{"id":20252,"date":"2024-06-04T08:58:00","date_gmt":"2024-06-04T08:58:00","guid":{"rendered":"https:\/\/normativamunicipal.com\/?p=20252"},"modified":"2026-09-30T09:18:42","modified_gmt":"2026-09-30T09:18:42","slug":"retribucion-de-altos-cargos-en-andalucia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/normativamunicipal.com\/?p=20252","title":{"rendered":"Retribuci\u00f3n de Altos cargos en ANDALUCIA"},"content":{"rendered":"

Decreto-ley 6\/2024, de 28 de mayo, por el que se modifica la Ley 3\/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades y Retribuciones del personal Alto Cargo de la Administraci\u00f3n de la Junta de Andaluc\u00eda y de Declaraci\u00f3n de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones del personal Alto Cargo y otros Cargos P\u00fablicos, y la Ley 1\/2014, de 24 de junio, de Transparencia P\u00fablica de Andaluc\u00eda.<\/strong><\/span><\/p>\n

Estos Documentos, con los que puedan modificar o acompa\u00f1ar y su texto \u00edntegro, se han incorporado a los contenidos ya existentes en el siguiente T\u00cdTULO publicado y a su disposici\u00f3n:
\n\"\"<\/a>>\"\"<\/a><\/p>\n

La lucha contra el fraude y la corrupci\u00f3n ha sido y es una de las mayores preocupaciones de la ciudadan\u00eda, ante lo cual el Gobierno de Andaluc\u00eda no ha sido ajeno, llevando a cabo diversas iniciativas al respecto, como han sido la Ley 2\/2021, de 18 de junio, de lucha contra el fraude y la corrupci\u00f3n en Andaluc\u00eda y protecci\u00f3n de la persona denunciante, a trav\u00e9s de la cual se cre\u00f3 en nuestra Comunidad Aut\u00f3noma la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupci\u00f3n, la implantaci\u00f3n del Sistema Interno de Informaci\u00f3n, en cumplimiento de lo establecido por la Ley 2\/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protecci\u00f3n de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupci\u00f3n, o la aprobaci\u00f3n del Plan de medidas antifraude para la gesti\u00f3n de los Fondos del Mecanismo de Recuperaci\u00f3n y Resiliencia de la Comunidad Aut\u00f3noma de Andaluc\u00eda.<\/p>\n

En este sentido, el establecimiento de un r\u00e9gimen de incompatibilidades claro es una eficaz herramienta preventiva tanto de la corrupci\u00f3n como de los posibles conflictos de intereses, constituyendo una de las mayores garant\u00edas de transparencia en las administraciones p\u00fablicas, reforz\u00e1ndose de este modo la legitimidad de las instituciones, y as\u00ed en el \u00e1mbito de la Junta de Andaluc\u00eda, las personas que ocupan puestos de alto cargo incluidos en el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de la Ley 3\/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades y Retribuciones del personal Alto Cargo de la Administraci\u00f3n de la Junta de Andaluc\u00eda y de Declaraci\u00f3n de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones del personal Alto Cargo y otros Cargos P\u00fablicos, han de ejercer sus funciones con dedicaci\u00f3n exclusiva, como no puede ser de otro modo, sin que puedan compatibilizar su actividad con el desempe\u00f1o por s\u00ed o mediante sustituci\u00f3n o apoderamiento de cualquier otro puesto, cargo, representaci\u00f3n, profesi\u00f3n o actividad mercantil, profesional o industrial, ya sea de car\u00e1cter p\u00fablico o privado, por cuenta ajena, retribuido o no.<\/p>\n

