{"id":18612,"date":"2022-06-30T09:45:46","date_gmt":"2022-06-30T09:45:46","guid":{"rendered":"https:\/\/normativamunicipal.com\/?p=18612"},"modified":"2026-09-30T09:21:51","modified_gmt":"2026-09-30T09:21:51","slug":"mercado-abierto-comunidad-de-madrid","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/normativamunicipal.com\/?p=18612","title":{"rendered":"Mercado Abierto COMUNIDAD DE MADRID"},"content":{"rendered":"<p><strong>LEY 6\/2022, de 29 de junio, de Mercado Abierto.<\/strong><\/p>\n<p>Estos Documentos, con los que puedan modificar o les acompa\u00f1an, se han incorporado a los contenidos ya existentes en el siguiente T\u00cdTULO publicado y a su disposici\u00f3n:<br \/>\n<a href=\"https:\/\/dappeditorial.es\/guia-legal-del-interventor-municipal\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><img decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-6250 size-full\" src=\"https:\/\/normativamunicipal.com\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/logo-interventor-blog.png\" alt=\"\" width=\"372\" height=\"56\" srcset=\"https:\/\/normativamunicipal.com\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/logo-interventor-blog.png 372w, https:\/\/normativamunicipal.com\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/logo-interventor-blog-300x45.png 300w\" sizes=\"(max-width: 372px) 100vw, 372px\" \/><\/a><\/p>\n<p><!--more-->La Presidenta de la Comunidad de Madrid.<\/p>\n<p>Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado la siguiente Ley, que yo, en nombre del Rey, promulgo.<\/p>\n<p>PRE\u00c1MBULO<\/p>\n<p>I<\/p>\n<p>La Uni\u00f3n Europea ha demostrado, entre otras muchas cosas, las grandes ventajas que otorga el libre movimiento de personas, de capitales y de bienes y servicios al desarrollo econ\u00f3mico y social de los diferentes pa\u00edses miembros. Las restricciones que presenta la normativa nacional a nivel comercial o en el desempe\u00f1o de servicios profesionales siguen siendo muy notables en comparaci\u00f3n con otros pa\u00edses de nuestro entorno.<\/p>\n<p>Urge, por tanto, mejorar la regulaci\u00f3n a este respecto, especialmente en una situaci\u00f3n como la actual, marcada por la crisis econ\u00f3mica y social que ha provocado el coronavirus. Para ello, entre otros aspectos, resulta imprescindible garantizar la unidad de mercado, tal y como destaca la Comisi\u00f3n Europea en su \u201cDocumento de trabajo de los servicios de la Comisi\u00f3n, Informe sobre Espa\u00f1a 2020\u201d, de 26 de febrero de 2020, donde insta a Espa\u00f1a a \u201celiminar las restricciones al establecimiento de empresas y a la libre circulaci\u00f3n de bienes y servicios en todo el pa\u00eds mediante el refuerzo de los principios de mejora de la legislaci\u00f3n y la cooperaci\u00f3n entre Administraciones\u201d. En concreto, la Comisi\u00f3n destaca la necesidad de aplicar de forma \u00edntegra la Ley de Garant\u00eda de Unidad de Mercado, cuyo contenido fue derogado parcialmente por el Tribunal Constitucional. El objetivo de la presente Ley es dar cumplimiento a esta recomendaci\u00f3n, al tiempo que se garantizan las directrices marcadas por el Tribunal Constitucional.<\/p>\n<p>El art\u00edculo 26.1.17 Estatuto de Autonom\u00eda de la Comunidad de Madrid atribuye a esta Comunidad Aut\u00f3noma la competencia exclusiva en materia de fomento del desarrollo econ\u00f3mico, dentro de los objetivos marcados por la pol\u00edtica econ\u00f3mica nacional, y su art\u00edculo 26.3.1.1 dispone que, de acuerdo con las bases y la ordenaci\u00f3n de la actividad econ\u00f3mica general y la pol\u00edtica monetaria del Estado, corresponde a la Comunidad de Madrid, en los t\u00e9rminos de lo dispuesto en los art\u00edculos 38, 131, y en las materias 11.<sup>a<\/sup>\u00a0a 13.