{"id":19954,"date":"2024-02-07T10:34:55","date_gmt":"2024-02-07T10:34:55","guid":{"rendered":"https:\/\/normativamunicipal.com\/?p=19954"},"modified":"2026-09-30T09:19:48","modified_gmt":"2026-09-30T09:19:48","slug":"derechos-de-informacion-del-paciente-en-catalunya","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/normativamunicipal.com\/?p=19954","title":{"rendered":"Derechos de informaci\u00f3n del paciente en CATALUNYA"},"content":{"rendered":"

LEY 2\/2024, de 6 de febrero, de modificaci\u00f3n de la Ley 21\/2000, sobre los derechos de informaci\u00f3n concernientes a la salud y la autonom\u00eda del paciente, y la documentaci\u00f3n cl\u00ednica.<\/strong><\/span><\/p>\n

Estos Documentos, con los que puedan modificar o acompa\u00f1ar y su texto \u00edntegro, se han incorporado a los contenidos ya existentes en el siguiente T\u00cdTULO publicado y a su disposici\u00f3n:
\n\"\"<\/a>>\"\"<\/a><\/p>\n

Los art\u00edculos 65 y 67 del Estatuto prev\u00e9n que las leyes de Catalu\u00f1a son promulgadas, en nombre del rey, por el presidente o presidenta de la Generalitat. De acuerdo con lo anterior promulgo la siguiente<\/p>\n

LEY<\/p>\n

Pre\u00e1mbulo<\/p>\n

I<\/p>\n

En Catalu\u00f1a, la Ley 21\/2000, de 29 de diciembre, sobre los derechos de informaci\u00f3n concernientes a la salud y la autonom\u00eda del paciente, y la documentaci\u00f3n cl\u00ednica, regul\u00f3 por primera vez en el Estado espa\u00f1ol la posibilidad de elaborar documentos de voluntades anticipadas para que toda persona mayor de edad con capacidad suficiente pueda comunicar las intervenciones y los tratamientos m\u00e9dicos que acepta o rechaza en caso de que se encuentre en una situaci\u00f3n en la que no pueda expresar su voluntad.<\/p>\n

As\u00ed, el art\u00edculo 8.2 de la Ley establece que la declaraci\u00f3n de voluntades anticipadas puede formalizarse \u00abante notario\u00bb, en cuyo supuesto \u00abno es precisa la presencia de testigos\u00bb, o \u00abante tres testigos mayores de edad y con plena capacidad de obrar, de los cuales dos, como m\u00ednimo, no deben tener relaci\u00f3n de parentesco hasta el segundo grado ni estar vinculados por relaci\u00f3n patrimonial con el otorgante\u00bb.<\/p>\n

Posteriormente, el Gobierno, mediante el Decreto 175\/2002, de 25 de junio, por el que se regula el Registro de voluntades anticipadas, cre\u00f3 dicho registro. El decreto facilita el acceso de los profesionales implicados a las instrucciones expresadas por la persona que haya emitido su voluntad anticipada, sin que sea necesaria la inscripci\u00f3n de los documentos en el Registro para su validez.<\/p>\n

Por otra parte, el art\u00edculo 11 de la Ley del Estado 42\/2002, de 14 de noviembre, b\u00e1sica reguladora de la autonom\u00eda del paciente y de derechos y obligaciones en materia de informaci\u00f3n y documentaci\u00f3n cl\u00ednica, establece el marco normativo de los documentos de instrucciones previas en unos t\u00e9rminos en los que la regulaci\u00f3n catalana vigente encaja. Asimismo, la Ley reconoce que corresponde a cada servicio de salud regular su propio procedimiento para que, llegado el caso, se garantice el cumplimiento de las instrucciones previas de cada persona.<\/p>\n

 <\/p>\n

II<\/p>\n

La forma en que la Ley 21\/2000 regula la formalizaci\u00f3n del documento de voluntades anticipadas conlleva diferentes trabas burocr\u00e1ticas que perjudican m\u00e1s a las personas m\u00e1s vulnerables, como la gente mayor y la gente sin recursos econ\u00f3micos. El pago de la notar\u00eda o el requisito de encontrar tres testigos para la formalizaci\u00f3n del documento son obst\u00e1culos insalvables para muchas personas.<\/p>\n

La mayor\u00eda de las comunidades aut\u00f3nomas han legislado y desarrollado estas previsiones y han establecido unos requisitos m\u00e1s asequibles que los dispuestos por la legislaci\u00f3n catalana en lo que se refiere a las condiciones y el procedimiento para otorgar el documento de voluntades anticipadas. Por ejemplo, en Arag\u00f3n y en la Comunidad Valenciana este documento puede otorgarse ante solo dos testigos, y en Andaluc\u00eda, Cantabria, Castilla – La Mancha, la Comunidad Valenciana, Galicia, las Islas Baleares, Madrid y Navarra se ha previsto que pueda otorgarse ante el personal habilitado de los centros sanitarios. Esta mayor facilidad en la tramitaci\u00f3n del procedimiento ha permitido incrementar notablemente en estos territorios el n\u00famero de personas que otorgan el documento de voluntades anticipadas.<\/p>\n

