{"id":21389,"date":"2026-09-29T08:50:10","date_gmt":"2026-09-29T08:50:10","guid":{"rendered":"https:\/\/normativamunicipal.com\/?p=21389"},"modified":"2026-09-30T09:18:37","modified_gmt":"2026-09-30T09:18:37","slug":"grupos-de-interes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/normativamunicipal.com\/?p=21389","title":{"rendered":"Grupos de inter\u00e9s"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Real Decreto-ley 21\/2026, de 25 de agosto, de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de inter\u00e9s.<\/strong><br>\u00abBOE\u00bb\u00a0n\u00fam.\u00a0209, de 26 de agosto de 2026<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">An\u00e1lisis:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Objeto:<\/strong> <br>Regular la relaci\u00f3n entre los grupos de inter\u00e9s y las personas titulares de puestos p\u00fablicos susceptibles de recibir influencia<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Concepto de grupo de inter\u00e9s.<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Personal y\/o cargo p\u00fablico susceptible de influencia.<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Actividad de influencia.<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Registro de Grupos de Inter\u00e9s de \u00e1mbito estatal<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Normas de conducta aplicables a los grupos de inter\u00e9s<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Huella normativa<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>R\u00e9gimen sancionador aplicable a los grupos de inter\u00e9s<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Interconexi\u00f3n del Registro de grupos de inter\u00e9s<\/strong> <strong>e interoperabilidad en la Administraci\u00f3n General del Estado.<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>MODIFICA:<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>\u00a0<\/strong>Ley\u00a03\/2015, de\u00a030 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administraci\u00f3n General del Estado.<\/li>\n\n\n\n<li>Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, A.A.I., aprobado por el Real Decreto\u00a0615\/2024, de\u00a02 de julio.<\/li>\n\n\n\n<li>Real Decreto\u00a0611\/2026, de\u00a022 de julio, de impulso a la descarbonizaci\u00f3n del sector del transporte y fomento de los combustibles renovables, y por el que se modifican diversos reales decretos en la materia.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Exposici\u00f3n de motivos:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El Plan de Acci\u00f3n por la Democracia, aprobado por el Gobierno en septiembre de&nbsp;2023, incardinado en el Plan de Acci\u00f3n para la Democracia Europea, adoptado por la Comisi\u00f3n Europea, se\u00f1ala que el cuidado de la democracia es un reto que exige una apuesta estrat\u00e9gica, el desarrollo de mecanismos y la toma de medidas que la protejan e incentiven su calidad.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El Plan indica asimismo que \u00aben los \u00faltimos a\u00f1os el Gobierno de Espa\u00f1a ha adoptado una serie de compromisos destinados a mejorar la transparencia en la gobernanza, desarrollando mecanismos para una rendici\u00f3n de cuentas eficaz y sistem\u00e1tica y fomentando la participaci\u00f3n de la ciudadan\u00eda\u00bb, a los que trata de responder este real decreto-ley.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por su parte, el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupci\u00f3n, adoptado por el Consejo de Ministros en agosto de&nbsp;2025, y cuya implementaci\u00f3n transversal est\u00e1 prevista a trav\u00e9s de una ley org\u00e1nica, pretende avanzar hacia una administraci\u00f3n m\u00e1s \u00edntegra y transparente, e incluye, entre otras medidas, la creaci\u00f3n de una Agencia Independiente de Integridad P\u00fablica como \u00f3rgano central de prevenci\u00f3n, supervisi\u00f3n y persecuci\u00f3n de la corrupci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las pol\u00edticas p\u00fablicas ocupan un lugar central en la relaci\u00f3n de los gobiernos con la ciudadan\u00eda e influyen decididamente en la calidad democr\u00e1tica de nuestras sociedades. La orientaci\u00f3n de las pol\u00edticas p\u00fablicas hacia el inter\u00e9s general constituye un elemento capital para la garant\u00eda de los valores democr\u00e1ticos, base fundamental del Estado de Derecho, que act\u00faa como piedra angular para la construcci\u00f3n de una sociedad m\u00e1s justa, igualitaria e inclusiva.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En este sentido, resulta necesario dar cumplimiento a las exigencias derivadas de dos instrumentos que act\u00faan como palancas de cambio y de transformaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por un lado, el cumplimiento de la Agenda&nbsp;2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que en el \u00e1mbito del presente real decreto-ley entroncan directamente con el objetivo&nbsp;16 \u00abPromover sociedades justas, pac\u00edficas e inclusivas\u00bb. En este nuevo contrato social global que representan los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los actores intervinientes son tanto los gobiernos y las instituciones p\u00fablicas como el sector privado, la sociedad civil y toda la ciudadan\u00eda, aunque el liderazgo indiscutible corresponde necesariamente a las Administraciones P\u00fablicas en su compromiso por lograr una sociedad m\u00e1s inclusiva, igualitaria y transparente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por otro lado, el Plan de Recuperaci\u00f3n, Transformaci\u00f3n y Resiliencia, cuya IV pol\u00edtica palanca \u00abUna Administraci\u00f3n del siglo XXI\u00bb contempla en su componente&nbsp;11 el objetivo de la modernizaci\u00f3n de las administraciones p\u00fablicas, asegura un nuevo modelo de gobernanza m\u00e1s estrat\u00e9gico, y prev\u00e9 un seguimiento que permita una mejor rendici\u00f3n de cuentas. Adicionalmente, la Reforma&nbsp;1 (C11.R1) del mencionado componente&nbsp;11 de la Adenda al Plan de Recuperaci\u00f3n, Transformaci\u00f3n y Resiliencia, contempla el Hito&nbsp;CID&nbsp;432, relativo a la adopci\u00f3n de una norma con rango de ley para regular las relaciones de los grupos de inter\u00e9s con el sector p\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Estos dos grandes pilares orientadores de acci\u00f3n p\u00fablica tienen como objetivo la consecuci\u00f3n de una mejor sociedad en la que el protagonismo de lo p\u00fablico resulta esencial, lo que determina la necesidad de que los procesos de toma de decisiones p\u00fablicas sean procesos abiertos y transparentes que permitan la participaci\u00f3n ciudadana, garanticen la orientaci\u00f3n de las pol\u00edticas p\u00fablicas hacia el inter\u00e9s general y, al mismo tiempo, faciliten la rendici\u00f3n de cuentas ante la ciudadan\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La regulaci\u00f3n de la actividad de los grupos de inter\u00e9s constituye un factor muy relevante en la construcci\u00f3n de una cultura de la transparencia y de la rendici\u00f3n de cuentas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esta participaci\u00f3n contribuye a la mejora de la calidad democr\u00e1tica de las instituciones p\u00fablicas reforzando su legitimidad y, adem\u00e1s, se configura como un instrumento necesario para transmitir las demandas sociales al sector p\u00fablico, al objeto de que se adopten las pol\u00edticas que logren la mejor satisfacci\u00f3n de los intereses generales, teniendo en cuenta que este proceso participativo es, en el momento actual, cada vez m\u00e1s complejo, que requiere de un an\u00e1lisis exhaustivo en la formulaci\u00f3n de las pol\u00edticas p\u00fablicas y que ha de conciliar los distintos intereses de los concurrentes sujetos afectados.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Al mismo tiempo, la actual gobernanza p\u00fablica precisa de la continua interrelaci\u00f3n entre quienes adoptan las pol\u00edticas p\u00fablicas, por un lado, y la sociedad civil, por otro, para facilitar la toma de decisiones justas, participativas y transparentes, reforz\u00e1ndose con ello la confianza de la ciudadan\u00eda en el servicio p\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ello hace necesario que las personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas o cualquier otra entidad representativa de intereses colectivos, con independencia de su configuraci\u00f3n, puedan trasladarlos para que sean considerados en los procesos de elaboraci\u00f3n de pol\u00edticas p\u00fablicas y de disposiciones normativas, si bien esta expresi\u00f3n de intereses ha de realizarse, en un marco de transparencia e igualdad, a trav\u00e9s de unos cauces participativos, que no menoscaben o soslayen los intereses \u2013igualmente leg\u00edtimos, aunque en ocasiones contrapuestos\u2013 de otras personas o sectores, y que no influyan indebidamente en la objetividad e imparcialidad que, en todo momento, debe presidir la actuaci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En la actualidad las relaciones tanto de la ciudadan\u00eda como de sus entidades representativas y de los grupos de inter\u00e9s con el sector p\u00fablico, est\u00e1n reguladas en normas de distintos \u00e1mbitos territoriales del Estado, y se hace ahora necesario completar esta regulaci\u00f3n en el \u00e1mbito de la Administraci\u00f3n General del Estado y del sector p\u00fablico institucional estatal, definiendo la interconexi\u00f3n del nuevo registro estatal con los registros auton\u00f3micos de grupos de inter\u00e9s. Esta interconexi\u00f3n contribuye, asimismo, a reforzar la coherencia del sistema de transparencia en el conjunto del territorio, garantizando una mayor eficacia en el control de la actividad de influencia, y facilitando el acceso de la ciudadan\u00eda a una informaci\u00f3n completa, homog\u00e9nea y actualizada.