de los supuestos que hacen necesaria y urgente esta actuaci\u00f3n, por la situaci\u00f3n de vulnerabilidad en la que se hallan las personas afectadas ante una decisi\u00f3n administrativa no firme, son las Actuaciones previas 80\/2019 del Tribunal de Cuentas, sector p\u00fablico auton\u00f3mico (Informe de fiscalizaci\u00f3n relativa al destino dado a los recursos asignados a la ejecuci\u00f3n de pol\u00edticas de acci\u00f3n exterior de la Comunidad Aut\u00f3noma de Catalu\u00f1a, correspondientes a los ejercicios 2011- 2017), objeto de la notificaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n provisional con fecha 30 de junio de 2021, que afecta a varios altos cargos, responsables pol\u00edticos y funcionarios de la Generalidad.<\/p>\n

La brevedad de los plazos en muchos de estos supuestos y la falta de mecanismos para dar cobertura a la situaci\u00f3n producida obligan a la Generalidad a adoptar, con car\u00e1cter urgente y general, las medidas necesarias para garantizar tanto el principio de indemnidad como la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de todos los servidores p\u00fablicos afectados por siniestros no cubiertos por las actuales p\u00f3lizas de responsabilidad civil y patrimonial de la Generalidad, mediante un fondo espec\u00edfico complementario de las p\u00f3lizas suscritas.<\/p>\n

 <\/p>\n

IV<\/p>\n

 <\/p>\n

La presente ley se aprueba al amparo de la potestad de autoorganizaci\u00f3n y de las competencias que el Estatuto de autonom\u00eda atribuye a la Generalidad en los art\u00edculos 136, en materia de funci\u00f3n p\u00fablica; 159.1 y 2, en materia de r\u00e9gimen jur\u00eddico, procedimiento y responsabilidad patrimonial de las administraciones p\u00fablicas catalanas, y 211, en materia de ordenaci\u00f3n y regulaci\u00f3n de la hacienda de la Generalidad.<\/p>\n

 <\/p>\n

Art\u00edculo 1. Objeto<\/p>\n

El objeto de la presente ley es la regulaci\u00f3n del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalidad de Catalu\u00f1a.<\/p>\n

 <\/p>\n

Art\u00edculo 2. Finalidad del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalidad de Catalu\u00f1a<\/p>\n

El Fondo Complementario de Riesgos de la Generalidad de Catalu\u00f1a (FCRCAT) es el instrumento para hacer frente a las obligaciones legales que corresponden a la Generalidad en relaci\u00f3n con los riesgos no cubiertos por las p\u00f3lizas de seguros de responsabilidad civil, patrimonial y contable suscritas por la Generalidad por siniestros que puedan afectar a las personas comprendidas en el \u00e1mbito subjetivo de la presente ley en el ejercicio de su cargo o funciones que puedan verse afectadas en su patrimonio por resoluciones o actos administrativos o judiciales en procedimientos administrativos o judiciales que no hayan concluido con resoluci\u00f3n firme.<\/p>\n

 <\/p>\n

Art\u00edculo 3. \u00c1mbito de aplicaci\u00f3n subjetivo<\/p>\n

Se incluyen en el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n subjetivo de la presente ley las personas que tengan o hayan tenido la condici\u00f3n de personal al servicio de la Administraci\u00f3n de la Generalidad y de los entes y organismos de su sector p\u00fablico, de altos cargos y de miembros del Gobierno de la Generalidad.<\/p>\n

 <\/p>\n

Art\u00edculo 4. Dotaci\u00f3n m\u00ednima del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalidad de Catalu\u00f1a<\/p>\n

La dotaci\u00f3n m\u00ednima del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalidad de Catalu\u00f1a se fija inicialmente en 10 millones de euros. Anualmente debe efectuarse una aportaci\u00f3n por un importe al menos igual a las liquidaciones que se hayan realizado el a\u00f1o anterior con cargo a este fondo, con la correspondiente actualizaci\u00f3n.<\/p>\n

 <\/p>\n

Art\u00edculo 5. Gesti\u00f3n del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalidad de Catalu\u00f1a<\/p>\n

El Gobierno puede encargar la gesti\u00f3n del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalidad de Catalu\u00f1a a una entidad gestora constituida al efecto o a una entidad gestora ya existente, o bien puede determinar que la asuma directamente el departamento competente en materia de hacienda.<\/p>\n

