{"id":18841,"date":"2022-10-21T09:47:31","date_gmt":"2022-10-21T09:47:31","guid":{"rendered":"https:\/\/normativamunicipal.com\/?p=18841"},"modified":"2026-09-30T09:21:25","modified_gmt":"2026-09-30T09:21:25","slug":"ayuda-frente-a-la-deuda-hipotecaria-castilla-y-leon","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/normativamunicipal.com\/?p=18841","title":{"rendered":"Ayuda frente a la deuda hipotecaria CASTILLA Y LEON"},"content":{"rendered":"

DECRETO-LEY 3\/2022, de 20 de octubre, por el que se adoptan modificaciones a la regulaci\u00f3n de la prestaci\u00f3n econ\u00f3mica frente a situaciones de deuda hipotecaria del art\u00edculo 22 de la Ley 4\/2018, de 2 de julio, de ordenaci\u00f3n y funcionamiento de la red de protecci\u00f3n e inclusi\u00f3n a personas y familias en situaci\u00f3n de mayor vulnerabilidad social o econ\u00f3mica en Castilla y Le\u00f3n.<\/strong><\/p>\n

Estos Documentos, con los que puedan modificar o acompa\u00f1ar y su texto \u00edntegro, se han incorporado a los contenidos ya existentes en el siguiente T\u00cdTULO publicado y a su disposici\u00f3n:
\n\"\"<\/a>>\"\"<\/a><\/p>\n

<\/p>\n

I<\/strong><\/p>\n

La situaci\u00f3n econ\u00f3mica de la Comunidad de Castilla y Le\u00f3n est\u00e1 directamente afectada, como el resto de las comunidades aut\u00f3nomas de Espa\u00f1a, por una situaci\u00f3n de incertidumbre y de elevados precios de la energ\u00eda lo que influye directamente en una elevada inflaci\u00f3n que afecta a la actividad econ\u00f3mica y financiera de las empresas, pero tambi\u00e9n a los ciudadanos. Esta situaci\u00f3n, con subidas continuas de precios, se arrastra desde el segundo semestre de 2021 como consecuencia de la superposici\u00f3n de los efectos negativos de la pandemia de COVID-19 y, su agravamiento posterior por la guerra de Ucrania.<\/p>\n

Con la finalidad de afrontar las consecuencias econ\u00f3micas y sociales de la guerra en Ucrania, el Consejo de Gobierno, en su reuni\u00f3n de 21 de abril de 2022, analiz\u00f3 un documento constituido por una relaci\u00f3n de iniciativas de respuesta dirigidas a impulsar a corto y medio plazo la recuperaci\u00f3n econ\u00f3mica en el contexto de esta crisis y a contener su impacto en la inflaci\u00f3n. Este documento comprend\u00eda un conjunto ordenado de actuaciones conducentes a paliar las consecuencias de la crisis econ\u00f3mica de acuerdo con las peculiaridades econ\u00f3micas, sociales y estructurales de la Comunidad de Castilla y Le\u00f3n.<\/p>\n

Debido a la distinta naturaleza de las medidas que en dicho documento se conten\u00edan y que implicaba la exigencia de la utilizaci\u00f3n de instrumentos normativos, materiales y organizativos diferentes para su puesta en marcha, fue imprescindible adoptar algunas modificaciones urgentes de car\u00e1cter normativo operadas a trav\u00e9s del Decreto-Ley 2\/2022, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para la agilizaci\u00f3n de la gesti\u00f3n de los fondos europeos y el impulso de la actividad econ\u00f3mica. Esta norma ten\u00eda como objetivos b\u00e1sicos, la modificaci\u00f3n de diferente normativa auton\u00f3mica para agilizaci\u00f3n de la gesti\u00f3n y ejecuci\u00f3n de los Fondos de los Planes Next Generation EU y un conjunto de medidas de impulso de la actividad econ\u00f3mica, de ahorro y eficiencia energ\u00e9tica o de servicios sociales. As\u00ed, por lo que se refiere a este \u00faltimo \u00e1mbito, se realiz\u00f3 una modificaci\u00f3n del Decreto 12\/2013, de 21 de marzo, por el que se regula la prestaci\u00f3n econ\u00f3mica destinada a la atenci\u00f3n de necesidades b\u00e1sicas de subsistencia en situaciones de urgencia social en la Comunidad de Castilla y Le\u00f3n, para facilitar el acceso a estas ayudas a la poblaci\u00f3n m\u00e1s vulnerable mediante el incremento del umbral de ingresos de sus destinatarios.<\/p>\n