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Este real decreto-ley regula, en el \u00e1mbito de la Administraci\u00f3n General del Estado y del sector p\u00fablico institucional estatal, las relaciones entre los grupos de inter\u00e9s y el personal alto cargo, el personal miembro de gabinetes con funciones de confianza o asesoramiento especial y el personal empleado p\u00fablico, en un marco de transparencia para la prevenci\u00f3n de situaciones de riesgo en la toma de decisiones p\u00fablicas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En&nbsp;2006 la Comisi\u00f3n Europea public\u00f3 el Libro Verde sobre la iniciativa europea en favor de la transparencia, en el que, si bien se\u00f1alaba que los grupos de presi\u00f3n son una parte leg\u00edtima del sistema democr\u00e1tico, sus actividades deben ser p\u00fablicas para que la ciudadan\u00eda tenga pleno conocimiento sobre los comportamientos que inciden en las instituciones y autoridades. A ra\u00edz de ello se crear\u00eda el Registro de transparencia en la Uni\u00f3n, por Acuerdo de&nbsp;23 de junio de&nbsp;2011, entre el Parlamento Europeo y la Comisi\u00f3n Europea, cuyo r\u00e9gimen actualmente consta en los Acuerdos Interinstitucionales de&nbsp;20 de mayo de&nbsp;2021 entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Uni\u00f3n Europea y la Comisi\u00f3n Europea, y sus principios de actuaci\u00f3n se contemplan en la presente norma. Asimismo, esta norma integra las medidas de transparencia de las Decisiones (UE) 2024\/3081 y&nbsp;2024\/3082 de la Comisi\u00f3n Europea, de&nbsp;4 de diciembre de&nbsp;2024.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En&nbsp;2019, la Comisi\u00f3n comenz\u00f3 a realizar, con car\u00e1cter anual, el Informe sobre el Estado de Derecho, una iniciativa que pretende servir como instrumento de prevenci\u00f3n y seguimiento del Estado de Derecho en los Estados miembros, dirigido a detectar riesgos y a profundizar el di\u00e1logo y el conocimiento sobre la materia. Una parte del mismo es el an\u00e1lisis de las normas y medidas para prevenir conflictos de intereses en el sector p\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En el \u00e1mbito del Consejo de Europa, el Grupo de Estados contra la Corrupci\u00f3n&nbsp;(GRECO) tiene como objetivo mejorar la capacidad de sus miembros para combatir la corrupci\u00f3n mediante el seguimiento del cumplimiento de las normas anticorrupci\u00f3n del Consejo de Europa. GRECO realiza recomendaciones a los Estados miembros del mencionado organismo internacional, habi\u00e9ndose realizado en la Quinta Ronda de Evaluaci\u00f3n la recomendaci\u00f3n espec\u00edfica relativa a la necesaria regulaci\u00f3n de los grupos de inter\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Organizaci\u00f3n para la Cooperaci\u00f3n y el Desarrollo Econ\u00f3micos (OCDE) adopt\u00f3 en&nbsp;2010 la Recomendaci\u00f3n sobre los Principios de la OCDE para la Transparencia y la Integridad en el Lobbying, la primera norma internacional que abord\u00f3 los riesgos en materia de transparencia e integridad relacionados con estas pr\u00e1cticas, y que fue revisada en&nbsp;2024. Esta Recomendaci\u00f3n establece que los pa\u00edses \u00abdeben asegurar un nivel apropiado de transparencia para que los agentes p\u00fablicos, los ciudadanos y las empresas puedan obtener informaci\u00f3n suficiente sobre las actividades de lobbying\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El presente real decreto-ley viene as\u00ed a reforzar el marco espa\u00f1ol de transparencia e integridad p\u00fablica cumpliendo con las obligaciones y compromisos europeos, aline\u00e1ndolo con los est\u00e1ndares promovidos por la Uni\u00f3n Europea, la OCDE, y el Grupo de Estados contra la Corrupci\u00f3n del Consejo de Europa. Con ello, contribuye a fortalecer la calidad democr\u00e1tica de las instituciones y a consolidar una cultura de apertura, responsabilidad e integridad en las relaciones entre los poderes p\u00fablicos y la sociedad.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Siguiendo estas directrices y recomendaciones, el IV Plan Espa\u00f1ol de Gobierno Abierto&nbsp;2020-2024, uno de cuyos objetivos consiste en el fortalecimiento de los valores \u00e9ticos y de los mecanismos para afianzar la integridad de las instituciones p\u00fablicas, incluy\u00f3 expresamente, dentro del eje denominado Integridad, el compromiso de abordar la regulaci\u00f3n de un Registro de grupos de inter\u00e9s, p\u00fablico y obligatorio, as\u00ed como las relaciones de dichos grupos con las personas responsables p\u00fablicas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por su parte, el V Plan de Gobierno Abierto&nbsp;2025-2029, dentro del Compromiso&nbsp;3 \u00abIntegridad y rendici\u00f3n de cuentas\u00bb, incluye nuevamente la iniciativa relativa a la aprobaci\u00f3n de la regulaci\u00f3n de los grupos de inter\u00e9s y, en particular, la creaci\u00f3n de un Registro de grupos de inter\u00e9s de la Administraci\u00f3n General del Estado, p\u00fablico y obligatorio, previendo su interconexi\u00f3n con los registros de otras administraciones p\u00fablicas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Al cumplimiento de dicho compromiso responde este real decreto-ley, que aborda una regulaci\u00f3n de los grupos de inter\u00e9s que permite concebirlos como uno m\u00e1s de los actores que, de forma leg\u00edtima, responsable y transparente ejercen una actividad de influencia en el dise\u00f1o de las pol\u00edticas y en la adopci\u00f3n de las decisiones p\u00fablicas. Por otro lado, el establecimiento de unas normas de conducta a las que necesariamente deben someter su actuaci\u00f3n las personas representantes de estos grupos supone, sin duda, un importante avance en la prevenci\u00f3n de los conflictos de intereses que puedan surgir en el ejercicio de los cargos y empleos p\u00fablicos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">II<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El real decreto-ley se estructura en cinco t\u00edtulos, veinte art\u00edculos, tres disposiciones adicionales, una disposici\u00f3n derogatoria, y seis disposiciones finales, y circunscribe su \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n a la Administraci\u00f3n General del Estado y al sector p\u00fablico institucional estatal.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En el t\u00edtulo preliminar, tras precisarse el objeto y el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de la regulaci\u00f3n, se incluye una definici\u00f3n clara y precisa de grupo de inter\u00e9s y de actividad de influencia, precis\u00e1ndose el personal y\/o cargo p\u00fablico susceptible de recibirla, determin\u00e1ndose cu\u00e1les son las actividades de influencia que han de permitirse en las relaciones de dichos grupos con el sector p\u00fablico, de forma que su participaci\u00f3n en la conformaci\u00f3n de las pol\u00edticas y decisiones p\u00fablicas se ajuste a par\u00e1metros de transparencia, responsabilidad e igualdad, y resulte coherente con un sistema que garantice la prevenci\u00f3n de conflictos de intereses.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En el t\u00edtulo I se crea el Registro de grupos de inter\u00e9s de \u00e1mbito estatal, de car\u00e1cter p\u00fablico y gratuito, gestionado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que, conforme a los principios de transparencia y publicidad, facilitar\u00e1 el conocimiento por parte de la ciudadan\u00eda de la identidad de los citados grupos y de sus representantes, sus fuentes de financiaci\u00f3n, la naturaleza de la actividad de influencia que realizan, as\u00ed como las relaciones de los mismos con las personas responsables p\u00fablicas susceptibles de influencia. Como garant\u00eda adicional, incluir\u00e1 una relaci\u00f3n de personas que colaboren directa o indirectamente con el grupo de inter\u00e9s y que hayan desempe\u00f1ado puestos como personal alto cargo, personal directivo p\u00fablico o restante personal empleado p\u00fablico en la Administraci\u00f3n General del Estado o en cualquier organismo o entidad del sector p\u00fablico durante los \u00faltimos cinco a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Finalmente, se establece que los datos que contenga el registro deber\u00e1n estar disponibles a trav\u00e9s de enlaces de f\u00e1cil acceso en diversos sitios web, siendo su naturaleza abierta, reutilizable y de accesibilidad universal.