No obstante, la modificaci\u00f3n de la Ley 3\/2005, de 8 de abril, introducida por la disposici\u00f3n final segunda de la Ley 2\/2021, de 18 de junio, contempl\u00f3 la posibilidad de compatibilizar, con limitaciones, algunas actividades de docencia, investigaci\u00f3n y asesoramiento vinculadas a la universidad. A este respecto y recientemente, la Ley 3\/2005, de 8 de abril, ha sido modificada por Decreto-ley 11\/2023, de 27 de diciembre. Entre las modificaciones introducidas, se contempla la obligaci\u00f3n de los altos cargos de la Administraci\u00f3n de la Junta de Andaluc\u00eda, de obtener autorizaci\u00f3n de la Consejer\u00eda competente en materia de administraci\u00f3n p\u00fablica, para el desarrollo de esas actividades que dicha norma considera compatibles.<\/p>\n

Sin embargo, el r\u00e9gimen de incompatibilidades de los altos cargos no se aplica solo al periodo durante el que se desempe\u00f1a el cargo, sino que extiende sus efectos una vez producido el cese, de tal manera que estas personas tienen la obligaci\u00f3n de abstenerse de desarrollar actividades privadas directamente relacionadas con expedientes sobre los que hayan dictado resoluci\u00f3n en el ejercicio del cargo o que se refieran a asuntos o entidades que guarden relaci\u00f3n directa con las funciones que ejercieron, durante los dos a\u00f1os siguientes a la fecha de su cese en el desempe\u00f1o de dicho alto cargo.<\/p>\n

Pese a la existencia de dicha obligaci\u00f3n, el Decreto-ley 11\/2023, de 27 de diciembre, no ha contemplado ning\u00fan procedimiento para que las personas afectadas obtengan un pronunciamiento de la Administraci\u00f3n auton\u00f3mica sobre si las actividades que tengan intenci\u00f3n de desarrollar en el periodo de dos a\u00f1os tras el cese, se ajustar\u00eda a la normativa de incompatibilidades, como s\u00ed lo ha hecho con las actividades a realizar durante el desarrollo del cargo. Esta situaci\u00f3n an\u00f3mala est\u00e1 generando inseguridad jur\u00eddica en las personas afectadas que pretenden comenzar una actividad sin la seguridad de hacerlo de manera ajustada a la norma, teniendo en cuenta que el incumplimiento de la normativa de incompatibilidad puede suponer una infracci\u00f3n sancionable. Esa inseguridad jur\u00eddica tambi\u00e9n se genera en las propias empresas, por las limitaciones que de ello se pudieran derivar en relaci\u00f3n con la posibilidad de contratar con administraciones p\u00fablicas, de acuerdo con la normativa que regula las contrataciones en el sector p\u00fablico y la responsabilidad que se asume en las licitaciones por la contrataci\u00f3n de personal que pudiera estar afectado de incompatibilidad. Por ello, resulta urgente que la Ley\u00a03\/2005, de 8 de abril, contemple la definici\u00f3n precisa de las limitaciones y prohibiciones posteriores en el ejercicio de actividades privadas que puedan colisionar con el inter\u00e9s p\u00fablico y el procedimiento para que los interesados obtengan un pronunciamiento de la Administraci\u00f3n, antes de desarrollar actividades privadas, cuando se trate de actividades en el mismo \u00e1mbito sectorial en el que haya desarrollado sus funciones.<\/p>\n

La modificaci\u00f3n introducida obliga as\u00ed mismo a modificar la Ley 1\/2014, de 24 de junio, de Transparencia P\u00fablica de Andaluc\u00eda, en lo relativo a las obligaciones de informaci\u00f3n sobre altos cargos y personas que ejerzan la m\u00e1xima responsabilidad de las entidades incluidas en el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de esta ley, ampli\u00e1ndose a la obligaci\u00f3n de publicar las resoluciones de autorizaci\u00f3n del desarrollo de actividades durante el desempe\u00f1o del cargo y tras su cese.<\/p>\n