 <\/p>\n

Art\u00edculo 6. Riesgos cubiertos<\/p>\n

Los riesgos que cubre el Fondo Complementario de Riesgos de la Generalidad de Catalu\u00f1a son los que sufren las personas incluidas en el \u00e1mbito subjetivo de la presente ley y que quedan excluidos de la cobertura de las p\u00f3lizas de seguros de responsabilidad civil, patrimonial y contable suscritas por la Generalidad, a fin de cubrir las obligaciones que, de acuerdo con la normativa vigente, le corresponde asumir directamente por los da\u00f1os corporales y materiales y las consecuencias directas de estos da\u00f1os, por los perjuicios econ\u00f3micos puros, que no son consecuencia de da\u00f1os materiales o corporales previos, causados por acci\u00f3n u omisi\u00f3n a terceras personas en el ejercicio de su actividad, as\u00ed como por la responsabilidad civil profesional, incluida la responsabilidad contable, mientras no recaiga una sentencia firme.<\/p>\n

 <\/p>\n

Art\u00edculo 7. Condiciones para solicitar la cobertura<\/p>\n

    \n
  1. La cobertura del siniestro con cargo al Fondo Complementario de Riesgos de la Generalidad de Catalu\u00f1a se lleva a cabo previa presentaci\u00f3n de una solicitud, de acuerdo con el modelo incluido en el anexo de la presente ley, ante la entidad u el \u00f3rgano gestor del Fondo. La solicitud debe ir acompa\u00f1ada de una declaraci\u00f3n responsable en la que la persona solicitante manifieste que cumple las siguientes condiciones:<\/li>\n
  2. a) Que no existe una resoluci\u00f3n judicial firme que declare il\u00edcitas las actuaciones realizadas.<\/li>\n
  3. b) Que el riesgo no est\u00e1 cubierto por ninguna p\u00f3liza de seguro suscrita por la Administraci\u00f3n de la Generalidad o por alguna entidad de su sector p\u00fablico.<\/li>\n
  4. c) Que la Generalidad no ha iniciado acci\u00f3n alguna contra la persona afectada ni, en particular, ning\u00fan procedimiento disciplinario o sancionador ni ning\u00fan procedimiento judicial de reclamaci\u00f3n de responsabilidad civil.<\/li>\n
  5. Sin perjuicio de los efectos de la declaraci\u00f3n responsable desde la presentaci\u00f3n de la solicitud, la entidad u \u00f3rgano gestor debe comunicarla, para su verificaci\u00f3n, a los siguientes \u00f3rganos:<\/li>\n
  6. a) Por lo que respecta al apartado 1.a<\/em>, a los \u00f3rganos competentes en materia de representaci\u00f3n y defensa jur\u00eddica de la Generalidad.<\/li>\n
  7. b) Por lo que respecta al apartado 1.b<\/em>, a los \u00f3rganos competentes en materia de seguros de la Generalidad.<\/li>\n
  8. c) Por lo que respecta al apartado 1.c<\/em>, simult\u00e1neamente a todos los departamentos de la Administraci\u00f3n de la Generalidad para que verifiquen su cumplimiento con relaci\u00f3n a los propios departamentos y a las entidades que est\u00e1n adscritas o que dependen de ellos.<\/li>\n
  9. La inexactitud, falsedad u omisi\u00f3n de car\u00e1cter esencial de cualquier dato o documento que acompa\u00f1e a la solicitud o conste en la declaraci\u00f3n responsable supone la imposibilidad de disfrutar de la cobertura y genera una obligaci\u00f3n de devoluci\u00f3n, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a las que pueda dar lugar.<\/li>\n
  10. El perjuicio patrimonial debe acreditarse mediante la aportaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n o el acto relativo al procedimiento administrativo o judicial que le afecte, el cual no puede haber concluido por resoluci\u00f3n judicial firme.<\/li>\n
  11. Si los afectados por el perjuicio patrimonial lo son en concepto de responsabilidad solidaria, la emisi\u00f3n de la garant\u00eda no puede superar el total del importe reclamado y, en defecto de acuerdo entre los afectados, debe distribuirse proporcionalmente entre ellos. En cualquier caso, la garant\u00eda no puede superar individualmente el 50 % del total a distribuir, salvo que el importe reclamado no supere el 5 % del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalidad de Catalu\u00f1a.<\/li>\n
  12. Los \u00f3rganos competentes deben llevar a cabo la verificaci\u00f3n establecida por el presente art\u00edculo en un plazo de diez d\u00edas a contar desde el d\u00eda siguiente al d\u00eda en que reciben la comunicaci\u00f3n.<\/li>\n
  13. La entidad u \u00f3rgano gestor, si el expediente se resuelve favorablemente, debe garantizar a la entidad financiera la emisi\u00f3n del aval con un dep\u00f3sito a cargo del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalidad de Catalu\u00f1a. Este contraaval tiene car\u00e1cter reglado y debe formalizarse de acuerdo con el procedimiento establecido por reglamento.<\/li>\n<\/ol>\n