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El t\u00edtulo II regula las normas de conducta a las que quedan sometidos los grupos de inter\u00e9s en sus relaciones con las personas responsables p\u00fablicas, elevando los est\u00e1ndares de \u00e9tica requeridos en el ejercicio de las actividades de influencia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El t\u00edtulo III establece la obligaci\u00f3n de incorporar a cualquier proceso de elaboraci\u00f3n normativa el denominado informe de huella normativa en formato estandarizado, en el que deber\u00e1n quedar plasmadas las aportaciones realizadas, en su caso, por los grupos de inter\u00e9s que participen en el mismo, as\u00ed como la identidad del personal y\/o cargo p\u00fablico susceptible de influencia que haya mantenido relaci\u00f3n con dichos grupos junto a la documentaci\u00f3n entregada en los diversos contactos, comunicaciones y reuniones que se hayan mantenido a tal fin.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En el t\u00edtulo IV se regula el r\u00e9gimen sancionador espec\u00edfico aplicable a los grupos de inter\u00e9s, y se tipifican las infracciones y las correspondientes sanciones, atribuy\u00e9ndose al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno las competencias para la incoaci\u00f3n, instrucci\u00f3n y resoluci\u00f3n de los procedimientos sancionadores.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La disposici\u00f3n adicional primera procura criterios de interconexi\u00f3n y coherencia entre el registro de grupo de inter\u00e9s estatal y los registros existentes y gestionados por otras administraciones p\u00fablicas, garantiz\u00e1ndose con ello el objetivo comprometido en el mencionado Hito CID&nbsp;432, as\u00ed como con el Registro de Transparencia de la Uni\u00f3n Europea.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La disposici\u00f3n adicional segunda prev\u00e9, en el \u00e1mbito de la Administraci\u00f3n General del Estado, la interoperabilidad del Registro estatal de grupos de inter\u00e9s con el Portal de la Transparencia de la Administraci\u00f3n General del Estado, en el que ser\u00e1n objeto de publicaci\u00f3n las agendas del personal alto cargo y los informes de huella normativa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La disposici\u00f3n adicional tercera, establece normas relativas a la protecci\u00f3n de datos de car\u00e1cter personal incorporados a dicho registro.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Respecto a las disposiciones finales, incorporan la modificaci\u00f3n de la Ley&nbsp;3\/2015, de&nbsp;30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administraci\u00f3n General del Estado; la modificaci\u00f3n del Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, A.A.I., aprobado por el Real Decreto&nbsp;615\/2024, de&nbsp;2 de julio, con el fin de adaptar su estructura org\u00e1nica a las previsiones de este real decreto-ley; la modificaci\u00f3n del Real Decreto&nbsp;611\/2026, de&nbsp;22 de julio, de impulso a la descarbonizaci\u00f3n del sector del transporte y fomento de los combustibles renovables, y por el que se modifican diversos reales decretos en la materia; una salvaguarda de rango de disposiciones reglamentarias; la cobertura competencial de la regulaci\u00f3n y la entrada en vigor de la norma.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">III<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La concurrencia del presupuesto de la extraordinaria y urgente necesidad viene motivada por el cumplimiento de los compromisos del Plan de Recuperaci\u00f3n, Transformaci\u00f3n y Resiliencia expuestos anteriormente. Concretamente, la entrada en vigor de la regulaci\u00f3n comprometida en el hito CID&nbsp;432, correspondiente a la reforma C11.R1 del mencionado Plan, est\u00e1 directamente vinculada al libramiento de los fondos correspondientes del Mecanismo de Recuperaci\u00f3n y Resiliencia, y la tramitaci\u00f3n parlamentaria ordinaria del proyecto de ley no permite asegurar su aprobaci\u00f3n definitiva y entrada en vigor en el plazo necesario para garantizar el cumplimiento del citado compromiso.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Adicionalmente, la extraordinaria y urgente necesidad no se fundamenta \u00fanicamente en la existencia de un plazo temporal, sino tambi\u00e9n en la relevancia material de la regulaci\u00f3n proyectada, directamente vinculada con la integridad p\u00fablica, la prevenci\u00f3n de conflictos de intereses, la calidad democr\u00e1tica y el fortalecimiento del Estado de Derecho, que exigen disponer de una regulaci\u00f3n relativa a las relaciones de los grupos de inter\u00e9s con los responsables p\u00fablicos que garantice la transparencia y la integridad de las actividades de aquellos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Todo ello hace necesario acudir al instrumento excepcional del real decreto-ley de acuerdo con la jurisprudencia constitucional que precisa, por un lado, \u00abla presentaci\u00f3n expl\u00edcita y razonada de los motivos que han sido tenidos en cuenta por el Gobierno para su aprobaci\u00f3n\u00bb, es decir, lo que ha venido a denominarse la situaci\u00f3n de urgencia; y, por otro, \u00abla existencia de una necesaria conexi\u00f3n entre la situaci\u00f3n de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella\u00bb (SSTC&nbsp;29\/1982, de&nbsp;31 de mayo, FJ&nbsp;3; 182\/1997, de&nbsp;20 de octubre, FJ&nbsp;3, y&nbsp;137\/2003, de&nbsp;3 de julio, FJ&nbsp;4;&nbsp;61\/2018, de&nbsp;7 de junio, FJ&nbsp;4). El real decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente l\u00edcito, siempre que el fin que justifica la legislaci\u00f3n de urgencia, sea, tal como reiteradamente ha exigido el Tribunal Constitucional (SSTC&nbsp;6\/1983, de&nbsp;4 de febrero, FJ&nbsp;5;&nbsp;11\/2002, de&nbsp;17 de enero, FJ&nbsp;4;&nbsp;137\/2003, de&nbsp;3 de julio, FJ&nbsp;3, y&nbsp;189\/2005, de&nbsp;7 julio, FJ&nbsp;3), subvenir a una situaci\u00f3n concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que requiere una acci\u00f3n normativa inmediata en un plazo m\u00e1s breve que el requerido por la v\u00eda normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitaci\u00f3n parlamentaria de las leyes, m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n de dicho procedimiento no depende del Gobierno.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En el caso de este real decreto-ley, dicha extraordinaria y urgente necesidad se inscribe en el juicio pol\u00edtico o de oportunidad que corresponde al Gobierno&nbsp;(SSTC&nbsp;61\/2018, de&nbsp;7 de junio, FJ&nbsp;4;&nbsp;142\/2014, de&nbsp;11 de septiembre, FJ&nbsp;3), y esta decisi\u00f3n, sin duda, supone una ordenaci\u00f3n de prioridades pol\u00edticas de actuaci\u00f3n&nbsp;(STC, de&nbsp;30 de enero de&nbsp;2019), centradas en la prevenci\u00f3n de los conflictos de intereses y en la lucha contra el fraude y la corrupci\u00f3n en el \u00e1mbito p\u00fablico, atribuyendo las competencias en materia de transparencia e integridad de los grupos de inter\u00e9s a una autoridad administrativa independiente, como el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, as\u00ed como en la apremiante necesidad de cumplir los compromisos asumidos por nuestro pa\u00eds, anteriormente referidos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Estos motivos de oportunidad demuestran que, en ning\u00fan caso, el presente real decreto-ley constituye un supuesto de uso abusivo o arbitrario de este instrumento constitucional (SSTC&nbsp;61\/2018, de&nbsp;7 de junio, FJ&nbsp;4;&nbsp;100\/2012, de&nbsp;8 de mayo, FJ&nbsp;8;&nbsp;237\/2012, de&nbsp;13 de diciembre, FJ&nbsp;4;&nbsp;39\/2013, de&nbsp;14 de febrero, FJ&nbsp;5). Al contrario, la finalidad expuesta justifica amplia y razonadamente la adopci\u00f3n de la presente norma&nbsp;(SSTC&nbsp;29\/1982, de&nbsp;31 de mayo, FJ&nbsp;3;&nbsp;111\/1983, de&nbsp;2 de diciembre, FJ&nbsp;5; 182\/1997, de&nbsp;20 de octubre, FJ&nbsp;3).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Respecto a otros l\u00edmites que debe respetar esta figura jur\u00eddica, debe significarse, en primer lugar, que no hay afectaci\u00f3n al Derecho electoral general, pues se trata de una materia ajena al objeto del proyecto, ni al ordenamiento de las instituciones b\u00e1sicas del Estado, conforme a la interpretaci\u00f3n realizada sobre esta cuesti\u00f3n por el Tribunal Constitucional (cfr. STC&nbsp;134\/2021, de&nbsp;24 de junio de&nbsp;2021 y STC&nbsp;150\/2017, de&nbsp;21 de diciembre de&nbsp;2017).