Transcurridos m\u00e1s de siete meses desde la invasi\u00f3n rusa de Ucrania, la persistencia del conflicto b\u00e9lico contin\u00faa tensionando el nivel general de precios, a trav\u00e9s principalmente del gas natural, los carburantes y los alimentos. El precio del gas natural determina en gran medida el precio de la electricidad que se ha multiplicado por cinco desde principios de 2021. El inicio de la invasi\u00f3n por parte de Rusia provoc\u00f3 un alza del precio del gas hasta m\u00e1ximos hist\u00f3ricos. Desde entonces, pese a que el precio del gas se hab\u00eda ido moderando, contin\u00faa en niveles muy altos y el incremento de la demanda en invierno puede suponer un nuevo incremento del precio del gas.<\/p>\n

Asimismo, el petr\u00f3leo ha incrementado su precio m\u00e1s de un 30% durante el \u00faltimo a\u00f1o, mientras el precio del trigo, seg\u00fan la FAO, en junio pasado ya se hab\u00eda incrementado un 56% con respecto al a\u00f1o anterior y la tendencia alcista ha continuado durante los siguientes meses. Se ha producido as\u00ed un aumento abrupto y generalizado de costes de las materias primas y de los bienes intermedios, a\u00f1adido al que ya se ven\u00eda produciendo como consecuencia de los cuellos de botella en las cadenas de producci\u00f3n debidos a las fricciones generadas por la r\u00e1pida recuperaci\u00f3n econ\u00f3mica tras la pandemia. Las consecuencias econ\u00f3micas de esta evoluci\u00f3n son un importante aumento de la tasa de inflaci\u00f3n y una ralentizaci\u00f3n del ritmo de crecimiento econ\u00f3mico.<\/p>\n

En este contexto econ\u00f3mico mundial, la inflaci\u00f3n de Espa\u00f1a se sit\u00faa en el 10,5% en agosto de este a\u00f1o, mientras que en Castilla y Le\u00f3n es del 11,8%, ocho puntos porcentuales mayor que hace un a\u00f1o. Solo la Comunidad de Madrid, Canarias y Ceuta tienen una inflaci\u00f3n inferior al 10%, si bien, en todos los casos es superior al 9%.<\/p>\n

La subida de los precios de la energ\u00eda y de las materias primas, y su efecto sobre la inflaci\u00f3n, est\u00e1 afectando a todos los sectores productivos, pero tambi\u00e9n de forma directa a la renta disponible de los hogares, en particular a la de los m\u00e1s vulnerables. As\u00ed lo ha constatado el Banco de Espa\u00f1a al se\u00f1alar que la capacidad de compra de las familias se ha resentido gravemente ya que la remuneraci\u00f3n por asalariado se situ\u00f3 en Espa\u00f1a, en el segundo trimestre de 2022, en el 3,4%, frente una inflaci\u00f3n que supera ampliamente el 10%.<\/p>\n

El fort\u00edsimo crecimiento de la inflaci\u00f3n ha originado una respuesta de los bancos centrales dirigida a frenar una posible recesi\u00f3n econ\u00f3mica causada por la inflaci\u00f3n, que ha supuesto un importante incremento de los tipos de inter\u00e9s. El Banco Central Europeo ha realizado en julio y en septiembre, dos subidas de los tipos de inter\u00e9s, la \u00faltima de 0,75 puntos, la mayor subida de tipos de inter\u00e9s de su historia, para fijar los tipos en el 1,25%.<\/p>\n

Estas subidas de los tipos de inter\u00e9s, destinadas a controlar la inflaci\u00f3n, han tenido su reflejo inmediato en el euribor (European Interbank Offered Rate) que es el \u00edndice de referencia predominante en los pr\u00e9stamos hipotecarios a tipo variable en nuestro pa\u00eds.<\/p>\n