<sup>a<\/sup>\u00a0del apartado 1 del art\u00edculo 149 de la Constituci\u00f3n la competencia exclusiva para la ordenaci\u00f3n y planificaci\u00f3n de la actividad econ\u00f3mica regional. Por su parte, el art\u00edculo 139.2 de la Constituci\u00f3n dispone que ninguna autoridad podr\u00e1 adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulaci\u00f3n y establecimiento de las personas y la libre circulaci\u00f3n de bienes en todo el territorio espa\u00f1ol.<\/p>\n<p>II<\/p>\n<p>Con fecha 10 de diciembre de 2013 se public\u00f3 en el \u201cBolet\u00edn Oficial del Estado\u201d (BOE n\u00famero 295) la Ley 20\/2013, de 9 de diciembre, de Garant\u00eda de la Unidad de Mercado, \u00faltimo hito de un proceso desregulador de las actividades econ\u00f3micas que se inici\u00f3 con la trasposici\u00f3n de la Directiva 2006\/123\/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre, relativa a los servicios en el mercado interior.<\/p>\n<p>Su finalidad era el restablecimiento de una unidad de mercado que el legislador consideraba fragmentada, incluyendo tambi\u00e9n medidas directamente dirigidas hacia la reducci\u00f3n regulatoria y de cargas administrativas. La Exposici\u00f3n de Motivos dispone en este sentido que la ley \u201caprovecha para seguir impulsando un marco regulatorio eficiente para las actividades econ\u00f3micas que simplifique la legislaci\u00f3n existente, elimine regulaciones innecesarias, establezca procedimientos m\u00e1s \u00e1giles y minimice las cargas administrativas\u201d.<\/p>\n<p>La Ley 20\/2013, de 9 de diciembre, gravitaba sobre dos principios que constitu\u00edan sus ejes centrales. El primero de ellos es el principio de regulaci\u00f3n eficiente, encarnado en la ley por el principio de necesidad y proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades competentes que supongan l\u00edmites a la libertad de empresa. El segundo elemento era la regulaci\u00f3n del principio de eficacia en todo el territorio nacional de los requisitos de acceso al mercado de los operadores, o de los bienes, establecidos por la normativa de cualquier Comunidad Aut\u00f3noma, con el que se reconoc\u00eda efecto en todo el territorio nacional a las actuaciones administrativas de control de acceso a las actividades econ\u00f3micas.<\/p>\n<p>El principio de eficacia se formul\u00f3 en el art\u00edculo 19 de la ley, conforme al cual cualquier operador que hubiera accedido legalmente a su actividad cumpliendo los requisitos dispuestos en su lugar de origen podr\u00eda ejercer su actividad en todo el territorio nacional, debiendo las autoridades de destino asumir la plena validez de dichos requisitos, aunque difirieran de los propios. Se reconoc\u00eda as\u00ed efecto en todo el territorio nacional a las actuaciones administrativas de control de acceso de las actividades econ\u00f3micas en general, en consonancia con el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de la Ley 20\/2013, de 9 de diciembre. El art\u00edculo 20 recogi\u00f3 una relaci\u00f3n detallada de posibles medios de intervenci\u00f3n admitiendo expresamente su plena eficacia en todo el territorio nacional (autorizaciones, licencias, habilitaciones, cualificaciones profesionales, declaraciones responsables, comunicaciones, inscripciones en registros, acreditaciones o certificaciones emitidas por organismos de evaluaci\u00f3n, entre otros).<\/p>\n<p>El sistema se completaba con la prohibici\u00f3n general a las autoridades de destino de exigir a los operadores ya habilitados el cumplimiento de nuevos requisitos o tr\u00e1mites adicionales para operar en sus territorios (art. 20.1, primer p\u00e1rrafo in fine), reforzada por la calificaci\u00f3n como contraria a la ley del eventual establecimiento por parte de las autoridades de destino de requisitos (acreditaciones, calificaciones, certificaciones, seguros, fianzas, especificaciones t\u00e9cnicas, entre otros), distintos o adicionales a los requeridos en origen al operador, para poder ejercer la actividad en sus territorios (art. 18.2).