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Del mismo modo, no incorpora afectaci\u00f3n alguna al r\u00e9gimen de las Comunidades Aut\u00f3nomas, puesto que la regulaci\u00f3n contenida se proyecta \u00fanicamente sobre instituciones del sector p\u00fablico estatal, y no afecta a las Comunidades Aut\u00f3nomas ni a las Entidades Locales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Finalmente, el real decreto-ley respeta el l\u00edmite material constitucionalmente impuesto por el art\u00edculo&nbsp;86 de la Constituci\u00f3n a este instrumento normativo, que, entre otros \u00e1mbitos, no podr\u00e1 \u00abafectar a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el T\u00edtulo I\u00bb, de acuerdo con la interpretaci\u00f3n que del t\u00e9rmino \u00abafectar\u00bb viene realizando la jurisprudencia constitucional, entre otras, en la STC&nbsp;111\/1983, de&nbsp;2 de diciembre, FJ&nbsp;8, en la que se afirma que \u00ab(\u2026) \u201cla tesis partidaria de una expansi\u00f3n de la limitaci\u00f3n contenida en el&nbsp;86.1 de la CE se sustenta en una idea tan restrictiva del Decreto-ley que lleva en su seno el vaciamiento de la figura y la hace inservible para regular con mayor o menor incidencia cualquier aspecto concerniente a las materias incluidas en el t\u00edtulo I de la Constituci\u00f3n sin m\u00e1s base interpretativa que el otorgamiento al verbo \u2018afectar\u2019 de un contenido literal ampl\u00edsimo\u201d; como con tan exigua base se conduce a la inutilidad absoluta del Decreto-ley, pues es dif\u00edcil imaginar alguno cuyo contenido no afectase a alg\u00fan derecho comprendido en el t\u00edtulo I, es claro que tal interpretaci\u00f3n, f\u00e1cilmente reducible \u201cad absurdum\u201d&nbsp;tampoco puede ser aceptada, ni la acept\u00f3 el Tribunal en su sentencia de&nbsp;4 de febrero de&nbsp;1983 (fundamento jur\u00eddico sexto) (\u2026) la cl\u00e1usula restrictiva del art\u00edculo&nbsp;86.1 de la CE (\u201cno podr\u00e1n afectar\u2026\u201d) debe ser entendida de modo tal que ni reduzca a la nada el Decreto-ley, que es un instrumento normativo previsto por la Constituci\u00f3n, \u201cdel que es posible hacer uso para dar respuesta a las perspectivas cambiantes de la vida actual\u201d (fundamento&nbsp;5, sentencia de&nbsp;4 de febrero de&nbsp;1983), ni permita que por Decreto-ley se regule el r\u00e9gimen general de los derechos, deberes y libertades del t\u00edtulo I, ni d\u00e9 pie para que por Decreto-ley se vaya en contra del contenido o elementos esenciales de alguno de tales derechos\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cabe mencionar igualmente en este \u00e1mbito la STC&nbsp;3\/1988 (relativa al Real Decreto-ley&nbsp;3\/1979, de&nbsp;26 de enero, sobre protecci\u00f3n de la seguridad ciudadana, FJ&nbsp;6) en la que el Tribunal Constitucional consider\u00f3 que el establecimiento de infracciones o sanciones administrativas por decreto-ley no afecta al art\u00edculo&nbsp;25 de la Constituci\u00f3n, al no tratarse de una regulaci\u00f3n general del r\u00e9gimen del derecho en \u00e9l recogido y limitarse a establecer supuestos concretos de infracciones y las correspondientes sanciones. De forma espec\u00edfica, esta sentencia tambi\u00e9n se\u00f1ala que \u00ab\u2026, la utilizaci\u00f3n del Decreto-ley para la previsi\u00f3n de tipos de il\u00edcito y las correspondientes sanciones no supondr\u00eda una contradicci\u00f3n con lo dispuesto en el art.&nbsp;25.1, al configurarse el Decreto-ley, seg\u00fan el art.&nbsp;86. 1 C.E., como \u201cdisposici\u00f3n legislativa\u201d que se inserta en el ordenamiento jur\u00eddico (provisionalmente hasta su convalidaci\u00f3n, y definitivamente tras esta) como una norma dotada de fuerza y valor de ley (STC&nbsp;29\/1982, de&nbsp;31 de mayo, fundamento jur\u00eddico&nbsp;2.\u00ba)\u2026\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por lo que se refiere a su rango normativo, el proyecto incorpora diversas medidas que deben adoptarse mediante una norma con rango de ley, pues afectan a materias sujetas a reserva de ley. En concreto, la norma establece un r\u00e9gimen de infracciones y sanciones, lo que requiere de ley, en virtud de los principios de legalidad y tipicidad de la potestad sancionadora de las Administraciones p\u00fablicas (art\u00edculo&nbsp;25 de la Constituci\u00f3n, desarrollado por los art\u00edculos&nbsp;25 y&nbsp;27 de la Ley&nbsp;40\/2015, de&nbsp;1 de octubre). Por otro lado, la adopci\u00f3n de la propuesta mediante una norma con rango de ley es congruente con la modificaci\u00f3n, prevista en la disposici\u00f3n final primera, de la Ley&nbsp;3\/2015, de&nbsp;30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administraci\u00f3n General del Estado, que es una norma con el mismo rango.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En relaci\u00f3n con la modificaci\u00f3n del Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, A.A.I., aprobado por el Real Decreto&nbsp;615\/2024, de&nbsp;2 de julio, contenida en la disposici\u00f3n final segunda, resultando cierto que no precisar\u00eda para su aprobaci\u00f3n de una norma con rango de ley, debe tenerse en cuenta que concurren los motivos expresados por el Tribunal Constitucional (STC&nbsp;14\/2020, de&nbsp;28 de enero, FJ5) para utilizar excepcionalmente esta f\u00f3rmula.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Caben destacar en primer lugar motivos de sistematicidad, ya que \u00fanicamente se est\u00e1n incorporando a la propuesta contenidos reglamentarios que hacen aconsejable su regulaci\u00f3n conjunta a trav\u00e9s de esta norma, que atribuye tanto la gesti\u00f3n y supervisi\u00f3n del Registro de grupos de Inter\u00e9s de \u00e1mbito estatal, as\u00ed como las competencias para la incoaci\u00f3n, instrucci\u00f3n y resoluci\u00f3n de los procedimientos sancionadores del r\u00e9gimen sancionador que la norma establece a esta Autoridad Administrativa Independiente. De esta manera, se garantizar la existencia de la unidad a la que corresponde asumir las funciones previstas en este real decreto-ley, asegurando de ese modo la plena e inmediata efectividad de este.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La disposici\u00f3n final tercera modifica la disposici\u00f3n final s\u00e9ptima del Real Decreto&nbsp;611\/2026, de&nbsp;22 de julio, con el fin de anticipar su entrada en vigor, estableciendo que los efectos de las obligaciones sustantivas derivadas del nuevo sistema de descarbonizaci\u00f3n surtir\u00e1n efecto el&nbsp;31 de diciembre de&nbsp;2026. De este modo, el marco jur\u00eddico y los instrumentos necesarios para su aplicaci\u00f3n pueden desplegarse con car\u00e1cter previo, permitiendo que los sujetos afectados adopten las medidas de preparaci\u00f3n y adaptaci\u00f3n necesarias antes del inicio del primer a\u00f1o natural de c\u00f3mputo de los nuevos objetivos. Con ello, se refuerza y se da continuidad a la transici\u00f3n coherente y progresiva, desde el modelo basado en objetivos expresados en t\u00e9rminos de contenido energ\u00e9tico hacia un modelo basado en la reducci\u00f3n de las emisiones de gases de efecto invernadero, iniciada por el Real Decreto&nbsp;5\/2026, de&nbsp;8 de enero, por el que se modifica el Real Decreto&nbsp;1085\/2015, de&nbsp;4 de diciembre, al establecer obligaciones correspondientes al ejercicio&nbsp;2026 con vistas a la aplicaci\u00f3n, a partir del&nbsp;1 de enero de&nbsp;2027, de la nueva senda de objetivos&nbsp;2027-2040.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Adicionalmente, la disposici\u00f3n final cuarta incluye una cl\u00e1usula expresa de salvaguarda de su rango reglamentario, garantizando que las precitadas modificaciones reglamentarias no comportan una elevaci\u00f3n de su rango. La quinta y la sexta recogen, respectivamente, el t\u00edtulo competencial y la entrada en vigor de la norma.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Finalmente, concurren los motivos ya expuestos respecto de la extrema y urgente necesidad para la adopci\u00f3n de este real decreto-ley, y espec\u00edficamente el cumplimiento del hito CID&nbsp;432, correspondiente a la reforma C11.R1 del Plan de Recuperaci\u00f3n, que exige en su redacci\u00f3n actual la independencia del organismo al que se atribuya el seguimiento del Registro.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">IV<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El presente real decreto-ley responde a los principios de buena regulaci\u00f3n establecidos en el art\u00edculo&nbsp;129 de la Ley&nbsp;39\/2015, de&nbsp;1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com\u00fan de las Administraciones P\u00fablicas, y, en particular, a los principios de necesidad y eficacia, ya que introduce la regulaci\u00f3n sobre la materia y la adec\u00faa a las pautas y contenidos internacionales vigentes.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se considera as\u00ed que esta norma es el instrumento m\u00e1s adecuado para garantizar la consecuci\u00f3n de los fines perseguidos, dado que viene a llenar una laguna del ordenamiento estatal, configur\u00e1ndose como un instrumento indispensable en la conformaci\u00f3n de un sistema de integridad p\u00fablica coherente y completo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se ajusta al principio de proporcionalidad, en la medida en que contiene las medidas imprescindibles para la consecuci\u00f3n del objetivo de establecer las normas en consonancia con los compromisos internacionales asumidos por Espa\u00f1a, y ello, con la finalidad de garantizar el desarrollo de una intervenci\u00f3n en los procedimientos con criterios de igualdad y transparencia, en los t\u00e9rminos establecidos en la propia norma, y no existir otras medidas menos restrictivas de derechos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En relaci\u00f3n con el principio de seguridad jur\u00eddica, la norma es coherente con el resto del ordenamiento jur\u00eddico nacional, el de la Uni\u00f3n Europea y el internacional, en tanto en cuanto a trav\u00e9s de ella se establecen las disposiciones precisas a aplicar en la materia. Por otro lado, contribuir\u00e1 a generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre dado que un marco regulatorio adecuado, que promueve la transparencia se traduce en una mayor predictibilidad y certidumbre sobre la actuaci\u00f3n de los responsables p\u00fablicos en sus relaciones con los grupos de inter\u00e9s, as\u00ed como una mayor claridad y simplicidad.