La modificaci\u00f3n propuesta se entiende que responde a lo exigido por el art\u00edculo 110 del Estatuto de Autonom\u00eda para Andaluc\u00eda, que permite al Consejo de Gobierno, en caso de extraordinaria y urgente necesidad, dictar medidas legislativas provisionales en forma de Decretos-leyes que no podr\u00e1n afectar a los derechos establecidos en el Estatuto, al r\u00e9gimen electoral, ni a las instituciones de la Junta de Andaluc\u00eda. Tampoco podr\u00e1n aprobarse por Decreto-ley los presupuestos de Andaluc\u00eda. Por tanto, se entiende que respetan los l\u00edmites previstos en el citado art\u00edculo as\u00ed como los establecidos por la consolidada jurisprudencia del Tribunal Constitucional en su interpretaci\u00f3n de las exigencias previstas por el art\u00edculo 86.1 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola.<\/p>\n

Respecto del supuesto habilitante de extraordinaria y urgente necesidad, la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado que su apreciaci\u00f3n forma parte del juicio pol\u00edtico o de oportunidad del Gobierno (SSTC 61\/2018, de 7 de junio, FJ 4, y 142\/2014, de 11 de septiembre, FJ 3). En este sentido, el Tribunal Constitucional ha precisado que la figura constitucional del Real Decreto-ley resulta un instrumento constitucionalmente l\u00edcito siempre que el fin que justifique emplear la legislaci\u00f3n de urgencia sea el de subvenir a una situaci\u00f3n concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, y que por razones dif\u00edciles de prever requiere de una acci\u00f3n normativa inmediata en un plazo m\u00e1s breve que el requerido por la v\u00eda normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitaci\u00f3n parlamentaria de las leyes (SSTC 6\/1983, de 4 de febrero, FJ 5; 11\/2002, de 17 de enero, FJ 4; 137\/2003, de 3 de julio, FJ 3; 368\/2007, FJ 10; 31\/2011, de 17 de marzo, FJ 4; 137\/2011, de 14 de septiembre, FJ 6, y 100\/2012, de 8 de mayo, FJ 8). Y todo ello concurre en el presente caso.<\/p>\n

Asimismo, el Tribunal Constitucional ha defendido que el Real Decreto-ley es una herramienta adecuada para paliar \u00abcoyunturas econ\u00f3micas problem\u00e1ticas\u00bb y sus graves efectos (STC31\/2011, de 17 de marzo, FJ 4, y STC 137\/2011, de 14 de septiembre, FJ 6).<\/p>\n

En este caso, las medidas que aqu\u00ed se exponen son de urgente implantaci\u00f3n, requiri\u00e9ndose su inmediata ejecutividad, pues las mismas se consideran imprescindibles dada las situaciones de inseguridad jur\u00eddica que se est\u00e1n produciendo, dotando a la Administraci\u00f3n auton\u00f3mica del instrumento inmediato para resolver las dudas que surgen sobre el alcance de la incompatibilidad regulada en la Ley 3\/2005, de 8 de abril, en los dos a\u00f1os posteriores tras el cese de los altos cargos a su servicio, evitando as\u00ed que se desarrollen actividades privadas que, a posteriori, y por los \u00f3rganos competentes, pudieran ser consideradas como constitutivas de infracciones de la normativa de incompatibilidades.<\/p>\n

La situaci\u00f3n de inseguridad jur\u00eddica que se viene produciendo seg\u00fan lo descrito en los apartados anteriores, as\u00ed como las posibles responsabilidades en las que se pudiera incurrir, es la que el presente Decreto-ley pretende subvenir de manera inmediata, mediante la regulaci\u00f3n de un procedimiento en el que la Administraci\u00f3n exprese su parecer con car\u00e1cter previo al comienzo de la actividad privada que la persona que ha sido titular de un alto cargo pretende iniciar tras su cese. Por tanto, existe \u00abuna conexi\u00f3n de sentido o relaci\u00f3n de adecuaci\u00f3n entre la situaci\u00f3n definida que constituye el presupuesto habilitante y las medidas que en el Decreto-ley se adoptan\u00bb (as\u00ed, desde un principio, STC 29\/1982, de 31 de mayo, FJ 3, hasta otras m\u00e1s recientes SSTC 96\/2014, de 12 de junio, FJ 5, y 183\/2014, de 6 de noviembre, FJ 4).<\/p>\n