<\/p>\n<p>El Tribunal Constitucional, en su STC 79\/2017, de 22 de junio, STC 110\/2017, de 5 de octubre, STC 111\/2017, de 5 de octubre y STC 119\/2017, de 31 de octubre, consider\u00f3 que el principio de eficacia nacional, tal como hab\u00eda sido configurado por la Ley 20\/2013, de 9 de diciembre, era contrario al orden constitucional de distribuci\u00f3n de competencias y, por consiguiente, inconstitucional, tanto por exceder del alcance de la competencia estatal reconocida en el art\u00edculo 149.1.13 CE como por vulnerar el principio general de territorialidad de las competencias auton\u00f3micas. El Estado s\u00f3lo podr\u00eda aplicar el principio de eficacia nacional, reconociendo efectos extraterritoriales a decisiones ejecutivas auton\u00f3micas, cuando exista una legislaci\u00f3n estatal com\u00fan o normativa UE armonizada o tambi\u00e9n cuando, no obstante las posibles diferencias t\u00e9cnicas o metodol\u00f3gicas de las legislaciones auton\u00f3micas, \u00e9stas fijen un est\u00e1ndar de protecci\u00f3n que pueda considerarse equivalente. Sin embargo, nada impide a las Comunidades Aut\u00f3nomas el reconocimiento normativo de la validez de t\u00edtulos habilitantes obtenidos en otro territorio para operar en el propio.<\/p>\n<p>III<\/p>\n<p>La Comunidad de Madrid, que, en el ejercicio de las competencias que el Estado auton\u00f3mico ha conferido a las regiones espa\u00f1olas, ha procedido gradualmente a la simplificaci\u00f3n administrativa y a la eliminaci\u00f3n de las barreras burocr\u00e1ticas que dificultan el ejercicio de las actividades econ\u00f3micas mediante normas como la Ley 8\/2009, de 21 de diciembre, de Medidas Liberalizadoras y de Apoyo a la Empresa Madrile\u00f1a o la Ley 2\/2012, de 12 de junio, de Dinamizaci\u00f3n de la Actividad Comercial, considera necesario promover la libertad de circulaci\u00f3n de los operadores econ\u00f3micos y la unidad de mercado en los t\u00e9rminos referidos.<\/p>\n<p>Esta reducci\u00f3n de cargas a los operadores econ\u00f3micos fomenta la inversi\u00f3n y la creaci\u00f3n de empleo y contribuye a la dinamizaci\u00f3n y reactivaci\u00f3n de la econom\u00eda madrile\u00f1a. Este loable objetivo, siendo ya de por s\u00ed importante, resulta imprescindible en un contexto de crisis econ\u00f3mica. Las empresas, hoy m\u00e1s que nunca, necesitan un marco de seguridad jur\u00eddica y flexibilidad regulatoria para superar la incertidumbre y adaptarse de forma r\u00e1pida y sencilla a los dr\u00e1sticos cambios que experimenta la demanda. La presente Ley de Mercado Abierto no solo contribuir\u00e1 de forma eficaz a reducir trabas y regulaciones innecesarias, sino que potenciar\u00e1 la llegada de inversiones y ayudar\u00e1 a impulsar la actividad econ\u00f3mica de la Comunidad de Madrid mediante la libre circulaci\u00f3n de bienes y servicios y el reconocimiento autom\u00e1tico de licencias para que empresas y profesionales de todo el territorio nacional puedan operar en la regi\u00f3n.<\/p>\n<p>En consecuencia, la finalidad pretendida por la presente Ley es que, con car\u00e1cter general, todo operador econ\u00f3mico, establecido legamente en el territorio nacional, pueda desplazarse libremente a la Comunidad de Madrid para ejercer su actividad sin sujetarse a los requisitos de acceso previstos en la normativa auton\u00f3mica.<\/p>\n<p>IV<\/p>\n<p>La ley se estructura en tres cap\u00edtulos, 11 art\u00edculos y tres disposiciones finales. De acuerdo con el art\u00edculo 129 de la Ley 39\/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com\u00fan de las Administraciones P\u00fablicas, este proyecto normativo se adec\u00faa a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jur\u00eddica, transparencia y eficiencia.