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por lo que se refiere al principio de transparencia, el contenido de la norma en su tramitaci\u00f3n inicial como anteproyecto de ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de inter\u00e9s ha seguido todos los tr\u00e1mites de consulta, participaci\u00f3n y audiencia que establece la normativa aplicable. En concreto, la consulta p\u00fablica previa, el tr\u00e1mite de audiencia a las entidades y organizaciones afectadas y la informaci\u00f3n p\u00fablica, posibilit\u00e1ndose un acceso sencillo, universal y actualizado a los documentos integrantes del proceso normativo. Las observaciones realizadas durante estos tr\u00e1mites se han incorporado al presente real decreto-ley.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Es, asimismo, una norma eficaz y eficiente, ya que al regular de forma precisa un cauce espec\u00edfico de participaci\u00f3n de la ciudadan\u00eda en los asuntos p\u00fablicos, adecuado a los principios de igualdad, responsabilidad y transparencia, contribuye a la satisfacci\u00f3n de los intereses generales y contribuye a fortalecer la confianza en las instituciones p\u00fablicas. Por lo que respecta a su eficiencia, la norma impone las cargas administrativas m\u00ednimas imprescindibles para dar cumplimiento a su contenido, no teniendo por tanto un car\u00e1cter innecesario o accesorio para ciudadanos y empresas y realizando una gesti\u00f3n eficiente de los recursos p\u00fablicos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Respecto de los t\u00edtulos competenciales que amparan la norma, el presente real decreto-ley se dicta al amparo del art\u00edculo&nbsp;149.1.18.\u00aa de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre las bases del r\u00e9gimen jur\u00eddico de las Administraciones p\u00fablicas y el procedimiento administrativo com\u00fan, as\u00ed como en ejercicio de la potestad de organizaci\u00f3n de la Administraci\u00f3n General del Estado reconocida en el art\u00edculo&nbsp;103.2 de la Constituci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En su virtud, haciendo uso de la autorizaci\u00f3n contenida en el art\u00edculo&nbsp;86 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola, a propuesta del Ministro para la Transformaci\u00f3n Digital y de la Funci\u00f3n P\u00fablica, y previa deliberaci\u00f3n del Consejo de Ministros en su reuni\u00f3n del d\u00eda&nbsp;25 de agosto de&nbsp;2026,<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Comentarios de Ayuda para la interpretaci\u00f3n de esta Norma<\/strong> <strong><em>Real Decreto-ley 21\/2026, de 25 de agosto, de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de inter\u00e9s.&nbsp;<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<\/em><\/strong> <strong><u>CONCORDANCIAS<\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><u>CINCO CONCEPTOS M\u00c1S IMPORTANTES QUE TOCA LA NORMA<\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong><u>ENTRADA EN VIGOR, R\u00c9GIMEN TRANSITORIO Y APLICACI\u00d3N TEMPORAL<\/u><\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><u>CRITERIOS ADMINISTRATIVOS DE INTERPRETACI\u00d3N<\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong><u>GU\u00cdA PR\u00c1CTICA DE APLICACI\u00d3N PROFESIONAL<\/u><\/strong><\/h2>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong><u>RIESGOS JUR\u00cdDICOS, PUNTOS CR\u00cdTICOS Y RECOMENDACIONES DE PRUDENCIA<\/u><\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>1. CONCORDANCIAS NORMATIVAS<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El Real Decreto-ley 21\/2026 establece por primera vez un r\u00e9gimen estatal sistem\u00e1tico para las relaciones entre los grupos de inter\u00e9s y la Administraci\u00f3n General del Estado y su sector p\u00fablico institucional. Su incidencia sobre el ordenamiento se produce mediante modificaciones normativas expresas y mediante la integraci\u00f3n de su nuevo r\u00e9gimen con la legislaci\u00f3n general de transparencia, procedimiento administrativo, funci\u00f3n p\u00fablica, protecci\u00f3n de datos, interoperabilidad y potestad sancionadora.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La modificaci\u00f3n m\u00e1s relevante afecta a la <strong>Ley 3\/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administraci\u00f3n General del Estado<\/strong>. La disposici\u00f3n final primera incorpora un nuevo art\u00edculo 15.3 bis que impide al personal alto cargo, durante los dos a\u00f1os siguientes al cese, desarrollar actividades profesionales de influencia para entidades inscritas en el Registro cuando afecten a materias relacionadas con las competencias del departamento, organismo o entidad en que prestaron servicio. Adem\u00e1s, reforma el art\u00edculo 25 para incorporar infracciones vinculadas al mantenimiento de contactos con grupos no inscritos y al incumplimiento de las obligaciones de publicidad de reuniones, y adapta el art\u00edculo 26.5 a este nuevo r\u00e9gimen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esta reforma conecta directamente el r\u00e9gimen de grupos de inter\u00e9s con las incompatibilidades y responsabilidades de los altos cargos. La actividad de influencia pasa as\u00ed a ser relevante no solo para quien pretende incidir sobre la decisi\u00f3n p\u00fablica, sino tambi\u00e9n para quien recibe dicha influencia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La disposici\u00f3n final segunda modifica el <strong>Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, aprobado por Real Decreto 615\/2024, de 2 de julio<\/strong>. Se incorpora a su estructura una Subdirecci\u00f3n General de Transparencia e Integridad de las actividades de los Grupos de Inter\u00e9s, se atribuye al Consejo la resoluci\u00f3n de procedimientos sancionadores y se encomiendan a dicha Subdirecci\u00f3n funciones de gesti\u00f3n, seguimiento y supervisi\u00f3n del Registro e instrucci\u00f3n de procedimientos sancionadores.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La consecuencia es que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se configura como autoridad administrativa central del nuevo sistema: gestiona el Registro, supervisa el cumplimiento de las obligaciones y ejerce las competencias de control y sanci\u00f3n previstas en el Real Decreto-ley.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La disposici\u00f3n final tercera modifica la <strong>disposici\u00f3n final s\u00e9ptima del Real Decreto 611\/2026, de 22 de julio, de impulso a la descarbonizaci\u00f3n del sector del transporte y fomento de los combustibles renovables<\/strong>. La modificaci\u00f3n afecta a su entrada en vigor y, particularmente, a la producci\u00f3n temporal de efectos de determinadas obligaciones, que se sit\u00faa en el 31 de diciembre de 2026. Esta reforma es materialmente independiente del r\u00e9gimen de los grupos de inter\u00e9s, aunque forma parte del contenido normativo del Real Decreto-ley.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Junto a estas reformas expresas, el nuevo r\u00e9gimen se integra con diversas normas generales. La <strong>Ley 19\/2013, de transparencia, acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica y buen gobierno<\/strong> resulta esencial para delimitar los l\u00edmites a la publicidad de documentos, comunicaciones y aportaciones, especialmente a trav\u00e9s de sus art\u00edculos 14 y 15. El Real Decreto-ley parte de una regla de publicidad de la informaci\u00f3n relacionada con la actividad de influencia y admite restricciones motivadas por razones legalmente protegidas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La <strong>Ley 39\/2015, del Procedimiento Administrativo Com\u00fan<\/strong>, cumple una doble funci\u00f3n. Su art\u00edculo 4.1 sirve para excluir de la actividad de influencia las actuaciones realizadas por quien ostenta la condici\u00f3n de interesado en un procedimiento, mientras que su r\u00e9gimen general se aplica subsidiariamente al procedimiento sancionador. Asimismo, el art\u00edculo 15 de dicha ley rige la lengua de la documentaci\u00f3n presentada al Registro.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La <strong>Ley 40\/2015, de R\u00e9gimen Jur\u00eddico del Sector P\u00fablico<\/strong>, resulta aplicable a la prescripci\u00f3n y al r\u00e9gimen general de la potestad sancionadora. El art\u00edculo 16.3 del Real Decreto-ley remite expresamente a su art\u00edculo 30, y el art\u00edculo 20 integra el nuevo r\u00e9gimen especial dentro de los principios generales del Derecho administrativo sancionador.