     <\/p>\n

    Art\u00edculo 8. Obligaci\u00f3n de devoluci\u00f3n<\/p>\n

      \n
    1. Si se produce un pronunciamiento judicial firme y, si procede, se han agotado todas las v\u00edas de impugnaci\u00f3n jurisdiccionales, estatales e internacionales, se confirma la existencia de responsabilidad contable o civil derivada de un delito por parte de los beneficiarios y se ha ejecutado la garant\u00eda, se genera un cr\u00e9dito de derecho p\u00fablico de devoluci\u00f3n por parte de los beneficiarios de los importes garantizados, as\u00ed como de los intereses y gastos que se hayan producido por raz\u00f3n de las garant\u00edas efectuadas a cargo del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalidad de Catalu\u00f1a.<\/li>\n
    2. La obligaci\u00f3n de devoluci\u00f3n tiene la naturaleza de derecho p\u00fablico por parte de la Generalidad y esta debe realizar todas las actuaciones necesarias para recaudar el importe correspondiente, incluido el procedimiento ejecutivo de recaudaci\u00f3n, de acuerdo con lo establecido por la normativa vigente.<\/li>\n
    3. Los beneficiarios, de acuerdo con la normativa general de recaudaci\u00f3n, pueden solicitar el aplazamiento de la acci\u00f3n de devoluci\u00f3n. En todo caso, la resoluci\u00f3n administrativa de aplazamiento debe garantizar que la obligaci\u00f3n de devoluci\u00f3n se haga efectiva.<\/li>\n
    4. Si los beneficiarios interponen un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional o presentan una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Generalidad puede no ejercer la acci\u00f3n de devoluci\u00f3n mientras estos tribunales no dicten una sentencia que tenga car\u00e1cter desestimatorio o una resoluci\u00f3n que declare su inadmisi\u00f3n, o bien que no permita la revisi\u00f3n de la sentencia dictada por los tribunales estatales. Si la sentencia del Tribunal Constitucional o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos estima el recurso interpuesto o la demanda presentada, el ejercicio de la acci\u00f3n de devoluci\u00f3n queda condicionado, en su caso, a lo dispuesto por la sentencia que dicten los tribunales estatales.<\/li>\n<\/ol>\n

       <\/p>\n

      Art\u00edculo 9. Actuaciones para la dotaci\u00f3n del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalidad de Catalu\u00f1a<\/p>\n

        \n
      1. El departamento competente en materia de hacienda debe realizar las actuaciones correspondientes para dotar el Fondo Complementario de Riesgos de la Generalidad de Catalu\u00f1a de los recursos econ\u00f3micos necesarios.<\/li>\n
      2. La modalidad de control de las operaciones necesarias para la dotaci\u00f3n del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalidad de Catalu\u00f1a es el control posterior, con las finalidades y el procedimiento establecidos por el Decreto ley 46\/2020, de 24 de noviembre, de medidas urgentes de car\u00e1cter administrativo, tributario y de control financiero.<\/li>\n<\/ol>\n

         <\/p>\n

         <\/p>\n

        Disposiciones transitorias<\/p>\n

         <\/p>\n

        Primera. Gesti\u00f3n provisional del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalidad de Catalu\u00f1a<\/p>\n

        Mientras el Gobierno no constituya la entidad gestora del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalidad de Catalu\u00f1a o encargue su gesti\u00f3n a una entidad ya constituida o bien la asuma directamente el departamento competente en materia de hacienda, se encarga su gesti\u00f3n, excepcional y provisionalmente, al Instituto Catal\u00e1n de Finanzas.<\/p>\n

         <\/p>\n

        Segunda. Otorgamiento excepcional de la garant\u00eda<\/p>\n

        Si, en el momento de la entrada en vigor de la presente ley, no fuera posible aplicar lo establecido por el art\u00edculo 7.7, la entidad u \u00f3rgano gestor, excepcionalmente, puede otorgar la garant\u00eda por cualquier medio admitido en derecho, sin perjuicio de que posteriormente esta garant\u00eda sea sustituida de acuerdo con lo establecido por dicho art\u00edculo 7.7.<\/p>\n