<\/p>\n<p>Se cumple con los principios de necesidad y eficacia, ya que la situaci\u00f3n socioecon\u00f3mica actual precisa de elementos jur\u00eddicos que fomenten una mayor competitividad y productividad.<\/p>\n<p>Se cumplen los principios de proporcionalidad y seguridad jur\u00eddica en cuanto que la raz\u00f3n de inter\u00e9s general en la que se fundamenta la Ley es la de reducir las trabas burocr\u00e1ticas en el acceso a las actividades econ\u00f3micas en la Comunidad de Madrid al permitir que operadores legalmente establecidos en cualquier parte del territorio nacional puedan desplazarse libremente a la Comunidad sin sujetarse a los requisitos de acceso previstos en la normativa auton\u00f3mica.<\/p>\n<p>Se cumple con el principio de transparencia en cuanto se llevar\u00e1 a cabo la publicaci\u00f3n de la norma en el BOLET\u00cdN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, en el \u201cBolet\u00edn Oficial del Estado\u201d y en la p\u00e1gina web de la regi\u00f3n, as\u00ed como su publicaci\u00f3n durante su tramitaci\u00f3n en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid, al realizar el tr\u00e1mite de informaci\u00f3n p\u00fablica, y en el \u201cBolet\u00edn Oficial de la Asamblea\u201d.<\/p>\n<p>Y, por \u00faltimo, el principio de eficiencia se podr\u00e1 observar con la aplicaci\u00f3n de esta Ley, al contribuir a la reactivaci\u00f3n de la econom\u00eda madrile\u00f1a con la simplificaci\u00f3n en la tramitaci\u00f3n administrativa.<\/p>\n<p>Cap\u00edtulo I<\/p>\n<p>Disposiciones generales<\/p>\n<p>Art\u00edculo 1<\/p>\n<p>Objeto<\/p>\n<p>La presente Ley tiene por objeto garantizar la libre circulaci\u00f3n y establecimiento de los operadores econ\u00f3micos en el territorio de la Comunidad de Madrid.<\/p>\n<p>Art\u00edculo 2<\/p>\n<p>\u00c1mbito de aplicaci\u00f3n<\/p>\n<p>Esta Ley ser\u00e1 de aplicaci\u00f3n, en el \u00e1mbito territorial de la Comunidad de Madrid, al acceso a actividades econ\u00f3micas en condiciones de mercado y su ejercicio por parte de operadores legalmente establecidos en cualquier lugar del territorio nacional.<\/p>\n<p>Art\u00edculo 3<\/p>\n<p>Principio de no discriminaci\u00f3n<\/p>\n<ol>\n<li>Todos los operadores econ\u00f3micos, sin discriminaci\u00f3n alguna por raz\u00f3n del lugar de residencia o establecimiento, tendr\u00e1n los mismos derechos en la Comunidad de Madrid.<\/li>\n<li>En el \u00e1mbito territorial de la Comunidad de Madrid, ninguna disposici\u00f3n de car\u00e1cter general, actuaci\u00f3n administrativa o norma de calidad que se refiera al acceso o al ejercicio de actividades econ\u00f3micas podr\u00e1 contener condiciones ni requisitos que tengan como efecto directo o indirecto la discriminaci\u00f3n por raz\u00f3n de establecimiento o residencia del operador econ\u00f3mico.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Art\u00edculo 4<\/p>\n<p>Principio de necesidad y proporcionalidad<\/p>\n<ol>\n<li>El establecimiento de l\u00edmites al acceso a una actividad econ\u00f3mica o su ejercicio requerir\u00e1 motivar su necesidad en alguna raz\u00f3n imperiosa de inter\u00e9s general de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 5 de la Ley 20\/2013, de 9 de diciembre, de Garant\u00eda de la Unidad de Mercado.<\/li>\n<li>Cualquier l\u00edmite o requisito establecido conforme al apartado anterior, deber\u00e1 ser proporcionado a la raz\u00f3n imperiosa de inter\u00e9s general invocada, y habr\u00e1 de ser tal que no exista otro medio menos restrictivo o distorsionador para la actividad econ\u00f3mica.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Art\u00edculo 5<\/p>\n<p>Principio de eficacia<\/p>\n<p>Las disposiciones, actos y medios de intervenci\u00f3n de las autoridades competentes del resto del territorio nacional, relacionados con el libre acceso a la actividad econ\u00f3mica, tendr\u00e1n eficacia en la Comunidad de Madrid, de acuerdo con lo establecido en el Cap\u00edtulo III de esta Ley.