En Catalu\u00f1a, seg\u00fan datos del Estado, el porcentaje de documentos de voluntades anticipadas otorgados por cada mil habitantes es de un 14,15%, lejos, por ejemplo, del 22,36% de Navarra. Esto se debe a que los tr\u00e1mites que deben seguirse para el otorgamiento y posteriormente para el registro del documento son complejos y dif\u00edciles de cumplir, dificultad que conlleva un agravio comparativo para muchas personas que no pueden obtener tres testigos con los requisitos exigidos por el art\u00edculo 8.2.b<\/em>, sea porque se encuentran en situaciones de soledad o porque no quieren dar a conocer a terceros circunstancias que forman parte de su intimidad. Estas personas son, en su mayor\u00eda, mujeres con una situaci\u00f3n econ\u00f3mica vulnerable, para las que el coste de los aranceles notariales representa un serio inconveniente, y conseguir la fotocopia compulsada del documento nacional de identidad de cada uno de los tres testigos, un verdadero impedimento.<\/p>\n

 <\/p>\n

III<\/p>\n

Por los motivos expuestos, se modifica el apartado 2 del art\u00edculo 8 de la Ley 21\/2000 para incluir una nueva letra con la que se reconoce la posibilidad de otorgar el documento de voluntades anticipadas ante los profesionales sanitarios, de forma que estos profesionales puedan cumplir tambi\u00e9n la funci\u00f3n de testigo. Esta posibilidad permitir\u00e1 agilizar la tramitaci\u00f3n del documento y facilitar su otorgamiento y presentaci\u00f3n sin perder el debido rigor en la prestaci\u00f3n del testimonio, siempre que el otorgante sea una persona mayor de edad, con capacidad suficiente y haya expresado sus instrucciones libremente, tal y como lo exige el art\u00edculo 8.1 de la Ley.<\/p>\n

De hecho, actualmente, quien normalmente informa a los pacientes sobre la posibilidad de otorgar el documento de voluntades anticipadas, les orienta en los aspectos y las situaciones que conviene tener en cuenta al redactarlo y les informa sobre las opciones y el contenido del documento son los enfermeros y los trabajadores sociales sanitarios adscritos a los centros de atenci\u00f3n primaria, a los centros hospitalarios y a los centros sociosanitarios. Por lo tanto, reconocer a los profesionales sanitarios el papel de testimonio en el otorgamiento del documento de voluntades anticipadas no implica m\u00e1s que completar a trav\u00e9s de una continuaci\u00f3n l\u00f3gica la funci\u00f3n que ya prestan actualmente. A su vez, este reconocimiento permitir\u00e1 agilizar la tramitaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n del documento en el Registro de voluntades anticipadas, tramitaci\u00f3n que ya puede realizarse desde los centros sanitarios.<\/p>\n

Adem\u00e1s, esta modificaci\u00f3n debe contribuir a desburocratizar el proceso asistencial, a mejorar el tiempo dedicado a la atenci\u00f3n de los pacientes y, en general, a facilitar a los equipos sanitarios la prestaci\u00f3n de dicha atenci\u00f3n, puesto que con el aumento del n\u00famero de pacientes que otorguen el documento de voluntades anticipadas y pudiendo acceder electr\u00f3nicamente a los documentos otorgados podr\u00e1n conocer m\u00e1s r\u00e1pidamente y de forma m\u00e1s precisa las opciones de las personas bajo su cuidado.<\/p>\n

 <\/p>\n

Art\u00edculo \u00fanico. Modificaci\u00f3n del art\u00edculo 8 de la Ley 21\/2000<\/p>\n

Se a\u00f1ade una letra, la\u00a0c<\/em>, al apartado 2 del art\u00edculo 8 de la Ley 21\/2000, de 29 de diciembre, sobre los derechos de informaci\u00f3n concernientes a la salud y la autonom\u00eda del paciente, y la documentaci\u00f3n cl\u00ednica, con el siguiente texto:<\/p>\n

\u00abc) Ante un profesional sanitario del \u00e1mbito de la atenci\u00f3n primaria, hospitalaria o sociosanitaria, preferentemente de los centros de referencia para el paciente.\u00bb<\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

Disposiciones finales<\/p>\n

Primera. Efectos presupuestarios<\/p>\n

Los efectos econ\u00f3micos que la presente ley conlleve en los presupuestos de la Generalitat son exigibles a partir del ejercicio presupuestario posterior a su entrada en vigor.<\/p>\n

 <\/p>\n

Segunda. Entrada en vigor<\/p>\n

La presente ley entra en vigor dos meses despu\u00e9s de su publicaci\u00f3n en el\u00a0Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya<\/em>.<\/p>\n

 <\/p>\n

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que sea de aplicaci\u00f3n esta Ley cooperen en su cumplimiento y que los tribunales y autoridades a los que corresponda la hagan cumplir.<\/p>\n

 <\/p>\n

Palau de la Generalitat, 6 de febrero de 2024<\/p>\n

 <\/p>\n

Pere Aragon\u00e8s i Garcia<\/p>\n

President de la Generalitat de Catalunya<\/p>\n

 <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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