         <\/p>\n

         <\/p>\n

        Disposici\u00f3n derogatoria. Derogaci\u00f3n del Decreto ley 15\/2021<\/p>\n

        Se deroga el Decreto ley 15\/2021, de 6 de julio, de creaci\u00f3n del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalidad de Catalu\u00f1a.<\/p>\n

         <\/p>\n

         <\/p>\n

        Disposiciones finales<\/p>\n

         <\/p>\n

        Primera. Modificaci\u00f3n del texto refundido de la Ley del Instituto Catal\u00e1n de Finanzas<\/p>\n

        Se a\u00f1ade una disposici\u00f3n transitoria al texto refundido de la Ley del Instituto Catal\u00e1n de Finanzas, aprobado por el Decreto legislativo 4\/2002, de 24 de septiembre, con el siguiente texto:<\/p>\n

        \u00abDisposici\u00f3n transitoria<\/p>\n

        \u00bbEl Instituto Catal\u00e1n de Finanzas debe encargarse de la gesti\u00f3n provisional del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalidad de Catalu\u00f1a mientras el Gobierno no constituya la entidad gestora del Fondo o encargue su gesti\u00f3n a una entidad ya constituida, o bien la asuma directamente el departamento competente en materia de hacienda.\u00bb<\/p>\n

         <\/p>\n

        Segunda. Habilitaci\u00f3n normativa<\/p>\n

        Se habilita al Gobierno para el desarrollo y ejecuci\u00f3n de la presente ley, que incluye la modificaci\u00f3n, si procede, de los modelos de solicitud y de declaraci\u00f3n responsable incluidos en el anexo, por orden del titular del departamento competente en materia de hacienda.<\/p>\n

         <\/p>\n

        Tercera. Entrada en vigor<\/p>\n

        La presente ley entra en vigor al d\u00eda siguiente de su publicaci\u00f3n en el\u00a0Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya<\/em>.<\/p>\n

         <\/p>\n

         <\/p>\n

        Anexo<\/p>\n

        Modelo de solicitud a presentar a la entidad gestora del Fondo*<\/p>\n

         <\/p>\n

          \n
        1. Datos de la persona solicitante<\/li>\n<\/ol>\n

          Nombre y apellidos:<\/p>\n

          DNI:<\/p>\n

          Direcci\u00f3n:<\/p>\n

          Tel\u00e9fono de contacto:<\/p>\n

          Direcci\u00f3n electr\u00f3nica para notificaciones:<\/p>\n

           <\/p>\n

          Manifiesto:<\/p>\n

            \n
          1. Hechos<\/li>\n<\/ol>\n

            ………<\/p>\n

            ………<\/p>\n

            ………<\/p>\n

              \n
            1. Responsabilidad solidaria<\/li>\n<\/ol>\n

              S\u00ed<\/p>\n

              No<\/p>\n

              Se adjunta acuerdo<\/p>\n

              S\u00ed<\/p>\n

              No<\/p>\n

               <\/p>\n

                \n
              1. En consecuencia, solicito:<\/li>\n<\/ol>\n

                Que la Generalidad de Catalu\u00f1a, por medio del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalidad de Catalu\u00f1a, d\u00e9 cobertura econ\u00f3mica a la cantidad de ……………, que se me reclama en concepto de responsabilidad civil\/patrimonial\/contable en el procedimiento administrativo\/judicial… En caso de que resulte condenado por sentencia firme en los t\u00e9rminos establecidos por el art\u00edculo 8.1 de la Ley del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalidad de Catalu\u00f1a, me comprometo a devolver los importes garantizados, as\u00ed como los correspondientes gastos e intereses.<\/p>\n

                (Lugar, fecha y firma de la persona solicitante)<\/p>\n

                 <\/p>\n

                * Instituto Catal\u00e1n de Finanzas<\/p>\n

                 <\/p>\n

                Los datos que facilite ser\u00e1n tratados por el Instituto Catal\u00e1n de Finanzas (en adelante, tambi\u00e9n el ICF) o bien por la entidad u \u00f3rgano gestor que se determine, en calidad de responsable del tratamiento, con la finalidad de tramitar la solicitud de cobertura del siniestro de acuerdo con lo establecido por la Ley del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalidad de Catalu\u00f1a. La base jur\u00eddica de legitimaci\u00f3n para el tratamiento de los datos personales radica en la ejecuci\u00f3n de su petici\u00f3n.<\/p>\n