<\/p>\n<p>Cap\u00edtulo II<\/p>\n<p>Garant\u00edas al libre establecimiento y circulaci\u00f3n<\/p>\n<p>Art\u00edculo 6<\/p>\n<p>Acceso a las actividades econ\u00f3micas y su ejercicio<\/p>\n<p>El acceso a las actividades econ\u00f3micas y su ejercicio solo podr\u00e1 limitarse conforme a lo establecido en la presente Ley, en la Ley 20\/2013, de 9 de diciembre, y a lo dispuesto en la normativa de la Uni\u00f3n Europea o en tratados y convenios internacionales.<\/p>\n<p>Art\u00edculo 7<\/p>\n<p>Actuaciones que limitan la libertad de establecimiento y la libertad de circulaci\u00f3n<\/p>\n<p>Ser\u00e1n consideradas actuaciones que limitan el libre establecimiento y la libre circulaci\u00f3n por no cumplir los principios recogidos en el Cap\u00edtulo II de la Ley 20\/2013, de 9 de diciembre, adem\u00e1s de las reguladas en el art\u00edculo 18 de la citada Ley, las disposiciones, actos y medios de intervenci\u00f3n que contengan o apliquen:<\/p>\n<ol>\n<li>a) Requisitos de obtenci\u00f3n de una autorizaci\u00f3n, homologaci\u00f3n, acreditaci\u00f3n, calificaci\u00f3n, certificaci\u00f3n, cualificaci\u00f3n, o reconocimiento, de presentaci\u00f3n de una declaraci\u00f3n responsable o comunicaci\u00f3n o de inscripci\u00f3n en alg\u00fan registro para el ejercicio de una actividad distintos de los establecidos por la autoridad de origen.<\/li>\n<li>b) Requisitos de cualificaci\u00f3n profesional adicionales a los requeridos en el lugar de origen o donde el operador haya accedido a la actividad profesional o profesi\u00f3n, tales como necesidades de homologaci\u00f3n, convalidaci\u00f3n, acreditaci\u00f3n, calificaci\u00f3n, cualificaci\u00f3n, certificaci\u00f3n, o reconocimiento de t\u00edtulos o certificados que acrediten determinadas cualificaciones profesionales.<\/li>\n<li>c) Especificaciones t\u00e9cnicas para la circulaci\u00f3n legal de un producto o para su utilizaci\u00f3n para la prestaci\u00f3n de un servicio distintas a las establecidas en el lugar de fabricaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Cap\u00edtulo III<\/p>\n<p>Principio de eficacia en el territorio de la Comunidad de Madrid<\/p>\n<p>Art\u00edculo 8<\/p>\n<p>Libre iniciativa econ\u00f3mica<\/p>\n<ol>\n<li>Desde el momento en que un operador econ\u00f3mico est\u00e9 legalmente establecido en un lugar del territorio espa\u00f1ol podr\u00e1 ejercer su actividad econ\u00f3mica en la Comunidad de Madrid, mediante establecimiento f\u00edsico o sin \u00e9l, siempre que cumpla los requisitos de acceso y ejercicio de la actividad del lugar de origen, incluso cuando la actividad econ\u00f3mica no est\u00e9 sometida a requisito alguno en dicho lugar.<\/li>\n<li>Cualquier producto legalmente producido al amparo de la normativa de un lugar de territorio espa\u00f1ol podr\u00e1 circular y ofertarse libremente en la Comunidad de Madrid desde el momento de su puesta en el mercado.<\/li>\n<li>Cuando conforme a la normativa de la Comunidad de Madrid se exijan requisitos, cualificaciones, controles previos o garant\u00edas a los operadores econ\u00f3micos, distintos de los exigidos u obtenidos al amparo de la normativa del lugar de origen, la autoridad competente de la Comunidad de Madrid asumir\u00e1 la plena validez de estos \u00faltimos, aunque difieran en su alcance o cuant\u00eda. Asimismo, el libre ejercicio operar\u00e1 incluso cuando en la normativa del lugar de origen no se exija requisito, control, cualificaci\u00f3n o garant\u00eda alguna.