{"id":19198,"date":"2023-02-19T13:40:59","date_gmt":"2023-02-19T13:40:59","guid":{"rendered":"https:\/\/normativamunicipal.com\/?p=19198"},"modified":"2026-09-30T09:20:36","modified_gmt":"2026-09-30T09:20:36","slug":"derecho-a-la-vivienda-cataluna","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/normativamunicipal.com\/?p=19198","title":{"rendered":"Derecho a la vivienda CATALU\u00d1A"},"content":{"rendered":"

LEY 1\/2023, de 15 de febrero, de modificaci\u00f3n de la Ley 18\/2007, del derecho a la vivienda, y del libro quinto del C\u00f3digo civil de Catalu\u00f1a, relativo a los derechos reales, en relaci\u00f3n con la adopci\u00f3n de medidas urgentes para afrontar la inactividad de los propietarios en los casos de ocupaci\u00f3n ilegal de viviendas con alteraci\u00f3n de la convivencia vecinal.<\/strong><\/span><\/p>\n

Estos Documentos, con los que puedan modificar o acompa\u00f1ar y su texto \u00edntegro, se han incorporado a los contenidos ya existentes en el siguiente T\u00cdTULO publicado y a su disposici\u00f3n:
\n\"\"<\/a>>\"\"<\/a><\/p>\n

Los art\u00edculos 65 y 67 del Estatuto prev\u00e9n que las leyes de Catalu\u00f1a son promulgadas, en nombre del rey, por el presidente o presidenta de la Generalitat. De acuerdo con lo anterior promulgo la siguiente<\/p>\n

LEY<\/p>\n

Pre\u00e1mbulo<\/p>\n

El art\u00edculo 541-1 del C\u00f3digo civil de Catalu\u00f1a establece que la propiedad adquirida legalmente otorga a los titulares el derecho a usar de forma plena los bienes que constituyen su objeto y a disfrutar y disponer de ellos. A continuaci\u00f3n, el art\u00edculo 541-2 especifica que las facultades que otorga el derecho de propiedad se ejercen, de acuerdo con su funci\u00f3n social, dentro de los l\u00edmites y con las restricciones establecidas por las leyes. Por tanto, el poder legislativo est\u00e1 legitimado para crear y determinar l\u00edmites y restricciones al dominio siempre que respondan a la utilidad social de los bienes. As\u00ed lo ha reconocido reiteradamente la jurisprudencia.<\/p>\n

Por otro lado, adem\u00e1s de lo que establece el C\u00f3digo civil, la Ley 18\/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, faculta al poder legislativo para adoptar medidas o establecer mecanismos que puedan dar respuesta a diversas problem\u00e1ticas, como la que se produce cuando los propietarios que tienen la condici\u00f3n de grandes tenedores permiten la ocupaci\u00f3n sin t\u00edtulo habilitante de una finca de su propiedad y no ejercen las acciones pertinentes para desocuparla, y este uso del inmueble provoca una alteraci\u00f3n de la convivencia o del orden p\u00fablico o pone en peligro la seguridad o integridad del inmueble.<\/p>\n

En la mayor\u00eda de los casos, esta problem\u00e1tica se produce cuando la titularidad de la propiedad corresponde a personas tanto f\u00edsicas como jur\u00eddicas que tienen la condici\u00f3n de grandes tenedores, las cuales a menudo se desentienden de sus obligaciones en lo que se refiere al inmueble y a la convivencia con el vecindario. No actuar en situaciones que provocan una alteraci\u00f3n de la convivencia o des\u00f3rdenes p\u00fablicos o, incluso, permitir que el inmueble se use para hechos delictivos contraviene la funci\u00f3n social de la vivienda e implica, adem\u00e1s, el incumplimiento de los deberes del propietario.<\/p>\n

El cuerpo jurisprudencial actual ha delimitado con rigor el concepto de alteraci\u00f3n de la convivencia, propio de la acci\u00f3n de cesaci\u00f3n, dotando el precepto de seguridad jur\u00eddica y evitando extralimitaciones o arbitrariedades en su ejercicio y tutela.<\/p>\n