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tambi\u00e9n tienen relevancia indirecta el <strong>Estatuto B\u00e1sico del Empleado P\u00fablico<\/strong>, por las consecuencias disciplinarias derivadas del incumplimiento de obligaciones del personal p\u00fablico; el <strong>RGPD y la Ley Org\u00e1nica 3\/2018<\/strong>, por el tratamiento y publicidad de datos del Registro; el <strong>Real Decreto 1708\/2011<\/strong>, por la conservaci\u00f3n de informaci\u00f3n registral; y los Reales Decretos <strong>4\/2010 y 311\/2022<\/strong>, relativos a interoperabilidad y seguridad de la informaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La norma no contiene derogaciones expresas individualizadas. Su disposici\u00f3n derogatoria \u00fanica elimina las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a su contenido. La incidencia pr\u00e1ctica de esta cl\u00e1usula se proyectar\u00e1 principalmente sobre normas reglamentarias, instrucciones o protocolos anteriores incompatibles con las nuevas obligaciones de inscripci\u00f3n, transparencia y trazabilidad.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La disposici\u00f3n final cuarta mantiene expresamente el rango reglamentario de las normas reglamentarias modificadas, evitando que su incorporaci\u00f3n al Real Decreto-ley produzca una congelaci\u00f3n de rango. La disposici\u00f3n final quinta establece como fundamento competencial el art\u00edculo 149.1.18.\u00aa de la Constituci\u00f3n y la potestad de autoorganizaci\u00f3n estatal.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En conjunto, la principal transformaci\u00f3n normativa consiste en pasar a un modelo en el que la actividad de influencia ante la Administraci\u00f3n estatal se somete a identificaci\u00f3n del sujeto, inscripci\u00f3n, publicidad, trazabilidad, reglas de conducta y responsabilidad administrativa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>2. CINCO CONCEPTOS CLAVE DE LA NORMA<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>2.1. Grupo de inter\u00e9s<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El concepto de <strong>grupo de inter\u00e9s<\/strong> determina el \u00e1mbito subjetivo del nuevo r\u00e9gimen. Incluye personas f\u00edsicas, jur\u00eddicas y agrupaciones sin personalidad jur\u00eddica que desarrollen actividades de influencia, independientemente de su forma o estatuto jur\u00eddico. La definici\u00f3n es funcional: lo decisivo es la actividad desarrollada, no la denominaci\u00f3n de la organizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La norma excluye determinadas entidades y actuaciones, entre ellas las Administraciones p\u00fablicas, organismos p\u00fablicos internacionales, partidos pol\u00edticos y colegios profesionales cuando act\u00faan en ejercicio de funciones p\u00fablicas. Esta \u00faltima exclusi\u00f3n tiene especial importancia porque una corporaci\u00f3n de Derecho p\u00fablico puede encontrarse fuera del r\u00e9gimen en unas actuaciones y sometida a \u00e9l en otras.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La principal consecuencia pr\u00e1ctica consiste en que empresas, asociaciones, consultoras, fundaciones, plataformas, organizaciones sectoriales o profesionales que pretendan influir en decisiones estatales deben analizar previamente si su actuaci\u00f3n concreta los sit\u00faa dentro del art\u00edculo 2.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>2.2. Actividad de influencia<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El art\u00edculo 4 define como actividad de influencia toda comunicaci\u00f3n directa o indirecta dirigida a incidir sobre decisiones p\u00fablicas, pol\u00edticas o proyectos normativos, en beneficio de intereses propios o ajenos. Comprende reuniones, eventos, documentos de posici\u00f3n, propuestas, campa\u00f1as e intervenci\u00f3n mediante terceros.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El concepto es decisivo porque no toda relaci\u00f3n con la Administraci\u00f3n queda sometida al Real Decreto-ley. Se excluyen, entre otras, las actuaciones realizadas como interesado en un procedimiento administrativo, determinadas formas regladas de participaci\u00f3n p\u00fablica, la defensa jur\u00eddica directamente vinculada a procedimientos, la mediaci\u00f3n, el arbitraje y los actos meramente protocolarios.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La aplicaci\u00f3n profesional exige atender a tres elementos: destinatario, cauce utilizado y finalidad material. Un escrito presentado dentro de un expediente como interesado puede quedar excluido; una reuni\u00f3n paralela para modificar la regulaci\u00f3n general del sector puede constituir actividad de influencia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>2.3. Registro estatal de grupos de inter\u00e9s<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El Real Decreto-ley crea un <strong>Registro estatal, p\u00fablico, gratuito, electr\u00f3nico y obligatorio<\/strong>, adscrito al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Su funci\u00f3n va m\u00e1s all\u00e1 de una simple publicidad institucional. La inscripci\u00f3n constituye, como regla general, un requisito previo para mantener reuniones, entrevistas o contactos que impliquen actividad de influencia. La norma admite excepcionalmente un primer contacto sin inscripci\u00f3n cuando exista compromiso escrito de solicitarla dentro de los tres d\u00edas h\u00e1biles siguientes.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El Registro contiene informaci\u00f3n identificativa, representantes, \u00e1mbitos de inter\u00e9s, fuentes de financiaci\u00f3n, presupuesto destinado a actividad de influencia, personas con experiencia previa en el sector p\u00fablico y actuaciones realizadas. La informaci\u00f3n debe mantenerse actualizada y queda vinculada al sistema de control del Consejo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para el profesional, el Registro convierte la actividad institucional en una actividad sometida a cumplimiento permanente, no \u00fanicamente a una formalidad inicial.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>2.4. Huella normativa y trazabilidad<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El art\u00edculo 13 introduce el <strong>informe de huella normativa<\/strong>, destinado a documentar la participaci\u00f3n de los grupos de inter\u00e9s en la elaboraci\u00f3n de disposiciones y su eventual incidencia sobre el texto final.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La huella debe identificar grupos participantes, personas p\u00fablicas intervinientes, fechas, objeto de contactos, aportaciones formuladas y modificaciones derivadas de esas intervenciones. Tambi\u00e9n debe reflejar las aportaciones que no hayan tenido incidencia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El concepto supone una evoluci\u00f3n cualitativa respecto de la mera publicidad de agendas: no solo debe saberse que existi\u00f3 una reuni\u00f3n, sino qu\u00e9 se propuso y cu\u00e1l fue su relaci\u00f3n con la decisi\u00f3n normativa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica exige que los expedientes normativos dispongan de documentaci\u00f3n suficiente para reconstruir la secuencia entre propuesta, interlocuci\u00f3n y decisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>2.5. Integridad y r\u00e9gimen sancionador<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El art\u00edculo 12 establece normas de conducta vinculadas a transparencia, identificaci\u00f3n, veracidad, conflictos de intereses, regalos, confidencialidad y prohibici\u00f3n de presi\u00f3n abusiva o il\u00edcita.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Estas obligaciones se respaldan mediante un r\u00e9gimen sancionador espec\u00edfico. Las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves y pueden generar multas, suspensi\u00f3n o cancelaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n y prohibici\u00f3n temporal de volver a solicitarla.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esta dimensi\u00f3n convierte el r\u00e9gimen de transparencia en un sistema de cumplimiento jur\u00eddicamente exigible. Las organizaciones que desarrollen actividad de influencia necesitan reglas internas sobre identificaci\u00f3n, documentaci\u00f3n de contactos, informaci\u00f3n suministrada, conflictos de intereses y contrataci\u00f3n de antiguos responsables p\u00fablicos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>3. ENTRADA EN VIGOR, R\u00c9GIMEN TRANSITORIO Y APLICACI\u00d3N TEMPORAL<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El Real Decreto-ley fue publicado el 26 de agosto de 2026 y, conforme a su disposici\u00f3n final sexta, entr\u00f3 en vigor el <strong>27 de agosto de 2026<\/strong>. La entrada en vigor del r\u00e9gimen propio de grupos de inter\u00e9s es \u00fanica, sin fechas escalonadas para el Registro, las normas de conducta, la huella normativa o el r\u00e9gimen sancionador.