<\/li>\n<li>Sin perjuicio de lo establecido en la normativa estatal para aquellos casos en los que se reconozca la eficacia nacional de los medios de intervenci\u00f3n al acceso de las actividades econ\u00f3micas, la Comunidad de Madrid podr\u00e1 exigir una comunicaci\u00f3n a los operadores econ\u00f3micos en los t\u00e9rminos establecidos en el art\u00edculo 69 de la Ley 39\/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com\u00fan de las Administraciones P\u00fablicas, \u00fanicamente por motivos estad\u00edsticos cuando lo establezca una norma con rango reglamentario. En ning\u00fan caso, podr\u00e1 exigirse una declaraci\u00f3n responsable que establezca requisitos adicionales.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Art\u00edculo 9<\/p>\n<p>Eficacia en la Comunidad de Madrid de las actuaciones administrativas<\/p>\n<ol>\n<li>Tendr\u00e1n plena eficacia en la Comunidad de Madrid, sin necesidad de que el operador econ\u00f3mico realice ning\u00fan tr\u00e1mite adicional o cumpla nuevos requisitos, todos los medios de intervenci\u00f3n de las autoridades competentes que permitan el acceso a una actividad econ\u00f3mica o su ejercicio, o acrediten el cumplimiento de ciertas calidades, cualificaciones o circunstancias.<\/li>\n<\/ol>\n<p>En particular, tendr\u00e1n plena eficacia en la Comunidad de Madrid sin que pueda exigirse al operador econ\u00f3mico el cumplimiento de nuevos requisitos u otros tr\u00e1mites adicionales:<\/p>\n<ol>\n<li>a) Las autorizaciones, licencias, habilitaciones y cualificaciones profesionales obtenidas de una autoridad competente para el acceso o el ejercicio de una actividad, para la producci\u00f3n o la puesta en el mercado de un bien, producto o servicio.<\/li>\n<li>b) Las declaraciones responsables y comunicaciones presentadas ante una autoridad competente para el acceso o el ejercicio de una actividad econ\u00f3mica.<\/li>\n<li>c) Las inscripciones en registros que sean necesarias para el acceso o ejercicio de una actividad econ\u00f3mica.<\/li>\n<li>d) Cualesquiera otros requisitos normativamente establecidos que permitan acceder a una actividad econ\u00f3mica o ejercerla.<\/li>\n<li>Los organismos de evaluaci\u00f3n, acreditaci\u00f3n, certificaci\u00f3n y otros similares legalmente establecidos en cualquier lugar del territorio nacional, tendr\u00e1n plena capacidad para realizar sus funciones en la Comunidad de Madrid.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Los reconocimientos o acreditaciones, calificaciones o certificaciones de una autoridad competente o de un organismo dependiente, reconocido o habilitado por ella, ser\u00e1n plenamente v\u00e1lidos a todos los efectos en la Comunidad de Madrid, sin que pueda exigirse la realizaci\u00f3n de ning\u00fan tr\u00e1mite adicional o el cumplimiento de nuevos requisitos.<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li>Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicar\u00e1, en particular, a los siguientes supuestos:<\/li>\n<li>a) Certificaciones de calidad a efectos de la acreditaci\u00f3n del cumplimiento de las normas de garant\u00eda de calidad en los procedimientos de contrataci\u00f3n de las autoridades competentes, para el suministro de bienes y servicios en determinadas circunstancias o a determinados sujetos y para la obtenci\u00f3n de ventajas econ\u00f3micas, bien sean subvenciones o beneficios fiscales.<\/li>\n<li>b) Certificaciones o reconocimientos oficiales, a efectos de los derechos o ventajas econ\u00f3micas que obtienen las personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas que contratan con un operador oficialmente reconocido.<\/li>\n<li>c) Certificaciones, reconocimientos y acreditaciones, a efectos de comprobar la concurrencia de un nivel determinado de calidad o de profesionalidad exigido para el acceso o ejercicio de una actividad econ\u00f3mica determinada.