                Los datos se conservar\u00e1n durante el tiempo necesario para tramitar la solicitud y para cumplir con las obligaciones legales a las que la entidad u \u00f3rgano gestor est\u00e9 sometido.<\/p>\n

                Puede ejercer los derechos de acceso, rectificaci\u00f3n, supresi\u00f3n, limitaci\u00f3n, portabilidad o, si procede, oposici\u00f3n. Puede ejercer estos derechos por diferentes v\u00edas.<\/p>\n

                En caso de que la entidad gestora sea el ICF:<\/p>\n

                \u2013 Por correo electr\u00f3nico, enviando un mensaje a protecciodedades@icf.cat.<\/p>\n

                \u2013 Por escrito, a la direcci\u00f3n postal Gran Via de les Corts Catalanes, 635, 6\u00aa planta, 08010 Barcelona.<\/p>\n

                \u2013 A trav\u00e9s de los formularios de la web http:\/\/www.icf.cat\/ca\/common\/Privacitat\/.<\/p>\n

                En todos los casos, siempre puede presentar la reclamaci\u00f3n pertinente ante el delegado de protecci\u00f3n de datos del ICF (dpoICF@icf.cat) o de la entidad u \u00f3rgano gestor correspondiente, o bien de la Autoridad Catalana de Protecci\u00f3n de Datos (www.apdcat.cat).<\/p>\n

                Para m\u00e1s informaci\u00f3n, consulte la pol\u00edtica de privacidad del ICF en www.icf.cat.<\/p>\n

                (Las referencias al ICF pueden sustituirse por la denominaci\u00f3n de la entidad u \u00f3rgano gestor que en el futuro gestione el Fondo.)<\/p>\n

                Adjunte una declaraci\u00f3n responsable sobre el cumplimiento de las condiciones legales y la documentaci\u00f3n acreditativa de la existencia del procedimiento administrativo\/judicial y del importe reclamado.<\/p>\n

                 <\/p>\n

                Modelo de declaraci\u00f3n responsable sobre el cumplimiento de las condiciones legales<\/p>\n

                 <\/p>\n

                Datos de la persona declarante<\/p>\n

                Nombre y apellidos:<\/p>\n

                DNI:<\/p>\n

                Direcci\u00f3n:<\/p>\n

                Tel\u00e9fono de contacto:<\/p>\n

                Direcci\u00f3n electr\u00f3nica para notificaciones:<\/p>\n

                Departamento de la Generalidad o entidad del sector p\u00fablico de la Generalidad donde presta o ha prestado servicios:<\/p>\n

                Per\u00edodo de prestaci\u00f3n de los servicios:<\/p>\n

                 <\/p>\n

                Declaro responsablemente que:<\/p>\n

                  \n
                1. a) No existe ninguna resoluci\u00f3n judicial firme que declare il\u00edcitas las actuaciones realizadas.<\/li>\n
                2. b) El riesgo no est\u00e1 cubierto por ninguna p\u00f3liza de seguro suscrita por la Administraci\u00f3n de la Generalidad o por alguna entidad de su sector p\u00fablico.<\/li>\n
                3. c) La Generalidad no ha iniciado acci\u00f3n alguna contra la persona afectada ni, en particular, ning\u00fan procedimiento disciplinario o sancionador ni ning\u00fan procedimiento judicial de reclamaci\u00f3n de responsabilidad civil.<\/li>\n<\/ol>\n

                  Autorizo a la Generalidad de Catalu\u00f1a y a la entidad u \u00f3rgano gestor del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalidad de Catalu\u00f1a para que puedan solicitar, si procede, la informaci\u00f3n necesaria para el control y seguimiento de la solicitud y realizar las consultas necesarias para acreditar estos hechos.<\/p>\n

                  (Lugar, fecha y firma de la persona declarante)<\/p>\n

                   <\/p>\n

                  Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que sea de aplicaci\u00f3n esta Ley cooperen en su cumplimiento y que los tribunales y autoridades a los que corresponda la hagan cumplir.<\/p>\n

                   <\/p>\n

                  Palacio de la Generalitat, 3 de marzo de 2022<\/p>\n

                   <\/p>\n

                  Pere Aragon\u00e8s i Garcia<\/p>\n

                  Presidente de la Generalitat de Catalunya<\/p>\n

                   <\/p>\n

                  Jaume Gir\u00f3 i Ribas<\/p>\n

                  Consejero de Econom\u00eda y Hacienda<\/p>\n

                   <\/p>\n

                   <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

                  LEY 2\/2022, de 3 de marzo, del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalidad de Catalu\u00f1a. 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