{"id":6236,"date":"2020-12-17T11:49:37","date_gmt":"2020-12-17T11:49:37","guid":{"rendered":"http:\/\/www.normativamunicipal.com\/?p=6236"},"modified":"2020-12-17T11:49:37","modified_gmt":"2020-12-17T11:49:37","slug":"modificacion-codigo-penal-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/normativamunicipal.com\/?p=6236","title":{"rendered":"Modificaci\u00f3n CODIGO PENAL"},"content":{"rendered":"

Ley Org\u00e1nica 2\/2020, de 16 de diciembre, de modificaci\u00f3n del C\u00f3digo Penal para la erradicaci\u00f3n de la esterilizaci\u00f3n forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente.<\/strong><\/p>\n


\nBOE de 17 de diciembre de 2020
\nTEXTO ORIGINAL
\nMODIFICA: Se suprime el p\u00e1rrafo segundo del art\u00edculo 156 de la Ley Org\u00e1nica 10\/1995, de 23 de noviembre, del C\u00f3digo Penal.
\nDEROGA: Queda derogada la disposici\u00f3n adicional primera de la Ley Org\u00e1nica 1\/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Org\u00e1nica 10\/1995, de 23 de noviembre, del C\u00f3digo Penal
\nFELIPE VI
\nREY DE ESPA\u00d1A
\nA todos los que la presente vieren y entendieren.
\nSabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley org\u00e1nica:
\nPRE\u00c1MBULO
\nLa Convenci\u00f3n sobre los derechos de las personas con discapacidad fue aprobada en el a\u00f1o 2006, ratificada posteriormente por Espa\u00f1a, entrando en vigor en el a\u00f1o 2008. En su articulado, la Convenci\u00f3n recoge una serie de art\u00edculos espec\u00edficos sobre los derechos de las personas con discapacidad en relaci\u00f3n a la formaci\u00f3n de una familia, un hogar, ser padres y madres y las relaciones personales de los mismos. En concreto, su art\u00edculo 23.1 recoge lo siguiente:
\n\u00abArt\u00edculo 23. Respeto del hogar y de la familia.
\n1. Los Estados Partes tomar\u00e1n medidas efectivas y pertinentes para poner fin a la discriminaci\u00f3n contra las personas con discapacidad en todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad y las relaciones personales, y lograr que las personas con discapacidad est\u00e9n en igualdad de condiciones con las dem\u00e1s, a fin de asegurar que:
\na) Se reconozca el derecho de todas las personas con discapacidad en edad de contraer matrimonio, a casarse y fundar una familia sobre la base del consentimiento libre y pleno de los futuros c\u00f3nyuges;
\nb) Se respete el derecho de las personas con discapacidad a decidir libremente y de manera responsable el n\u00famero de hijos que quieren tener y el tiempo que debe transcurrir entre un nacimiento y otro, y a tener acceso a informaci\u00f3n, educaci\u00f3n sobre reproducci\u00f3n y planificaci\u00f3n familiar apropiados para su edad, y se ofrezcan los medios necesarios que les permitan ejercer esos derechos;
\nc) Las personas con discapacidad, incluidos los ni\u00f1os y las ni\u00f1as, mantengan su fertilidad, en igualdad de condiciones con las dem\u00e1s.\u00bb
\nSin embargo, lo recogido en este art\u00edculo no tiene total vigencia en nuestro pa\u00eds. En Espa\u00f1a, todav\u00eda a d\u00eda de hoy, se sigue practicando la denominada \u00abesterilizaci\u00f3n forzosa o no consentida\u00bb a personas con discapacidad o incapacitadas judicialmente. As\u00ed lo permite nuestro C\u00f3digo Penal en su art\u00edculo 156:
\n\u00abArt\u00edculo 156.
\nNo obstante lo dispuesto en el art\u00edculo anterior, el consentimiento v\u00e1lida, libre, consciente y expresamente emitido exime de responsabilidad penal en los supuestos de trasplante de \u00f3rganos efectuado con arreglo a lo dispuesto en la ley, esterilizaciones y cirug\u00eda transexual realizadas por facultativo, salvo que el consentimiento se haya obtenido viciadamente, o mediante precio o recompensa, o el otorgante sea menor de edad o carezca absolutamente de aptitud para prestarla, en cuyo caso no ser\u00e1 v\u00e1lido el prestado por estos ni por sus representantes legales.