Dado que la inacci\u00f3n de los propietarios en estas situaciones conflictivas implica la negligencia de su responsabilidad, es necesario establecer los mecanismos que permitan a los ayuntamientos y a las comunidades de propietarios actuar para restablecer la convivencia, siempre que los propietarios tengan la condici\u00f3n de grandes tenedores de acuerdo con la definici\u00f3n que hace la Ley 24\/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el \u00e1mbito de la vivienda y la pobreza energ\u00e9tica.<\/p>\n

Adem\u00e1s, se faculta al ayuntamiento para adquirir temporalmente el uso de la vivienda con el objetivo de destinarla a pol\u00edticas p\u00fablicas de vivienda social.<\/p>\n

Por tanto, se establece un procedimiento que debe iniciarse con un requerimiento previo al propietario de la finca para que inicie su desalojo en los casos de alteraci\u00f3n de la convivencia o de des\u00f3rdenes p\u00fablicos o si se pone en peligro la seguridad o la integridad del inmueble. El propietario tiene un plazo de un mes para acreditar documentalmente que el ocupante del inmueble tiene el t\u00edtulo habilitante para ocuparlo o para acreditar documentalmente que ha ejercido la acci\u00f3n de desahucio. Si una vez transcurrido este plazo el propietario no ha cumplido el requerimiento en uno u otro sentido, el ayuntamiento queda legitimado para ejercer las acciones de desocupaci\u00f3n o desalojo pertinentes en sustituci\u00f3n del propietario.<\/p>\n

La Administraci\u00f3n puede imponer las sanciones que establece la Ley 18\/2007 y, adem\u00e1s, como nueva capacidad, puede adquirir temporalmente el uso de la vivienda para destinarla a pol\u00edticas p\u00fablicas de vivienda social.<\/p>\n

 <\/p>\n

Art\u00edculo 1. Modificaci\u00f3n de la Ley 18\/2007<\/p>\n

    \n
  1. Se a\u00f1ade una letra, la\u00a0g<\/em>, al apartado 2 del art\u00edculo 5 de la Ley 18\/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, con el siguiente texto:<\/li>\n<\/ol>\n

    \u00abg) Los propietarios, si tienen la condici\u00f3n de grandes tenedores, no inicien las acciones de desalojo requeridas por la administraci\u00f3n competente, la vivienda se encuentre ocupada sin t\u00edtulo habilitante y esta situaci\u00f3n haya provocado una alteraci\u00f3n de la convivencia o del orden p\u00fablico o ponga en peligro la seguridad o la integridad del inmueble.\u00bb<\/p>\n

      \n
    1. Se a\u00f1ade una letra, la\u00a0c<\/em>, al apartado 1 del art\u00edculo 41 de la Ley 18\/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, con el siguiente texto:<\/li>\n<\/ol>\n

      \u00abc) La ocupaci\u00f3n sin t\u00edtulo habilitante en supuestos que alteren la convivencia o el orden p\u00fablico o que pongan en peligro la seguridad o la integridad del inmueble.\u00bb<\/p>\n

        \n
      1. Se a\u00f1ade un art\u00edculo, el 44\u00a0bis<\/em>, a la Ley 18\/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, con el siguiente texto:<\/li>\n<\/ol>\n

        \u00abArt\u00edculo 44\u00a0bis<\/em>. Acciones para actuar frente a ocupaciones sin t\u00edtulo habilitante en supuestos de alteraci\u00f3n de la convivencia o del orden p\u00fablico o que pongan en peligro la seguridad o la integridad del inmueble<\/p>\n

        \u00bb1. En los supuestos de ocupaci\u00f3n de un inmueble sin t\u00edtulo habilitante, el propietario o propietaria, si tiene la condici\u00f3n de gran tenedor, debe ejercer las acciones necesarias para desalojarlo si esta situaci\u00f3n ha provocado una alteraci\u00f3n de la convivencia o del orden p\u00fablico o pone en peligro la seguridad o integridad del inmueble.<\/p>\n

        \u00bb2. En caso de que se produzca el supuesto a que hace referencia el apartado 1 y el propietario o propietaria no ejerza las acciones necesarias para el desalojo, el ayuntamiento del municipio donde est\u00e9 situado el inmueble, como administraci\u00f3n competente y sin perjuicio de la competencia de otras entidades p\u00fablicas, puede instar al propietario o propietaria, de oficio o a instancia de la junta de propietarios de la finca donde est\u00e9 situado el inmueble o a instancia de los vecinos del espacio residencial contiguo, a cumplir su obligaci\u00f3n.<\/p>\n