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La fecha del 31 de diciembre de 2026 prevista en la disposici\u00f3n final tercera afecta exclusivamente a determinados efectos del Real Decreto 611\/2026 y no constituye una demora en la aplicaci\u00f3n del r\u00e9gimen de grupos de inter\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La norma no contiene disposiciones transitorias espec\u00edficas. En consecuencia, el an\u00e1lisis temporal debe realizarse atendiendo fundamentalmente a la fecha de cada actuaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las reuniones, comunicaciones y dem\u00e1s actividades de influencia realizadas desde el 27 de agosto de 2026 quedan sometidas al nuevo r\u00e9gimen aunque el expediente o proceso normativo al que se refieran hubiera comenzado anteriormente. Por el contrario, los contactos y actuaciones completamente realizados antes de esa fecha no quedan sometidos retroactivamente a obligaciones creadas posteriormente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En procedimientos administrativos debe diferenciarse adem\u00e1s la verdadera actividad de influencia de las actuaciones ordinarias realizadas como interesado. La presentaci\u00f3n de alegaciones, documentaci\u00f3n o recursos dentro del procedimiento contin\u00faa fuera del concepto de actividad de influencia en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 4.2.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En procedimientos normativos iniciados antes de la entrada en vigor, las nuevas reuniones o aportaciones posteriores deben documentarse conforme al r\u00e9gimen vigente en el momento en que se producen. La ausencia de r\u00e9gimen transitorio no impone una reconstrucci\u00f3n general de todas las relaciones institucionales anteriores.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Especial cautela exige el r\u00e9gimen sancionador. Las nuevas infracciones no pueden proyectarse desfavorablemente sobre conductas consumadas antes de la entrada en vigor. En cambio, una actuaci\u00f3n iniciada anteriormente pero que contin\u00faa mediante nuevas conductas posteriores debe analizarse individualmente atendiendo a cu\u00e1ndo se produce cada hecho relevante.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La regla operativa consiste, por tanto, en utilizar como referencia <strong>la fecha concreta de la actuaci\u00f3n<\/strong>, y no exclusivamente la fecha de apertura del expediente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>4. CRITERIOS ADMINISTRATIVOS DE INTERPRETACI\u00d3N<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica del Real Decreto-ley presenta varias zonas que requieren una interpretaci\u00f3n funcional y coherente con su finalidad.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La primera afecta al concepto de grupo de inter\u00e9s. La condici\u00f3n debe determinarse atendiendo a la actividad realizada. Una entidad puede actuar en unas ocasiones fuera del r\u00e9gimen y en otras como verdadero grupo de inter\u00e9s. Este criterio tiene especial importancia para colegios profesionales y corporaciones de Derecho p\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La segunda dificultad consiste en separar actividad de influencia de ejercicio de derechos procedimentales. El criterio m\u00e1s consistente es atender al t\u00edtulo jur\u00eddico de la intervenci\u00f3n, al cauce utilizado y a su finalidad. Una actuaci\u00f3n formalmente integrada en la defensa de un interesado no debe confundirse con una actuaci\u00f3n aut\u00f3noma de incidencia regulatoria.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tambi\u00e9n plantea dudas la amplitud del art\u00edculo 3 respecto del personal susceptible de influencia. La norma no se limita a altos cargos y comprende personal cuya intervenci\u00f3n t\u00e9cnica o administrativa pueda resultar decisiva. Por ello, la posici\u00f3n jer\u00e1rquica no basta para excluir un contacto: debe atenderse a la funci\u00f3n real desempe\u00f1ada en la decisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Otra cuesti\u00f3n relevante afecta a la publicidad de documentos frente a secreto empresarial y protecci\u00f3n de datos. La regla general es la publicidad, pero las restricciones deben responder a intereses jur\u00eddicamente protegidos y estar suficientemente motivadas. La mera calificaci\u00f3n interna de un documento como confidencial no desplaza por s\u00ed sola las obligaciones de transparencia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En materia de huella normativa, la principal dificultad reside en determinar la incidencia real de una aportaci\u00f3n. No resulta adecuado atribuir a un \u00fanico grupo una modificaci\u00f3n cuando varias entidades hayan realizado propuestas coincidentes o cuando el expediente revele otros factores determinantes. La metodolog\u00eda m\u00e1s segura es descriptiva: identificar cada aportaci\u00f3n, documentar su tratamiento y se\u00f1alar su incorporaci\u00f3n total, parcial o inexistente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El r\u00e9gimen sancionador contiene conceptos jur\u00eddicos indeterminados como \u201cpresi\u00f3n abusiva\u201d, \u201cinfluencia fraudulenta\u201d u obstaculizaci\u00f3n de las funciones de control. Su interpretaci\u00f3n debe ser estricta, conforme a los principios constitucionales de legalidad y tipicidad. Los principios de conducta del art\u00edculo 12 pueden servir para concretar el alcance de los tipos, pero no para crear infracciones nuevas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Finalmente, deben diferenciarse los distintos per\u00edodos relativos a experiencia p\u00fablica previa. El per\u00edodo de cinco a\u00f1os vinculado a transparencia registral no equivale a una incompatibilidad profesional de cinco a\u00f1os. La prohibici\u00f3n espec\u00edfica introducida en la Ley 3\/2015 tiene una duraci\u00f3n de dos a\u00f1os y se refiere a materias relacionadas con las competencias previamente ejercidas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El criterio general de interpretaci\u00f3n puede sintetizarse en cinco preguntas: <strong>qui\u00e9n act\u00faa, ante qui\u00e9n, con qu\u00e9 finalidad, mediante qu\u00e9 cauce y qu\u00e9 consecuencia jur\u00eddica activa la actuaci\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>5. GU\u00cdA PR\u00c1CTICA DE APLICACI\u00d3N PROFESIONAL<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Desde la entrada en vigor, las organizaciones y profesionales que mantengan relaciones institucionales con la Administraci\u00f3n estatal deben incorporar un circuito interno de control previo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El primer paso consiste en elaborar un inventario de las actividades potencialmente sometidas: reuniones institucionales, documentos de posici\u00f3n, propuestas regulatorias, campa\u00f1as de incidencia, contactos con responsables p\u00fablicos y actuaciones realizadas por intermediarios.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Antes de cada actuaci\u00f3n debe determinarse si existe actividad de influencia y si concurre alguna exclusi\u00f3n del art\u00edculo 4.2. Cuando exista actividad de influencia, debe identificarse al destinatario p\u00fablico y comprobarse la situaci\u00f3n registral del grupo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las organizaciones sujetas necesitan mantener actualizada la informaci\u00f3n correspondiente a representantes, financiaci\u00f3n, \u00e1mbitos de inter\u00e9s, personas con experiencia p\u00fablica previa y actuaciones de influencia. Debe existir un responsable interno de estas obligaciones.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los protocolos de reuniones deben adaptarse para recoger, como m\u00ednimo:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>grupo y representantes;<\/li>\n\n\n\n<li>responsable p\u00fablico;<\/li>\n\n\n\n<li>fecha y lugar;<\/li>\n\n\n\n<li>objeto de la reuni\u00f3n;<\/li>\n\n\n\n<li>norma, pol\u00edtica o decisi\u00f3n afectada;<\/li>\n\n\n\n<li>documentaci\u00f3n intercambiada;<\/li>\n\n\n\n<li>cuestiones sometidas a confidencialidad.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tras cada actuaci\u00f3n conviene conservar la solicitud de reuni\u00f3n, agenda, asistentes, comunicaciones, minuta, documentos entregados y actuaciones posteriores.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los documentos de posici\u00f3n e informes t\u00e9cnicos deben revisarse antes de su entrega teniendo en cuenta su eventual publicidad. Cuando contengan informaci\u00f3n comercial o datos personales cuya difusi\u00f3n resulte jur\u00eddicamente limitada, la restricci\u00f3n debe identificarse y justificarse de forma espec\u00edfica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las organizaciones que incorporen antiguos responsables p\u00fablicos deben disponer de un procedimiento espec\u00edfico que determine cargo anterior, fecha de cese, competencias ejercidas y relaci\u00f3n entre aquellas funciones y la nueva actividad profesional.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tambi\u00e9n deben actualizarse los c\u00f3digos internos de conducta para incorporar expresamente las exigencias del art\u00edculo 12: identificaci\u00f3n del inter\u00e9s representado, veracidad, prohibici\u00f3n de regalos o ventajas, confidencialidad, conflictos de intereses y prohibici\u00f3n de presi\u00f3n il\u00edcita.