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Art\u00edculo 10<\/p>\n<p>Excepciones<\/p>\n<ol>\n<li>El principio de eficacia en la Comunidad de Madrid al que se refiere el art\u00edculo 9 no se aplicar\u00e1 en caso de autorizaciones, declaraciones responsables y comunicaciones vinculadas a una concreta instalaci\u00f3n o infraestructura f\u00edsica. No obstante, cuando el operador est\u00e9 legalmente establecido en otro lugar del territorio, las autorizaciones o declaraciones responsables no podr\u00e1n contemplar requisitos que no est\u00e9n ligados espec\u00edficamente a la instalaci\u00f3n o infraestructura.<\/li>\n<li>El principio de eficacia en la Comunidad de Madrid tampoco se aplicar\u00e1 a los actos administrativos relacionados con la ocupaci\u00f3n de un determinado dominio p\u00fablico, cuando el n\u00famero de operadores econ\u00f3micos sea limitado o cuando se fijen en funci\u00f3n de la existencia de servicios p\u00fablicos sometidos a tarifas reguladas.<\/li>\n<li>Tampoco ser\u00e1 de aplicaci\u00f3n dicho principio cuando concurran razones de orden p\u00fablico, seguridad p\u00fablica o protecci\u00f3n civil, debidamente motivadas en una disposici\u00f3n legal o reglamentaria y en aquellos casos establecidos en la disposici\u00f3n adicional primera y segunda de la Ley 20\/2013, de 9 de diciembre.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Art\u00edculo 11<\/p>\n<p>Promoci\u00f3n de la unidad de mercado<\/p>\n<ol>\n<li>El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en el \u00e1mbito de sus competencias, promover\u00e1 entre las dem\u00e1s Comunidades Aut\u00f3nomas la adopci\u00f3n de una normativa similar a la presente Ley en aras a garantizar una verdadera unidad de mercado.<\/li>\n<li>El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid promover\u00e1 la aplicaci\u00f3n de los principios del mercado abierto en la elaboraci\u00f3n de anteproyectos de ley y normas reglamentarias para evitar la introducci\u00f3n de restricciones injustificadas en la actividad econ\u00f3mica y estimular la libre circulaci\u00f3n y establecimiento de los operadores econ\u00f3micos y la libre circulaci\u00f3n de bienes y servicios por todo el territorio espa\u00f1ol.<\/li>\n<li>Con la coordinaci\u00f3n de la consejer\u00eda competente en materia de unidad de mercado, las consejer\u00edas evaluar\u00e1n, como m\u00ednimo cada dos a\u00f1os, la normativa auton\u00f3mica al objeto de valorar el impacto de la misma en la unidad de mercado.<\/li>\n<li>Cuando la normativa de la Comunidad de Madrid exija m\u00e1s requisitos de acceso a la actividad que en otras Comunidades Aut\u00f3nomas, la autoridad madrile\u00f1a competente deber\u00e1 revisar los requisitos establecidos en dicha normativa a fin de, en caso de ser posible, suprimirlos.<\/li>\n<\/ol>\n<p>DISPOSICI\u00d3N FINAL PRIMERA<\/p>\n<p>Adecuaci\u00f3n de la normativa auton\u00f3mica<\/p>\n<p>En el plazo de un a\u00f1o desde la entrada en vigor de la ley, con la coordinaci\u00f3n de la Consejer\u00eda competente en materia de unidad de mercado, se proceder\u00e1 a la adecuaci\u00f3n de la normativa auton\u00f3mica a lo dispuesto en la presente Ley.<\/p>\n<p>DISPOSICI\u00d3N FINAL SEGUNDA<\/p>\n<p>Habilitaci\u00f3n normativa<\/p>\n<p>El Gobierno de la Comunidad de Madrid podr\u00e1 aprobar las normas de rango reglamentario que resulten necesarias para el desarrollo de lo previsto en esta Ley.<\/p>\n<p>DISPOSICI\u00d3N FINAL TERCERA<\/p>\n<p>Entrada en vigor<\/p>\n<p>La presente Ley entrar\u00e1 en vigor en el plazo de tres meses contados desde el d\u00eda siguiente al de su publicaci\u00f3n en el BOLET\u00cdN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.<\/p>\n<p>Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de aplicaci\u00f3n esta Ley, que la cumplan, y a los Tribunales y Autoridades que corresponda, la guarden y la hagan guardar.<\/p>\n<p>Madrid, a 29 de junio de 2022.<\/p>\n<p>La Presidenta, ISABEL D\u00cdAZ AYUSO<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>LEY 6\/2022, de 29 de junio, de Mercado Abierto. 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