\nNo ser\u00e1 punible la esterilizaci\u00f3n acordada por \u00f3rgano judicial en el caso de personas que de forma permanente no puedan prestar en modo alguno el consentimiento al que se refiere el p\u00e1rrafo anterior, siempre que se trate de supuestos excepcionales en los que se produzca grave conflicto de bienes jur\u00eddicos protegidos, a fin de salvaguardar el mayor inter\u00e9s del afectado, todo ello con arreglo a lo establecido en la legislaci\u00f3n civil.\u00bb
\nLa permanencia de esta posibilidad legal en el Derecho nacional, m\u00e1s de una d\u00e9cada despu\u00e9s de la entrada en vigor del Tratado internacional de las personas con discapacidad, constituye una grave anomal\u00eda en t\u00e9rminos de estrictos derechos humanos. Que nuestro Estado siga permitiendo que se vulneren los derechos de las personas con discapacidad por mitos tales como \u00abel bien de la familia\u00bb, \u00abla incapacidad de las mujeres con discapacidad para ser madres\u00bb o \u00abpor su bien\u00bb, atenta directamente contra el art\u00edculo 23 de la Convenci\u00f3n.
\nCabe destacar que la Convenci\u00f3n ya reconoce en el apartado q) de su Pre\u00e1mbulo que las mujeres y las ni\u00f1as con discapacidad suelen estar expuestas a un riesgo mayor, dentro y fuera del hogar, de violencia, lesiones o abuso, abandono o trato negligente, malos tratos o explotaci\u00f3n.
\nAdem\u00e1s, en su art\u00edculo 6, relativo a las mujeres y ni\u00f1as con discapacidad, subraya que los Estados Partes reconocen que las mujeres y ni\u00f1as con discapacidad est\u00e1n sujetas a m\u00faltiples formas de discriminaci\u00f3n y, a ese respecto, adoptar\u00e1n medidas para asegurar que puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.
\nPese a estas apreciaciones y acuerdos internacionales, el Comit\u00e9 sobre los Derechos para las Personas con Discapacidad, en su observaci\u00f3n general n.\u00ba 1, confirma que las mujeres con discapacidad est\u00e1n sujetas a altas tasas de esterilizaci\u00f3n forzosa y, a menudo, se les niega el control de su salud reproductiva y toma de decisiones, suponiendo que no son capaces de consentir el sexo.
\nEn su observaci\u00f3n general n.\u00ba 3 sobre mujeres y ni\u00f1as con discapacidad se indica que algunas formas de violencia, explotaci\u00f3n y abuso puede considerarse tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes y una vulneraci\u00f3n de diversos tratados internacionales de derechos humanos. Entre ellas cabe citar: el embarazo o la esterilizaci\u00f3n forzada realizada bajo coerci\u00f3n, o de manera involuntaria; todos los procedimientos y las intervenciones m\u00e9dicas realizadas sin el consentimiento libre e informado, incluidos los relacionados con la anticoncepci\u00f3n y el aborto.
\nLa anticoncepci\u00f3n y la esterilizaci\u00f3n forzosa tambi\u00e9n pueden dar lugar a la violencia sexual sin la consecuencia del embarazo, especialmente en el caso de las mujeres con discapacidad psicosocial o intelectual, las mujeres internadas en centros psiqui\u00e1tricos y otras instituciones y las mujeres privadas de libertad.
\nEn este sentido, el Comit\u00e9 recomienda a los Estados Partes que combatan la discriminaci\u00f3n m\u00faltiple que padecen las mujeres con discapacidad mediante la derogaci\u00f3n de las leyes, pol\u00edticas y pr\u00e1cticas discriminatorias que impiden que las mujeres con discapacidad disfruten de todos los derechos consagrados en la Convenci\u00f3n; la prohibici\u00f3n de la discriminaci\u00f3n basada en el g\u00e9nero y la discapacidad y sus formas interseccionales; la tipificaci\u00f3n como delito de la violencia sexual contra las ni\u00f1as y las mujeres con discapacidad y la prohibici\u00f3n de todas las formas de esterilizaci\u00f3n forzosa.
\nPor tanto, los Estados que han ratificado la Convenci\u00f3n sobre los derechos de las personas con discapacidad tienen la obligaci\u00f3n de respetar, proteger y hacer efectivo el derecho de todas las personas con discapacidad a la igualdad y la no discriminaci\u00f3n. En ese sentido, los Estados Partes deben abstenerse de toda acci\u00f3n que discrimine a las personas con discapacidad. En particular, deber\u00e1n modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y pr\u00e1cticas existentes que constituyan discriminaci\u00f3n contra esas personas. El Comit\u00e9 ha dado a menudo ejemplos de ello, por ejemplo: leyes de tutela y otras normas que vulneran el derecho a la capacidad jur\u00eddica; leyes de salud mental que legitiman la institucionalizaci\u00f3n forzada y la administraci\u00f3n forzada de tratamientos, que son discriminatorias y deben abolirse; la esterilizaci\u00f3n de mujeres y ni\u00f1as con discapacidad sin su consentimiento.