Desde 1999, cuando el eur\u00edbor comenz\u00f3 a utilizarse como \u00edndice de referencia, ha estado, en la mayor\u00eda de los casos, en positivo, si bien desde febrero 2016 pas\u00f3 a tasas negativas, lo que supon\u00eda un beneficio importante para las personas y familias que ten\u00edan un pr\u00e9stamo hipotecario a tipo variable. Sin embargo, desde febrero de este a\u00f1o el euribor ha iniciado una senda alcista que le ha llevado a estar en positivo. El eur\u00edbor a 12 meses ha aumentado en 258 puntos b\u00e1sicos entre el 31 de diciembre de 2021 y el 12 de septiembre pasado, hasta situarse en el 2,08 %.<\/p>\n

Esta vertiginosa subida registrada por el eur\u00edbor va a implicar un incremento sustancial de la cuota hipotecaria mensual que las familias han de abonar mensualmente a las entidades financieras y que se estima en m\u00e1s de 130 euros mensuales para un pr\u00e9stamo hipotecario tipo de 150.000 euros a 25 a\u00f1os. Este incremento sustancial del coste de la cuota hipotecaria unido a la menor capacidad de compra de las familias por el incremento de la inflaci\u00f3n implica una mayor vulnerabilidad de aquellas familias de rentas medias o bajas que pueden tener serias dificultades para poder abordar el pago de las cuotas hipotecarias y, por ende, correr el riesgo de perder su vivienda habitual por impago.<\/p>\n

II<\/strong><\/p>\n

La Junta de Castilla y Le\u00f3n, en el contexto de la anterior crisis econ\u00f3mica y financiera, adopt\u00f3 mediante el Decreto-Ley 2\/2013, medidas extraordinarias de apoyo a las personas y familias afectadas por la crisis en situaci\u00f3n de vulnerabilidad o riesgo de exclusi\u00f3n social, creando en su disposici\u00f3n adicional primera la \u00abRed de Protecci\u00f3n a las Familias de Castilla y Le\u00f3n afectadas por la crisis\u00bb, una red que se configur\u00f3 inicialmente como un instrumento de integraci\u00f3n e interrelaci\u00f3n de recursos y medidas dirigidos a atender a las personas que, afectadas por la crisis, se vieron en situaci\u00f3n de vulnerabilidad o en riesgo de exclusi\u00f3n social.<\/p>\n

La eficacia del modelo de funcionamiento e intervenci\u00f3n de la Red, surgido en un contexto inicial de crisis econ\u00f3mica, la necesidad de ampliar y mejorar las respuestas ante las situaciones de crisis y de la experiencia acumulada en esos a\u00f1os llev\u00f3 a la constataci\u00f3n de que se trataba de una herramienta id\u00f3nea para la atenci\u00f3n de las personas vulnerables m\u00e1s all\u00e1 de una situaci\u00f3n coyuntural, para constituirse en la forma ordinaria de atenci\u00f3n a estas personas en nuestra Comunidad Aut\u00f3noma en el \u00e1mbito del Sistema de Servicios Sociales de responsabilidad p\u00fablica en Castilla y Le\u00f3n. La Ley 4\/2018, de 2 de julio, de ordenaci\u00f3n y funcionamiento de la red de protecci\u00f3n e inclusi\u00f3n a personas y familias en situaci\u00f3n de mayor vulnerabilidad social o econ\u00f3mica en Castilla y Le\u00f3n, supuso la consagraci\u00f3n legislativa de este modelo apoyo a las familias y personas m\u00e1s vulnerables.<\/p>\n

Entre los diversos recursos que se articularon al amparo del Decreto-Ley 2\/2013, se cre\u00f3 el Servicio integral de apoyo a familias en riesgo de desahucio de Castilla y Le\u00f3n. Un servicio de informaci\u00f3n, asesoramiento y de interlocuci\u00f3n con las entidades financieras, dirigido a personas y a las familias que con car\u00e1cter coyuntural presentasen dificultades para atender las obligaciones derivadas de los pr\u00e9stamos hipotecarios, a fin de prevenir la situaci\u00f3n de exclusi\u00f3n social que puede generar la p\u00e9rdida de la vivienda habitual. En la actualidad, el r\u00e9gimen jur\u00eddico del Servicio integral de apoyo a familias y personas en riesgo de desahucio por deuda hipotecaria est\u00e1 previsto en el art\u00edculo 21 de la mencionada Ley 4\/2018.<\/p>\n