Por su parte, las circunstancias que justifican las modificaciones propuestas para ser incorporadas al Decreto-ley requieren que las medidas previstas entren en vigor con la mayor celeridad posible, lo que no se conseguir\u00eda con la tramitaci\u00f3n mediante el procedimiento legislativo ordinario o de tramitaci\u00f3n de urgencia ya que al no poder aprobarse en tiempo y forma conllevar\u00eda la p\u00e9rdida de su esperada eficacia. No hay que olvidar que en cualquier momento puede repetirse una situaci\u00f3n de vuelta al \u00e1mbito de la actividad privada por parte de personal alto cargo que haya cesado como tal, por lo que es urgente regular esta situaci\u00f3n, algo que resulta imposible con la tramitaci\u00f3n ordinaria de un proyecto de ley.<\/p>\n

En definitiva, la urgente necesidad de incorporar al ordenamiento jur\u00eddico las modificaciones propuestas son las que igualmente justifican que su aprobaci\u00f3n por Decreto-ley sea el instrumento m\u00e1s adecuado, pues se requiere una actuaci\u00f3n inmediata, considerando que el contenido de las modificaciones es respetuoso con los principios exigidos en la Ley 39\/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com\u00fan de las Administraciones P\u00fablicas, de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jur\u00eddica, transparencia y eficiencia.<\/p>\n

En su virtud, y en uso de la facultad concedida por el art\u00edculo 110 del Estatuto de Autonom\u00eda para Andaluc\u00eda, a propuesta del Consejero de Justicia, Administraci\u00f3n Local y Funci\u00f3n P\u00fablica, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 27.3 de la Ley 6\/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Aut\u00f3noma de Andaluc\u00eda, y previa deliberaci\u00f3n del Consejo de Gobierno, en su reuni\u00f3n celebrada el d\u00eda 28 de mayo de 2024,<\/p>\n

DISPONGO<\/p>\n

Art\u00edculo primero. Modificaci\u00f3n de la Ley 3\/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades y Retribuciones del personal Alto Cargo de la Administraci\u00f3n de la Junta de Andaluc\u00eda y de Declaraci\u00f3n de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones del personal Alto Cargo y otros Cargos P\u00fablicos.<\/p>\n

La Ley 3\/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades y Retribuciones del personal Alto Cargo de la Administraci\u00f3n de la Junta de Andaluc\u00eda y de Declaraci\u00f3n de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones del personal Alto cargo y otros Cargos P\u00fablicos, queda modificada como sigue:<\/p>\n

Uno. Se modifica el apartado 2 del art\u00edculo 7, que queda redactado como sigue:<\/p>\n

\u00ab2. Durante los dos a\u00f1os siguientes a la fecha de su cese, los altos cargos no podr\u00e1n realizar actividades ni prestar servicios en entidades privadas relacionadas con expedientes sobre los cuales hubiesen dictado resoluci\u00f3n en el ejercicio del cargo.<\/p>\n

La prohibici\u00f3n se extiende tanto a las entidades privadas como a las que pertenezcan al mismo grupo societario.<\/p>\n

Asimismo, durante el mencionado periodo de dos a\u00f1os, las personas que hayan sido titulares de altos cargos no podr\u00e1n firmar, ni por s\u00ed mismas ni a trav\u00e9s de entidades participadas por ellas directa o indirectamente en m\u00e1s del diez por ciento, contratos administrativos o privados de cualquier naturaleza con la Administraci\u00f3n de la Junta de Andaluc\u00eda y sus entidades dependientes, en la que hubieran prestado servicios, siempre que guarden relaci\u00f3n directa con las funciones que ejercieron.\u00bb<\/p>\n

Dos. Se a\u00f1aden los apartados 3 y 4 al art\u00edculo 7, con la siguiente redacci\u00f3n:<\/p>\n