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En la Administraci\u00f3n, la adaptaci\u00f3n afecta especialmente a altos cargos, gabinetes, secretar\u00edas generales t\u00e9cnicas, unidades normativas, unidades de transparencia, personal directivo y empleados t\u00e9cnicos con intervenci\u00f3n relevante en decisiones. Deben actualizarse agendas, sistemas de registro de reuniones, modelos de minutas, expedientes normativos y mecanismos de publicaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En los procedimientos de elaboraci\u00f3n normativa, la documentaci\u00f3n debe permitir reconstruir la huella de cada aportaci\u00f3n. Resulta \u00fatil mantener una matriz que relacione grupo, fecha, propuesta, documento, interlocutor y tratamiento recibido.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En cambio, la norma no justifica incorporar indiscriminadamente nuevas cl\u00e1usulas a todos los contratos, licencias, autorizaciones o subvenciones. La aplicaci\u00f3n depende de que exista verdadera actividad de influencia, no del tipo de expediente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La secuencia operativa recomendada es:<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"1\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Identificar al sujeto.<\/li>\n\n\n\n<li>Identificar al destinatario p\u00fablico.<\/li>\n\n\n\n<li>Determinar la finalidad del contacto.<\/li>\n\n\n\n<li>Analizar las exclusiones del art\u00edculo 4.2.<\/li>\n\n\n\n<li>Comprobar la inscripci\u00f3n cuando proceda.<\/li>\n\n\n\n<li>Preparar y revisar la documentaci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li>Celebrar y documentar el contacto.<\/li>\n\n\n\n<li>Cumplir las obligaciones de publicidad y actualizaci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li>Archivar la trazabilidad de la actuaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los errores m\u00e1s relevantes son considerar que solo las consultoras de lobbying est\u00e1n sometidas a la norma; tratar cualquier relaci\u00f3n administrativa como actividad de influencia; mantener contactos sin analizar previamente la inscripci\u00f3n; solicitar confidencialidad de forma gen\u00e9rica; no documentar reuniones informales; y utilizar antiguos altos cargos sin analizar sus limitaciones poscese.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>6. RIESGOS JUR\u00cdDICOS, PUNTOS CR\u00cdTICOS Y RECOMENDACIONES DE PRUDENCIA<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Interpretaci\u00f3n segura<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Existe una base normativa clara para afirmar que el Registro tiene car\u00e1cter obligatorio, p\u00fablico y gratuito; que la inscripci\u00f3n es, como regla general, previa a la actividad de influencia; que existen actividades expresamente excluidas; que las reuniones y contactos quedan sometidos a obligaciones de publicidad; que la huella normativa forma parte del nuevo sistema; y que los grupos est\u00e1n sometidos a normas de conducta y a un r\u00e9gimen sancionador espec\u00edfico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tambi\u00e9n es clara la atribuci\u00f3n al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de funciones de gesti\u00f3n, supervisi\u00f3n y sanci\u00f3n, as\u00ed como la inexistencia de un r\u00e9gimen transitorio expreso.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En estos \u00e1mbitos, el principal riesgo no es interpretativo, sino de incumplimiento operativo: falta de inscripci\u00f3n, informaci\u00f3n desactualizada, ausencia de documentaci\u00f3n o incumplimiento de plazos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Interpretaci\u00f3n probable pero prudente<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La condici\u00f3n de grupo de inter\u00e9s debe aplicarse funcionalmente y no solo atendiendo a la naturaleza jur\u00eddica de la entidad. Del mismo modo, el concepto de personal susceptible de influencia debe atender a la capacidad material de intervenci\u00f3n en decisiones, y no exclusivamente al rango jer\u00e1rquico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Resulta asimismo razonable aplicar el nuevo r\u00e9gimen a actuaciones producidas despu\u00e9s del 27 de agosto de 2026 aunque el expediente hubiera comenzado anteriormente, respetando las actuaciones ya consumadas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La confidencialidad debe interpretarse de manera concreta y motivada. Cuando un documento combine informaci\u00f3n p\u00fablica y protegida, la soluci\u00f3n adecuada es delimitar los elementos afectados, no extender autom\u00e1ticamente la restricci\u00f3n al conjunto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Interpretaci\u00f3n dudosa o de riesgo<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Presentan mayor riesgo la determinaci\u00f3n de qu\u00e9 constituye \u201cpresi\u00f3n abusiva\u201d, la atribuci\u00f3n causal de una modificaci\u00f3n normativa a un grupo concreto, la equiparaci\u00f3n entre registros auton\u00f3micos o europeos y el Registro estatal y las consecuencias invalidantes derivadas de defectos en la huella normativa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tampoco puede trasladarse autom\u00e1ticamente cualquier incumplimiento de un empleado p\u00fablico a una concreta infracci\u00f3n disciplinaria sin identificar el correspondiente tipo sancionador.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En materia de huella normativa, la omisi\u00f3n o deficiencia del informe puede convertirse en motivo de impugnaci\u00f3n del procedimiento de elaboraci\u00f3n, pero sus efectos sobre la validez de la disposici\u00f3n depender\u00e1n de la relevancia del defecto y de las reglas generales sobre elaboraci\u00f3n normativa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Otro punto cr\u00edtico es la aplicaci\u00f3n de conceptos abiertos dentro del r\u00e9gimen sancionador. La Administraci\u00f3n debe evitar interpretaciones extensivas y vincular cualquier sanci\u00f3n con hechos acreditados, tipo legal concreto, culpabilidad y proporcionalidad. Una fundamentaci\u00f3n insuficiente incrementa el riesgo de anulaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La contrataci\u00f3n de antiguos altos cargos exige especial atenci\u00f3n. La prohibici\u00f3n de dos a\u00f1os es clara, pero la delimitaci\u00f3n de las \u201cmaterias relacionadas\u201d con las competencias anteriormente ejercidas puede suscitar controversias. En operaciones relevantes resulta recomendable documentar expresamente el an\u00e1lisis de compatibilidad.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tambi\u00e9n debe prestarse atenci\u00f3n a la coordinaci\u00f3n territorial. El Real Decreto-ley regula el \u00e1mbito estatal y promueve la interconexi\u00f3n con otros registros, pero no establece una equivalencia autom\u00e1tica entre inscripci\u00f3n estatal, auton\u00f3mica y europea. Las actuaciones que se desarrollen ante diferentes Administraciones pueden quedar sometidas simult\u00e1neamente a distintos reg\u00edmenes.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Supuestos que requieren motivaci\u00f3n reforzada<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La motivaci\u00f3n adquiere particular importancia cuando:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>se califica una actuaci\u00f3n fronteriza como excluida de la actividad de influencia;<\/li>\n\n\n\n<li>se mantiene excepcionalmente un contacto con un grupo no inscrito;<\/li>\n\n\n\n<li>se restringe la publicidad de informaci\u00f3n;<\/li>\n\n\n\n<li>se invoca secreto comercial o industrial;<\/li>\n\n\n\n<li>se atribuye una modificaci\u00f3n normativa a una determinada intervenci\u00f3n;<\/li>\n\n\n\n<li>se impone una sanci\u00f3n basada en conceptos jur\u00eddicos indeterminados;<\/li>\n\n\n\n<li>se analiza una incompatibilidad poscese;<\/li>\n\n\n\n<li>se adoptan decisiones sobre datos personales incorporados al Registro.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En estos casos, el expediente debe identificar los hechos relevantes, la norma aplicada, la valoraci\u00f3n realizada y la conclusi\u00f3n alcanzada.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>TEXTO ORIGINAL<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a>El texto de estos Documentos, con los que puedan modificar o acompa\u00f1ar, se han incorporado a los contenidos ya existentes en el siguiente T\u00cdTULO publicado y a su disposici\u00f3n:<\/a><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"372\" height=\"56\" src=\"https:\/\/normativamunicipal.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/image.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-21308\" srcset=\"https:\/\/normativamunicipal.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/image.png 372w, https:\/\/normativamunicipal.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/image-300x45.png 300w\" sizes=\"(max-width: 372px) 100vw, 372px\" \/><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Real Decreto-ley 21\/2026, de 25 de agosto, de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de inter\u00e9s.<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":21390,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[4692],"tags":[],"class_list":["post-21389","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-destacado"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v28.6 - 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