La Ley 4\/2018, de 2 de julio, tambi\u00e9n cre\u00f3, en su art\u00edculo 22, la prestaci\u00f3n frente a situaciones de deuda hipotecaria. Se trata de una ayuda econ\u00f3mica finalista dirigida a atender de forma temporal y continuada, mientras dure la situaci\u00f3n de necesidad, la cuota hipotecaria y otros gastos espec\u00edficos relacionados con la vivienda habitual, al objeto de evitar la p\u00e9rdida de \u00e9sta, previa valoraci\u00f3n t\u00e9cnica que se realice al efecto. Esta prestaci\u00f3n, cuyo importe m\u00e1ximo anual es del 50 % de la cuant\u00eda del IPREM anual, se encuadra, de conformidad con lo previsto en el apartado 5 del precepto citado, entre las ayudas econ\u00f3micas destinadas a la atenci\u00f3n de necesidades b\u00e1sicas de subsistencia en situaciones de urgencia social.<\/p>\n

Por todo ello y como se ha se\u00f1alado, el vertiginoso incremento del euribor va a suponer un incremento sustancial de la cuota hipotecaria de muchas personas o familias, cuya capacidad de gasto est\u00e1 mermada significativamente por la elevada inflaci\u00f3n, por lo que se estima necesaria la modificaci\u00f3n de la Ley 4\/2018, de 2 de julio, de ordenaci\u00f3n y funcionamiento de la Red de protecci\u00f3n e inclusi\u00f3n a personas y familias en situaci\u00f3n de mayor vulnerabilidad social o econ\u00f3mica, por la que se regula la prestaci\u00f3n econ\u00f3mica frente a situaciones de deuda hipotecaria en la Comunidad de Castilla y Le\u00f3n incrementando los umbrales de renta de acceso a esta prestaci\u00f3n lo que permitir\u00e1 que un mayor n\u00famero de personas y familias puedan acogerse a estas ayudas y evitar con ello la p\u00e9rdida de su vivienda habitual por impago.<\/p>\n

III<\/strong><\/p>\n

El decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente l\u00edcito, siempre que, tal como reiteradamente ha exigido el Tribunal Constitucional (sentencias 6\/1983, de 4 de febrero, FJ 5; 11\/2002, de 17 de enero, FJ 4, 137\/2003, de 3 de julio, FJ 3, y 189\/2005, de 7 julio, FJ 3; 68\/2007, FJ 10, y 137\/2011, FJ 7), el fin que justifica la legislaci\u00f3n de urgencia sea subvenir a una situaci\u00f3n concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones dif\u00edciles de prever requiere una acci\u00f3n normativa inmediata en un plazo m\u00e1s breve que el requerido por la v\u00eda normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitaci\u00f3n parlamentaria de las leyes, m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n de dicho procedimiento no depende del Gobierno.<\/p>\n

Debe quedar, por tanto, acreditada \u00abla existencia de una necesaria conexi\u00f3n entre la situaci\u00f3n de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella (SSTC 29\/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 182\/1997, de 20 de octubre, FJ 3, y 137\/2003, de 3 de julio, FJ 4).<\/p>\n

Tales extremos quedan suficientemente justificados y explicitados ante la preocupante situaci\u00f3n econ\u00f3mica derivada, fundamentalmente, por el conflicto en Ucrania que combina una elevada inflaci\u00f3n con un incremento vertiginoso del euribor que impactan negativamente en las econom\u00edas de las personas y de las familias y su capacidad de gasto, siendo imprescindible actuar de forma inmediata para permitir acceder a estas ayudas a un mayor n\u00famero de beneficiarios que, sin disponer de rentas altas, pueden incurrir en impagos de cuotas hipotecarias con el riesgo de p\u00e9rdida de su vivienda habitual. A esta situaci\u00f3n adem\u00e1s se ha llegado por factores que eran absolutamente imprevisibles y por ello la \u00fanica herramienta jur\u00eddica para poder actuar es el decreto-ley, concebido para este tipo de situaciones extraordinarias que requieren medidas urgentes.<\/p>\n

Por todo ello, se considera que concurren los presupuestos necesarios de extraordinaria y urgente necesidad requeridos en el art\u00edculo 25.4 del Estatuto de Autonom\u00eda, que habilitan para la adopci\u00f3n de estas medidas mediante decreto-ley.<\/p>\n