\u00ab3. A los efectos de esta ley, se considera que hay relaci\u00f3n directa con las funciones que ejerc\u00eda la persona titular de un alto cargo en los siguientes supuestos:<\/p>\n

    \n
  1. a) Cuando en el ejercicio de sus funciones o responsabilidades el alto cargo, o su superior jer\u00e1rquico a propuesta de \u00e9ste o quienes sean titulares de \u00f3rganos dependientes del mismo, ya fuere por delegaci\u00f3n o sustituci\u00f3n, hubiese suscrito un informe preceptivo, una resoluci\u00f3n administrativa o un acto equivalente sometido a derecho privado, en relaci\u00f3n con la empresa o entidad de que se trate.<\/li>\n
  2. b) Cuando hubiese intervenido con su voto favorable en la adopci\u00f3n de decisiones, que afecten a las competencias del cargo p\u00fablico desempe\u00f1ado, adoptadas en sesiones de alg\u00fan \u00f3rgano colegiado y relacionadas con dichas empresas o entidades.<\/li>\n
  3. Se entender\u00e1 que no hay relaci\u00f3n directa con las funciones que ejerc\u00eda la persona titular del alto cargo en los siguientes supuestos:<\/li>\n
  4. a) Cuando la decisi\u00f3n estuviera referida no a una empresa o entidad en particular, sino a un colectivo de estas identificado por el cumplimiento de una serie de requisitos o de razones objetivas establecidas con car\u00e1cter general y no formando parte de un procedimiento de car\u00e1cter competitivo entre los distintos sujetos concurrentes.<\/li>\n
  5. b) Cuando la decisi\u00f3n se dicte en un procedimiento de concurrencia competitiva a propuesta de un \u00f3rgano t\u00e9cnico colegiado, cuando este disponga de la facultad de propuesta de resoluci\u00f3n y siempre que la composici\u00f3n del citado \u00f3rgano no haya sido decidida ni propuesta por el cargo p\u00fablico que adopte la decisi\u00f3n.<\/li>\n
  6. c) Cuando se haya realizado una actuaci\u00f3n reglada basando la decisi\u00f3n de que se trate en los informes t\u00e9cnicos del personal al servicio de la Administraci\u00f3n de la Junta de Andaluc\u00eda o de \u00f3rganos establecidos al efecto por la legislaci\u00f3n correspondiente que hayan propuesto motivadamente una \u00fanica soluci\u00f3n ya fuera en el procedimiento de adjudicaci\u00f3n de un contrato, en el otorgamiento de subvenciones o en cualquier tipo de actuaci\u00f3n.\u00bb<\/li>\n<\/ol>\n

    Tres. Se introduce un nuevo art\u00edculo 8 bis, con la siguiente redacci\u00f3n:<\/p>\n

    \u00abArt\u00edculo 8 bis. Desarrollo de actividades privadas tras el cese en el desempe\u00f1o del alto cargo.<\/p>\n