        \u00bb3. El ayuntamiento debe requerir al propietario o propietaria y al ocupante que, en el plazo de cinco d\u00edas h\u00e1biles, acrediten documentalmente la existencia del t\u00edtulo habilitante de la ocupaci\u00f3n, si procede, y en el mismo requerimiento debe exigir al propietario o propietaria que, en el plazo de un mes, acredite documentalmente el cumplimiento de la obligaci\u00f3n de ejercer la acci\u00f3n de desahucio correspondiente.<\/p>\n

        \u00bb4. Si en el plazo de un mes a contar desde la recepci\u00f3n del requerimiento, o si la notificaci\u00f3n ha sido infructuosa, atendiendo siempre a lo que determina la legislaci\u00f3n en materia de procedimiento administrativo, el propietario o propietaria no ha acreditado documentalmente que el ocupante del inmueble tiene el t\u00edtulo habilitante para ocuparlo, no ha acreditado documentalmente haber hecho efectivo el desalojo o no ha acreditado documentalmente haber ejercido las acciones judiciales correspondientes para el desahucio, el ayuntamiento, como administraci\u00f3n competente y sin perjuicio de la competencia de otras entidades p\u00fablicas, queda legitimado para iniciar el procedimiento de desahucio y hacer efectivo el desalojo del inmueble ocupado.<\/p>\n

        \u00bb5. El ayuntamiento que act\u00fae en sustituci\u00f3n del propietario o propietaria tiene derecho al reembolso \u00edntegro de los costes derivados del procedimiento, sin perjuicio de la imposici\u00f3n de las sanciones que procedan.<\/p>\n

        \u00bb6. El ejercicio de la acci\u00f3n de desahucio por parte del ayuntamiento corresponde al alcalde o alcaldesa.\u00bb<\/p>\n

          \n
        1. Se modifica el apartado 7 del art\u00edculo 118 de la Ley 18\/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, que queda redactado del siguiente modo:<\/li>\n<\/ol>\n

          \u00ab7. Las multas fijadas por el presente art\u00edculo se condonan hasta el 80% del importe correspondiente en caso de que los infractores hayan reparado la infracci\u00f3n objeto de la resoluci\u00f3n sancionadora. En el supuesto de la infracci\u00f3n regulada por el art\u00edculo 124.1.k<\/em>, los ayuntamientos de los municipios donde est\u00e9n situados los inmuebles pueden adquirir temporalmente el uso de la vivienda por un plazo de siete a\u00f1os. La Administraci\u00f3n debe destinarlo a pol\u00edticas p\u00fablicas de alquiler social y con las rentas que perciba puede resarcirse de la deuda que origine el ejercicio de las acciones judiciales correspondientes y de los gastos derivados de adecuar la vivienda a la normativa de habitabilidad. Tambi\u00e9n puede destinarlas al cobro de las sanciones impuestas. El hecho de que el propietario o propietaria no cumpla el requerimiento establecido en el art\u00edculo 44\u00a0bis<\/em>, que le insta a ejercer las acciones necesarias para el desalojo, comporta el incumplimiento de la funci\u00f3n social de la vivienda y es causa de la adquisici\u00f3n temporal del uso de la vivienda por un plazo de siete a\u00f1os por parte del ayuntamiento del municipio donde est\u00e9 situado el inmueble.\u00bb<\/p>\n

            \n
          1. Se a\u00f1ade una letra, la\u00a0k<\/em>, al apartado 1 del art\u00edculo 124 de la Ley 18\/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, con el siguiente texto:<\/li>\n<\/ol>\n

            \u00abk) Incumplir el requerimiento de la administraci\u00f3n competente en el supuesto a que hace referencia el art\u00edculo 44\u00a0bis\u00a0<\/em>en el plazo establecido.\u00bb<\/p>\n

             <\/p>\n

            Art\u00edculo 2. Modificaci\u00f3n del libro quinto del C\u00f3digo civil de Catalu\u00f1a<\/p>\n