IV<\/strong><\/p>\n

En la elaboraci\u00f3n de este decreto-ley se han observado los principios de buena regulaci\u00f3n establecidos en el art\u00edculo 129 de la Ley 39\/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com\u00fan de las Administraciones P\u00fablicas, y los principios de accesibilidad, coherencia y responsabilidad previstos en el art\u00edculo 42 de la Ley 2\/2010, de 11 de marzo, de derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administraci\u00f3n de la Comunidad de Castilla y Le\u00f3n.<\/p>\n

A estos efectos, se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia, dado el inter\u00e9s general en el que se fundamentan las medidas que se establecen, siendo el decreto-ley el instrumento m\u00e1s inmediato para garantizar su consecuci\u00f3n.<\/p>\n

De acuerdo con el principio de proporcionalidad, la regulaci\u00f3n que esta norma contiene es la imprescindible para atender a las exigencias que el inter\u00e9s general requiere, no incluyendo restricciones de derechos ni obligaciones de ning\u00fan tipo.<\/p>\n

Igualmente, la norma se ajusta al principio de seguridad jur\u00eddica y al de coherencia, puesto que es acorde con el resto del ordenamiento jur\u00eddico y con el conjunto de las pol\u00edticas p\u00fablicas auton\u00f3micas, al tiempo que estimular\u00e1 su mejor cumplimiento.<\/p>\n

As\u00ed mismo se garantiza el principio de responsabilidad, que supone la determinaci\u00f3n de los \u00f3rganos responsables de la ejecuci\u00f3n y del control de las medidas incluidas en la norma, y el de accesibilidad, traducido en una redacci\u00f3n clara y comprensible y en una t\u00e9cnica normativa correcta.<\/p>\n

La norma respeta el principio de eficiencia, pues no impone cargas administrativas adicionales e incrementa el n\u00famero de potenciales beneficiarios de la medida adoptada.<\/p>\n

Por \u00faltimo, la disposici\u00f3n cumple tambi\u00e9n con el principio de transparencia, ya que identifica claramente su prop\u00f3sito y ofrece una explicaci\u00f3n detallada, sin que se hayan realizado los tr\u00e1mites de participaci\u00f3n p\u00fablica que se establecen en el art\u00edculo 75 de la Ley 3\/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administraci\u00f3n de la Comunidad de Castilla y Le\u00f3n. Todo ello es conforme con lo dispuesto en el art\u00edculo 76 bis.1 b) y 3 b) de dicha ley, que excepciona los tr\u00e1mites de consulta previa y participaci\u00f3n previstos en los apartados 2 y 4 del art\u00edculo 75, en el supuesto en que en la norma en tramitaci\u00f3n concurran circunstancias extraordinarias que no hayan podido preverse con anterioridad y que exijan la aprobaci\u00f3n urgente de la norma.<\/p>\n

El presente decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el art\u00edculo 70.1. 10\u00ba del Estatuto de Autonom\u00eda de Castilla y Le\u00f3n.<\/p>\n

En su virtud, la Junta de Castilla y Le\u00f3n, a propuesta de la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, previa deliberaci\u00f3n del Consejo de Gobierno, en su reuni\u00f3n del d\u00eda 20 de octubre de 2022,<\/p>\n

DISPONE<\/strong><\/p>\n

Art\u00edculo \u00fanico. Modificaci\u00f3n de la Ley 4\/2018, de 2 de julio, de ordenaci\u00f3n y funcionamiento de la red de protecci\u00f3n e inclusi\u00f3n a personas y familias en situaci\u00f3n de mayor vulnerabilidad social o econ\u00f3mica en Castilla y Le\u00f3n.<\/p>\n

Se procede a la modificaci\u00f3n de los apartados 3 y 4 del art\u00edculo 22 de la Ley 4\/2018, de 2 de julio, de ordenaci\u00f3n y funcionamiento de la red de protecci\u00f3n e inclusi\u00f3n a personas y familias en situaci\u00f3n de mayor vulnerabilidad social o econ\u00f3mica en Castilla y Le\u00f3n, relativo a la prestaci\u00f3n econ\u00f3mica frente a situaciones de deuda hipotecaria, que quedan redactados en los siguientes t\u00e9rminos:<\/p>\n