\nCabe se\u00f1alar que la esterilizaci\u00f3n forzada es una pr\u00e1ctica m\u00e1s extendida de lo que la opini\u00f3n p\u00fablica considera. Seg\u00fan datos del Consejo General del Poder Judicial, en la \u00faltima d\u00e9cada se han practicado en Espa\u00f1a m\u00e1s de un millar de esterilizaciones forzadas, la mayor\u00eda de ellas en mujeres. Solo en el a\u00f1o 2016 el CERMI, bas\u00e1ndose en datos oficiales, se\u00f1ala que hubo 140 casos, d\u00e1ndose 865 casos m\u00e1s entre los a\u00f1os 2005-2013.
\nAsimismo, cabe subrayar el art\u00edculo 39 del Convenio del Consejo de Europa sobre prevenci\u00f3n y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia dom\u00e9stica (Convenio de Estambul) en vigor en Espa\u00f1a desde 2014 que proh\u00edbe expresamente las esterilizaciones forzadas.
\nNaciones Unidas, a trav\u00e9s del Comit\u00e9 de Derechos de las Personas con Discapacidad, ya recomend\u00f3 oficialmente, en el a\u00f1o 2011, al Reino de Espa\u00f1a la acomodaci\u00f3n de su ordenamiento interno (C\u00f3digo Penal) en este punto, para que no se vulnerara esta garant\u00eda.
\nDebido a esta inacci\u00f3n de las sucesivas Administraciones, de la necesidad de mejorar la protecci\u00f3n de los derechos de las ni\u00f1as y mujeres con discapacidad y de defender derechos b\u00e1sicos de las personas con discapacidad, es preciso que la esterilizaci\u00f3n forzosa o no consentida deje de practicarse en Espa\u00f1a.
\nArt\u00edculo \u00fanico. Modificaci\u00f3n de la Ley Org\u00e1nica 10\/1995, de 23 de noviembre, del C\u00f3digo Penal.
\nSe suprime el p\u00e1rrafo segundo del art\u00edculo 156 de la Ley Org\u00e1nica 10\/1995, de 23 de noviembre, del C\u00f3digo Penal.
\nDisposici\u00f3n derogatoria \u00fanica. Derogaci\u00f3n normativa.
\nQueda derogada la disposici\u00f3n adicional primera de la Ley Org\u00e1nica 1\/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Org\u00e1nica 10\/1995, de 23 de noviembre, del C\u00f3digo Penal.
\nDisposici\u00f3n transitoria \u00fanica. Procedimientos en curso.
\nLos procedimientos que con arreglo a lo establecido en la disposici\u00f3n adicional primera de la Ley Org\u00e1nica 1\/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Org\u00e1nica 10\/1995, de 23 de noviembre, del C\u00f3digo Penal, estuvieran en tr\u00e1mite o tramitados pero no ejecutados a la entrada en vigor de esta Ley Org\u00e1nica quedar\u00e1n sin efecto, recuperando la persona objeto de los mismos la plena libertad de decisi\u00f3n respecto de someterse o no al tratamiento m\u00e9dico.
\nDisposici\u00f3n final primera. Disposiciones con car\u00e1cter de ley ordinaria.
\nTienen car\u00e1cter de ley ordinaria la disposici\u00f3n transitoria \u00fanica y la disposici\u00f3n final tercera.
\nDisposici\u00f3n final segunda. T\u00edtulo competencial.
\nEsta Ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el art\u00edculo 149.1.6.\u00aa de la Constituci\u00f3n, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre legislaci\u00f3n penal.
\nDisposici\u00f3n final tercera. Adaptaci\u00f3n normativa.
\nEl Gobierno remitir\u00e1 a las Cortes Generales un proyecto de ley de modificaci\u00f3n de la Ley 41\/2002, de 14 de noviembre, b\u00e1sica reguladora de la autonom\u00eda del paciente y de derechos y obligaciones en materia de informaci\u00f3n y documentaci\u00f3n cl\u00ednica, y de la Ley Org\u00e1nica 2\/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo, con el objetivo de reforzar que las personas con discapacidad que precisen de apoyos humanos y materiales, incluidos los tecnol\u00f3gicos, cuenten con la informaci\u00f3n necesaria y la documentaci\u00f3n cl\u00ednica en formatos, canales y soportes accesibles para que la decisi\u00f3n que adopten en su calidad de pacientes sea libre e informada, y para reforzar la obligaci\u00f3n de los poderes p\u00fablicos de garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva de las personas con discapacidad.
\nDisposici\u00f3n final cuarta. Entrada en vigor.
\nLa presente Ley entrar\u00e1 en vigor el d\u00eda siguiente al de su publicaci\u00f3n en el \u00abBolet\u00edn Oficial del Estado\u00bb.
\nPor tanto,
\nMando a todos los espa\u00f1oles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley org\u00e1nica.
\nMadrid, 16 de diciembre de 2020.
\nFELIPE R.
\nEl Presidente del Gobierno,
\nPEDRO S\u00c1NCHEZ P\u00c9REZ-CASTEJ\u00d3N<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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