      \n
    1. Las personas que en los dos a\u00f1os posteriores al cese en el desempe\u00f1o del alto cargo pretendan realizar una actividad privada en el mismo \u00e1mbito sectorial en el que haya desarrollado sus funciones, deber\u00e1n comunicarlo a la Consejer\u00eda competente en materia de administraci\u00f3n p\u00fablica y obtener, con car\u00e1cter previo, autorizaci\u00f3n para el desarrollo de la misma.<\/li>\n
    2. La Inspecci\u00f3n General de Servicios ser\u00e1 la competente para la instrucci\u00f3n del procedimiento, en el que deber\u00e1 recabar informe de la Consejer\u00eda, organismo o entidad en que la persona interesada haya cesado como alto cargo. Dicho informe deber\u00e1 ser emitido en el plazo m\u00e1ximo de cinco d\u00edas e incluir la informaci\u00f3n necesaria para que en la instrucci\u00f3n se pueda valorar la procedencia de la autorizaci\u00f3n de las actividades pretendidas en funci\u00f3n de lo establecido en los apartados 2, 3 y 4 del art\u00edculo 7 y apartados 2.b) y 6 del art\u00edculo 8, en relaci\u00f3n con los apartados b) y g) del art\u00edculo 6.<\/li>\n
    3. Cuando, tras el an\u00e1lisis de la documentaci\u00f3n obrante en el expediente, la Inspecci\u00f3n General de Servicios considere que la actividad privada que pretende desarrollar la persona que ocup\u00f3 el alto cargo pudiera vulnerar lo establecido en la presente ley, notificar\u00e1 la propuesta de resoluci\u00f3n a la persona interesada y, en su caso, a la entidad en la cual pretende prestar servicios, y les conceder\u00e1 un plazo de diez d\u00edas para que realicen las alegaciones que juzguen oportunas al respecto. Cumplimentado este tr\u00e1mite, la Inspecci\u00f3n General de Servicios elaborar\u00e1 la propuesta de resoluci\u00f3n que proceda.<\/li>\n
    4. En el plazo de un mes desde la recepci\u00f3n de la comunicaci\u00f3n, la persona titular de la Consejer\u00eda competente en materia de administraci\u00f3n p\u00fablica dictar\u00e1 resoluci\u00f3n y la notificar\u00e1. El plazo de resoluci\u00f3n quedar\u00e1 suspendido durante la cumplimentaci\u00f3n del tr\u00e1mite de informe previsto en el apartado 2.<\/li>\n
    5. Durante los dos a\u00f1os posteriores a la fecha de su cese como alto cargo, las personas que reingresen en la funci\u00f3n p\u00fablica y tengan concedida la compatibilidad para prestar servicios retribuidos de cualquier naturaleza a personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas de car\u00e1cter privado, deber\u00e1n obtener adem\u00e1s la autorizaci\u00f3n a que se refiere el apartado 1.\u00bb<\/li>\n<\/ol>\n

      Cuatro. Se a\u00f1ade un p\u00e1rrafo d) al apartado 1 del art\u00edculo 15, con la siguiente redacci\u00f3n:<\/p>\n

      \u00abd) El desarrollo de actividades sin tener la autorizaci\u00f3n prevista en los art\u00edculos 3.3 y 8.bis.\u00bb<\/p>\n

      Art\u00edculo segundo. Modificaci\u00f3n de la Ley 1\/2014, de 24 de junio, de Transparencia P\u00fablica de Andaluc\u00eda.<\/p>\n

      Se modifica el apartado d) del art\u00edculo 11 de la Ley 1\/2014, de 24 de junio, de Transparencia P\u00fablica de Andaluc\u00eda, que queda redactada como sigue:<\/p>\n

      \u00abd) Las declaraciones de actividades, bienes, intereses y retribuciones de altos cargos de la Administraci\u00f3n de la Junta de Andaluc\u00eda, as\u00ed como las resoluciones de autorizaci\u00f3n del desarrollo de actividades durante el desempe\u00f1o del cargo o tras el cese en el mismo.\u00bb<\/p>\n

      Disposici\u00f3n final \u00fanica. Entrada en vigor.<\/p>\n

      El presente Decreto-ley entrar\u00e1 en vigor el d\u00eda siguiente al de su publicaci\u00f3n en el Bolet\u00edn Oficial de la Junta de Andaluc\u00eda.<\/p>\n

      Sevilla, 28 de mayo de 2024<\/p>\n\n\n\n\n\n\n
      <\/td>\nJUAN MANUEL MORENO BONILLA<\/td>\n<\/tr>\n
      <\/td>\nPresidente de la Junta de Andaluc\u00eda<\/td>\n<\/tr>\n
      JOS\u00c9 ANTONIO NIETO BALLESTEROS<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
      Consejero de Justicia, Administraci\u00f3n Local \u2028y Funci\u00f3n P\u00fablica<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

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