              \n
            1. Se modifican los apartados 1 y 2 del art\u00edculo 553-40 del C\u00f3digo civil de Catalu\u00f1a, que quedan redactados del siguiente modo:<\/li>\n<\/ol>\n

              \u00ab1. Los propietarios y los ocupantes no pueden hacer en los elementos privativos, ni en el resto del inmueble, actividades o actos contrarios a la convivencia normal en la comunidad o que da\u00f1en o hagan peligrar el inmueble. Tampoco pueden llevar a cabo las actividades que los estatutos, la normativa urban\u00edstica o la ley excluyen o proh\u00edben de forma expresa.<\/p>\n

              \u00bb2. La presidencia de la comunidad, si se hacen las actividades o los actos a que se refiere el apartado 1, por iniciativa propia o a petici\u00f3n de una cuarta parte de los propietarios, debe requerir fehacientemente a quien los haga que deje de hacerlos. Si la persona o personas requeridas persisten en su actividad, la junta de propietarios puede ejercer contra los propietarios y ocupantes del elemento privativo la acci\u00f3n para hacerla cesar, que debe tramitarse de acuerdo con las normas procesales correspondientes. Una vez presentada la demanda, que debe acompa\u00f1arse del requerimiento y el certificado del acuerdo de la junta de propietarios, la autoridad judicial debe adoptar las medidas cautelares que considere convenientes, entre las cuales, la cesaci\u00f3n inmediata de la actividad prohibida. En caso de ocupaci\u00f3n sin t\u00edtulo habilitante, la acci\u00f3n puede ejercerse contra los ocupantes aunque no se conozca su identidad. Si las actividades o los actos contrarios a la convivencia o que da\u00f1en o hagan peligrar el inmueble los hacen los ocupantes del elemento privativo ileg\u00edtimamente y sin la voluntad de los propietarios, la junta de propietarios puede denunciar los hechos al ayuntamiento de su municipio a fin de que inicie, previo expediente acreditativo de que se han producido efectivamente las actividades o los actos prohibidos, el procedimiento establecido por el art\u00edculo 44\u00a0bis\u00a0<\/em>de la Ley 18\/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda.\u00bb<\/p>\n

               <\/p>\n

               <\/p>\n

              Disposiciones finales<\/p>\n

               <\/p>\n

              Primera. Habilitaci\u00f3n presupuestaria<\/p>\n

              Los preceptos que conllevan gastos con cargo a los presupuestos de la Generalitat producen efectos a partir de la entrada en vigor de la ley de presupuestos correspondiente al ejercicio presupuestario inmediatamente posterior a la entrada en vigor de la presente ley.<\/p>\n

               <\/p>\n

              Segunda. Entrada en vigor<\/p>\n

              La presente ley entra en vigor al d\u00eda siguiente de su publicaci\u00f3n en el\u00a0Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya<\/em>.\u00bb<\/p>\n

               <\/p>\n

               <\/p>\n

              Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que sea de aplicaci\u00f3n esta Ley cooperen en su cumplimiento y que los tribunales y autoridades a los que corresponda la hagan cumplir.<\/p>\n

               <\/p>\n

              Palau de la Generalitat, 15 de febrero de 2023<\/p>\n

               <\/p>\n

              Pere Aragon\u00e8s i Garcia<\/p>\n

              President de la Generalitat de Catalunya<\/p>\n

               <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

              LEY 1\/2023, de 15 de febrero, de modificaci\u00f3n de la Ley 18\/2007, del derecho a la vivienda, y del libro quinto del C\u00f3digo civil de Catalu\u00f1a, relativo a los derechos reales, en relaci\u00f3n con la adopci\u00f3n de medidas urgentes para afrontar la inactividad de los propietarios en los casos de ocupaci\u00f3n ilegal de viviendas con alteraci\u00f3n de la convivencia vecinal.<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[3797],"class_list":["post-19198","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-novedades-normativas","tag-derecho-a-la-vivienda-cataluna"],"acf":[],"yoast_head":"\nDerecho a la vivienda CATALU\u00d1A - Normativa Municipal<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/normativamunicipal.com\/?p=19198\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Derecho a la vivienda CATALU\u00d1A - 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