\u00ab3. El importe m\u00e1ximo anual de esta ayuda econ\u00f3mica ser\u00e1 del 50% de la cuant\u00eda del IPREM anual en catorce pagas. Esta prestaci\u00f3n se podr\u00e1 conceder mediante un pago \u00fanico o fraccionado, siempre que se mantengan las circunstancias que dieron lugar a su concesi\u00f3n.<\/p>\n

    \n
  1. Podr\u00e1n ser beneficiarios de esta ayuda aquellas personas o unidades familiares que, reuniendo los requisitos previstos en el art\u00edculo 3 de la presente ley, cumplan, adem\u00e1s los siguientes:<\/li>\n
  2. a) Que la persona titular de la vivienda est\u00e9 empadronada en alg\u00fan municipio de Castilla y Le\u00f3n con, al menos, seis meses de antig\u00fcedad al momento de la fecha del inicio del correspondiente procedimiento.<\/li>\n
  3. b) Que, seg\u00fan informe t\u00e9cnico, se encuentren en situaci\u00f3n de riesgo de impago o situaci\u00f3n de impago de cuotas del pr\u00e9stamo hipotecario de su vivienda habitual, siempre que dicha situaci\u00f3n no sea imputable a la actuaci\u00f3n voluntaria de la persona obligada a su pago.<\/li>\n
  4. c) Que la vivienda habitual est\u00e9 ubicada en alg\u00fan municipio de la Comunidad de Castilla y Le\u00f3n, sea la \u00fanica de su titularidad y se haya adquirido por un precio inferior a trescientos mil euros.<\/li>\n
  5. d) Que, seg\u00fan informe t\u00e9cnico, no dispongan de recursos suficientes para cubrir sus necesidades b\u00e1sicas de subsistencia.<\/li>\n
  6. e) No superar los ingresos anuales la cuant\u00eda equivalente a 4 veces el Indicador P\u00fablico de Renta de Efectos M\u00faltiples (IPREM) anual en catorce pagas, incrementada en el caso de unidad familiar o de convivencia, en un porcentaje por cada miembro adicional (20% por el primer miembro, 10% por el segundo y 5% por el tercero y siguientes).<\/li>\n
  7. f) No haber sido beneficiario de esta prestaci\u00f3n en el a\u00f1o natural en el que se inicie el procedimiento de su reconocimiento, salvo situaciones excepcionales que comprometan gravemente la subsistencia de la unidad familiar de convivencia, apreciadas por el \u00f3rgano competente de las entidades locales en el correspondiente informe t\u00e9cnico\u00bb.<\/li>\n<\/ol>\n

    DISPOSICI\u00d3N DEROGATORIA<\/strong><\/p>\n

    Quedan derogadas cuantas disposiciones normativas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta norma.<\/p>\n

    DISPOSICIONES FINALES<\/strong><\/p>\n

    Primera. Desarrollo reglamentario.<\/p>\n

    Se autoriza a la Junta de Castilla y Le\u00f3n para dictar las disposiciones reglamentarias que sean precisas para el desarrollo del presente decreto-ley.<\/p>\n

    Segunda. Entrada en vigor.<\/p>\n

    El presente decreto-ley entrar\u00e1 en vigor el d\u00eda siguiente al de su publicaci\u00f3n en el Bolet\u00edn Oficial de Castilla y Le\u00f3n.<\/p>\n

    Valladolid, 20 de octubre de 2022.<\/p>\n

    El Presidente de la Junta de Castilla y Le\u00f3n,<\/p>\n

    Fdo.: Alfonso Fern\u00e1ndez Ma\u00f1ueco<\/p>\n

    La Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades,<\/p>\n

    Fdo.: Mar\u00eda Isabel Blanco Llamas<\/p>\n

     <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    DECRETO-LEY 3\/2022, de 20 de octubre, por el que se adoptan modificaciones a la regulaci\u00f3n de la prestaci\u00f3n econ\u00f3mica frente a situaciones de deuda hipotecaria del art\u00edculo 22 de la Ley 4\/2018, de 2 de julio, de ordenaci\u00f3n y funcionamiento de la red de protecci\u00f3n e inclusi\u00f3n a personas y familias en situaci\u00f3n de mayor vulnerabilidad social o econ\u00f3mica en Castilla y Le\u00f3n. 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